La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció ante la polémica sobre las supuestas víctimas del hecho violento, ocurrido en julio de 1997.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que fue el Estado colombiano quíen dio valor al testimonio de Mariela Contreras, y que era el Estado colombiano el que debía investigar el fraude.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció ante las revelaciones sobre las supuestas víctimas de la Masacre de Mapiripán que recibieron la indemnización del Estado sin merecerlo.
La CIDH recordó que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional “por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las víctimas de la Masacre de Mapiripán mediante un escrito del 4 de marzo del 2005”.
En ese sentido, la Comisión rememoró las palabras que utilizó el Estado cuando pidió perdón por los hechos. “(El Estado) expresa su profundo respeto y consideración por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, y evoca su memoria para lamentar y pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana”, recordó la CIDH.
Basada en esa declaración, la CIDH dijo que el Estado colombiano reconoció los siguientes episodios:
“El 12 de julio de 1997, aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare. El Ejército colombiano permitió el aterrizaje y facilitó sus camiones para transportar a los paramilitares hasta Mapiripán. Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 100 hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial.
Los paramilitares vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron el control del pueblo, las comunicaciones y las oficinas públicas y procedieron a secuestrar, matar e intimidar a sus habitantes. El ejército colaboró con el suministro de pertrechos y comunicaciones. La Fiscalía General de la Nación concluyó quelos comandantes de las Brigadas VII y de la Brigada Móvil II exhibieron completa inactividad funcional y operativa a pesar de tener conocimiento sobre la masacre.
La masacre de Mapiripán fue realizada con apoyo logístico y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército de Colombia”.
Por tanto, la CIDH explicó que más allá de las declaraciones de los testigos, la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el “acervo probatorio de la Fiscalía Nacional de Colombia y en la información y documentación oficial que el Gobierno colombiano aportó”.
En el comunicado, la CIDH indicó que el Estado colombiano tomó la declaración a Mariela Contreras el 17 de octubre de 2002. “Dicho testimonio no sólo no fue cuestionado por el Estado, sino que, por el contrario, fue utilizado por la misma Fiscalía de Colombia en el juicio por la Masacre de Mapiripán”.
Así mismo, precisó que el 6 de abril del 2005, el Estado presentó ante la Corte Interamericana la lista de 24 víctimas entre muertos y desaparecidos, en donde “el Estado identifica como víctimas a los tres familiares de Mariela Contreras: Gustavo Caicedo Rodríguez, Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras”.
“Durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento la cuestionó”, reiteró la CIDH en la misiva.
Finalmente, la Comisión concluyó que los presuntos fraudes que puedan existir en este u otros casos deben ser debidamente investigados por el Estado colombiano.
Publicado por Semana. Lunes 31 Octubre 2011
