El informe hace una recopilación sobre los tipos de agresiones que los grupos armados han causado en la comunidad LGTBI, pero también cuestiona el papel de la sociedad civil, marcado por la indiferencia y la estigmatización. Foto: CNMH/Rommel Rojas.Un gay peleando a puños contra otro sobre un ring mientras los habitantes de San Onofre miraban expectantes y los paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María, a cargo de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, y Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, disfrutaban con el ‘espectáculo’.

Esta escena que utilizó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe ¡Basta ya! en 2013 y que desde años antes había reconstruido el Grupo de Memoria Histórica es sólo la punta del iceberg de la violencia contra la población LGTBI. Y no sólo porque además de las peleas de boxeo también los obligaron a tener sexo entre ellos y a caminar desnudos durante casi tres horas para regresar al pueblo, sino porque esta violencia se expandió por el país de la mano de todos los actores armados y también de la sociedad.

Así queda evidenciado en el más reciente informe del CNMH, llamado ‘Aniquilar la diferencia’, el primero de esta institución sobre lo que ha sucedido con lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el conflicto colombiano.

Si bien los investigadores dedican capítulos enteros a los tipos de violencia que utilizaron y utilizan los paramilitares, las guerrillas, los grupos posdesmovilización y hasta la Fuerza Pública; aclaran que parte de la responsabilidad también es de los mismos civiles, esos compañeros de escuela, de trabajo, esos familiares o vecinos que pasan de largo lo que les ocurre a los LGBTI e incluso lo legitiman.

Haga clic en la portada para conocer más del informe.Y aunque esa violencia se permitía desde antes de que llegaran los grupos armados, los investigadores enfatizan que muchos se aprovechan del temor del conflicto para presionar.

“La memoria de estas víctimas del conflicto armado ha insistido en señalar esa conexión, y ha insistido también en que, si la comunidad, la escuela o la familia, e incluso, las instituciones religiosas tuvieran un accionar distinto, existiría la posibilidad de disminuir estas violencias […] así como sus consecuencias”, aclara el informe.

Mientras que los grupos armados legales y los ilegales quieren imponer lo que ellos consideran un “orden moral favorable” a sus intereses, valiéndose de todas las maneras posibles para hacer daño y de “una estrategia calculada para ‘limpiar’” o ‘corregir’ lo que les parece incómodo, como lo explica el Centro de Memoria.

Pero en un conflicto con más de 7 millones de víctimas no es fácil especificar cuándo alguien es perseguido y humillado sólo por sus gustos sexuales o su identidad de género; y cuándo a un homosexual o a un transgenerista lo desplazan, lo amenazan o lo matan como a las demás víctimas.

Al respecto, el informe aclara que en los casos donde la violencia no es por la tendencia sexual, las consecuencias sí son diferentes sólo por ser LGBTI. “Los hechos victimizantes contra personas que se apartan de la norma heterosexual no han sido acciones aisladas dentro del conflicto armado colombiano, sino que hacen parte de las lógicas de control y regulación de los cuerpos y la sexualidad en medio de la imposición de determinados órdenes morales”, explica el CNMH.

Y los investigadores hablan además de la “circularidad de las violencias” en esta comunidad, donde entran como en una cadena de hechos violentos que se siguen repitiendo.

Violencia de todos los colores

“A este soldado le bajaban los pantalones y le pasaban un pelotón dándole chancleta por la cola, que quedaban en sangre viva”, relato de una mujer trans que fue militar, sobre la violencia contra los LGBTI en el Ejército. Foto: CNMH/Rommel Rojas.Patadas, puños, escupitajos, orines, panfletos, llamadas amenazantes, desplazamientos, asesinatos con tortura y sevicia para enviar un mensaje, violación. Los grupos armados han usado todo este repertorio para acabar con lo que califican como diferente.

“En territorios donde la violencia heteronormativa se vuelve cotidiana, es difícil identificar si dichas victimizaciones proceden de los grupos armados o de personas de la misma comunidad”, apunta la investigación.

Precisamente para que deje de ser normal esa violencia, el informe reproduce algunos relatos de víctimas LGBTI que muestran, por ejemplo, cómo a las lesbianas y a los hombres transexuales los violan para “corregir” sus gustos con el pretexto de que no saben qué es acostarse con un “macho”. Y si se resisten las amenazan o las matan.

 “Ella prácticamente fue una muerte brutal, demasiada brutal, violarla, después de violarla, con cortauñas cortarle los dedos, pedacito a pedacito, y luego de ahí meterle un plátano popocho de esos gruesos por el ano y luego agarrarlo y aplastarle la cabeza, eso lo pasaron por El Extra, la muerte de ella fue horrible”

Sandra, mujer trans, 32 años, Tumaco.

Los combatientes también tienen sexo con hombres, a veces obligándolos, a veces con consentimiento, sin dejarse penetrar para no ‘perder la hombría’. A esos los llaman ‘cacorros’. Ellos u otros combatientes luego persiguen al homosexual con el que se acostaron porque les da vergüenza que eso se conozca.

En Caquetá, por ejemplo, los paramilitares torturaron y empalaron a un gay por mantener una relación sentimental con un guerrillero de las Farc.

“Se estacionaban todas las camionetas lujosas, todos los paramilitares se estacionaban en la vía, donde ellos mataban. Entonces nosotros en la noche íbamos para allá, había hombres divinos de toda clase (…). Nosotros llegábamos normal, vestidos de gays normales y decíamos un dicho que era:
— ¿Quién pidió pollo?
Y ellos [los paramilitares] preguntaban: — ¿Quién la chupa más sabroso?
—Si tú quieres ya
—Métele un tiro por el culo
—Ven dame con esa bala que tú ya tienes ahí metida.
Nosotros eso lo llevábamos a juego. Nos cogían, nos metían adentro de las camionetas o nos metíamos adentro del cementerio, hacíamos lo que hacíamos, con preservativo eso sí, nos cuidábamos y así lo hacíamos tres veces a la semana, nos pagaban”.

Martín, hombre gay, 43 años, Carmen de Bolívar.

Luego, en 2007, los homosexuales de ese municipio y otros más de Montes de María participaron en el primer reinado gay de la región. Las amenazas no se hicieron esperar. Un panfleto de las Águilas Negras amenazó a 15 personas por su condición sexual.

Otra estrategia de violencia es desde lo simbólico. Los grupos armados han obligado a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales y a los trans a vestirse de una manera diferente de la que quieren, a cambiar su modo de hablar, de caminar y hasta les han sellado lugares de rumba exclusivos de los LGBTI.

“Los hombrecitos estaban allá jugando fútbol, acá otros jugando voleibol y dentro del grupo de voleibol estaba mi primo, que pues obviamente ya la comunidad conocía su entorno, y llegaron estos señores, lo hacen arrodillar. Ya después de que está arrodillado con violencia, golpeándolo y demás, le hacen decir, como tres veces, que dijera que él era un hombre y tenía que decirlo con voz gruesa, que no fuese a hablar como él estaba acostumbrado. Obviamente por su temor a que le fueran a hacer algo, él lo hace. Eso para ellos fue motivo de burla, ellos se reían y se carcajeaban en medio de su machismo. Después de eso lo obligan a que se corte el cabello delante de todos nosotros. (…) Yo en esa época tendría como unos siete años. (…) él tenía como unos 16 o 17 años, más o menos (…). Le hicieron cortar el cabello, le pasaron unas tijeras y él mismo tenía que cortárselo y luego mandaron a un peluquero, porque estábamos cerca de una peluquería, para que el peluquero lo rapara”.

Jhonatan, persona gay, 23 años, Buenaventura.

Es cierto que no sólo a los homosexuales los torturan y los violan pero el Centro de Memoria estableció que estos casos tienen “unas características distintivas, unas formas de ensañamiento y ferocidad que revelan lo que piensan los armados sobre las personas a las que están agrediendo. […] Esta ferocidad y crueldad ha configurado unos repertorios de violencia que resultan reiterativos, como el apuñalamiento múltiple, el empalamiento, la exhibición pública del cuerpo torturado, la mutilación y desmembramiento de ciertas partes del cuerpo y las golpizas con bates y bolillos, entre otras”.

La persecución de los grupos armados

“Estando arrodillado lo golpean y le hacen decir que él era un hombre y tenía que decirlo con voz gruesa, que no fuese a hablar como él estaba acostumbrado”, en Buenaventura sobre la guerra contra los LGBTI. Foto: CNMH/Rommel Rojas.Según Pablo Bedoya, investigador del informe, si bien trabajaron durante año y medio en cuatro zonas del país (Antioquia, Nariño, Bolívar y Bogotá), a los talleres de memoria asistieron personas de muchos otros territorios que posibilitaron tener un panorama nacional de la violencia.

Así pudieron identificar, por ejemplo, que las guerrillas se caracterizan más por una amenaza individual y una agresión física a las personas LGBTI, mientras que los paramilitares y los grupos posdesmovilización se valen especialmente de las amenazas colectivas con panfletos y de las ‘limpiezas sociales’. Además, el CNMH recuerda que en algunos casos en esta última clase de asesinatos también han participado miembros del Ejército y de la Policía.

El informe incluye además los excesos en las batidas como una manera de violencia contra esta población en el conflicto y asegura “que disposiciones normativas como las que integran el Estatuto de 1978 buscaron ampliar los márgenes de la fuerza pública para la lucha contrainsurgente, sumado a la cotidianidad de las dinámicas de la guerra en los distintos territorios, han generado condiciones de posibilidad para graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra personas de los sectores LGBT”.

Pero la violencia no sólo ocurre con los civiles sino también dentro de sus filas. El CNMH no obtuvo mucha información de qué pasaba al interior de los grupos armados ilegales. Sobre las guerrillas, dice que son reacias a que los homosexuales sean combatientes pero sí los utilizan para manejar todo tipo de información. Y el que se niegue, o se va del pueblo o lo matan. En el informe se explica que las Farc han sido las más reticentes en cuanto a la vinculación armada de homosexuales mientras que el M-19 tenía un ‘comando rosa’.

