Más de 400 personas han dejado sus tierras durante las primeras semanas de 2016 en El Bagre. Foto: cortesía de la Defensoría del Pueblo.

Como un pueblo sometido a la voluntad de los grupos armados ilegales, cualquiera que sea su espectro ideológico o su naturaleza criminal. Así describe Pinto*, un habitante de la zona, a Puerto Claver, un corregimiento de poco más de 14 mil habitantes perteneciente al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde ha vivido la mayor parte de su vida y actual escenario de una compleja situación de orden público que amenaza con generar una grave crisis humanitaria como hace años no se veía en la región.

Desde finales de noviembre pasado, recuerda Pinto, miembros de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, llamados por el gobierno nacional como ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’ y cuya presencia en este corregimiento es permanente desde finales de 2012, comenzaron a asesinar jóvenes que se rehusaban a unirse a sus filas; a comerciantes que se negaban a pagar las onerosas “vacunas” que le impusieron a todo el comercio del pueblo; a campesinos de las áreas rurales que consideraban auxiliadores de las guerrillas de las Farc y el Eln; en últimas, a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus políticas y su presencia.

El miedo, entonces, se apoderó de sus habitantes. Y comenzaron los desplazamientos individuales, también llamados “gota a gota”. Pero lo grave aún estaba por suceder. El 7 de enero, hombres fuertemente armados irrumpieron en la vereda El Coral y sacaron de su vivienda a un labriego de 74 años, al que todos en Puerto Claver llamaban de cariño “Pacho Burra”. Dos días después, los hombres armados ingresaron nuevamente a la vereda y retuvieron a un joven, a quien se llevaron con rumbo desconocido.

Y comenzaron entonces los combates. “Lo que se puede decir, porque hablar de esto da mucho miedo, es que los ‘gaitanistas’ irrumpieron en terrenos que manejan las Farc. Comenzaron entonces los combates y como allí también está el Eln, entonces los ‘elenos’ y las Farc se unieron para enfrentarse con este grupo de los gaitanistas”, explica Pinto. La frecuencia de los choques armados generó un éxodo masivo de una magnitud tal que no se registraba desde noviembre de 2013.

Según reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Uariv-, para el pasado 18 de enero se tenía un censo de 139 familias desplazadas, es decir, unas 422 personas entre hombres, mujeres y niños, provenientes de las veredas El Coral, Muquí Arriba, Muquí Abajo; Primavera, Arenales, El Castillo, El Oso y la Llana.

Las familias, según informó María Cecilia Gómez, enlace de Prevención y Atención Integral de Emergencia de la Uariv, se encuentran albergadas en el casco urbano de Puerto Claver, recibiendo ayuda humanitaria de emergencia y a la espera que el Ejército autorice el retorno de las familias una vez se normalice la situación de orden público en la zona.

Sin embargo, a decir de Pinto, es probable que se generen nuevos desplazamientos si las autoridades no toman cartas en el asunto. “Lo que nosotros tememos es que hayan retaliaciones contra los campesinos, sobre todo por parte de los ‘gaitanistas’. Aquí impera desde hace rato la ley del silencio y cualquier cosa que se diga, por pequeña que sea, se la pueden cobrar al campesino”, asevera el labriego.

Tierra estratégica

Por su ubicación y las riquezas presentes allí, Puerto Claver resulta ser un pueblo estratégico para los intereses de los distintos grupos armados ilegales. Conecta fácil con el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Por lo más apartado de su zona rural atraviesan trochas que fueron usadas en el pasado por contrabandistas y ahora por aquellos que hicieron del tráfico de armas y alcaloides todo un lucrativo negocio. Como si fuera poco, el corregimiento es rico en yacimientos de oro de aluvión que han sido explotados de manera informal desde épocas coloniales.

Quizás por ello, el control de este corregimiento ha sido fuente de disputa entre todos los bandos que han hecho parte del longevo conflicto armado colombiano. Finalizando la década de los 70 llegó el Eln. Luego llegaron las Farc y finalizando el siglo XX llegaron los paramilitares del frente Nordeste, BajoCauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar.

Según informes de la Defensoría de Pueblo y organismos judiciales, actualmente el Frente 36 de las Farc funge como el principal y más fuerte actor armado en Puerto Claver. Son ellos quienes ejercen dominio sobre los cultivos ilícitos así como sobre la producción de pasta de coca, insumo para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Este negocio a su vez es manejado por las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, cuya presencia se acentuó mucho más después de 2012, año en expulsaron a sangre y fuego a la banda criminal de ‘Los Rastrojos’. Más reducida, pero no menos importante, es la presencia de la compañía Compañero Tomas del Eln en las zonas rurales.

Hace poco más de seis años que la Policía no tiene presencia permanente en Puerto Claver. “Al comando de Policía le tiraron varias granadas. También los emboscaron varias veces y hasta asesinaron varios policías. Por eso decidieron sacarlos. Y el Ejército entra y sale, no se queda. Por eso, aquí impera la ley del más fuerte”, señala Pinto. Así, como si se tratase del Viejo Oeste norteamericano, guerrillas y ‘gaitanistas’ sostuvieron una confrontación armada entre 2013 y 2014 que generó decenas de vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos, un desplazamiento masivo el 31 de octubre de 2013.

Pero, según Pinto y miembros de ONG conocedoras de la región consultados por VerdadAbiert.com, que pidieron reserva de su identidad, desde principios de agosto de 2015  todos los actores armados suscribieron un pacto de no agresión que consistía, esencialmente, en respetarse territorios. “Las Farc continuaban en sus zonas, los ‘gaitanistas’ continuaban con el manejo de sus negocios en el casco urbano y los ‘elenos’ en sus tierras”, sostiene la fuente.

Y todo indica, a la luz de los recientes hechos, que dicho pacto se rompió. “Por ahí suena desde ayer (martes 19 de enero) que otra vez volvieron a suscribir ese pacto. Que los campesinos pueden retornar y que van a entregar los restos de las personas que desaparecieron hace poco. Ya por lo menos sabemos dónde están enterradas. Pero faltará ver qué pasa”, agrega a su vez Pinto.

Preocupaciones de cara al postconflicto

Todo lo que sucede en este corregimiento, y en el municipio de El Bagre en general, constituyen motivo de preocupación si se tiene en cuenta que este es uno de los bastiones del Frente 36 de las Farc, uno de los más activos y beligerantes del Bloque Iván Ríos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, este frente guerrillero fue el responsable del 80 por ciento de los sabotajes cometidos en los últimos cinco años contra la infraestructura energética, las empresas transportadoras y la Fuerza Pública.

Informes militares y de Policía señalan a esta unidad guerrillera como una de las pioneras en la fabricación y uso de explosivos y minas antipersona, siendo esta su especialidad y su principal arma de guerra. Además, se le considera como de los frentes más estratégicos para las Farc debido a su capacidad para obtener finanzas. Autoridades civiles y militares estiman que los hombres bajo el mando de Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Anderson’, obtienen ingresos anuales por más de cinco millones de dólares, derivados, en menor medida, de la extorsión a pequeños y medianos mineros de oro de la región y, en mayor grado, de la producción de cocaína.

Por ello, las preguntas que tanto autoridades como comunidad en general se formulan es si este frente realmente dejará las armas en los próximos meses, cuando se acuerde el fin del conflicto armado entre el gobierno nacional y las Farc en La Habana, Cuba, o por el contrario, entrará en franca disidencia y mantendrá su participación en negocios ilegales.

Al respecto, funcionarios de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación le dijeron a VerdadAbierta.com que actualmente trabajan en la verificación de información recibida desde la región según la cual, ante la inminente dejación de armas de la guerrilla de las Farc, los ‘gaitanistas’ estarían buscando controlar toda la cadena del narcotráfico: desde la siembra, pasando por la producción, hasta la exportación.

Y para ello, los ‘gaitanistas’ estarían intentando, de un lado, ingresar a sangre y fuego en los territorios controlados hasta ahora por las Farc; y por otra parte, invitando a los guerrilleros que no se quieran desmovilizar para que se unan a sus filas.

Real o no, lo cierto es que lo que ocurre hoy en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, es un llamado de alerta para las autoridades civiles, militares y Policía sobre la complejidad que entrañará para algunas regiones del país el tan ansiado y desconocido postconflicto.

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Después de la expulsión de más de la mitad de los habitantes de El Castillo, muchos ya han retornado. La población actual de este municipio es de  6.500 personas. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

El pasado 10 de octubre más de cien personas se reunieron en el coliseo cubierto de El Castillo, Meta, para recibir el informe que durante año y medio los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizaron sobre el éxodo en este pueblo ubicado entre las estribaciones de la cordillera Oriental y la serranía de la Macarena. Pasaría como un lanzamiento cualquiera a no ser porque esa mañana de sábado, por primera vez en décadas, se veían las caras vecinos de otra época. Campesinos que, por causa del conflicto armado, fueron desterrados lejos de sus hogares. Quienes iban recibiendo la copia del libro estaban dimensionando, quizá por primera vez, lo que había ocurrido con sus vidas. El título en la portada era una antesala: “Pueblos arrasados”.

Haga clic en la imagen para descargar el informe.Y es que durante años El Castillo experimentó un arrasamiento de diferentes expresiones de su vida: casas abandonadas y proyectos truncados. Pero no solo se trató del desplazamiento como se ha visto en tantos otros lugares de Colombia (y que nos ubica en la deshonrosa posición de ser el segundo país con más desplazados del mundo) sino de los daños colectivos en las poblaciones rurales, principalmente, y el exterminio político que, eneste caso, tuvo implicaciones nacionales.

Según información recopilada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Meta fue uno de los departamentos donde ocurrieron más muertes y desapariciones de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda. Ocurrieron 385 homicidios y desapariciones entre 1983 y1997.

Esa cifra ha marcado a varias generaciones que crecieron en un destierro obligado que se remonta a mediados del siglo pasado. “Para entender por qué elegimos al Castillo entre tantos otros pueblos arrasados en Colombia, hay que decir que este libro también es un homenaje a esas víctimas de las que casi nadie habla”, dijo Gonzalo Sánchez, director del CNMH, haciendo referencia a esas primeras personas que tuvieron que huir o que mataron por el solo hecho de pertenecer a un partido político.

¿Por qué el estigma?

19 de las 42 veredas que conforman El Castillo quedaron deshabitadas a causa del conflicto armado. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

La estigmatización es una marca registrada de la región y una de las justificaciones utilizadas por todos los actores armados y los políticos para legitimar todo el daño en un pueblo que en su mejor época no superó los 13 mil habitantes (hoy son la mitad).

Hace parte de una subregión del Meta denominada el Alto Ariari compuesto por otros dos municipios, El Dorado y Lejanías. La colonización de estos estuvo fuertemente marcada por corrientes políticas. “Por ejemplo, el Partido Comunista ejerció bastante influencia en poblados como Medellín del Ariari –perteneciente al Castillo- y otros de la parte alta de la montaña” dijo Catalina Riveros, investigadora del Informe. Por eso el día del lanzamiento era raro ver a campesinos provenientes de veredas como El Jardín o Miravalle. Pocas veces bajan al casco urbano donde ha habido una influencia más marcada del Partido Liberal.

Dicha configuración “partidaria” marcó la vida de sus habitantes. Según el informe, debido al señalamiento de ser “un pueblo guerrillero”, entre 1984 y 2001, los grupos paramilitares fueron protagonistas en “la persecución, la violencia política y la guerra sucia que se inició en contra del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica”. En la memoria de sus habitantes hay un listado enorme con nombres de líderes, simpatizantes y militantes asesinados o desaparecidos. Dichos grupos paramilitares estuvieron auspiciados, en parte, por esmeralderos de Boyacá y por narcotraficantes que llegaron allí a invertir sus ganancias, especialmente en El Dorado.

