A través de un comunicado, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuestionó la manera cómo el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón por estigmatizaciones hechas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Las ocho víctimas que fueron masacradas el 21 de febrero de 2005 por un grupo paramilitar.Si bien la Comunidad de Paz de San José de Apartadó valoró positivamente el gesto del presidente Juan Manuel Santos de pedirle perdón por las constantes estigmatizaciones que padeció esta organización social durante los dos periodos de gobierno de de Álvaro Uribe Vélez, acatando una orden de la Corte Constitucional, se mostró insatisfecha por cuando dicen que faltó cumplir con la segunda parte de la decisión.
El Auto 164/12, proferido por el alto tribunal el 6 de julio de 2012, en su parágrafo número 1, ordenó que en el término de un mes, contado a partir de la comunicación de esta decisión, la Presidencia de la República debería retractarse por las constantes estigmatizaciones contra la Comunidad de Paz hechas durante el gobierno anterior y, además, debía definir “un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.
“Valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos”, afirmó la Comunidad de Paz a través de una reflexión pública, en el que también sostuvieron que “echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional”.
La retractación exigida por la Corte Constitucional se realizó en Bogotá durante la entrega del informe De la violencia a la sociedad de los derechos, con el cual se establece la hoja de ruta de las políticas públicas encaminadas a la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos en el país. (Ver: Por qué Santos pide perdón)
En ese evento, el presidente Juan Manuel Santos dijo que “hace algunos años, desde la primera magistratura de la Nación, se hicieron acusaciones injustas a una comunidad –la Comunidad de Paz de San José de Apartadó–, respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en la cabeza del Presidente, retractarse. Hoy quiero –en este escenario de los derechos humanos–, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación”.
Santos reconoció en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos” y aseguró que “no estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y –por el contrario– consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. Por eso pedimos perdón. Pido perdón. Y lo hago con la certeza de que el perdón es una condición de la paz, y que la paz es la única garantía de que no tengamos más víctimas”.
Además de expresar su insatisfacción por la falta de una referencia a los procedimientos que evitenfuturos señalamientos y construyan confianza, la Comunidad de Paz se mostró sorprendida porque se enteró de la retractación presidencial a través de los medios de comunicación.
“Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales”, indicó la Comunidad de Paz en su constancia pública.
Los pobladores del corregimiento de San José de Apartadó se declararon Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997. Cerca de 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, no colaborar con ningún actor armado, legal o ilegal, y sacar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto, acompañados por la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras. Por tal razón, han pagado una alta cuota de sangre, pues muchos de sus integrantes, hombres y mujeres, han sido asesinados, torturados, hostigados y acusados de tener nexos con la guerrilla de las Farc.
El momento álgido de las acusaciones del entonces presidente Uribe contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dio luego de la masacre cometida el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, en la que perdieron la vida ocho pobladores de esa comunidad, entre ellas, tres niños. Se trató de Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Muñoz y sus hijos Santiago, de 18 meses de nacido, y Andrea, de 6 años; además, Luis Eduardo Guerra, su hijo Deiner Andrés, de 11 años, y su compañera Beyanira Areiza, de 17, así como Alejandro Pérez.
Unas semanas después de la horrenda masacre, tanto Uribe Vélez como altos funcionarios del gobierno señalaron a las Farc como autoras del múltiple crimen, utilizando para ello a testigos falsos y desconociendo los señalamientos de la Comunidad de Paz que, desde el principio, señaló a grupos paramilitares y al Ejército como los responsables, sin que fueran escuchados.
Por presión de congresistas norteamericanos, la Fiscalía decidió cambiar la línea de investigación y determinó que lo dicho por la Comunidad era cierto. En la masacre participaron tropas del Ejército adscritas a la Brigada 17 con sede en Carepa, Urabá antioqueño, y una facción del Bloque Héroes de Tolová, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), razón por la cual ya hay varios sentenciados a más de 20 años de cárcel. (Ver: Confirmados nexos de Auc y miembros de la Brigada XVII)
Continúa la persecución
Alega la Comunidad de Paz que los hostigamientos contra sus miembros no han cesado y que aún falta más prontitud de la Presidencia de la República para escuchar sus reclamos y corregir de manera efectiva “el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros”.
Recordó esta organización que desde el inicio del periodo presidencial de Juan Manuel Santos, el 7 de agosto de 2012, han radicado en su despacho 12 derechos de petición “en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte”, aseveró la Comunidad de Paz.
Asesinatos, desapariciones, montajes judiciales destrucción de viviendas y cultivos, torturas, amenazas, violación de sus mujeres, empadronamientos ilegales e incursiones conjuntas de militares y paramilitares hacen parte de las acciones que los pobladores de la Comunidad de Paz padecen desde 1997, cuando tomaron la decisión de resistirse a la guerra.
“Todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales”, se preguntó la Comunidad de Paz.
Además del procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la Comunidad de Paz y la creación de un canal de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento contra sus miembros, el Auto 164/12 de la Corte Constitucional también ordenó el establecimiento de una comisión de una evaluación de la justicia; de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de esta comunidad; de un procedimiento expedito y transparente para tramitar sus quejas y solicitudes; y de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la Fuerza Pública y los derechos de la Comunidad de Paz.
En su constancia, la Comunidad de Paz lamentó las omisiones del presidente Santos sobre estos temas, a la vez que cuestionó la efectividad de su intervención en acatamiento de la orden de la Corte: “¿Será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como persecución, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?”.
