El anuncio del presidente Iván Duque de constituir una mesa intersectorial con el objetivo de unificar metodologías de investigación e información relacionadas con el asesinato de líderes sociales, teniendo como base las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, es un ataque frontal a la misionalidad de esta agencia del Ministerio Público.
“No vamos a ser sumisos”. Ese fue uno de los anuncios que hizo el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, en su discurso de posesión el 1 de septiembre del año pasado ante el presidente de la República, Iván Duque, y varios miembros de su gabinete. Y reiteró: “la Defensoría del Pueblo alzará su voz, no nos callaremos. Van a tener que oírnos”.
En esa intervención también hubo promesas para los líderes, lideresas y autoridades étnicas, que han puesto una alta cuota de sacrificio por defender los derechos vitales de sus comunidades: “Les quiero decir que vamos a mejorar el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), vamos a buscar mecanismos tecnológicos, procedimentales y humanos que nos permitan administrar el riesgo en forma efectiva […] En esta materia es importante apoyarnos en la tecnología y el cruce masivo e inteligente de datos”.
Pero cinco meses después de esa intervención, el presidente Duque le puso una mordaza a sus promesas, supeditando sus acciones misionales referidas al asesinato de líderes sociales a las que adelante la Fiscalía General de la Nación. Así lo dispuso el mandatario nacional al anunciar, el pasado 3 de febrero, la creación de una mesa intersectorial para atender ese dramático fenómeno.
“Este trabajo articulado permite no solamente que la Defensoría, la Procuraduría y el Gobierno Nacional se articulen con la información precisa de las pesquisas que adelanta permanentemente la Fiscalía, sino que nos permite unificar la información entre todas las entidades, y que la lucha común contra este flagelo nos permita, bajo indicadores certeros, ser cada vez más efectivos”, afirmó Duque.
El anuncio lo hizo al finalizar una sesión de trabajo en la Casa de Nariño con distintas autoridades para evaluar los resultados en 2020 del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la Protección de Líderes Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y trazar las líneas estratégicas para este año.
En reacción a esa medida, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que “la consolidación de la información también permitirá un trabajo armónico entre los organismos de investigación y la Rama Judicial, para lograr la captura y judicialización de quienes han venido afectando el tejido social de las comunidades donde los líderes y defensores ejercen un papel fundamental”.
No obstante, Camargo ha guardado silencio sobre esa decisión que, a juicio de analistas, voceros de agencias internacionales y líderes sociales, atenta contra la misionalidad e independencia de la Defensoría del Pueblo, consagradas en la Constitución Política de 1991. La actitud sumisa del funcionario riñe con sus promesas. (Descargar discurso)
Su pasividad en este “asalto” a la Defensoría era previsible. Camargo, de origen cordobés, llegó a ese cargo tras ser elegido por la Cámara de Representantes por 140 votos de 155 posibles de una terna seleccionada por el presidente Duque, su amigo y compañero de estudios en la Universidad Sergio Arboleda; sin ninguna experiencia en temas de derechos humanos; y arrastrando sospechas de corrupción en su anterior cargo, la Dirección Ejecutiva de la Federación de Departamentos.
Detrás de la estrategia
“Celebro esta convocatoria que nos hacen para pronto volverla efectiva y establecer los mecanismos de coordinación, y poder decirle al país que lo mejor que puede ocurrir es que haya certeza en las estadísticas porque la estadística nos da un grado de respetabilidad en el manejo de estos asuntos”, dijo el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en reacción al anuncio presidencial.
Su satisfacción está más que justificada. Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, cuentan que la iniciativa de crear un registro único sobre asesinatos de líderes sociales y que esa información sólo sea del resorte de la Fiscalía, quitándole esa competencia a la Defensoría del Pueblo, tiene dos promotores: el fiscal Barbosa y el presidente Duque.
“Barbosa hablaba del tema desde que era Consejero Presidencial de Derechos Humanos y ya venía con el tema de unificación. Obviamente, unificación para manipular los registros; y no es porque uno piense mal, sino que ya lo hizo en un informe de 2019, mostrando una reducción de homicidios irreal”, cuenta una persona que conoce el drama que padecen los líderes sociales.