Esto despertó el temor colectivo de los campesinos que habitaban, principalmente, en las veredas, pues “antes de confrontar militarmente a la guerrilla, la estrategia de este grupo consistió en eliminar a los militantes y simpatizantes del PCC y a todo aquel que fuera considerado ‘base social’ de la guerrilla”, dice la investigación.  

Entre los dos pueblos –El Castillo y el Dorado- ha existido una enemistad histórica que nació, justamente, con los sectarismos políticos en la época de la colonización. Sin embargo, en 1998 se propició un espacio para armonizar la vida entre los dos municipios. Se trató de una iniciativa de paz que se concretó por medio de la Asociación de municipios del Alto Ariari (AMA). Hoy en día, según algunos testimonios recogidos por los investigadores, el AMA es recordado como un mecanismo utilizado por el alcalde de El Dorado de la época, Euser Rondón (puente entre ‘los paras’ y los políticos del Meta), para beneficio de sus propios intereses: “Ellos ven la AMA como una estrategia política de la región(…) Porque luego de que hay un arrasamiento del Ariari, de todas esas comunidades, el asesinato de muchas personas y el desplazamiento de toda esa parte alta, entonces ya ahí es donde ellos dicen: ‘ya pacificamos el Ariari’. Pacificar el Ariari era asesinar a toda esa gente. Desaparecer a cuanta gente y casar del escenario político a la izquierda colombiana”.

El pasado 10 de octubre, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo entrega del informe Pueblos arrasados a la población de El Castillo. Foto: Adriana Correa, del CNMH.

Mientras esto sucedía, las Farc, los otros protagonistas de la barbarie, se expandían y ejercían “un intenso control social de la población por medio de actos, como la asistencia obligatoria a reuniones, la imposición de multas, la obligación de votar por sus candidatos, la prohibición de relacionarse con la fuerza pública y la impartición de justicia por mano propia”. Sin contar con el reclutamiento forzado, los asesinatos y los continuos ataques al casco urbano.

Hay dos hechos violentos por parte de las Farc marcados en la memoria de los habitantes y que hacen parte del “arrasamiento”. Por un lado, en el año 2000, la guerrilla lanzó 22 cilindros con la intención de destruir la Estación de Policía de El Castillo. No dieron en el blanco –la Estación sigue intacta- pero el panorama del terreno parece una cicatriz de cemento (por iniciativa de la Gobernación del Meta y del CNMH allí se piensa construir un lugar dedicado a la memoria de las víctimas). Y, por otro lado, el 28 de enero de 2002, el Frente 26 de las Farc detonó una casa bomba en El Dorado que le generó la muerte a medio centenar de uniformados.

Paralelamente, el Bloque Centauros de las Auc, que dominaba en la zona, buscó refuerzos: “Por solicitud de algunos líderes de la región, entre ellos Euser Rondón y Arnulfo Velásquez, alias ‘Pereque’, tomaron la decisión de conformar un nuevo grupo paramilitar”, dice el informe. Pero para que esto se hiciera realidad, se debía contar con el visto bueno del que era considerado el dueño de la región del Alto Ariari, Víctor Carranza, quien tenía un grupo armado ilegal que prestaba seguridad a sus minas. Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’, sería el encargado finalmente de darle forma al nuevo Frente Alto Ariari de las Autodefensas que, según el CNMH, llegó a tener un pie de fuerza cercano a los 300 hombres divididos en cuatro compañías. Su sede: El Dorado. Y para “arrasar” más cómodamente con todo lo que pareciera o fuera guerrilla, realizó alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, en especial, la Brigada 7.

El balance del éxodo es mortal: 19 de las 42 veredas que conforman el territorio quedaron vacías. Fue la destrucción de los lazos comunitarios, de las organizaciones sociales y políticas, y la desconfianza como forma de vida, las que llevaron a los investigadores del CNMH a considerar el Castillo como un pueblo arrasado.

Ahora bien, son características que comparten con muchos otros municipios del país y que dan cuenta de una estrategia violenta que “no solo aniquila a las personas, sino que destruye su entorno material y simbólico, de manera que el territorio se vuelve inhabitable, lo que fuerza el éxodo de la población, en especial, en zonza de anclaje originario de la guerrilla”.

El libro menciona 233 pueblos que presentan situaciones similares a las del Castillo: Tabaco en La Guajira, Tinuisio en el sur de Bolívar, la Parcelación de El Prado en el Cesar, Montelíbano en Córdoba o Salaminita en Magdalena. Lugares donde, por ejemplo, la relación entre personas expulsadas y la pérdida de población en un periodo de tiempo determinado, representaba más del 50 por ciento.

Se comenzó por el Castillo, según manifestaron los investigadores del informe, porque las deudas históricas con la población del Meta son enormes. Aún hay muchos problemas por resolver frente al retorno de sus pobladores, por ejemplo. Es claro que las heridas aún no cicatrizan y tantos años de estigmatización no son fáciles de superar. Decir abiertamente que se milita en la Unión Patriótica o en el Partido Comunista es un atrevimiento que aún hoy puede salir caro. Sin embargo, hay esperanzas y deseos de cambio. Los aires de paz que llegan desde La Habana pueden materializarse en pueblos como este pero eso depende no solo de agilizar –por parte del Estado- las necesidades básicas insatisfechas de la población sino de dignificar a miles de víctimas que le están apostando a reconstruir sus vidas arrasadas. La memoria histórica es un primer paso.

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Durante muchos años el desplazamiento forzado estuvo invisibilzado por el Estado y la falta de políticas públicas perjudicó mucho más a las víctimas. Foto: Juan Arredondo / CNMH.

Las cicatrices que han dejado más de 50 años de conflicto armado y de disputas por la tierra se reflejan en los territorios: en 1.114 municipios de Colombia se han registrado casos de desplazamiento forzado. Lo anterior significa que en el 99% de la geografía nacional, por lo menos una persona ha sido expulsada de manera violenta, según los datos consolidados por el Registro Único de Víctimas.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hizo una detallada radiografía sobre este flagelo, en un informe titulado Una nación desplazada, y muestra cómo todos los actores armados, sumados a los intereses de terceros, llevaron a millones de colombianos a abandonar sus lugares de residencia. De este modo, señala que “el éxodo forma parte de una estrategia criminal financiada y patrocinada por poderosos agentes económicos, legales e ilegales, en un ambiente propicio para la reproducción de prácticas ilegales como la corrupción sistémica y la captura y cooptación institucional del Estado”.

Una de las primeras dificultades para la realización del informe -y crítica a la vez-, es que sólo hasta adentrada la década de 1990, a pesar de que venía ocurrieron desde 1948, se reconoció el desplazamiento forzado como un delito, se empleó una política pública para atender a las víctimas y se empezaron a llevar registros por parte del Estado. Por esta razón, las cifras de periodos anteriores recaen en manos de ONG y difieren notablemente de los registros oficiales.

La historia y las cifras demuestran que el aumento de los desplazamientos y la agudización de la guerra van de la mano. Desde que se empezaron a llevar registros en 1980, en 115 municipios se dieron desplazamientos forzados, y su pico más alto llegó en 2007, con 1.055.

Número de municipios con víctimas de desplazamiento por año. 115 municipios fueron expulsores en 1980, 1.055 en 2007 y 961 en 2012. Fuete: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.

Los habitantes de las regiones de Urabá, del Andén Pacífico Sur, del Oriente antioqueño, del Atrato, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del norte de Cauca y de los Montes de María, son las más afectadas por este tipo de violencia. Tan sólo en ellas, se concentra el 61% de las expulsiones que se registraron en el país hasta el 31 de diciembre de 2014. El CNMH llama la atención de que estas regiones son “zonas marginales de colonización, marcadas por procesos de luchas agrarias, donde han sido reconocidos territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, donde existen polos de desarrollo económico importantes para la economía nacional y una alta concentración de la propiedad rural”, y que además han sido “duramente afectadas por el conflicto armado debido a prolongadas disputas por su control, marcadas por la presencia temprana de actores armados, la incursión de nuevos actores y su confluencia en un mismo periodo de tiempo”.

El desplazamiento forzado acaba con el arraigo y el modo de vida de las personas que lo padecen, pero también deja secuelas en la sociedad y en la nación. Una de ellas es la “descampesinización” y desarraigo de los grupos étnicos. Según el Registro Único de Víctimas, el 87% de las personas desplazadas vivían en zonas rurales, lo que equivale a que 9 de 10 personas desplazadas, han tenido que abandonar el campo.

Haga clic en la imagen para descargar el informe.El CNMH considera que“en estos territorios, los efectos de la descampesinización son más críticos, en tanto no se trata solo de una pérdida cuantitativa sino de la destrucción de los lazos comunitarios, el rompimiento de relaciones familiares o vecinales, la instalación del miedo y la desconfianza como formas de vida, así como también de la eliminación de organizaciones sociales y políticas, antes predominantes en territorios esencialmente rurales, lo cual ha dado lugar al arrasamiento”. Además, también afecta el empleo rural y causa fuertes golpes en la economía nacional, puesto que según cifras de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación, entre 1980 y agosto de 2013, casi 2,5 millones de familias tuvieron que abandonar sus cultivos, lo que equivale, según el Dana, al 11,5 por ciento del empleo total del país.

Esa migración forzada de la vida rural a la urbana, también ha dejado secuelas negativas para las ciudades que acogen a los desplazados. Para 1938, el 31% de la población vivía en las cabeceras municipales, pero para 2005 la cifra pasó a ser del 74%. De acurdo con los datos del Registro Único de Víctimas, Bogotá ha recibido 496.837 desplazados; Medellín, 403.676; Santa Marta 186.135; Cali 140.751; Sincelejo 133.101; y Valledupar 124.288.

Esto causa un crecimiento acelerado y no planeado de las ciudades que tienen que enfrentar problemas para satisfacer las necesidades de sus habitantes y de los desplazados. Algunos de los problemas que reseña el CNMH son “la aparición de asentamientos informales o “barrios de invasión” generalmente se realiza en zonas de tierras bajas y vertederos, o en viviendas deficientes, abarrotadas e insalubres. La aparición de mercados ilegales de tierras, dificultades en la movilidad, expansión periférica y segregación residencial”.

Personas desplzadas por año desde 1980 hasta 2014. Fuente: RUV / Gráfica tomada del informe Una nación desplazada.

¿Cómo se llegó a esta dramática situación?

En entrevista con VerdadAbierta.com, Myriam Hernández Sabogal, coordinadora de la serie Una nación desplazada, explicó que una de las principales razones del crecimiento del desplazamiento forzado fue su invisibilización. “Sólo hasta el año 2000 se declara como delito.Ese sólo hecho refleja la poca importancia, pese a la magnitud del fenómeno y los graves hechos, que no fue priorizado dentro de las políticas públicas. Durante mucho tiempo el tema fue tratado marginalmente por el Estado y fue visto como un efecto colateral del conflicto”, dijo.

Además, señala que el desplazamiento forzado no puede atribuirse simplemente a la confrontación entre actores armados. “Cada vez se devela con mayor claridad que detrás del desplazamiento forzado se dieron unos intereses económicos muy claros. El papel del narcotráfico ha sido muy importante, pero los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, han desconocido los impactos de la guerra y han resultado aprovechándose de lo que fue el abandono y el despojo de los territorios”.

También llama la atención sobre el papel de la justicia y la altísima impunidad del delito, que conllevan a que los desplazamientos se repitan. “Queremos destacar esa falta de actuación, particularmente de la Fiscalía, en materia de investigación y de sanción de los responsables.Tenemos un gran problema en la medida en que no hay una postura fuerte respecto a identificar quiénes han sido los principales determinadores de estos hechos y cómo se han beneficiado. Esto deja serias dudas sobre las garantías de no repetición y para la población dado que continúa el conflicto”, concluyó Hernández.

La cronología de los éxodos

Residentes de la comunidad de Tanguí se desplazan para regresar a su casa después de tres meses de vivir en una escuela pública en la ciudad de Quibdó. Río Atrato, Chocó. Foto Juan Arredondo / CNMH.

