A partir de este viernes inicia un nuevo ciclo en el Congreso de la República, que arrancará su labor con tareas pendientes para concluir el aterrizaje del pacto de paz que el saliente jefe de Estado y la dirigencia de guerrilla de las Farc acordaron, con el fin de terminar más de 50 años de confrontación armada. Sectores alternativos a los partidos tradicionales se unieron para apoyar esa y otras iniciativas. El presidente Santos, por su parte, pidió “cuidar la paz”.
Coalición por la Paz y por la Democracia. Ese es el nombre que llevará el grupo de alrededor de 50 congresistas que ayer se declararon en férrea oposición y sin cerrar la posibilidad de diálogo con el próximo gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, partido que en los últimos años fue un gran contradictor de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc y de la implementación del consecuente acuerdo de paz logrado el 24 de noviembre de 2016.
Está conformada por legisladores del Polo Democrático, de la Lista de los Decentes, de la UP, del Partido Verde, del movimiento indígena Maís, de Colombia Humana y de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido político que surgió tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente. Asimismo, también está integrada por militantes de otros partidos políticos, como el representante John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.
Hoy, de manera paralela a la instalación del nuevo Congreso, que ejercerá funciones hasta 2022, la Coalición por la Paz y por la Democracia radicó 14 iniciativas de carácter legislativo, cinco proyectos de ley y cinco actos legislativos, de las cuales cuatro tienen como objetivo desarrollar puntos de la implementación del acuerdo de paz que quedaron pendientes o que no se tramitaron.
Y es que la anterior legislatura, que de manera optimista se denominó como el Congreso de la Paz, archivó ocho iniciativas relacionadas con los puntos de reforma rural, participación política, drogas e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado con las Farc. (Leer más: La enorme deuda con la paz que recibirá el nuevo Congreso)
La nueva bancada empezó a germinar tras los pasados comicios legislativos. “Llegamos a la conclusión de que fuera cual fuera el escenario político, era imperativo que en estos años que vienen los sectores que tenemos identidades políticas sobre determinados temas esenciales, que no quiere decir que no tengamos diferencias, tuviéramos que concertar nuestra acción parlamentaria”, explica Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, quien agrega que son sectores con “vocación de defender los procesos de paz, la separación de los poderes públicos y la Constitución Política de 1991”.
Cerrando filas
Aída Avella, sobreviviente del extermino de la Unión Patriótica (UP), quien vivió 17 años exiliada en Suiza y será una de las debutantes en el Senado, destaca la composición de la nueva colectividad: “Es una bancada de aproximadamente 25 senadores. Nunca antes en la historia del Congreso ha existido una tan grande y plural, que tendrá diversidad de proyectos y tratará temas completamente distintos. Como UP y Decentes haremos una audiencia sobre el mar y otra sobre minería en Boyacá, que es un departamento que están destruyendo con dinamita”.
El debut de Avella en el Senado también es un rasgo característico de esta legislatura, en la que, a pesar de haberse hundido la iniciativa que buscaba crear 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, contará con la presencia de varias de ellas que aspiraron con partidos tradicionales y movimientos alternativos. (Leer más en: Víctimas que alcanzaron curul, llevarán mensaje de tolerancia al Congreso)
Precisamente las curules que se crearían en la cámara baja del Congreso para las víctimas, en la denominada Circunscripción Especial de Paz, es una de las principales iniciativas que radicará y defenderá la coalición. Entre ellas también están varios proyectos relacionados con la reforma agraria; la reforma política; la reforma a la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011); el nuevo enfoque para hacerle frente al narcotráfico; y medidas que permitan la participación política, la cual está amenazada por la incesante ola de violencia que padecen líderes y defensores de derechos humanaos, que en los dos últimos años y medio le costado la vida a 326 personas. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria)
Feliciano Valencia, reconocido líder de la comunidad Nasa en el departamento de Cauca, quien estrenará curul en el Senado tras haber obtenido 33.449 votos con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Maís), señala que hoy presentarán proyectos para “mejorar la agenda legislativa en términos de defender la vida en medio de esta crisis humanitaria que estamos viviendo debido al asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos; a esta situación de amenaza y de recrudecimiento del conflicto armado que estamos viviendo en las regiones; y a las pretensiones del nuevo gobierno de empezar a socavar varios asuntos democráticos”.
El reto que tiene esta coalición es defender e implementar el Acuerdo Final cuando las mayorías del Congreso estarán sintonizadas con los lineamientos del próximo jefe de la Casa de Nariño, quien ha expresado de manera insistente que le realizará modificaciones, y la anterior legislatura no produjo todas las normas necesarias a pesar de contar un mecanismo expedito como el Fast Track, en la coalición señalan diversas estrategias.
Al respecto el senador Cepeda plantea que algunas iniciativas deberán cursar la vía ordinaria legislativa, que requiere de cuatro a ocho debates en el Congreso, dependiendo del tipo norma a tramitar: “Como ha dicho la Corte Constitucional en una de sus recientes sentencias, se debe implementar el acuerdo de paz, es un deber de las autoridades y de los funcionarios del Estado implementarlo durante los próximos 12 años. Es un deber nuestro presentar esas propuestas y esos proyectos en esta legislatura”.
Valencia también propone la posibilidad de la movilización social: “Hay muchas organizaciones de víctimas a lo largo y ancho del país a las que tenemos que convocar. No hay que perder de vista que las curules de las víctimas están en el marco de los acuerdos de paz. Hay un respaldo constitucional de las altas cortes y nos vamos a prender de la diferente jurisprudencia que hay y de la movilización, porque victimas somos todos en el país”.
