El exjefe paramilitar fue exluido del proceso de justicia transicional por no cumplir con el compromiso de verdad, justicia y reparación a víctimas. “El postulado lleva siete años negándose a participar en el sistema de Justicia Transicional”, afirmó el magistrado Gustavo Roa Avendaño.Foto: archivo Semana.

Al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ –a quien le acaban de confirmar su exclusión de Justicia y Paz-, las Auc teníancomo objetivo tomarse El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y El Paso, en el departamento del Cesar, mediante el ‘Grupo de los 8’ (alcaldes). Para ello se aliaron con mandatarios locales y varios de sus hombres incursionaron en la política. Su pretensión de “refundar la patria”, también los llevó a buscar pactos criminales a nivel nacional.

“La estrategia se enfocaba en el dominio territorial que sirviera de plataforma al apoderamiento del aparato estatal en los diversos niveles, participando del propósito de impulsar e imponer candidatos a cargos de elección popular a fin de obtener y preservar el control en las instancias de decisión” dice la sentencia del pasado 29 de julio.

Astrea fue uno de los ocho pueblos que usó el grupo armado como punto geográfico para desarrollar el plan estratégico. Los “paras” ganaron tres alcaldías consecutivas (2002 – 2010): Jaime Sajonero, Garibaldi López y Édgar Orlando Barrios; este último no terminó su administración tras ser detenido en 2009 por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y alianzas con grupos armados ilegales, entre otros.

Señala la Corte que Numa Pompilio Cortés, comandante urbano de las Auc y quien para la época se desempeñaba como conductor de la ambulancia del hospital, mediante intimidación, amenazas, privación de la libertad y desplazamiento de los opositores políticos fue el encargado de encaminar las campañas políticas desde el año 2002.

De esta manera se pretendía que en los otros siete municipios se comenzaran a lanzar a las campañas políticas a las personas cooptadas o las cercanas con al ‘proyecto’ del grupo armado para configuran un bloque geográfico con fuerza política que alimentara la expansión del grupo paramilitar por la región.

Edgar Orlando Barrios Ortega (el tercero de izquierda a derecha) durante el acto de posición en el coliseo Alvaro Araujo Noguera en Astrea, Cesar. Foto: www.memoriadeastrea.gov.co

En la segunda administración de Astrea (2006 -2010), bajo amenazas e intimidaciones relegaron del cargo a la entonces gerente del hospital Paola Mora y su puesto lo ocupó Edgar Orlando Barrios, considerado para la época como una de las fichas de los paramilitares en la región y de quien se asegura, a partir de testimonios, puso a disposición la institución para el servicio médico de las autodefensas.

Señala otro testimonio que “Numa” fue uno de los encargados de orquestar la candidatura de Barrios a la Alcaldía del municipio y el hospital fue una ‘catapulta’ para la campaña. “Se creía un dios y hostigaba a todo el mundo presionando comparecencias ante el comandante militar”, se lee además que “aseguró que nadie le iba a dañar su proyecto político de llevar a Barrios primero a la dirección del hospital y luego a la alcaldía y que ellos jamás se irían de esa zona”.

Así, el paso por la Alcaldía de Orlando Barrios, y de sus dos antecesores, estuvo marcado por varios acontecimientos inusuales de paz en una región que históricamente había sido azotada por el conflicto. La confrontación armada con la fuerza se redujo al punto de no tener bajas ni de parte de los paramilitares ni del Ejército durante 4 años.

Ante ello la Corte señala que “resulta evidente que no existieran combates, si desde la propia administración municipal se facilitaba su despliegue y acción, sin encontrar oposición de la fuerza pública, no tenían necesidad de que se presentaran, porque actuaban en plena libertad levantando gente, desplazando personas, cobrando vacunas a los comerciantes y ganaderos y participando de la contratación municipal, sin límite alguno”.

No fue suficiente con obtener las alcaldías locales, el proyecto se extendió hasta la Gobernación del departamento, donde Hernando Molina Araujo fue el candidato por el Partido Liberal, con quien fijaron una alianza para gobernar y eliminar, desde las candidaturas, a todos los demás contendientes. En la sentencia condenatoria, la Corte ratifica que “la candidatura ‘única’ de Molina Araujo y su posterior elección a la Gobernación del Cesar no fue el resultado de consensos partidistas o de una expresión democrática, sino una decisión originada en los acuerdos y compromisos con el Bloque Norte de las autodefensas liderado por ‘Jorge 40’”.

Fue tal la injerencia del grupo paramilitar que logró llegar hasta el Congreso de la República con Mauricio Pimiento Barrera, por el Partido de a U y Jorge Ramírez Urbina, por el Partido Liberal (ambos condenados por Corte Suprema de Justicia en 2008). Con los dos pretendieron mantener la hegemonía política y la financiación de diferente proyectos productivos en la zona a partir de su aprobación en el legislativo.

Según varios pobladores consultados por VerdadAbierta.com lo que se presentó durante los tres mandatos, en especial en el de Barrios, fue un control “excesivo” en la administración de todas las entidades territoriales, lo que les permitió a los ‘paras’ capturar los recursos públicos y desviar los dineros para intereses propios.

No obstante, en repetidas ocasiones la defensa de Orlando Barrios ha pedido que se investigue, nuevamente, las actuaciones del exmandatario y se revisen algunos de los testimonios bajo los cuales se han basado para emitir la sentencia condenatoria. Como respuesta, la Corte Suprema de Justicia, en este nuevo fallo, ratifica las sentencias condenatorias pasadas.

Los hechos y testimonios son, una vez más, razón suficiente para entender la vinculación de los procesados con el grupo al margen de la ley y a su vez, para entender su crucial participación dentro del su proyecto mediante el cual pretendían ocupar políticamente el departamento. “Aprovechando su condición frente a la comunidad, es que permitieron el desarrollo de las actividades paramilitares que lograron el público y reconocido dominio de dicha en el municipio”, dice la sentencia.

Ahora bien, en variasde las versiones adelantadas dentro del proceso de Justicia y Paz, el tema de la parapolítica fue uno de los menos mencionados por ‘Jorge 40’. A pesar de las condenas contra congresistas, diputados y funcionarios públicos de los departamentos del Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira, aún queda un componente de verdad faltando en la historia política de estos territorios (Ver: Los crímenes que ‘Jorge 40’ nunca confesó)

Ante la decisión de la Corte, los abogados de víctimas coinciden en señalar que es pertinente que se sigan las investigaciones contra quienes se han compulsado copias para que de esa manera se avance en el esclarecimiento de la verdad de este fenómeno que luego de varios años aún sigue dando de qué hablar.

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Rodrigo Alberto Zapata Sierra parece más un hombre de negocios que un temido jefe paramilitar que hoy comparece ante los tribunales de la Fiscalía. Conocido con el alias de ‘Ricardo’, Zapata Sierra hizo parte de un selecto grupo de personas que se ganaron la confianza de Vicente Castaño, lo que le permitió conocer personajes, situaciones y secretos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

No en vano, las autoridades judiciales lo consideran el “Canciller de las Auc” por su capacidad de relacionarse con políticos y empresarios de las más altas esferas de la vida pública nacional, así como por su capacidad de mediación ante reconocidos narcotraficantes. Se le señala de haber realizado todas las gestiones para que el extinto jefe paramilitar Severo Antonio López, alias ‘Job’, sostuviera una reunión con funcionarios del alto gobierno en la Casa de Nariño, en abril de 2008, cuyo objetivo era montar un complot contra miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, sus testimonios han resultado claves para reconstruir la historia de una estructura poco conocida de las Auc denominada ‘Frente Suroeste’, que operó en los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí, en el suroeste de Antioquia; y en Copacabana, Barbosa, Girardota y Bello, cercanos a la ciudad de Medellín. Sus confesiones han permitido establecer la cercanía existente entre narcotraficantes y paramilitares; los nexos de este frente con políticos locales y reconocidos empresarios de la región.

En sus versiones han sido recurrentes los nombres de Santiago Gallón (investigado por el asesinato del futbolista Andrés Escobar), Héctor Javier Restrepo (alias ‘Perraloca’) y Santiago Uribe Vélez, hermano del senador por el partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, entre otros.

¿Qué tanto ha revelado a la justicia? ¿Qué tan ciertos son sus señalamientos? VerdadAbierta.com reconstruyó parte de la historia del “Frente Suroeste”, que sembró el terror en una región carbonífera por excelencia y cuya historia que ha permanecido oculta.

Amistad con Vicente Castaño

Fue Bayron Jiménez Castañeda, alias ‘Gordo Pepe’, un hombre delegado por Vicente Castaño para recaudar dineros del narcotráfico a los distintos bloques de Autodefensa, quien llevó por primera vez a Rodrigo Zapata a la mítica finca Las Tangas. Corrían los últimos meses de 1996. Y desde ese primer encuentro, Zapata Sierra supo ganarse la amistad de uno de los máximos jefes de las Auc gracias a su capacidad de gestión.

“Vicente estaba construyendo un puente sobre un riachuelo que cruzaba cerca de la finca”, relató Zapata a fiscales de Justicia y Paz, añadiendo además: “yo le dije que le podía conseguir unas varillas de acero a buen precio gracias a un amigo en Medellín que tenía varillas que le habían sobrado de una construcción”.

Gracias a su formación como agrónomo, Zapata Sierra le formuló diversas recomendaciones a Vicente Castaño para el manejo de su ganado. Con el paso de las semanas, ‘El Profe’ le terminó confiando el manejo de todas sus fincas. Poco después el manejo de sus asuntos más personales y un abrir y cerrar de ojos, Zapata Sierra hablaba de “tú a tú” con los más importantes jefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; y Ever Veloza, alias ‘H.H’.

Pero sería la captura de Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, lo que terminó catapultando a Zapata Sierra como comandante paramilitar. ‘Lucas’ salió a la luz pública el 30 de abril de 1998 cuando investigadores del CTI de la Fiscalía allanaron un parqueadero en el centro de Medellín conocido como Parqueadero Padilla. Lo que encontraron allí los funcionarios judiciales fue nada menos que el corazón financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). (Ver más en: ¿Quién protege a alias Lucas?)

“Si a ‘Lucas’ no lo hubieran capturado yo nunca hubiera figurado como miembro de las Auc”, dijo Zapata Sierra ante los fiscales, Y añadio: “con su captura, todo quedó acéfalo porque él era el contador de las Accu: recibía plata de las regiones, llevaba registros de todos los que aportaron y pagaba”. De acuerdo con sus declaraciones, su cercanía con ‘Lucas’ le permitió conocer los nombres de algunos de los presuntos colaboradores de las Accu.

“Que yo conociera que le dieron plata a Lucas, pues estaban Nicolas Bergonzoli (conocido en las AUC como ‘Don Julián’), los hermanos Gallón y el reconocido cafetero antioqueño, Ernesto Garcés Soto. “Lucas” también recibía dineros de la familia Enríquez Gallo, bananeros de Urabá y del fallecido Guillermo Gaviria, (padre del actual Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria)”, dijo el hombre de confianza de Vicente.

Para que el andamiaje paramilitar siguiera funcionando, ‘El Profe’ designó a Zapata Sierra como responsable de finanzas de varios bloques. Los primeros bajo su responsabilidad fueron las estructuras paramilitares en el Medio y Bajo Atrato Chocoano, las cuales se conocerían después bajo el nombre Héroes del Chocó-Bloque Pacífico. Luego fue el encargado de recoger dineros productos del narcotráfico de los bloques del Bajo Cauca antioqueño para terminar manejando las finanzas de un bloque que el propio Vicente decidió crear luego de sufrir un ataque de la guerrilla.

“Vicente alquilaba fincas por los lados deGirardota, Copacabana, Barbosa (al norte de Medellín) para descansar o para hacer reuniones. En una ocasión, estando en Barbosa, una facción de la guerrilla pretendía volar la finca para después cobrar la vacuna. Y hubo en enfrentamiento. Entonces, le pidió a (alias) Rodrigo Doble Cero que conformara un grupo para que mantuviera el control en esa zona. Así nació el frente Suroeste”, dijo Rodrigo Zapata.

El frente se extendería a los municipios de Angelópolis, Titiribí y Amagá, en el suroeste del departamento, por sugerencias de Rodrigo Doble Cero, pues decía que estos municipios eran corredor estratégico de la guerrilla al conectar fácilmente el oriente de Antioquia con el occidente. Así, los paramilitares instalaron una escuela de entrenamiento en la vereda Caracol, de Angelópolis, bajo el direccionamiento de un curtido jefe de sicarios de la Oficina de Envigado: Diego Alejandro Serna, alias ‘Kener’.

El papel de los narcos

Aunque la estructura, de 150 hombres aproximadamente, obedecía las órdenes militares de Luis Eduardo Echavarría Durango, alias ‘Jonathan’, quienes realmente incidían en las decisiones del Frente Suroeste eran personas allegadas a la familia Castaño, varios de ellos reconocidos narcotraficantes, que ayudaron tanto en la conformación como en la financiación de la estructura.

Entre ellos sobresalen los nombres de Héctor Javier Restrepo Santamaría, conocido con el alias de ‘Perraloca’, narcotraficante actualmente recluido en una cárcel de Estados Unidos, así como el de los hermanos Santiago y Pedro Gallón. Según Rodrigo Zapata, muchas de los asesinatos cometidos por los miembros de este Frente fueron ordenados por ellos.

“A Vicente no le gustaban los expendios de droga. Entonces, se inició una campaña de limpieza social en la región. De todos los que fueran señalados de viciosos, ladrones, indigentes. Muchas veces la información la recibíamos de Héctor Santamaría y los hermanos Gallón. Para no ganarnos un problema con Vicente, terminábamos obedeciéndoles”, dijo Zapata.

Según la documentación de la Fiscalía, por cuenta de esta ‘limpieza social’, 504 personas fueron asesinadas en solo tres pueblos entre 2000 y 2004: Angelópolis, Titiribí y Amagá. Rodrigo Zapata tendrá que responder por 62 víctimas y 33 casos de desaparición forzada.

Los ‘narcos’ fueron fundamentales para las finanzas de esta estructura paramilitar. De acuerdo con Zapata Sierra, una de las fuentes de ingreso era el cobro de gramaje a narcotraficantes, para que pudieran exportar alcaloides desde la costa pacífica chocoana, donde este exparamilitar tenía  gran influencia.

Entre ellos estaban Luis Eduardo Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’; Omar Alonso Torres, alias ‘El Médico’; y Daniel Barrera, alias ‘El Loco Barrera’. En sus confesiones, Zapata también ha señalado varios narcotraficantes cercanos a los hermanos Castaño que realizaron aportes voluntarios y constantes para que este frente funcionara, entre ellos Francisco Iván Cifuentes Villa; Gustavo Tapias Ospina, alias ‘Techo’; y Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘El Patrón de Bello’.

