Desde 1992 hasta 2002 el grupo armado atacó alrededor de 45 poblaciones, fijando como objetivo en la mayoría de los casos hurtar la dotación militar de las estaciones de Policía y saquear la Caja Agraria, acciones que dejaron como resultado varios civiles muertos y decenas de viviendas afectadas.

VerdadAbierta.com presenta un mapa interactivo en el que podrá observar cómo la guerrilla a partir de tomas militares a municipios y corregimientos del departamento, durante la expansión del Bloque Oriental, pretendió ejercer control y dominio sobre Bogotá.

Fue después de la Octava Conferencia, realizada entre el 11 y el 18 de abril de 1993, que el Secretariado de las Farc ordenó “crear las condiciones políticas y militares para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá”. Determinaron que los Frentes 22, 25, 31, 42, 51, 53, 54 y 55 y las columnas móviles ya constituidas como la ‘Ché Guevara’ y la ‘Teófilo Forero’ realizaran retenes en las vías que de la capital conducían a Villavicencio, Medellín, Tunja, Melgar, Chiquinquirá, San Juan de Rioseco, el complejo industrial de Paz del Río y los pozos petroleros de Cusiana, entre otras, según documentó un informe de la Unidad de Contexto de la Fiscalía.

De esta manera los frentes guerrilleros se organizaron para dar golpes solos o en conjunto. De 1992 a 1994 las tomas se realizaron con armas de corto alcance y  no contaron con estrategias militares de asalto, pero un año más adelante comenzaron a emplear rockets, ametralladoras y cilindros bomba.  Un total de 15  veces fue asaltada la Caja Agraria, y en cinco oportunidades otros  bancos.

El frente 22 o ‘Simón Bolívar’ y el 53 fueron de los que más tomas realizaron durante esos años.  En las zonas en las que hacía presencia, estos frentes además cometieron asesinatos selectivos, cobraron  vacunas y difundieron propaganda del grupo armado.

El 22, comandado por Antonio Marín, alias ‘Hugo’, llegó a tener una fuerte influencia  en municipios como La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, Caparrapí y Topaipí.  Poblaciones en las que perpetró varias tomas y hurtó dinero de la Caja Agraria, como ocurrió en 1999 cuando en complicidad con miembros del banco saquearon más de 70 millones a plena luz de día, como contó en versión libre Gustavo Lasso Céspedes alias ‘El Gato’, un desmovilizado de la guerrilla. 

Fue tal el alcance del Bloque Oriental enCundinamarca que en 1994 los frentes 51, 53 y 54 atacaron conjuntamente la estación de Policía del municipio de La Calera y robaron 120 millones de la Caja Agraria.  Un año más adelante, el Frente Antonio Nariño atacó con rockets la estación de Policía del Barrio Kennedy en Bogotá , el 30 de mayo de ese año, que dejó tres policías asesinados y decenas de casas dañadas. 

El hecho generó que en septiembre de 1996 miembros de la Dijín de la Policía asesinaran a seis  personas en Bogotá y el municipio de Mosquera, luego de que un informante contara que ellos habían sido los responsable del ataque a la estación de Policía del barrio Kennedy, en lo que se conoció como la ‘Masacre de Mondoñedo’.

Para el año 2000 el grupo armado tenía  más de mil guerrilleros activos en el departamento: el Frente 42 estaba desde San Juan de Río Seco, Girardot y La Mesa hasta Facatativá, Madrid y Mosquera. Los frentes 25, 52 y 55 se encontraban en Sumapaz; 53 y 54 delinquían en el suroriente del departamento; y en el norte se encontraban las columnas móviles Policarpa Salavarrieta, Vladimir Stivel y Manuela Beltrán.

Haga clic en la imagen para ir a una infografía de los grupos del grupo oriental.

Ese mismo año, más de 1.000  hombres se unieron y conformaron un ‘bloque móvil’ con el objetivo de tomarse la vía que comunica Bogotá con Villavicencio.  Allí,  en varios puntos de la carretera detonaron artefactos explosivos, que causaron la muerte de policías  civiles, y atacaron los puestos de Policía. Esta toma, que también se extendió hasta el departamento del Meta  dejó más de siete civiles muertos, ocho  policías y militares asesinados y decenas de heridos.

Fue hasta el año 2003 que el “cerco” a Bogotá se vio truncado por el inicio de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. La ‘Operación Libertad uno’, en la que participaron cerca de 15 mil soldados de la Brigada 13, logró acabar con parte de los comandantes de los frentes y columnas móviles.  Además de ello se debilitó la estructura militar y financiera de la guerrilla, logrando que  los frentes se dispersaran hacia Arauca, Guaviare y el Meta.

A ello se sumó que desde principios del 2.000 se intensificó  la guerra con los grupos paramilitares que delinquían en la zona. De tal maneta que el Bloque Cundinamarca de las Auc, comandados por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘EL Águila’, empezó a coptar el espacio que dejaba a la guerrilla tras la arremetida del Ejército, como de igual manera lo hizo el bloque centauros por el sur del departamento y por el occidente el Frente Omar Isaza de las Auto defensas Campesinas del Magdalena Medio. La población de estas zonas terminó re victimizada con la llegada de los ‘paras’ que cometieron varias masacres y asesinatos selectivos en contra de comunidades estigmatizadas por años de presencia guerrillera.

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En noviembre de 2014 se emitió el primer comunicado por parte de la guerrilla solicitando la libertad de los reclusos enfermos, varias oenegés han respaldado la petición del grupo insurgente. Por parte del gobierno no se ha obtenido pronunciamiento alguno. Foto: archivo Semana | Foto del home: Cortesía Corporación Solidad Jurídica.

Colombia tiene 156.924 personas en la cárcel. Según algunas oenegés, de ésas, 9.500 son presos ‘políticos’ y de guerra. Aunque no se tiene un censo estimado sobre la población guerrillera reclusa, cientos de excombatientes permanecen privados de la libertad en las siete cárceles de máxima seguridad del país bajo los delitos de rebelión, terrorismo, entre otros.

El pasado diciembre, a raíz de la muerte en prisión de Ramón Emilio Mallarino, Alexander Giraldo Parra,  Luis Carlos Riazcos y Jaime Alberto Aroca Lucuara, las Farc emitieron un comunicado para denunciar la falta de atención en salud y los tratos inhumanos a los cuales han estado sometidos los guerrilleros. De igual manera, señalaban la importancia de discutir el régimen penitenciario y  la crisis humanitaria que atraviesan varias cárceles del país.  

A ellos se suma la reciente muerte del ex combatiente Pedro Rosas Pérez, quien se encontraba recluido en la cárcel de Acacías, Meta y, a raíz de constantes quebrantos de salud, fue trasladado a Bogotá por el INPEC para que recibiera atención médica. No obstante, el pasado 14 de febrero falleció en circunstancias que aún no se han podido esclarecer.

Ante esta situación, en julio de este año, se dio a conocer una carta firmada por varios académicos, defensores de derechos humanos e intelectuales  de corte internacional (entre ellos Noam Chomsky y  Adolfo Pérez Esquivel) donde se solicita al gobierno la libertad de 71 presos ‘políticos’ de la guerrilla. La misiva señala que las condiciones en las que están privados de la libertad agravan las condiciones de salud en las que se encuentran y vulneran la vida humana.

“En el agravio a lo más elemental de su dignidad humana está agraviada la humanidad toda y en nombre de esa humanidad es que venimos a pedir la urgente libertad de estas personas sin ninguna otra consideración que la defensa de la dignidad humana que no solo es arrasada para los que sufren la situación de tortura permanente que entraña esta situación sino también para quienes se ven llevados a realizar estas acciones deshumanizantes”, se lee en el comunicado. (Lea aquí la carta).

La pugna jurídicaVarias huelgas de hambre se han realizado por parte de los reclusos de la guerrilla de las Farc, una de las más recientes en la cárcel Modelo de Bogotá. Señalan los excombatientes que se les debe incluir dentro de la agenda de diálogos y generar un mecanismo de representación. Foto: Dick Emanuelsson (Corporación Solidad Jurídica).

Sin embargo, no es tan sencillo conseguir la libertad de las personas que han sido juzgadas por los delitos de rebelión, sedición, asonada o los que han sido capturados en combate. Como ya lo había señalado VerdadAbierta.com, a partir de varios juristas consultados, la jurisprudencia colombiana es débil para especificar qué es un delito político y qué no, o cuáles son los delitos conexos (ver: Delito político: ¿Qué tanto se puede estirar?) .

Por ahora, según la Corte Constitucional, la noción de delito político se entiende como “aquellas conductas que, por graves motivos de conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son hechos punibles, amnistíables o indultables”, con lo  cual se eliminó el artículo 127 del Código Penal que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

Hecho que para July Henríquez Sampayo, experta en litigio penal penitenciario y coordinadora nacional de la Fundación Lazos de Dignidad, agrava la situación de los presos políticos, de ahora en adelante el porte de armas, las capturas y muertes en combate se van a juzgar como crímenes comunes, con lo cual se destruye la noción clásica del delito político.

Ante ello, en diálogo con VerdadAbierta.com, Mark Burton, defensor de derechos humanos y actual abogado de ‘Simón Trinidad’ (integrante del Estado Mayor de las Farc y preso en una cárcel de los Estados Unidos), señaló que las fallas en la jurisprudencia colombiana, en lo que respecta a los delitos políticos, se han enredado en discusiones políticas que perjudican directamente a los  reclusos. “La actualidad de los diálogos de paz deben llevar al gobierno a no solo re-definir el concepto para las personas que están hoy en día en las conversaciones sino también para los cientos de reclusos de la guerrilla, de los cuales hasta ahora poco se ha hablado”, puntualizó el abogado.

En otras partes del mundo el tratamiento de los presos de guerra también ha sido objeto de discusiones jurídicas y políticas. Por ejemplo, durante el proceso de paz con el  Ejército Republicano Irlandés (IRA) salieron de prisión 433 ex combatientes, a los cuales se les dio amnistía en un proceso de justicia que duró cinco años, solamente luego de la firma del acuerdo ‘Viernes Santo’ en 1998.

