Juzgado de Bogotá impuso pena de 40 años de prisión contra Edgar Eladio Giraldo Morales por su participación en un crimen cometido por miembros del Bloque Metro de las Accu. En el municipio rechazaron decisión judicial y marcharán en defensa del exfuncionario.
“La justicia ha obrado mal y estamos dolidos con ella”, dice enfáticamente Julio Zapata, comunicador social de profesión y promotor de una marcha que se realizará este viernes 14 marzo en San Rafael, municipio del Oriente antioqueño, en rechazo a la condena de 40 años de prisión que le impuso el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá a Edgar Eladio Giraldo Morales, exalcalde de esta población.
El fallo, con fecha del 28 de febrero pasado, declaró culpable a Giraldo Morales de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, por hechos relacionados con la muerte y posterior desaparición del profesor Julio Ernesto Ceballos Guzmán y el soldado profesional Ángel Hipólito Jiménez.
La Juez 11 Penal respaldó las pruebas y los argumentos que presentó la Fiscalía, que indican que el exmandatario, quien fue alcalde de este municipio del Oriente antioqueño en los periodos 2001-2003 y 2007-2011, no sólo ordenó sino que presenció cómo miembros del Bloque Metrode las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) asesinaron a esas dos personas para luego enterrarlas en una fosa común.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos adelantada por un fiscal de Derechos Humanos de Medellín, el 15 de octubre de 2001 el docente y el soldado profesional fueron citados a una reunión en zona rural de San Rafael con Jorge Iván Arboleda Fernández, alias ‘Arboleda’, comandante en esa época del Bloque Metro en el Oriente antioqueño. En el sitio de encuentro aguardaban otros miembros de este grupo armado, entre ellos José Alexander Osorio, alias ‘Candado’; Jader Antonio Cuesta, alias ‘Medellín’ o ‘Niche’; Edilson Hoyos, alias ‘El Capi’; y Jesús Antonio Suárez, alias ‘Cosecho’.
Los dos citados fueron retenidos y amarrados. Según testimonios de exparamilitares, al lugar también llegó Giraldo Morales, para ese entonces alcalde de San Rafael, quien le manifestó a alias ‘Arboleda’ que “había que matar al profesor, porque estaba en contra de las autodefensas y le estaba colaborando a la guerrilla”.
El soldado también fue señalado por el entonces burgomaestre como una persona que “venía extorsionando a los comerciantes del municipio en nombre de las Autodefensas, que no les estaba dando el dinero a los ‘paras’ y que ese tipo de cosas no se podían permitir”. Ambas personas fueron asesinadas y sus cuerpos enterrados en una fosa en zona rural de San Rafael.
Quince meses después, familiares de las víctimas viajaron al corregimiento El Jordán, de San Carlos, Oriente antioqueño, donde fue instalada una base del Bloque Metro. Allí contactaron a Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doblecero’, jefe de esta estructura paramilitar, a quien le pidieron que les permitiera recuperar los restos de sus allegados. Él accedió a la petición, pero les exigió el pago de un millón 500 mil pesos. En el afán de darles sepultura digna, los parientes cancelaron el dinero exigido
Inicialmente, el exalcalde fue vinculado a un proceso penal para que respondiera por el doble asesinato, no obstante, el 27 de mayo de 2002 el Fiscal 111 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Marinilla (Antioquia), profirió resolución inhibitoria, es decir, archivó el caso hasta que aparecieran nuevas pruebas, pues las existentes no permitían establecer con certeza la participación de Giraldo Morales en estos hechos.
Con base en nuevas pruebas, el expediente fue desarchivado y reabierto el 16 de mayo de 2007 por el Fiscal 9 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH con sede en Medellín, con el fin de revisar el proceso; un mes después se anuló la resolución inhibitoria de mayo de 2002 y se vinculó del nuevo al exalcalde de San Rafael.
Si bien se dijo en un primer momento que la reapertura del expediente se debió a anónimos enviados al Ente acusador, serían las confesiones hechas por paramilitares desmovilizados a los fiscales de Justicia y Paz lo que le daría un nuevo impulso a este proceso.