¿Forzada o voluntaria?

Lo que deberá determinar ahora la Fiscalía es si personalidades y empresas señaladas por Rodrigo Zapata como financiadores lo fueron de manera voluntaria o forzada. Entre los “salpicados” figuran Santiago Uribe Vélez, hermano del hoy senador, Álvaro Uribe Vélez; y empresas como Conconcreto, Transportes Barbosa-Porcesito S.A; Segurcol y Carbones San Fernando.

En el caso del hermano del expresidente, Zapata Sierra manifestó que una de las formas de financiación de la estructura paramilitar era cobrarles “impuesto” a las ladrilleras asentadas en Amagá, “y Santiago Uribe era dueño de una ladrillera en Amagá. Pero él después nos envió razón, a través de un amigo en común, Jorge Escobar, que si había problema en que no aportara. Yo le dije que no había ningún problema”.

Con relación a empresas como Conconcreto y Carbones San Fernando, el exparamilitar no solo señaló que los aportes fueron voluntarios sino que además reveló el monto de los mismos: “La familia Correa, que eran los dueños de Conconcreto, nos aportaron 10 millones de pesos. Lo mismo Carbones San Fernando. Como a ellos los estaba extorsionando la guerrilla, nos buscaron y nos entregaron 10 millones de pesos y el listado de volquetas que transportaban carbón, para que les cobráramos también. Les pedíamos $2.500 por viaje”.

También quedarán por corroborar las declaraciones de Zapata Sierra sobre Luis Carlos Parra, fundador de Segurcol S.A, reconocida empresa de vigilancia, de quien dijo que “tenía una finca por el sector La Clarita, Angelópolis, y aportaba dos millones de pesos mensuales”.

De otra parte, las indagaciones de la Fiscalía han permitido establecer que dicho Frente contó con una amplia red de apoyo integrada por miembros de la Policía Nacional, militares adscritos al batallón Girardot. Esta estructura también estableció nexos con políticos de la región, entre quienes se destacan el exalcalde de Amagá, Jorge William Muriel, condenado a 36 años de prisión tras comprobarse que, en 2001, le pidió a los paramilitares presionar a los miembros del sindicato municipal para que renunciaran.

Esta semana, Rodrigo Zapata Sierra continuará sus diligencias ante los magistrados de Justicia y Paz de Medellín. Y se espera que continúe esclareciendo la verdad sobre lo que pasó en una región como el Suroeste antioqueño, cuyas verdades aún están por conocerse.

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A las 7:30 de la noche del próximo jueves 2 de octubre se lanzará el libro Guerras Recicladas, de la periodista María Teresa Ronderos, en el auditorio de la fundación Friedich Ebert Stiftung (Fescol) ubicado en la calle 71 No. 11-90.

El evento contará con un conversatorio entre la autora del libro y el director de la Revista Semana, Alejandro Santos, quienes hablarán de la importancia del texto, de cómo se recopilaron los datos y cómo se contaron estas historias.

Según la fundadora del portal verdadabierta.com, el libro busca aportar una mirada no judicial del paramilitarismo, ni señalar cómplices o culpables. “La mía es más bien una mirada política que intenta entender cómo pasaron las cosas, por qué pasaron y, sobre todo, aportar a la discusión de por qué Colombia ha reciclado las guerras” puntualiza Ronderos. Lea aquí (Guerras recicladas, un libro que desentraña el paramilitarismo en Colombia)

Durante el evento el grupo editorial Penguin Random House hará entrega de dos ejemplares del libro a quienes participen vía redes sociales en el concurso explicado a continuación.

Bases del concurso:

1.       Seguir en Twitter a @VerdadAbierta, @MTRonderos  y a @Megustaleerco.

2.       Escribir un tweet en el que invite a sus seguidores a asistir a la presentación del libro #GuerrasRecicladas , comparta el link del evento y nombre a @Megustaleerco

3.       Pedir al menos a uno de sus amigos que le dé retweet al tweet que escribió.

4.       Dentro de las personas que hagan esto, regalaremos dos ejemplares de #GuerrasRecicladas.

5.       Tienen plazo de escribir sus tweets hasta el jueves 2 de octubre, a las 3:00pm, momento en el que anunciaremos a los ganadores.

6.       Concurso válido para Colombia. Los ejemplares serán enviados al destino que nos indiquen los ganadores dentro del territorio nacional o si viven en Bogotá se puede entregar durante el evento.

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Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, desmovilizado del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Auc.Doctor:
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General De La Nación
Bogotá. D.C.

REFERENCIA: CONTESTACION A DENUNCIA

Respetado señor Fiscal General, Teniendo en cuenta que he recibido de parte de mi abogado de confianza copia de la denuncia que en mi contra instaurara el abogado LUIS ARTURO JIMENEZ CELY defensor de SILVIA GUETTE PONSE el día 19 de febrero de 2014, es mi deber hacer algunas precisiones para dar claridad a falsas acusaciones que ha hecho el abogado JIMENEZ CELY en mi contra, omitiendo convenientemente para los intereses de su defendida, información que obra en el proceso que se adelanta en mi contra y en contra de la GUETTE por el homicidio de FERNANDO CEPEDA VARGAS.

Insinúa el abogado JIMENEZ CELY, que nunca se pudo dar la reunión en donde yo como comandante del frente JOSE PABLO DIAZ, designo al abogado JORGE PALACIOS SALAS y en la que participa JONIS ACOSTA, para que verifique si es cierto que la persona que está pagando una cantidad importante de dinero, para causar la muerte de CEPEDA VARGAS es SILVIA GUETTE por dos razones:

1. GUETTE para esos días acababa de dar a luz un hijo. Hecho al que realmente no me puedo referir ya que no conozco la fecha exacta de la reunión.

2. Transcribo textualmente: “y en segundo término porque este particular testigo YONIS ACOSTA GARIZABALO, alias “28” probado se encuentra dentro del instructivo radicado bajo el número 9704, estaba privado de su libertad en la cárcel distrital de varones de la ciudad de Barranquilla, para esta fecha específica…”

Probado se encuentra en el proceso de justicia y paz, que YONIS ACOSTA salía con permisos extramurales de la cárcel distrital otorgados por el director de ese centro carcelario, y hasta imputado tenemos por parte de la fiscalía 12 de Justicia y Paz el delito de cohecho por dar u ofrecer, por el pago que se hiciera al director de ese centro carcelario de la suma de $3.000.000 (tres millones de pesos), para que permitiera la salida de ACOSTA de la cárcel. Pero adicional a lo anterior el señor JONIS ACOSTA, tiene varios hechos imputados por parte de la fiscalía 12 de Justicia y Paz, entre ellos, el hecho en el que perdió la vida NASSER ALFONSO ALBORNOS BRITO y que fuera cometido el día 29 de agosto de 2003 en el que ACOSTA GARIZABALO aceptó su participación. Esto se puede corroborar, con una simple solicitud de información sobre estos hechos que debió haber hecho la fiscal 10 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos al fiscal 12 de Justicia y Paz, pero al parecer a la señora fiscal poco le interesa demostrar la responsabilidad de la GUETTE en la muerte de CEPEDA VARGAS, porque también habría podido citarme a una ampliación de indagatoria, para que yo le aclarara las dudas que pudiera tener y que extrañamente le llevaron a abstenerse de dictar una medida de aseguramiento en contra de la señora GUETTE.

Continúa el abogado JIMENEZ CELY diciendo: “pero adicionalmente a todo ello, existe y así ha quedado adecuadamente demostrado en los diferentes procesos y despachos en donde se ha manejado la información relacionada con el llamado “computador de JORGE 40” el cual contiene unos detallados y pormenorizados llevados directamente por el señor EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ, alias DON ANTONIO, sobre las finanzas del grupo ilegal armado, para la época en la cual fungió como comandante del bloque JOSE PABLO DIAZ de las AUC; que estos registros se hacían de una forma tan minuciosa, donde no se omitía detalle sobre los ingresos y egresos que tenía el grupo…”

“Y lo anterior se menciona porque nuevamente se logra establecer como en estos registros no aparece relacionado ni la suma de tres millones que dice FIERRO FLOREZ alias don Antonio, se pagaron por concepto de la presunta salida del señor YONIS ACOSTA GARIZABALO de la cárcel donde se encontraba recluido para el año 2003, ni tampoco, óigase bien, los supuestos ciento cincuenta millones de pesos, que dice haber recibido como pago por la muerte del ganadero FERNANDO CEPEDA, lo que corrobora aún más las falsas acusaciones que este señor EDGAR IGNACIO FIERO FLOREZ, alias DON ANTONIO, ha realizado bajo la gravedad del juramento en contra de la señora SILVIA BEATRIZ GUETTE PONCE, todo ello debidamente demostrado al interior del proceso radicado número 9704.” El subrayado es mío.

Para aclarar este hecho debo decir al señor Fiscal General y a los sujetos procesales, que la información contable del frente JOSE PABLO DIAZ se empieza a registrar desde el mes de septiembre del año 2003, (y así está debidamente acreditado ante la fiscalía 12 de Justicia y Paz, y así mismo se puede verificar en la información que fue incautada el día de mi captura), entonces por simple lógica, no puede existir ningún registro de ingresos o egresos de los meses de agosto de 2003 y menos de julio de 2003, meses para los cuales se produce el pago de los $3.000.000 al director de la cárcel, para que autorizara la salida de JONIS ACOSTA con su permiso extramural. Y mucho menos los ciento cincuenta millones que entregó la GUETTE para financiar la operación donde se produce el homicidio del señor CEPEDA VARGAS, pero además de eso si se revisa lo dicho por mi persona en versión libre rendida ante el fiscal 12 de Justicia y Paz, el día 26 de septiembre de 2011, donde manifiesto claramente, que: “Juan Carlos Rada se lo entrego a aguas, porque yo nunca me entreviste con Juan Carlos Rada, yo estaba recién llegado y no le daba cara a nadie.” Y posteriormente manifiesto que estos dineros no ingresaron a los haberes de frente, ya que lo que sobró fue entregado a alias FELIPE coordinador del Bloque Norte.

Entonces no sé porque dice el abogado CELY que “está debidamente demostrado al interior del proceso radicado número 9704.” Si a mí la fiscal del caso nunca me ha preguntado por estos hechos, que perfectamente se los he podido aclarar en una ampliación de indagatoria, o también hubiera solicitado esa información al fiscal 12 de Justicia y Paz.

Más adelante el abogado JIMENEZ CELY, manifiesta que la muerte de CEPEDA VARGAS no se encuentra registrada en la información que fue incautada el día de mi captura, “como prueba de lo manifestado con antelación, esta defensa anexará copias de la parte pertinente del citado computador, donde se verifica que el crimen de FERNANDO CEPEDA no está relacionado dentro del mismo.”

En cuanto a esto, debo decir que el hecho de la muerte de FERNANDO CEPEDA, no es el único que no aparece registrado en el citado computador, existen más de 100 hechos que no están registrados, y eso no quiere decir que no hayan sido cometidos por el frente JOSE PABLO DIAZ, y para verificar esto, solo basta con solicitar al fiscal 12 de Justicia y Paz, información sobre los hechos confesados por mí y que no aparecen registrados en el computador; solo por citar uno de los hechos de mayor connotación que no está relacionado, hago referencia al hecho en el que perdió la vida el alcalde de Santo Tomas, NELSON RICARDO MEJIA SARMIENTO; y además de esto, anexo una relación de 100 hechos en los que ya tengo sentencia condenatoria proferida por el Honorable Tribuna del Distrito Judicial de Bogotá, y otros ya imputados por la fiscalía 12 de Justicia y Paz y que no aparecen registrados en el computador.

Luego manifiesta el abogado JIMENZ CELY: “Es importante, mencionar que el ciudadano JOSE DEL CARMEN GELVEZ ALBARRACIN, rindió entrevistas radiales cuya autenticidad fue ratificada bajo la gravedad del juramento por el periodista RODNEY RAFAEL MOLINA PEREZ, El día Treinta (30) de Enero del año Dos Mil Catorce (2014), ante la Señora Fiscal 10° de la Unidad Nacional de Derechos Humanos dentro del radicado 9704, las cuales no dejan lugar a dubitación alguna en cuanto a las mentiras de EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ.”

En esta parte el abogado CELY, se abstiene, convenientemente, de contarle al señor Fiscal General, ante quien radicó aquella paupérrima denuncia, que JOSE DEL CARMEN GELVEZ, posterior a esta entrevista, (que para mi humilde entender no tiene mayor valor probatorio que una declaración jurada), rindió dentro del este proceso radicado 9704 una declaración jurada el día 20 de junio de 2013, ante el fiscal 15 de la unidad nacional contra el terrorismo, donde no solo se retracta de algunos señalamientos que hace en mi contra, sino que deja ver que no tiene conocimiento, ni le consta nada de lo que atañe al hecho de la muerte de FERNADO CEPEDA, declaración jurada perfectamente conocida por el abogado JIMENEZ CELY, no solo porque dicha declaración reposa en el expediente, si no, porque que fue quien fungió como defensor de la GUETTE en la misma. Pero para mayor claridad, procedo a hacer un paralelo entre lo que dijo GELVEZ ALBARRACIN tanto en la entrevista como en la declaración, no sin antes recalcar que la declaración fue posterior a la entrevista rendida a un medio de comunicación y que según lo manifestado por GELVEZ ALBARRACIN, un abogado y un periodista, lo abordaron en la cárcel modelo de Barranquilla y le ofrecieron inicialmente 100 millones de pesos para que diera esa entrevista, hecho absolutamente grave, ya que se demuestra una vez más que la señora GUETTE, no tiene límites en su chequera cuando de sobornar testigos se trata. A continuación paso a relatar los puntos a que mencioné y que son sacados de la transcripción literal realizada por la defensa de la señora GUETTE: (partes en letra cursiva transcritas literalmente de la entrevista periodística y de la declaración jurada)

Entrevista Periodística: manifiesta GELVEZ ALBARRACIN, que había un periodista Richard, que tenía conmigo y con JHONIS ACOSTA, montada una especie de oficina de extorsiones a políticos del departamento del Atlántico, y dice textualmente: “y que me consta como tal por haber estado ahí en ese sector, si señor claro, hoy un caso concreto y específico que es el periodista Richard palacios si no estoy mal, este señor fue capturado in fraganti cobrando una vacuna por parte de dos comandantes paramilitares, que a su vez en este momento son 28 y don Antonio y este periodista ingreso muchas veces al patio de justicia y paz yo lo vi me lo presentaron y este señor era el que se encargaba de ir a buscar a los patios clientes para la extorsión y para esta gran empresa de delinquir…”.