Para el caso colombiano se espera que la construcción del Marco Jurídico para la Paz contemple la necesidad de darle un nuevo tratamiento a los delitos de guerra y de lesa humanidad, y a suvez se puedan establecer nuevos mecanismos de justicia que permitan la inclusión y participación de excombatientes.

La situación carcelaria
Señalan diversas ONG´s que una de las quejas más frecuentes al interior de los centros penitenciarios por parte de los reclusos de las guerrillas es que, aparte de compartir patio con paramilitares y delincuencia común, tanto el INPEC como Caprecom no son diligentes con los requerimientos de atención en salud. Foto: archivo Semana – Vangaurdia.

Desde el año 2013 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que declarara el estado de emergencia social, consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, por la situación de derechos humanos dentro de las cárceles del país. Según el Movimiento Nacional Carcelario, el panorama no ha cambiado y, por el contrario, se ha agravado al punto de tener muertos al interior de los centros de reclusión.

“El hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico”, se lee en la carta que emitió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora al gobierno nacional.

Los 71 casos reseñados en la carta, emitida por las diferentes organizaciones de derechos humanos, coinciden en señalar que además de las condiciones en las que se encuentran los presos, sus familias han sido objeto de presión par parte de agentes del Estado para obtener información sobre miembros de la guerrilla y de persecución por parte de grupos paramilitares, como la situación de Diego Fernando López Jaramillo, quien fue capturado el 4 octubre del año 2000.

“Se encuentra en condición de discapacidad por pérdida de sus manos, tiene una prótesis en su ojo izquierdo a causa de una granada de fragmentación que le destrozó el ojo y presenta cuadros continuos de hipotermia”, dice la carta. Además, los abogados defensores aseguran que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría Regional del Cauca y otras instancias de control, quienes compulsan oficios ante el Comité de Ética Médica sin recibir respuesta alguna.

Algo similar  sucede con las mujeres reclusas.  Nancy Isabel Salcedo Navarro fue capturada en diciembre de 2007 y condenada por el delito de rebelión, fue diagnosticada con depresión severa luego de sus primeros años en el centro penitenciario de ‘La vega’ en Sincelejo, Sucre: “recientemente estuvo recluida por un largo periodo en la Clínica Nuevo Ser de Sincelejo y trasladada a la Clínica Reencontrarse de la ciudad de Barranquilla”.

No es una situación que hasta ahora se denuncie y no son los únicos casos que se deben tomar como prioritarios. Está el caso de personas de tercera edad, dice Esteban Sierra, miembro de la corporación Solidaridad Jurídica, quien además señala que “el sistema penitenciario lleva más de una década en una crisis humanitaria en al cual el INPEC y Caprecom se han tirado la ‘pelota’ para echarse culpas y restarse responsabilidades para la atención de los reclusos”.

Los autores de la carta están dispuestos a trasladarse – según ellos- a los centros de reclusión de cada uno de los presos para “constatar, junto al gobierno colombiano y representantes de las agencias internacionales de preservación de los derechos humanos”.

Aunque no exista posición oficial del gobierno sobre la discusión del tema de los presos de guerrilla, varios de los voceros de las ONG´s consultados por VerdadAbierta.com señalan que ya se ha hablado del tema y se ha avanzado en materia de verificación por parte de organismos internacionales sobre la situación carcelaria. Queda esperar que al cierre del nuevo ciclo de conversaciones se tenga una postura oficial por parte del gobierno.

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La presencia guerrillera en Cundinamarca fue fuerte hasta 2012. Panorámica de San Juan de Río Seco. Foto: archivo Semana.

Durante los dos meses del recrudecimiento de la guerra, en los que las Farc levantaron su tregua unilateral y el Gobierno reanudó los bombardeos, buena parte del país vivió los estragos de los atentados, los sabotajes y las muertes. Pero hubo un departamento – estratégico para la guerrilla- que vivió en relativa paz: Cundinamarca.

Según las cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y que fueron presentadas por VerdadAbierta.com la semana pasada, en este departamento sólo hubo dos acciones por parte de las Farc entre el 22 de mayo y el 19 de julio de este año. Algo complemente distinto a la realidad entre los noventa y principios de 2000, cuando el secuestro se había convertido en una marca registrada de la guerrilla.

Ubicación geográfica de Cundinamarca

Uno de los casos más sonados fue en 1993 cuando las Farc secuestraron por cinco meses a un ejecutivo de la Organización Ardila Lulle, Carlos Upegui Zapata, quien fue interceptado cuando salía de su finca en Cachipay. Luego, en 2001, fue el empresario japonés Chikao Maramatsu. A él lo secuestraron en el norte de Bogotá. Posteriormente, sucedió lo mismo con la exreina de belleza Doris Gil Santamaría y su esposo Helmut Bickenbach, en Nocaima, quienes aparecieron muertos horas después. El 2002 fue el peor año para Cundinamarca con 231 casos, de acuerdo a lo registrado por la Unidad de Víctimas.

De igual forma, el reclutamiento de menores de edad fue otra plaga con la que tuvieron que convivir los habitantes de Tocaima, La Mesa, La Palma, Caparrapí, Silvania, Fusagasugá y Viotá. Varios guerrilleros de la columna Reynaldo Cuéllar que operaron en la zona y fueron capturados, aceptaron haberse llevado, por lo menos, 60 adolescentes para la guerrilla.

“La idea de las Farc era ejercer presión sobre Cundinamarca para que la élite tuviera miedo”, apunta uno de los analistas consultados por VerdadAbierta.com, quien solicitó no revelar su nombre. 

Chikao Maramatsu, empresario japonés secuestrado por las Farc en 2001. Foto: archivo Semana.

Fue así como se le asignó al Bloque Oriental la tarea de apoderarse de todo un corredor estratégico desde el Meta hasta Arauca, pasando por Cundinamarca, Casanare y Boyacá. Era la vía que comunicaba el corazón de las Farc en La Uribe (Meta), donde estaba el Secretariado, con la frontera de Venezuela. Y además, era el lugar ideal para entrar a Bogotá cuando fuera posible.

En 1985 esta idea se perfeccionó y se propusieron tener 15 mil hombres sólo en el Bloque Oriental. Ocho años después, se enfilaron hacia la capital de la República y para ello se propusieron “cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá”, como quedó estipulado en la Octava Conferencia.

Su idea era que en ese Bloque estuviera concentrado el 50% de sus fuerzas. Fue así como entre 1984 y 1992 crearon nueve frentes guerrilleros ubicados en el corredor que querían dominar, de acuerdo a un documento oficial conocido por VerdadAbierta.com.

Poco a poco, las Farc se hicieron más fuertes en Cundinamarca, especialmente en el occidente. Fue allí donde alias ‘Romaña’ comenzó a implementar las llamadas ‘pescas milagrosas’ en la vía que comunica Bogotá con la capital del Meta.

Incluso, en 1995 esta guerrilla atacó la Estación de Policía en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y para esa misma época ya estaba en la localidad de Sumapaz utilizándola como corredor con La Macarena, en Meta.

La presencia guerrillera en Cundinamarca fue fuerte hasta 2002. En ese momento, comenzó el declive de las Farc por los golpes paramilitares y por el despliegue militar que hubo después de que se rompieran los diálogos del Caguán, como lo señala un informe de la Fundación Ideas para la Paz.

Según los analistas consultados por VerdadAbierta.com los ataques paramilitares en el departamento empezaron en 1999 pero se agudizaron en 2002. Además, ya en 2003 comenzó el plan de la Fuerza Pública para recuperar Cundinamarca y sacar a la guerrilla.

En menos de seis meses, la Operación Libertad ya estaba dando resultados. Para diciembre de ese año, habían muerto o capturado a cinco comandantes claves de las Farc en Cundinamarca, incluido el hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’ que coordinaba todos los frentes.

Otro de los golpes militares fue la captura de William Antonio Marín, alias ‘Hugo’, comandante del frente 22. Él era la prioridad de la Operación Libertad pues estaba al mando de la unidad guerrillera que nació en 1982 con el propósito de ubicarse cerca a Bogotá y que durante años azotó al departamento.

En el círculo rojo, alias ‘Hugo’, comandante del Frente 22. Prioridad de la Operación Libertad enCundinamarca. Foto: archivo Semana.

El 22 llegó a controlar totalmente municipios como La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, Caparrapí y Topaipí. Y particularmente a ‘Hugo’ se le acusaba del asesinato de la senadora Martha Catalina Daniels, de 31 atentados y del secuestro y muerte del empresario Chikao Maramatsu y de los esposos Bickenbach.

Además de los resultados con los comandantes, la Operación Libertad debilitó la estructura militar, logística y financiera de las Farc e hizo que la guerrilla saliera de Bogotá y se refugiara en Arauca, Guaviare y en la cuenca del río Ariari, en el Meta.

Desde entonces la presencia de las Fuerzas Militares ha sido permanente en municipios que antes estaban controlados por la guerrilla. Por ejemplo Cabrera, al suroccidente del departamento, hoy es uno de lugares más custodiados como lo explica su alcalde, Luis Fernando Medina.

“El último hecho de las Farc fue el asesinato de un soldado, en plena plaza de mercado, en 2008. Antes de eso, ellos estaban todo el tiempo acá y repartían panfletos”, explica y agrega que ahora hay un batallón de alta montaña en la vereda Las Águilas y una base militar muy cerca de la zona urbana.

Por esas razones, él asegura que durante los dos últimos meses en los que no hubo tregua, el conflicto no se notó en el municipio. “Hemos tenido una tranquilidad sin la presencia de las Farc aunque sí tenemos delincuencia común”, dice el alcalde.

Alias ‘Romaña’, de las Farc, comenzó a implementar las llamadas ‘pescas milagrosas’ en la vía que comunica Bogotá con la capital de Meta. Ha participado en la Mesa de Negociaciones en Cuba. Foto: archivo Semana.

Otro caso similar se vive en la localidad de Sumapaz, perteneciente a Bogotá. “Sin tregua no hubo ningún tipo de acción por parte de las Farc. Sumapaz vive uno de los momentos más tranquilos de su historia”, sostiene el alcalde local, William Alexánder Santoyo.

Estos meses sin tregua que no se sintieron en Cundinamarca son la prueba de la poca presencia que tienen las Farc en el departamento. Por razones como esta, es que los analistas consultados por este medio ratifican que hoy la guerrilla perdió sus puntos de apoyo para acercarse a Bogotá.