Por medio de una exhaustiva revisión documental el CNMH identificó siete momentos de la historia nacional en los que el desplazamiento forzado se disparó y que permiten entender cómo Colombia llegó tantas víctimas de este tipo de violencia.

1. La Violencia (1948-1958)
Este periodo comprende la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, a raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. El informe indica que “en este escenario de permanentes enfrentamientos sin tregua se produjo una serie de asesinatos violentos, muchos de ellos a través de masacres indiscriminadas, que dejaron como resultado por lo menos doscientas mil personas muertas”, y estima, según diferentes fuentes, que entre dos y tres millones de personas, se vieron obligadas a desplazarse. Agrega que en esa época no existía la definición de desplazamiento forzado y que sus víctimas eran consideradas como migrantes o exiliados.

2. El Frente Nacional (1958-1974)
El periodo de La Violencia llegó a su fin con la alianza que sellaron liberales y conservadores para alternarse el poder, que fue denominada Frente Nacional. A pesar de los intentos por pacificar el país, las desigualdades en el campo llevaron a la conformación de las guerrillas de las Farc y del Eln, que “se insertaron en zonas de expansión de la frontera agrícola, a donde habían migrado las personas desplazadas de La Violencia o en zonas marginales donde residían los pobres del campo, buscando sustituir al Estado”. Para contrarrestar a las guerrillas, el presidente Guillermo León Valencia permitió la creación de grupos de autodefensas civiles, con lo que se agudizó el conflicto.

Parael CNMH, estos dos periodos fueron clave para el desarrollo del conflicto armado en Colombia, pues “las profundas afectaciones a las personas desplazadas durante la época de La Violencia, la acumulación de tierras por parte de los aprovechadores, el fracaso de la reforma agraria y la brutal respuesta estatal durante el Frente Nacional, propiciaron un escenario funcional a la lucha insurgente y la proliferación de actores armados”.

3. Irrupción del narcotráfico (1974-1979)
Esta actividad ilegal causó cambios en la economía, en las dinámicas del conflicto armado y produjo nuevos desplazamientos. Al respecto, el informe indica que a consecuencia del narco, la población fue expulsada de las tierras que se convirtieron en objetivos estratégicos en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal; y que el uso de la tierra para cultivos de uso ilícito promovió oleadas de migración de “clases emergentes de dudosa procedencia” y de un campesinado sin opciones económicas.

A partir de la década de 1980, el CNMH hace una distinción especial sobre el desplazamiento forzado contemporáneo (1980-2014), cuando pasó a “ser un mecanismo cotidiano de generación de violencia y a afectar grandes poblaciones”.

4. Desplazamiento silencioso en el escalamiento del conflicto armado (1980-1989)
Durante estos nueve años, el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes legitimaron el uso de la violencia y el éxodo de la población como formas de resolución de conflictos, haciendo la guerra más intensa y más sucia. Además, durante este periodo, no se creó una política pública para reconocer y atender a la población desplazada.

5. Continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social (1989-1996)
Este periodo estuvo marcado por la desmovilización de cinco grupos guerrilleros, entre ellos el M-19 y el Epl, y la creación de la Constitución Política de 1991. A pesar de esas desmovilizaciones, el conflicto armado se agudizó por el fortalecimiento de las guerrillas que quedaron vigentes y de los paramilitares. “La crisis humanitaria de las personas desplazadas continuó en aumento y se extendió a diferentes regiones del territorio nacional, principalmente en el Urabá y en las regiones del Caribe”, indica el informe.

6. Gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea (1997-2004)
Se caracteriza por el desproporcionado aumento de los desplazamientos forzados: en esos siete años 3.087.173 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Una de sus principales causas fue agrupación de diferentes grupos paramilitares bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su consecuente expansión por el país a punta de masacres. Por parte de la guerrilla, especialmente de las Farc, se recrudeció su violencia contra la población civil, se dieron tomas guerrilleras cada vez más devastadoras y atentó sus ataques contra la infraestructura y los bienes de los civiles.

7. Persistencia del desplazamiento en escenarios de búsqueda de la paz (2005-2014)
Con la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, tiempo después se dio el rerame de varias de sus estructuras que son conocidas como Bacrim, esto, sumado a las acciones de las guerrillas en contra del aumento de la presencia de la Fuerza Pública en los territorios que estuvieron bajo su control, causaron que la cifra de desplazados fuera casi igual a la del periodo anterior. Según de datos del Registro Único de Víctimas, en esos nueve años, 2.996.196 personas se desplazaron forzadamente.

La poca acción de la justicia

Las grandes ciudades del país son receptoras de miles de desplazados provenientes, no solo del campo, sino también de otras ciudades. Medellín, 2006. Foto: Natalia Botero / CNMH.

El CNMH le dedica un capítulo entero a este apartado, el cual califica de “altos niveles impunidad”. Las cifras confirman dicha afirmación, pues de los más de seis millones de víctimas de desplazamiento forzado, a 2014 la Fiscalía sólo tenía abiertas 14.612 investigaciones. De lo anterior se desprende que muchas personas no denuncian -por temor en el mayor de los casos porque los grupos persisten en los territorios o por su infiltración en las agencias del Estado-, pero también deja en evidencia la “poca voluntad de oficio de investigar” por parte del Ente Acusador.

Sobre el papel de la Fiscalía agrega que “ha sido omisiva enla investigación y acusación de las graves infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas el desplazamiento y abandono masivo y sistemático de tierras y la legalización del despojo, en beneficio de empresas nacionales y multinacionales y actores armados ilegales. (…) Las investigaciones fueron archivadas, permanecen en etapas previas, están estancadas y/o refundidas o avanzan sin garantizar el acceso a la justicia en un plazo razonable”.

Respecto al proceso de Justicia y Paz al que se acogieron los desmovilizados de las Auc, el informe llama la atención sobre las pocas condenas que se han dictado por el delito de desplazamiento forzado. Tras estudiar las 20 que ha emitido esta justicia transicional, encontró que en sólo 7 de las doce que se han resuelto en segunda instancia, están incluidos estos delitos.

Campesinos de San Francisco, en el oriente de Antioquia, retornan por quinta vez a sus veredas, Los Farallones y el Comején, después de un desplazamiento masivo que tuvo lugar debido a la confrontación armada entre guerrilla, paramilitares y Ejército por el control del territorio. Antioquia, junio de 2002. Foto: Natalia Botero / CNMH.

En cuanto a las guerrillas, también critica el poco volumen de sentencias por estos hechos, pues las condenas que ha dictado la justicia ordinaria giran alrededor de los delitos de rebelión, terrorismo, secuestro y narcotráfico. Como ejemplo cita la sentencia contra alias Gabino y otros jefes del Eln por el atentado con el Oleoducto Central S.A., el 18 de octubre de 1998, que generó el desplazamiento masivo de los habitantes de Machuca, Segovia, como efecto del incendio provocado por la compañía Cimarrones, hechos por los que fueron condenados por los delitos de  rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples.

De manera similar, las condenas proferidas contra miembros de las FARC por la masacre de Bojayá se basaron en los cargos formulados por la Fiscalía contra la cúpula de esa organización, entre los que no se incluyó el delito de desplazamiento forzado.

Por otro lado, en los procesos de justicia y paz se han dictado veinte sentencias parciales contra miembros de las AUC. No ha habido sentencias contra miembros de las guerrillas y los procesos avanzan sin que se esclarezca su responsabilidad en el éxodo forzado. En siete de las doce sentencias proferidas en segunda instancia no se sancionó por el delito de desplazamiento

Sobre esta tragedia que ha afectado a más seis millones de colombianos, el CNMH concluye que “la evolución del desplazamiento forzado en el tiempo y su análisis permiten concluir que pese a la magnitud y sistematicidad con que se ha producido este delito y los graves daños causados a la población víctima del mismo, el tardío reconocimiento del Estado, los continuos cambios institucionales y la limitada capacidad de las entidades responsables de su atención, no han permitido lograr una respuesta adecuada a las necesidades más apremiantes de esta población, mucho menos garantizar el goce efectivo de sus derechos y su reparación integral”.

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El Catatumbo cumple más de tres décadas padeciendo masacres, desapariciones, desplazamientos, impunidad y la indiferencia de un país que solo mira al Norte de Santander cuando hay problemas fronterizos. El CNMH presenta un informe que revela porqué la zona no ha podido salir del espiral de violencia y abandono.

Entre 1980 a 2013 en el Catatumbo se cometieron 66 masacres y 120 mil personas se desplazaron.Foto: archivo Semana.

El libro comienza con una cita que resume el drama: “En Norte de Santander y a nivel nacional desde las más altas autoridades sabían lo que estaba pasando, los gobernadores, la clase política, la clase económica, la fuerza pública, el clero, todos en absoluto sabían que estaban masacrando a la población civil y no hubo una respuesta”. Lo dijo Edgar Carvajal, un exfiscal de Justicia y Paz, en un documental del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre lo que ha ocurrido en el Catatumbo en su historia reciente, pero bien podría aplicarse al Urabá, Buenaventura, San Carlos (Antioquia) o el Valle del Guamuez (Putumayo). Es la historia repetida de la “periferia” en Colombia.

Solo que esta vez, el informe (titulado, “Con licencia para desplazar”) hace un recuento juicioso de las masacres, las desapariciones, los desplazados, los “falsos positivos”, la supervivencia de los campesinos, la connivencia del Ejército y la indiferencia nacional en una zona fronteriza que sonó en los titulares del pasado fin de semana no por el lanzamiento del libro, propiamente, sino por la muerte de ´Megateo´, jefe del frente Libardo Mora del EPL, uno de los hombres más buscados del país.

Portada del informe del CNMH sobre el desplazamiento en Tibú.La guerra no se detiene pero tal vez era necesario hacer un ejercicio de memoria histórica para contribuir con uno de los deseos de los sobrevivientes expresado por el obispo de Tibú, Ómar Sánchez, en el evento público de lanzamiento en el sábado anterior: “Queremos que se conozca toda la verdad y esta es la primera piedra”.

Es una verdad dolorosa: desde 1980 a 2013 la gente del Catatumbo sufrió 66 masacres y 120 mil personas se desplazaron. Y más allá de las cifras, el común denominador, página tras página, es el de la impunidad. Salvo algunos mandos medios del Ejército y de los paramilitares, los grandes autores del horror están libres. El tema es más preocupante si se tiene en cuenta que “durante cinco años, el Ejército se tomó el Catatumbo”, como dijo Yamile Salinas, coordinadora del informe, a VerdadAbierta.com.

La investigación también habla de las veces que Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, mencionó que Carlos Castaño se reunió con altos mandos militares y élites políticas, y nombró entre los presuntos contactos a los “exgenerales del Ejército Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño, con quienes supuestamente se coordinó la expansión por todos los departamentos de la Costa Caribe, Santander y Norte de Santander. En este último departamento, Mancuso se ha referido a apoyos de los comandantes de la Segunda División, exgeneral Mario Fernando Roa, y de la Quinta Brigada, exgeneral Alberto Bravo Silva, y al exsubdirector del liquidado DAS, José Miguel Narváez”.

La toma de Tibú por parte de los ‘paras’ fue llamada “Proyecto Tibú” y, según el informe del CNMH, fue coordinada por Armando Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, Fernando Fino Rodríguez, alias ‘Marlon’, y José Bernardo Lozada Artuz, alias ‘Mauro’; los tres fueron oficiales del Ejército, con militares activos que hacían presencia en la región, entre ellos el exmayor Harvey Hernández Correa y el excapitán Alexander Gutiérrez Castro, ‘El Capi’; excomandantes del Distrito de Policía de Tibú (el segundo capturado como miembro de bandas criminales después de desmovilizarse con el Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar), el exmayor Mauricio Llorente, excomandante del Batallón de Contraguerrillas Héroes de Saraguro en Tibú, y el exteniente Luis Fernando Campuzano Vásquez, excomandante de la base militar en La Gabarra.