Declaración Jurada: “PREGUNTADO: Manifiéstenos si usted en alguna época o épocas, coincidió en el mismo centro reclusorio con alias DON ANTONIO, de haber sido así en que sitios y fechas – CONTESTO: Si compartí con alias ANTONIO en la cárcel modelo de Barranquilla patio número 8 de Justicia y Paz, durante el periodo de Marzo de 2011 a Septiembre de 2012, desde esa fecha no he vuelto a compartir con el señor EDGAR IGNACIO FIERROFLOREZ – PREGUNTADO: Durante esa permanencia compartida con alias ANTONIO, usted observó algún comportamiento anormal de parte del mismo como ingesta de licor.- CONTESTO; Me reservo el contestar esta pregunta – PREGUNTADO: Observo usted que alias ANTONIO desde el centro reclusorios dedicaré a desarrollar algún tipo de conductas al margen de la ley.- CONTESTO: No…” PREGUNTADO: Conoce usted al señor RICHARD PALACIOS quien fungía como periodista en Barranquilla.- CONTESTO: No, no sé.

Entrevista Periodística: refiriéndose a la fecha de mi ingreso al frente JOSE PABLO DIAZ (acreditado esta que mi fecha de ingreso al frente JOSE PABLO DIAZ fue el día 01 de Junio de 2003) y tratando de desvirtuar mi participación en el hecho, dice: “Antonio para esa fecha no estaba en la organización todavía ni 28 porque hasta donde yo tengo entendido 28 manejaba era unas finanzas del sector del mercado no tenía nada que ver con eso ni sabía, ahora Antonio llega después de la muerte, del señor Fernando Cepeda y asume el mando yo me imagino que l comentaron…”

Declaración Jurada: “PREGUNTADO. Cuéntenos si recuerda la fecha
aproximada cuando según su propia manifestación alias ANTONIO ingreso
como comandante del frente a que se ha referido usted en Barranquilla. CONTESTO: La fecha exacta de su ingreso no la sé, pero tuve que haberme visto con alias ANTONIO entre Abril y Mayo de 2003.” Con esta respuesta queda absolutamente demostrado que GELVEZ ALBARRACIN no tiene la más mínima idea, ni de mi fecha de ingreso al frente, ni de nada de lo concerniente al frente JOSE PABLO DIAZ y que lo que dice, obedece a un chabacano libreto preparado por la defensa de la GUETTE para desacreditar mi credibilidad, credibilidad que está debidamente acreditada por la Honorable Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Dra. LESTER MARIA GONZALEZ ROMERO, para lo cual me permito anexar copia de mencionada certificación. Todo lo contrario ha sucedido con el señor GELVEZ ALBARRACIN a quien, según los medios de comunicación, la Honorable Corte Suprema de Justicia le ha compulsado copias para que se le investigue por sus por falso testimonio en algún proceso de la llamada parapolítica.

Entrevista Periodística: Acá GELVEZ ALBARRACIN trata de enlodar a MARIA PAULINA CEBALLOS, víctima del frente JOSE PABLO DIAZ, por la muerte de su esposo FERNANDO CEPEDA VARGAS, en una canalla estrategia fraguada solamente por una mente retorcida y maquiavélica, desconociendo sin asomo de vergüenza lo que muchas veces nos han exigido sabiamente los fiscales de Justicia y Paz en el sentido de no re victimizar a las víctimas del conflicto, a las que causamos tanto dolor. “Bueno un día de esos de rumba, de don Antonio que duraba bebiendo tres y cuatro días bajo sustancia sicoactiva como cocaína, llega la señora María Paulina un día miércoles que tenemos visita ahí en el patio de justicia y paz, ella entró me la presentó Antonio yo le dije a la señora María Paulina usted no se acuerda de mí y me dijo no yo no me acuerdo de usted, le dije yo soy el canoso porque acuérdese…” más adelante “…ellos eran amantes rumbiamos muchas veces en santa Martha fuimos a la escollera lo dije la vez pasada y ella se ufanaba de que era la segunda de aguas que ella era más paramilitar que inclusive que nosotros porque ella como andaba en su locura y allá habían armas es que la finca de Sabanalarqa se prestó una parte como una base del frente que manejaba aguas de ellos de la familia de María Paulina y del señor Cepeda, entonces resulta que esta finca ella al ver todo ese movimiento y al ver todo eso y al ser la amante de este señor aguas pues elle se creía cerno paramilitar también y mandaba…” Mayúsculas, puntos, y comas propios para separar frases).”

Declaración Jurada: “PREGUNTADO: Sírvase manifestamos si recuerda la características físicas de la señora MARIA PAULINA CEBALLOS el día que usted la conoció.- CONTESTO: En este momento no recuerdo con exactitud por el lapso de tiempo en que fue eso.-“. Como dije antes, vaya uno a saber cuál fue la mente retorcida y siniestra que planeó esta estrategia tan falta de ética, y digo “vaya uno a saber” porque GELVES ALBARRACIN en su declaración también manifiesta que recibió de parte de un periodista y un abogado, a quienes no recuerda, (cosa que me permito dudar) las preguntas y las respuestas para que preparara esa entrevista y dijera lo que le interesaba a la defensa de GUETTE. “PREGUNTADO Señor GELVES, cual fue la motivación que usted tuvo para declarar en una entrevista periodística, a un medio de comunicación de la ciudad de Barranquilla, que SILVIA GETTE no era la determinadora del homicidio de FERNANDO CEPEDA – CONTESTO En el año 2012 septiembre primeros días, me llevan a una diligencia de versión libre a la ciudad de Barranquilla, allí llego al patio número 8 de justicia y paz, estando en este patio en horas de la tarde se me acercó un detenido y postulado a la ley de justicia y paz que le dicen alias CHIQUI. allí él me dice como esta CANOSO usted no se acuerda de mí y le dije la verdad no mi hermano no recuerdo él me dice yo iba con AGUAS a Santa Marta, yo era de la seguridad de este comandante, le dije ah sí, pero no lo tengo a usted referenciado pero me imagino que si usted me habla de eso es así empezó a decirme de que la señora SILVIA GETTE era inocente de los hechos que alias ANTONIO y 28 le habían metido a esta señora , me dijo alias CHIQUI que la verdad la tenía él ya que él había sido el determinador del asesinato del señor CEPEDA, le dije si usted sabe eso porque no lo ha dicho en Justicia y Paz. Me dijo que le daba miedo pero que él iba a declarar sobre estos hechos. Le dije me parece lo más correcto para que se sepa la verdad ahí terminó esa conversación y al otro día en horas de la mañana ya salía para diligencia de versión libre, en la parte de afuera del patio número 8, me volvió a abordar alias CHIQUI y me dijo que había un periodista interesado en hablar conmigo, yo le dije CHIQUI dígale que vaya a la Fiscalía y hable conmigo efectivamente en horas de la tarde, se me acerco un señor alto de piel trigueña y como siempre que voy a diligencias allá, llegan periodistas detodos los medios por lo que confieso ante esa unidad de Justicia y Paz, no le reste importancia a lo que este señor venía a preguntarme, pensé que era algo relacionado con el parque Tayrona de Santa Marta que era lo que estaba declarando en ese momento, en un receso que hubo como tipo cuatro de la tarde, se me acercó el señor periodista del cual no recuerdo el nombre en este momento y me dijo que necesitaba hablar conmigo un tema relacionado con el caso de SILVIA GETTE, que alias CHIQUI, sabia lo serio que era él, yo le dije yo hoy estoy ocupado, yo mañana no voy a tener diligencia, si quiere lo espero allá en la cárcel y hablamos de ese tema, efectivamente al otro día fue con un abogado los atendí en los cubículos de la cárcel modelo de Barranquilla, me comentaron lo siguiente, nosotros estamos empeñados en demostrar la inocencia de la señora SILVIA GETTE y existen pruebas contundentes de que lo que está diciendo alias ANTONIO , alias 28 y alias EL COSTEÑO son mentiras, yo le dije usted porque dice eso, me dijo porque alias CHIQUI tiene la verdad absoluta de estos hechos, yo le dije cuál es mi papel en esto, yo que tengo que ver en estos hechos, me dijeron señor GELVES usted es una persona que tiene mucha credibilidad ante la Corte Suprema de Justicia y ante Justicia y Paz como usted conoció a ROBERTO AGUAS, a MARIA PAULINA, nosotros te vamos a hacer un cuestionario y usted nos da una entrevista con el fin de ayudarnos a esclarecer el homicidio de señor CEPEDA, yo les dije la verdad que a mí no me costa nada de esos hechos, me dijeron no tranquilo en el cuestionario usted se dará cuenta de que no va a hacer para aclarar lo del homicidio, sino demostrar que la señora SILVIA es inocente, el señor Periodista junto con el Abogado me dijeron que si yo les daba esa entrevista ellos me regalaban cien millones de pesos, le dijo no hombre doctor yo no le recibo plata a nadie, si usted cree que con mi declaración ante su emisora ayuda para demostrar una inocencia es mi debe hacerlo, paso como un mes y estando acá en Bogotá me llega una autorización para un entrevista para un medio de Barranquilla, la acepte y allí llega el mismo periodista con una muchacha y en la parte de ingreso a la dirección estaba el abogado que había ido a le cárcel de Barranquilla, hable con ellos como una hora antes de comenzar la entrevista, ellos traían las preguntas y respuestas contestadas, desafortunadamente me convencieron en la inocencia de la señora SILVIA GETTE, y a la cual hoy en aras de la verdad pienso que ante este despacho que ya tiene connotación jurídica es mi deber y mi obligación decir la verdad de lo que paso, a mí no me consta del por qué mataron al señor CEPEDA, ni tampoco podría entrar a crear unos juicios de valor tanto contra la señora MARIA PAULINA ni contra la señora SILVIA GETTE ya que nunca he hablado con ellas sobre este tema y dejo hoy en claro que los que me buscaron fue un señor Periodista y un señor Abogado de Barranquilla, ahora que se descubre de que la señora SILVIA da un dinero a DON ANTONIO y viendo los documentales que se han dado por RCN televisión y CARACOL televisión, siento que fui utilizado por alias CHIQUI el periodista y el abogado, para declarar algo que ante la luz pública se ve que la investigación lleva otra finalidad y quede muy decepcionado se lo digo hoy con mucha franqueza de que si la señora SILVIA era inocente no tenía por qué haber dado el dinero el cual le fue incautado al abogado ARCADIO, lo cual lo vi en noticieros de medio día (entonces no me prestare para entorpecer una investigación y si bien es cierto qu7e AGUAS fue mi compañero, serán los organismos de investigación los que determinen la responsabilidad sobre el homicidio del señor CEPEDA. El subrayado es mío, y es que es muy extraño el hecho de que ni el abogado JIMENEZ CELY, y sobre todo la fiscalía, NO hayan tenido en cuenta el hecho de la captura en flagrancia que se hiciera en barranquilla del abogado ARCADIO MARTINEZ, con 250 millones de pesos, después de que yo, a través de mi abogado denunciara que este abogado, ARCADIO MARTINEZ, había llegado a las instalaciones de la cárcel picota, donde me encuentro recluido, a hacerme un ofrecimiento inicialmente de la suma nada despreciable de 500 millones de pesos para que cambiara mi versión sobre lo que se había dicho ante el fiscal 12 de Justicia y Paz, no hace falta ser un abogado titulado, ni tener un doctorado en derecho, para advertir lo que el señor GELVEZ ALBARRACIN sin ser abogado claramente advierte, y surge la pregunta: ¿si SILVIA GUETTE es inocente y realmente no tiene nada que ver en el homicidio de su hijastro el señor FERNANDO CEPEDA VARGAS, entonces porque mandó a ARCADIO MARTINEZ a hacer este ofrecimiento de dinero para que se cambiara la versión? Y otra más ¿Entonces para mí en estos momentos habría resultado más conveniente haber recibido eso 500 millones de pesos y así no estaría denunciado por falso testimonio? Perdóneme señor fiscal, yo no soy abogado aun, apenas voy a iniciar séptimo semestre de derecho, pero me parece muy extraño que la fiscal que se abstuvo de proferir esa medida de aseguramiento contra la GUETTE, no hubiera tenido en cuenta esa prueba tan relevante.

Declaración Jurada: Otra cosa que llama poderosamente la atención, es el hecho de que la fiscalía no se haya tomado la molestia de investigar el hecho del ofrecimiento de los 200 millones de pesos que le hicieron al señor GELVEZ ALBARRACIN, ¿no se configura claramente un soborno en actuación penal, o al menos un cohecho por dar u ofrecer? “PREGUNTADO: Esas personas que señala usted lo visitaron y le ofrecieron cien millones de pesos por declarar en favor de SILVIA GETTE solamente lo hicieron con fines periodísticos o en algún momento le señalaron que esa declaración necesariamente debía ser vertida ante un organismo judicial.- CONTESTO: Al comienzo me dijeron que solo era periodística y hace poco por intermedio de un amigo me mandaron a decir que porque no declaraba en el proceso que se adelanta por estos hechos y que me regalaban doscientos millones de pesos, le dije a mi amigo que no se prestara para tal fin y que me respetara, que él me conocía y que yo no me iba a ganar un problema por favorecer y tapar una mentira.”

Declaración Jurada: Con lo que sigue conocemos el motivo que tuvo GELVEZ ABARRACIN, para conceder esa entrevista al periodista RODNEY MOLINA, aparte de la jugosa suma que le orecieron. “PREGUNTADO: Fue aportado a este investigativo por parte del señor defensor un CD que contiene una entrevista por usted rendida, asícomo la transcripción literal realizada por la defensa, este despacho procederá a darle lectura de la misma, indicándole que a bien tiene y apara mayor claridad se escuchara el correspondiente CD (Se deja constancia que se le da lectura por parte del Fiscal a la parte pertinente obrante a folios 249 a 253 del cuaderno original 4), Que tiene que decir al respecto.- CONTESTO: Si doctor eso es lo que yo dije y de la cual todo lo hizo el señor periodista junto con el abogado, en aquel momento de dar esa declaración ante ese medio, tenía problemas con el señor ANTONIO de tipo personal y de pronto cegado por la rabia me deje llevar y dije eso, pero como lo dije esta mañana que no estaba de acuerdo con lo que dije, ya que fui utilizado y por eso entre a narrar del porque había dicho esto y quien había efectuado ese cuestionario…” el subrayada es mío. Y es que con esta respuesta del señor GELVEZ ALBARRACION, queda totalmente desvirtuado el otro supuesto delito que yo habría cometido y que según el abogado JIMENEZ CELY habría interpuesto el señor GELVEZ ALBARRACIN en mi contra por unas supuestas AMENAZAS A TESTIGO. Claro queda, que los motivos que tuvo GELVEZ ALBARRACIN no fueron otros que unos supuestos problemas personales con mi persona, eso sí, debo decir, que esos problemas solo han existido en la cabeza del señor GELVEZ ALBARRACIN, ya que yo jamás me he referido al señor GELVEZ con esos términos des obligantes y pendencieros que ha utilizado él, para referirse a mi persona.