“Es un gran síntoma que permite concluir que las Farc están debilitadas porque su objetivo central era entrar a la capital y ahora las posibilidades de que eso suceda son muy limitadas”, indica un experto en el tema.

En ese mismo sentido, la Fundación Ideas para la Paz concluye que el Bloque Oriental en particular está debilitado y que “atraviesa, quizás, el peor momento de su historia” pues cada vez está más lejos su meta de llegar a Bogotá por la fuerza.

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Esta investigación establece que “un enemigo se construye a través de la palabra, de los discursos. Y en la sociedad colombiana, el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en esto”.

En el conflicto armado colombiano, el enemigo ha sido nombrado no solo como rival, contrincante u obstáculo, sino también como bandido, terrorista, monstruo, maleza, bestia y demente. Esto ha servido para justificar la tortura física y psicológica; la humillación, la crueldad y el uso excesivo de la violencia.

Así comienza el libro La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010,  elaborado por el Grupo de Investigación sobre Conflictos y Violencias del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, el cual recoge los más importantes hallazgos del proceso investigativo iniciado hace un par de años y que buscaba, básicamente, responder el interrogante de cómo se ha construido discursivamente el enemigo en el conflicto armado colombiano.

Para ello, los investigadores se concentraron en los periodos presidenciales de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Analizaron más de 360 archivos escritos y digitales publicados por la Fuerza Pública, la guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), así como piezas periodísticas y documentos suscritos en el marco de procesos de negociación.

Dicho proceso permitió al equipo investigador afirmar que en Colombia, el conflicto armado interno también se ha librado desde los discursos y que estos han tenido una funcionalidad política y social para cada uno de los actores armados.

“Muchas de las ideas que se plantean en el libro son útiles paraentender lo que pasa hoy, en el marco del proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, Cuba”, explica Pablo Emilio Angarita, integrante del grupo de investigación, quien señala que “el proceso se ha planteado como si el problema fueran solos las Farc, si ellos pagarán cárcel, reconocerán sus crímenes y demás. Pero se desconoce, o mejor, no se reconoce, todos los crímenes y las violaciones de derechos humanos que han cometido las fuerzas estatales. Todo porque los discursos que repiten los medios de comunicación y la sociedad es si las Farc van a dejar las armas o no, pero no se plantea por ejemplo, a qué están dispuestos los empresarios, los políticos y los militares”.

VerdadAbierta.com dialogó con el docente e investigador para conocer más detalles sobre esta investigación, cuyos planteamientos seguramente avivarán un debate que lentamente toma fuerza en el país: el desescalamiento del lenguaje de la guerra.   

VA: ¿A qué apunta esta investigación?

PA: Busca analizar cómo en Colombia, en los gobiernos de Andrés Pastrana y en los dos de Álvaro Uribe Vélez, se construyó la idea de enemistad. La investigación se centró en tres actores armados: por un lado, el Estado, a través de su fuerza pública; la guerrilla de las Farc y, de otro lado, los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

VA: Y, ¿qué hallazgos arrojó ese proceso de investigación?

PA: Encontramos que, por parte del Estado y con ayuda de los medios de comunicación, se construyó la idea de que el enemigo de la sociedad colombiana eran las Farc. A partir de ahí se logra cierta unidad en la sociedad colombiana en torno a la idea de que la causa de todos los males, los conflictos y todo lo malo que pasa en el país se debe a este grupo insurgente, olvidando o atenuando otras problemáticas de orden económico y social que nada tienen que ver con las Farc, que incluso ya existían o estarán presentes así no existan las Farc.

VA: Pero, ¿la guerrilla de las Farc también construyó su discurso?

PA: Claro, las Farc proceden de manera similar en el sentido de concentrar su enemistad en la oligarquía, en el imperialismo, y particularmente en el gobierno nacional. Y contra ellos dirigen toda su actividad militar, afectando incluso a civiles con el argumento de que estos son efectos colaterales de la guerra.

VA: ¿Y el discurso de los paramilitares?

PA: Los paramilitares trabajan también con la idea de construir un enemigo absoluto que es inicialmente la insurgencia. Pero en el gobierno de Álvaro Uribe se cambia frente a los paramilitares, sobre todo luego del proceso de negociación, desmovilización y extradición de sus grandes líderes. Entonces los paramilitares pasan a ser considerados como enemigos pero, a su vez, el discurso de los paramilitares es como el de alguien que se siente traicionado por un amigo por haber hecho efectiva la extradición. Los paramilitares también trabajan mucho con esto del enemigo de conveniencia. En sus discursos advertimos cómo plantearon la posibilidad de aliarse con la guerrilla para combatir al Gobierno o, incluso, pidiéndole al Gobierno el mismo trato que le daba a la guerrilla.

Pablo Emilio Angarita, académico y uno de los investigadores de La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010.

VA: Entonces, ¿este conflicto armado también se ha librado desde los discursos?

PA: Claro, un enemigo se construye a través de la palabra, de los discursos. Y en la sociedad colombiana, el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en esto. Cuando se estaba en los diálogos de paz con las Farc en San Vicente del Caguán, justo cuando se dio el avance del paramilitarismo por todo el país, la opinión pública centró toda su atención en si las Farc si estaban cumpliendo, si a la zona de distensión se estaba llevando secuestrados y demás. Todo el foco mediático se puso en las Farc, minimizando todas las masacres que venían cometiendo los paramilitares. Y a través de los discursos es que logra focalizarse la idea de las Farc como enemigo principal del país. Llegó un momento, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el que se repetía constantemente, incluso desde los medios, que los enemigos de Colombia eran las Farc, Hugo Chávez y Piedad Córdoba. Y uno veía eso en la cotidianidad, cómo la gente repetía y creía esos discursos.

VA: El que la sociedad colombiana considere a las Farc como su enemigo principal, ¿realmente tiene que ver con el discurso elaborado por el Gobierno? ¿No ayudaron las acciones de esta guerrilla a cimentar esa idea en la sociedad?

PA: Indudablemente que las Farc le han declarado la guerra al Estado colombiano y han buscado a través de las armas hacer transformaciones supuestamente que tienen que ver con problemas agrarios y sociales, pero ese es un asunto. Otro asunto es que por parte del Estado, y eso fue muy típico en el gobierno de Álvaro Uribe, señalar que el problema central eran las Farc y entonces, se magnifica todo el problema, se le atribuyen todas las acciones, incluso las que no cometieron ellos. El ejemplo más claro en ese sentido es el caso del collar bomba, que se sigue repitiendo que fueron las Farc cuando ya se demostró que no.

VA: Se podría insinuar entonces que, detrás de magnificar al enemigo ¿había además intenciones políticas?

PA: Magnificar un enemigo produce utilidades políticas. En este caso, por un lado,  facilitó, ocultó o justificó el accionar de los paramilitares. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que a partir de ahí se inició un proceso de apertura al capital trasnacional en condiciones muy onerosas para el país, que quedaron muy en segundo plano porque la sociedad estaba concentrada en la eliminación de ese enemigo que se construyó a través del discurso. Ahora, siempre será rentable construir un enemigo. Los que venden armas, los que se lucran de la guerra, les interesa que haya un enemigo magnificado al que haya que destruir militarmente.

“Desescalar el lenguaje”

VA: No es gratuito entonces que el presidente Santos llame la atención sobre “desescalar el lenguaje”…

PA: El llamado del Presidente a “desescalar el lenguaje” ratifica la tesis que planteamos en el libro: el papel tan protagónico que tiene el discurso en una sociedad. Goebbels, el asesor de Hitler, ya lo dijo: ‘una mentira repetida cien veces se convierte en verdad’. Cuando usted le dice mil veces a la sociedad colombiana que los culpables de todo son las Farc pues la gente termina convencida de que eso es así y se olvida de otros problemas y otros responsables, en este caso no solo las Fuerzas Militares y los paramilitares, sino también el sistema económico.

VA: En el marco del actual proceso de paz con las Farc, ¿ha habido cambio en los discursos?

PA: Aunque la investigación no cubre el gobierno de Santos, a manera de post-investigación puedo decir que sí hay un cambio en el discurso, no solo en el contexto nacional sino también internacional. Por eso avizoro que, con todas las dificultades existentes, habrá un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

VA: ¿No será muy complejo para esta sociedad aceptar y recibir a los miembros de lasFarc cuando, como ustedes lo observaron, por más de una década se les ha tildado de ser el peor mal de este país?  

PA: Uno de los temas más complejos dentro de la negociación es ese, porque a la sociedad colombiana se le insistió, durante más de ocho años, que las Farc son un enemigo terrorista al que hay que derrotar militarmente. Entonces, ese cambio de discurso no será fácil. Claro, ese discurso ya venía desde mucho antes, pero lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe fue fortalecerlo y potencializarlo.

VA: ¿Cómo empezar a posicionar otro discurso entonces?

PA: Por un lado, los grandes medios de comunicación, que todos los días están poniendo la agenda de debate, tienen un rol fundamental. En otras escalas intermedias, como la educación por ejemplo, también tenemos una responsabilidad en ese sentido. Lo que pasa es que el nivel de incidencia de quienes trabajamos en el campo de la educación es muy reducido, mientras que los medios de comunicación tienen un impacto mucho mayor y por eso su responsabilidad es mucho mayor.

VA: ¿Es hora de posicionar el discurso del postconflicto?

PA: Yo veo un problema y es que se insiste mucho en el tema del postconflicto, creando unas expectativas muy altas en la sociedad y lo que va pasar después de los acuerdos es que van aflorar otros conflictos, incluso armados. Entonces mucha gente dirá: ‘¿de qué nos sirvieron los acuerdos si no ha pasado la violencia?’ A mí no me parece conveniente el uso de la expresión postconflicto porque tiene dos errores: primero, desconoce una serie de problemas estructurales de orden social y económico; y lo segundo, porque se da a entender que ahora sí llegó la paz cuando lo que se está negociando es el fin de la confrontación con uno de los actores insurgentes y quedan otros actores que hay que enfrentar.

