Hace ocho años, un grupo de paramilitares asesinó a 24 campesinos de las veredas Alaska, La Habana y La Magdalena en Buga, Valle. Ahora, un juzgado encontró que ni policía ni ejército hicieron nada por evitarla y condenó a varias entidades estatales a indemnizar moral y económicamente a las víctimas.
 Por no prevenir la masacre de 15 personas por parte de paramilitares en la vereda de Alaska en Buga, Valle, la Nación deberá reparar a los sobrevivientes. Foto Semana |
Un juzgado de Buga condenó a la nación porque el Ejército y la Policía permitieron que un grupo de 35 paramilitares del Bloque Calima asesinaran a 24 personas en tres veredas del municipio de Buga, Valle, el 10 de octubre de 2001.
Para el juez, tanto el Batallón Palacé del Ejército como el comando de Policía de Buga sabían de la presencia paramilitar en la zona pero no movieron una sola unidad para evitar la tragedia, lo que permitió que el grupo de autodefensas entraran a las veredas y durante un día recorrieron las veredas asesinando a su paso a campesinos a quienes acusaban de ser presuntos colaboradores de la guerrilla.
En mayo pasado, fue capturado el comandante del Palacé, para la época, coronel Jorge Alberto Amor Páez, a quien el jefe paramilitar del Bloque Calima, Hebert Veloza, alias ‘HH’, acusó de ser el que entregó la lista de personas a las que tenía que asesinar Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’ (uno de los paras que participó en la masacre).
El coronel Amor también está sindicado de coordinar y facilitar actividades del Bloque Calima, proporcionar vehículos para el transporte de sus miembros y recibir dinero a cambio. Según ‘El Cabezón’ y otro paramilitar conocido con el alias de ‘El Cabo’, el oficial estuvo en reuniones con ellos y con alias el ‘Tocayo’, enlace entre autoridades civiles y militares de la zona.
Los 35 paramilitares del Bloque Calima llegaron a tres veredas del municipio de Buga, en el departamento del Valle. Allí se dividieron en dos grupos. El primero, de unos 10 hombres, irrumpió en la vereda La Habana y mató a ocho campesinos. Luego el otro grupo se fue para la vereda Alaska, donde asesinaron a 15 personas. Y por último, en La Magdalena, acabaron con la vida de otras dos.
La masacre ocurrió a media hora del Batallón Palacé del Ejército, y a unos 15 minutos de una estación de Policía de La Magdalena que contaba con 20 uniformados entrenados para actividades contraguerrilla. Tanto los unos como los otros estaban advertidos de la presencia de ilegales en la zona, pero nada hicieron para evitar que los paras llegaran a estas veredas y mataran a estas personas.
La fuerza pública sólo se hizo presente en el sitio cinco horas después de la matanza. “Es evidente que ni la Policía, ni el Ejército actuaron inmediatamente, cosa que favoreció que los autores materiales pudieran huir en la más absoluta impunidad del lugar de los hechos”, señala la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Buga.
Por tal razón, la Nación (el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, el departamento del Valle y el Ministerio del Interior) deberá pagar a los familiares de las víctimas entre cinco y 80 millones de pesos, dependiendo del daño que se le haya causado a cada una de las familias.
Según la sentencia, si bien la masacre fue hecha por los paramilitares, la ausencia de fuerza pública facilitó que el múltiple crimen se cometiera, lo que constituye una falla en el servicio.
Así mismo, el fallo (emitido el pasado 6 de agosto) ordena a la Nación construir en un lugar público de la vereda Alaska “un monumento apropiado y digno, para recordar tal masacre, a fin de rendir un homenaje a las víctimas y familiares de estos hechos y a su vez construir memoria”.