Poco se dice sobre los paramilitares, y al respecto de la Fuerza Pública, el testimonio de una mujer trans que fue militar revela algunos mecanismos de tortura dentro del Ejército, como meter a las homosexuales en una horqueta de alambre o ‘el baño María’: “era un platón con agua y en otro platón había sal. A este soldado le bajaban los pantalones y le pasaban un pelotón dándole chancleta por la cola, que quedaban en sangre viva, después que le hacían este ritual comenzaba la banda de guerra a tocar y ahí le comenzaban: “Desfile la señorita, desfile la reina” y lo despedían con banda de guerra por todo el medio del batallón, este soldado le tocaba desfilar por dos hileras de soldados y lo sacaban”, relata Andrea en el informe, quien agrega que “ya hoy en día no es tanto, pero antes sí”.

Todos estos tipos de violencia han dejado consecuencias desde lo físico hasta lo que piensan de sí mismos pues muchos, en un acto de sobrevivencia, intentaron esconder quiénes eran o quiénes les gustaban sólo para no visibilizarse. Otros optaron por comportarse acrecentar sus comportamientos femeninos o masculinos, según sea el caso, para hacerse respetar.

Como hace con todos sus informes, al final Centro de Memoria Histórica realiza unas recomendaciones que, en este caso, insisten en que no es normal que a una persona la golpeen, la violen, la desplacen, la torturen o la maten por sus gustos sexuales o su identidad de género. Por eso, hace un llamado a abrir los ojos, a no hacer parte de ese círculo de violencia, ni legitimarlo. Todo sin olvidar que estas violencias todavía ocurren, día a día, y que es necesario reconocerlas en todas sus dimensiones.

“Esta guerra nos ha impedido amar”, concluye una víctima en el informe.

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En el Caribe se han registrado más de 300 víctimas, y Córdoba es el departamento en donde más ocurrieron crímenes contra personas LGBT, según la Unidad de Víctimas. Foto: archivo Semana.

A las personas LGBT que han sido víctimas de las Farc parece que se las tragó la tierra. Los jefes guerrilleros que están en La Habana no saben cuántas agredieron por su condición sexual, pese a que en algunas regiones del país fueron perseguidas, humilladas y asesinadas. Entre sus filas, la condición sexual también ha sido motivo de castigo y exclusión.

Mientras dos mujeres trans de Tiquisio y Achí, municipios del sur de Bolívar, denunciaron abusos sexuales por parte por guerrilleros del Frente 37, se conocían las historias de insurgentes lesbianas aisladas, humilladas y encerradas en una celda hasta que eran expulsadas de la organización subversiva. “Les decían que la homosexualidad faltaba a la disciplina de la guerrilla, por eso las castigaban”, lo mismo ocurría con los gays, según el director de la Corporación Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, que trabaja en pro de los derechos de esta comunidad.

“Ni siquiera el informe de la ‘Comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas’ hace mención a la violencia por intolerancia ni mucho menos a la violencia contra la población LGBT. El Centro de Memoria Histórica sólo reportó el caso del paramilitar ‘El Oso’ en Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre, en Sucre, cuando se secuestró a un grupo de gays para una fiesta del comandante paramilitar Cadena, quien los humilló en público”, afirma el director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín.

Los casos, poco a poco, se van revelando. En inmediaciones de la Serranía del Perijá, sur de La Guajira, también se han conocido casos de violencia sexual contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. “Miembros del Frente 59 los amenazaron y obligaban a salir del lugar en donde vivían”, cuenta Castañeda. Y en varios municipios de los departamentos de Meta y Caquetá, el grupo guerrillero obligó a sus habitantes a practicarse pruebas de VIH entre 1998 y 2002, según documentó la organización Amnistía Internacional.

Pero la exclusión de la victimización de la comunidad LGBT también es institucional. Un informe publicado recientemente por la Fundación Círculo de Estudios y el Ministerio de Justicia, sobre cómo las mujeres víctimas de abuso sexual durante el conflicto armado han sido atendidas y reparadas por el Estado, concluyó que el 94% de estas mujeres denunció su caso, pero los organismos de control no han sabido orientarlas ni tampoco fallado los procesos judiciales.

“La publicación, que se hace con base en la Ley 1719 de 2014 que también ampara a las personas LGBT, tampoco tiene en cuenta a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que han sufrido los abusos de los actores armados. Esa ley reconoce que la comunidad ha sido víctima de violencia sexual durante los últimos 50 años”, afirma Castañeda.

En Colombia hay 1.275 personas LGBT víctimas del conflicto armado; de esas, 82 han muerto, 172 han sido amenazadas y 930 son desplazadas, según registros de la Unidad de Víctimas.

“Las Farc, aunque se conoce poco, es uno de los actores responsables de estas cifras que podrían aumentar si los que no han denunciado se deciden por hacerlo”, asegura el director de Caribe Afirmativo, quien hizo parte del segundo grupo de expertos en temas de género que estuvo en La Habana, en la sede de los diálogos que adelanta el gobierno nacional con ese grupo guerrillero para buscarle una salida a 50 años de confrontación armada.

Seis solicitudes
En el encuentro, que se celebró a principios de febrero de este año, Castañeda presentó seis solicitudes ante los representantes negociadores del gobierno y la guerrilla. La primera petición es hacer una reforma a la Constitución en laque se prohíba discriminar por la orientación sexual y la identidad de género.

“No estamos convocando una Asamblea Nacional Constituyente”, asegura Castañeda. “Solo pedimos que se incluya un articulito que sea bastante claro en este tema, aunque los artículos 13 y 16 se refieran a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, respectivamente. Pero nos hemos encontrado con funcionarios como el procurador Alejandro Ordoñez, que aseguran que no hay nada en la Constitución que proteja a las personas LGBT”.

En la segunda petición, Caribe Afirmativo solicitó a las Farc y al gobierno que reconozcan que han afectado a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por discriminación o cualquier otra agresión homofóbica. En la tercera, pidió garantías para que luego de que se firme el acuerdo de paz no se repitan estas historias.  

En la cuarta solicitud, Castañeda reclamó que la Reforma Rural Integral (punto 1 de La Habana, ya con acuerdo parcial) sea completa, sobre todo en derechos. “El campo no solo se reforma generando incentivos para que el campesino siembre. El campo se reforma cuando usted está invirtiendo en el talento de su gente. Necesitamos que el campo aprenda a convivir con el campesino LGBT, para que no se reproduzca en el campo conductas machistas y patriarcales”, asegura esta activista.

Por su parte, Albarracín, quien también acudió a la cita en La Habana, planteó que el campo y las áreas rurales en Colombia deben transformarse estructuralmente: “Compartimos la idea expuesta en el acuerdo de tierras que dice que el territorio rural debe ser ‘un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural’ donde se promueva la igualdad, se aseguren los derechos y se erradique la violencia”.

La quinta solicitud tiene que ver con los homicidios a homosexuales que ha cometido la guerrilla. “Queremos saber de cuáles son responsables”, reitera Castañeda. En este punto también se consignó la petición de que el acuerdo de paz debe tener “un enfoque de género, un lenguaje diferencial”.

Y la sexta solicitud estuvo dirigida a plantear una reparación integral a las personas LGBT en la que haya gestos colectivos y simbólicos. “No nos sirve únicamente el chequecito, aunque se necesita. Queremos que el gobierno acepte públicamente que nos han afectado por ser gays, lesbianas, bisexuales y transexuales,  y nos pidan perdón. Eso, sin duda, va a empezar a enviar un mensaje”. Pero esta propuesta va más allá, porque también se solicitará que el proceso de paz garantice el matrimonio igualitario y la adopción.  “Si el postconflicto es restituir derechos negados, otórguenos los que siempre nos han negado”, concluye Castañeda.

Una comisión conformada por seis miembros de las Farc y seis del gobierno estudian las solicitudes que cuentan con el respaldo de Colombia Diversa. Ellos se han comprometido, según el director de Caribe Afirmativo, a hacer algunos ajustes a los acuerdos que se están firmando en La Habana.

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Las mujeres del Cauca denuncian los casos de violencia sexual.Los pueblos del norte del Cauca deslumbran por sus paisajes, pero esa belleza andina ha escondido por años la más silenciada historia de la guerra paramilitar: el abuso sexual de decenas de mujeres campesinas. En uno de esos pueblos*, y durante cuatro años, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Hébert Veloza, alias ‘HH,’ impusieron su dominio, no solo asesinatos y desplazando a la gente a la fuerza, sino violentando a muchas mujeres. Ninguna autoridad tiene el número exacto.

En esa localidad, un día de finales de 2000, todos bailaban y festejaban en comunidad la graduación de los estudiantes, cuando a las seis de la tarde un grupo de hombres fornidos, portando armas enormes que nunca habían visto y vistiendo prendas militares les hicieron apagar la música. “Nos gritaron que venían a sacar a la guerrilla, a limpiar la vereda”, cuenta Milena Martínez*. A ella, como a los demás le cuesta trabajo recordar esa época terrible, pero haciendo un esfuerzo, cuanta que luego salió huyendo, y sólo hasta hace poco se ha animado a regresar.

Los hombres que llegaron a este caserío portaban brazaletes con la sigla Auc y de acuerdo con las investigaciones realizadas por Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, por lo menos 54 hombres de esa facción armada fueron entrenados en fincas de los hermanos Vicente y Carlos Castaño en la región del Urabá antes de ser enviados al Valle del Cauca.

Esos hombres preparados para la guerra, había arribado a la región, en las montañas del municipio de Tuluá a finales de los años noventa. Primero estuvieron bajo el mando de Antonio Londoño, alias ‘Rafa Putumayo’; luego de David Hernández, alias ‘39’; y, finalmente, de Hébert Veloza, alias ‘HH’. Eran apenas una célula del Bloque Calima, cuyos ejércitos llegaron a alcanzar en 2004, los dos mil hombres, esparcidos por el Valle y el Cauca. (Ver El recorrido sangriento del Bloque Calima por el Cauca).