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Camión quemado por las Farc en la carretera hacia Buenaventura en el municipio de Dagua. Marzo 23, 2010. Foto: AP (Christian Escobar Mora)

Rafael Martínez* sueña con reactivar el cultivo de piña y plátano en la finca que heredó de su padre y de donde salió desplazado junto a su familia en el año 2000. “Nadie logra imaginarse lo que vivimos”, dice, explicando que ahora afronta una quiebra económica porque los ahorros que logró reunir terminaron chamuscados con el verano. “Decidí retornar hace tres años e invertí el dinero para volver a cultivar. Pero todo se secó”, dice el campesino, quien ahora espera que un juez de restitución ordene garantías para que pueda quedarse en la finca y poder progresar.

La historia de Martínez hace parte de las 10 mil personas que desde la década de 1980 tuvieron que abandonar sus parcelas por la violencia, que originariamente fue desatada por la guerrilla y que arreció luego con los paramilitares y las bandas criminales. Hasta el momento sólo los crímenes del Bloque Calima de las Auc habían sido visibles con el proceso de Justicia y Paz. Ahora con el proceso de restitución, comienzan a esclarecerse los cometidos por el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), responsables no sólo desplazamientos sino de asesinatos, secuestros y ataques contra la infraestructura del Estado.

Dagua es un municipio al occidente del Valle del Cauca que colinda con el puerto de Buenaventura. Los grupos armados ilegales encontraron asiento allí no sólo porque su ‘músculo financiero’ se nutre del contrabando sino de los cultivos ilícitos que se extendieron a lo largo de la geografía montañosa. Desde esa época hicieron presencia los Frente Urbanos Omaira Montoya y José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln), el M-19 y el Frente 30 de las Farc.

En los años 90 este frente guerrillero sostuvo una alianza con el Cartel de Cali: a cambio de jugosas tajadas de dinero, llamadas gramaje o impuestos a la pasta coca, los guerrilleros les garantizaban la protección de los cultivos y el insumo para producir el alcaloide para su respectiva comercialización. Así, esta guerrilla fue creciendo en número de combatientes pese a que al finalizar la década prometían llegar a un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.

El Frente 30, que hace parte del Comando Conjunto Occidente y que fue rebautizado como “Alfonso Cano” tras la muerte del jefe guerrillero en 2011, fue responsable del abandono forzado de fincas en 1995 cuando combatientes comenzaron a ejercer presión a los campesinos de varios corregimientos, entre ellos, Los Alpes. “Un guerrillero llegó a mi finca con ocho hombres y me dijeron que necesitaban ese predio, que si no quería perder el ganado que lo sacara, que tenía ocho días para desocupar”, denunció un campesino ante la Unidad de Restitución.

Fui a la montaña a buscar a mi hija. La guerrilla me dijo que me fuera, que si no me mataban allá”

Según lo documentaron varios investigadores de la Unidad de Tierras, para ese mismo período comenzaron a reclutar niños para engrosar las filas del grupo guerrillero. A Libardo Torres* el Frente 30 le reclutó a una hija, a quien se llevaron de la finca entre la vereda Carrizales y el corregimiento de Loboguerrero. “Después de un mes de andar preguntando logré hablar con el comandante. Fui a la montaña a buscar a mi hija. La guerrilla me dijo que me fuera, que si no me mataban allá”, relata Torres, quien se desplazó por temor a represalias. Luego vinieron las seguidillas de atentados.

En 1998 bajo órdenes de alias ‘Mincho’ se tomaron las cabeceras municipales de los corregimientos del Palmar, Cisneros, Vergel y el Kilómetro 18, destruyendo con ‘cilindros bomba’ la infraestructura de los pueblos. Las Farc instalaron varios retenes en la vía Calima-Darién y Cali-Buenaventura, y en marzo 1999 se tomaron el casco urbano de Dagua destruyendo el puesto de policía y las sedes de la Fiscalía, la Alcaldía y la Caja Agraria.

Los corregimientos más afectados por el Frente 30 de las Farc fueron El Queremal, El Danubio, El Palmar, Santa María, La Elsa, Cristales, Providencia, Los Alpes, El Limonar y San Bernardo. Foto suministrada Unidad de Tierras.

En septiembre de 1999, el Frente 42 de las Farc en cabeza de alias ‘JJ’ atacó junto al Frente 30 la subestación hidroeléctrica en el sector de Anchicayá, secuestrando a 150 trabajadores y seis periodistas durante cinco días. El ataque desencadenó combates con el Ejército, que a su vez provocó el desplazamiento de los corregimientos de El Queremal, El Danubio y La Elsa.

Guerra de todos

Con la llegada de los paramilitares del Bloque Calima en 2000, la violencia aumentó en el municipio de Dagua. Milena Pérez* recuerda que ese año los paramilitares desataron una guerra buscando controlar los ‘negocios’ de la guerrilla “y en medio quedamos nosotros, pues fue una guerra entre bandos”, dice. Así fue como desplazaron a los tenderos, a quienes acusaban de venderles víveres y cerveza a unos y otros, y comenzaron a ser recurrentes los ‘toques de queda’, es decir, nadie podía transitar por caminos ni trochas después de las seis de la tarde.

De las casi 10 mil personas desplazadas entre los años 80 y la fecha actual según el Registro Único de Víctimas, 6 mil fueron expulsadas por la violencia del municipio entre 2000 y 2003. Los campesinos abandonaron sus fincas en los corregimientos de El Queremal, El Danubio, El Palmar, Santa María, La Elsa, Cristales, Providencia, Los Alpes, El Limonar y San Bernardo.

La geografía montañosa en la que está el municipio de Dagua ha sido apetecida por guerrilleros, paramilitares y bandas criminales para controlar las rutas del contrabando y sobre todo, del narcotráfico en su salida hacia el Pacífico. Foto suministrada Unidad de Tierras.

En sus denuncias, los campesinos advirtieron que no solo se desplazaron por los combates sino por la presión de inundar sus fincas con la hoja de coca. Según los relatos de varios campesinos, durante el primer semestre del año 2000 los Frentes 6 y 30 de las Farc se aliaron con los Frentes Luis Carlos Cárdenas y José María Becerra del Eln para atacar de nuevo la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, en Queremal. Con la voladura de la torre de energía, Dagua y Bueneventura quedaron a oscuras por varios días.

Con los desplazamientos, las familias perdieron sus cultivos de cebolla, tomate, habichuela y principalmente café y piña así como los lazos de amistad que construyeron por años con sus vecinos. “Ahora que retorné es muy duro recordar cómo vivíamos bien antes de la guerra. Compartir esa nostalgia de la amistad es muy difícil”, dice Rafael Martínez.

En septiembre de 2000, las Farc y el Eln realizaron un recorrido de secuestros que comenzó en el kilómetro 18, en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, y continuó por el corregimiento del Saladito, la vereda Tocotá y el corregimiento de Pichindé, entre Dagua y Cali. Según los registros de prensa, en el camino retuvieron a 62 personas, secuestraron al ex presidente del Comité Empresarial Permanente del Valle, a un médico, y a varias personas de un restaurante. Veintiséis de las personas fueron llevadas hasta Los Farallones donde permanecieron cautivas por varios días.

Un mes después de este recorrido, el Frente 30 instaló un ‘retén’ en la carretera que comunica a Dagua con el corregimiento de Loboguerrero y atacaron la población de Cisneros, asesinando a varios oficiales y destruyendo la estación de policía. Los paramilitares arremetieron contra la población asesinando a varios habitantes, mientras las Farc realizaban nuevos retenes, esta vez en el sector del Palmar. A toda persona le pedían identificarse con cédula en mano.

El 2001 no fue diferente. En marzo, los Frente 6 y 30 de las Farc atacaron la base de Infantería de Marina conocida como el Cerro Tokio, donde asesinaron a 16 militares, dejaron 19 heridos y retuvieron a 60 oficiales más. Los campesinos recuerdan que esta toma rebozó la copa y fue el detonante para que los combates entre bandos y la embestida del Ejército aumentaran. A los paramilitares le atribuyeron el asesinato de Segundo Florentino Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dagua, mientras a las Farc de los secuestros de un Fiscal y un oficial retirado del Ejército en la vereda Tocotá.

Varios campesinos denunciaron que los paramilitares abusaron sexualmente de muchas mujeres. En Justicia y Paz, la Fiscalía logró documentar 42 casos de estos delitos de lesa humanidad cometidospor el Bloque Calima en el Urabá antioqueño, Cauca y el Valle del Cauca. En Dagua, por ejemplo, un paramilitar identificado como ‘Álex Putumayo’ secuestró durante dos meses a una niña de 13 años, de quien abusó varias veces (Lea: Sin opciones ante la arremetida paramilitar). “Los paramilitares violaron a muchas mujeres. Entraron a las casas, levantando toda las cosas, buscando armas y guerrilla”, relató un campesino a las autoridades.

Los constantes combates llevaron a que los profesores dejaran de dar clases en las escuelas veredales y a solicitar con urgencia sus traslados. Los secuestros, asesinatos y atentados continuaron al punto que el 11 de julio de 2002 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo advirtiendo que los constantes enfrentamientos en las Farc y las Auc continuaban provocando el desplazamiento de la gente de Dagua hacia otros cascos urbanos, principalmente Cali.

Seis mil campesinos salieron desplazados de sus fincas entre 2000 y 2003 por la violencia desatada por la guerrilla y los paramilitares en Dagua, Valle del Cauca. Foto suministrada Unidad de Tierras

Una vez se desmovilizó el grupo paramilitar en esta región, las Farc y el Eln fortalecieron su alianza y tres años más tarde aparecieron las llamadas bandas criminales bajo el rótulo de ‘Rastrojos’.

En 2012 las familias como las de Rafael Martínez decidieron retornar. “Yo iba de vez en cuándo a la finca para ver cómo estaban las cosas, para tantear si se podía volver”, dice. Con el aval del Ministerio de Defensa, la Unidad de Tierras Territorial Valle comenzó el proceso de documentación, en diez corregimientos de Dagua considerando que hay condiciones de seguridad para que puedan cumplirse las medidas de restitución.