Por otro lado, este líder indígena también cuestiona las posturas que tendrá el próximo gobierno nacional y la violencia que padecen los defensores de derechos humanos: “Mientras el nuevo Ministro de Defensa anuncia la regulación de la protesta social, que es un derecho constitucional que tenemos los movimientos y la ciudadanía colombiana, hasta ahora no sea pronunciado sobre la grave situación que estamos viviendo los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. No ha habido una palabra de él respecto a esos asesinatos en el país”.
Por esa razón, señala que “abordaremos el tema de garantías dentro del marco de derechos humanos y si es el caso, nosotros como pueblos indígenas vamos a pedir la visita del Relator Especial para Pueblos Indígenas de la OEA y acudir a las instancias internacionales para que vengan misiones de verificación que constaten lo que estamos viviendo en muchas regiones del país”. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
Por su parte, el senador Cepeda señala que se debe aplicar efectivamente el Acuerdo Final para ponerle freno a esa ola de violencia, puesto que tiene herramientas suficientes para tal fin. Y por ello señala que desde la coalición impulsarán “un proyecto de ley para que desarrolle el Acto Legislativo 05 de 2017, que consagró que el paramilitarismo es un delito. Creemos que puede ser una herramienta útil en este momento”.
¡A cuidar la paz!
La propuesta de esta coalición se sintoniza con la petición que hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al instalar las sesiones ordinarias del nuevo Congreso Salón Elíptico del Capitolio Nacional: “¡Cuiden la paz que está naciendo! ¡Cuídenla! ¡Defiéndanla! ¡Luchen por ella! Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación. Cuiden la paz para que crezca fuerte, para que dé sus frutos, porque Colombia merece vivir en paz!”.
Santos reconoció que la paz que se forjó durante su gobierno está en construcción y que no se debe atribuir ni a él ni a su gobierno: “Señoras y señores: esta es la paz que dejamos en plena construcción, que no es mía ni de mi gobierno, sino de todos los colombianos. No es la paz de Santos: es la paz del pueblo”. Y de paso destacó que los beneficios de la paz han tenido efectos concretos: “Miles de vidas salvadas, miles de víctimas y heridos que ya no se producen”, lo que genera, a su juicio, “más inversión, más turismo, más trabajo, más recursos naturales protegidos y más progreso en el campo”.
Sobre la implementación del Acuerdo de Paz, el Jefe de Estado dijo que la deja avanzando en diversos aspectos y muestra de ello ha sido ver a los excomandantes de esta guerrilla, ya desmovilizada y desarmada, “votando por primera vez en su vida y verlos aquí sentados, defendiendo sus ideas con la palabra y no con las balas”.
Este nuevo Congreso cuenta desde ahora con ocho representantes del partido de la Farc, un hecho considerado histórico por cuanto fue el resultado de los acuerdos logrados en La Habana. Al Senado llegaron Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez y Victoria Sadino. No se posesionó Iván Márquez, quien declinó argumentando que había condiciones “insalvables” que le impedían asumir su curul. Y su bancada tendrá ocho días para definir su reemplazo.
En la Cámara de Representantes asumieron su curul Byron Yepes, Jairo Quintero, Marco Calarcó y Olmedo Ruíz. Por razones penales, que lo tienen recluido en la cárcel La Picota, no se posesionó Jesús Santrich.
“Hoy exhorto al Congreso y al nuevo gobierno a que continúen con la debida implementación de lo pactado”, reiteró Santos y le recordó a los nuevos congresistas que la palabra empeñada no es la de él, sino la del Estado colombiano.
“Es la palabra del Congreso que refrendó por abrumadora mayoría el acuerdo final, con las modificaciones que en buena hora se hicieron con ocasión del plebiscito. Es la palabra de nuestros jueces que, a través de la Corte Constitucional, declararon la validez del acuerdo y su refrendación”, detalló el mandatario. “Es la palabra plasmada en un acuerdo que ha sido conocido, avalado y celebrado como ninguno por la comunidad internacional, que está pendiente, muy pendiente, de su cumplimiento, como ya se lo han dicho al presidente electo”.
El presidente electo, Iván Duque, ha expresado en diversos escenarios, nacionales e internacionales, que es necesario hacerle ajustes al acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las Farc, sin que hasta el momento se conozcan detalles al respecto.
Ante ello, Santos recalcó que, además de la palabra empeñada, se trata del acatamiento a la Constitución, según la cual “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con el Acuerdo Final”. Por tal razón insistió en que “si se persiste en la pretensión de cambiar puntos sustanciales del Acuerdo, se corre el riesgo de, ahí sí, hacer trizas la gobernabilidad y malgastar el tiempo de este Congreso en el empeño inútil de cambiar el pasado, en lugar de dedicarse a la tarea positiva de construir un mejor futuro sobre las bases de reconciliación que dejamos sentadas”.
Sobre los diálogos que se tienen con la guerrilla del Eln en La Habana, Cuba, el Jefe de Estado dijo que quedan andando e informó que se están haciendo los últimos intentos para entregarle al próximo gobierno un cese al fuego verificable y un acuerdo marco sobre los demás temas de la agenda. “Si no logramos firmarlos antes del 7 de agosto, estarán muy adelantados”, indicó, esperanzado en que primen la buena voluntad en el nuevo gobierno y en la dirección de la segunda guerrilla más antigua del país “para que se erradique totalmente esta larga etapa de la violencia con raíces políticas en nuestro país”.
Por último, Santos reiteró su pedido a los congresistas: “¡No podemos fallarle a la paz! ¡No podemos fallarle al mundo! ¡No podemos fallarles a las víctimas! ¡No podemos fallarle al futuro de Colombia, y al derecho de nuestros hijos y nietos de vivir en un país sin conflicto, en un país normal!”.