Un testimonio determinante en contra Giraldo Morales fue dado en 2009 por el exparamilitar Jader Armando Cuesta, alias ‘Medellín’ o ‘Niche’, quien se desmovilizó en 2004 en Bugalagrande, Valle, en lasfilas del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En su versión, señaló que “el alcalde de San Rafael nos daba 30 millones de pesos mensuales, nos daba para los gastos y la logística, nos prestaba las volquetas para nosotros movilizarnos; estuvo cuando se planeó la masacre de Granada, porque él era el alcalde que tenía el contacto con el comandante de Policía de Guatapé y nos dejaron pasar unas armas que llevábamos para la masacre”.
El fallo validó otros testimonios entregados por habitantes de San Rafael, quienes advirtieron que el entonces Alcalde les entregaba contratos a los miembros del Bloque Metro y sostenía constantes reuniones con Parmenio de Jesús Usme García, uno de los hombresde confianza de ‘Rodrigo Doblecero’. “El alcalde se reunía con (alias) ‘Parmenio’, con otros que llamaban ‘Diablo Rojo’ y ‘Canoso’. Los policías también trabajaban de la mano de los paramilitares. Ellos no hacían nada, se mantenían reunidos con los paramilitares”, señaló uno de los testigos escuchados durante el juicio.
“Un hombre de paz”
El fallo fue recibido entre los habitantes de San Rafael con extrañeza y consternación, pues muchos no conciben que las afirmaciones hechas contra Giraldo Morales estén apegadas a la realidad.
“Desde el momento que se conoció el fallo, los habitantes del municipio han manifestado su rechazo a esta decisión. Edgar Eladio es una persona muy querida en la población”, indicó Julio Zapata, quien considera que la justicia no obró con imparcialidad y por ello bautizaron el plantón que realizarán este viernes en San Rafael como el “funeral a la justicia y a la verdad”. El evento contará con el apoyo y la participación de varias juntas de acción comunal.
La idea, según este comunicador social, es realizar una marcha en horas de la noche por las principales calles del pueblo cargando un ataúd que simbolice “la muerte de la justicia” y en la que las personas que quieran manifestar su apoyo al exmandatario lo puedan hacer.
“Las personas que declararon (contra el exalcalde) en el juicio son enconados opositores políticos. Todas las sindicaciones de apoyo a las autodefensas son inconsistentes. De hecho, el propio (alias) ‘Parmenio’, quien está condenado a 28 años de cárcel, dice que Eladio es inocente y le ha pedido a la justicia que lo escuche, pero ningún juez, ningún fiscal, lo ha querido escuchar”, aseguró Zapata y no dudó en resaltar que hay un apoyo masivo al exalcalde en San Rafael.
Personas conocedoras de la realidad de la región consultadas por VerdadAbierta.com, describieron a Giraldo Morales como un hombre que, mientras fue mandatario local, se preocupó por los temas de paz y derechos humanos; además, durante su primera gestión (2001-2003), lideró la Mesa Humanitaria de Alcaldes del Oriente Antioqueño, instancia creada por los burgomaestres de esta zona del departamento a principios de la década de 2000 con el fin de exigirle a los grupos armados ilegales que operaban en la región respeto por la sociedad civil, así como unos mínimos humanitarios en la guerra.
Giraldo Morales también integró espacios de participación como la Asamblea Provincial del Oriente y el Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño. Fuentes cercanas a su gestión, aseguraron que los indicadores de desempeño en su segundo periodo como alcalde (2004-2007) revelan que su administración avanzó en temas como desarrollo rural y fortalecimiento de espacios democráticos y participación ciudadana.
“Recuerdo que para los años que se iniciaron los acuerdos humanitarios con los actores del conflicto, acompañé muy de cerca a los alcaldes del Oriente, los conocí personalmente y puedo decir que Eladio es inocente”, expresó Oscar Castaño, periodista conocedor de las realidades del Oriente antioqueño.
La última palabra en este caso la tiene la Corte Suprema de Justicia, que en próximos meses deberáresolver la apelación de esta sentencia, quien determine si las valoraciones hechas por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, sobre la cercanía que tuvo el exmandatario con los jefes del Bloque Metro de las Autodefensas, se ajustaron a la verdad o no.