De 2011 en adelante, el Frente 30 ha sido diezmado. En 2011 las fuerzas militares informaron sobre la muerte de Jorge Neptalí Umensa Velasco alias ‘Mincho’, jefe de este Frente. En julio de 2014, la Dijin capturó a Martín Leonel Pérez alias ‘Richard’, a quien la Policía sorprendió en una lujosa finca de Alcalá, en el Valle, con mil 600 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades informaron en abril de este año sobre la muerte de Julio Calambás Ramos alias ‘Didier’, señalado de ser el segundo cabecilla del Frente 30, en un operativo realizado en cercanías a la quebrada Guarín, en el municipiode López de Micay, en Cauca. Este Frente guerrillero, en cabeza de alias ‘Nelson Munguido’ fue responsable del reciente ataque a la torre de energía en el sector de Agua Clara, en Buenaventura, que dejó sin luz a por lo menos 400 mil habitantes.

En el vecino municipio de La Cumbre, que sufrió los mismos embates de la guerra que Dagua, la comunidad solicita una alerta temprana al considerar que existe riesgo de desplazamiento en el corregimiento de La María por el control que quieren ejercer las bandas criminales sobre el contrabando de gasolina. El Registro Único de Víctimas señala que de allí 500 personas salieron desplazadas entre 2000 y 2004 por la violencia entre guerrilleros y paramilitares.

En la actualidad, 281 personas que abandonaron sus tierras del municipio de Dagua solicitaron que su caso sea estudiado por un juez de restitución. Según datos de la Unidad de Tierras, en losdespachos ya hay once de estos procesos a la espera de un fallo. Milena Pérez, que aún no ha retornado, espera terminar de construir la casa de la finca que tuvo que abandonar, desarrollar una ganadería y trabajar junto con sus dos hijos en la producción de pollos. Rafael Martínez está a la expectativa de un fallo de restitución que le garantice subsidios o apoyos para reanudar su cultivo de piña y plátano, y salir de la crisis que lo tiene en ascuas.

*Nombres cambiados por razones de seguridad de las víctimas

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Un trino del expresidente Álvaro Uribe, encendió las alarmas sobre una nueva incursión de las Farc en los Montes de María, una región que hasta la década pasada fue de las más violentas del país. Foto: César Romero.

El pasado 25 de junio, el senador Álvaro Uribe, reveló en su cuenta de Twiter una carta de la Policía en la que se advierte la presencia en Montes de María de unos “15 o 20 hombres que al parecer portan armas largas, usan prendan color negro y reciben órdenes de alias ‘Ovidio’, del frente 37 de las Farc”. La carta estaba dirigida al comandante Segundo del Distrito de Bolívar, Carlos Insuasti, pero tras su publicación en las redes, el miedo y las alarmas volvieron a una comunidad que desde hace años trata de pasar la página del horror.

Los seguidores en Twitter de Álvaro Uribe se convencieron de que la guerrilla había regresado a la Serranía de San Jacinto, en Montes de María. Sin embargo, ningún campesino de la zona -consultado por Verdadabierta.com- ha visto hombres con esas características. Además, el comandante de la Policía en Bolívar, el coronel José Miguel Correa Hernández, dice que no es cierto que una facción del grupo guerrillero se esté rearmando en una zona que las Farc y las Autodefensas se disputaron por años. “Lo que han publicado en redes sociales es un informe de la Policía quese desmintió luego de trabajos de inteligencia, en los que se ha concluido que  hay 4 o 7 delincuentes con armas cortas que roban en algunas veredas de El Carmen de Bolívar. No son guerrilleros, son bandoleros”, asegura. (Ver informe)

En Montes de María (una subregión compuesta por 15 municipios de Sucre y Bolívar) no hay presencia de las Farc porque carecen de recursos para financiar sus tropas, según el coronel Correa. “Sí hay desmovilizados, pero eso no significa que se estén rearmando. Creo que están satanizando la región”, agrega.

“Más de 5 mil hombres de la Infantería, además de la Policía, hacen guardia en la serranía”, afirma el comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 1, el coronel Juan Carlos Castro, quien además asegura que no se han reportado denuncias de hombres armados a esta unidad que opera en los Montes de María.

Un compesino consultado por VerdadAbierta.com, que pidió la reserva de su nombre, dice que en El Salado y algunas veredas de El Carmen de Bolívar, no se habla de hombres armados del frente 37 de las Farc, pero temen que el rumor sea cierto. “El informe dice que un grupo de cazadores y campesinos han visto a los guerrilleros. Pero ojalá sea mentira, porque de ser verdad, volveríamos al horror de hace un tiempo”, dice.

En El Salado, sin embargo, apareció hace menos de un mes un panfleto contra 11 campesinos del corregimiento, señalados como parte de una “banda de cuatreros”. En la misiva, que no se le ha atribuido a ningún grupo armado ilegal, se hace una advertencia: “si en 15 días continúan robando, les damos balín”.

Este panfleto apareció hace un mes en las calles de El Salado, y ha causado pánico a los pobladores que después de la masacre, en el año 2000, se desplazaron a otras regiones del país.

Edwin Paredes, de 48 años, es uno de los amenazados. Él y su familia retornaron al pueblo en 2002, luego de que tuvieran que desplazarse a Malambo (Atlántico), tras la masacre en la que miembros de las AUC asesinaron a 60 campesinos.  “Yo estoy tranquilo, porque a partir de 2004 me dedico a comprar y matar ganado vacuno que luego mi señora vende en El Salado. No soy un delincuente”, dice.

A Martín Domínguez, sin embargo, le quemaron el rancho hace menos de quince días. Él y su papá, que también se llama Martín, forman parte de la lista de “cuatreros” que aparece en el panfleto.  “Después del incendio quedamos preocupados, sobre todo luego de que la Policía dejara de patrullar la casa. No es cierto que seamos delincuentes”, afirma.

A Martín Domínguez, de 23 años, le quemaron un rancho hace menos de un mes. Él es uno de los campesinos que aparece en el panfleto.

En el panfleto se anuncia también que pronto aparecerá otro comunicado, en el que se informará qué pasará con los cuatreros que no han cumplido con la advertencia.

Orígenes del Frente
El frente 37 de las Farc surgió en 1987, luego de que el frente 18 que operaba en Córdoba, creara esta facción de la guerrilla. El grupo armado ilegal estuvo primero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. En 1991, cuando se desmovilizaron las guerrillas del EPL y el PRT, pasó a los Montes de María, según el informe del Centro de Memoria Histórica: ‘La masacre de El Salado, esaguerra no era nuestra’.

En la finca Las Yeguas, que está entre El Salado y la vereda La Sierra, quedaba el “campamento madre” del frente 37, que fue comandado por Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, y que murió en 2007 en un bombardeo con la Fuerza Pública en Zambrano, Bolívar. Este golpe militar acabó con el grupo guerrillero que operaba en la Serranía de San Jacinto.

Esta facción de las Farc, según el informe, custodió también al único político de la región incluido en el canje humanitario: Fernando Araújo, que fue secuestrado en el año 2000 y estuvo en cautiverio hasta diciembre de 2006. Al exministro de Desarrollo nunca lo sacaron de los Montes de María. Permaneció en los límites entre El Carmen de Bolívar y Zambrano.

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Según el general Eduardo Correa, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, en el lugar de los hechos había cinco casas, de las cuales tres estaban desalojadas. En la imagen se ve una de las veredas de San Vicente del Caguán pero no donde ocurrió el combate. Foto: archivo Semana.

No se ha cumplido una semana desde que las Farc suspendieron el cese al fuego unilateral, que anunciaron el 18 de diciembre del año pasado, y ya ha habido por lo menos cuatro combates con la Fuerza Pública en diferentes lugares del país, uno de los cuales dejó dos civiles muertos y dos más heridos en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Se trata de cuatro personas de la junta de acción comunal de la vereda Las Delicias, quienes estaban al momento en el que el Ejército desarrolló un operativo contra Raúl González, alias ‘Jaimito’, miembro de la columna móvil Teófilo Forero y parte del anillo de seguridad de Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’. Además del insurgente, también murieron Ismael García, presidente de la junta de acción comunal, y su secretario, Salomón Escobar. Quedaron heridos Dora Esquivel y Eduardo Herrera, miembros de la misma organización civil.

La corporación de derechos humanos Caguán Vive, compuesta por más de 150 juntas de acción comunal y organizaciones campesinas afirmó que hasta el 22 de mayo, en Caquetá se vivía un desescalamiento del conflicto significativo, que se rompió el pasado sábado con el ataque a alias ‘Jaimito’.

La información de la Alcaldía de San Vicente del Caguán, del Ejército y de los habitantes con los que habló VerdadAbierta.com señaló que ese día las Farc citaron a varios líderes a la vereda La Barrialosa, que queda a más de dos horas de la cabecera municipal.

“Las reuniones entre la gente y las Farc para discutir cosas de la comunidad son tan comunes como comprar el pan”, indicó un habitante de San Vicente quien pidió no revelar su nombre. Al respecto, el alcalde Domingo Pérez señaló que la guerrilla envía la citación y las personas “van o van”. Incluso el general Édgar Correa, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter que opera en el departamento, afirmó que es una actividad de cogobierno que ha desarrollado esa guerrilla en lugares donde ha sido “su santuario”.

El alto oficial aseguró que la cita del sábado con los miembros de la junta de la vereda Las Delicias era para resolver la multa que le pondrían a una campesina por quemar parte del bosque de su finca. Sin embargo, uno de los asistentes a la reunión contactado por VerdadAbierta.com, y quien pidió no publicar su nombre, sostuvo que el motivo de la reunión era para discutir un tema de la junta de acción comunal.

“Ellos (los guerrilleros) querían que a partir de los 15 años los pelados entraran a la junta, aunque la ley dice que la edad mínima es 18. Tratábamos de que entendieran que no queríamos que fuera así porque les tocaría cumplir jornadas comunitarias en vez de ir al colegio”, afirma una de las personas citadas al encuentro.

En medio de la reunión con las Farc, llegó la Brigada Móvil 36 del Ejército buscando a alias ‘Jaimito’, quien según el general Correa participó en el secuestro del concejal huilense Armando Acuña y en el plagio y posterior asesinato del exgobernador de Caquetá Luis Fernando Cuéllar.

Raúl González, alias ‘Jaimito’, de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, abatido en el combate en la vereda Barrialosa, de San Vicente del Caguán. Foto: cortesía Sexta División del Ejército Nacional.

