Muchos son los interrogantes que ha generado el anuncio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia de suspender su ofensiva militar desde el 13 de diciembre. El principal de ellos es que, en efecto, el anuncio se cumpla. También será la oportunidad de conocer la real dimensión y naturaleza del fenómeno que representan.
Sin duda este ha sido un año fatal para las Agc, pues varios de sus principales lugartenientes han sido abatidos por la fuerza pública, como fue el caso de alias ‘Gavilán’ y alias ‘Inglaterra’. En la foto aparece Dairo de Jesús Úsuga David, alias ‘Otoniel’, jefe de ese grupo armado. ¿Realmente cesarán sus acciones criminales todas las estructuras armadas que dicen pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como ‘Clan del Golfo’, cuya presencia se registra en más de 150 municipios y ciudades del país? ¿Se trata de una estrategia de los ‘gaitanistas’ para mostrar su poder de fuego, unidad de mando y capacidad de controlar territorios y así, ser considerados un actor político armado con quien se debe llegar a una mesa de negociaciones? De llegarse a concretar efectivamente este cese unilateral al fuego, ¿dónde se sentirán sus efectos?
Estos son algunos de los interrogantes que genera el comunicado emitido el pasado miércoles por el Estado Mayor de las Agc a través del cual anuncian el “cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del 13 de diciembre del presente año”. Allí, los ‘gaitanistas’ piden a otros grupos armados como ‘Los Puntilleros’; ‘Los Pelusos’; y las oficinas de cobro “parar la violencia entre nosotros y contra la población y empecemos a buscar mecanismos de salida para la paz de Colombia”.
También llaman la atención de la guerrilla del Eln para que cesen las confrontaciones en aquellas regiones donde ambos grupos sostienen férreas disputas por control territorial y de rentas ilegales y piden “a la sociedad, a los gremios, a las organizaciones de víctimas, los defensores de derechos humanos, las iglesias, la academia, medios de comunicación y comunidad internacional para que verifiquen el cumplimiento del compromiso que a partir de esta declaración hemos asumido”.
Es la primera vez que este grupo armado, surgido luego de las desmovilizaciones colectivas bajo los acuerdos con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) de los diferentes bloques que conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), anuncia un cese unilateral de sus acciones militares ofensivas.
Esa decisión complementa la petición en septiembre pasado de su máximo jefe, Dairo de Jesús Úsuga, alias ‘Otoniel’, de someterse a la justicia, según lo dijo a través de un video, “Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos suspender todas las actividades ilegales de la organización”. (Leer más en: Alias ‘Otoniel’: ejemplo sangriento de tres desmovilizaciones fallidas)
El nuevo mensaje de las Agc es bastante llamativo para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), toda vez que “anuncian que van a cesar un tipo de operaciones que ellos nunca hacen, ellos no tienen acciones ofensivas, no son un grupo que, por ejemplo, confronte directamente al Estado”.
Para Restrepo, el anuncio de los ‘gaitanistas’, o ‘Clan del Golfo’, bien podría responder a “una medida para frenar la presión que la Policía y la Fiscalía vienen ejerciendo hacia este grupo. Antes, cuando era dado de baja un cabecilla de esta organización o para frenar el cerco policial respondían con paros armados, ahora responden con un ‘cese al fuego’, lo que podría evidenciar algún signo de debilitamiento de su parte militar”.
