En momentos en que el presidente Santos visita a Chibolo, donde se iniciará un juicio para restituirles a los campesinos las tierras que les arrebataron los paramilitares, hombres armados rondan amenazantes.
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| Entre 1997 y 2008, ‘Jorge 40’ despojó 17 veredas en el centro de Magdalena. Foto VerdadAbierta |
Hace menos de una semana una camioneta blanca con vidrios oscuros y con placas de San Marta, llegó hasta las parcelas que el gobierno piensa restituir en Chibolo, un municipio en el centro de Magdalena que fue despojado por ‘Jorge 40’ y varios de sus compinches entre 1997 y 2008, con la complicidad de funcionarios del Incoder (ver El Incora, ‘40’ y sus ladrones de tierras).
“Venimos a comprar tierras. ¿Cuál es el precio? ¿Quiénes son los parceleros? ¿Quién es el líder?”, dijo uno de los tres hombres de la camioneta al llegar a La Pola, el sitio de entrada a las parcelas que serán restituidas y a 20 minutos de Chibolo. Tomó fotografías a las viviendas y los cultivos de los campesinos.
“Aquí no se está vendiendo la tierra. La estamos recuperando”, respondió un campesino que está a la espera del proceso de restitución, junto con otras 320 familias de las que retornaron a la región en 2007 para reclamar lo que era suyo, luego de haber sido desplazados por los paramilitares.
“Venimos a comprar tierra y perdimos el viaje”, dijo el hombre, según lo escucharon varios testigos, y luego preguntó que cuándo sería una reunión en La Pola que él sabía que iban a tener. Quizás hacía referencia a uno de los encuentros que ha organizado la comunidad para preparar la anunciada visita que el presidente Juan Manuel Santos tiene programada para este viernes 3 de agosto, con el propósito de marcar el inicio del proceso de restitución de tierras arrebatadas con violencia a los campesinos hace ya 15 años.
Desde la camioneta blanca, el tercer ocupante grabó a las personas que iban pasando por allí. La gente llamó a la policía, pero no llegó. Sólo después de que un grupo de campesinos fue a Chibolo y denunciaron personalmente, los agentes finalmente fueron hasta La Pola, pero no pudieron identificar a los hombres del sospechoso comportamiento, que también fueron vistos en la sede de la Alcaldía del municipio.
Esta es apenas la más reciente intimidación de una larga lista de hostigamientos y amedrentamientos que desde 2010 han vivido los pobladores de Chibolo que buscan les sean restituidas sus tierras. Les han quemado casas, han recibido panfletos y llamadas amenazantes y han visto con frecuencia a hombres armados merodear por la zona, algunos de ellos ex paramilitares que fueron hombres de ‘Jorge 40’.
El gobierno había empezado este proceso de restitución desde 2010 y la Corte Suprema de Justicia había fallado también a favor de los campesinos despojados. El caso Chibolo hizo parte, además, del Plan de Choque que lanzó la administración de Santos desde el 15 de octubre de 2010, para acelerar los procesos de restitución.
En constante riesgo
Las denuncias comenzaron en junio de 2011, cuando la comunidad, a través de un derecho de petición, solicitó proteger a nueve de sus líderes ya que desde finales de 2010 había presencia de hombres armados en varios sectores como el arroyo de El Mulero y Quiebra Pata, cercanos a Chibolo. En la denuncia señalaron que “… los beneficiarios del paramilitarismo al ver que no se cumplen las fechas que han sido públicas para concretar la restitución, han hecho saber a los campesinos que ellos nunca dejarán la tierra”.
También solicitaron que la Fiscalía ordenara la captura de varias personas señaladas de pertenecer a los grupos paramilitares o de ser sus cómplices, entre ellos, Omar Montero alias ‘Codazzi’, Augusto ‘el Tuto’ Castro, Guillermo Romero alias ‘Guillo’, Miguel Castro Gnecco alias ‘Armando Iglesias’, Saúl Severini Caballero, Joaquín Cortina alias ‘Joaquito’ y José Gregorio Ariza alias ‘El Mono o Monito’. Hoy algunos de ellos se encuentran prófugos de la justicia. VerdadAbierta consultó con autoridades locales y no tienen información sobre estos alias. En la lista se incluyó a los firmantes de los pactos de Chibolo y Pivijay, de los que ya se han capturado a 12 políticos de Magdalena.