Y ya para terminar, acabo de enterarme por parte de mi abogado de confianza que la fiscal del caso acaba de soltar otra perla; me informa mi abogado que la señora fiscal 10 de la Unidad de Derechos Humanos se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en mi contra y en contra del señor JONIS ACOSTA, y no contenta con eso, ordenó la compulsa de copias para que me investiguen por falso testimonio, pero, en un hecho sin precedente alguno, si aseguró por el homicidio de FERNANDO CEPEDA a RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA alias chiqui, a REINALDO OROZCO ESCORCIA alias rey y a RAFAEL VELILLA DELGADO alias costeño, quienes fueron miembros del frente JOSE PABLO DIAZ y estuvieron bajo mi mando, argumentando, entre otras cosas que no está probado dentro del expediente que yo hubiese dado la orden de asesinar o hubiese tenido conocimiento previo de la muerte de FERNANDO CEPEDA VARGAS, lo que me colocara en calidad de coautor, pero la citada funcionaria va más allá haciendo un insólito análisis de la autoría mediata; concluye, que al no haber ordenado el homicidio ni tener conocimiento previo no sería yo un autor mediato, cuando es precisamente lo contrario, que esta figura como lo conoce usted mejor que nadie señor fiscal es precisamente la que se está utilizando para judicializar a quienes fuimos comandantes de las extintas AUC, y quienes en la mayoría de los casos ni ordenamos, ni conocimos con anterioridad los múltiples delitos cometidos por hombres bajo nuestro mando. En conclusión señor fiscal, ya fuese como autor mediato o como autor, debí ser asegurado por este homicidio siendo sin lugar a dudas elúnico crimen de las AUC donde terminaran respondiendo los autores materiales y no su comandante.

Y ahora si para terminar señor fiscal, debo manifestarle que sigo creyendo en la justicia, hay algunos de sus administradores que cometen errores, porque también son seres humanos, pero no quiero pensar, que me habría ido mejor recibiendo el soborno de 1000 millones de pesos que me hiciera SILVIA GUETTE por intermedio de su abogado ARCADIO MARTINEZ, para cambiar mi versión, no quiero siquiera pensar que si así hubiera sido, en este momento no estaría yo denunciado por la defensa de la GUETTE, por un supuesto falso testimonio, que a todas luces carece de fundamento alguno; y peor aún, no estaría yo en este momento afrontando una compulsa de copias que hiciera la fiscal 10 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, desconociendo todas y cada una de las pruebas que obran en el proceso y que demuestran que la GUETTE si es responsable en la muerte de FERNANDO CEPEDA. Yo EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ, nuevamente ratifico bajo la gravedad del juramento que todo lo que he manifestado en este escrito es verdad y que todo lo concerniente a la muerte de FERNANDO CEPEDA que he manifestado a lo largo del proceso de Justicia y Paz es igualmente cierto.

Cordialmente,
EDGAR IGNACIO FIERRO FLOREZ
CC. 83.090.257 de Campoalegre Huila
Postulado a Ley 975 de 2005

Anexo:
1. Lista de hechos imputados por la fiscalía 12 de Justicia y Paz que no están
relacionados en el computador.
2. Certificación de colaboración con la Justicia.
Con copia a:
Magistrada de Conocimiento
Magistrada de Control de Garantías
Fiscal 12 de Unidad Nacional de Justicia y Paz
Despacho 10 de la Unidad de Derechos Humanos
Jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz
Procuraduría General de la Nación

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En este libro, la periodista María Teresa Ronderos, escudriña los orígenes del paramilitarismo enColombia y hace una minuciosa revisión de su evolución.Cómo nació el paramilitarismo en el país, qué influencia interna e internacional tuvo este fenómeno en su florecimiento, cómo justificó sus motivos y buscó legitimidad por medio de un mito fundacional exagerado, son algunas de las preguntas a las que responde el libro Guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia escrito por María Teresa Ronderos, fundadora del portal VerdadAbierta.com.

El libro es una investigación en profundidad que le permite al lector preguntarse por qué en una sociedad como la colombiana, considerada una sólida y antigua democracia, ocurrió una barbarie en la que 220 mil personas perdieron la vida en el conflicto armado.

“Entre más claro veamos cuáles son las debilidades de la democracia colombiana de las que se alimentó el paramilitarismo, mejor podremos identificar qué se debería cambiar para evitar aun otra fase expansiva”, sugiere la escritora en la introducción del texto.

Además de ser la fundadora de VerdadAbierta.com, un medio de comunicación independiente que desde 2008 cubre los procesos de justicia transicional e investiga las verdades del conflicto en Colombia, Ronderos es la actual directora del Programa de Periodismo Independiente de la Open Society Foundations. Trabajó con la revista Semana, fue columnista del periódico El Espectador y ha sido ganadora de varios premios como el Maria Moors Cabot, Simón Bolívar, Rey de España y Lorenzo Natalí.

VerdadAbierta.com presenta a continuación la introducción del libro, publicado por la editorial Aguilar, que ya se encuentra en librerías:

Una mirada política
Durante los últimos treinta años Colombia ha sido el escenario de un brutal conflicto armado. Grupos guerrilleros de diversas ideologías y orígenes han estado enfrentados al Estado en diferentes momentos. Los dos más viejos y endurecidos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundados en 1964, aún están activos. Grupos paramilitares, con distintos nombres y matices, han surgido en todo el país, y en dos ocasiones, a comienzos de la década de los ochenta y al finalizar la de los noventa, se expandieron a diversos territorios y aspiraron a unirse en una poderosa y violenta alianza nacional. En este prolongado estado de guerra, las fuerzas de seguridad del Estado también han sido responsables por graves violaciones a los derechos humanos.

Este sangriento conflicto político, atizado con las arcas infinitas provenientes del tráfico ilícito de narcóticos desde finales de los años setenta, ha creado una de las peores catástrofes humanitarias que se han visto en el mundo en añosrecientes.

Algunas cifras ilustran la tragedia. Entre 1985 y marzo de 2013, según lo determinó el Centro de Memoria Histórica en su informe ¡Basta ya! sobre la violencia colombiana, 220.000 personas perdieron sus vidas en el conflicto armado colombiano y, de estos, 166.000 eran civiles. En esos últimos 29 años, en promedio, un colombiano fue secuestrado cada ocho horas y al menos cuatro murieron simultáneamente en una masacre cada semana. Este horror forzó a unos cinco millones de personas a dejar sus hogares entre 1985 y 2011.

Para mayo de 2014, la Fiscalía había encontrado los cuerpos de 5.551 personas que fueron desaparecidas a la fuerza, y la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas había documentado 68 441 casos. A más de la mitad de estas víctimas, actores del conflicto las llevaron contra su voluntad, las asesinaron y dispusieron de sus cuerpos en forma clandestina, según lo ha documentado la Asociación de Familiares de Detenidos­Desaparecidos (Asfaddes). Nadie sabía que podríamos tener tantas víctimas de este crimen como las que tuvo Argentina bajo la dictadura militar. Y aún no se conoce la mitad de la historia, pues solo si las guerrillas terminan confesando sus crímenes, se sabrá a cuántos ciudadanos de cuyo paradero sus familiares no tienen noticia sepultaron en la selva.

Los actores del conflicto se erigieron en el poder de hecho en regiones enteras. Por períodos largos y en territorios extensos, guerrillas y paramilitares suplantaron al Estado en sus tareas esenciales: el cobro de impuestos y la provisión de seguridad. Sin quién les pusiera límites, asesinaron colectiva y masivamente, reclutaron niños, extorsionaron sin control a cientos de miles de personas, obligándolas a rendirles cuentas de sus ingresos y a pagar un porcentaje sobre ellos, secuestraron, quemaron pueblos, y expulsaron a millones de campesinos de sus tierras, unos porque se querían quedar con ellas, otros porque las querían repartir entre sus simpatizantes, o simplemente porque querían desalojar corredores de paso de la droga. Los auto­ proclamados liberadores del pueblo fueron sus mayores opresores, y la tranquilidad que prometieron acabó encontrándose solo en los cementerios.

El desangre ha mermado en los últimos años, pero no cesa. En 2012 huyeron de sus hogares para salvar sus vidas 256.000 personas. Escaparon de combates entre guerrilla y fuerza pública, de amenazas de las bandas criminales armadas que sobrevivieron después del paramilitarismo (el 43%) o para salvar a sus hijos del reclutamiento de estos o de aquellos. Y en los primeros cuatro meses de 2014, los combates dejaron heridos a 659 soldados y policías, muertos a 107 guerrilleros, y se registraron oficialmente cinco matanzas de civiles.

Lo singular en Colombia es que todo esto ocurre no bajo una dictadura, sino en simultánea con una democracia en funcionamiento. «Colombia es un orangután en sacoleva», había dicho en los años cincuenta el intelectual y político liberal Darío Echandía. Su apunte ha seguido siendo cierto hasta hoy. Este «orangután» de la violencia ha estado siempre vestido en el «sacoleva» de un régimen democrático formal, con elecciones regulares, tribunales judiciales independientes, reglas de juego progresistas frente a las libertades individuales y una mayoría de ciudadanos viviendo vidas comunes y corrientes en ciudades modernas.

Además, con un manejo económico responsable, la dirigencia nacional ha llevado a Colombia a pagar sus deudas externas, a desarrollar una institución independiente para regular la política monetaria, como es el Banco de la República, y últimamente a conseguir buenas calificaciones internacionales de riesgo financiero. Ha conducido a la economía colombiana a crecer modesta pero persistentemente desde los años treinta, con excepción de 1999, sin los trastornos hiperinflacionarios o las súbitas bancarrotas de otros países del continente. Y ha trazado políticas para que el Estado esté cada vez mejor financiado y sea capaz de ofrecer, a pesar de los problemas de calidad, crecientemente mayores coberturas en salud y educación a sus ciudadanos.

El hecho de que podamos, a la vez, prosperar y ser violentos, simultáneamente ampliar la democracia y vivir bajo tiranías, hace aún más difícil que los colombianos urbanos y modernos nos demos cuenta de la devastación humana que sufren nuestros compatriotas, que veamos el fracaso de esta sociedad en la construcción de una paz duradera, y que identifiquemos las razones.

¿Por qué a pesar de haber ensayado alternativamente acuerdos de paz, sometimientos a la justicia y aumentos billonarios en el presupuesto público de defensa y seguridad, este conflicto sangriento de Colombia no se detiene?¿Por qué instituciones y líderes relativamente sofisticados como los colombianos se han quedado tan cortos en conseguir este objetivo? ¿Cómo dejaron que les saliera competencia por todo el país a las tareas básicas del Estado? ¿Cómo permitieron semejante sufrimiento? ¿Por qué cuando ya creemos que amaina la violencia, esta vuelve a resurgir? ¿Qué le permite reciclarse? ¿Es la causa primordial el narcotráfico o surgen estos ejércitos ilegales de fracturas más profundas de la política colombiana? ¿Por qué tantos que han querido frenar a estos ejércitos de izquierda y de derecha apelando a la civilidad, a la ley, a las libertades consagradas en la Constitución, se han sentido abandonados?

Este libro busca iluminar las respuestas a estas preguntas contando una historia del paramilitarismo en Colombia.

Este fenómeno nació bajo el rótulo de autodefensas campesinas en los años ochenta. Alcanzó a proyectarse a varias regiones del país, pero luego entró en crisis: a algunos jefes los mataron, otros dejaron las armas, y los que quedaron en pie fueron la semilla de un nuevo paramilitarismo que brotó con fuerza hacia fines del siglo pasado. Con múltiples aliados construyó la flexible alianza nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, que en su mayor expansión sometió a su dominio de terror a casi toda la Costa Caribe y a parte de la Pacífica, de Antioquia, del Eje Cafetero, los Santanderes, los Llanos Orientales, Tolima, Caquetá y Putumayo.

Entre 2004 y 2006, se desmovilizaron tras una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe, y el ciclo prontamente reinició: unos jefes se mata­ ron entre sí, otros fueron extraditados a Estados Unidos, otros encarcelados en Colombia, y los que quedaron en pie han sido la semilla de la que han germinado nuevas bandas criminales con variados alcances territoriales y no pocas veleidades políticas. Estas han seguido reclutando jóvenes y hoy, según reporte de la Policía, alcanzan 3.900 integrantes que se mueven en 167 de los 1.096 municipios colombianos.

Ese contrahecho proceso de desmovilización paramilitar, no obstante, nos permitió por primera vez conocer en detalle de qué estaba hecha esta trinca de grupos armados. Esto debido a que muchos de los 4000 exparamilitares postulados a un proceso de justicia transicional, conocido como Justicia y Paz, confesaron sus crímenes y entregaron bienes para la reparación de las víctimas, a cambio de que la justicia les impusiera penas de máximo ocho años de cárcel. Así mismo, las pesquisas de fiscales y magistrados de esta justicia transicional han esclarecido crímenes que estaban en la impunidad por décadas. También porque entre 2007 y 2011, la Corte Suprema de Justicia investigó y juzgó a decenas de congresistas y a algunos gobernadores y generales por los vínculos entre paramilitarismo y política. Además, otros jueces han procesado a decenas de funcionarios públicos y de personas corrientes por su complicidad con el paramilitarismo, y los jueces de tierras han destapado centenares de casos de usurpación de fincas a campesinos.

Además, desde su nacimiento en 2008, he liderado al equipo del portal VerdadAbierta.com que se especializa en la cobertura de estos procesos de justicia transicional y en la investigación de las verdades del conflicto colombiano. Y por eso, porque en los últimos años le hemos podido ver el corazón a este actor armado, es que he escogido como centro de este libro la historia del paramilitarismo, una manera de ver la guerra colombiana desde adentro.

La esperanza es que al seguir al paramilitarismo y observarlo, escuchando las voces de víctimas y victimarios, cruzando sus relatos con los documentos que hemos conseguido junto al equipo de VerdadAbierta.com, el libro pueda aportar luces sobre las fuerzas que permitieron que este se formara, floreciera y perdurara por más de 30 años. Son estas mismas fuerzas, seguramente, las que han moldeado a las guerrillas y les han permitido sostener su guerra durante medio siglo: si las autodefensas tuvieron el espacio para matar a miles de personas y construir, a la vez, bienes públicos ilegales e incluso desarrollarmovimientos políticos propios, también lo tuvieron las guerrillas. Y entendiendo cómo resultaron teniendo ese espacio favorable, podremos saber más sobre por qué en Colombia la guerra se sigue reciclando.

