Además de mostrarse sorprendido por la creciente oleada de asesinatos, el alto funcionario manifestó inquietud por casos de judicialización, estigmatización y disputas por el modelo económico en los que han resultado afectados los defensores de derechos humanos.
“Los incesantes ataques contra defensores de los derechos humanos en todo el territorio colombiano evidencian una situación de riesgo verdaderamente terrible para las personas defensoras”, concluyó el relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores, Michel Forst, en el informe que presentó sobre su visita oficial a Colombia, que se llevó a cabo entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre pasados. (Lea aquí el informe)
Forst pudo presenciar la dramática situación que vive el país. Durante su visita fueron asesinados dos líderes comunales en Norte de Santander: en Cúcuta, Alba Edilma Cuevas, y en Tibú, José Antonio Navas, quien integraba la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). De los 74 homicidios contra defensores verificados por la ONU entre el primero de enero y el 27 de noviembre de 2018, el 39 por ciento eran dirigentes comunales.
Tras reunirse con altos funcionarios del Estado y con defensores de derechos humanos en Bogotá; Cúcuta, Hacarí (Norte de Santander); Medellín, Apartadó (Antioquia); Santa Marta, Riohacha, Cali y Popayán, Forst llegó a un diagnóstico similar al de múltiples organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento. En su informe, aseguró que los asesinatos y otros crímenes contra defensores están relacionados con la confluencia de economías ilegales y altas tasas de pobreza, la débil presencia del Estado y las demoras en la implementación del Acuerdo Final de paz en territorios disputados por grupos armados ilegales. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
El Relator también corroboró que los más violentados son los integrantes de las juntas de acción comunal, los dirigentes de comunidades étnicas, los reclamantes de tierras y los líderes comunitarios que han respaldado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Sobre estos últimos, destacó el grave riesgo en el que se encuentra el consejo comunitario del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, Nariño, “debido a la lenta implementación del Programa y a acción estatal inadecuada”.
Forst, además, fue enfático en que los líderes “no son asesinados por amoríos, sino por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia lícita de la tierra y por proteger sus comunidades”. La advertencia está relacionada con el exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien declaró en diciembre de 2017 que “la inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”. (Lea más: MinDefensa y líderes sociales: de líos de faldas a ‘subvenciones’ de narcos)
No obstante, el Relator reconoció que los defensores no sólo se oponen a las afectaciones generadas por grupos armados ilegales, sino que también exigen la garantía de derechos por parte del Estado y la continuidad de la salida negociada al conflicto con el Eln.
Por eso, concluyó que la contención de la oleada de violencia y la construcción de la paz dependen de la solución de “las desigualdades estructurales y la marginación política (que están) en la base del conflicto”, así como de “la reintegración efectiva de los excombatientes a la sociedad, el reconocimiento de las violaciones cometidas en el pasado, el sufrimiento de las víctimas y la devolución de sus tierras”.
Frente a las medidas tomadas por el presidente de la República, Iván Duque, Forst destacó positivamente la expedición del decreto que crea la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Sin embargo, recomendó permitir la participación de la sociedad civil y del Ministerio Público en el desarrollo del Plan, además de acompañarlo de medidas contra la corrupción y de garantía de derechos económicos y sociales. (Lea más: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, señaló que no solamente debe centrarse en las investigaciones de crímenes ocurridos después de 2016, sino que también “debe avanzar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra defensores que ocurrieron con anterioridad a la firma de los acuerdos de paz”. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
El informe, además, destaca varios casos sobre los que Forst declaró sentirse preocupado. Estos son algunos de ellos:
Intento de limitar la consulta previa
El Relator calificó como un “grave retroceso” para los pueblos étnicos el proyecto de ley estatutaria que en septiembre pasado radicó en el Congreso de la República el partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
La iniciativa responde a las reiteradas arremetidas de Vargas Lleras contra la consulta previa, reconocida por la Corte Constitucional como un derecho de los pueblos étnicos para proteger su integridad frente a medidas o proyectos que afecten sus territorios. En los últimos años, desde la Vicepresidencia de la República y fuera de ella, ha calificado ese derecho como un “dolor de cabeza” y un “mecanismo extorsivo” contra empresarios y contratistas involucrados en proyectos de infraestructura.