En efecto, el guerrillero murió, pero en el cruce de disparos también cayeron el presidente y el secretario de la junta de acción comunal de Las Delicias. El general Correa afirmó que el Ejército llegó al lugar por información de inteligencia técnica y no humana: “Se suponía que como ‘Jaimito’ salía de la zona boscosa, ahí estaba el campamento guerrillero, pero no nos percatamos de que estaba la población civil”.

La versión del comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter es que los militares llegaron camuflados, arrastrándose, pero un centinela de la guerrilla los descubrió y las Farc fueron las primeras en iniciar el fuego.

Uno de los familiares de los civiles que estaban en la cita dio otra versión: “Llevaban como 20 minutos reunidos con ese comandante de la guerrilla, cuando sonó un tiro hacia arriba. Comenzaron a disparar los soldados y al ratico fueron reacciones de las Farc. Eso es lo que cuenta mi papá”.

Un miembro de Caguán Vive expresó que “en la corporación estamos sorprendidos por lo que sucedió el sábado porque atacaron sin ningún tipo de precaución por los civiles que estaban allí. Fue indiscriminado”. En su comunicado, esta organización denunció que lo ocurrido es “una grave consecuencia humanitaria de las acciones bélicas desarrolladas en el marco de la confrontación armada” y solicitaron que se investigue “el grado de responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública en la posible infracción al Derecho Internacional Humanitario, que llevó a la muerte y heridas de los civiles campesinos afectados en este ataque”. (Descargue el documento en PDF)

A la petición se unió Eduardo Franco, diputado de la Asamblea Departamental de Caquetá por el Polo Democrático, miembro del Comité Permanente de los Derechos Humanos en esa región y, además, primo del fallecido Salomón Escobar: “Es una obligación del Estado, de la Fuerza Pública en este caso, no poner en riesgo a la población civil. Ese acto es una infracción a los convenios internacionales, al protocolo II de Ginebra. Fue un error táctico del Ejército atacar a las Farc en medio de civiles”.

El general Correa detalló que “afortunadamente las tropas escucharon las voces de la población civil y se controla el riesgo”. Además, precisó que el Ejército encontró a cuatro civiles heridos e inmediatamente les prestó atención médica y los trasladó en helicóptero al hospital de Florencia, la capital del departamento. “En ese lapso, murió el primero de ellos y el otro en la cirugía”, dijo.

Pero la versión de varios habitantes, uno de ellos familiar de los citados por las Farc, es que Salomón murió durante el combate, inmediatamente después del comandante guerrillero. Además, una de las personas que estuvo en la reunión ofrece una visión diferente a las del general. “Nosotros esperamos durante 6 o 7 minutos a que el fuego parara y gritábamos que éramos civiles. Al rato el Ejército salió. Primero nos trataron de guerrilleros, pero luego nos sacaron y nada nos pasó”, explicó el hombre consultado por VerdadAbierta.com.

La Fuerza de Tarea Júpiter pertenece a la Sexta División del Ejército Nacional y opera contra el Bloque Sur de las Farc en Caquetá, Huila, Putumayo y Cauca desde noviembre de 2013. Foto: archivo Semana.

El familiar de otro de los asistentes a la reunión aseguró que en el combate se detonaron granadas. El hombre que estuvo allí dijo que “se escuchaban estruendos muy duros, que no eran de tiro, no sé si eran granadas pero, no eran tiros”. Los dos heridos tenían esquirlas incrustadas en su cuerpo. Ambos están fuera de peligro y en recuperación según el general Correa.

Uno de los hijos de Dora Esquivel le aseguró a este medio que en efecto su mamá estaba mejor y a punto de salir del hospital. Sin embargo, la situación deEduardo es muy diferente. El alcalde afirmó que este lunes se autorizó su traslado a un hospital en Neiva y la persona que estaba con él en la reunión dijo que su estado de salud es delicado, especialmente porque uno de sus brazos quedó casi destrozado y tiene por lo menos dos disparos en el abdomen.

VerdadAbierta.com consultó a Arnois García, hermano del presidente de la junta muerto en el combate, quien cuestionó lo publicado en el periódico Extra que circula en ese departamento: “Tienen una foto de mi hermano Ismael, ponen el nombre de él y luego dicen que es alias ‘Jaimito’. En el texto afirman que Ismael y Salomón eran presuntos integrantes de las Farc. ¿Cómo se les ocurre? Ellos eran directivos de la comunidad desde hacía más de tres años”.

Lo ocurrido en San Vicente del Caguán revela los temores expresados por la Defensoría del Pueblo sobre las afectaciones a la población civil después de conocerse la decisión de la guerrilla de las Farc de suspender el cese al fuego unilateral tras conocerse la muerte, luego de un bombardeo, de 26 insurgentes del Frente 29 de las Farc en zona rural de Guapi, Cauca, de donde han tenido que salir cerca de 400 personas por los enfrentamientos entre guerrilla y Ejército. (Ver: Temen que suspensión del cese al fuego afecte a la población civil y Desplazados tras bombardeo en Guapi ascienden a 394)

A esa operación se sumó otro bombardeo a un campamento del Frente 4, esta vez en zona rural de Segovia, Antioquia, donde perdieron la vida cuatro guerrilleros y por lo menos 77 familias se desplazaron del sector; le siguieron el ataque en zona rural de San Vicente del Caguán; y este lunes se anunció una acción aérea en Riosucio, Chocó, donde habría muerto Alfredo Alarcón, alias ‘Román Ruiz’, comandante del Frente 18 de las Farc y un alzado en armas histórico de ese grupo subversivo.

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Foto: archivo Semana.

Diez años se tardó la guerrilla de las Farc para recuperar su hegemonía militar en el Catatumbo, en Norte de Santander, una región estratégica para sus intereses económicos, social y militares, que había perdido a comienzos de la década del dos mil con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Así lo asegura el más reciente estudio del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Este centro de estudios recurrió a diversas fuentes para demostrar que luego de un largo proceso de reposicionamiento, esta guerrilla, que adelanta negociaciones de paz desde hace más de dos años con el gobierno nacional enLa Habana, Cuba, logró imponerse como “el principal actor armado” en El Catatumbo, “controlando las economías ilegales y ciertas comunidades campesinas”.

El informe identifica varios aspectos que dinamizan la presencia de las Farc en El Catatumbo: los sembradíos de hoja de cocapara uso ilícito y las condiciones favorables para la producción de clorhidrato de cocaína y su exportación a los mercados internacionales a través de Venezuela; los pasos fronterizos, que permiten una actividad constante de contrabando, particularmente de gasolina, sobre la cual cobran un porcentaje; el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas; las ventajas que ofrece como retaguardia su cercanía con Venezuela; y el control de la población rural.

La recuperación de la región por parte de las Farc fue posible, según la FIP, luego de la adopción de varias estrategias para superar ese debilitamiento militar generado por la confrontación con las Auc, destacándose las alianzas con las guerrillas del Eln y el Epl, así como con las bandas criminales emergentes, entre ellas ‘Los Rastrojos’ y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, y la recuperación de las bases sociales campesinas, a las cuales controla férreamente.

La investigación de la FIP determinó que los impactos humanitarios que generan las acciones contra la población civil, en particular hechos violentos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, accidentes por minas antipersonal, secuestros y extorsiones, han disminuido en los últimos dos años “si se comparan con periodos anteriores, lo que se explica en gran medida por la ausencia de una disputa territorial entre los actores armados ilegales que allí hacen presencia”.

A esa reducción se suman los efectos positivos que, según líderes de la región, ha tenido el cese al fuego unilateral indefinido decretado por las Farc el 20 de diciembre de 2014. Consultados por VerdadAbierta.com, Eugenio Guerrero, uno de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que “aquí el cese del fuego se le está dando cumplimiento al pie de la letra, hay mucha tranquilidad en la región”.

Cesar Jerez, otro de los voceros de Ascamcat, coincide con Guerrero en estimar que ese grupo subversivo está cumpliendo, pero advierte que “excepto cuando las tropas (refiriéndose al Ejército) avanzan sobre posiciones de las Farc”; además, destaca que continúan los enfrentamientos del Ejército con facciones del Eln y Epl.

Este grupo subversivo hace presencia en esta región a través del Frente 33 y a las columnas móviles Antonia Santos y Resistencia del Catatumbo. Se registran actividades en los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata, Ocaña y Teorama. Esas facciones subversivas hacen parte del Bloque Magdalena Medio (BMM), cuya zona de operaciones se extiende al Sur de Bolívar, Santander, Boyacá y Antioquia. Esta estructura está bajo el mando de Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, miembro del Secretariado e integrante del equipo negociador de la guerrilla en Cuba. Hasta finales de 2014, se refugiaba en el área el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.

Detrás de la coca
Foto: archivo Semana.

La FIP estima que el narcotráfico es la principal fuente de recursos para las estructuras de las Farc que hacen presencia en el Catatumbo y determina sus relaciones con los diferentes actores armados que allí se encuentran. “Las altas ganancias que resultan del cultivo de coca y posterior producción y comercialización de cocaína en el Catatumbo han conducido a una situación de ‘relaciones armónicas’ entre los múltiples actores armados ilegales bajo la lógica de que es más rentable repartirse el botín que disputarse el control del negocio”.

Esa ‘armonía’ de la que habla la FIP se ve favorecida por el incremento sostenido del número de hectáreas sembradas con hoja de coca, particularmente en áreas fronterizas, donde se dificultan actividades de erradicación como la aspersión aérea. Según datos del sistema de monitoreo SIMCI, adscrito a Naciones Unidas, Norte de Santander registró en 2013 un total de 6.345 hectáreas cultivadas frente a las 4.515 registradas en 2012, lo que equivale a un incremento del 40,5%.

De acuerdo con la FIP, en los municipios de El Catatumbo que registran mayor número de hectáreas con cultivos de hoja de coca para uso ilícito, hay una mayor actividad armada de la guerrilla de las Farc. Los más afectados por esta situación son Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y Sardinata. “Al comparar la concentración de cultivos de coca y su accionar armado en la Base de Datos del Conflicto FIP entre los años 2011 y 2013, se encuentra que existe una coincidencia importante entre ambas variables”, asegura este centro de investigaciones.