De hecho, esa situación fue denunciada en agosto de 2019 por Rodrigo Uprimny, jurista e investigador de la organización Dejusticia, quien alertó sobre la manipulación de cifras, contextos y metodologías, para atribuirle una reducción del 35 por ciento de asesinatos de defensores de derechos humanos al Plan de Acción Oportuna (PAO), que creó la administración Duque para combatir esa tragedia.
Y con relación al PAO, una fuente que asistió a una de sus reuniones, en donde tienen asiento la cúpula del gobierno nacional, los entes de control y la Fuerza Pública, le dijo a este portal que el presidente Duque expresó su preocupación por los pocos resultados que estaban logrando en materia de protección y reducción de violencia contra los líderes sociales.
“Indicó -según la fuente- que era injusto que las instituciones se hubieran esforzado tanto para conseguir resultados y que la opinión pública los iba a crucificar diciendo que no han logrado nada. Y que por eso pensaba que le podía dejar a la institucionalidad la unificación de cifras, con la que se reconocerán avances en el tema”. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Hasta el miércoles de la semana pasada, tanto el gobierno nacional como la Fiscalía General de la Nación tomaban los casos documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como el registro oficial, demeritando la labor de documentación de la Defensoría del Pueblo. Ese día se anunció que la cifra oficial estaría bajo la batuta del ente acusador y que la Defensoría ya no tendría facultades en el tema.
Asimismo, una de las fuentes consultadas indica que, técnicamente, no puede existir dicha unificación, porque sería necesario reformar la Constitución Política de 1991 para modificar las labores de la Defensoría del Pueblo: “El defensor Camargo no puede decir que ya puede tener conocimiento de esos casos, porque es parte de su función; y menos en el tema de defensores de derechos humanos, donde la primera entidad encargada de conocer sobre sus agresiones es la Defensoría del Pueblo”.
Edwin Mauricio Capaz, excoordinador del Tejido de Defensa de la Vid de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), ve en esa decisión presidencial un retroceso de la Defensoría en el conocimiento de las afectaciones a defensores y líderes comunitarios.
“La Defensoría había hecho un trabajo enorme de cubrimiento territorial y si no podía llegar a territorio lejano, planteó una estrategia para comunicarse con los sectores sociales y sus comunidades”, afirmó Capaz y en contraposición expresó que “la presencia de la Fiscalía es muy escasa”.
“Es un asunto técnico y práctico –agregó– sobre las posibilidades que tiene la institución a la que le quitan la competencia para documentar los asesinatos de líderes sociales y a la que se la otorgan. Además, la Fiscalía no ha construido la legitimidad necesaria entre los sectores sociales, que son los más golpeados por este fenómeno de violencia”.
Contra el Acuerdo de Paz
La mordaza impuesta a la Defensoría del Pueblo es un paso más para golpear, esta vez con fuerza, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc. En lo pactado en La Habana, durante cuatro años de negociaciones, se establecieron varias acciones para fortalecer la Defensoría del Pueblo, entre ellas una de sus dependencias más rigurosas: el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), creado en el 2001.
A través de sus funcionarios en terreno, apoyados por una red de fuentes, el SAT palpaba la situación de riesgo de las comunidades y lanzaban sus advertencias, dirigidas a las autoridades locales, regionales y nacionales, con el fin de contener posibles acciones violatorias de los derechos humanos.
Pero la burocratización de la Defensoría del Pueblo, además de intereses de algunos de sus directivos, que llegaron a la entidad con fuertes respaldos políticos, engavetaban los informes del SAT. Por ello, para agilizar esas alertas, el Acuerdo de Paz estableció la necesidad de “un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales”.
Para hacer esa iniciativa una realidad, el gobierno nacional, bajo el amparo del Acuerdo de Paz, expidió el Decreto 2124, del 18 de diciembre de 2017, que “reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación” del Acuerdo de Paz.
La norma estableció que el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida tendría dos componentes: “Uno de alerta temprana en la Defensoría del Pueblo, desarrollado de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales; y otro de respuesta y reacción rápida en el Gobierno nacional, con la participación de las entidades territoriales, coordinado por el Ministerio del Interior”.
Adicionalmente, le fijó 16 principios para su funcionamiento, entre los que se destaca el de imparcialidad: “El sistema de prevención y alerta para la reacción rápida realizará las labores de monitoreo y alerta de situaciones de riesgo basado en criterios objetivos de acopio y análisis de información”.