Cabe recordar que el pasado 13 de noviembre, miembros de la Fuerza Pública abatieron en Chinacota, Norte de Santander, a Luis Orlando Padierna Peña, alias ‘Inglaterra’, el tercer hombre en importancia en la cúpula de este grupo armado. Esta muerte se suma a la de Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, segundo hombre en importancia de esta organización, quien fuera dado de baja el pasado 31 de agosto por agentes de la Policía Nacional en desarrollo de la Operación Agamenón II, en zona rural de Turbo. Sin duda los más duros golpes recibidos por los ‘gaitanistas’ por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas de Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), conceptúa que este “cese de acciones militares ofensivas” permitirá conocer las múltiples caras de las Agc, “porque, en primer lugar, le están diciendo al gobierno nacional: ‘mire, si yo paro mis acciones militares eso se va sentir en el país porque ustedes no tienen como controlarnos’, es decir, se están dando a sí mismos un estatus político y militar muy alto. Pero, por otro lado, este no es un grupo que tenga una fuerte cohesión, que en muchas regiones funciona por subcontratación, lo que también nos lleva a pensar dónde se podrá sentir el impacto de ese cese al fuego”.
Alivio humanitario
Para diversos analistas, el anuncio de cese al fuego por parte de las Agc también es un llamado al gobierno nacional para que diseñe urgentemente una fórmula que permita una salida jurídica para la desmovilización de este tipo de grupos armados. Foto: Juan Diego Restrepo E.No existe un consenso entre organizaciones no gubernamentales y autoridades sobre cómo clasificar a este grupo armado: si es continuidad paramilitar o una compleja expresión de crimen organizado; tampoco sobre el número real de sus integrantes, pues mientras los estimativos más prudentes hablan de 1.500 hombres en armas, otros señalan más de cinco mil los integrantes.
Lo que sí es posible afirmar es que actualmente se registra una fuerte presencia militar de las Agc en regiones como el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés; el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño; centro y sur de Chocó; y en buena parte del Andén Pacífico; el área metropolitana de Cúcuta; norte de Nariño y sur de Cauca; el puerto de Buenaventura; zonas costeras de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira. Ello sin contar las diferentes organizaciones criminales de ciudades capitales e intermedias articuladas mediante complejos procesos de subcontratación (o redes de cooperación) a los ‘gaitanistas’.
A este grupo se le atribuye un amplio repertorio de actividades ilegales que van desde la extorsión a pequeña y gran escala (cobro de vacuna a pequeños locales comerciales, extorsión a grandes empresarios y ganaderos regionales); el control de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico (desde el cultivo y producción hasta el almacenamiento y exportación), incluyendo el microtráfico en cientos de ciudades y municipios; explotación ilegal de recursos naturales como tala de madera y minería; tráfico de migrantes; y labores de sicariato, entre otros.
Tras la dejación de armas de la guerrilla de las Farc y su transformación en partido político, las Agc, o ‘Clan del Golfo’, iniciaron un proceso de expansión precisamente hacia aquellos territorios que durante décadas estuvieron bajo control ‘fariano’, lo que incrementó las vulneraciones a los derechos humanos de cientos de comunidades campesinas, grupos étnicos y líderes comunitarios.
En varios departamentos, la expansión ‘gaitanista’ ha chocado con el avance de la guerrilla del Eln que también está en expansión territorial, generando una guerra sin cuartel entre ambos grupos armados por el control territorial cuyos impactos humanitarios no se han hecho esperar: aumento de desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, utilización de minas antipersona, amenazas y asesinatos selectivos. El caso más dramático se vive en el departamento de Chocó. Allí se ha sentido con fuerza esta confrontación armada en la región del Bajo Atrato, las cuencas de los ríos Baudó y San Juan. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Los choques armados también son reiterados en el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, Buenaventura y la costa Pacífica caucana. De concretarse el cese de acciones militares, tal como lo anunció este grupo armado, cientos de campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras que habitan esas regiones podrían sentir un alivio humanitario este fin de año.
“¿Dónde podría sentirse el ‘cese al fuego’? Pensaría que en aquellas regiones donde son fuertes militarmente: el Urabá antioqueño, el centro y sur de Chocó, el Bajo Atrato y seguramente en el sur de Córdoba, donde ya se registraron enfrentamientos entre los ‘gaitanistas’ y el Eln”, responde Álvarez. “Esto será un buen termómetro para mirar si todos estos grupos que se autodenominan Agc responden a la orden de cese al fuego o si son grupos que actúan más autónomos”.
