El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta intentó que los crímenes contra civiles en ese departamento no quedaran impunes. En ese camino varios de sus líderes fueron asesinados.
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| En San Martín, el Comité calcula que tres de cada diez familias han sido víctimas de los grupos ilegales armados. / Foto archivo |
Gustavo López volvió a su tierra, San Martín Meta en 2004, poco después de que lo intentaran asesinar en Bogotá, cerca de la Universidad Nacional, de donde se había graduado como filósofo. Llegó en octubre, a organizar el primer curso de Derechos Humanos con las madres y esposas de las víctimas de los desmanes cometidos en varios años por narcotraficantes y paramilitares, como Gonzalo Rodríguez Gacha, Miguel Arroyave y su Bloque Centauros, ‘Los Paisas’ de ‘Don Mario’ y ‘Los Cuchillos’.
A los pocos días de haber iniciado la capacitación, le llegaron amenazas contra su vida y la de sus alumnos. Al principio muchos no iban a sus cursos en la Casa de la Cultura ‘José Eustasio Rivera’ por miedo. Según los testimonios recogidos por VerdadAbierta.com, entonces nadie tenía derecho a preguntar por la suerte de familiares desaparecidos, mucho menos a llorar a sus muertos en público.
Ese mismo año, la Diócesis de Granada contó cómo la gente dormía con las luces prendidas para protegerse de ataques sorpresivos de los ‘paras’. Y en otro documento la Iglesia Católica denunció que algunos ex alcaldes de la Asociación de Municipios del Ariari (AMA), se habían aliado con los paramilitares. Y que éstos últimos controlaban la vida de los municipios de Cubarral, Lejanías, Fuente de Oro, El Dorado, Guamal, El Castillo, San Juan de Arama,Granada y del propio San Martín.
Gustavo no se amilanó y siguió con su trabajo, heredero del que había realizado una década atrás el Comité Cívico por los Derechos Humanos en Meta, la antorcha de la memoria colectiva en un departamento donde el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción han impuesto la ley del silencio. Éste fue fundado en 1993 por Josué Giraldo Cardona.
Giraldo, quien presidió el comité, fue uno de los primeros que denunciaron el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y de otras fuerzas políticas independientes en el Meta. En noviembre de 1995 fue beneficiario de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en enero siguiente tuvo que salir del país pues las amenazas no cesaban. Además fue objeto decuestionamientos públicos de los militares que lo asociaban constantemente con la guerrilla, a pesar de que, por principios Giraldo estaba muy lejos de cualquier grupo armado. “Nadie puede defender la vida sin amar y nadie puede amar sin realmente defender la vida”, dijo en una ocasión.
Para 1995, las amenazas y atentados llevaron a una crisis a los defensores de derechos humanos en Meta. El Comité cerró su sede en Villavicencio. En reacción el gobierno de Samper creó una comisión bajo el liderazgo de la Defensoría del Pueblo, que durante seis meses recorrió el departamento recibiendo las denuncias de la gente por las violaciones a sus derechos. La comisión sin embargo fracasó porque no consiguió un acuerdo de las diferentes entidades para publicar un documento. Algunos funcionarios no querían incluir allí que miembros de la fuerza pública podían estar involucrados en algunos ataques a los defensores.
El Comité, acompañado de otras organizaciones cívicas, sin embargo compiló los hallazgos en el hoy ya legendario documento en la historia de la región: ‘Ceder es más terrible que la muerte’, titulado con una frase famosa de Josué Giraldo. “Es un pequeño cofre que guarda en su interior una memoria dolorosa”, dijo el padre Javier Giraldo, en la presentación del libro, cuando fue publicado en 1998.
El amedrentamiento contra el Comité no cesó. Sus dirigentes estaban en una lista, y uno a uno fue cayendo. En abril 20 de 1993 fue desaparecido Delio Vargas. “Pocos días antes había conversado con él y me había enterado del profundo riesgo que corría. Había visto su nombre en varios listados que circulaban sobre personas que iban a ser asesinadas próximamente, de las cuales ya muy pocas quedaban con vida. Con todo, Delio no estaba dispuesto a ceder y a abandonar fácilmente sus trabajos, tanto en los organismos de derechos humanos como en sus organizaciones políticas. Parecía un roble dispuesto a que lo derribaran entero, sin ceder a pedazos sus convicciones y su vida”, recordó el padre el día del lanzamiento del valeroso libro.