Las víctimas también hablan sobre esta connivencia. A propósito de una masacre de 1999 en el casco urbano de La Gabarra, una sobreviviente entrevistada por los investigadores dijo lo siguiente: “Una docente recuerda que cuando estaban buscando a sus colegas, llegó el Ejército y perdonen la expresión, nos dijo, qué hacen aquí (…), zorras, perras, degeneradas (…). [Las víctimas] yo creo que pasan de treinta personas (…) porque en el cementerio no había como tirar la gente (…) y mucha gente quedó herida”.

Víctimas de la masacre de La Gabarra. Foto: archivo Semana.

Pero el maridaje no solo provino de las fuerzas armadas del Estado. Ecopetrol también apoyó el proyecto. Según los propios paramilitares, citados en el libro, “cuando los urbanos iban a entrar a Tibú (…), ese señor Montaño llevó un carro de Ecopetroly nos recogió en Campo Dos (…) y nos metió a Ecopetrol (…) duramos ocho días mientras planeábamos cómo entrábamos a Tibú. Por su parte, Lozada Artuz, declaró que Armando Montaño, exjefe de seguridad de Ecopetrol, ‘colaboró con armas, equipo y en logística’ y Giovanny Velásquez, exintegrante del Bloque Catatumbo en los procesos de Justicia y Paz preguntó ‘¿Cómo es posible que un helicóptero que presta Ecopetrol para que transporte militares del Maza, se haya montado un militar como Mancuso?’”. Ningún alto directivo de la empresa de petróleo más importante de Colombia ha sido condenado por lo que sucedió.

Pero el periodo comprendido en la investigación es mucho más amplio y no se limita a la violencia paramilitar y del Ejército. El primero, comprende casi toda la década del ochenta, cuando entraron las primeras guerrillas, se adelantaron negociaciones de paz en el nivel nacional con algunos de estos e incursionaron esporádicamente grupos de justicia privada que arremetieron contra líderes y dirigentes políticos y sociales. Luego, entre 1989 y 1996, donde la guerrilla extendió su dominio alrededor del fortín cocalero y se aumentó la presencia de grupos traficantes de drogas y de autodefensas.

El tercer periodo -entre 1997 y 2004- es el que, según el informe, ha dejado la mayor secuela en los habitantes porque fue cuando los paramilitares ingresaron e impusieron su dominio en Tibú y causaron el éxodo masivo de la gente. Y, finalmente, el período de 2005 a agosto de 2013, cuando, a pesar de los procesos de desmovilización y la gran militarización de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial, las guerrillas y las bandas neoparamilitares continúan actuando.

Son prácticamente tres décadas de terror que conducen a una pregunta obligada: ¿por qué el Catatumbo? Las riquezas naturales, en especial el petróleo y las ventajas geoestratégicas de la zona han marcado su destino. Todos los actores armados han participado del desangre y lo que es peor: los dividendos multimillonarios de esos proyectos así como los de las economías ilícitas de las drogas y el contrabando no han beneficiado a la población. El testimonio de una mujer entrevistada para el libro es revelador: “Estamos en el siglo XXI y no tenemos agua potable, batería sanitaria y luz en nuestras veredas, ni carreteras para sacar los productos de los proyectos productivos que ofrece el Gobierno para erradicar la coca”.

Los propios investigadores del CNMH estaban sorprendidos porque en Tibú, uno de los municipios más ricos en petróleo de Colombia, no hay una sola carretera bien pavimentada: “La gente nos dice: ´los cinco años de violencia paramilitar nos hicieron retroceder 40´”, dijo Yamile Salinas.

Los números son más escandalosas aún: en Tibú viven 30 mil personas, de las cuales el 61 por ciento habita en las zonas rurales y, de esas, el 93 por ciento es pobre.

Todas esas cifras también se convierten en mensajes directos para los Diálogos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. De llegarse a firmar el acuerdo final el próximo año, se viene la implementación de todo lo dicho en los micrófonos y lo escrito en el papel y, en ese momento, regiones como el Catatumbo (al igual que el Bajo Cauca antioqueño, Tumaco o Arauca) se tendrán que convertir en laboratorios de paz. Tantos años de marchas, protestas y resistencia han demostrado que los modelos o las estrategias utilizadas no han funcionado. Tal vez este informe también sea una alerta sobre lo quequiere la gente y ese querer lo resume parte de un poema escrito por Tirso Vélez, miembro fundador de la ONG Redepaz y candidato a la Gobernación del Norte de Santander, asesinado en 2003: “No nos manden militares, mándenos maestros”.

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Frontera del río Arauca con Venezuela. Se estima que en el país vecino hay más de 200 mil desplazados que huyeron del conflicto armado. Foto: Mauricio Builes.

Sobre el desplazamiento forzado interno en Colombia se ha escrito mucho y abundan registros estadísticos, pero cuando se trata de personas que han tenido que traspasar las fronteras para salvar sus vidas, la situación cambia. En medio de ese vacío de información y de una crisis humanitaria sin precedentes por el cierre de la frontera con Venezuela -país que alberga la mayor cantidad de desplazados en el exterior-, el CNMH publica este viernes el informe ‘Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca’,  que da cuenta de las penurias en las que viven estas personas.

Las víctimas que residen en el exterior son invisibles: no hay registros oficiales sobre ellas, no reciben atención adecuada por parte de instituciones estatales, desconocen sus derechos, son revictimizadas y ni siquiera hacen parte de la legislación que protege a las víctimas del conflicto armado.

Portada del informe del CNMH sobre el éxodo transfronterizo.

Una de sus revelaciones más preocupantes es que estas personas no son reconocidas como desplazadas, porque las leyes 397 de 1997 (creada para atender a los desplazados) y 1448 de 2012 (conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), definen que sólo son víctimas quienes se desplazan dentro del país. Al respecto, el CNHM indica que “el éxodo transfronterizo es una modalidad de migración forzada que constituye una prolongación del desplazamiento forzado ocasionado en el contexto del conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia”, por lo que las personas que lo padecen, sí son víctimas desplazamiento forzado.

El informe recalca que “existe un desconocimiento sobre la continuación de los efectos del desplazamiento forzado fuera del territorio nacional y los daños y afectaciones que han sufrido sus víctimas a lo largo del tiempo”, lo cual “reviste un carácter dramático para miles de mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, indígenas y afrodescendientes, algunos de las cuales han permanecido fuera de Colombia por más de una década, y continúan siendo invisibles para losregistros oficiales”.

Otra situación que hace que el desplazamiento en el exterior permanezca invisible es el temor de las personas, quienes no denuncian por temorde ser deportadas o de ser revictimizadas por los grupos armados de los que huyen. Además, se suma el desconocimiento de sus derechos como refugiados. Por esta razón, sólo se tienen registros de las personas que solicitan refugio y, las demás, según el informe, “se convierten en una población flotante invisible para autoridades nacionales y, en muchos casos, son confundidas con la población migrante irregular”.

Colombianos refugiados o en situación similar a refugiados en Ecuador, Panamá y Venezuela (finales 2012). Tomado del informe del CNMH, fuente: Acnur.

Estas cifras muestran que Venezuela es el principal destino de víctimas de desplazamiento externo y que la gran mayoría de ellos no han sido reconocidos como refugiados por las autoridades de ese país. Al respecto, el informe indica que estas personas son “refugiados de hecho”, que “permanecen invisibles para los registros oficiales y por lo tanto no pueden ejercer plenamente sus derechos en el vecino país”.

La frontera de Arauca con Venezuela

El CNMH tomó como caso de estudio esta frontera por el alto número de desplazados que reside allí e hizo una detallada radiografía de esta situación. Entre 1970 y 1980 se dieron los primeros flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela, pero no estuvieron relacionados con el conflicto armado, sino con la búsqueda de mejores condiciones de vida por el crecimiento económico del vecino país. Sin embargo, a finales de la década de 1990, se dio un momento migratorio por el recrudecimiento de la guerra en las regiones de frontera.

Ante esa crisis humanitaria, Venezuela creó en 2001 la Ley Orgánica para Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA) y en 2003 creó la Comisión Nacional de Refugiados (CNR), para atender a los desplazados. No obstante, esa gestión no se tradujo en resultados positivos para los desplazados, pues a la gran mayoría les fue negada su solicitud de condición de refugiado: de las 5.515 que fueron radicadas entre 2004 y 2011, sólo fueron aprobadas 1.399.

Al respecto, el informe señala que “el éxodo transfronterizo de colombianos hacia Venezuela se ha confundido muchas veces con migraciones económicas, haciéndolo invisible a la problemática humanitaria en ambos lados de la frontera. Esta situación ha llevado a que miles de colombianos desplazados se conviertan en una población flotante que, a pesar de necesitar protección internacional, permanece sin reconocimiento, asistencia y protección de ninguno de los Estados”.

Por temor, muchos colombianos que pasan la frontera, deciden vivir en zonas apartadas y crean barrios de invasión. Foto: Juan Manuel Zarama Santacruz /CNMH.

Sobre por qué Venezuela tiene tantos desplazados colombianos, el informe considera que la prolongación del conflicto armado interno en las fronteras del país, las complejas dinámicas de las zonas fronterizas, la interdependencia con otro Estado y el corredor extenso que comparten los dos países, han generado las condiciones para que muchos connacionales busquen protección en el vecino país. Y referencia que la presencia de los grupos armados se hizo visible en 1997, cuando se agudizó el conflicto armado y escaló su impacto sobre las poblaciones de ambos lados de la frontera. En ese periodo también se dio el auge de cultivos de coca en la zona fronteriza debido a las fumigaciones en Putumayo, lo cual abrió otro interés y frente de disputa entre los grupos armados.

“La frontera ha representado para los grupos armados ilegales una importante fuente de financiación y un espacio que, debido al abandono institucional de ambos Estados, les sirve de retaguardia. En efecto, los actores armados ilegales encuentran en el corredor fronterizo la posibilidad de desarrollar prácticas como la extorsión y el secuestro para capitalizar rentas de las economías lícitas como el petróleo y el carbón, así como la ampliación de las rutas de contrabando, tráfico de drogas y mayores posibilidades para el lavado de activos hacia el exterior”, concluye el informe.

La guerra en Arauca

El departamento de Arauca es rico en recursos naturales y energéticos. Es conocido por sus bastos pastizales para la cría de ganado, la fertilidad de sus tierras para la agricultura y su gran cantidad de pozos petroleros. Estos elementos, sumados a la falta de presencia del Estado y a su extensa frontera, lo convirtieron en un gran atractivo para todos los grupos armados ilegales. El CNMH identificó cuatro momentos clave del conflicto armado en esta región.

El primero comprende los años entre 1980 y 1988. En esa época el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tenía fuerte presencia en el departamento y coincidió con el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo, razón por la cual buscaron lucrarse de la economía petrolera, posicionándose a lo largo del oleoducto de Caño Limón. Por otro lado, durante ese periodo, las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (Farc), empezaron a incursionar en Arauca. No existían grupos paramilitares.

Entre 1989 y 1996, las Farc se fortalecieron en Arauca por medio del Frente 10 y consolidaron su poder en la cordillera Oriental desde Ecuador hasta Venezuela. El Eln mantuvo su presencia en la región y empezó a atacar la infraestructura petrolera. En este periodo se dio una militarización en el departamento, que se tradujo “en un incremento en las acciones armadas entre todos los actores del conflicto armado, en medio de las cuales la población civil quedó encerrada y desprotegida”.

Los peores crímenes del ‘Mellizo’ Mejía y los ‘paras’ en Arauca

En el tercer periodo, comprendido entre 1997 y 2004, se dieron las más grandes violaciones de derechos humanos e iniciaron los desplazamientos hacia Venezuela. La violencia se disparó con la llegada del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a manos de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’. Al respecto, el informe señala que “el recrudecimiento de la disputa territorial a partir de la introducción de un nuevo actor armado se tradujo en un escalamiento de los ataques contra la población civil”.