‘Codazzi’ y ‘el Tuto’ Castro, cómplices de ‘Jorge 40’, fueron señalados por el presidente Santos como las cabezas del llamado ‘Ejército Antirrestitución’. Aunque en algún momento se dijo que ‘Codazzi’ estaba muerto, en la zona los lugareños aseguran que está vivo. Algunos campesinos con los que habló VerdadAbierta.com afirman que lo han visto escoltado por 12 hombres armados por el arroyo El Mulero y la poza de La Danta, cerca del municipio, donde al parecer tienen un campamento. Otros comentan que también lo han visto por la quebrada La Palizúa, entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar). En la región se escucha que para esconderse de las autoridades, ‘Codazzi’ se disfraza.
Desde 2005, varias personas de El Difícil y Chibolo contaron a los medios que el ‘Tuto’ Castro, muy cercano a ‘Jorge 40’ se hizo a grandes extensiones de tierra de manera violenta, o bien forzando a los dueños y tenedores a escriturárselas, o mandándoles matones a los que se negaban. Es hermano del ex senador Jorge Castro Pacheco, condenado por ‘parapolítica’. A principios de julio, Santos ofreció una recompensa de 150 millones de pesos a quien diera información sobre su paradero, justo unos días después de que la comunidad denunciara su presencia en la zona. Según lo registraron varios medios, en enero de 2012, un grupo de policías de El Difícil lo capturó, pero quedó libre en hechos confusos.
Fuentes judiciales confirmaron a VerdadAbierta.com que hasta donde han investigado, los agentes sí capturaron a Castro, pero lo llevaron hasta el cementerio de ese municipio donde lo dejaron libre a cambio de un pago de dinero. Las fuentes aseguraron que su hijo, Jorge Castro, quien lo acompañaba, al parecer pagó a los policías 30 millones de pesos para su liberación y luego denunció el secuestro de ‘el Tuto’. Hoy están presos cuatro policías como sospechosos de haber cometido ese delito. Varias personas de la región dijeron estar preocupadas de que uno de sus principales victimarios esté suelto y temen por la vida de los testigos que presenciaron el hecho.
Por su parte, Miguel Castro Gnecco, alias ‘Armando Iglesias’, es primo del ‘Tuto’ Castro y la Fiscalía le dictó orden de captura en junio de 2010 como sospechoso de haber despojado tierras en Chibolo. Saúl Severini Caballero es un ganadero que se desmovilizó con el Bloque Norte y hoy está prófugo. Y, Joaquín Cortina Caladre, alias ‘Joaquito’, es terrateniente de la zona y papá del alcalde de Nueva Granada, Magdalena, Joaquín Cortina Zulbarán. Los nombres de todos figuran como posibles autores del despojo masivo de tierras en Chibolo, en complicidad con ‘Jorge 40’.
Después de que las comunidades que luchan porque se les devuelvan sus tierras denunciaran que estaban siendo hostigados y amenazados, todas las instancias nacionales del gobierno como Presidencia, Ministerios de Agricultura, Interior y Defensa, Procuraduría y la Fiscalía, respondieron en extensos comunicados. Sin embargo, “no hubo una respuesta articulada para proteger a la comunidad”, dijo a VerdadAbierta.com uno de los afectados. Por eso, hace dos meses, los campesinos volvieron a presentar otro derecho de petición, insistiendo en la necesidad de elaborar un “plan de protección concertado con las comunidades”.
El miedo crece
El 2 de junio pasado, con el apoyo de la Unidad de Restitución, representantes de 19 instituciones, líderes de 10 veredas y 100 personas de la comunidad se reunieron en la vereda La Pola para hablar, entre otros temas, de su seguridad.
En esta reunión se hizo público que en enero, en el corregimiento de La Estrella, vecino de Chibolo, se repartieron panfletos a nombre de los Urabeños que anunciaban una ‘limpieza social’ contra drogadictos y cuatreros (ladrones de ganado). Al siguiente mes, en La China, otro corregimiento de Chibolo, hombres desconocidos quemaron una casa cerca de la carretera principal y “donde hace presencia el cuerpo de Carabineros de la Policía”, según consta en el derecho de petición.
Al poco tiempo se reportaron extorsiones a productores de queso y leche en la vereda Nueva York, de Plato, Magdalena, que colinda con Chibolo. Los responsables serían Los Rastrojos. También fueron heridas cuatro personas y una más asesinada en el corregimiento de Santa Inés, del municipio de Tenerife y cercano a Chibolo. Aunque se desconocen los autores, en la zona están ‘Los Boteros’, nombre que hace alusión a un grupo paramilitar de la región que surgió en los años ochenta.