Entre más claro veamos cuáles son las debilidades de la democracia colombiana de las que se alimentó el paramilitarismo, mejor podremos identificar qué se debería cambiar para evitar aun otra fase expansiva, como la que ya se vislumbra; o para evitar que la paz que el gobierno Santos está negociando con las guerrillas de las FARC y el ELN no termine en motivo para renovar la guerra.

Otras sociedades latinoamericanas con modelos de gobernabilidad similares al colombiano están enfrentando en la última década una creciente violencia criminal. Quizás a los ciudadanos de esos países también les venga bien esta reflexión sobre los fracasos de Colombia en desmontar para siempre sus ejércitos ilegales.

Siguiendo la historia del paramilitarismo, profundizando en los detalles, desentrañando información que ha sido deliberadamente distorsionada, el libro observa cómo se expandieron estos grupos. También busca hacer evidentes sus contradicciones: masacres y obras sociales; odio al comunismo y a la oligarquía; desprecio por los políticos tradicionales con los que se casaron, para mencionar algunas.

No encontrará aquí el lector la historia completa de este fenómeno en todo el país. He seleccionado sí episodios centrales que permiten hilar su larga historia: cuentan cómo el paramilitarismo mantuvo el sello con que nació, cuáles fueron las influencias internas e internacionales que lo forjaron, cómo lo tejieron los hilos ideológicos de la fuerza pública y su Guerra Fría importada y también la ambición y los cálculos políticos del narcotráfico; y cómo justificó sus motivos con un mito fundacional deliberadamente exagerado para ganar legitimidad y conseguir que el liderazgo de un país medianamente civilizado aceptara niveles de barbarie intolerables en cualquier otra sociedad. El libro también explora cómo usaron a los paramilitares desde arriba y cómo los resistieron desde abajo, y cómo, cuándo estuvieron en trances críticos, los gobernantes les arrojaron salvavidas, no necesariamente porque fueran sus cómplices, sino por la miopía con la que construyeron su gobernabilidad.

Esta narración periodística buscar aportar una mirada no judicial del paramilitarismo. No quiere señalar cómplices o culpables, ni pontificar sobre moral: separar buenos de malos. Claro está que en toda guerra, cada individuo toma decisiones éticas, y esto lo convierte en héroe o en villano, pero las circunstancias que han rodeado a los colombianos de las zonas de conflicto han sido tan apabullantes, el condicionamiento tan brutal y generalizado que borrajeó las fronteras entre víctimas y victimarios, y nubló inclusive las diferencias entre bien y mal. La mía es más bien una mirada política que intenta entender cómo pasaron las cosas, por qué pasaron y, sobre todo, aportar a la discusión de por qué Colombia ha reciclado las guerras.

Espero que el lector encuentre iluminador este relato periodístico, que le ayude a desbaratar teorías conspirativas y a deshacerse de prejuicios (odios) ideológicos, y en cambio le permita ver con mayor claridad cuáles son los cambios de fondo que deben hacer nuestros líderes, cuáles son las exigencias que les podríamos hacer los ciudadanos para que los ejércitos de «salvadores» sean cosa del pasado y de una vez por todas podamos vivir en paz.

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Entre 2004 y 2006 se desmovilizaron los grupos paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Durante el segundo semestre de 2014 por lo menos 174 exparamilitares que integraron distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cumplirán ocho años de cárcel, pena máxima a la que pueden ser condenados los desmovilizados que están postulados a la Ley de Justicia y Paz. Por esta razón solicitarán que se les conceda la libertad a prueba, aunque deberán continuar respondiendo por los procesos penales en su contra.

Eso no significa que los desmovilizados vayan a quedar en libertad masivamente. Los magistrados de los tribunales de Justicia y Paz en el país, concentrados en Bogotá, Medellín y Barranquilla, deberán evaluar cada caso en particular y determinar si el postulado cumplió los requisitos para quedar en libertad, es decir, si colaboró con la verdad y entregó bienes para reparar a sus víctimas. Esta información debe ser respaldada por un certificado de la Fiscalía.

Según un monitoreo realizado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), organismo que ha acompañado el proceso de Justicia y Paz desde su comienzo, un primer grupo de solicitudes de libertad ya comenzaron a ser presentadas o se harán a partir de agosto por parte de 69 paramilitares, Entre ellos se encuentra varios de quienes, en julio de 2006, llegaron al centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, siguiendo órdenes del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas, que operó en el Urabá antiqueño, chocoano y cordobés.

En este grupo ya adelantó trámites Édgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’, exjefe del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, quien fue capturado en 2006. Su solicitud de libertad ya está en los tribunales de Justicia y Paz. (Ver: Por qué alias ‘Don Antonio’ no va a quedar aún en libertad).

Este es el listado de la mayoría de los postulados según el cargo que ocuparon en el grupo armado.

Los investigadores de la MAPP/OEA han entrevistado a 65 de los 69 postulados provenientes de las estructuras de las Auc. Aunque antes la mayoría decía que cuando salieran de la cárcel viviría en grandes ciudades como Bogotá y Medellín, ahora que está más cerca la fecha de quedar en libertad, muchos han cambiado de opinión yse inclinan por volver a los municipios donde nacieron y tienen aún a sus familiares.

Cuando les preguntaron por el departamento al que llegarían, 22 de ellos dijeron que irían a Antioquía, 15 a Bogotá y 15 postulados más piensan volver a Boyacá, Meta y Santander (cinco en cada departamento). Según los postulados, lo primero que van a tener en cuenta es que sea un lugar seguro para ellos y sus familia.

De acuerdo con la cantidad de desmovilizados que van a retornar y los problemas de orden público que aún persisten, derivados de la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos los que se conformaron después de finalizada la etapa de desmovilizaciones colectivas en agosto de 2006, la MAPP/OEA eligió cinco zonas de especial observación, como muestra el siguiente mapa.

Gran parte de los exparamilitares tienen sus familias en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño, pero han dicho que no quieren retornar a esa zona por miedo a que miembros de las bandas criminales, conformadas por exparamilitares, tomen represalias contra ellos. Medellín y algunos municipios del Valle de Aburrá también fueron advertidos como zonas de observación, así como el norte de Urabá, donde hay un fuerte control de los llamados ‘Urabeños’ y se teme que los desmovilizados excarcelados se vinculen con actividades ilegales o se rearmen.

En el Magdalena Medio se tiene en cuenta sobretodo La Dorada, Caldas, y el norte del Tolima donde los exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza, ya han dicho que van a regresar. Los desmovilizados dicen que ven la zona como un lugar seguro para ellos y sus familias.

En el Magdalena Medio cundinamarqués la tensión está latente en el municipio de Yacopí, donde nacieron tres jefes paramilitares: Luis Eduardo Cifuentes, alias  ‘El Águila’, jefe de las Autodefensas de Cundinamarca; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, jefe del Bloque Mineros; y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, jefe militar del Bloque Centauros.

Un segundo grupo de postulados, conformado por 105 exparamilitares, podrá solicitar su libertad a partir de diciembre próximo, la mayoría de ellos son de la Costa Caribe, especialmente del departamento del Cesar, entre ellos, Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, jefe del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc, quien tiene arraigo en San Martín.

Además de estas zonas, el diagnostico pide que se tenga en cuenta Barranquilla como zona especial de observación al municipio de María la Baja, entrada a la región de los Montes de María, a donde retornarían varios exmiembros del Bloque Norte de las Auc.

Este diagnóstico, que parte desde la mirada de los postulados, es solo una primera parte del monitoreo que la MAPP/OEA está haciendo sobre la libertad de los postulados, pues también desde las oficinas regionales se realiza un seguimiento a la percepción de las comunidades que van a recibir a estos desmovilizados. Según Daniel Millares, jefe de justicia transicional de la MAPP/OEA, este diagnóstico ya fue entregado a los organismos de control de gobierno para que los tengan en cuenta.

Los temores de los desmovilizados
En las entrevistas, todos los postulados coinciden en un tema esencial: su seguridad personal y  la de sus familias. Algunos saben que la violencia sigue latente en sus municipios de origen y otros dicen que tienen miedo a que terceros a los que han incriminado en sus versiones libres tomen represalias contra ellos. Este último temor lo han expresado varias veces los exparamilitares del Bloque Catatumbo, pues menos del diez por ciento de las personas a las que han acusado han sido judicializadas.

Muchos de los entrevistados advirtieron que piensan recurrir a esquemas de seguridad privada para protegerse, medida que tendrá que tener un seguimiento de las autoridades por el riesgo que implica para las comunidades a las que estos exparamilitares van a llegar.

Muchos desmovilizados dijeron que retornarán a un lugar cercano a una sede judicial, pues aunque estén en libertad, están en la obligación de seguir asistiendo ante los Tribunales de Justicia y Paz: 22 de ellos siguen su proceso en Barranquilla, 25 en Medellín y 23 en Bogotá. Esto sumado a que muchos tienen también investigaciones en la justicia ordinaria, por ejemplo, Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefe paramilitar del Frente Fronteras de las Auc, quien tiene procesos en 15 departamentos del país.

Los exparamilitares proponen que se creen mecanismos como las videoconferencias para que puedan asistir a sus diligencias sin correr riesgo en sus traslados de un despacho judicial a otro y sin que implique tampoco un peligro para las víctimas, quienes ahora podrían encontrarse a sus victimarios libres en los pasillos de los tribunales. Esto teniendo en cuenta quenormas expresas que advierten que los jueces pueden prohibirle a los desmovilizados que se acerquen a las víctimas y a sus familiares.  

Además, en sus entrevistas, los postulados insistieron en que la continua asistencia a estos espacios judiciales es un impedimento para tener un trabajo fijo. Aunque todos recibieron capacitación de algún tipo en las cárceles, de los 69 que van a pedir su libertad en agosto, solo uno dijo tener un trabajo asegurado en el que usará lo aprendido.  

Este el panorama que afronta ahora la justicia transicional, la salida de estos 173 postulados guiará la libertad de los más de 900 exparamilitares y exguerrilleros que esperan salir de las cárceles en los próximos dos años.

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Un 24 por ciento de combatientes desmovilizados reinciden en la ilegalidadLos procesos de paz y reintegración en Colombia son más exitosos de lo que plantean los críticos asegura el informe Retorno a la ilegalidad o reincidencia, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en conjunto con investigadores de las universidades de Notre Dame, Pittsburgh y de Nueva York, y la colaboración de la Misión de Apoyo para el Proceso Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA).

El análisis evaluó la situación de 1.158 desmovilizados en todo el país provenientes de grupos paramilitares y guerrilleros. De acuerdo con los hallazgos, el 76 por ciento de ellos, es decir, 880 personas, no ha vuelto a incurrir en crímenes, mientras el 24 por ciento, 278 personas, sí lo ha hecho.

Al respecto, el informe, coordinado por María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP, y Sarah Zukerman Daly, investigadora principal y profesora asistente de la Universidad de Notre Dame, reitera que si bien ha habido procesos exitosos de reintegración de combatientes a la vida civil, aún queda mucho trabajo por hacer.

“Entender los factores de riesgo asociados a un retorno a la legalidad exitoso es la mejor manera de definir los medios para prevenir que los reincidentes potenciales se conviertan en reincidentes comprobados”, señala el documento y destaca que se requerirán algunas mejoras para responderle a los combatientes de las Farc y el Eln que puedan desmovilizarse si se logran concretar los proceso de paz que se adelantan con le gobierno nacional. 

En diálogo con VerdadAbierta.com, Llorente aseguró, a propósito de ese 24 por ciento de reincidencia, “que es una cifra muy distinta a lo que pasa en otros procesos, y no es una muestra de lo que muchos dicen que los desmovilizados están reincidiendo, jugando mal al proceso de paz”.

La coordinadora de este estudio explicó que la idea hacer este análisis surgió en el 2010, año en el cual las llamadas bandas criminales, o ‘bacrim, como las llamó el gobierno en su momento, tuvieron uno de sus índices de figuración más altos y se comenzó a rumorar que esto era reflejo que la mayoría de ex paramilitares había vuelto a delinquir.

“El proceso de desmovilización, desarme y reintegración, en especial el de los grupos paramilitares, ha estado muy cuestionado desde distintos frentes en los últimos casi diez años. Con mucha frecuencia se oye que todos reincidieron, que ese proyecto fue un fracaso”, explicó Llorente.

El propósito del informe, dijo la directora de la FIP, “fue hacer un trabajo para entender este fenómeno sobre el que no había casi información, solo datos de capturas de miembros de las ‘bacrim’, de los cuales se sabían que algunos estaban en las listas de desmovilizados. Era necesario hacer un estudio con un rigor metodológico para entender un fenómeno sobre el que se hablaban generalidades”.

Los investigadores analizaron diferentes variables y encontraron que en la proclividad de los desmovilizados de volver a cometer actividades ilegales, “el 38 por ciento parecen estar firmemente en la legalidad”, y un 47 por ciento “tiene simpatía a comportamientos reincidentes”.

Otro de los hallazgos fue que el 54 por ciento no han sido abordados por grupos criminales para ser reclutados, otro 46 por ciento sí han sido contactados, y de este porcentaje el 10 por ciento “ha estado tentado a aceptar la oferta”.

El estudio señala que hay varias motivaciones durante del proceso de reinserción que repercuten en las diferentes formas de reincidencia y la aceptación de un nuevo reclutamiento, entre ellas “el nivel educativo, el dinero, un empleo estable, una vida cómoda u otros beneficios materiales; el poder, el estatus, el respeto, la venganza, el gusto por la vida militar, la aventura u otras determinaciones sicológicas, y las malas relaciones familiares”.

Otro factor de los ex combatientes con el que se analizó el grado de vulnerabilidad a la reincidencia es la experiencia en el grupo armado ilegal del que proviene, el tiempo en el grupo, el grado de disciplina interna de la unidad a la que se perteneció y la experiencia en combate. Al respecto, el informé evidenció que 20 por ciento están totalmente reintegrados, mientras el 80 por ciento tienen algún nivel de riesgo de regresar a las actividades criminales.

El informe de la FIP asegura que el regreso de los ex combatientes a estructuras armadas ilegales es una de los problemas más delicados en sociedades donde se ha vivido procesos de desmovilización y revela que, en el caso colombiano, la información de las cifras oficiales es insuficiente para “comprender la complejidad del fenómeno de la reincidencia”, entre otras razones porque no se conoce con certeza cuántos desmovilizados han vuelto a la ilegalidad y no hay datos concretos para identificar los motivos de esa reincidencia.