Este departamento fue uno de los siete (de los 23 que registran cultivos de coca) que mostraron incrementos importantes del área cultivada con hoja de coca. En 2013, en el Catatumbo se contabilizaron 6.222 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 42,4% frente a las hectáreas registradas en 2012, que sumaron 4.368, y un incremento del 95,8% frente a las registradas en 2011, que fueron 3.178. Durante ese año, esta región concentró el 98,1% de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos de Norte de Santander.

Uno de los aspectos que más favorece las rentas de las Farc y de los grupos armados que gravitan alrededor de la producción de clorhidrato de cocaína es que el en Catatumbo se registra el más alto rendimiento de hoja de coca en el país, siendo, según el SIMCI, de 5.5 kilogramos por hectárea al año. Además, es donde mejor se paga la hoja, 2.700 pesos por kilo, y donde, después del Pacífico y del Putumayo, se producen más toneladas métricas de base de cocaína, alcanzando, en 2013, 58 toneladas.

Las relaciones ‘armónicas’ han permitido una distribución clara del papel que cada grupo armado ilegal cumple en la cadena de narcotráfico en el Catatumbo. Según la FIP, mientras las Farc, y en menor medida el Eln, coordinan y protegen los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, el Epl se encarga del transporte de la sustancia hacia zonas urbanas o el exterior, y las bandas criminales de su venta interna en zonas urbanas. “No obstante, según la información recogida por la FIP, aun y cuando todos los actores armados cumplen un rol en la cadena del narcotráfico, al parecer es la guerrilla de las FARC la que la controla y en esa medida decide quién entra a participar en la misma”.

Testimonios recogidos por los investigadores de la FIP en la región indicaron que buena parte del clorhidrato de cocaína que se produce en el Catatumbo es exportada a los mercados internacionales a través de Venezuela y lo que se queda en la zona, para el consumo interno, es distribuido por integrantes de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, “quienes controlan las actividades de microtráfico en zonas urbanas, pero al parecer con permiso de las Farc”.

De acuerdo con este informe, la comercialización de cocaína se da principalmente en Ocaña, Cúcuta y municipios aledaños a la capital nortesantandereana, como Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios. Paradójicamente, advierte la FIP, en los municipios del Catatumbo con alta presencia armada ilegal los grupos subversivos “castigan” el consumo de esas sustancias, sobre todo en las zonas rurales.  

Una de las mayores preocupaciones en el Catatumbo es el impacto que está teniendo la proliferación de cultivos de hoja de coca en los menores de edad, quienes cada vez están más vinculados a actividades como raspachines desde muy temprana edad, lo que provoca, a juicio de la FIP, “un alto grado de deserción escolar” y se fomenta la “cultura del dinero fácil”, lo que dificultaría su vinculación a trabajos legales.

Otras rentas
La segunda renta ilegal más significativa para las Farc en el Catatumbo, según la FIP, es la extorsión, que, en gran medida, se cobra a quienes se dedican al contrabando desde Venezuela. Testimonios en la región explicaron que esta actividad “también se han empezado a establecer acuerdos con el propósito de que múltiples actores se vean beneficiados de las ganancias”.

Consecuencia de esos acuerdos se reflejan en el contrabando de gasolina desde el vecino país, que pasó de ser una actividad directa del Frente 33 de las Farc a un negocio cedido a un grupo de narcotraficantes que se conoce como ‘Los Ocañeros’, a cambio de una cuota mensual.

“En estas transacciones se ingresan todo tipo de productos desde Venezuela, sobre todo por la frontera con Tibú, en donde el cobro de los impuestos sobre el contrabando lo manejan principalmente las Farc, y en menor medida, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’” advierte el informe de la FIP.

Los corregimientos de Tres Bocas y Petrólea, en el corregimiento La Gabarra y muy cerca de la frontera con Venezuela, fueron mencionados por las fuentes consultadas en terreno por los investigadores de las FIP como puntos importantes para las actividades de contrabando y donde las Farc tienen una notable presencia y accionar armado.

Control social
Foto: archivo Semana.

La investigación de la FIP también permitió establecer que las Farc ejercen un férreo control social sobre varias comunidades rurales del Catatumbo, a través de la imposición de normas de comportamiento en lo social y lo económico. “De igual manera, habría cierta presión por parte del grupo guerrillero en los procesos de movilización social, los procesos democráticos y el ejercicio de las funciones públicas”, advierte este informe.

Testimonios recogidos en la región por la FIP indican que en aquellos lugares donde esta guerrilla tiene fuerte presenta rural, como en Teorama, San Calixto, Convención y Tibú, impusieron varias normas de comportamiento, entre ellas la prohibición de la prostitución, el consumo de drogas psicoactivas, los hurtos e involucrarse sentimentalmente con miembros de la Fuerza Pública.

“La persona que incumpla con estas normas es presionada a irse del municipio bajo amenaza de muerte, y en otros casos, se le da la opción de alistarse en las filas guerrilleras. No obstante, estas amenazas no necesariamente se cumplen, ya que el grupo guerrillero suele dar varias oportunidades para que se deje de incurrir en determinada falta”, dice el informe y agrega que “en algunas zonas se “realizan ‘juicios’ en los que personas influyentes de la comunidad deciden si el que es acusado debe ser ajusticiado o no”.

De acuerdo con documentos de la Defensoría del Pueblo, citados por la FIP, en 2013 las Farc y el Eln “estaban ejerciendo control social a través de reglas de conducta y comportamiento, y de la injerencia en organizaciones sociales y comunitarias en El Tarra, San Calixto y Teorama”.

Las Farc también cumplen un rol de mediador en la resolución de disputas y conflictos entre las comunidades: “Si la comunidad tiene un problema, busca al comandante guerrillero de la zona. Sobre este punto, los entrevistados explicaron que este tipo de soluciones no son necesariamente resultado de una imposición del grupo guerrillero, sino que responden a una decisión voluntaria de la población, yaque es más eficiente resolver problemas de esta manera que acudir a la justicia oficial”.

Algunos habitantes les explicaron a los investigadores de la FIP que los jefes guerrilleros de lasFarc “convocan ocasionalmente a reuniones en las que hacen proselitismo político y se discuten temas como las ZRC o los cultivos de coca”. El propósito de estos encuentros es “reforzar sus bases sociales, un aspecto importante si se tiene en cuenta que la guerrilla ha promovido la organización social e incentivado la movilización”, tal como ocurrió a mediados de 2013.

Dentro del menú de controles e imposiciones de las Farc a las comunidades está el de exigirle a algunas comunidades que sean agrosostenibles, para lo cual establecieron el tipo de cultivos que se deben cosechar e impusieron una fecha límite después de la cual no pueden entrar más productos; asimismo, el cobro de peajes comunitarios donde se exige un pago de 5 mil pesos por vehículo y cuyos fondos se destinan al mantenimiento de vías terciarias.

Diego Barí, representante legal del Resguardo Motilón Barí, aseveró que, en el caso de las comunidades indígenas que lidera, la guerrilla de las Farc es respetuosa con las autoridades nativas. “Con nosotros no se meten, nos respetan”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Si bien la FIP admite en su informe que no obtuvo información suficiente en terreno para determinar con precisión que las Farc “postulan” candidatos a cargos de elección popular y obligan a la población a votar por alguno en particular, sí reseñó testimonios que indican que “aquellos que tienen la intención de postularse deben primero pedir permiso al comandante guerrillero de la zona”. Además, indica el informe, “de acuerdo a las entrevistas, la guerrilla presiona a la administración de turno, independientemente de su filiación política, a obedecer sus mandatos. Hay casos de gobernantes que deben consultar al comandante guerrillero para la toma de decisiones”.

¿Y el futuro?
Pese a las intervenciones del Estado en el Catatumbo, a través, por ejemplo, del Plan Nacional de Consolidación, las comunidades, según la FIP, expresan altos niveles de desconfianza hacia la fuerza pública y las instituciones gubernamentales debido, entre otras razones, “a los altos niveles de corrupción institucional, la constante estigmatización de la que son víctimas por parte de los militares y la idea de que la fuerza pública es incapaz de mantener el orden”. Ese escepticismo, según este estudio, “contribuye a que las comunidades se muestren escépticas frente a los resultados del proceso de paz y el postconflicto”.

Ante ese eventual escenario de un acuerdo con las Farc y su desmovilización total, la población entrevistada por los investigadores de la FIP en la región expresó dos preocupaciones fundamentales: de un lado, sobre “las dudas que existen frente a la forma en que se harían arreglos institucionales, debido a una deuda histórica del Estado con la región, y qué medidas concretas se van a implementar para lograr la reconciliación”.

Y por el otro, están las inquietudes por la manera cómo se reconfigurarían los actores armados, que ponen en discusión las futuras condiciones de seguridad de las comunidades. Ante ello, la FIP planteó dos escenarios: “el primero, que las estructuras de las Farc no se desmovilicen completamente y se conformen otros grupos armados para el control del narcotráfico; y el segundo, que los actores que han estado en segundo plano en el territorio inicien una disputa por el control del narcotráfico y los vacíos territoriales que dejen las Farc”.

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Aspecto del Encuentro Regional para la Paz realizado en Sincelejo entre el 27 y 28 de agosto. Los pobladores de la región de Montes de María, empotrada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, esperan muchas verdades de la guerrilla de las Farc, que los azotó desde finales de la década del ochenta, cuando aparecieron los primeros insurgentes que salieron del Magdalena Medio y del Urabá antioqueño en busca de áreas donde asentarse y promover su proyecto político armado.

La expectativa la generan las conversaciones de paz que desde hace dos años adelanta este grupo subversivo con el gobierno nacional en La Habana, Cuba, en busca de un acuerdo que le ponga fin a la confrontación armada. Con ese escenario de telón de fondo, VerdadAbierta.com viajó a Sincelejo y conversó sobre aquellas acciones armadas que padecieron y de las que quieren que se haga verdad con varios líderes campesinos provenientes de los Montes de María, quienes asistieron al Encuentro Regional para la Paz, promovido por Redprodepaz, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Iniciativas por la Paz desde la Base.