El proyecto de ley busca limitar el derecho a la consulta, al punto que dejaría sin efecto las decisiones de los pueblos cuando no lleguen a un “acuerdo” con el gobierno nacional. En esos casos, el Estado tendría la facultad de llevar a cabo proyectos, medidas u obras en los territorios étnicos, aún con la oposición de las comunidades. (Lea aquí el proyecto de Cambio Radical)
El pasado 18 de octubre la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) le solicitó al Congreso hundir el proyecto, por considerar que las modificaciones propuestas “violan principios constitucionales como el de la buena fe, legalidad e igualdad ante la ley, promoviendo la exclusión, estigmatización y revictimización de nuestros pueblos, y contribuyendo a nuevas formas de empobrecimiento, discriminación y violencia social y política”.
Forst se declaró “preocupado” por la iniciativa, sobre la que reconoció “no fue consultada con los grupos afectados”.
Disputas por el modelo de desarrollo
En varios apartados del documento, el Relator señaló que los conflictos por el modelo económico agudizan la oleada de violencia que sufren los defensores de derechos humanos. Al respecto, expresó: “Me preocupa que el número de conflictos relacionados con la protección de la tierra y los derechos ambientales seguirá en aumento mientras el tema del modelo de desarrollo y su sostenibilidad no se aborde y se llegue a un amplio acuerdo con las comunidades afectadas por estos proyectos”.
Las mayores lesionadas por dicha disputa, destacó Forst, son las comunidades afro e indígenas. En sus territorios, reconoció, enfrentan “la presión que ejercen las empresas nacionales e internacionales que tratan de explotar los recursos naturales”, así como la concesión de “varias licencias de explotación al sector empresarial cerca o incluso dentro de los territorios”. Entre los sectores económicos interesados en dichas áreas se encuentran el minero, el energético, el de la agroindustria y el de la ganadería extensiva, según el informe.
Igualmente, el alto funcionario de la ONU aseguró que “las personas indígenas y afrodescendientes, así como los campesinos y los defensores y las defensoras del medio ambiente representan la mayor parte de los ataques en zonas con proyectos mineros a gran escala (en particular de oro), presencia de agro-negocios (plantaciones de aceite de palma, banano, caña de azúcar), relacionados con el sector energético, tanto la energía tradicional (petróleo, gas, carbón) como la energía renovable (presas hidroeléctricas, parques eólicos y solares) y otros proyectos de infraestructura y turísticos”.
El Relator también declaró que recibió denuncias sobre delitos cometidos contra defensores “por cuestionar u oponerse a los modelos de desarrollo actuales”, al igual que “testimonios de defensores y defensoras que dicen haber sido amenazados por empresas internacionales y nacionales, en particular las de los sectores minero e hidroeléctrico”.
Señalamientos de pertenecer al Eln
En el apartado sobre “tendencias generales” de afectaciones contra defensores, Forst señaló que “parece estar surgiendo un nuevo patrón de criminalización o de montaje judicial contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, donde se les acusa de pertenecer al grupo armado organizado Eln, o de hacer colusión con este grupo. En estos casos, las pruebas parecen ser débiles y se basan en testimonios individuales de personas que pueden haberse visto beneficiadas con una reducción de penas por cooperar con la Fiscalía”.
Este año, la Fiscalía General ha señalado como integrantes del Eln a varios líderes de organizaciones sociales, especialmente de aquellas que confluyen en el Congreso de los Pueblos.
El 16 de marzo, el ente investigador le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigara al representante a la Cámara Germán Carlosama, del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), y al senador Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, por supuestos nexos con esa organización insurgente. Ambos congresistas han apoyado la salida negociada al conflicto con el Eln desde los procesos de base de los que provienen, en Nariño y el Catatumbo, así como desde distintos escenarios en el capitolio.
El 20 de abril, en Cali y varios municipios de Nariño, se materializaron 33 órdenes de captura contra líderes sociales y exfuncionarios de ese departamento por supuestos nexos con el Frente de Guerra Suroccidental del Eln. Varios de los capturados habían asistido a las audiencias preparatorias sobre el punto uno de la agenda de la mesa de conversaciones adelantada por el gobierno nacional y el Eln, que se llevaron a cabo a finales de 2017. (Lea más: Preocupan capturas masivas en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca)
Posteriormente, el 9 de mayo, el fiscal delegado para la Infancia y la Adolescencia, Mario Gómez Jiménez, declaró que el Eln reclutaba niños y adolescentes en una casa del noroccidente de Bogotá. Con “evidencia” recopilada allí, aseguró Gómez, quedaba “al descubierto una supuesta práctica pedagógica en la que inculcarían ideologías y pensamientos no aptos para infantes”. En su momento, VerdadAbierta.com indagó el caso y encontró que tres organizaciones sociales y de economía solidaria de la localidad de Suba, en Bogotá, realizaban actividades pedagógicas con menores en esa vivienda, de manera abierta y legal, con la reconocida colección de libros titulada “Antiprincesas”. (Lea más: Cuestionan a la Fiscalía por acusaciones sobre reclutamiento de menores del Eln)
Ya en marzo de 2017, la Fiscalía había capturado a doce personas en el Sur de Bolívar, entre campesinos y defensores de derechos humanos, por presuntamente integrar estructuras del Eln. Ocho meses después, una jueza ordenó la liberación de seis de ellos por falta de pruebas. (Lea más: Operativo en el sur de Bolívar, más mediático que judicial)
Frente a este “patrón”, del que no refirió casos específicos, el relator Forst declaró: “Esto es muy problemático en una democracia moderna y es contraproducente para los esfuerzos de consolidación de la paz en curso”. Y remató: “Seguiré de cerca la evolución de estos procedimientos judiciales”.