Un singular pacto de pazEln-Farc

La incursión de los paramilitares y la militarización del departamento, hicieron que los grupos guerrilleros se replegaran hacia las zonas de frontera sobre el cauce del río Arauca. Además, el BloqueVencedores de Arauca se expandió hacia el norte del departamento y sus frentes incursionaron y llegaron a tener presencia en la zona del Alto Apure, en Venezuela.

El último periodo (2005-2013) está ligado con la desmovilización de las Auc. Una vez el Bloque Vencedores de Arauca dejó las armas, las Farc y el Eln se tranzaron en una guerra a muerte para controlar los territorios que fueron dominados por los paramilitares y el control sobre las rentas que producirían los nuevos pozos petroleros que empezaron a ser explotados.

Evolución del desplazamiento en Colombia y Arauca. Tomado del informe del CNMH, fuente: RUV.

La entrada y salida del Bloque Vencedores de Arauca dio una patada en el tablero de la guerra y fue responsable del flujo de colombianos que cruzaron la frontera. El informe define que “si bien el periodo de incursión paramilitar no fue el de mayor sistematicidad en los desplazamientos forzados registrados en el departamento, su fin, marcado por la desmovilización del BVA (Bloque Vencedores Arauca), constituiría el inicio de un periodo de éxodos a partir de la pugna entre las guerrillas por el control territorial que habían dejado los paramilitares”.

Según datos del Registro Único de Víctimas, los grupos guerrilleros son los principales responsables del desplazamiento forzado en Arauca. De las 85.085 registradas como desplazadas, el 60,72% han señalado como responsables a las guerrillas. Los otros presuntos responsables son grupos paramilitares (9,35%), miembros de la fuerza pública (0,47%) y bandas criminales (0,07%).

Las implicaciones de ser desplazado por fuera del país

Los desplazados que están en Venezuela viven en un doble limbo. Por parte de Colombia, no son reconocidos como desplazados, y por el lado de Venezuela, no son refugiados sino “refugiados de hecho”, por la dificultad que significa obtener ese reconocimiento. Esto hace que no puedan acceder a varios derechos como el trabajo, la educación, la salud, la propiedad y la libre circulación; viven en zonas apartadas, en barrios de invasión y en precarias condiciones. Además, sufren de estigmatización porque son relacionados de ser contrabandistas, narcotraficantes o miembros de grupos armados.

Por otro lado, el informe encuentra que muchos desplazados prefieren mantenerse en la informalidad por miedo. Para Juan Zamara, coordinador del informe, esta situación se presenta por la falta de políticas públicas en Colombia para visibilizar todos los efectos del conflicto armado. Además, hay países de acogida que han tenido poca labor en cuanto a cumplir los estándares internacionales de protección, como es el caso de Venezuela.

“Hablar de víctimas es un tema incómodo y requiere compromisos de ambas partes. Venezuela ha contraído la obligación internacional de proteger a las personas que solicitan refugio; y para Colombia es incómodo porque implica reconocer que el conflicto armado ha trascendido las fronteras y que tiene responsabilidad como Estado porque no fue capaz de garantizar la atención a sus connacionales que tuvieron que buscar protección por fuera”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Sobre la difícil situación que actualmente se presenta en la frontera por el cierre que ordenó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Zamara dice que no hay mecanismos que permitan medir si los deportados salieron del país en busca de refugio. Sin embargo, algunos registros, permiten estimarque de las personas que retornaron a Colombia en las últimas semanas, un 30% o 40% salieron en busca de protección internacional.

“En este caso se podría dar una revictimización de un éxodo desde Venezuela a Colombia, que es una categoría que no se ha analizado: ¿qué pasa cuando un refugiado es obligado a retornar al país del que fue expulsado?”.

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Un pequeño grupo de indígenas decidió trasladarse al casco urbano del municipio de Urrao, donde recibieron ayuda humanitaria de emergencia.

El día 22 de mayo pasado, cuando las Farc anunciaron desde La Habana, Cuba, que suspendían el cese unilateral al fuego, las comunidades indígenas de Antioquia entendieron que vendrían días aciagos y empezaron a prepararse para lo peor.

Sus presagios no eran infundados. La guerra se reactivó con toda su fuerza, especialmente en esa selva espesa y tupida que se extiende desde Urrao, en suroeste, hasta el Chocó. Allí, hace ya poco más de un mes, el Ejército inició una ofensiva contra los frentes 5 y 18 de las Farc, cuya presencia en esa zona ha sido histórica. Las acciones bélicas comenzaron a tener lugar al interior del resguardo indígena Majoré, donde habitan poco más de 350 personas pertenecientes a la etnia Emberá-Eyabida.

Primero fueron los bombardeos del Ejército los que despertaron zozobra al interior del pueblo indígena. Luego, supieron que los guerrilleros habían minado gran parte de su territorio. Lo descubrieron gracias a un episodio trágico y afortunado, un día en el que un grupo de hombres salió de cacería acompañados de sus perros. Uno de los canes pisó el artefacto explosivo y murió al instante. La tensión al interior de toda la comunidad se hizo insostenible.

Desde la primera semana de julio, los hombres, mujeres y niños que habitan el resguardo Majoré decidieron abandonar su territorio y atravesar esa vasta y espesa selva con destino a la comunidad Amburá, ubicada a varios días de camino. La persistencia de los combates y la imposibilidad de salir a realizar sus faenas diarias de caza, pesca y siembra por miedo a las minas, motivó el éxodo.

Hoy, la situación de los indígenas asentadas en Amburá es crítica. “Como son territorios muy alejados del casco urbano, pues solo nos enteramos casi una semana después que se había registrado el desplazamiento”, señala Aida Suárez, presidenta de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quien agrega: “ellos tomaron la decisión de salir cada uno con algo para comer; es decir, una gallina, un marranito y así. Pero resulta que Amburá es una comunidad pequeña que no tiene capacidad para albergar tantas personas. Allí hay por lo menos 500 personas a las que ya se les agotó la comida y el agua que llevaron, que están durmiendo a la intemperie”.

De acuerdo con Suárez, la misión con las ayudas humanitarias dispuestas a mitigar las dificultades de los nativos ha tenido problemas para ingresar a la zona dada la compleja situación de seguridad que persiste en la región.

“La administración municipal y la Gobernación ya alertaron a todo el mundo, y comenzaron a organizar lo que cada institución iba a aportar. Pero, ¿qué pasa?, que no hay condiciones ni garantías para ingresar. Hay que llegar caminando y según los líderes indígenas con los que hemos conversado, esos caminos están minados. Y los hostigamientos continúan. Entonces, tenemos una comunidad prácticamente confinada”, declara la presidenta de la OIA.     

Tanto la alcaldía de Urrao como funcionarios de derechos humanos de la gobernación han expresado su preocupación con la situación.

La guerra que afecta a los indígenas
Una de las críticas que hace la Organización Indígena de Antioquia (OIA) a las Farc es que, para frenar la arremetida de las fuerzas militares han recurrido al uso indiscriminado de minas antipersona que, paradójicamente, han puesto en grave riesgo a los nativos.

Aunque lo que está sucediendo actualmente en Urrao constituye el ejemplo más dramático de lo que son las afectaciones que genera el conflicto armado al interior de las comunidades indígenas, no es el único que se ha registrado desde que se reactivaron las confrontaciones entre la guerrilla de las Farc y el Ejército Nacional.

Según la presidenta la OIA, hace poco logró contenerse un desplazamiento masivo que iba a tener lugar al interior del resguardo Jaidukamá, un vasto territorio de cerca de 4.000 hectáreas ubicado entre los municipios de Ituango y Tarazá, en el que habitan por lo menos 30 familias. Al igual que en Urrao, los combates entre la guerrilla y el Ejército, sumado a la presencia de minas antipersona, motivó la decisión de los indígenas a abandonar el territorio, pero gracias a las gestiones humanitarias de los líderes indígenas se pudo evitar el éxodo masivo.

Lo que pone de manifiesto situaciones como esta es que, por lo menos en Antioquia, las comunidades indígenas viven al vaivén de lo que suceda en La Habana, Cuba. “Si resulta que hoy se suspende el diálogo porque no lograron ponerse de acuerdo en algún punto, pues ya nosotros tenemos el dolor de cabeza de que algo va a pasar en nuestros territorios. Es permanente la zozobra y la incertidumbre que mantenemos por cuenta de lo que pase en Cuba”, resalta Aida Suárez.

Si bien los recientes anuncios por parte de la guerrilla de las Farc, de reanudar un cese unilateral; y por parte del gobierno nacional, de desescalar el conflicto, generan algo de tranquilidad entre ellos, también es cierto que está lejos el día en que los pueblos indígenas del departamento vivan días de paz. El reclutamiento forzado, la siembra indiscriminada de minas y la presencia de cultivos ilícitos constituyen el pan de cada día para los resguardos.

“En el Bajo Cauca, por ejemplo, este año hemos tenido pueblos totalmente confinados por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Y allá es más delicado, porque tenemos la presencia de las guerrillas de las Farc, el Eln y las bandas criminales. En Urabá tenemos problemas con los cultivos ilícitos; en el Nordeste con la minería ilegal”, agrega Suárez.

Dichas afectaciones han sido documentadas por entidades como la Defensoría del Pueblo. En efecto, en los informes de Inminencia 004-15 y 007-15, fechados el 12 de marzo y 14 de mayo, respectivamente, se advierte sobre el grave riesgo en el que se encuentran las comunidades indígenas asentadas en zonas rurales de los municipios de Cáceres y Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, escenario actual de confrontaciones armadas entre las guerrillas del Eln y la banda criminal autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Aug), también llamados ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

En ellos se consigna cómo las disputas por control territorial que vienen protagonizando ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ está derivando en situaciones complejas de confinamiento por cuenta de férreas restricciones a la movilidad y la siembra de minas antipersona, en algunos casos; y de desplazamientos masivos debido a los asesinatos selectivos y amenazas dirigidas a líderes campesinos e indígenas.

“La población que se encuentra en situación de riesgo inminente reside en las veredas Alto del Tigre, ElTigre y El Campanario (Cáceres). La población del Alto del Tigre está integrada por aproximadamente 303 familias, de estas 39 son indígenas y están asociadas en una cabildo local con una autoridad indígena que representan gobierno propio (…) mientras que en la vereda El Campanario está habitada por 71 familias, de las cuales 32 son indígenas”, consigna la Defensoría en su Informe 004-15.

Las advertencias para que se proteja a las comunidades indígenas tienen su razón de ser: por su concepción del mundo y sus formas de relacionamiento con la tierra, con los demás pueblos campesinos, los nativos se convierten en los más vulnerables frente a los efectos del conflicto armado y el accionar del crimen organizado al interior de sus territorios. Y pese a que han desarrollado sus propias estrategias de resistencia, como lo son las guardias indígenas, lo que los indígenas en Antioquia esperan es que más temprano que tarde puedan vivir en armonía, en paz y con plena autonomía al interior de sus territorios. 

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‘Bendición de Dios’ está sumido al abandono estatal. Las casas son de tablas de madera y no hay un sistema de alcantarillado. Foto: VerdadAbierta.com.

Al lado de una Barranquilla próspera, hay otra donde la violencia campea y crece de manera preocupante. Se trata del sector más marginal de Villanueva, al suroccidente de la ciudad, llamado ‘Bendición de Dios’, que se convirtió desde hace diez años en una gran comuna de desplazados por la violencia de todo el país. Pero en lugar de encontrar calma y protección, estas familias viven bajo la permanente zozobra pues las bandas criminales controlan las calles. Patrullan de noche en motocicleta e imponen su ley de encierro temprano para todos. El miedo está hasta en los tuétanos de la gente. Especialmente por los descuartizamientos.

El 7 de abril apareció, dentro de una bodega de madera, el cuerpo destrozado de William Enrique Manotas Suárez, de 33 años, quien era conocido con el alias de El Gordo. En lo que va del año, cinco personas han muerto en Villanueva, según el Sistema Unificado de Información del Fondo de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, y las familias del asentamiento aseguran que la mayoría de los homicidios se relacionan con la presencia de ‘Los Rastrojos Costeños’, la banda criminal que tiene el control de esta zona.