El mismo 24 de marzo, día en que la Unidad de Restitución comenzó su trabajo en Chibolo, la comunidad recibió un panfleto en La Estrella (caserío pegado a Chibolo), firmado por las Águilas Negras que anunciaba otra ‘limpieza social’ (ver panfleto).
Peticiones a Santos
Este viernes, el presidente Juan Manuel Santos irá por primera vez a las tierras donde reinó el hoy extraditado jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, ‘Jorge 40’. Muy seguramente visitará la casa conocida como El Balcón, una construcción en madera de dos pisos desde donde despachaba el jefe paramilitar y que hoy es símbolo de la restitución en Chibolo.
Pero en medio de los preparativos del gobierno y de la celebración que tiene preparada la comunidad porque por fin se vislumbra el final de su calvario, la seguridad es el talón de Aquiles.
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| A diferencia de otras zonas del país, las víctimas de Chibolo puedieron regresar a sus tierras pero están esperando los títulos. Foto VerdadAbierta.com |
Es por eso que la comunidad le ha solicitado directamente a Santos (ver carta) que durante su intervención en el acto protocolario del viernes, donde se espera que arranque el juicio cuya demanda será presentada en conjunto por la Corporación Yira Castro -que acompaña a los campesinos- y la Unidad de Restitución, se dé la entrega de los títulos, algo que se sabe, no sucederá.
La ley de Víctimas que cobija a estas víctimas del conflicto armado, contempla el desarrollo de un juicio que arrancará con la presentación de una demanda que documentará cómo fue el despojo, quiénes fueron las víctimas, quiénes los victimarios y toda la documentación necesaria para solicitar la restitución. Es a partir de esas pruebas que presenten la Corporación Yira Castro y la Unidad de Restitución, que un juez agrario tomará una decisión. Algo que en el mejor de los casos puede durar cuatro meses.
En tiempos de ‘Jorge 40’, los paramilitares capturaron al Incora y revirtieron su razón de ser: en lugar de ser la entidad que repartía tierras a los que no las tenían, se volvió la entidad que se aliaba con los despojadores para legalizar su crimen. Por eso, hoylos campesinos piden que el proceso de restitución se lleve en Bogotá, garantizando así la autonomía y seguridad de testigos y jueces.
Varios de los campesinos están temerosos de que los anuncios del viernes se queden en eso, en anuncios, pues dicen que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ya les incumplió una promesa. Había dicho públicamente que a partir del 20 de diciembre de 2010: “se entregarán las primeras parcelas que se arrebataron a quienes se apropiaron de ellas indebidamente. Allí vamos a rescindir unas resoluciones para entregarlas a sus legítimos dueños” (lea nota de El Espectador), y esto no ocurrió.
La comunidad también pide que no sólo haya restitución para los casos que tiene la Unidad de Tierras, sino también los que adelanta Justicia y Paz, al igual de los procesos comenzados por Incoder en los años 90. Los campesinos solicitan que la atención del Estado no se limite al acto protocolario que se realizará mañana. Es decir, que les dejen seguridad. “No es que termine el acto y el Ejército y la Policía nos abandonen”, dijo uno de los líderes.
Una fuente de la policía le dijo a VerdadAbierta.com que el despliegue de seguridad a la región no se limitará a la visita presidencial. “Aún no sabemos cuánto tiempo permanecerá el equipo móvil para apoyar la restitución. No sabemos si un año, dos años o más tiempo. Pero vamos a permanecer en la zona para ofrecerle garantías a la comunidad, que no sientan temor y que el proceso se lleve a cabo”.
Además, las víctimas exigen que Santos pida perdón público por el abandono del Estado y “la tolerancia que existió con las estructuras paramilitares”. Insisten en que durante este proceso que inicia se respete su cultura, sus tiempos y espacios, “dándonos la oportunidad de analizar, discutir y decidir sin afanes”.
Hoy, la vía principal que conduce de Chibolo a La Pola ha sido adecuada para la visita del Presidente. El pueblo permanece militarizado, han anunciado que entrarán 60 carabineros para reforzar la seguridad y aunque no hay un puesto de Policía permanente, varios agentes entran de cuando en cuando hasta La Pola, principalmente cuando hay visitas de funcionarios públicos. Todo esto anima a la comunidad a que por fin tendrán paz. Pero las amenazas no han cesado. Un líder recibió en estos días una llamada en la que le advirtieron: “Podrán haber ganado esta batalla, pero no la guerra. Tendrán sus tierras pero no podrán disfrutarlas”.
Lea a continuación los hechos de amenaza registrados en la región:
