Faltando un mes para que termine oficialmente el acuerdo bilateral, temporal y nacional, que pactaron el gobierno nacional y la guerrilla del Eln en Quito, Ecuador, y vigente desde el 1 de octubre, la búsqueda de una salida negociada enfrenta un tenso momento por cuenta de dos hechos que, esta semana, debilitaron aún más la mesa de negociaciones.
Durante el cuarto ciclo de conversaciones, los negociadores del Eln realizaron pegagogía sobre el cese al fuego en los distintos frentes de guerra. Foto: Twitter- Eln.Tras once días de silencio, la guerrilla del Eln reconoció en un comunicado su participación en las acciones violentas que terminaron con la vida de 13 personas en zona rural del municipio Magüi Payán, departamento de Nariño, hecho que se constituye en la segunda violación al cese al fuego por parte del grupo armado. La primera el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama.
El grupo insurgente aseguró que el pasado 27 de noviembre unidades del Frente de Guerra Suroccidental llegaron hasta la vereda Pueblo Nuevo “para entablar conversación” con un grupo armado ilegal llamado Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) del que hacen parte excombatientes de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Esa “conversación” buscaba “aclarar el comportamiento agresivo que (las GUP) tienen con las comunidades”, referido a supuestos atropellos “contra la vida, costumbres, bienes y la convivencia pacífica” y, especialmente, al presunto asesinato de “nueve pobladores y líderes de la región, entre junio y agosto de este año”.
El Eln relató que, una vez en el sitio, las GUP “abrieron fuego contra nuestras unidades guerrilleras, obligándolas a responder”. El enfrentamiento, según el comunicado, dejó diez integrantes de las GUP muertos y otros seis retenidos, que posteriormente fueron liberados. La guerrilla aseguró, además, que dos civiles murieron y tres más resultaron heridos, pero atribuye esos crímenes a que “en medio de la confrontación los integrantes de las GUP atacaron de forma intencional y alevosa a la población civil del caserío”.
Esa versión es contraria a la que ofreció la Defensoría del Pueblo. Una misión humanitaria de la entidad que viajó al lugar de los hechos informó que a las 5 de la tarde de aquel 27 de noviembre el Eln llegó a las veredas Pueblo Nuevo y Juanchito “con el fin de someter” a un grupo armado ilegal. Y agregó que “los hermanos Álvaro y Nilson Samuel Cuero, integrantes de la línea de mando de este grupo, que estaban en Pueblo Nuevo, se negaron a someterse. Las versiones de la comunidad manifiestan que Álvaro empezó a disparar y que los integrantes del Eln respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil”.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, aseguró el pasado martes que son 13 las víctimas de los hechos violentos ocurridos en Magüi Payán. Foto: Defensoría del Pueblo.La Defensoría aseveró que el hecho dejó 13 muertos: tres integrantes del grupo armado ilegal; tres civiles, entre ellos uno que “padecía una discapacidad mental” y una mujer embarazada; dos personas sobre las que hay versiones encontradas frente a si eran civiles o disidentes de las Farc; cuatro personas sobre las que no se hace distinción de si eran pobladores o integrantes del grupo armado; y el representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas, Edison Ortiz Bolaños. Sobre este último, la Defensoría indicó que su hermano Wilman Ortiz hace “parte de las disidencias” y “fue retenido por el Eln”.
Pero las cifras no cuadran. El pasado miércoles el vicepresidente, Óscar Naranjo, aseguró desde Tumaco que sólo tenía certeza de seis muertos y un herido. Frente a esa discrepancia, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, declaró que “con el gobierno afortunada o desafortunadamente no nos ponemos de acuerdo ni en las cifras de los líderes sociales (asesinados), pero le puedo asegurar a la comunidad que hay 13 cadáveres en Magüi Payán, lo que pasa es que la comunidad enterró a sus familiares en los sitios que ellos quisieron”. Además, fue enfático en que “nosotros mandamos una misión humanitaria que se desplazó por esos ríos y constató los 13 cadáveres”.
Los cuerpos, de acuerdo con la entidad, fueron enterrados en las veredas Pueblo Nuevo, Ricaurte, Playón, Punta de Barco, Las Cruces y Panga de los municipios Magüi Payán, Roberto Payán y Barbacoas, todos en Nariño. Teniendo en cuenta esa versión, Negret, declaró que “elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese del fuego y hostilidades que representa esta acción” por parte del Eln, que, de acuerdo con la Defensoría, generó el confinamiento de la población de la zona.
El enfrentamiento también fue calificado como una violación del cese al fuego por parte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que el pasado 1 de diciembre, en su segundo informe de monitoreo al cese, informó que el de Magüi Payán “es el tercer combate entre el ELN y grupos de crimen organizado que se registra en lo corrido de 2017”, al tiempo que declaró que “este hecho constituye una violación al compromiso de suspender temporalmente distintas acciones, propias de la guerra de guerrillas y de una fuerza insurgente”.
En la presentación de su balance al presidente, el jefe del equipo negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el cese al fuego es “un hecho muy importante y significativo porque abre puertas para que se vaya jalonando el resto de la agenda”. Foto: Presidencia.La última palabra sobre lo ocurrido en Nariño la tendrá el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), integrado por las partes, así como por voceros de la iglesia Católica y Naciones Unidas.
Esta acción armada continuó minando la credibilidad en el cese al fuego que, según prometieron las partes, aliviaría la crisis humanitaria que enfrentan los pobladores de las regiones donde el Eln hace presencia. El hecho, además, se sumó a la incertidumbre que generó la renuncia del jefe negociador del equipo del gobierno nacional, Juan Camilo Restrepo, y tres miembros más: José Noé Ríos, Juan Sebastián Betancur y el general (r) Eduardo Herrera Berbel.
Ante las especulaciones que generó la noticia, Santos explicó que la renuncia se había pactado tres meses atrás, luego de que Restrepo le informara sobre “problemas personales” y la necesidad de atender “unos cultivos en la Sabana” de Bogotá. El jefe negociador también informó públicamente que se dedicará de lleno a trabajar como árbitro en un litigio comercial que cursa en la Cámara de Comercio de París, dada su especialidad en resolución de conflictos en los campos financiero y energético.
Aunque la decisión fue percibida por una parte de la opinión como un mal síntoma del momento que atraviesa la negociación con el Eln, una fuente de la delegación del grupo insurgente, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a este portal que “la salida de él no se da por diferencias ni tensiones, sino por sus otras responsabilidades, propias de los entornos en los que él se mueve, que hacían que su actitud fuera un poco pausada en la mesa”.
La fuente consultada consideró, además, que “una renovación del equipo del gobierno puede incrementar las probabilidades de que el proceso se agilice y se puedan construir acuerdos relevantes para darle mayor significación a los diálogos antes de las elecciones, lo cual requiere mayor disposición y voluntad”.
De las demás renuncias del equipo de gobierno nacional, la del general (r) Herrera es la única que se ha declarado “irrevocable”, mientras las de Betancur y Ríos se perciben como protocolarias, a la espera de que Santos defina el equipo negociador que arrancará el quinto ciclo de diálogos.
Balances sobre cese al fuego
El Frente de Guerra Occidental, uno de cuyos comandantes es Uriel, reconoció el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama. Foto: Captura de video – Eln.Al margen de la verificación realizada por el MV&V, existen dos informes de seguimiento sobre el cese al fuego pactado entre el gobierno y el Eln: uno, elaborado por el Cerac; y otro, emitido por la Red de Veeduría Social al Cese al Fuego, compuesta por varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de corte nacional y regional.
En el caso del Cerac, el foco se centra en la suspensión de acciones ofensivas y de hostilidades; mientras en el de la Red, la atención está puesta en el alivio de la situación humanitaria en un sentido amplio.
Los análisis realizados por el centro de estudios concluyen que “los principales beneficiados del cese al fuego serían los combatientes”, dado que desde el 1 de octubre no se registran combates entre las partes. Los enfrentamientos, de acuerdo con este centro, venían a la baja desde el inicio de la fase pública de diálogos, en febrero pasado, con una reducción hasta el día del comienzo del cese del 42,8 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2016. En concreto, la pérdida de vidas del lado del Eln se ha reducido en 68 por ciento, mientras del lado de la Fuerza Pública, en un 60 por ciento.
En su primer informe mensual de monitoreo, el Cerac reportó que el Eln había cometido su primera violación al cese al fuego con el asesinato del gobernador Aulio Isarama, hecho reconocido por el Frente de Guerra Occidental. Sin embargo, reportó que el periodo transcurrido entre el 1 y el 24 de octubre, un día antes del homicidio de la autoridad indígena, era el “más largo de días consecutivos sin el registro de acciones ofensivas del Eln en los últimos cinco años”. A excepción de ese hecho, aseguró que las partes habían cumplido con los demás compromisos del cese. (Leer más: Eln, responsable de asesinato de líder indígena en Chocó)
En su segundo informe mensual, el Cerac consideró como una acción violatoria del cese el enfrentamiento ocurrido en Magüi Payán y alertó por una posible tercera violación relacionada con la convocatoria realizada por el Frente de Guerra Occidental a una reunión con civiles y medios de comunicación los próximos 12, 13 y 14 de diciembre en el municipio Medio San Juan, llamada “Chocó construyendo visión de país y región”.
Con el evento, esa estructura busca establecer un diálogo político con “organizaciones sociales, ONG’s, institucionalidad, partidos, gremios, diferentes iglesias y otros” sobre situaciones relacionadas con el cese al fuego y con el punto sobre participación de la sociedad de la agenda de diálogos de Quito.
Al respecto, el Cerac asumió como válida la interpretación del gobierno nacional, según la cual “este tipo de reuniones son prohibidas por la legislación nacional y también son contrarias al Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Temporal”, dado que el Eln “no puede convocar a la comunidad a un encuentro donde estarán armados”.
Frente al tema, el comandante de ese frente de guerra, conocido como ‘Uriel’, declaró que “la invitación sigue en pie pese a la inconformidad por parte del gobierno (…) En los protocolos no se prohíben las reuniones con la población, otra cosa es que el gobierno se empeñe en aislarnos de la gente”. Agregó, además, que “solo el Mecanismo de Veeduría y Verificación puede determinar las violaciones del cese”.
Aun con el malestar expresado por el gobierno, el Frente de Guerra Occidental del Eln decidió continuar con la convocatoria al evento “Chocó, construyendo visión de país y región”. Foto: Captura de video – Eln.El Cerac también incluyó en sus reportes de octubre y noviembre once posibles violaciones al cese al fuego cometidas por el Eln en Chocó, Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Vichada y Antioquia, que incluyen asesinatos, atentados contra la infraestructura, combates con grupos armados ilegales, secuestros, reclutamientos forzados, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. Ninguno de esos hechos ha sido reconocido por el Eln ni adjudicados formalmente a esa guerrilla por el MM&V, que tiene la última palabra.
En cuanto a los compromisos del gobierno nacional, el Cerac los declaró cumplidos en ambos periodos, dado que “no se conocieron reportes de hechos en los que la Fuerza Pública comprometiera la seguridad o integridad física de integrantes del Eln”. Sin embargo, esos los compromisos van más allá de garantizar la seguridad de los guerrilleros e incluyen acciones relacionadas con la protección de los líderes sociales y el alivio de la situación humanitaria para los prisioneros políticos.
Por su parte, la Red de Veeduría Social le presentó su informe de seguimiento sobre los 50 primeros días del cese al fuego al MV&V el pasado martes en Bogotá. En él, concluyó que, si bien se redujo la confrontación armada, no se cumplió con el principal objetivo de mejorar la situación humanitaria de la población.
Otra de las conclusiones del documento es que no se han desplegado acciones concretas de lucha contra el fenómeno criminal que la Red continúa denominando “paramilitarismo”. En el texto se lee que “pese a algunos discursos y compromisos formales y a lo establecido en los acuerdos de La Habana, la persecución política y la acción paramilitar continúa siendo una de las principales causas de agresiones contra el movimiento social”.
Según Agustín Jiménez, vocero de Paz Completa, la mayor parte de la información con la que se elaboró el informe proviene de indígenas, afros, campesinos e integrantes de iglesias protestantes. Los datos, de acuerdo con Jiménez, fueron “posteriormente triangulados con la Defensoría del Pueblo e instituciones públicas y privadas de los territorios. Una vez depurada, la información ingresó a una base de datos, en la que un equipo técnico clasificó las violaciones”.
El informe registró un total de 299 civiles víctimas de distintos delitos entre el primero de septiembre y el 20 de noviembre, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones campesinas, con mayor afectación en los departamentos de Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. Según el documento, en el 73 por ciento de los hechos se atribuye la responsabilidad al Estado, en el 17 por ciento a desconocidos, en el 8 por ciento a los paramilitares y tan solo en un 1 por cierto a la guerrilla.
A diferencia del Cerac, la Red no registró ningún combate atribuido al grupo guerrillero y sólo identificó como violaciones al cese al fuego el asesinato del gobernador Aulio Isarama, la retención de un civil y el posible asesinato de un excombatiente de las Farc.
Para Olimpo Cárdenas, vocero de la Mesa Social por la Paz, el porcentaje atribuido al Estado corresponde a hechos que ocurrieron durante los primeros 50 días del cese, como la masacre en Tumaco y el posterior ataque a la comisión verificadora el pasado 25 de octubre; los asesinatos de excombatientes de las Farc; y los “tratos inhumanos” que el Inpec les ha dado a los presos políticos, sociales y de guerra en los distintos centros carcelarios. Por ello asegura que “el accionar paramilitar y la persecución política son el lastre del movimiento social y de los líderes en territorio”.
Los otros compromisos
Con la pendiente reestructuración del Sistema de Alertas Tempranas, el gobierno promete mejorar la protección de líderes sociales y dirigentes políticos de oposición. Foto: archivo Semana-Además de suspender el fuego, el gobierno nacional y el Eln acordaron otros compromisos durante la vigencia del cese, que finaliza el próximo 12 de enero. En primer lugar, el Ejecutivo se comprometió a robustecer el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo “para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados”.
En un comunicado expedido el pasado primero de diciembre, en el que presentó los resultados del cuarto ciclo de conversaciones, el gobierno nacional anunció como avance la “publicación del proyecto de decreto para agilizar y fortalecer el SAT”. (Haga clic aquí para ver el proyecto de decreto)
El proyecto, publicado en la página web del Ministerio del Interior para recibir comentarios ciudadanos entre el 23 de noviembre y el pasado jueves, consta de 14 páginas y responde a un compromiso asumido por el gobierno nacional en el Decreto Ley 895 de 2017, que creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política pactado con las Farc.
En dicha norma, y en consecuencia con el acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a reformar el SAT para evitar colisiones entre esa herramienta de la Defensoría y las nuevas funciones del Sistema Integral, que deberá tener un sistema de prevención para proteger a las organizaciones sociales y los movimientos políticos que se declaren en oposición, incluyendo a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
De ahí que el proyecto de decreto consista en la creación de un Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, parte del Sistema Integral de Seguridad, que constaría de dos componentes: uno de alertas tempranas, a cargo de la Defensoría, y otro de respuesta y reacción, coordinado por el Ministerio del Interior e integrado por distintas instituciones estatales. Aún falta que se expida el decreto y que se ponga en marcha la reestructuración en ambas entidades.
En segundo lugar, el gobierno nacional se comprometió a implementar un programa de carácter humanitario para la población reclusa del Eln, que pretendía mejorar las condiciones de salud, la ubicación cerca de sus núcleos familiares y una evaluación de los riesgos de seguridad en los centros penitenciarios. Al respecto, los avances han sido pocos, en un escenario de crisis carcelaria denunciado por la Defensoría del Pueblo desde principios de 2016.
Según Gloria Silva, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, organización que desde 2008 acompaña a los presos del Eln, solo hasta el pasado 27 de noviembre un grupo de médicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó una evaluación, en la que en cuatro horas se constató el estado de salud de 29 prisioneros.
Para Silva, “contrario a lo que se acordó, lo que ha habido son maltratos en contra de los presos políticos del Eln en varias cárceles del país. En lo que tiene que ver con los traslados de sitios de reclusión nada es lo que se ha adelantado, por lo que definitivamente no hay cumplimiento”.
Los atropellos a los que se refiere esta abogada fueron consignados en denuncias públicas emitidas por distintos colectivos integrados por reclusos. La más reciente de ellas, con fecha del 7 de diciembre, afirma que durante un operativo conjunto de requisa de celdas entre el Comando de Reacción Inmediata del Inpec y el Gaula de la Policía, en el pabellón B de la penitenciaría del Bosque, de Barranquilla, se reportó la pérdida de documentos personales e información del proceso judicial que se adelanta contra el insurgente Ricardo Álvarez, así como de varios informes que los prisioneros tenían preparados para enviar a la mesa de Quito.
Las audiencias preparatorias para el desarrollo del punto uno de la agenda se realizaron en Toncacipá, Cundinamarca. Foto: Cortesía de Darwin Torres.
Situación similar se vivió con los reclusos de las Farc, quienes sólo hasta la última fase de conversaciones en La Habana empezaron a recibir parte de los beneficios pactados, como el traslado a centros penitenciarios, brigadas de salud y, en algunos casos, la excarcelación y el indulto. Aun así, hoy quedan cerca de mil integrantes de la desaparecida organización guerrillera por obtener su libertad.
Al respecto, en el comunicado del primero de diciembre el gobierno nacional aseguró que se le ha dado “riguroso cumplimiento al desarrollo de un esquema integral para mejorar la condición humanitaria de los presos”, hecho que controvierten organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y militantes del Eln consultados por este portal.
En tercer lugar, el gobierno nacional se comprometió a velar por el cumplimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto (1820 de 2017) pactada con las Farc, en lo que respecta a la concesión de tratamientos penales especiales a personas procesadas por delitos asociados a la protesta social, quienes han tenido que sortear varias dificultades, tales como los problemas con la interpretación de la Ley en los juzgados de ejecución de penas.
Nadia Triviño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad, afirma al respecto que “en la mayoría de esos casos ya se concedió la libertad condicional. Pese a ello, quedan varios casos por resolver, quizá los más complicados de abordar jurídicamente, por lo que los procesos están estancados. En otros, se han negado las libertades porque los delitos imputados no son concernientes a la protesta social”.
El cuarto compromiso del Ejecutivo era desarrollar las audiencias preparatorias para la puesta en marcha del punto uno de la agenda, sobre participación de la sociedad. En efecto, entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre pasados se realizaron diez audiencias en tres bloques, con la participación de 208 delegados de organizaciones sociales y políticas, sindicales, agrarias, de víctimas, defensoras de derechos humanos, étnico-territoriales y defensoras del medio ambiente, así como de alcaldías e instituciones públicas y privadas. (Lea más: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)
En esas audiencias, que contaron con la presencia de las delegadas del Eln Silvana Guerrero y Consuelo Tapia, y los delegados del gobierno Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, las partes escucharon las propuestas de los dirigentes sociales y políticos sobre el modelo de participación que debería implementarse en el desarrollo del punto uno, con el que se espera decantar los temas a negociar en los puntos de Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz, con la amplia participación de la sociedad civil. (Lea más: “El Eln no va a renunciar a la participación de la sociedad”: Silvana Guerrero)
En cuanto al Eln, la organización asumió cuatro compromisos sobre la suspensión de hostilidades durante el cese: abstenerse de instalar minas antipersonal; suspender el reclutamiento de menores de 15 años; no secuestrar ciudadanos colombianos y extranjeros; y no atentar contra la infraestructura. De momento, ni el gobierno nacional ni el grupo subversivo han reportado violaciones a esos compromisos, sobre los cuales deberá emitir conclusiones el MV&V.
En el mes que le resta al acuerdo del cese al fuego, la encargada de dirimir las controversias frente a posibles incumplimientos por cada una las partes será la Mesa Transitoria, creada al cierre del cuarto ciclo de conversaciones y compuesta por hasta tres integrantes de cada delegación, que rige desde el primero de diciembre hasta el 9 de enero del próximo año.
Durante ese periodo, ambas partes discutirán una posible prolongación del cese al fuego, que permita continuar dinamizando la mesa con celeridad teniendo como telón de fondo las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. La tarea no es fácil, sobre todo en un ambiente tan inestable, en el que otras fuerzas continúan operando sin control en regiones agobiadas por el narcotráfico y la minería ilegal.