También resalta el principio de celeridad, que, mediante una reacción rápida, este sistema “advertirá y reaccionará de manera oportuna sobre situaciones de riesgo identificadas de la población civil para generar una respuesta rápida, integral y coordinada”.
Y, finalmente, se fijó el principio de participación, con el que se busca que esa reacción rápida tenga “en cuenta las informaciones y solicitudes de la sociedad civil, incluyendo movimientos y organizaciones políticas y de Derechos Humanos”.
La importancia de este sistema era tal que la ONU, a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Programa de ONU Mujeres Colombia, suscribieron, el 1 de agosto de 2018, el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz”.
En esa ocasión, Martín Santiago Herrero, coordinador residente de la ONU en Colombia, afirmó que este proyecto pretendía fortalecer las medidas de prevención de vulneraciones a los derechos humanos en el país y precisó que “los guarismos, aunque importantes, no son lo esencial. Un asesinato bastaría para decir que aquí en Colombia estamos en una situación que no solamente es preocupante, sino vergonzosa”.
Reacciones adversas
Desde diversos sectores sociales, políticos y de instancias internacionales cuestionaron a la decisión de poner en cabeza de la Fiscalía la unificación de las cifras de asesinatos de líderes, lideresas y autoridades étnicas, apelando a argumentos como demasiado énfasis en las cifras y no en la resolución de los casos, pérdida de independencia de la Defensoría y falta de credibilidad en la Fiscalía, sobre todo en regiones golpeadas por la violencia.
Una de las reacciones más fuertes vino de Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). A través de un pronunciamiento público aseveró que “lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer, frente a lo que está ocurriendo en el país, que el objetivo principal es acordar cifras”. (Base de datos: de aquí vienen las balas contra los líderes sociales)
A juicio de Rivero, “lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales – se trate de 10, 20 o más de 100 casos. Cada amenaza, ataque y asesinato contra los defensores y las defensoras, tiene como objetivo acallar su labor y esto cercena la democracia y el Estado de Derecho”. (Ver pronunciamiento completo)
Como antecedente de ese pronunciamiento, una fuente explica que en el Ejecutivo y en la Fiscalía no cayó bien el anunció de OACNUDH de haber documentado 53 asesinatos de líderes sociales durante el año pasado y que se encuentre verificando 80 posibles casos más, pues iría contracorriente del discurso de reducción histórica de los índices de violencia en 2020. De corroborarse esa cifra, ese sería el registro más alto de Naciones Unidas desde 2016.
La postura de Rivero fue respaldada por siete congresistas en una carta enviada al presidente Duque: “Coincidimos en que este espacio de supuesta articulación tiene el potencial de afectar la independencia del Ministerio Público y repercutir negativamente en la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”.
Para los congresistas firmantes de esta misiva, “es imperativo que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el cual recopila agresiones más allá del homicidio, sea fortalecida y reconocida (sic) como un insumo clave para la toma de decisiones tendientes a prevenir, verificar y hacer seguimiento a toda agresión en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos”.
En consecuencia, le pidieron a presidente Duque retirar la propuesta de creación de la mesa intersectorial y promover, en cambio, “la colaboración armónica entre las instituciones, en el marco del respeto por la autonomía”. (Ver carta completa)
Por su parte, Lourdes Castro, directora de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde el 2002 monitorea la situación de defensores de derechos humanos, expresó su preocupación por la medida adoptada por la Presidencia de la República: “En primer lugar, si el gobierno quisiera responder ante la grave situación, debería tomar medidas eficaces para hacer frente a esa violencia en los territorios y no unificar cifras”.
Esta activista también llamó la atención sobre la pérdida de independencia de la Defensoría del Pueblo. A su juicio, esta agencia del Ministerio Público es “es un ente de control independiente y autónomo, y en esa medida, el ejercicio de monitoreo que hace a través del Sistema de Alertas Tempranas, que además con esa idea fue fortalecido en el Acuerdo de Paz, atenta contra esa labor”.
A su vez, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, que vela por el respecto de los derechos humanos en diversas regiones del país, consideró que la creación de la mesa intersectorial, tal como la presentó el presidente Duque, tiene varios problemas.