‘Bendición de Dios’ es un punto estratégico de la ciudad porque está cerca del río Magdalena y del centro de la capital del Atlántico, lo que facilita la distribución de drogas ilícitas. Una fuente consultada por VerdadAbierta.com que pidió la reserva de su nombre, afirma que hay tres casas en donde se almacena la base de coca queviene de la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta; y que desde allí se distribuye al resto de la región. También sostiene que ‘Los Rastrojos Costeños’ reclutan menores, y que “así como en Buenaventura, aquí también hay ‘casas de pique”.

El primer caso de desmembramiento que se ha conocido en Barranquilla ocurrió el 16 de junio de 2013, cuando los restos de Reynero Márquez Duque, de 28 años, aparecieron dentro de varias bolsas en una vía del barrio Las Flores. Un juez lo había enviado a la cárcel el 5 de agosto de 2010, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, reveló una fuente del circuito judicial de la capital del Atlántico.  Algunos medios, sin embargo, anunciaron que Márquez tenía apenas unos días de haber quedado libre cuando fue descuartizado.

El segundo caso ocurrió el 9 de julio de ese mismo año, un transeúnte descubrió en San Roque la cabeza sin cuerpo de José Luis Rodríguez Herrera, quien fue acusado en 2007 de secuestro extorsivo. Diez días después se halló en Siape el cadáver desmembrado de Óscar Sánchez Pérez, de 37 años, en un basurero. Luego, el 22 de septiembre, encontraron en Brisas del Río los restos de Andrés Lozano Yepes; después, el 6 de noviembre, apareció en Rebolo el cuerpo sin cabeza de Edgar David Ariza Orozco; y el último caso ocurrió el 23 de junio de 2014, cuando encontraron en La Luz a Alexander Enrique Borrero Crespo, más conocido como ‘Alex Bareta’, cercenado.

Disputa entre bandas
Los Rastrojos Costeños reclutan menores, según algunos habitantes de este sector de Villanueva. Foto: VerdadAbierta.com.

Sobre los descuartizamientos, fuentes consultadas por este portal afirman que comenzaron con una disputa intestina de las bandas criminales, luego de que en 2013 la Policía capturara a varios cabecillas de Los Rastrojos, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Bryan Borré Barreto. En ese momento habrían surgido Los Ratrojos Costeños, que se negaron a seguir directrices de la banda criminal desde Cali.

Para la alcaldía está claro que esta violencia tiene que ver retaliaciones entre criminales: “Es un sector complicado.  Los homicidios se relacionan con el micro-tráfico y con ajuste de cuentas entre cabecillas de bandas criminales que operan en Barranquilla”, afirma Jorge Ávila, director del Fondo de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía.

Un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de agosto de 2013  advirtió que cerca de 5.000 habitantes de la capital de Atlántico y su área metropolitana, estaban en riesgo por violaciones a los derechos humanos, por parte de Los Rastrojos y Los Urabeños, “especialmente por una facción de los primeros que se hace llamar ‘Los Costeños’, que amenaza, cobra extorsiones y realiza homicidios”. Este riesgo sigue vigente dos años después.

Las bandas criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana llegaron después de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC. Primero se hicieron llamar ‘Combo de los 40’, conformada por exmiembros de las AUC que estuvieron bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En 2007, cuando la fuerza pública desarticuló esta banda, ingresó la ‘Oficina de Envigado’, sobre todo en el sector de Las Flores. (Ver: Alias ‘Valenciano’, tras las rejas).

Entre 2009 y 2010, un empresario de la región que estaba cansado de las extorsiones de las que era víctima, trajo a Los Rastrojos, que junto con Los Gaitanistas  formaron Los Papelotes, banda que se está enfrentando con Los Rastrojos Costeños, según versión de la misma fuente que ha revelado los casos de desmembramientos en ‘Bendición de Dios’.

Los Rastrojos Costeños no solo delinquen en este sector de Villanueva, también en los barrios La Luz, La Chinita, Barlovento, Rebolo, Siape y Las Flores; y los sectores La Loma y Barranquillita, algunos de los lugares en donde han sido encontrados los cuerpos de quienes fueron descuartizados, según investigaciones de la Fiscalía. “Es una especie de corredor en donde históricamente ocurren estas dinámicas por su cercanía al río”, afirma Ávila.  En Barranquilla operan 56 organizaciones criminales según el director de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González.  

Proceso de reubicación

Algunos campesinos de ‘Bendición de Dios’ se dedican a la piscicultura, pese al problema de inseguridad que los agobia. Foto: VerdadAbierta.com.

Las familias que llegaron hace más de 15 años a ‘Bendición de Dios’, cuentan que este sector de Villanueva era un lote baldío, y que incluso hubo quienes rellenaron parte de una laguna para construir casas de tablas madera. Pero que luego, cuando se conocieron las obras del Corredor Portuario y la Avenida del Río, se enteraron de que estas tierras tenían varios dueños.

A mediados del año pasado la Empresa de Desarrollo Regional y Urbano de Barranquilla, Edubar reubicó a 120 familias; pero otras 20 se han negado a salir de este lugar, porque afirman que un subsidio de interés social, que supera los 15 millones de pesos, no les alcanza para vivir en otro lugar.  

El gerente de Edubar, Ramón Vides, cuenta además que hace más de cinco años se empezó a construir la urbanización Lluvia de Oro, en donde se reubicarían las familias de ‘Bendición de Dios’. Pero que de este proyecto de 720 casas, apenas se han construido 30 viviendas, porque al parecer hay un problema con el sistema de alcantarillado. En esta obra se han invertido más de 1.500 millones de pesos.

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La mayoría de las familias que residían en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes no han vuelto a sus parcelas porque aún tienen miedo.

En el departamento del Atlántico hubo pocos casos de desplazamiento forzado y de los que ocurrieron poco se ha hablado. Tal es el caso de lo ocurrido en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes del municipio de Piojó, donde 99 familias huyeron el 27 de marzo de 2004, tras el homicidio de dos hombres en un sector conocido como La Loma de La Iguana. En la Fiscalía de Justicia y Paz en Barranquilla hay tres cajas con las denuncias de los campesinos, pero nadie se ha referido al caso, ni los fiscales le han preguntado a los postulados, ni los exparamilitares de la Comisión Vía al Mar del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, que operó en esta región del país, han dicho algo.

La incursión de los grupos armados ilegales, según las víctimas, comenzó en 1998, pero las amenazas aparecieron a partir del año 2000, y continuaron hasta que huyeron de las parcelas que les entregó en 1995 el Incora (hoy Incoder) para que cultivaran hortalizas, yuca, plátano y maíz. Durante esta época, murieron 17 campesinos.

La Unidad de Víctimas del Atlántico, mientras tanto,no los ha reconocido como desplazados porque, según el director de esta entidad, Alfredo Palencia, ellos no vivían en las parcelas. “Allí apenas laboraban”, dice.

Funcionarios de la Unidad visitaron el año pasado ambas veredas y suspendieron las actividades luego de que mataran a un celador el 7 de junio de 2014 en Las Mercedes. Al parecer, no había garantías de seguridad para continuar con esa labor. Después de eso, no se habló más del tema, como si ya se hubiese reparado a las víctimas.

Los desplazados
William Díaz duró un año y medio viviendo en Barranquilla, y hace apenas cuatro años decidió retornar a su parcela.

“Unos seis hombres armados con metralletas, pistolas y hasta explosivos llegaron a comienzos de 2003 a la parcela en donde vivía desde el año 2000 con mi esposa y mis 10 hijos, en Casa Mayor. Eran las 7 de la noche cuando llegaron a mi casa, me llamaron al patio y me empezaron a preguntar si conocía a los campesinos de las otras parcelas; luego me pidieron que alzara las manos. Creí que me iban a matar. Pero así me tuvieron durante una hora y media. Sin embargo, con el tiempo, las cosas se pusieron peor. El grupo armado, que decía ser una facción de las Farc, nos amenazó de muerte”, afirma Arturo Fabio Albor, un parcelero de 74 años, quien cuenta que tenía que darles un tarro de leche y siete huevos todos los días para que no se metieran con él y su familia; además, le prohibieron vender bollo y queso a los campesinos que residían en ambas veredas.

En Casa Mayor y Las Mercedes, además de las Farc, rondaba una comisión paramilitar, por lo menos eso quedó claro en 2003, luego de que aparecieran dos hombres muertos cerca de un caballo que tenía pintadas las letras Auc, según afirman algunas víctimas.

“Todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a hablar. Quien lo hacía, lo mataban. A mí, además de silencio, me pidieron que les entregara información y hasta comida. Las Farc querían conformar un frente con los hijos de los parceleros, y las autodefensas tumbaron puertas para meterse en los ranchos. Todavía hay casas abandonadas.  Cuando mataban gente, ponían un panfleto que decía: ‘Por sapos. Auc’”, recuerda William Díaz, un campesino de 60 años que perdió 200 animales de corral, entre gallinas, patos, cerdos y vacas, cuando huyó con su esposa y sus dos hijos de la parcela en donde vivía.

Este campesino regresó hace cuatro años a Casa Mayor, pero todavía no es capaz de mudarse. Continúa residiendo en Molinero, un corregimiento del municipio de Sabanalarga que está a una hora de su finca.

La mayoría de los desplazados de ambas veredas, que están agremiados a la Fundación de Víctimas del Conflicto Armado en Piojó (Fundevicapi), denunciaron su caso en 2013 ante la Fiscalía. No lo hicieron antes, porque, según ellos, temían por sus vidas, pese a que después del desplazamiento no hubo amenazas. Más de 30 familias han retornado voluntariamente, aunque casi todas llegan por la mañana y salen por la noche. También hubo quienes malvendieron las parcelas, con tal de proteger sus vidas.

Comisión Vía al Mar
‘Educando para hoy y el mañana’ es la única escuela que está en las dos veredas. “Antes del desplazamiento habían más de 40 estudiantes, hoy apenas hay 10”, afirma la profesora Inés Carrillo.

La Comisión Vía al Mar o Costanera del Frente José Pablo Díaz de las Auc operó en los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojóentre los años 2003 y 2006, y fue comandada por Miguel Ángel Villarreal Archila, alías ‘Salomón’, quien se desmovilizó el seis de marzo de 2006 en la Mesa, Cesar, con el Bloque Norte. Sin embargo, continuó en la ilegalidad hasta que fue capturado en Bucaramanga el 20 de julio de 2007 y extraditado a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2008.

De acuerdo con las autoridades, Villarreal quedó al frente de un grupo que se conoció como ‘La banda de los 40’, que asumió el control de las actividades de narcotráfico y de cobro de impuestos de embarque a narcotraficantes que antes tenía el Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.  Su dominio abarcó los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico.

Un fiscal de Justicia y Paz consultado por VerdadAbierta.com asegura que alias ‘Salomón’ le rendía cuentas directamente a ‘Jorge 40’ y era el comandante de las comisiones del Bloque Norte con más poder. Para lograrlo, extorsionaban comerciantes e intentaron controlar todos los ámbitos económicos legales e ilegales del Atlántico.

La Fiscalía 12 de Justicia y Paz en Barranquilla ha programado versiones con miembros de la Comisión Vía al Mar para el mes de abril con el fin de escuchar sus confesiones. Las víctimas de Piojó esperan que por fin se hable de lo que hicieron los paramilitares en sus veredas, pues hasta el momento nadia ha hablado de ellas.

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Gildardo Padilla Ortega, reclamante de tierras asesinado en 2013. Foto: archivo particular.