En mayo de 2000 bajaron hasta el norte del Cauca haciéndose llamar Frente Farallones de las Auc y buena parte de ellos fueron los que interrumpieron la fiesta de grados y los que durante los siguientes cuatro años instalaron retenes, impusieron horarios para salir y entrar al pueblo, controlaron el ingreso de los alimentos y se tomaron la escuela para convertirla en una base de entrenamiento militar. Entre 2000 y 2004 los niños dejaron de estudiar porque en lugar de pupitres y cuadernos había material de guerra.

Nadie entendía por qué “esos hombres”, a quienes aún hoy la gente no quiere llamarlos paramilitares por miedo, se tomaron el pueblo. “Antes de que llegaran vivíamos como pobres, pero como pobres que teníamos con qué comer. Después, todo fue una pesadilla”, cuenta Rosalía Márquez*, quien habla en voz baja “porque acá hasta los árboles escuchan”. Los paramilitares arremetieron con el pretexto de combatir a la guerrilla, pero varios habitantes sostienen que lo que en realidad buscaban era quedarse con el dominio del narcotráfico.

“Ellos comentaban que habían llegado primero al Valle con una misión: liberar a las personas secuestradas durante un oficio religioso en la Iglesia La María”, cuenta María el Carmen Pérez*, otra habitante de la zona, haciendo referencia al hecho ocurrido el 30 de mayo de 1999 en las afueras de Cali, cuando fueron secuestrados por el Eln por lo menos 289 feligreses que salían de misa. “Después, lo que les interesaba era controlar el negocio de la droga en el Pacífico”.

Por confesiones de desmovilizados, la Unidad de Justicia y Paz tiene dos versiones: que los paramilitares del Frente Farallones llegaron financiados con el apoyo del narcotraficante Francisco Javier Zuluga, alias ‘Gordolindo’, o que contaron con el apoyo económico y logístico de terratenientes y grandes industrias que estaban cansadas del asedio de la guerrilla. Hasta el momento, no se ha establecido con claridad esta circunstancia.

Vivir con el estigma
Los paramilitares abusaron sexualmente de decenas de mujeres del citado pueblo. Cuando recién llegaron a finales del año 2000 comenzaron a sobrepasarse con algunas mujeres que estaban en la fiesta de grados pero nadie les dijo nada al verles los fusiles que cargaban. Con el paso de los días, unos de los hombres se llevaron a las que quisieron para abusar de ellas. A Mariela Suárez, por ejemplo, le dijeron que si no accedía le mataban al esposo y los niños.

Estos abusos ocurrían a cualquier hora y día. Milena Martínez, por ejemplo, estaba trabajando en la huerta, muy temprano en la mañana, cuando un grupos de paramilitares la atacó. Luego de abusar de ella, la dejaron ahí, humillada, con su vida hecha trizas.

En cualquier momento se las llevaban de la casa, del campo o incluso de sitios públicos. Los paramilitares hacían patrullajes y cada vez que se les antojaba entraban a las casas por sus nuevas víctimas. A otras las volvieron sus esclavas. Además de obligarlas a limpiarles la ropa y prepararles comida, les decían que tenían que tener relaciones sexuales con ellos. “Cada quien ve la guerra como la vivió y por supervivencia accedimos”, dice María del Carmen Pérez.

Como era una práctica frecuente de los paramilitares, ser mujer era la peor pesadilla para las habitantes de este pueblo. Por eso muchas se desplazaron al poco tiempo de enterarse de lo que sucedía. Todos sabían pero nadie se atrevía a denunciar. Los paramilitares abusaron además de algunas niñas.

Hasta diez años se han demorado las mujeres en contar estas historias dolorosas de humillación. Ahora Milena y las demás se animaron a relatarla, a pesar de todo. Omiten la palabra “paramilitar” porque se les quiebra el alma. Muchas de ellas, casi todas, han llevado la tragedia en silencio porque “este pueblo es sumamente ignorante y machista”, dice Mariela Suárez*.

Por rumores, sus vecinos se enteraron que había sido abusada sexualmente por los paramilitares del Bloque Calima y cada vez que quieren ofenderla “no falta el hombre que me grita groserías en la calle o me dice: de qué te las picas si fuiste mujer de un paraco”. Más doloroso es cuando otras mujeres, que se salvaron del crimen las señalan o hasta se burlan de ellas.

En el pueblo han corrido rumores que las estigmatizan: inventan que portan el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), dicen que ellas se les insinuaron a los paramilitares, que son culpables de lo que les ocurrió. A muchas de ellas, las abandonaron sus esposos y ahora sus hijos, algunos de ellos adolescentes, creen que sus papás no volvieron por una supuesta infidelidad de la madre.

“Quisiera es morirme. Como botármele a un camión. Porque uno de mis hijos me acusa, me dice que el papá se fue por culpa mía. Yo no sé cómo hacer para que entienda la verdad, lo difícil que ha sido salir adelante”, dice Suárez. Los hombres que se enteraron que sus esposas fueron abusadas las dejaron para no sufrir con ellas la vergüenza, formaron otros hogares y no volvieron a responder por sus familias originales.

La situación es también compleja para las mujeres que tras el abuso sexual quedaron embarazadas. Los niños tienen hoy entre 10 y 14 años y durante la última década les han preguntado quiénes son sus papás. Ellas no responden o les inventan alguna historia para no tener que recordar su trágico pasado. “A las mujeres abusadas nos tratan como ‘desechables’. No sé de dónde he sacado fuerzas. Esto es una cruz que se lleva por dentro”, dice Milena Martínez.

Esto explica por qué todas han guardado silencio por una década. Algunas ni siquiera le han contado a su familia: “Esto es un secreto que me llevo a la tumba. A uno le da miedo no sólo que lo señalen sino que lo abandonen”, reitera Martínez. Cuando fueron abusadas la mayoría se desplazó y buscó cómo sobrevivir en Cali como empleadas domésticas. Mariela Suárez, por ejemplo, era una niña de 13 años cuando huyó y terminó barriendo y cocinando en casas ajenas.

Rosalía Márquez considera que por razones de supervivencia unos resistieron y los otros se desplazaron. Mientras en 1999 del municipio salieron expulsadas 35 personas; durante los siguientes dos años lo hicieron casi 8 mil según el antiguo Registro Único de Población Desplazada.

Esta mujer explica que los paramilitares tuvieron tres momentos en la vereda: “Al principio sembraron el terror e impusieron sus reglas; luego, hubo una etapa en que quisieron insertarse en la comunidad; después, comenzaron a quitarle a la gente, a robarla y a someterla”. A las mujeres del pueblo las ponían a cocinarles y lavarles la ropa; las consideraban como esclavas.

Las mujeres que fueron abusadas entre 2000 y 2004 retornaron sólo cuando se enteraron que el grupo se desmovilizó; otras iban y venían a la vereda después de más de dos horas de recorrido desde Cali para saber sobre la suerte de los hijos que habían dejado al cuidado de familiares.

Hasta ahora sólo 25 de ellas han decidido contar lo que les sucedió. La primera institución que se acercó fue la Defensoría del Pueblo, que en febrero de 2013 les tomó las primeras declaraciones. Cuando avanzaba el juicio contra alias ‘HH’, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía las buscó. Más tarde también lo hizo la Unidad de Víctimas, la entidad creada por la Ley de Víctimas que busca reparar a las personas afectadas por el conflicto.

La reparación
El proceso para que más mujeres denuncien ha sido complejo. Rosalía Márquez cuenta que ha conversado con muchas vecinas que sufrieron su misma tragedia, pero el miedo no las deja. Entre ellas no se han contado sus historias, respetan sus silencios y lo que hacen como grupo es mantenerse informadas sobre cuándo hay nuevas audiencias en Justicia y Paz, talleres de atención psicológica o acompañamiento de la Unidad de Víctimas.

En mayo de 2014, una de ellas participó en una audiencia que se realizó en el Tribunal Superior de Bogotá con retransmisión por videoconferencia a Popayán. Ese día, la víctima, en representación de las mujeres de su pueblo, les pidió a las magistradas verdad, justicia y reparación porque consideran que ni alias ‘HH’ ni los 41 paramilitares que afrontan un juicio por diversos delitos no han querido reconocer este crimen de lesa humanidad (Ver ¿Qué piden las víctimas de las Auc en Cauca?)

“Fuimos a otra audiencia en Cali y ninguno de ellos aceptó los abusos contra las mujeres. Cuando leyeron públicamente los casos fue muy doloroso. Yo no aguanté y me salí del auditorio”, recuerda Mariela Suárez.

Con los testimonios, la Fiscalía insistió en la responsabilidad que tenía el grupo paramilitar. Sólo alias ‘HH’, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009 por cargos de narcotráfico, aceptó los abusos sexuales por “línea de mando”, lo que en la jerga judicial significa que asume la responsabilidad por habersido el jefe del Bloque Calima. La Fiscalía 18 de la Unidad de Justicia y Paz que ha investigado estos casos espera que haya un fallo condenatorio en septiembre de 2014.

Y aunque para las mujeres no ha habido verdad porque ninguno de sus victimarios directos quiso reconocer la tragedia, esperan que por lo menos el fallo ordene la elaboración de una publicación o desarrolle un acto simbólico que le cuente la historia de su pueblo y restablezca el buen nombre y dignidad de las mujeres que durante estos años han sido estigmatizadas y humilladas. También esperan que el gobierno les conceda un terruño, pues la mayoría son pobres pues su dolor, sumado al desplazamiento, les arrebató los mejores años productivos.

“Soy mamá y papá a la vez. He trabajado como jornalera arrancando yuca para levantar a mis hijos. Hay noches en que sólo tengo aguadulce para que coman”, cuenta Milena Martínez.

María Eugenia Morales, directora de Reparación de la Unidad de Víctimas, le contó a VerdadAbierta.com que trece de estas mujeres están en la base de datos del Registro Único de Víctimas y que han recibido el apoyo de su entidad: “Con acompañamiento psicológico hemos logrado que declaren y las hemos orientado para que sigan la ruta de reparación individual”. Algunas ya han recibido las indemnizaciones económicas que contempla la Ley.