“Consideramos que las instituciones de control y de investigación del Estado no tienen que involucrarse con las de gobierno, porque para eso está la división de poderes. El papel que hace la Fiscalía es uno, el papel que hace la Defensoría es otro y el papel que cumple la Procuraduría es otro, y el gobierno ejecuta la política”, detalló Sánchez.
Y agregó que involucrar a todas las instancias del Estado con el gobierno no es sano: “Entonces, ¿quién controla, investiga y vigila lo que hace el gobierno? No vemos sano esa unificación, es improvisada y terminará maquillando el número de homicidios, como si el problema fuera la cantidad”.
Además, llama la atención sobre el “desmantelamiento” del Subpunto 3.4 del Acuerdo de Paz, que trata de garantías de seguridad humana: “Con esta decisión improvisada, el gobierno saca políticas de menor rango a lo que había en el Acuerdo de Paz, que son decretos con fuerza de ley. Por ejemplo, el PAO, que no es nada, es un plan, no una herramienta jurídica o normativa superior, y con el que se sacó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene el mandato de crear una política pública que conduzca al desmantelamiento de los grupos criminales”.
A ese coro de críticas se sumó Camilo González Posso, presidente de Indepaz, que sistematiza información sobre el asesinato de líderes sociales. Considera que la propuesta del presidente Duque “es un atropello a la autonomía de la Defensoría del Pueblo” y expuso que lo que busca el gobierno nacional es manipular las cifras para mejorar la imagen “en lugar de hacer prevención y de tener una política de seguridad humana”.
Posso también aclaró que todas las cifras sobre asesinato de líderes sociales las tiene la Fiscalía: “Ellos han unificado todas las fuentes, nosotros le hemos entregado nuestros registros; y nos han dicho que esos consolidados son un referente para sus investigaciones, pero al momento de hacer pública la información hacen un manejo político y una manipulación de cifras, tomando la más baja y parcial, que le entrega Naciones Unidas”.
Otra voz crítica es la de la organización internacional Human Rights Watch. Este miércoles publicó un informe en el que reseña más de 400 asesinatos de líderes sociales ocurridos desde 2016 y evalúa las fallas en las políticas de prevención y protección. En uno de sus apartados más destacados indica que “el gobierno colombiano cuenta desde hace tiempo con dos mecanismos (SAT y UNP) que han demostrado ser importantes para la protección de los derechos humanos, aunque ambos carecen de financiación suficiente y tienen otras graves deficiencias”. (Leer informe)
¿Sí hay esclarecimiento?
En su anuncio de creación de la mesa intersectorial, el presidente Duque destacó que “los esclarecimientos a los que ha llegado la Fiscalía muestran que el mayor porcentaje incontrovertible de quienes están detrás del asesinato de líderes sociales es el narcoterrorismo”. No obstante, para quienes conocen del tema, esa afirmación parte de un manejo amañado de los datos.
Así lo planteó Castro, de Somos Defensores: “La Fiscalía se ha caracterizado por intentar maquillar las cifras con el término ‘esclarecimiento’, demostrando resultados en investigación, que no son propiamente esclarecimiento”. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Y aludió a las cifras entregadas el pasado 3 de febrero: “En el lanzamiento de esta nueva metodología de consolidación de casos, la Fiscalía dijo que hay un avance de esclarecimiento del 63 por ciento, pero engloba en ese término toda actuación judicial que desarrolla y de impulso de una investigación, que no corresponde a esclarecimiento: un delito se esclarece en una sentencia judicial”.
A esa crítica se sumó Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC): “El esclarecimiento es un eufemismo para decir que avanzaron, pero si le pregunta a la Fiscalía sobre qué es el esclarecimiento -¿una captura?, ¿una imputación?, una investigación?- No sabemos qué es el esclarecimiento”.
Zapata también afirmó que mientras los procesos penales contra los responsables de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se queden sólo en la sospecha de los culpables, “sin capturas, sin imputación, ni siquiera condena, nos está mintiendo la Fiscalía”. Y agregó que la impunidad, en estos casos, está por encima del 85 por ciento.
Este activista reiteró que la estrategia de unificar cifras, en cabeza de la Fiscalía, lo único que pretende es “bajarlas para evitar la presión internacional por las estadísticas altas que se reportan y que hacen que seamos el país, sino es en el mundo, por lo menos del hemisferio, que menos protege a sus defensores de derechos humanos y líderes y lideresas”.