Alegar desconocimiento de lo que ocurría en el Urabá antioqueño a finales de la década del noventa y comienzos de dos mil, en relación con las acciones paramilitares y el despojo de tierras, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Por ello han sido cuestionados los argumentos del magistrado que preside la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, para tratar de justificar las compras de tierras que hizo en el Urabá antioqueño y sobre las cuales hay solicitudes de restitución, pues las víctimas alegan que fueron ventas forzadas aprovechando el caos y la muerte que reinaba en la región.

Por estas compras y los hechos que rodearon sus transacciones, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigaciòn contra Pretelt y su esposa, Martha Ligia Patrón, quienes adquirieron varios predios con los cuales conformaron la hacienda La Corona, en Turbo, Urabá antioqueño en los años 2000 y 2003. Se tratará de establecer si incurrieron en los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.

Uno de los predios que hace parte de la hacienda es la finca Alto Bonito está siendo reclamado por la familia de Manuel Gregorio Hernández, que le declararon a la Fiscalía hace varios años que “fue vendida por presión”.  

Otro predio que hace parte de La Corona se llama No hay como Dios, que fue habitado por la familia Padilla entre 1994 y 1997. Dada la significación que ha alcanzado esta discusión, VerdadAbierta.com recuerda la historia de esta martirizada familia, doce de cuyos miembros fueron asesinados entre 1994 y 2013, y que publicó en diciembre de 2013. En medio de esa tragedia se encuentra una propiedad que, de acuerdo con versiones de prensa, le pertenece a Pretelt y a su esposa. Se trata de la finca No hay como Dios, de Turbo, adquirida en el 2000. 

La tragedia familiar
Gildardo Padilla Ortega, un reclamante de tierras, se había reunido en Apartadó con funcionarios de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía el 29 de octubre de 2013. Su declaración fue tenida en cuenta para la captura del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez y otras dos personas señaladas de relacionarse presuntamente con paramilitares para despojar 7.000 hectáreas de tierras en el Urabá.

Apenas dos semanas después, el 17 de noviembre Padilla fue asesinado en su finca en la vereda La Rula de Valencia, Córdoba. Personas cercanas al valiente agricultor están seguras que lo mataron por su testimonio a la justicia. Es que, según explicaron, la violencia contra esta familia no empezó este año. Han sido veinte largos años de asesinatos, persecución, despojo y miedo. En la familia Padilla han caído por las balas de paramilitares padre, madre, ocho hijos, un cuñado y una sobrinita de seis años. Les han robado además tres fincas.

Los Padilla Ortega son recordados en la zona del Urabá como una familia de campesinos que vivía de los cultivos y de la ganadería en la finca Las Gardenias, vereda La Rula, de San Pedro de Urabá. El dueño de esta propiedad de 500 hectáreas era Alejandro Padilla, padre de 13 hijos, 11 varones y dos mujeres.

Para fines de 1994, después de años de trabajo, Alejandro ya poseía 750 reses en su finca y tenía una buena vida. El 29 de noviembre todo eso terminó. Cien hombres comandados por Salvatore Mancuso llegaron a Las Gardenias preguntando por él. Como el papá no se encontraba le pidieron a sus hijos Valdemiro, Estanislao y Roberto que los acompañaran hacia un cerro. Los tres hermanos pararon de ordeñar sus vacas y subieron la colina. Mientras eran conducidos a la fuerza, se encontraron a un trabajador de la finca al que le decían ‘el Manco’, al que también se lo llevaron. Unos metros más arriba, en la cima, fueron decapitados los cuatro.

Aterrorizado y golpeado por el asesinato de tres de sus hijos, Alejandro nunca regresó a Las Gardenias. Ocho días más tarde los paramilitares se llevaron las 750 reses de la finca. El pánico entonces forzó a la esposa de Alejandro, Evangelina Ortega, quien todavía vivía en la finca con los diez hijos que le quedaban a huir en compañía de ellos y sus nietos. Según les hicieron saber entonces, la orden de despojarlos de su finca y su ganado la habían dado los propios hermanos Carlos y Vicente Castaño, y sus lugartenientes; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’ la estaban cumpliendo sin piedad.

La Fiscalía, que investigó el caso, descubrió que el interés de las Auc en esa propiedad era estratégico; era un punto útil en sus corredores de tráfico de drogas. (Ver: “Confirman condena de 40 años a Mancuso por asesinato una familia”).

Intentando volver a empezar y superar su tragedia, los Padilla Ortega se trasladaron al Chocó y adquirieron una finca de 145 hectáreas en el corregimiento Belén de Bajirá, de Riosucio. No duraron mucho tiempo, pues en 1997 llegarona esta región los paramilitares y no tardaron en preguntar por él. Se fugaron de nuevo dejando todo atrás.

Las autoridades han establecido que esa propiedad quedó en manos del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez, precisamente la persona detenida el pasado 3 de diciembre, junto con otras dos personas, a raíz de las declaraciones a la justicia de Gildardo. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?) Según La Unidad de Contexto de la Fiscalía, los tres hacían parte de un “plan criminal que se gestó en Urabá entre narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apropiarse de estos territorios”.

El ente acusador señaló que Cantero y sus cómplices, entre ellas su esposa, también capturada, se apoderaron de 7.000 mil hectáreas de tierras. Los predios despojados pertenecían a 94 personas integrantes de 14 familias que fueron desplazados entre 1996 y 1998.

Luego del despojo en el Chocó, Alejandro ya no tenía dinero para comprar una vivienda y llevar a toda su familia. Se fue a Córdoba, al pueblo de Morrocoy (Sahagún) y arrendó allí una casa. “Para esa fecha él ya estaba muriendo, es decir, ya los Padilla no tenían plata para vivir como antes, y empezaron a huir de un lado para otro sin tener nada”, le dijo a VerdadAbierta.com una persona que conoció su historia.

Ni aun habiéndolo ya humillado y perseguido, los paramilitares dejaron tranquila a esa familia. El 19 de mayo de 1997, otra vez los hombres armados y camuflados entraron a su casa y los asesinaron, junto con su esposa Evangelina, sus hijos Alejandro y Aminarat, su cuñado Edilberto Contreras Díaz y su sobrina Olfady del Carmen Contreras Díaz de 6 años. Los ametrallaron y, sin importales si alguno había quedado vivo, le prendieron candela al rancho con ellos adentro.

Cuatro meses después, el 15 de septiembre, otro grupo de paramilitares mató a otros dos hermanos Padilla Ortega, a Sofanor y Vladimiro, quienes vivían en el municipio de Chigorodó, Antioquia; con ellos dos completaron padre, madre, tío, sobrina y siete hermanos asesinados.

“No les habían vuelto a hacer nada hasta ahorita, cuando mataron a Gildardo en noviembre (de 2013)”, dijo la persona que conoce a los Padilla y habló con VerdadAbierta.com. Con el homicidio de Gilberto, sus cuatro hermanos sobrevivientes salieron huyendo de Valencia, donde nada saben de su paradero. Pero gente que ha tenido contacto con ellos después cuentan que están aterrorizados, sin dinero, y sufriendo terribles pesadillas.

Por los crímenes contra la familia Padilla y el trabajador que cayó con ellos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Mancuso el 3 de septiembre de 2008 a 40 años de cárcel, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado y a un pago de 600 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas. Mancuso, hoy preso por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, no ha girado el dinero, ni la justicia se lo ha quitado para dárselos a los sobrevivientes.

El otro presunto responsable del exterminio de los Padilla por el que personas cercanas a la familia piden jusitica es Roldán, alias ‘Monoleche’, hoy preso y procesado por la Unidad de Justicia y Paz, quien no ha sido investigado.

“Es increíble que a ellos los sigan matando y el gobierno no haya hecho nada ¡Tantos años!”, dice descorazonado un habitante del Urabá que era cercano a ellos. “Uno ve que cuando sacan de la cárcel a ‘Monoleche’, él llega aquí escoltado con un mundo de policía para hacer esas diligencias. Y ellos que son las víctimas no les ponen ni un policía”.

Según pudo establecer VerdadAbierta.com con las autoridades, los Padilla sobrevivientes están buscando desesperadamente quién los proteja, pero hasta ahora no lo han conseguido. “¿Cómo es posible que a ellos le hayan masacrado la familia desde el 94 y el gobierno no haya hecho nada para protegerlos?”, dice.

En Valencia, dijo una fuente, anda corriendo un rumor que los buscan para matarlos.

Homicidios para ocultar el despojo
Habitantes del municipio de Valencia, Córdoba, consultadas por VerdadAbierta.com aseguraron que otros campesinos reclamantes de tierras, además de los hermanos sobrevivientes Padilla Ortega, han salido desplazadas en los últimos días, temiendo por sus vidas, después del homicidio de Gildardo, pues ya otros líderes reclamantes habían caído antes que él.

El 9 de abril de este año fue asesinado en zona céntrica de Valencia, Ever Antonio Cordero, presidente de la Mesa de Víctimas de este municipio. Su muerte se produjo luego de regresar de una reunión con funcionarios de la Administración Municipal con quienes coordinaba la realización de actos conmemorativos al Día de las Víctimas.

La ciudadanía y la Defensoría del Pueblo ya han advertido al gobierno nacional sobre la situación. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo N. 032-13, del 23 de septiembre de 2013 le recomendó al Ministerio del Interior emitir Alerta Temprana para los municipios de Valencia y Montería, debido al alto riesgo de seguridad de “las víctimas de despojo en ambos municipios, de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, de los campesinos que fueron objeto de restitución de tierras, de los miembros de asociación de campesinos desplazados de Santa Paula”, entre otros. (Ver artículo La restitución de tierras en Córdoba: ¿proceso fallido?)

El SAT atribuye las causas de la violencia en la zona a las bandas emergentes, especialmente ‘Los Urabeños’, que sostienen guerras con otras bandas rivales para consolidar su control en el negocio del narcotráfico. En Valencia la gente sabe quiénes hacen parte de las bandas y saben también que quieren matar a los despojados que tramitan que les devuelvan sus fincas. Los armados quieren quedarse con las tierras que se robaron. “No quieren dejar testigos del robo que hicieron para no devolver nada”, explica una autoridad local.

Los pobladores también aseguran que es difícil confiar en los funcionarios locales. “Ellos se ven por ahí andando con gente maluca, este es un pueblo, entre todos nos conocemos y uno sabe quiénes son los buenos y los malos”, dice uno de ellos. Comentan que el hecho de que Gildardo haya sido asesinado días después de reunirse con funcionarios de la Fiscalía ha generado más desconfianza en las instituciones. “Esa gente está por todas partes, usted sabe que esos grupos están por todo el país y donde sea lo encuentran a uno y se dan cuenta qué está haciendo, ¿cómo se dieron cuenta que Gildardo había ido hasta Apartadó para hablar con gente de la Fiscalía?”.

Otro comentó airado: “El gobierno hizo bien en sacar la Ley de Víctimas y de Tierras, pero eso sirve en un 50 por ciento porque no existe un apoyo por parte de las autoridades locales hacia las víctimas”.

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San José de Oriente, también lo conocen como el pesebre, por su ubicación entre las faldas de dos cerros.El 9 de marzo de 1999 un grupo de hombres armados llegó a San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, en el Cesar. Eran las 6 y 30 de la tarde cuando Jaime* vio pasar por el frente de su casa una camioneta con unas personas que llevaban la cara tapada con pasamontañas. “Ellos teníanuna lista y se dirigieron a las casas de tres habitantes que estaban en esa lista, los sacaron y los llevaron al cementerio que queda en una pendiente de donde se observa abajo a todo el pueblo. Allí les dieron muerte”.

Después de la muerte de los tres hombres, todo el pueblo quedó atemorizado. En esa ocasión murieron el inspector de policía, Ricardo Duarte Palencia, y dos personas más conocidas por la comunidad, Jorge Torrado Ortiz y Gustavo, del que solo recuerdan que le decían ‘La Hormiga’. Por la manera cómo los mataron, se corrió la voz de que los responsables eran paramilitares.