Pero a Rosalía Márquez le preocupa que no haya una suficiente orientación y que en pocos meses las mujeres, por ejemplo, compren una moto para ponerla a rentar al ‘mototaxismo’ en lugar de invertir en un proyecto propio para progresar. La Directora de Reparación explica que la Unidad ofrece talleres de educación financiera y orienta a las víctimas para que desarrollen sus proyectos con el apalancamiento de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Lo complejo en este tipo de casos es el subregistro que sigue habiendo de la violencia sexual en el conflicto en todo el país. “El mayor número de víctimas está concentrado en doce departamentos, es decir, casi el 50 por ciento del territorio. Las mujeres no hablan de lo que les sucedió y ha sido un proceso que ellas confíen en las instituciones”, cuenta la funcionaria. La Unidad ha registrado por lo menos 200 casos de violencia sexual en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesar, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca.

Milena, Rosalía, María del Carmen y Mariela aseguran que denunciar sus casos las ha ayudado a superar en parte el dolor. “Esto es algo que nunca se borra, pero yo considero que con el tiempo he vuelto a sonreír. Vivía amargada y a los hombres los miraba con rabia, con odio, me daban miedo. Esto es difícil, pero aquí vamos”, dice Mariela.

Pero no todas de ellas han podido dar el paso de Mariela. María del Carmen cuenta que sigue teniendo pesadillas y cada vez que escucha ladrar se esconde debajo de la cama. Su mente asocia ese sonido a la llegada de los paramilitares. Un hijo de Milena dice que guarda rencor y que algún día se vengará; su mamá le ha explicado muchas veces que la violencia no lleva a nada. Una hija de María del Carmen, por ejemplo, se tapa involuntariamente los oídos cada vez que ve en la televisión a un grupo armado. Siente como si le fueran a disparar.

Es por eso que todas le piden al gobierno que no las olviden. Necesitan apoyo. Sobre todo, porque tienen hijos que han cargado con el flagelo de una guerra ajena y porque ellos todavía no comprenden qué pasó en este pueblo donde la verdad ha estado callada por años.

*Los nombres de las mujeres fueron cambiados por haber sido víctimas de violencia sexual. Los datos de la vereda y el municipio se omitieron a petición de las entrevistadas.

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Además de ser reclutados para la guerra, los menores de edad también son víctimas de abuso sexual. Foto: archivo Semana.En Colombia, 48 mil 915 niños menores de quince años fueron abusados sexualmente entre 2008 y 2012 por actores armados. Este es el cálculo  preliminar que hace el informe ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños!, realizado por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ong británica Oxfam, que trabajan en la campaña Violaciones y otras violencias: Saquen de mi cuerpo de la guerra.

De esta impresionante cifra, el informe proyecta que 27 menores siguen siendo violentados cada día en el país durante el desarrollo actual del conflicto armado.

Según el informe, se trata de un primer diagnóstico basado en datos oficiales y entrevistas en terreno. La investigación encontró, además, que este drama ha golpeado a 1070 municipios de los 1130 del país. Los departamentos donde se han registrados más violaciones han sido Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Santander. De las ciudades capitales, Bogotá tiene las cifras más alarmantes.

El reporte señala que durante el proceso de búsqueda de datos encontraron que no existe un estudio completo que mida la magnitud precisa de la violencia sexual contra menores; primero, porque la información está dispersa en diversas instituciones y segundo, porque debido  las condiciones geográficas muchas víctimas no tienen acceso a los entes del gobierno para denunciar.

Para las organizaciones, esto preocupa en la región Amazónica, donde la militarización, los cultivos de uso ilícito, la presencia de actores armados ilegales y la proliferación de la prostitución a partir de la instalación de petroleras, “ha evidenciado prácticas recurrentes de violencia sexual que a pesar de haber sido abiertamente denunciadas por la sociedad civil y la comunidad internacional no han sido registradas”.

A partir del trabajo de campo, el estudio revela que las víctimas no son solo menores y adolescentes mujeres sino también hombres. Por ejemplo, en 2012 se calcula que 13 mil 230 niños fueron víctimas de violencia sexual por actores armados, de los cuales “2 mil 412 son niños y 10 mil 818 niñas”, señala el documento.

Otras de las advertencias del estudio apunta a que “no existe una única violencia sexual”. Los hechos son distintos según los actores que están en cada zona y los intereses que hay sobre el territorio. Pero lo más grave, indica el informe, es que en varias regiones golpeadas por el conflicto algunos pobladores han aceptado este tipo de violencia. “El impacto histórico del conflicto armado en las comunidades colombianas ha generado la normalización, aceptación de las violencias”, dice el informe.

Aunque el informeaclara que el estudio es una aproximación de la tragedia de la violencia sexual, esperan que las recomendaciones sirvan para hacer más visible este silencioso crimen y que se avance en la revisión y consolidación de los sistemas de registro de víctimas (Lea el estudio aquí).

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Si tiene dificultades para acceder al contenido, por favor actualice su navegador de Internet o use otro. Fotos: archivo Semana; foto de la mujer, tomada de Amnistía Internacional.

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Carmen* apenas tenía 14 años cuando llegaron al pueblo los primeros hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Ella no comprendía la diferencia que existía entre un soldado, un guerrillero y un paramilitar, pues todos vestían igual. En su inocencia de niña, acostumbrada a la vida campesina de su familia, a sus recorridos todas las tardes por la cancha y las calles de su pueblo, no tenía la experiencia para desviar las miradas incisivas de los paramilitares que al verla pasar le lanzaban frases subidas de tono.

Era septiembre de 1998 cuando llegó por primera vez al corregimiento de La Mesa, a 25 minutos de Valledupar y poco menos del Batallón de Artillería La Popa, David Hernández, alias ‘39’, comandante del frente Mártires del Cesar, quien por encargo del mismo Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, tenía la tarea de limpiar de guerrilla la zona de La Mesa Azúcar Buena, una extensa región que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Lo primero que dijo 39 cuando vino a La Mesa fue que iba a poner orden, que cualquiera que se saliera de la línea debía atenerse a las consecuencias y el marido que se portara mal con su mujer y la mujer que se le viera en malos pasos, serían castigados”. Así lo recuerda uno de los hombres que estuvo en esa primera reunión a la que los obligaron a asistir y que se realizó en el colegio del pequeño caserío.

Carmen, ajena a todas esas advertencias y a los fines del grupo armado que había llegado, siguió su acostumbrada rutina de pasear por el pueblo. A finales de 1998 ella fue abordada por un hombre de las Auc, quien le dijo que el comandante ‘39’ la había mandado a buscar. Ella se fue con él a una cita a ciegas, que al final terminó siendo una trampa. “El abuso de mí y me dijo que no podía decírselo a nadie, que si le contaba a mi mamá o a mi papá, o algún otro miembros de los paramilitares, me mataba. Por eso me quedé callada y no se lo dije a nadie”.

Ahí terminaron los paseos de Carmen, quien se volvió más callada, pero a la vez más realista. “El pueblo cambió. Ya no era igual. Mataron a varias personas de La Mesa y ya ellos vivían ahí. Controlaban todo”, cuenta esta joven que hoy tiene 29 años, quien ha tratado de recuperar su vida, pues después aquella noche que fue abusada, fue buscada una y otra vez por su victimario sin poder hacer nada.

“Un día él me dijo que había otros muchachos que también tenían sus necesidades y que si yo quería podía ganarme una platica. Me dijo que si yo quería, él me hacía las citas y me pagaban por acostarme con ellos”. Así terminó Carmen, prostituyéndose, al igual que otras muchachas del pueblo. No acabó sus estudios y comenzó una vida desordenada, de la que aún se arrepiente: “Si ese hombre no me hubiera violado esa noche, yo no habría entrado en esa vida, pues yo quería estudiar y ayudar a mi familia”.

VerdadAbierta.com visitó el corregimiento de La Mesa y los hombres mayores aseguran que allí no hubo abuso sexual contra las jóvenes porque el mismo ‘39’ advirtió que sus hombres no podían meterse con las jóvenes del pueblo.

Lo que no saben estos lugareños es que muchas adolescentes, incluso mujeres casadas, debieron quedarse calladas por la intimidación de las armas. Ellas debían ir hasta El Mamón, un sitio más arriba de La Mesa, cada vez que un paramilitar con cierto rango las mandaba a llamar, petición a la que no podía negarse porque las amenazaban con matar a sus familiares.

Muy pocas han denunciado estos delitos y los paramilitares del Frente Mártires del Cesar tampoco los han confesado. En La Mesa las víctimas de diferentes delitos apenas van a comenzar a contar lo que les ocurrió.

Historia de una víctima en Astrea
Diana* es una mujer que fue víctima de violencia sexual ejercida por grupos paramilitares que operaron en el municipio de Astrea, Cesar. Después de muchos años de ocurrido el caso, ella se llenó de valor y acudió a la Organización Víctimas Emprendedoras del municipio de Codazzi, a donde se fue a vivir para rehacer su día. El siguiente es su relato.

“Vivíamos en una vereda en Astrea, en el año 2002, cuando llegaron unos paramilitares. Yo me encontraba con mi mamá y mis dos hermanos. A mi mamá la golpearon y la obligaron a estar con ellos, la violaron, y a mi hermanito de 12 años lo tenían agarrado dos paramilitares y otros me sujetaron a mí. Cuando ellos empezaron a quitarme la ropa a la fuerza, mi hermano mordió a uno de ellos y el tipo lo pateó y otro lo mató de un tiro en la cabeza. Mi mamá empezó a forcejear con ellos y le dieron varios garrotazos hasta que uno de los paramilitares dijo que ya estaba muerta, mientras tanto, ellos continuaban abusando sexualmente de mí.

Mi otro hermano de ocho años estaba escondido y logró huir a una parcela vecina. Los paramilitares me golpearon tan fuerte que perdí el conocimiento, cuando desperté ya se habían ido y al llegar mi hermano junto con otras personas, se dieron cuenta que mi madre aún estaba con vida. La comunidad hizo un hueco en el patio de la casa y enterraron a mi hermanito y sacaron a mi mamá, a mi otro hermano y a mí hacia Astrea, llamaron a unos familiares a Codazzi y nos trasladaron hasta el hospital de allá, donde mi madre falleció. A mí me llevaron al hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, donde los médicos decían que no me aseguraban la vida porque había perdido mucha sangre.