Josué Giraldo regresó al país en 1996 a ver cómo rescataba al Comité. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió nuevas medidas de protección para él, su esposa, Mariela de Girado, sus dos hijas menores, y otros activistas del Comité: la hermana Noemy Palencia, Islena Rey y Gonzalo Zárate. La resolución de la CIDH llegó tarde. Quince días antes, el domingo 13 de octubre de 1996, ya hombres armados habían asesinado a Josué Giraldo. Pocos años después, el 5 de junio de 2001, fue asesinado Gonzalo Zárate, junto con su hermano Humberto, a pesar de que tenía medidas cautelares.
Por muchos años, y aunque la CIDH reiteró sus peticiones al gobierno colombiano de que garantizara las condiciones para que el Comité volviera a formarse, la persecución a los defensores del Meta fue inclemente. El 5 de octubre de 1998 mataron a Jader Castaño en Caño Silbao; el 17 de julio de 1999, a Eliécer Gómez Rubio, en San Martín. Dijo la Corte que “durante su sepelio en Medellín del Ariari, helicópteros del Ejército habrían sobrevolado el lugar atemorizando a las comunidades que se habían desplazado desde Puerto Esperanza y El Castillo para acompañarlo”.
Finalmente, gracias a la persistencia de los sobrevivientes y de nuevos líderes, volvió a renacer el Comité y hoy Gustavo López es uno de sus más entusiastas integrantes. Pero hoy como antes no es una tarea fácil.
El 18 de octubre de 2009, trece años después del asesinato de Giraldo casi a la fecha, Islena Rey, presidente del Comité, y la única sobreviviente de su dirección quien había seguido en sus tareas de defensora con gran coraje, fue herida de gravedad en un atentado sobre el río Guejar, en Puerto Rico, Meta. Al parecer, el atentado perpetrado por un guerrillero de las Farc, iba dirigido a Miguel Martínez, de la Asociación de Campesinos del Bajo Ariari, quien había sido amenazado por este grupo por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Rey, que aún gozaba de medidas cautelares de la CIDH, fue herida en un brazo y en el pulmón y los medios reportaron que se recuperó de sus heridas.
Mantener viva la agenda de los derechos humanos en este departamento, donde según donde según los observatorios de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y del Meta, entre 2003 y 2009, se presentaron 4.834 homicidios, muchos de estos asociados al conflicto armado y al narcoparamilitarismo, exige gran coraje e independencia.
La persistencia de López en San Martín, donde tres de cada diez familias ha sido víctimas de los grupos ilegales armados, y de sus colegas defensores en el resto del departamento, ha ido ayudando a que la gente venza el miedo y haya empezado a contar cómo sus hijos y familiares, cuando no eran reclutados por la fuerza, era sacados de sus casas y luego desaparecidos. Muchas veces ni aparecían en las cifras oficiales. “Las víctimas eran sacadas de los rincones de sus casas, de debajo de la cama, de donde se escondieran”, recuerda un testigo de los hechos entrevistado por VerdadAbierta.com. “Luego los amarraban, los hacían desfilar por las calles como escarmiento y los mataban afuera del pueblo” Este testigo, al igual que otros, sostienen que a la mayoría de las víctimas la llevaban por la vía a la vereda Matupa, donde existían dos sitios de sacrificio: uno era el matadero municipal, y el otro, a unos cincuenta metros, un árbol a donde los ahorcaban o los fusilaban.
Por iniciativa de los defensores cívicos, desde el 13 de octubre 2006, cuando se cumplieron los 10 años del asesinato de Josué Giraldo, hicieron un primer recordatorio de las víctimas. Y otro el 3 de julio de 2008, en el vigésimo aniversario de la masacre de Caño Siabao, en El Castillo, Meta, donde fueron asesinadas 17 personas.*
La Defensoría del Pueblo del Meta también está empeñada en este propósito de no olvidar, con el proyecto Memorias Visibles, vigilias periódicas por las víctimas para que la gente del departamento las reconozca. Todas las organizaciones humanitarias salen constantemente a las plazas públicas, con las fotos de sus muertos y desaparecidos, para que quede constancia de lo que han sufrido, para protegerse de quienes no quieren dejar que cese la violencia.
*Desde esa época en estas jornadas contra el olvido, vienen participando la Mesa Humanitaria del Meta, Pastoral Social de Villavicencio, el proyecto Nunca Más, la Diócesis de Granada, la Mesa Meta-Llanos, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz y el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta.
Vea el especial “Las verdades del conflicto en los Llanos Orientales”