Tutela del Ejército contra la Comunidad de Paz
Tras reconocer el papel fundamental de la acción de tutela en la garantía de los derechos humanos, Forst calificó como “muy preocupante” la tutela recientemente interpuesta por la Brigada 17 del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con la que él se reunió personalmente.
La acción fue radicada el pasado 24 de septiembre por el comandante de dicha brigada, coronel Carlos Alberto Padilla, quien alegó que la Comunidad había violado los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los integrantes de esa guarnición militar. Según el oficial, las afectaciones estaban relacionadas con varios comunicados emitidos por la Comunidad, que señalaron la presunta connivencia de militares de la Brigada con “paramilitares” de la región. En sus alegatos, Padilla calificó esos pronunciamientos como una “práctica sistemática y de terrorismo”. (Lea aquí la acción de tutela)
El 5 de octubre, la jueza segunda de Apartadó, Mariela Gómez, le dio la razón al Coronel y le ordenó al representante legal de la Comunidad de Paz, Germán Graciano, que se retractara de los señalamientos.
Tras conocer la decisión, organizaciones defensoras de derechos humanos de Estados Unidos y Europa le enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2016 investiga la presunta responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la Comunidad desde 1997. En ella, le solicitaron a la CIDH que inste a la Corte Constitucional a revisar la decisión de la jueza y le recordaron que la justicia colombiana condenó a varios hombres de la Brigada 17 por su participación en una masacre que en 2005 realizaron las Autodefensas Unidas de Colombia en dos veredas de la Comunidad. (Lea más: La condena a cuatro militares por la masacre de San José de Apartadó)
Tras la negativa de la Comunidad a retractarse, la jueza Gómez decidió el pasado 30 de noviembre sancionar a Graciano con cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos. Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, declaró: “Inadmisible intento de encarcelar al líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Germán Graciano. Las sanciones penales nunca deben ser utilizadas para reprimir denuncias de interés público”.
En su informe, el relator Forst concluyó que “el uso de la tutela por parte del ejército en este caso establece un precedente peligroso y puede tener efectos colaterales no solo para silenciar y criminalizar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sino también para evitar que otros defensores de los derechos humanos denuncien presuntas violaciones”.
Declaraciones del Gobernador de Antioquia
Entre julio y septiembre pasado, mineros de los municipios antioqueños de Segovia y Remedios sostuvieron un paro para protestar por las condiciones adversas que, a su juicio, les han impuesto el Estado y la empresa Gran Colombia Gold. La protesta dejó dos personas muertas, varios capturados, y múltiples civiles y policías heridos a causa de las acciones de control adelantadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). (Leer más: El problema ancestral de la minería segoviana)
Mientras se desarrollaba la movilización, el gobernador del departamento, Luis Pérez, declaró a varios medios de comunicación: “La información que nosotros tenemos es que detrás de esto (el paro) hay unas bandas criminales que son cercanas o asociadas al Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y que recientemente han llegado allí algunas personas que han tenido nexos con el Eln y asociadas al Eln. Eso es un problema que se convirtió en paro armado, y eso hace que las funciones de seguridad sean de la Policía y del Ejército, los organismos de seguridad y, naturalmente, la Fiscalía”.
Al respecto, Forst consignó en su informe: “Me impresionaron los comentarios del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en los que asociaba a activistas sociales con grupos armados ilegales, cuestionando así su honestidad y veracidad y sugiriendo que se les enjuiciara por protestar pacíficamente. Dichas observaciones generan un entorno en el que las amenazas y violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos parecen legítimas”.
Por ello, le pidió a Pérez declarar públicamente “su apoyo a los defensores y las defensoras de los derechos humanos”.
*Foto de apertura: Flickr-Maina Kiai
