Después de vivir por 30 años en esta finca incautada por el Estado a presuntos narcos, las familias han sido notificadas por un juez de Magangué de que a ésta le apareció dueño.
Los campesinos no entienden por qué el 20 de noviembre de 2013 los desalojaron de las parcelas que cultivan desde hace 29 años“Tenemos miedo y no sabemos nada. Queremos que el gobierno nos dé una respuesta”, dijo un campesino de Achí, municipio del suroccidente de Bolívar de tierras fértiles bañadas porel río Cauca. El temor no era infundado. A las 8:30 de la mañana del pasado 20 de noviembre, cuarenta personas entre policías, soldados y un grupo de civiles que con los rostros tapados llegaron al predio donde estaban asentadas 29 familias y les notificaron que “era un desalojo”.
En un par de horas les quemaron una casa que no estaba habitada y con motosierra tumbaron otra, la de una pareja de la tercera edad. “Nos dijeron que iban a volver”, recuerda el campesino cuya identidad se reserva por razones de seguridad.
La orden de desalojo fue proferida por el Juzgado 1 Civil de Magangué. A la tierra, que ellos cultivaban desde hace casi tres décadas, le apareció un supuesto dueño. La comunidad no entendía tal decisión porque el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les había dicho que esa tierra podía ser de ellos, que el gobierno se las podía titular porque estaba en un proceso de extinción de dominio por narcotráfico. “Confiamos, creímos en la palabra del Incoder y ahora nos dicen que esto tiene dueño. La verdad somos muy ignorantes y nunca habíamos reclamado la tierra”, contó otro habitante del lugar.
Según el relato de la comunidad, las 29 familias llegaron a la vereda Las Luisas del corregimiento de Tacuyalta, en Achí, a principios de los años ochenta. Lo hicieron como muchos colonos de la Costa Caribe, en busca de tierra para levantar una parcela y sobrevivir. Sembraron arroz, yuca y maíz. Sin embargo, era una época sin muchos obstáculos para el negocio del narcotráfico.
“Esta fue una zona donde habían pistas de aterrizaje de avionetas. Era la época marimbera. Todavía se encuentran partes de las avionetas en la región”, dice otro poblador que muestra un video en el que los campesinos están desenterrando restos de una aeronave que cayó a un caño. “Por esas pistas ilegales, en 1984, las fuerzas militares bombardearon… Los colonos seguimos en la zona, cultivando las tierras porque no teníamos para dónde coger”, relató un poblador.
Tras la pista del Corcobado
Las 400 hectáreas donde están asentados los campesinos, según el registro de la Oficina de Instrumentos Públicos de Magangué, Bolívar, se llama el Corcobado. El terreno le fue entregado en 1971 por el Juzgado Civil de Magangué a Pedro Segundo Galvis Méndez. En abril de 1983, este hombre vendió el terreno por 3 millones 500 mil pesos a Jaime Castro Maldonado y Benjamín Jaramillo.
Según los relatos de los campesinos, para esa época en una parte de la finca funcionaba una pista ilegal para el aterrizaje de avionetas y un laboratorio para el procesamiento de droga. “Estas tierras están en Achí, Bolívar, los dueños del laboratorio le pagaban una coima a la policía del pueblo. Guarandal es un pueblo vecino, que queda en Sucre. Y el problema comenzó cuando la policía de allá se enteró de las coimas y pidió que a ellos también les tenían que pagar. Como los narcos no quisieron, la policía de Guarandal informó y fue cuando la Fuerza Aérea bombardeó”, contó un colono del poblado de Achí.
VerdadAbierta.com encontró que mucho antes de que compraran la finca, Maldonado y Jaramillo eran propietarios de dos avionetas, una se accidentó en 1971 y la otra en 1982. Aunque los campesinos aseguran que en la zona hay restos de avionetas que se accidentaron transportando droga, no hay certeza de que éstas sean las de los entonces propietarios.
A un derecho de petición solicitado por VerdadAbierta, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía respondió que en sus bases de datos no encontró información de que estas personas ni las aeronaves hayan estado vinculadas con el narcotráfico.
El relato de los campesinos de que el predio El Corcobado fue bombardeado en 1984 coincide con el folio de instrumentos públicos que señala que el 29 de noviembre de ese año el Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar les embargó la tierra a Jaime Castro y Benjamín Jaramillo y entró en un proceso de extinción de dominio.
Veintidós años después, la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) emitió una resolución entregándole El Corcobado al Incoder de forma provisional. Expertos en normas agrarias le explicaron a VerdadAbierta.com que antiguamente la DNE le podía entregar al Incoder un predio en provisionalidad mientras el juez tomaba una decisión sobre la tierra. Lo lógico era que si una tierra tenía problemas por narcotráfico el juez ordenaba la extinción, el predio se convertía en un baldío y el Incoder podía entonces titularlo a campesinos pobres, dando prioridad a quienes vivieran allí.