Con los resultados de las encuestas, la investigación concluye que la permanencia en las zonas donde delinquieron los desmovilizados da más probabilidades de que los ex combatientes reincidan por la existencia de redes integradas por ex compañeros y ex comandantes.

En ese sentido, aseveró Llorente, “el informe hace un llamado de atención muy grande sobre las redes que hay en algunas regiones y sobre las que se relacionan los desmovilizados. Además, cómo esas redes pueden apoyarlos a que se reintegren o pueden tener efecto perverso y caer en la ilegalidad”.

Según la directora de la FIP, “no se trata de aislar a quienes están en el proceso de reintegración, no es la red en sí misma, hay que indagar un poco sobre esas estructuras y hacer un mejor seguimiento de con quién anda el desmovilizado”.

En ese sentido, el estudio corrobora que el programa de reintegración es bastante eficaz para los guerrilleros, que en su mayoría se desmovilizaron individualmente y que “han entrado al programa por convicción o decisión”. Pero al otro lado están los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno nacional de junio de 2003, sobre los cuales se sugirió a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) prestar mayor atención.

Hacia el futuro
El estudio, que comenzó hace tres años, también ofrece varias recomendaciones sobre futuros procesos de reintegración que se puedan dar con las guerrillas de las Farc y el Eln. Llorente precisó que los diálogos que inició el Gobierno con las Farc no motivaron el trabajo, pero sí fue un factor que se encontraron en el desarrollo del informe. “Frente a esto es relevante saber las lecciones aprendidas para que no se repitan en procesos futuros”, dijo.

Entre las recomendaciones del informe está la de romper con los vínculos a las redes ilegales y fortalecer los programas que les permitan a los desmovilizados permanecer por más de tres años en un programa de reintegración sin sus ex compañeros. “Garantizar la cercanía de la familia y una alta exposición al programa reducen de manera significativa la probabilidad de reincidencia directa, la proclividad a la reincidencia y la vulnerabilidad al reclutamiento”, señala el documento.

Asimismo, esta investigación recomienda elaborar estrategias para “disminuir los niveles de inseguridad tanto reales como percibidos, disminuir los niveles de ciertos traumas psicológicos (principalmente el síndrome de estrés postraumático y la depresión)”.

Acerca del proceso de reintegración desde lo psicológico se recomendó “enfocarse directamente en el estrés postraumático, la depresión, la entrada al grupo armado por motivaciones psicológicas y la alta exposición a la violencia”. Además, llamó la atención sobre una situación clave en estos procesos: “hasta el momento no se conoce un diagnóstico riguroso sobre la situación psicológica de los ex combatientes”.

La familia también es un factor determinante en el éxito de la reintegración de los ex combatientes, advierte la investigación. El análisis de los resultados señala que la probabilidad de reincidencia disminuye si el desmovilizado fortalece sus relaciones familiares, lo que equivale a que reconstruya sus antiguas relaciones filiales, “siempre y cuando éstas no hayan sido funcionales a su motivación para ingresar al grupo armado ilegal (violencia intrafamiliar, redes familiares criminales, etc.)”.

En lo relacionado con el futuro que puedan tener los desmovilizados de los procesos que se adelanten con los grupos guerrilleros, el informe propone que “sería deseable sopesar los procesos ya vividos y definir una vía que se nutra de las diversas experiencias y de sus aprendizajes, teniendo en cuenta que los resultados del estudio que acá se presentan no son generalizables sino a la población actualmente vinculada al programa de la ACR”.

El estudio sugiere que “sería deseable mantener la ruta actual de desmovilización, desarme y reintegración como una alternativa. En este punto es importante anotar que la vía de tratamiento individualizada puede constituirse en un elemento que haga parte de un arreglo exitoso en el marco del nuevo proceso, y que manteniendo esta oferta en pie se ratifique la posibilidad de los ex combatientes de entrar a una dinámica deconstrucción de legalidad como la que, hasta el momento, ha ofrecido el Estado”.

Sobre los aportes del informe en materia de reincidencia frente a una eventual desmovilización de la guerrilla, María Victoria Llorente aclaró que “hay que reconocer que son procesos muy distintos, hay que entender el grupo con quien se está negociando. En el caso de los paramilitares hubo un sometimiento a la justicia, se habló de la reparación a las víctimas. Los diálogos con la guerrilla son una negociación política, donde hay otros temas”.

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Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, jefe del Bloque Élmer Cárdenas, durante la entrega de armas de su grupo paramilitar.Por orden de Carlos Castaño Gil, vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), un grupo de paramilitares que integraban el Bloque Elmer Cárdenas crearon el Frente Héroes de Boyacá, facción que pretendía enfrentar las guerrillas en buena parte de los municipios esmeraldíferos del departamento de Boyacá y cuyos vínculos podrían comprometer al empresario de las esmeraldas Pedro Nel Rincón, también conocido como ‘Pedro Orejas’, hoy en prisión.

Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, comandante del Bloque Elmer Cárdenas, ha precisado en diversas ocasiones ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que esa facción paramilitar fue creada el 25 de agosto de 2001 y sus operaciones culminaron en febrero de 2003, cuando regresaron al Urabá antioqueño.

La primera ocasión que Rendón Herrera habló del tema fue el 6 de junio de 2007, durante una audiencia de versión libre realizada en Medellín. Allí explicó con detalle cómo se creó el Frente Héroes de Boyacá en una zona bastante alejada del norte del Urabá antioqueño, donde este paramilitar tenía su fortín armado.

“En un momento de la historia del Bloque Elmer Cárdenas, me pidió Carlos Castaño que fuese a Boyacá y que le colaborara en la conformación de una escuela de formación y creara un bloque de autodefensa allí bajo mi responsabilidad en lo militar y así lo hicimos y llegamos allí a Boyacá veinticinco de Agosto de 2001”,  indicó alias ‘El Alemán’.

Para ese año, el Bloque Elmer Cárdenas estaba conformado por los frentes Costanero, Norte Medio Salaquí, Dabeiba, Pavarandó, Julián Castro y Tanela. A los que se sumó el Héroes de Boyacá.

En su relato, indicó, con mapa en mano, que el Frente Héroes de Boyacá hizo presencia armada en algunas regiones de Boyacá y zonas vecinas de Cundinamarca y Santander, conlo cual buscaban hacerle frente a facciones subversivas de las Farc y el Eln, históricamente asentadas allí, en un corredor estratégico que unía a estos tres departamentos.

Municipios boyacenses como Muso, Pauna, Briceño, Floriales, Otanche, Albania, Turungua, Saboyá, Chiquinquirá, Maripí y Coper se vieron afectados por la presencia paramilitar. Asimismo, zonas de Cundinamarca como Simijaca, Nusa, Susa, Ubaté, San Cayetano, Cogua, Paime y Pacho.

En otra versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, realizada el 27 de abril de 2011, alias ‘El Alemán’ precisó aún más la creación de la facción paramilitar en la zona esmeraldífera de Boyacá. Según él, un grupo de 30 hombres son enviados a esa región “para que operen haciendo labores antisubversivas con el objetivo militar preciso y concreto de sacar de la zona a las células guerrilleras de las Farc”.

En su relato, este ex jefe paramilitar detalló el corredor estratégico que le intentaron disputar a la insurgencia: “las zonas registran gran importancia estratégica; en primer lugar, por ser la periferia de la zona esmeraldífera del centro del país; y en segundo lugar, por ser un corredor estratégico entre la capital de La República y el Magdalena medio, corredor que cuenta con más vías alternas que el tradicional corredor Bogotá-La Dorada”.

De acuerdo con Rendón Herrera, su presencia en esa zona del país también se debía a que en la zona noroccidental de Boyacá existen corredores históricos de movilidad hacia el departamento de Santander, “toda vez que entre la vía de Albania hacia la zona de Vélez y Puente Nacional se desprenden innumerables trochas hacia la legendarias montañas del Cimitarra, Santander, refugio histórico tanto de las Farc como del Eln”.

Los hombres enviados a Boyacá estuvieron bajo el mando de un paramilitar conocido con el alias de ‘Julio’, quien era, en ese momento, el comandante instructor militar de una escuela de formación y capacitación de Necoclí. Él fue el encargado de crear, el 8 de enero del 2002, la centro de entrenamiento en zona rural del municipio de Otanche. Según Rendón Herrera, allí se instruyeron entre 35 y 40 personas oriundas de Boyacá.

En febrero de 2003, el Frente Héroes de Boyacá pasó a conformar las llamadas Autodefensas de Cundinamarca, comandadas por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’, quien asume ese grupo y desligándose de ello al Bloque Elmer Cárdenas, por orden también de Carlos Castaño Gil.

“Yo hablé con el señor ‘Águila’, le dije: ‘señor Águila aquí está la gente que milita en este frente en la zona de Boyacá, los que se quieran quedarque son de Urabá que se queden los que no aceptaron se fueron a Urabá’. Y yo le entregué las armas, le entregué la gente y me vine. Pare de contar, no queda documento señor Fiscal”, le explicó alias ‘El Alemán’ a un fiscal de Justicia y Paz el 6 de junio de 2007.

Al regreso al Urabá antioqueño, a finales de febrero de 2003, el grupo bajo el mando de Rendón Herrera fue interceptado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de San Jerónimo, Antioquia, en la vía que conduce a Urabá, y les fueron incautadas varias de las armas con las que operaron en Boyacá, que iban encaletadas en un carrotanque.

¿Quienes llevaron las Auc a Boyacá?
De acuerdo con relatos de ex paramilitares que hoy están siendo procesados, entre ellos Rendón Herrera y Julio Cesar Sierra Gómez, conocido con el alias de ‘El Ruso’, las facciones de las Auc llegaron a la zona esmeraldífera con el apoyo de los esmeralderos, quienes le pidieron apoyo a Carlos Castaño Gil para que enviara hombres de las Auc a la región y le hicieran frente a las guerrillas de las Farc y el Eln, entre ellos estaría ‘Pedro Orejas’.

Alias ‘El Ruso’, quien en ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz explicó recientemente que no sólo formó de la facción que se desprendió del Bloque Elmer Cárdenas, sino que hizo parte de la avanzada que llegó a la zona en el 2001: “Éramos quince hombres. Nos recibieron en Bogotá y nos llevaron en vehículos directamente a Briceño (norte de Cundinamarca) y a Boyacá. Ese día matamos a dos personas y pintamos con aerosol iniciales del bloque ‘Héroes de Boyacá’, para darnos a conocer”.

Sierra Gómez aseguró que en una reunión realizada en un hotel del municipio de Maripí, un pueblo controlado por el esmeraldero ‘Pedro Orejas’, conoció a quienes habrían financiado la estructura paramilitar que llegó a la zona:”Allí estuvieron Pedro Nel Rincón, Gustavo Rincón, todos los hermanos de ‘Pedro Orejas’”.

Quien también ha señalado al empresario de las esmeraldas, hoy en prisión, fue alias ‘El Alemán’. Según le dijo a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, hubo una reunión entre paramilitares y esmeralderos en fecha que no se precisó, con el fin de hablar sobre el tema de la financiación del Frente Héroes de Boyacá: “Estuvimos reunidos con todos los líderes de la zona del occidente de Boyacá: el señor Horacio Triana, con el que ya había tenido reuniones para la financiación del grupo paramilitar, en representación de Víctor Carranza, los hermanos Rincón y otros”.

Lo que viene ahora, con la captura de ‘Pedro Orejas’, es un proceso de contrastación de versiones entre el poderoso empresario de las esmeraldas y los ex paramilitares. Unos y otros tendrá que demostrar que dicen la verdad. Será entonces la justicia la que tenga la última palabra.

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El frente Juan Andrés Álvarez se desmovilizó en 2006 en Chimila, con el Bloque Norte. Foto Semana

A comienzos de los años noventa, el Cesar y su vecina Magdalena estaban cercados por las guerrillas de las Farc y del Eln que extorsionaban y secuestraban a ganaderos, agricultores y comerciantes, incendiaban fincas y robaban ganado. La acción guerrillera espantó la inversión y con ella, la producción y el empleo, y estaba dejando a esta próspera región en ruinas.

Desesperados, hacia comienzos de 1996,  algunos líderes políticos y empresariales de esos departamentos hicieron contacto con las boyantes Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu) para que montaran un grupo de sus hombres que los protegieran del azote guerrillero.  En particular, se sabe que el político Jorge Gnecco fue primero a buscar a Salvatore Mancuso a Montería. Luego vinieron a Valledupar, Mancuso y Carlos Castaño Gil y se reunieron con él, con jóvenes dirigentes cesarenses, entre ellos se menciona a menudo al ganadero Aldo Lacouture.

No todos los  dirigentes afectados por las guerrillas en esa región querían traer a los paramilitares. Sospechaban de sus nexos con el narcotráfico, y rechazaban su brutal método de aterrorizar a la población civil para restarle fuerza a la guerrilla.

Pero unos pocos, entre ellos Rodrigo Tovar Pupo, de familia de alcurnia del Cesar, quién conocía a Mancuso porque había compartido con él en sus años universitarios en Bogotá, sí estuvieron dispuestos a sacarse de encima la guerrilla a cualquier costo. También, según  las investigaciones judiciales y los testimonios de los paramilitares desmovilizados que ya han rendido sus versiones ante Justicia y Paz, Mancuso conversó de sus planes con el gobernador de la época, Mauricio Pimiento (condenado luego por parapolítica) y éste dio el aval para que vinieran.

Luego de que los asistentes a estas reuniones y los dos jefes paramilitares llegaran a acuerdos, a principios de septiembre de 1996, trasladaron del departamento de Córdoba al Cesar un primer grupo de 12 hombres armados con fusiles y sin uniformes militares, al mando de René Ríos González, alias ‘Santiago Tobón’ y como jefe militar a Baltazar Mesa Durango, alias ‘Baltazar’. También llegaron entre los 12, Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘El Pájaro’, quien había estado en las Accu en Urabá desde 1991, y Juan Evangelista Basto Bernal, ex militar, quién fue luego vinculado al atentado a líder sindical Wilson Borja ocurrido en diciembre  de 2000.  (Para ver otros integrantes de ese grupo y cómo llegaron (ver: Cuando Mancuso y sus paras eran pobres).

Pocos días después, el 22 de septiembre de 1996, reforzaron al pequeño grupo con otra docena de combatientes, cuyo jefe militar  era Alfredo Lora Ortega, alias ‘Pata’e caucho’, y al otro día, según dijo a VerdadAbierta.com, Magaly Álvarez, la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que lleva los casos de dos frentes en Cesar, “este grupo inició su  actividad criminal en el Cesar, en una correría que los llevó a los municipios de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Becerril y Agustín Codazzi, cometiendo homicidios, torturas, desapariciones forzadas, secuestro y hurtos”.