Para Juan Esteban Jaramillo, investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos que acompaña procesos sociales en el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, el escenario urbano es muy complejo y muy poroso: “Es posible que haya un acatamiento de la orden de cese por parte de grupos identificados como Agc con presencia en ciudades como Medellín, por ejemplo. Ya ocurrió durante los paros armados que protagonizó este grupo hace un par de años. Ahí vimos cierto nivel de obediencia y cohesión”.
“Por lo pronto, por lo que hemos indagado en Bajo Cauca y Urabá -continúa Jaramillo-, todo indica que hay una orden de parar todas las acciones militares, desde el Nudo de Paramillo hasta el golfo de Urabá y esperamos que eso genere un gran alivio humanitario, sobre todo entre líderes campesinos cocaleros y reclamantes de tierra, pues la violencia contra ellos se venía incrementando en los últimos meses de forma dramática, violencia que dejó varios líderes asesinados, el desplazamiento de varios de ellos y las amenazas de muerte contra otro número importante de ellos”.
Interrogantes
La presencia de las Agc se registra en por lo menos 15 departamentos. Buena parte de su expansión obedece a redes de cooperación o procesos de subcontratación con bandas locales. El barrio Nuevo Amanecer, de Medellín, está plagado de grafitis alusivos a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Foto: Juan Diego Restrepo E.Si bien el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y altos mandos militares y de Policía como el coronel Luis Eduardo Soler, comandante del Departamento de Policía de Urabá, anunciaron públicamente que continuarán con su ofensiva hacia este grupo armado hasta capturar a su máximo cabecilla, alias ‘Otoniel’, queda el interrogante de cómo el gobierno nacional manejará el tema, máxime si, en efecto, se registra una reducción sensible de la violencia armada en aquellas regiones donde tienen hegemonía armada.
Aunque el propio ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó en el Congreso de la República en octubre pasado un proyecto de ley para el sometimiento de integrantes de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, éste no alcanzó ni siquiera un primer debate. Lo que advierten tanto Eduardo Álvarez, de la FIP, como Jorge Restrepo, de Cerac, es que el anuncio de los ‘gaitanistas’ puede meterle presión tanto al Ejecutivo como al Legislativo para que avancen en la búsqueda de alternativas jurídicas que permitan algún proceso de negociación con este grupo armado.
“Si en efecto hay un alivio importante en las regiones con este cese al fuego, pues las comunidades mismas, que serían las principales beneficiadas, le mostrarán y le exigirán al gobierno avanzar en algún tipo de diálogo con este grupo”, señala Álvarez, mientras que, a juicio de Restrepo, “este anuncio también podría generar presión al gobierno para que presente un proyecto de sometimiento y reincorporación de este tipo de grupos armados”.
Pese a que el gobierno nacional ha insistido en la fórmula del sometimiento a la justicia como el único camino para organizaciones criminales como las Agc, queda la inquietud de si, tras su anuncio, los ‘gaitanistas’ estén tras la búsqueda de legitimidad ante las comunidades para así adquirir un rol político del que carecen y presionar una salida diferente a la oferta gubernamental.
“Anuncios de este tipo, de cesar unilateralmente todas las acciones militares durante el fin de año, eran los que tradicionalmente hacían las guerrillas en otras épocas, como mecanismo para ganar legitimidad. Lo que uno observa es que este grupo intenta demostrar que tiene discurso político, que tiene base social y trabajo comunitario”, declara Juan Esteban Jaramillo, del IPC. A su juicio, “habrá que esperar cómo maneja el gobierno nacional este tema. Lo que sí es cierto es que desde hace rato se vienen gestando varias iniciativas para negociar una salida jurídica a estos grupos que, si bien es importante hacerlo, hay que ser muy cuidadoso pues todo proceso de esa naturaleza debe generar garantías reales de no repetición y debe tener la verdad y las víctimas como centro de todo”.