Mientras yo estaba hospitalizada, hacían el velorio de mi madre en Codazzi y hasta allá llegaron los paramilitares y se llevaron a mi hermano de ocho años, quien nunca apareció, y le dijeron a las personas que allí se encontraban que el día que yo denunciara me mataban, si era que yo sobrevivía. Lo peor ocurrió cuando mi padre que se encontraba conmigo en el hospital de Valledupar, se enteró de lo que le pasó en el velorio de mi mamá. Se volvió como loco y tomó la triste decisión de salir a buscar a mi hermano en la trocha de Verdecía. Días después apareció muerto.

Cuando salí del hospital me refugié donde una prima hermana que ha sido como una madre para mí, pero no volví a hablar por mucho tiempo. Tuve problemas de lenguaje, no me gustaba hablar con nadie, hasta que un día mi prima conoció a la señora de la Organización de Víctimas y me llevó a que hablara con ella, lo primero que me dijo fue que no tuviera miedo que no estaba sola, que ella me podía ayudar y fue así como apenas este año denuncié todo lo que nos sucedió”. En esta Organización más de 30 mujeres se han unido alrededor de los crueles recuerdos de la guerra y temen denunciar sus casos porque aseguran que sus victimarios andan suelto y cerca de ellas.

Las victimas del frente ‘Juan Andrés Álvarez’
En la zona minera del Cesar, donde tenía dominio el Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc ocurrieron cientos de casos de abusos sexuales contra las mujeres, pero pocos han sido denunciados, pues las víctimas consideran que “ya todo pasó”, y mucho menos son confesados por los ex paramilitares.

Una de las víctimas contó su historia a VerdadAbierta.com con el compromiso de no revelar su identidad. Su tragedia comenzó el 14 de enero de 2000 en la finca Macondo, trocha de Verdecía, municipio de Codazzi. La afectada relató lo ocurrido.

“Yo me encontraba viviendo con mi compañero en la finca Macondo, pues ese era el sitio de trabajo de mi marido. Tenía tres meses de embarazo y cada 15 días me tocaba salir de compras al pueblo (Codazzi). En una de esas salidas, de regreso para la finca tomé un carro como de costumbre y desafortunadamente el carro se varó a pocos kilómetros de la finca, así que me tocó dejar las compras guardadas en un potrero para ir por mi marido para que él las viniera a buscar.

Cuandoiba llagando a la finca cerca al portón me agarraron tres paramilitares y me obligaron a caminar por largo rato hasta llegar a un lugar lejos de la casa de la finca, me maltrataron, me taparon la boca, me decían palabras groseras como “perra hp” y los tres abusaron de mí.

Escuché varias veces mencionar que a uno de ellos le decían ‘El Zángano’. En ese momento, ellos me pegaban fuerte y me repitieron varias veces: “como hables te mueres y a tu marido lo vamos a dejar estampado en la pared”.

Desde ese momento empezaron las humillaciones más grandes de mi vida. Ellos me acercaron hasta un caño cercano a la casa, ahí me dejaron tirada. Me lavé mis partes genitales, trate de fingir para que mi marido no se diera cuenta de lo que me había pasado y  al llegar a la finca él me insistía en que le dijera por qué estaba así arrastrada y con moretones en los brazos y piernas y yo le dije que nos habíamos accidentado y que las compras estaban a un lado de la carretera escondidas en un monte.

Pero esa misma noche el grupo paramilitar llegó a la finca y se quedó supuestamente por órdenes del dueño de la finca, eran más de 600 hombres. Me tocaba atenderlos, ellos se burlaban de mí y en cualquier oportunidad que tenían me decían que el día que hablara de lo sucedido me arrancarían la lengua.

Así dure alrededor de seis meses, ya no tenía vida íntima con mi marido por lo cual me reclamaba y yo no sabía qué decirle, así que tomé la decisión de dejarlo e irme para Codazzi. Tuve una fuerte discusión con él porque me decía que en ese pueblo no había trabajo y que no iba a dejar el que tenía por caprichos míos.

Ese día que discutíamos estaba en la finca alias ‘El Zángano’, se metió en la discusión y preguntó qué pasaba. Mi marido le respondió que yo lo quería dejar porque no quería estar más en el monte, entonces ‘El Zángano’ le dijo: “déjala que se largue, mujeres hay muchas”. Al llegar al pueblo me refugié en la casa de un señor mayor de edad que desde hacía mucho tiempo me había ofrecido su casa ya que el permanecía en el campo.

A los pocos días de estar en Codazzi perdí la memoria, se me adelantó el parto, tuvieron que hacerme una cesárea que se complicó y los médicos decían que podía morir en cualquier momento, pero lograron salvarme la vida y hoy en día tengo problemas de hipertensión, tengo pesadillas y mi hijo tiene problemas psicológicos. Nunca más volví con el padre de mi hijo.

Al año de haber tenido a mi niño logré recuperar la memoria gracias a unos talleres a los que asistía con frecuencia para ayudar a mi bebé porque a él también le dan muchas pesadillas. Ya mi hijo tiene 12 años y en las pesadillas lo que ve es guerra, que matan mucha gente y despierta llorando. Nunca me  atreví a denunciar este hecho hasta hace poco tiempo”.

* Nombres cambiados por razones de seguridad

En los municipios de La Mesa y Astrea, Cesar, los paramilitares fueron inclementes con las mujeres. Muy pocas han confesado los maltratos y sus victimarios se niegan a confesar.

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A Consuelo* la vida le cambió una tarde de agosto de 2002, cuando a su finca, ubicada en zona rural del departamento de Boyacá, ingresó un grupo de paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Ni las súplicas ni el llanto desgarrador de su madre, quien se encontraba en la casa en ese momento, pudieron evitar que el comando armado se la llevara a la fuerza con rumbo al departamento de Cundinamarca, hasta donde este grupo paramilitar había extendido sus operaciones por órdenes del entonces comandante de las Auc, Carlos Castaño Gil.

Paraaquel entonces la joven aún no había alcanzado la mayoría de edad. Pero ello no fue impedimento para que alias ‘César’,  jefe de las tropas en la zona, la obligara a cocinarle a los paramilitares, lavar sus uniformes y su material de intendencia, empuñara un fusil, aprendiera a manejarlo y participara en los operativos destinados a “combatir al enemigo”.

Las obligaciones de Consuelo se extendieron al campo de la intimidad. Valiéndose de su posición de poder, alias ‘César’ la convirtió en su esclava doméstica y sexual. De esta convivencia forzada nació un niño, que el propio ‘César’ se encargó de llevarlo al municipio de Arboletes, Urabá antioqueño. La joven, por su parte, fue trasladada al Urabá chocoano, donde terminaría desmovilizándose como integrante del Élmer Cárdenas el 15 de agosto de 2006.

Años después, esta joven decidió contarle su historia a la justicia y hoy hace parte de los 14 casos de violencia basada en género que la Fiscalía 48 Delegada ante Justicia y Paz le imputó a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien fuera máximo comandante de esta estructura paramilitar que operó en amplias zonas del norte del Urabá antioqueño y chocoano, así como en Boyacá y Cundinamarca.

Se trata de los primeros hechos de violencia sexual que se le imputan a este exjefe paramilitar, a quien también se le responsabilizó de 915 casos de desplazamiento forzado, 55 desapariciones forzadas y 12 casos de reclutamientos forzados.

Pocos registros
De acuerdo con este despacho, la falta de denuncias por parte de víctimas directas, que en muchos casos prefieren ocultar sus historias por miedo o pudor, sumado a las pocas confesiones  sobre violencia sexual hechas por los postulados de este bloque a los beneficios de Justicia y Paz, han impedido documentar muchos más casos de este delito, priorizado en este proceso de justicia transicional junto con el desplazamiento, la desaparición forzada, el homicidio y el reclutamiento forzado.

Con todo y ello, los investigadores judiciales señalaron que el estudio de los 14 casos imputados a Rendón Herrera permite concluir que si bien no era parte de la política del Bloque ejercer violencia sexual contra las mujeres en los territorios donde hicieron presencia, muchos de sus miembros, valiéndose de la posición de poder que les confería portar un arma, vestir camuflado y ser autoridad, cometieron toda clase de vejámenes y ultrajes contra la población femenina.

“Efectivamente, dentro de los estatutos del Bloque no aparece ninguna referencia de recurrir a la violencia sexual en los territorios donde se asentara la estructura paramilitar, pero tampoco aparece una línea donde se le imponga un castigo al miembro del Élmer Cárdenas que incurriera en esta práctica. De hecho, se conocen solo dos casos de ajusticiamiento de integrantes de este bloque que incurrieron en delitos sexuales: uno en Juradó (Chocó) y otro en Dabeiba (Antioquia)”, reveló el titular de este despachó.

Según lo mencionado por el funcionario judicial, “entre las motivaciones para cometer este ilícito se encontraron, entre otras, la presunta vinculación con el bando contrario y, en un porcentaje aún mayor, el abuso por cuenta del estatus de poder que ostentaban los miembros de la organización en sus zonas de injerencia”. Asimismo, el fiscal agregó que varios de los casos recopilados, cometidos en su gran mayoría en el departamento del Chocó, conllevan además otros delitos como el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado y el homicidio.

Tal es el caso de Verónica*, víctima de reclutamiento forzado y acoso sexual. Su historia se remonta al mes de junio de 2003. Cansada del maltrato de su padrastro, la joven, que para ese entonces no llegaba a los 16 años, decidió refugiarse en casa de una amiga, en zona rural del municipio de Riosucio, Chocó.

Semanas después conocería a un miembro del Bloque Élmer Cárdenas,que para esos años tenía un fuerte dominio del Bajo Atrato Chocoano, quien terminaría invitándola a unirse a las filas del paramilitarismo. Una vez en el campamento recibió entrenamiento militar y le fueron encomendadas tareas de patrullaje. Pero también debió soportar maltratos físicos y un fuerte acoso sexual, dada su condición de mujer.  