Algunos del grupo provenían de la guerrilla y viajaban con los paramilitares en sus camionetas de vidrios negros, señalando a personas a su gusto. Ese era todo el juicio que las víctimas tenían para ser condenados a muerte.

En noviembre de año,  el grupo de los 24 originales fue dividido en dos. Un grupo comandado por ‘alias Baltazar’ fue enviado al departamento del Magdalena, y el otro comandado por Martín Alberto Medina Camelo, alias ‘El Negro Medina’, se quedó en el Cesar. Éste último montó su base en la finca Mata de Indio, en el municipio de Agustín Codazzi.

Alias ‘Santiago Tobón’ recogió para el grupo, dinero proveniente de contribuciones de los ganaderos y comerciantes que vivían en Valledupar. Algunos dieron esa plata con gusto, esperando que el nuevo ejército privado los librara de la guerrilla. Pero a quienes no quisieron dar la cuota, los obligaron a la brava. En esa tarea de recoger fondos le ayudaron Guillermo Alexander Guerrero Ramírez, alias ‘Salomón’, y en el corregimiento de Cuatro Vientos, municipio de El Paso, zona minera del Cesar, Benedito Estupiñán, propietario de un almacén de abarrotes.  Así lo han podido establecer los investigadores judiciales, a partir de su pesquisas y de las confesiones que ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía han realizado durante siete años, los desmovilizados de ese grupo paramilitar.

Tovar cae preso dos veces

El 4 de febrero de 1997, Mancuso fue a Codazzi, a la finca ‘Mata de Indio’, y ordenó matar a ‘El Negro Medina’ porque no obedecía órdenes y lo reemplazó por ‘El Pájaro’, hombre de su entera confianza, pero éste tampoco duró mucho.  

Ese mismo mes, Rodrigo Tovar Pupo, quién aún seguía figurando como un apreciado ganadero de Valledupar, venía de Manaure en un carro con un joven de apellido Castro,  cuando los detuvo la autoridad. Les encontró una decena de fusiles de contrabando y se los llevó presos al Batallón La Popa. Al parecer, Mancuso le había encomendado esa tarea de proveerles armas y de paso le pagaba bien, pues lo que le sobraba en estatus social y simpatía al ‘’Papa’ Tovar, como le decían sus amigos, le faltaba en plata.  Tovar y Castro se pasaron una semana, según recuerdan varios vallenatos, hasta que el propio comandante del batallón produjo un documento avalando las armas como legales, y quedaron libres. Tovar siguió su vida común y corriente.

Sin embargo, apenas tres meses después, el 4 de mayo de 1997, el mismo Tovar Pupo volvió a caer. Iba junto con ‘El Pájaro’, ‘Tobón’ y Mancuso, para La Guajira a buscar armas de contrabando,  cuando se detuvieron en Villanueva donde había una protesta. Se enfrentaron a tiros con los manifestantesy mataron a dos transeúntes. La policía los capturó más adelante, y los envió a San Juan del Cesar donde estuvieron presos una noche. Al otro día, después de sobornar al fiscal del caso, y con la palanca de un oficial de alto rango de la Policía, según declaró ‘El Pájaro’ a la justicia. Tovar, Mancuso y ‘Tobón’ fueron dejados en libertad, pero a ‘El Pájaro’ y a otro de los escoltas, los condenaron por contrabando de armas y los dejaron presos hasta el sol de hoy.

Con el segundo carcelazo, Tovar Pupo se debió asustar, porque desde junio se convirtió en combatiente uniformado y de tiempo completo de las Autodefensas. Bajo el mandato de Mancuso, Tovar nombró como su segundo al mando a Juan Andrés Álvarez Pastrana, alias ‘Daniel’, quien venía del desmovilizado grupo guerrillero EPL. Meses después, el grupo fue dividido en dos: hasta el corregimiento de Los Brasiles (San Diego) dejó como comandante a  ‘Mario’ (Castro). Y a alias ‘Daniel’ lo encargó de la trocha de Verdecia – por dónde fluía el contrabando desde La Guajira hacía el interior del país, pues va desde Codazzi hasta el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso – y hasta Chiriguaná. Para ese momento todos los hombres que integraban el grupo estaban dotados con uniformes  de camuflado.

Cada jefe de grupo cobraba una extorsión a los dueños de las fincas bajo su jurisdicción y los obligaba a pagar 10 mil pesos por cada hectárea al año. Si la finca estaba cultivada con palma africana, la cuota aumentaba a 12 mil o 15 mil pesos por cada hectárea sembrada.

Los 40 de Jorge

Con las rentas que les sacaban a los finqueros, el paramilitarismo en Cesar creció y en 1998 ya contaba con 40 hombres armados y dispuestos a matar a quién intentara detenerlos. La lealtad de Tovar fue premiada por Mancuso, pues lo prefirió a él como jefe de la región, entre los jóvenes cesarenses que se disputaron el papel. Ahí adoptó el nombre de guerra de ‘Jorge 40’ (quizás relacionado con el número de hombres que tenían), y como su escolta principal, nombró a Francisco Gaviria, el segundo hombre al mando del grupo de alias ‘Daniel’.

Alias ‘Daniel’ reemplazó a Gaviria con Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, y el 12 de diciembre de 1998, salieron con sus 40, a delinquir y a aterrorizar a la gente de  Villanueva, en La Guajira, y la de Manaure, La Paz y San Diego en el Cesar. El  Ejército salió a combatirlos y mató a Juan Andrés Álvarez Pastrana, alias ‘Daniel’. En su honor, Tovar Pupo bautizó al grupo paramilitar que se quedó en la zona minera, hacia el centro del departamento, como frente ‘Juan Andrés Álvarez’.

Cae ‘El Tigre’

Muerto ‘Daniel’,  ‘El Tigre’ asumió el mando durante todo el año de 1999, y nombró como segundo suyo a Víctor Ricardo Peñaloza, alias ‘Guerrero’. Este grupo ya contaba con cinco escuadras (12 hombres por escuadra para un total de 60), que patrullaba la trocha de Verdecia.  Para financiar al grupo, ‘Jorge 40’ y ‘El Tigre’  impusieron las ‘vacunas’ a ganaderos, y robaron ganado y camiones que pasaban por la carretera Troncal de Oriente. Le dieron la tarea a Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ de abastecerlos de víveres.

El 9 de marzo de 2000, siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de la Seccional Valledupar salieron al corregimiento de Minguillo del municipio de La Paz, a hacer el levantamiento del cadáver de un vendedor de helado que había sido asesinado. Al llegar a la zona, los hombres de  ‘El Tigre’ les salieron al paso, los secuestraron y desaparecieron. Los investigadores eran: Edilberto Linares Correa de 33 años; Carlos Arturo Ibarra Bernal de 31 años; Hugo Quintero Solano de 32 años; Danilo Carrera Aguancha de 31 años; Mario Abel Anillo Trocha de 26 años; Israel Roca Martínez de 31 años; y Jaime Elías Barros Ovalle de 32 años.

Esta desaparición masiva de agentes judiciales hizo por fin reaccionar a las autoridades que comenzaron a perseguir al ‘Juan Andrés Álvarez’, hasta que el 19 de julio del mismo año pudieron capturar a ‘El Tigre’, en Valencia, Córdoba, a alias ‘Salomón’ y al comerciante que les daba auxilio, Benedito Estupiñán. Años después ante los fiscales de Justicia y Paz, ‘El Tigre’ confesó este crimen atroz.

Cuando ‘Jorge 40’ se enteró de la captura de ‘El Tigre’, le ordenó a ‘Tolemaida’, asumir como jefe del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, y como segundo puso a Calixto González López, alias ‘Chitiva’, ‘El Cali’ o ‘Rey’. ‘Tolemaida’ comandó este frente desde mediados de 2001 hasta 2005, y por la cantidad de crímenes que cometieron sus hombres en esos años, algunos de ellos con una sevicia escalofriante, la Fiscalía le ha dado prioridad a su proceso.

A la captura de rentas públicas

A ‘Jorge 40’ le preocupaba echarle mano a las jugosas rentas que recibían los municipios carboneros como regalías  y para ello complementó el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ con grupos urbanos en los municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y Bosconia. Estos se encargaron de doblegar la resistencia de funcionarios honestos que no quisieran darle tajada al paramilitarismo de los presupuestos públicos, o de líderes civiles o políticos con influencia que se opusieran a su expansión.

En La Jagua de Ibirico, Tovar y ‘Tolemaida’ pusieron a Adinael Javier Rodríguez Quintero y a Sixto Arturo Fuentes Hernández a ejecutar sus órdenes criminales tanto en La Jagua como en Becerril. Igual esquema utilizó Tovar en Codazzi y San Diego, norte del Cesar, donde dejó encargado a alias ‘Jorge’ y Jader Luís Morales Benítez, alias ‘J.J.’. Mientras tanto, el ala rural del ‘Juan Andrés’ seguía patrullando por la trocha de Verdecia (comandado por Calixto González López y por Donaldo Monzón Pitalua, alias ‘El Indio’ o ‘Saúl’) en la trocha del Ingenio Sicarare, la trocha El 28, corregimiento de Casacará (Codazzi) y La Loma, corregimiento de El Paso.

Con una organización más fortalecida, crearon, aparte del grupo militar, a un “grupo financiero” coordinado por Javier López Arce, alias ‘El Canoso’, con alias ‘Orteguita’ de segundo. El sofisticado nombre disfrazaba sus crudas tareas: robar ganado y venderlo, y cobrarles extorsiones a quienes robaban gasolina del poliducto de Ecopetrol, y a los contrabandistas que transitaban por la trocha de Verdecia.

Pero esos ingresos terminaron decreciendo en importancia, pues la tajada de león fue la que sacaron de las rentas públicas. No demoraron las milicias urbanas del ‘Juan Andrés’ en empezar a cobrarles una tajada de cada contrato que dieran a las boyantes administraciones municipales del corredor minero (La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná, El Paso). En este período el coordinador de las ‘Urbanas’ era Luis Carlos Marciales Pacheco, alias ‘Cebolla’.

Entre los desmovilizados hay diferentes versiones sobre si algunas mineras del Cesar, también les ayudaron a financiar el frente ‘Juan Andrés Álvarez’. Según Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, quien estuvo al mando de un grupo del ‘Juan Andrés’ en Becerril desde 2003, la carbonera Drummond sí les dio dinero para reforzar el frente; pero ‘Tolemaida’ ha sostenido que no. Éste último fue condenado por un Juzgado Especializado de Bogotá, Descongestión-OIT, a 30 años y cuatro meses de prisión por el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, sindicalistas de la multinacional Drummond,que protestaron por la calidad de la comida que les daban en el casino de la minera.

Los familiares de los sindicalistas y otras víctimas del ‘Juan Andrés Álvarez’ que están seguros de que la minera sí auxilió al grupo paramilitar que les matóa sus seres queridos han llevado sus casos ante la justicia estadounidense. En la última decisión de 2013, un juez del estado de Alabama, rechazó en primera instancia el caso contra el dueño de la Drummond, y las víctimas apelaron.

Un golpe y reacomodos

De acuerdo con la documentación de la Fiscalía 58 de Justicia y Paz, el Ejército le asestó un golpe en 2002 a las Autodefensas del municipio de Becerril, pues capturó en la finca El Carmen a 13 paramilitares, entre ellos Sixto Arturo Fuentes Hernández, alias ‘El Negro Piter’, quien comandaba el grupo urbano de La Jagua de Ibirico. Pero pronto llegó su reemplazo,  Jesús Albeiro Guisao , alias ‘James’ o ‘El Amiguito’. En Codazzi  fue relevado el segundo comandante de las ‘Urbanas’, alias ‘J.J.’ y enviado a La Jagua de Ibirico. El 23 de  septiembre de ese año, por órdenes de ‘Tolemaida’ fue asesinado en ese municipio alias ‘Jorge’, porque se estaba quedando con dinero y hacía desórdenes en el grupo. Asumió en octubre,  ‘J.J.’.

Luego, en febrero del 2003 el frente creó el grupo urbano en Becerril, con Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘El Samario’ al frente, y su segundo hombre Oscar Luis Peña Carranza, alias ‘Fabián’, quienes tenían como informantes a alias ‘Chulo’, alias ‘Chapulín’ y los hermanos ‘Goyo’ Garizabalo.

Regresó a Codazzi, J.J. y con Jorge Erney Giraldo Valencia, alias ‘Jorge el Cacharrero’ y alias ‘Tavo’ continúan con la extorsión. En Bosconia quedó mandando Nicolás Salguero Pesellín, alias ‘El Capo’.

Ese mismo año el grupo rural del ‘Juan Andrés Álvarez’ –el que delinquía por la trocha Verdecia y hasta Chiriguaná– se dividió en tres grupos, uno comandado por Donaldo Monzón Pitalua, alias ‘Saúl’ o ‘El Indio’, que se fue a delinquir a Codazzi; otro que tenía como jefe a ‘Zairo’, quien apoyaba al grupo de ‘Saúl’ entre Codazzi y Becerril, y el tercero que sólo actuaba en La Jagua de Ibirico, al mando de Frank Emel Mayo Abadía, alias ‘Urabá’.

‘Jorge 40’ quería que los grupos urbanos del ‘Juan Andrés Álvarez’ fueran autosuficientes. Por eso los alcaldes de la época de los municipios del área de influencia de este frente fueron presionados al punto de que las Auc se volvieron co-administradores de la contratación. Según las cuentas que incautaron las autoridades que estaban consignadas en computadores del frente,  el municipio que mayores recursos le ‘aportó’ al frente, fue La Jagua de Ibirico, que al ser uno de los principales municipios productores de carbón en Colombia, recibía cuantiosas regalías. ‘Tolemaida’ fue quien negoció los contratos con los alcaldes.

Los otros frentes paralelos

Mientras el ‘Juan Andrés’ seguía creciendo en el centro del departamento, a la vuelta del siglo, fue creado también el frente ‘Mártires Cacique de Upar’ o el ‘Mártires del Cesar’.  Este grupo nació entre 2000 y 2001 en Atanquez al norte del departamento, la capital de los kankuamos, uno de los cuatro pueblos Tayrona que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo el mando de Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’. En 2001, el grupo cometió 38 asesinatos de miembros de esta etnia.