Para esa época dominaba la región el Frente 41 de las Farc, comandado por alias ‘Ricaurte’, grupo que había sacado de esa zona a facciones insurgentes del Eln y al Epl, y ya se conocían las incursiones de grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en corregimientos cercanos.

Ese es el recuerdo que guarda Jaime del hecho que hizo que muchos de sus vecinos y amigos se fueran del pueblo. “Nosotros vivíamos del campo, porque San José es una zona campesina, con una tierra bendita. Mi familia dejó la finca abandonada porque si subíamos, allá estaba la guerrilla y si nos quedábamos en el pueblo llegaban los paramilitares”, recuerda.

San José de Oriente está ubicado en las estribaciones de la Serranía del Perijá, a 40 minutos de Valledupar, a donde se llega por una carretera en buenas condiciones. Además, está a 20 kilómetros de la frontera con Venezuela, por lo que en la década de los ochenta y noventa fue epicentro de incursiones de la guardia venezolana en diferentes ocasiones, como la ocurrida el 17 de octubre de 1995 cuando un helicóptero venezolano dejó explosivos en la zona de los cerros El Pintao y El Avión, que mataron al campesino Argemiro Ortega y dejaron herido a su hermano Luis Ángel y a José Sanín Montejo.

Por varias décadas sus pobladores han vivido entre la espada y la pared. Sin la presencia de la Policía y bajo las órdenes de los comandantes de la guerrilla de las Farc.

Otra versión
La masacre perpetrada en 1999 en este corregimiento aparece relacionada entre las 120 que perpetraron las Auc en el departamento del Cesar y documentadas por la Fiscalía de Justicia y Paz; sin embargo, José Antonio*, familiar de una de las víctimas de esa incursión, le contó a VerdaAbierta.com su versión de lo ocurrido, que contradice lo dicho hasta ahora.

“Ese día llegó una camioneta como con 14 hombres, tenían la cara tapada, y creíamos que eran ‘paras’, pero a uno de ellos se le cayó la máscara y nos dimos cuenta que era un guerrillero”, dijo el que para ese entonces era un campesino más de San José de Oriente, pero por miedo a regresar a su entorno tuvo que quedarse en la ciudad y aprender un nuevo oficio.

“Al tener la duda de quién había matado a mi familiar y a los otros dos señores conocidos de la comunidad, armamos una comisión y fuimos hasta el campamento de alias ‘Ricaurte’, quien era en ese momento el comandante del Frente 41 de las Farc, y le preguntamos por la masacre. Él reconoció que sí habían sido ellos y que los mataron porque eran enemigos de sus políticas”.

Antes de ser desterradas por las Farc, la guerrilla del Eln también hizo de las suyas en este caserío, pero con fuerte resistencia de la comunidad. “La verdad es que San José de Oriente siempre ha sido un pueblo rebelde con la guerrilla, nunca las aceptaron por sus acciones, como la muerte del señor Emilio Durán, ocurrida el 23 de julio de 1990, él era de la iglesia Adventista, muy buena gente, y lo mataron supuestamente por un error militar del Eln que para esa época era el que mandaba en la zona, comandado por alias ‘Fabio’, ‘Omar’ y el ‘Che Guevara’”, asevera José Antonio.

A comienzo de los años noventa, los guerrilleros del Eln pusieron su bandera en la plaza del pueblo, pero un grupo de jóvenes aprovechó la noche para quemarla, yfue el mismo pueblo unido el que desterró a este grupo subversivo después de la muerte del señor Emilio. “Ese fue un crimen cobarde y sin razón de ser”, recuerda este poblador.

Sin embargo, los habitantes de este poblado de calles empedradas siempre han cargado con la mala fama de ser “amigos” de la subversión. “Una cosa es ser amigo de la guerrilla y otra es tener que obedecer lo que ellos decían, ahí no había autoridad que nos respaldara”, dice José Antonio.

La llegada del Frente 41 de las Farc acabó desterrando al pequeño grupo del Eln que había en la zona y a una facción del Epl que rondaba la región. Testimonios de varios campesinos aseguran que este frente se enriqueció rápidamente.

“Ellos cobraban vacuna a los cultivadores de amapola y marihuana, también a los campesinos y comerciantes, y nos decían que eso era para el sostenimiento de la revolución. Así comenzó el derramamiento de la sangre. El que no acatara sus órdenes, era declarado objetivo militar. Las Farc mataron a muchas personas de nuestra comunidad”, afirma José Antonio.

Este hombre, que ya casi llega a los 80 años, recuerda lo que significó la llegada de las Farc a San José de Oriente: “Los guerrilleros patrullaban el pueblo como si fuera el Ejército Nacional, tenían su campamento principal en un sitio que se llama Estocolmo, que es ya territorio venezolano, eso quedaba como a 14 horas a pie desde San José, y nos decían que ahí había más de tres mil guerrilleros, con solo decirles que al pueblo llegaba un grupo como de 400 hombres a hacer patrullaje. Se metía en todo, en el comercio de la droga, en el negocio mayorista de café, y todo era para su beneficio propio, sin ninguna ideología”.

Los muertos de San José
Las familias que viven en el pueblo tienen sus fincas en la montaña, la mayoría son cafeteras y de cultivos de pan coger y quedan muy cerca de la línea que divide a Colombia y a Venezuela. “Nosotros siempre hemos sido víctimas de la guerrilla, incluso los muertos por los paramilitares fueron pocos en comparación con lo que hizo la guerrilla”, recuerda José Antonio, quien a pesar de que no vive en San José de Oriente, está al tanto de lo que sucede en su pueblo adoptivo.

Ricardo Duarte Palencia no fue el único inspector muerto. En 1993 también mataron a Iván Moreno, quien ostentaba ese cargo, cuando fue emboscado en el cementerio a su regreso del municipio de La Paz, que queda a 15 kilómetros. En 1997 la guerrilla también mató al concejal Evaristo Arenga.

“La guerrilla mató a Urquijo, el tendero; a Jesús ‘Chunga’ Reyes, el cebollero; a dos muchachos que le decían ‘Panayo’ y ‘Bola de Mugre’, a Ramón Ardila y su hijo Alber, a Yudis, a quien le decíamos ‘La Fiera’, a Luis Carrillo, a Álvaro y Herminedes Bayona, a ocho policías que iban en un carro y cuando pasaron por el sitio conocido como ‘La Vuelta de la Oreja’ o ‘Las Cruces’, activaron unos explosivos, son tantos los muertos que ya casi ni los recuerdo”, dice con tristeza el anciano.

Según conoció VerdadAbierta.com, los cultivadores de amapola siempre han estado muy cerca de la frontera con Venezuela. “El sitio donde sembraban o siembran amapola queda en tierras venezolanas, se llama Estocolmo y La Agüita, que queda más allá de Los Copetranes, un paraje que si queda en Colombia. Los que trabajaban en esos cultivos decían que veían aterrizar helicópteros venezolanos dos veces al mes en el campamento de las Farc queda ahí cerca”.

Uno de los hombres que trabajó en los cultivos de amapola asegura que San José de Oriente se convirtió en un pueblo de interés para las Farc porque era el centro de pago de las cuotas que debían cancelar comerciantes, ganaderos y agricultores a esa guerrilla.

“A finales de los noventa, se veían pasar por San José caravanas de carros que llegaban hasta la vereda La Junta, ubicada a seis horas a pie y dos en carro. Llegaban a la finca de un señor que después mató las Auc, ahí a esa finca llegaba ‘Simón Trinidad’, ‘Joaquín Gómez’ y la gente les rendía cuentas, es que eso no es contarlo sino vivirlo. Nosotros fuimos testigo de muchas cosas y si las denunciábamos, nos mataban”, dice este hombre.

Una historia de violencia
Con el aumento de la violencia en Colombia después del ‘Bogotazo’, generado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948, muchas familias de Norte de Santander y Santander llegaron al norte del Cesar buscando refugio. La mayoría de vocación campesina, se asentó en sitios estratégicos. San José de Oriente no existía para esa época, solo había un grupo de doce familias en un sitio que llamaban La Boca, a las que se unieron muchas más en 1949.

De esas familias se recuerda a la pareja conformada por Pablo Duarte y Ana Sofía Paredes, padres de siete hijos, que más tarde tomarían el liderazgo del pueblo. Como buenos campesinos, sembraron café, aguacate, cebolla y maíz y reanudaron su vida ahí.

A finales de 1960 ya se había convertido en un pueblo y lo llamaron San José de Oriente, que se desarrolló bajo el liderazgo de Héctor Eliécer Duarte Paredes, que más tarde delegó en su hijo Ricardo el trabajo social junto con otros jóvenes como Alonso Rodríguez y Luis Jaimes, entre otros.

Ellos tenían el liderazgo de las organizaciones sociales, consiguieron puesto de salud, escuela y empedraron sus calles. La Defensa Civil fue la primera autoridad que vieron llegar al pueblo, años más tarde se le unirían cuatro policías y el inspector.

Cuando ya estaban bastante organizados y reconocidos como corregimiento del municipio de La Paz, se lanzaron a la política. Ricardo Duarte fue concejal en seis periodos consecutivos, la población se veía próspera, ya tenían un colegio cooperativo agropecuario y un nuevo barrio que llamaron Betania. Pero esa calma se rompería a finales de los años setenta con la llegada de la bonanza marimbera y la violencia.

José Antonio recuerda que “se armaron grupos al margen de la ley, desde Codazzi venían esos grupos que se llamaban ‘Los Arrebatos’ o ‘Los Ladrillos’, eran bandas pendientes de quitarnos lo que teníamos. Por ese motivo, se fue la policía de San José y nos quedamos solos”.

Las tierras de San José de Oriente que abastecían con sus productos los mercados de varios municipios del norte del Cesar se llenaron de marihuana y amapola principalmente.

“Fue entonces cuando apareció el Eln, después el Epl y finalmente las Farc que demoró bastante tiempo en controlar la comunidad. A San José de Oriente nadie llegaba, la guerrilla tenía este pueblo encerrado, si llegaba un camión repartidor de gaseosa, de leche o de cualquier producto, se lo llevaban inmediatamente y así nos fuimos quedando solos, la gente pensaba que aquí todo el mundo era guerrillero”, se lamenta José Antonio.

Solo en el 2006 regresó la Policía Nacional. Cincuenta policías organizaron la Estación y 500 militares se instalaron en el Batallón de Alta Montaña en la Serranía del Perijá. “Ahí volvió la tranquilidad”, asevera un poblador, pero con el paso de los años se ha venido deteriorando. Desde el 2011 se comenzaron a escuchar los rumores de que el Frente 41 de las Farc se había fortalecido. El ambiente en este caserío hoy es de temor (Ver; El Cesar, cercado por guerrillas y bandas criminales).

Los pobladores consultados por VerdadAbierta.com recuerdan que las víctimas de los paramilitares no son tantas como las de la guerrilla. “Ahora está tomando fuerza el boleteo, la extorsión y las amenazas, también se habla de las bandas criminales y ya uno no sabe qué creer. Por eso vemos tan lejana la paz”, dice José Antonio.

Pero más radical es Jaime cuando se le pregunta qué piensa de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno nacional y las Farc. “Eso es una mentira, nosotros no esperamos nada de las Farc, eso es como esperar algo del diablo, lo que ha vivido la gente en San José de Oriente no tiene cómo compensarlo las Farc”.

Jaime tampoco cree en el arrepentimiento de esa guerrilla: “Esa gente no cambia y si hacen un reconocimiento a las víctimas es entre comillas, qué esperar de esa gente que nació y creció matando. La guerrilla se está fortaleciendo cuando están hablando de paz, ellos siempre han querido el poder a cuesta de la muerte de mucha gente, de la ruina de familias, de sangre”.

Pero no todos son tan pesimistas como Jaime. Una profesora que ya no vive en San José, pero que lo visita cada vez que puede, dice que las cosas pueden mejorar si se firma la paz. “Las cosas no están fáciles hoy, pero ojalá haya un acuerdo para que los campesinos puedan trabajar tranquilos la tierra”.

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