Sus negativas a las pretensiones masculinas eran castigadas con más trabajo, más maltrato físico, más insultos. Hasta que un día fue violentada sexualmente por uno de sus comandantes. La joven hizo parte de esta estructura paramilitar hasta septiembre de 2004, cuando fue enviada a su lugar de origen por orden de sus superiores. Según le relató a la Fiscalía, en su memoria aún permanece vivo el recuerdo del maltrato y el acoso del que fue objeto mientras integró las huestes paramilitares.

Ejercicio de poder
Otro de los casos que evidencia el abuso de poder en el que incurrieron los paramilitares bajo el mando de ‘El Alemán’, es el de Doris*.  Una noche de mediados de mayo de 1997, la mujer se encontraba en una de las tiendas del casco urbano del municipio de Acandí, Chocó. Estando allí fue abordada por un reconocido paramilitar conocido con el alias de ‘Serrucho’, quien le dio un ultimátum: si no se presentaba al otro día en una casa en la playa que servía de base a los paramilitares su hermano sería asesinado.

Sin más opciones, la mujer acudió  a la cita, sabiendo lo que le esperaba. Además del ultraje del que fue víctima, alias ‘Serrucho’ la amenazó de muerte si llegaba a denunciar el hecho. La situación se repetiría durante los tres meses siguientes. Doris quedó en embarazo pero fue obligada a abortar al cuarto mes de gestación por orden del paramilitar.

En otros casos, las víctimas debieron desplazarse forzosamente luego de ser violentadas sexualmente. A Marta*, por ejemplo, le tocó abandonar su natal Juradó, Chocó, una día de mayo de 1997 luego de que un integrante del Élmer Cárdenas abusara sexualmente de ella. Según lo relató a la justicia, un día antes de su éxodo se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno del pueblo cuando un reconocido paramilitar la invitó a un trago.

Ella se negó, pero éste la tomó por la fuerza y en compañía de otros dos hombres la condujo hasta unas residencias, donde la amenazó con arma blanca y la violentó sexualmente. Para evitar ser delatado, el paramilitar la buscó por todo el pueblo para asesinarla, pero no la encontró. La mujer había huido del pueblo.

Si bien los casos presentados revelan un riguroso ejercicio de documentación, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, existe preocupación por el bajo número de casos de violencia sexual presentados hasta el momento. Así lo hizo saber el Magistrado con función de Control de Garantías, quien señaló que 14 casos no es un universo representativo para presentarlo como un patrón de macrocriminalidad.

Por ello, pidió a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía superar todas las falencias que se presentan en la investigación de crímenes sexuales pues a su juicio, en su afán de mostrar resultadas el Ente Investigador le está haciendo un flaco servicio a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

*Se omiten nombres por petición expresa

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Los testimonios de las mujeres que fueron obligadas por los paramilitares de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a ser sus parejas sentimentales revelan un objetivo en común: todas se vieron obligadas a decir sí a sus pretensiones para sobrevivir. No había otra opción ante la arremetida armada.

Los relatos de las víctimas y las confesiones de los ex paramilitares postulados a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, permitieron que fiscales le imputara ante magistrados de control de garantías numerosos casos de violencia sexual a Hebert Veloza García, alias ‘HH’, comandante de esos dos bloques paramilitares y a 42 de los hombres bajo su mando.

En total fueron 45 casos, de los cuales se imputaron 41 hechos con 42 víctimas perpetrados en los departamentos de Antioquia, Valle y Cauca. El período en el que fueron cometidos va desde el 1 de enero de 1995 hasta el 18 de diciembre de 2004.

José Joaquín Arias García, fiscal 18 de la Unidad Satélite de Justicia y Paz de Cali, indicó que estos delitos fueron cometidos contra las mujeres que habitaban las poblaciones donde Veloza y sus hombres ejercían control territorial y social. El funcionario señaló que esta no fue una política que estaba “escrita” dentro de la organización, pero sí se convirtió en una conducta que muchos de los subalternos y comandantes ejercieron.

Los hechos expuestos por el ente acusador muestran que los paramilitares no sólo obligaron a algunas mujeres –menores de edad y adultas- a que fueran sus parejas, también las usaron como esclavas para que les lavaran sus uniformes, les plancharan o les hicieran de comer. Otras de las víctimas fueron estigmatizadas como guerrilleras o auxiliadoras del bando enemigo, torturadas y abusadas delante de sus hijos durante las incursiones. La Fiscalía también encontró casos en los que las mismas integrantes de las autodefensas eran accedidas sexualmente dentro de las mismas filas.

El abuso o la muerte
Testimonios de algunas mujeres víctimas revelan cómo se vieron obligadas a decir sí a las pretensiones de los paramilitares para sobrevivir. Un caso que ilustra esta situación ocurrió en el corregimiento San Miguel, en Buenos Aires, Cauca. El 30 de junio de 2000 cerca de 200 integrantes del Bloque Calima llegaron a esa zona. El control social inició con las restricciones en el acceso de alimentos y cometieron asesinatos selectivos a quienes consideraban opositores o miembros de la guerrilla.

Los paramilitares se instalaron en algunas de las viviendas de las víctimas. Las mujeres fueron obligadas a realizar actividades domésticas. “Ellos me decían que les lavara los uniformes, que les planchara, que les cocinara sin que me pagaran por eso”, relató una de las víctimas.

El grupo ilegal permaneció durante tres años en el corregimiento. Una mujer del lugar, que fue la pareja de un comandante identificado con el alias de ‘Clavijo’, relató que tuvo que terminar la relación que tenía con su compañero sentimental cuando llegaron los integrantes del Bloque Calima.

“‘Clavijo’ mandó a la escolta de él -unos cuatro hombres- a recogerme donde yo vivía. Eran más o menos las 9 de la noche. No recuerdo la fecha exacta. Me dijeron que el comandante había mandado por mí. Yo sabía para qué me llamaba. Yo no estaba enamorada de él, porque ni lo conocía. Pero fui porque sabía que había opción de librarse. Y ahora pienso que fue una estrategia de supervivencia mía, pues en ese momento pensé que era mejor que el comandante se fijara en mí, y no quedara a merced de la cantidad de hombres que estaban en la vereda. Pues eran tantos los hombres y tan pocas las mujeres que era algo que no podía a evitar.

Cuando llegué estaban ‘Percherón’ con sus escuadras, es decir, había unos 30 hombres incluyendo la escuadra de ‘Clavijo’. Al llegar me saludaron y me invitaron a pasar a un cuarto. Nos quedamos solos ‘Percherón’, ‘Clavijo’ y yo. Allá estuvimos unas dos horas. Ellos estaban tomando. Me sentí como si yo fuera una dama de compañía. Pues ellos conversaban entre ellos. Yo no quise tomar, aunque ellos me ofrecían trago. Luego ‘Percherón’ se fue como a las dos horas y me dejó sola con ‘Clavijo’. Pude notar que ‘Clavijo’ estaba desinhibido por los tragos. El me abordó y yo ya supe que iba a pasar y no opuse resistencia. Durante la relación sexual me sentí usada porque yo no sentía nada”. La víctima narró que en el corregimiento comenzaron a “estigmatizarla”, pues la llamaban la ‘doña’ o la ‘señora del comandante’.

Aunque los paramilitares han manifestado de manera reiterada que las relaciones sexuales fueron consentidas porlas víctimas, el fiscal manifestó que no se podía hablar de consentimiento cuando los miembros del grupo ilegal ejercían el poder de las armas en el territorio.

Menor abusada
Los paramilitares también abusaron de menores de edad. Uno de los casos ocurrió en la vereda San Vicente, municipio de Dagua, Valle del Cauca. Para el 13 de septiembre de 2001 la niña, de 13 años de edad, comenzó a ser perseguida por uno de los comandantes de la zona identificado como ‘Álex Putumayo’. Primero la abordó una mujer en la calle diciéndole que el paramilitar “le enviaba saludes”. Al día siguiente, cuando ella regresaba del colegio, ‘Álex Putumayo’ le mostró un revólver y la obligó a subirse a su moto. Luego la llevó hasta la casa.

“Cuando llegué a mi casa, fui hasta donde mi mamá, la abracé y me puse a llorar. Me preguntó que qué me pasó y él estaba afuera escuchando. Le dije que él me estaba amenazando y que quería que yo fuera su novia. Y se entró a la casa y dijo: ella tiene que ser mi novia gústele a quien le guste. Y yo lloré y lloré cuando dijo: y no vayan a hablar con la Policía porque vengo y mato a tu mamá”, relató la menor.

A las 10 de la mañana del día siguiente, ‘Álex Putumayo’ ingresó a la escuela donde estudiaba la menor, quien cursaba tercero de primaria. Primero le dijo al portero que llevaba un yogur para la niña, pero al ver la negativa del vigilante lo amenazó con el arma. El hombre fue hasta el salón donde estaba la menor. “La profesora gritó, ‘¡allá viene ese señor!’. Todos tratamos de escondernos y yo corrí a esconderme detrás de la profesora. Él sacó el revólver y dijo yo voy allevarme a esta niña. La profesora dijo ‘no te la lleves’, pero por encima de ella me sacó jalada”, según la narración que le hizo la niña a la Fiscalía.

Desde ese momento el hombre la dejó encerrada en una casa que no tenía ningún mueble. Lo único que tenía la menor era su ropa, que el hombre le había quitado a la madre de la niña bajo amenazas.

“Cuando volvió me violó. Después se fue y me dejó encerrada sin comida. Yo lloraba, agachada, sentía que me quitó lo que uno más cuida. A las tres horas regresó con cajas de comida, porque él tenía contactos con restaurantes, y trajo una estufa como quien dice se tiene que poner a cocinar. Y yo no podía comer de verme así toda destrozada. Él me decía, tienes que comer, porque de ahora en adelante vas a tener que cocinar vos. Me decía: ‘cociná que yo ya vengo a comer’. Y yo no sabía qué hacer. Hice unas habichuelas. Yo siempre había sido estudiante, entonces como eso quedó salado y crudo, me pegó puños y patadas, e hizo lo que quiso conmigo”, narró la víctima, quien recuerda que cada vez que el hombre salía cerraba con llave la puerta de la casa.