Luego el grupo se expandió y asumió el mando David Hernández Rojas, un ex mayor del Ejército que había sido comandante del Batallón Granaderos de contraguerrilla en Valledupar.  Había dejando el servicio activo en 1999, luego de que fuera señalado como uno de los responsables del asesinato de Alex Lopera, ex viceministro de Juventud. Bajo el nombre de ‘39’, Hernández, dirigió la expansión del frente por siete zonas: Badillo al sur de La Guajira, La Paz, Villa Germania, Pueblo Bello, Valledupar, y en la zona cesarense de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Alias 39 llegó a tener tanta autonomía y poder, que según algunos testimonios, su propio jefe ‘Jorge 40’ coordinó con miembros del Ejército para entregarlo y que lo dieran de baja en septiembre de 2004. Lo reemplazó al mando de Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’, que venía de ser capitán del Ejército hasta 2002.

En  2003, ‘Jorge 40’ también había creado el Frente ‘José Pablo Díaz’ para ocupar Atlántico y partes de la vecina Magdalena.

Además había en la región otros grupos paramilitares, que se mantuvieron autónomos por un tiempo, pero que, a la postre, terminaron bajo el mando de ‘Jorge 40’. Así, en Pelaya, Pailitas y Curumaní estaba el Frente Resistencia Tayrona, comandado por ‘Omega’, y según Mancuso dijo a Justicia y Paz, éste grupo pasó a integrar el bloque de ‘Jorge 40’ en 2000. Otro grupo que también quedó después de 2000 bajo el mando de ‘Jorge 40’, según lo aseguró Mancuso, fue el que comanda Sergio Ávila, alias ‘120’ en Bolívar, al otro lado de río Magdalena.

Además, al sur del Cesar, en Aguachica, San Alberto y San Martín, estaba el frente ‘Héctor Julio Peinado’ comandado por Juancho Prada y su familia, pero en diciembre de 2004, ‘Jorge 40’ asumió también el control de ese grupo.

Sigue la expansión del ‘Juan Andrés’

Los múltiples frentes abiertos en Cesar, no fueron un obstáculo para que Rodrigo Tovar siguiera ensanchando al frente ‘Juan Andrés Álvarez’, el más rico y autosuficiente de todos.

Así, bajo su comando abrió un grupo  en la parte alta de la Serranía del Perijá en Becerril, un tradicional bastión guerrillero, con alias ‘Escorpión’ de jefe. Para la conformación de este grupo,  ‘El Samario’ puso a alias ‘Miguel’ y a Manuel Gregorio Gutiérrez, alias ‘Cristian’ a encargarse de recaudar una cuota extraordinaria a los ganaderos de la región. Usaron el dinero para comprar fusiles y material de intendencia, según lo han contado los desmovilizados a la justicia.

Ese año siguieron las mismas estructuras urbanas, hasta diciembre cuando ‘J.J’ .ascendió a jefe en La Jagua de Ibirico y ‘James’ (‘El Amiguito’) asumió en Codazzi.

Al año siguiente, 2005,  el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ tenía ya tenía pie firme en los  cascos urbanos de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibírico, Bosconia y parte de El Paso. Sin embargo, en abril fue capturado ‘El Samario’ y alias ‘Cebolla’ lo reemplazó. ‘J.J.’ retornó en octubre a Codazzi y el 4 de diciembre  fue capturado por la Policía, y enseguida quedó ‘James’.

A pesar de los ocasionales tropiezos, al finalizar ese 2005, el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ ya estaba consolidado en la zona centro del Cesar, con bases estables en La Guarumera en La Jagua de Ibirico y en el sector La Aguacatera en Codazzi. Sólo por extorsionar o robar ganado y camiones llegaron a obtener 3.500 millones de pesos anuales. Pero era  el manejo de los presupuestos municipales su  verdadera mina  de ganancias. En especial, se quedaban con gran parte de los recursos destinados a la salud.

Está comprobado por la Policía Judicial que crearon Empresas Prestadoras de Salud que ellos mismos manejaban en Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico. Según las versiones ante Justicia y Paz de Alcides Manuel Mattos Tabares, ‘El Samario’, estas empresas fueron creadas por Robert Torres Ospino.

El saldo en sangre

Según lo que ha documentado la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los frentes ‘Juan Andrés’ y ‘Mártires del Cesar’ cometieron varias masacres, entre ellas,  la de Estados Unidos, corregimiento de Becerril,donde asesinaron a ocho personas y a otras tres se las llevaron y las desaparecieron el 16 de noviembre de 1998; la masacre de Santa Cecilia en Astrea, el 28 de enero de 2000, cuando asesinaron a 12 personas; la de San Diego, el 15 de septiembre de 1996, cuandomataron a 31 personas; y las de El Salado, Llerasca, Los Brasiles, Los Tupes y Pueblo Bello.

Tal como lo describió la fiscal del despacho 58 de  Justicia y Paz a VerdadAbierta.com, después de haber escuchado cientos de horas de relatos de víctimas y victimarios, esta es la manera más reiterada como realizaron estas masacres: “Los escuadrones paramilitares llegaban en la noche, con listas de las víctimas, a las poblaciones y a zonas rurales, en grupos numerosos, encapuchados, vistiendo prendas militares, movilizándose en camionetas con vidrios polarizados, armados y pintaban las paredes de los pueblos con inscripciones tales como ‘muerte a rateros y guerrilleros’. Sacaban a las personas de sus casas, se las llevaban y las desaparecían. Los cuerpos eran arrojados a los ríos y otros eran descuartizados.  También montaban retenes hasta con 200 hombres armados, bajaban a las personas de sus vehículos, los apartaban y los desaparecían. Los vehículos se los llevaban, los utilizaban en sus desplazamientos y después de un tiempo los quemaban o entregaban como recompensa a los sicarios más sanguinarios”.

En la audiencia de imputación de cargos, ‘Tolemaida’ ha aceptado la comisión de 72 hechos delictivos. Sus confesiones y las de otros integrantes de los frentes del Cesar han permitido a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía esclarecer al menos ocho asesinatos de personas destacadas de la comunidad, entre ellos, el de la jueza de Becerril, Amarilis de Jesús Hinojosa Suárez, el 27 de enero de 2003; el del registrador municipal de Becerril, Héctor Gamarra Fontalvo, a quien sacaron de su casa también en enero de 2003, lo torturaron, lo mataron y arrojaron su cadáver a la vía entre Codazzi y Becerril;  los del ex concejal Amauri Bossa Robles y del precandidato a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, Martín Emilio Ochoa Rangel, quienes acudieron a una cita con paramilitares en febrero de 2003, y los hallaron muertos en la vereda Casa de Zinc, municipio de El Paso;  el del ex alcalde de El Copey, Luis Laverde Restrepo en 2003; el del indígena de la etnia kankuama, Abel Francisco Alvarado Maestre, en noviembre de 2003; el de Rodolfo Meneses, gerente del hospital Eduardo Arredondo daza de Valledupar en 2004; el de un reputado médico de Villanueva de apellido Damire; y el de Luciano Enrique Romero, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario de Valledupar, asesinado en septiembre de 2005.

Además los paramilitares del Cesar y Magdalena, comandados por ‘Jorge 40’, bajo la jefatura de Mancuso y, luego en forma autónoma, cometieron violaciones, torturaron personas, robaron fincas, y establecieron tal terror en el Cesar, que aún hoy muchas de sus víctimas no se atreven a contar lo que les pasó.  Aún no es claro si Mancuso siguió siendo el jefe supremo de los grupos que comandaba ‘Jorge 40’ hasta 2001, como él lo asegura, o hasta 2004, como se  deduce de lo que han contado algunos desmovilizados.  

Quizás por sentirse todopoderosos y en plena expansión, fue que ‘Jorge 40’ fue tan resistente a desmovilizar a sus hombres, luego de que se sellara el acuerdo entre las Auc y el gobierno de Álvaro Uribe. El gobierno tuvo que subirle la presión militar y finalmente, en marzo  de  2006 se desmovilizaron. Rodrigo Tovar Pupo comandó la dejación de armas de sus hombres en los corregimientos de Chimila en El Copey y el corregimiento de La Mesa en Valledupar. Posteriormente realizó una lista de miembros detenidos en la cárcel, la cual fue enviada al Comisionado de Paz, para que el gobierno presentara a los allí incluidos a la justicia transicionales que les daba la posibilidad de obtener una pena menor alternativa porsus delitos, siempre y cuando contribuyeran a la verdad, la justicia y la reparación de sus múltiples víctimas.

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El Bloque Calima ‘apadrinó’ a las Autodefensas Campesinas de Ortega en noviembre de 2000. Juntos realizaron un recorrido de muerte por varias veredas y corregimientos de ese municipio de Cauca. Foto: archivo Semana. – La maquinaria de guerra del Bloque Calima – La alianza que aterrorizó a Cajibío – “Aún no han procesado a los responsables de la masacre”

El 7 de diciembre de 2003, se desmovilizaron 169 integrantes de las denominadas Autodefensas Campesinas de Ortega, un grupo de campesinos de rasgos indígenas que se armaron en los años 60 para protegerse de los ataques de diferentes grupos guerrilleros. Sin embargo, como los excombatientes no fueron vinculados al proceso de justicia transicional, la Fiscalía de Justicia y Paz no podía judicializarlos.

No obstante, a raíz de las investigaciones de la Fiscalía 40 sobre los crímenes del Bloque Calima en el departamento de Cauca, se descubrió que ese grupo paramilitar de los hermanos Castaño ‘apadrinó’ en una ocasión al grupo de Ortega, y que juntos realizaron un recorrido por varias veredas del municipio de Cajibío, en donde dejaron muerte, torturas, robos y desplazados.

Además, algunos de ‘Los Indios de Ortega’, como apodaron los hombres del Calima a sus pares caucanos por sus facciones étnicas, se vincularon al grupo de los Castaño, y otros les brindaron apoyo para la comisión de varios crímenes, mientras estaban en el grupo de Ortega.

Una fuente de la Fiscalía le explicó a VerdadAbierta.com que las investigaciones sobre el Bloque Calima le dieron fuerza al proceso de Ortega, las cuales, sumadas a la reciente postulación de Jairo Guacheta a Justicia y Paz, permitirán que la próxima semana inicien las versiones libres de un desmovilizado de ese grupo armado ilegal, que hasta el momento había pasado de agache ante las víctimas y las autoridades de la justicia transicional.

Las versiones libres que rindan Guacheta y demás excombatientes que pronto serán postulados a Justicia y Paz son de vital importancia para reconstruir un capítulo del conflicto armado colombiano que ha estado por fuera del foco de la sociedad y de las autoridades. En diferentes ocasiones, defensores de derechos humanos y víctimas de los paramilitares en Cauca, le han contado a VerdadAbierta.com que muchos crímenes del grupo de Ortega están en la impunidad, y que, incluso después de la desmovilización, algunos volvieron a delinquir y han amenazado a las víctimas que piden reparación por la violencia que padecieron en la década pasada.

La judicialización de las Autodefensas Campesinas de Ortega fue asignada recientemente a la Fiscalía 40 de Justicia y Paz. Aunque las investigaciones sobre este grupo ilegal no hacen parte de la metodología de priorización que implementó la Fiscalía General, durante este tiempo el ente investigador ha reconstruido la estructura y el dossier de ese grupo ilegal; y de ahora en adelante debe esclarecer los crímenes que denuncien las víctimas y los que confiensen los desmovilizados.

En mayo del año pasado, el ente acusador presentó parte de sus investigaciones sobre el origen de esas autodefensas a un magistrado de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, durante una audiencia de imputación de cargos contra 89 desmovilizados del Bloque Calima.

La historia de las Autodefensas Campesinas de Ortega
Estas autodefensas se caracterizaron por estar compuestas de campesinos e indígenas de Ortega, un corregimiento caucano del municipio de Cajibío, que decidieron empuñar las armas para defender sus territorios de las Farc y el ELN.

De acuerdo por lo documentado por la Fiscalía, esa agrupación tuvo la peculiaridad de que, a diferencia de la mayoría de grupos paramilitares que existieron en el país, sólo se dedicó a defender su territorio y nunca buscó confrontación con los grupos subversivos por fuera de ellos. Tampoco conquistaron nuevos sectores.

Según contaron algunos desmovilizados a la Fiscalía de Justicia y Paz, el origen de las Autodefensas Campesinas de Ortega data de 1960, cuando a la región llegó un hombre del departamento de Nariño conocido como el Capitán Rayo, que se ganó la simpatía de los pobladores.

Ese hombre era de tendencia izquierdista e inició una guerra política contra los simpatizantes y miembros del Partido Conservador, a quienes expulsaron de la región. Durante ese tiempo se presentaron confrontaciones con el Ejército y finalmente Rayo fue expulsado de la zona porque asesinó a un campesino y se ganó el repudio de la comunidad. De acuerdo con el relato hecho por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, Rayo habría muerto en 1968 y durante diez años los pobladores de Ortega vivieron en paz.

La tranquilidad se acabó en 1978 cuando las Frac incursionaron en el corregimiento y asesinaron a varios miembros de la población civil. A raíz de este hecho, los familiares de lasvíctimas se unieron y decidieron enfrentarse a los guerrilleros que estaban asentados en las veredas La Isla y Chingoraso.

De nuevo pasaron diez años para que ese sector de Cauca fuera invadido por la guerrilla. En esta ocasión, en 1998, fue el ELN el que se tuvo que enfrentar a la resistencia armada de los campesinos de Ortega.

La Fiscalía contó que los campesinos se armaron con el dinero obtenido por la venta de pertenencias personales y de ganado. Además, adquirieron escopetas en la Brigada de Cali y posteriormente le pidieron ayuda la Ejército

Los campesinos lograron tener bajo control su territorio hasta el 7 de octubre de 2000. Según información de la Policía Judicial, en esa fecha las Farc y el ELN se unieron para incursionar de nuevo en Ortega y sostuvieron combates durante dos días con el grupo de autodefensas.

En esa ocasión los resultados no favorecieron a los nativos, quienes sufrieron la baja de diez de sus hombres, “especialmente ancianos que no lograron salir de sus casas”. Como consecuencia de ese golpe que les asestaron las guerrillas, los hombres de Ortega decidieron pedirle ayuda al Bloque Calima, que desde mayo de 2000 ya tenía presencia en el norte de Cauca.

La ayuda que les suministraron los hombres de los hermanos Castaño consistió en un entrenamiento militar a 40 hombres durante 15 días. La instrucción fue realizada en la finca La Mosquitera y recibieron clases de arrastre bajo, cruce de ríos, realización de emboscadas y trincheras, arme y desarme de fusil, manejo de armas, entre otras tácticas militares.

Tras terminar esa ‘capacitación’, 15 de los hombres de Ortega decidieron abandonar su grupo y pasarse a las filas del Bloque Calima. La historia de las Autodefensas Campesinas de Ortega concluyó el 7 de diciembre de 2003, cuando se desmovilizaron en la vereda El Edén de Cajibío, tras una serie de diálogos con el Gobierno Nacional.

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