Fiscalía, poco creíble
Una de las razones que esgrimen los que que cuestionan que la Fiscalía lidere el tema de las cifras y la documentación de casos, es la desconfianza que genera en aquellas regiones convulsionadas por el conflicto armado y su presencia no es suficiente.
Zapata, del IPC, expuso un caso concreto, para ejemplificar esa situación adversa del ente acusador. Se trata del asesinato de Edier Adán Lopera Restrepo, ocurrido el 15 de julio en la vereda Caracolí, del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño: “Su cuerpo fue levantado 10 días después del crimen, no fue capaz de llegar Sijín (Policía Nacional) y Fiscalía en menos de 10 días, hasta que no entró el Ejército Nacional”.
“Los investigadores de la Fiscalía –agregó Zapata– son los que menos tienen presencia en los territorios, están concentrados en menos de la mitad de los municipios de Colombia, el resto son de la Sijín. Creemos que esa estrategia no es eficiente y nos parece muy triste porque quién va a hacer el control y verificación, la va a tener que hacer la sociedad civil porque los entes de control no están en disposición de hacer un control efectivo al gobierno”.
Otra voz crítica al respecto proviene del Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep). Su presidente, William Salazar, reiteró que sobre la Fiscalía recae una profunda desconfianza ciudadana, sobre todo en regiones afectadas por la guerra.
“Quienes vivimos en territorio las épocas más agudas del paramilitarismo sabíamos que más se demoraban las víctimas en denunciar en la Fiscalía en Tumaco o en Sincelejo, que en ser asesinadas a los pocos días o semanas de informar a la Fiscalía”, recordó Salazar. “Las comunidades conocen perfectamente que es uno de los organismos más corruptos y qué más han estado permeados por la dinámica del conflicto armado”.
En contraste a esa desconfianza que, históricamente, ha padecido la Fiscalía en regiones convulsionadas por la confrontación armada, surge el SAT como una dependencia creíble entre las comunidades, a cuyos funcionarios les cuentan detalles de los riesgos que viven las comunidades y los actores, legales e ilegales, que les vulneran sus derechos.
“Son 20 años de cooperación y de trabajo al lado de la gente”, aseguró Salazar, lo que ha permitido que la información que recolectan los analistas regionales sea confiable, incluidas las cifras. “Esos datos permiten no sólo monitorear y advertir, sino, sobre todo, fortalecer los procesos organizativos en los territorios”.
Este líder sindical consideró que más allá de una discusión de cifras, lo que hay detrás de la mordaza impuesta a la Defensoría del Pueblo es una estrategia de debilitamiento del “acompañamiento autónomo e independiente” que hacen en las comunidades más vulnerables y sus procesos organizativos, lo que generará un rompimiento de esa confianza, “en la medida en que no podamos advertir, no podamos informar y nos bloqueen las salidas a los territorios”.
Y a esa preocupación, Salazar le agregó una más: la omisión de la implementación del Acuerdo de Paz en el Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo emitido hace dos semanas por el Defensor Camargo. “No es una omisión involuntaria, sino que deliberadamente van a contribuir al debilitamiento del Acuerdo de Paz”, aseguró.
Por ello, enlazó el tema de la Fiscalía con esa omisión para establecer que “el asunto de las cifras no es un asunto aislado, sino que tiene un carácter más estructural, de desnaturalización del mandato constitucional de la Defensoría y de afectación de su autonomía e independencia como órgano de control y como parte el Ministerio Público”.
Como ejemplo de esa situación, el presidente de Sindhep expuso lo ocurrido con un documento preparado por los analistas regionales del SAT sobre la situación de los exguerrilleros de las antiguas Farc firmantes del Acuerdo de Paz.
“Los compañeros hicieron, desde el año pasado, un informe frente a los riesgos que vienen afectando los procesos de reincorporación, no sólo con el tema de cifras, sino con las recomendaciones y las medidas que se deben adoptar, tanto en los contextos de los espacios territoriales, como los contextos donde ellos se han reasentado, como los contextos de participación política que habían adelantado como partido. Ese informe está guardado y engavetado”.