“Como habían sido destruidas las pistas, el terreno entró en ese proceso de extinción. Y ahí fue cuando el Incoder nos dijo que no nos preocupáramos, que esta tierra nos la podían titular porque pasaba a ser de nuevo del Estado”, relató un líder de la zona.
Pero contra todo pronóstico, el 12 de diciembre de 2006 el Juzgado 8 de Instrucción Criminal de Magangué canceló el embargo que desde 1984 había contra Castro y Maldonado, y que les tenía la tierra en problemas con la DNE. Los campesinos cuentan que curiosamente ese año un señor llamado Jaime Alberto Trujillo Hoyos llegó hasta las parcelas diciéndoles que si le alquilaban la tierra o la vendían. “Le dijimos que no, que llevábamos mucho tiempo trabajando estas tierras. Entonces nos respondió que nos daba trabajo, como tratando de embolatarnos fácil por ser campesinos y pobres”, dijo uno de los colonos.
Dos años después de la aparición de Trujillo Hoyos, el 12 de mayo de 2008 la DNE acató la decisión del Juzgado de Magangué y le pidió al Incoder que devolviera al predio. Ese año los campesinos que habían llegado a estas tierras en los años ochenta no tenían idea de lo que había pasado: que la tierra ya no estaba en poder del Incoder.
Pero la historia no terminó ahí. Curiosamente el 17 de diciembre de 2008 en la Notaría 2 de Envigado y la Notaría 17 de Medellín fueron registradas en el folio de matrícula dos novedades sobre la tradición de la parcela: que el 16 de enero de 1985 Jaime Castro y Benjamín Uribe le habían vendido El Corcobado a Horacio Restrepo Londoño, y que éste último le había vendido a Jaime Alberto Trujillo Hoyos el 19 de noviembre de 2007, el señor que había buscado a los parceleros desde 2006.
Pese a esos cambios de dueño y sin que supieran que se estaban dando muy lejos de allí, los parceleros continuaron cultivando arroz, yuca, maíz y pancoger en la finca hasta el 20 de noviembre de 2013, cuando once de las veintinueve familias fueron desalojadas por orden del Juzgado 1 Civil de Magangué. Desde hace un mes, los campesinos viven hacinados en las casas de los otros parceleros con el miedo de que vuelvan y les quiten todo.
“Somos gente pacífica y le pedimos al gobierno que tome cartas en el asunto, que esclarezca lo que ha pasado con estas tierras. Tenemos miedo porque nos han dicho que antes de que acabe año van a terminar de desalojar a las otras familias. Nosotros llevamos muchos años aquí y no tenemos para dónde irnos”, expresó con angustia un líder del grupo de campesinos.
VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Jaime Alberto Trujillo Hoyos o con su abogado José Fernando Gómez Giraldo, quienes aparecen en el proceso de solicitud de desalojo. El abogado registró como lugar de notificación una oficina en el barrio El Poblado, de Medellín, y dos números telefónicos pero en el primero no contestan y el segundo corresponde a una empresa de carga, que dijo no conocer ni al abogado Gómez Giraldo ni a Trujillo Hoyos.
Aunque el caso no ha sido presentado ante la Unidad de Tierras, el organismo creado por la Ley 1448 de 2011, Álvaro Trejos, director de la territorial Bolívar, explicó que la situación de conflicto en esta zona, conocida como La Mojana, es compleja y por ello no está microfocalizada. Es decir, Achí no está dentro del radar de las documentaciones que está haciendo el gobierno para presentar las demandas de restitución ante un juez “porque todavía no hay condiciones de seguridad”
Según el funcionario, “en Achí hay una disputa del territorio porque es un corredor estratégico para el negocio de las drogas desde el sur de Bolívar hacia los Montes de María. Es una zona con un pasado donde las tierras de ganaderos fueron invadidas, luego llegaron los paramilitares y ahora hay presencia de las bandas criminales”.
Trejos precisó que en Achí hay por lo menos 40 solicitudes de restitución, una gran parte de ellas sobre antiguas haciendas arroceras. Las reclamaciones están en el registro pero no tienen documentado ninguno de los casos.
Aunque la Defensoría del Pueblo no ha emitido alertas de riesgo sobre este municipio, algunos funcionarios en terreno advierten que hay presencia de la banda criminal conocida como ‘Los Urabeños’, y que entre este municipio y el vecino pueblo de Tiquisio, donde sí ha habido informes de riesgo por desplazamiento, hay un sitio al que los pobladores le dicen “el camino de la muerte”, donde la banda criminal “tiene un puesto de control donde desaparecen a las personas”.
Por estas razones de seguridad, los pobladores piden además la mirada del gobierno. Achí, un pueblo con tierras productivas pero apartadas, es un punto en el mapa donde el conflicto persiste y los campesinos sienten la ausencia del Estado.