La menor contó que a los únicos que veía era a otros paramilitares que llegaban a la vivienda. “Una vez entró alias ‘El Chacal’ y otro de nombre Alex, que le decían alias ‘El Mono’. Y dijeron: ‘viejo, vamos a hacer una vuelta. Se encerraron a limpiar las armas. Cuando se fueron vi por un huequito del vidrio de una ventana y se subieron en una camioneta blanca. Y yo pensé que podría salirme y me di cuenta que me habían dejado encerrada con candado. Se fueron como a las 5. Y esperé como hasta la medianoche. Yo decía dentro de mí, cuándo vendrá otra vez a atormentarme. Amaneció y él no llegaba. Tocaron la puerta, pero hubo que llamar al dueño de la casa para que abriera la puerta. El que tocó era un muchacho del barrio que decía que habían matado a ‘Alex Putumayo’. Yo estaba en pijama, me cambié emocionada. Yo ese día volví a las manos de mi mamá. Ese día ella me dijo que me iba a hacer una prueba de embarazo para saber si podía seguir mi estudio”.

John Bainer Romero, uno de los postulados, declaró ante la Fiscalía que ‘Álex Putumayo’ fue asesinado por orden de los mismos comandantes del grupo en la región. Según él, ya tenía información “que le estaba dando maltrato (a la menor), que no la dejaba salir a ninguna parte. Que le pegaba. Eso se lo reporté a ‘Marrana’ (comandante de la zona). A él se le fusiló en el puente Las Garzas.

La víctima contó que permaneció durante dos meses secuestrada por ‘Álex Putumayo’. Al día siguiente del homicidio, la menor fue con su mamá al hospital y le informaron que tenía dos semanas de embarazo. “Ese día ella me dijo que me iba a hacer una prueba de embarazo para saber si podía seguir mi estudio”.

El poder de las armas y los comandantes
Esas mismas presiones que sufrieron las civiles también fueron ejercidas sobre otras mujeres que hacían parte del grupo paramilitar. La Fiscalía leyó el testimonio de una menor que perteneció al Bloque Bananero. Ella fue reclutada en noviembre del 2000, cuando tenía 16 años.

“Un día estaba como escolta de ‘Manguito’. Fuimos para Nueva Antioquia (corregimiento de Turbo, Antioquia). Allá tomamos. Me quedé donde una señora civil. Cuando me desperté a la madrugada, estaba Juan Carlos Mendoza Mirando, alias ‘Juan Pablo’, al lado mío. Me forzó, me amenazó con arma blanca, me destrozó el camuflado, me golpeó la cara y me dijo que tenía que estar con él. Y abusó de mí sexualmente. Fue como media hora. Me dijo que no fuera a decir nada porque si abría la boca me pelaba. Nunca dije nada porque a uno le prohibían hablar del comandante. Eso fue en el año 2004”.

Para ese mismo año los abusos contra la menor siguieron: “Fuimos a hacer una operación y acampamos cerca de unos cultivos de teca. Entonces cada uno hizo su cambuche. Como a la medianoche sentí que alguien se acercó a la hamaca y vi que era él (Juan Pablo). Me tapó la boca y dijo que si no me dejaba me descargaba el fusil. Me dijo que me tenía que quitar la ropa y estar con él. Yo no quería. Ese día me quitó la hamaca y me tiró al piso”.

Días después la menor fue violada por el comandante del grupo, Alberto Plazas, alias ‘Guatinajo’. Uno de las escoltas le dijo que ‘Guatinajo’ la esperaba en un recinto, donde él estaba solo. “Fui y allá me dijo que si hablaba de él, me pasaba lo que le pasó a Claudia (asesinada a manos de ‘Guatinajo’). Él lo hizo una vez. Y todos le tenían miedo. Él era un sicario, no le importaba matar a sangre fría. Ese día me dijo que me sentara, y me empezó a quitar la ropa y me tocó hacerlo por el miedo que le tenía a ese hombre”.

Hombres asesinados, mujeres abusadas
El control territorial en las zonas que iban ocupando los hombres de ‘HH’ se caracterizó por los homicidios, desplazamientos, actos de terrorismo y violencia sexual basada en género. Muchas viudas han empezado a relatar a la Fiscalía las violaciones que sufrieron durante esas incursiones paramilitares. Cuando llegaban a las veredas o corregimientos, un grupo de combatientes asesinaban a los hombres señalados de pertenecer a la guerrilla o de ser auxiliadores, mientras tanto, otro grupo retenía a sus esposas o familiares y las violaban, en algunos casos, antes de asesinarlas.

Durante la incursión de los paramilitares el 23 de agosto del 2001 a la vereda Río Bravo, del municipio Calima-Darién, Valle. Cerca de 100 paramilitares asesinaron a 19 campesinos. Tres de los miembros del Bloque Calima retuvieron a la esposa de uno de los hombres asesinados, porque según ellos era guerrillera. La mujer se encontraba en el patio de su casa extendiendo una ropa. Los hombres se encerraron con ella en el cuarto de la planta baja, la torturaron y la abusaron delante de su hijo. La víctima terminó con varias contusiones en su cadera, y para que los violadores no la abusaran más, se hizo la muerta. Los paramilitares la arrojaron a una volqueta.

La mujer contó ante la Fiscalía que “lo que a mí me hicieron no tiene perdón de Dios. Ellos mataron también a mi esposo. Yo sí fui líder. Fui secretaria de la presidencia de la Junta de Acción Comunal, y mientras ellos hacían la masacre, otros hacían sus cosas. Pero con ellos decir que yo era guerrilla podían hacerme cualquier cosa. Yo fui sacada de la casa, después me violaron y me mandaron en una volqueta como si fuera una basura. El niño vio todo”.

El fiscal informó que el postulado John Bainer Romero López, en versión libre del 26 de junio, confesó que “ella fue sacada de la casa y llevada hasta una estación de Policía. “Por orden de ‘Darío’ y de ‘Manuel Malo’ se entregó al grupo de este último y de ‘Guacuco’. Toca pedirle perdón, porque fuimos nosotros los que pasamos por ahí”. La víctima debió hacerse controles por cerca de un año en un centro asistencial de Bogotá por las heridas que tuvo en la cadera.

La Fiscalía también se refirió al caso de una líder de la zona rural de Tuluá, Valle, que fue torturada y violada por comandantes de la zona. El ente acusador indicó que el 16 de septiembre del 2000 la mujer iba en un bus desde el casco urbano hacia el corregimiento de Ceylán. El vehículo se detuvo en un retén que habían instalado las autodefensas en la vereda Boquemonte, a la entrada de la hacienda La Luciana. Todos los pasajeros continuaron su trayecto, menos la líder.

Los paramilitares le quitaron la maleta y “se rifaron” su ropa interior. En la hacienda estaban los hermanos Perea, uno de ellos comandante de la zona. Los hombres la insultaron y la señalaron de ser auxiliadora de la guerrilla en la vereda Chorreras. Luego la llevaron a otro sitio donde había un grupo mayor de paramilitares. El testimonio recogido por la Fiscalía señala que “allí Perea, ordenó que le dieran un palín y una pala, porque esa noche la ajusticiaban. Sin embargo llamó por radio e informó por su captura al comandante ‘Santos’. Quien al verla preguntó si la habían tocado lo que ellos contestaron negativamente, que estaba sucia porque estaba haciendo el hueco”.

‘Santos’ le hizo un interrogatorio y luego “ordena que le quiten la sudadera, para que le diera frío y la siguiera interrogando. Todos los paramilitares que estaban en el sitio comenzaron a burlarse y a pedirle que se las entregara a ellos, porque llevaban harto tiempo sin salir y además iba a morir. Santos dijo que no, porque primero iba él, y que si le gustaba luego la rifaba. Los hermanos Perea la sujetaron y la llevaron hasta una carpa, le separaron los pies y las manos y se los amarraron a cada uno de los palos que sostenían la carpa, le quitaron la ropa interior, le introdujeron la punta de dos fusiles en sus genitales, se masturbaron y los tres abusaron de ella. Al mismo tiempo consumieron alucinógenos. Perea le pegó cuando empezó a sangrar y obligó a sus hombres a que la bañaran con agua fría”.

La mujer fue abusada durante siete días. Un miembro del Bloque Calima se había comunicado con sus familiares y después ellos hablaron con los comandantes para que la liberaran, pero el daño ya estaba hecho.

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“Yo lo odio y siempre lo odiaré. No sé con qué cara viene usted y dice que no me violó, si por lo que usted y los demás me hicieron es que hoy estoy metida en este mundo de la prostitución”, dijo María*, una de las mujeres que llegó hasta Villavicencio para encontrarse en una audiencia con el ex paramilitar Rafael Salgado Merchán, alías ‘Águila’, su victimario.

María relató que fue raptada por un grupo paramilitar con la excusa de que su mamá la había entregado a ‘Los Carranceros’, nombre con el que se conoce a las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada. Su mamá, que estaba presente en la audiencia, dijo entre llantos que eso no era cierto y que sufrió con la ausencia de su hija tanto como hoy sufre cada vez que su hija vuelve al negocio de la prostitución.

Según lo ha documentado la Fiscalía, decenas de mujeres fueron secuestradas por los hombres de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, jefe de ‘Los Carranceros’.  Las llevaban a fincas y las obligaban a trabajar en labores del campo: las hacían cargar piedras de camiones, arreglar carreteras, hacer puentes, tapar huecos y limpiar las calles. Esto a la vista de toda la comunidad, incluso, algunas portaban carteleras donde decía que estaban “castigadas por las Autodefensas”.

Los maltratos podían incluso durar meses. Según una investigación de la Procuraduría General de la Nación, a algunas de estas mujeres las llevaron hasta los laboratorios de coca: en el día las obligaron a trabajar por largos periodos al tiempo y  en  las noches eran violadas por varios de los paramilitares.  

“Don Guillermo y sus hombres se llevaban a las niñas de los colegios y de los barrios, entraban a las casas y las raptaban delante de sus padres, se las llevaban para los campamentos, a tener sexo con uno o con veinte, a lavarles y a cocinarles, y también a trabajarles en las cocinas (de coca)”, dice uno de los testimonios recogidos por los investigadores de la Procuraduría.

Otra práctica común entre los paramilitares era dejar calvas a las niñas. Según ‘Guillermo Torres’  rapaban a las mujeres que llegaban tarde a sus casas, las que se “metían en chismes” y las que “no respetaban las leyes de la organización”.  (Ver: Las calvas de Puerto Gaitán http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3035)

Según han relatado las pocas víctimas de Puerto Gaitán que se han acercado a los fiscales de Justicia y Paz, estar calvas les generó un estigma que aún la gente del pueblo recuerda.  Una de las mujeres entrevistada por la Fiscalía contó: “Me daba pena volver al pueblo, me decían callejera, me discriminaban. Eso dañó mis estudios, mi reputación, quedé como algo de lo peor. Terminé mi relación con un muchacho, mi amigos se alejaron, pensaban que yo estaba castigada, nadie quería salir conmigo”.  

Otras investigaciones señalan que a causa de los múltiples abusos contra las mujeres, en el año 2000 muchos paramilitares y sus víctimas resultaron contagiados con el virus del Sida. Entonces los ‘paras’ obligaron a las mujeres a realizarse exámenes de sangre y a las que les salía positivo eran rapadas.

Algunas mujeres se escondieron y nunca fueron a un hospital por miedo a las represalias que podían tomar los paramilitares. Según la investigación de la Procuraduría, muchas de ellas continúan en el pueblo y hoy se encuentran en estado terminal porque nunca recibieron tratamiento médico.

El miedo persiste
María tuvo el valor de enfrentarse a su victimario, pero como ella misma contó, dos de sus compañeras pasaron por lo mismo y decidieron no asistir a la audiencia porque aún sentían miedo de contar sus historias.

La Procuraduría en su informe hace énfasis en que aún hoy las mujeres no  se atreven a denunciar. Muchas aseguran que temen porquealgunos de los paramilitares que se desmovilizaron con ‘Los Carranceros’, y otro que no lo hicieron, continúan en la zona. Según reportes de la  Defensoría del Pueblo, las trabajadoras sexuales son todavía obligadas a hacerse exámenes de VIH Sida.

Según el Ministerio Público una de las mayores preocupaciones es que las actuales autoridades locales de Puerto Gaitán son personas que, según las versiones de los desmovilizados, estuvieron relacionadas con estos crímenes.

‘Guillermo Torres’ ha dicho en sus versiones libres que lo que le hicieron a las mujeres contó con el visto bueno del personero municipal, el comandante de la Policía y la fiscal de Puerto Gaitán. El entonces personero, Édgar Silva González, reconoció en una entrevista que para la época era común que se aplicaran ese tipo de castigos. Silva es actualmente el alcalde de Puerto Gaitán.

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Los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que ingresaron a los corregimientos El Aro y La Granja del municipio de Ituango, Norte de Antioquia,  con la intención de “expulsar guerrilleros”, no solo asesinaron campesinos inermes, quemaron viviendas, desaparecieron personas, robaron ganado y desplazaron veredas enteras convirtiéndolas en verdaderos territorios fantasma. También dejaron marcadas profundas heridas de guerra en el cuerpo de las mujeres.

Así lo acaba de demostrar la Fiscalía 15 Delegada ante Justicia y Paz, que gracias a testimonios aportados por un grupo de mujeres oriundas de esa localidad, documentó ocho casos de agresiones sexuales cometidas por los paramilitares que participaron en las tomas a los corregimientos El Aro, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, con un saldo trágico de 19 campesinos asesinados, decenas de viviendas incineradas y todo un caserío desplazado; y La Granja, perpetrada entre el 7 y el 14 de agosto de 2002, en la cual perdieron la vida unas 15 personas y que generó el éxodo masivo de por lo menos 300 personas.

En ambas incursiones y valiéndose del temor que producía en la población su presencia armada, convirtieron el cuerpo de las mujeres en botines de guerra tras violentarlas sexualmente bajo el supuesto de que “eran compañeras sentimentales de los guerrilleros”.

Según la Fiscalía 15, esa práctica encerraba un mensaje perverso: “mostrarle al enemigo hasta dónde llegaba el poder de dominación en su propio territorio, era una conducta que buscaba denigrar, humillar”.

Los casos fueron presentados por el Ente acusador durante la audiencia de imputación que se adelantó en la ciudad de Medellín contra el máximo comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’,  quien si bien admitió desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos haber dado la orden a sus tropas para que ingresaran a los corregimientos La Granja y El Aro de Ituango para “dar de baja guerrilleros”, también aseguró no haber impartido instrucciones a sus hombres para que cometieran este tipo de vejámenes, catalogados como crímenes de guerra y que según este jefe paramilitar, eran prácticas proscritas al interior del Bloque Mineros y, más aún, castigadas con pena de muerte a quien las cometiera.

“Yo di la orden de que incursionaran en Ituango, eran mis hombres, acepto la responsabilidad por línea de mando”, reconoció alias ‘Cuco Vanoy’ ante fiscales de Justicia y Paz.

Una jornada de horror
Los testimonios recopilados por la Fiscalía muestran que las mujeres de Ituango padecieron su propio infierno durante los días que duraron las incursiones paramilitares a La Granja y El Aro. Pruebade ello es la historia de Alba*. El 25 de octubre de 1997, mientras el comando paramilitar que había llegado al corregimiento El Aro proveniente de Puerto Valdivia (Norte de Antioquia) sacaba a punta de fusil a varios hombres de sus viviendas y saqueaban otras tantas, tres paramilitares se dirigieron a una casa.

Allí hallaron a dos mujeres que se escondían junto con sus pequeños hijos en una de las habitaciones. Junto con ellas estaba Alba, quien para aquel entonces no había cumplido la mayoría de edad. Al verla sola, los paramilitares la obligaron a salir del cuarto. Una vez afuera, comenzó el ultraje que solo se detuvo tras una fuerte explosión que sacudió al caserío y obligó a los hombres armados a salir de aquella casa.

Igual suerte corrió Beatriz*. En su relato cuenta que al segundo día de la ocupación paramilitar en El Aro, uno de los hombres con mando y poder sobre la tropa fue hasta su casa y le pidió que la acompañara hasta una vivienda desocupada, donde estaban otros tres hombres. Al regresar a su residencia, luego de ser violentada sexualmente en repetidas ocasiones, guardó un profundo silencio, que solo se atrevió a romper recientemente.

Paradójicamente, los casi 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que participaron en lo que se conoce como la masacre de El Aro, recibieron un reconocimiento por parte de Salvatore Mancuso y Ramiro Vanoy, los comandantes paramilitares que planearon la incursión, por el éxito del operativo.

Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) obligó al Estado colombiano, en decisión del primero de julio de 2006, a pagar una indemnización cercana a los 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de víctimas de la masacre; ordenó rendir un homenaje público y perseguir a los responsables de este atroz crimen, luego de que el organismo de justicia internacional hallara responsable al Estado, por acción y omisión, “en la violación al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada, la circulación y la residencia”.

No obstante lo anterior, solo hasta septiembre de 2012 la Fiscalía de Justicia y Paz logró imputarle a alias ‘Cuco Vanoy’ delitos relacionados directamente con la masacre de El Aro, entre ellos homicidio en persona protegida con fines terroristas, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro simple y hurto calificado. Quienes padecieron agresiones sexuales en aquel cruento ataque esperan que sus crímenes no queden en la impunidad.

Violencia indiscriminada
Claro que lo mismo esperan las víctimas de la incursión al corregimiento La Granja, que tuvo lugar entre el 7 y el 14 de agosto de 2002.
Según lo ha documentado el Ente investigador, los primeros días del mes de agosto de ese año, unos 300 hombres del Bloque Mineros partieron desde el corregimiento La Caucana, Tarazá, con la intención de hacer replegar a la guerrilla de las Farc que por aquel entonces había tomado posiciones estratégicas en zonas enclavadas en el Parque Nacional Nudo del Paramillo, donde se encuentra La Granja.

A su paso por las veredas, los paramilitares fueron cometiendo una serie de homicidios selectivos, saqueos indiscriminados y retenciones ilegales que generaron desplazamientos masivos. Lo que comienza a emerger ahora, 10 años después de los hechos, es que en dicho recorrido mortal se cometieron aberrantes agresiones sexuales. Las víctimas fueron amenazadas para que guardaran silencio o, en el peor de los casos, fueron asesinadas.

Tal es el caso de Cecilia*, quien fue asesinada el primero de octubre de 2002. Ese día, el comando paramilitar que un mes atrás se había adentrado hasta la profundidad del Nudo del Paramillo regresaba al corregimiento La Caucana. Al pasar por el paraje conocido como Cañón del Socorro, esta mujer y su familia, al sentir la presencia de los hombres armados, huyeron de su vivienda y buscaron refugio en zona boscosa.

Pero la fortuna no estaba de su parte ese día. En el intento de la familia por huir se toparon con los paramilitares, quienes no solo abusaron sexualmente de Cecilia delante de su familia sino que, además, fue asesinada y arrojada por una pendiente mientras sus parientes era obligados a abandonar el lugar. Aún hoy se desconoce el sitio exacto donde reposa el cuerpo de la mujer.

Este es uno de los cuatro casos conocidos por la Fiscalía 15 que fueron cometidos durante la incursión armada de agosto de 2002. Sin embargo, los indicios indican que, frente a la violencia sexual, existe un gran subregistro.

En meses pasados, ese mismo despacho presentó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín una serie de casos de agresiones sexuales cometidos por los miembros del Bloque Mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. En esa audiencia, una de las víctimas le relató a VerdadAbierta.com que la dificultad para que las mujeres denuncien radica en que muchas ya rehicieron sus vidas, dejaron atrás lo sucedido y han formado familias. “Ellas no quieren que sus esposos e hijos se enteren de lo que les pasó”.

Por ahora, mientras las víctimas vencen sus temores, los investigadores judiciales avanzan en sus indagaciones y unos y otros esperan que los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz realmente aporten al esclarecimiento de los crímenes relacionados con la violencia sexual, pues hasta ahora los avances han sido pocos.

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