Recuerdan algunos de ellos que los subversivos no llegaron de manera pacífica a esta esta región, compuesta por 15 municipios, 8 de ellos de Sucre (Morroa, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Chalán, Ovejas, San Onofre, Colosó y Toluviejo) y 7 de Bolívar (El Carmen de Bolívar, Zambrano, El Guamo, María La Baja, Córdoba Tetón, San Jacinto y San Juan Nepomuceno).

A comienzos de la década del noventa, las Farc constituyó en Montes de María los frentes 35 y 37, que surgieron de la expansión de la organización guerrillera que se venía dando desde el Bajo Cauca y el Magdalena medio antioqueños. Para consolidar su presencia, acudió a la violencia, no solo contra la población civil y sus organizaciones sociales, sino contra facciones insurgentes del Eln, la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y el EPl, que llevaban varios años operando en aquellas montañas.

Según Manuel Oñate*, un líder campesino de Ovejas, Sucre, “peleaban por el control del territorio y los corredores estratégicos que conducían al sur del Bolívar”, y agrega que las Farc “no practicaban masacres, eso era cosa de paramilitares, pero sí hicieron muchas muertes selectivas dentro del territorio”.

Además de esos homicidios selectivos, generaron desplazamientos masivos, se valieron del reclutamiento de menores de edad, acudieron al secuestro de ganaderos y comerciantes para financiar su guerra contra el Estado y ejercieron un estricto control social sobre las comunidades.

Oñate recuerda que los pueblos que más sufrieron el asedio de las Farc fueron Los Palmitos, Ovejas, El Carmen, San Juan Nepomuceno y San Jacinto. A su juicio, esta guerrilla “buscaba un posicionamiento político e ideológico, hubo zonas que fueron controladas totalmente por ellos, estaban en los caseríos las 24 horas del día, impusieron una disciplina militar entre la población”.

La violencia aplicada fue indiscriminada. Amparo Zarate*, una líder del municipio de Zambrano, no olvida el dolor que le causó el ataque con explosivos que perpetraron las Farc en Carmen de Bolívar contra la Ferretería Núñez el 17 de agosto de 2000 en el que murieron tres jovencitas. “Ellas iban pasando en una moto cuando detonaron la bomba y ahí murieron. Eran niñas inocentes”, detalla la mujer.

Esta líder destaca también las muertes de conductores que se dieron en la vía Zambrano-El Carmen y en diversas carreteras de la región de los Montes de María, varias de ellas atribuibles a las Farc, y el confinamiento al que este grupo subversivo sometió a las comunidades cuando instalaban retenes en las entradas y salidas de los caseríos.

En Morroa, Sucre, sus líderes no han echado al olvido el ataque contra el palacio municipal en el 2000, una histórica construcción del municipio que fue destruida por un ataque dinamitero perpetrado por las Farc. “¿Por qué hicieron eso?”, se pregunta Patricia Pérez*, quien fue testigo de ese hecho. “Tumbaron un patrimonio, tenía su historia”.

Las Farc lograron tanta presencia en la zona que los campesinos aún recuerdan los campeonatos de fútbol que se jugaban en la región en los que se obligaba a sus organizadores a aceptar un equipo conformado por guerrilleros. “Su uniforme era camuflado y colgaban los fusiles en las porterías. Era como una forma de relacionarse con la comunidad, de mostrar su parte social, cultural”, evoca Oñate.

Contra líderes y jóvenes
En la región tampoco olvidan uno de los principios que las Farc aplicaron: “o estás conmigo o estás contra mí”, y de acuerdo con el líder de Ovejas, “ese principio siempre lo impusieron en Montes de María”, particularmente contra aquellos líderes sociales que no se identificaban con su ideología. “Por esa razón persiguieron muchos líderes, a unos los desterraron y a otros los asesinaron. Los líderes de esa época de pronto tenían otra visión de paz, de armonía, en el territorio, y eso no lo aceptaban las Farc”.

En esa visión coincide Jorge Miranda*, quien lidera procesos sociales en Ovejas con personas afectadas por la violencia. “La guerrilla (refiriéndose a las Farc)no admitían otro liderazgo que no fuera el de ellos”, dice y destaca que muchos de los asesinados se habían enfocado en la defensa de los derechos humanos y en el trabajo con las comunidades.

La líder de Zambrano se lamenta de la ruptura del tejido social que generaron las Farc en la región, una vez se consolidó su presencia, tras la desmovilización de la CRS, el 9 de abril de 1994, en Flor del Monte, Sucre. “La gente era como escondida, no se atrevía a hablar en público, tenían temor de la guerrilla”, dice.

Uno de los impactos más fuertes lo sintieron las juntas de acción comunal. Según esta mujer, “con el dominio de las Farc, las juntas se fueron perdiendo, se fueron quedando quietas, por el temor. La zona sufrió mucho temor”.

Otra de las organizaciones que sintió con rigor el acoso de las Farc fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que tuvo una sólida presencia en los Montes de María, liderando procesos organizativos. Amparo asegura que sus líderes tuvieron que bajar su perfil porque muchos de ellos fueron amenazados y otros asesinados.

Al respecto, Jesús María Pérez, en su libro Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la Costa Caribe (2010), recuerda que cuando las Farc llegaron a la región, buscaron a los líderes de la Anuc “porque sabían muy bien de nuestra trayectoria, a pesar de que nos habíamos negado a seguirlos. Sin embargo, para este momento ellos estaban tan asentados que por el simple hecho de no atenderlos nos amenazaban”.

Después de una serie de asesinatos contra sus integrantes, relata Pérez, “el poder de la guerrilla se consolidó, por lo que empezaron a copar el papel de los dirigentes (de la Anuc), aunque no lo hicieron bien. Los dirigentes siempre fueron personas con mucha claridad, mientras que ellos empezaron a ejercer sus directrices a partir del miedo y la fragmentación de las comunicaciones, pues había veredas a las que no se podía entrar sin su permiso”.

José Teherán*, un activista de Zambrano, tiene su propia explicación sobre el tema: “a los líderes los mataron porque las Farc vieron que esos liderazgos se estaban fortaleciendo en Montes de María, entrelazando las regiones y sus comunidades, sin ningún tipo de influencia armada. Ante ello, la guerrilla estaba perdiendo terreno y decidió actuar en contra para que las comunidades cogieran miedo y no siguieran apostándole al cambio que estábamos impulsando”.

Otro de los asuntos sobre los cuales reclaman verdad en Montes de María es el reclutamiento forzado de jóvenes. Documentos judiciales indican que una vez en la región, las Farc “comenzaron a reclutar jóvenes, buscaban que hombres y mujeres mayores de 15 años ingresaran a sus filas. Asimismo, que ofrecieron incentivos a los jóvenes para lograr lo anterior. Esta situación generó un miedo generalizado a todas las familias, que arrojó como resultado su posterior desplazamiento”.

“¿Por qué actuaron de esa manera en contra de la población civil si, supuestamente, estaban luchando por reivindicaciones del pueblo?”, se pregunta Antonio López*, un poblador de Morroa, a quien las Farc le asesinaron un hijo de 18 años a comienzos de la década del noventa que se resistió al reclutamiento. “Ellos tienen que aclaran por qué hicieron eso, no actuaron en beneficio de la gente, sino en su contra”.

Oñate, el líder de Ovejas, también insiste en el tema: “que las Farc nos digan la verdad también sobre muchas muertes que no se han aclarado. Y por qué, sobre todo por qué asesinaron a mucha gente buena que le prestaba un servicio a la comunidad. Que nos digan por qué tanta persecución en contra de nuestras comunidades, qué buscaban con eso”.

Empobrecieron la región
Cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi indican que la región de Montes de María abarca cerca de 600 mil hectáreas de tierra rural, de las cuales el 19,5 por ciento tiene aptitud para uso agrícola (117 mil hectáreas); 29,7 por ciento tiene potencial agroforestal (172 mil hectáreas); 46 por ciento vocación forestal; y el restante 5,6 por ciento se estima para la conservación de la vida silvestre y paisaje.

En términos concretos, toda esa tierra significaba para sus pobladores trabajo y calidad de vida. Juan Bula*, un joven líder de El Carmen de Bolívar, quien ha estudiado por varios años la región, asegura que en Montes de María se producía arroz, tabaco, algodón, yuca y maíz, y, además, era una zona ganadera muy productiva. “Éramos muy ricos en producción agrícola y ganadera”, afirma. “Anteriormente se gozaba de los beneficios de la tierra”.

La confrontación armada que se dio después de la llegada de las Farc y la irrupción en la región de distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) comenzó a socavar la economía campesina que tuvo que abandonar los predios para salvar sus vidas. Informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) estiman que entre 1998 y 2008 se desplazaron 15.951 personas anualmente en la región. (Para mayor ilustración ver Especial Un pulso a las verdades en los Montes de María)

Los líderes consultados tienen claro que si las guerrillas no hubiesen aparecido en la región, particularmente las Farc, los grupos paramilitares no habrían llegado a Montes de María y su vida no se hubiera alterado de esa manera. “Si la guerrilla no hubiera entrado a nuestro territorio tendríamos mejor calidad de vida, trabajo, ganancias”, apunta uno de ellos, quien llama la atención sobre los nuevos desarrollos agroindustriales en la región, centrados en la siembra extensiva de palma y madera, que surgieron luego de los grandes desplazamientos campesinos. “Si las Farc no hubiese actuado como actuaron, esas empresas no aparecen por aquí”, apunta.

Armado González*, un vocero de las comunidades de San Jacinto, llama la atención sobre el declive de la producción de artesanías, sector productivo que se afectó por la presencia de las Farc a mediados de la década del noventa. “Allá llegaba mucho turismo internacional, gente de todas partes del mundo y como se creó una zona roja por ellos (la guerrilla), la gente dejó de ir. En San Jacinto la artesanía movía la economía, había más de 5 mil mujeres trabajando, pero todo eso se afectó”.

Lo que quieren estos líderes es que las Farc se responsabilicen de las afectaciones económicas que causaron en Montes de María. “Es que no entendemos por qué perjudicaron a todo un pueblo, los pechos nutricios del Caribe. Éramos una región productiva, pero hoy estamos empobrecidos, y ellos son los responsables”, señala González.

Esta visión es complementada por el líder juvenil de Carmen de Bolívar: “¿por qué se ensañaron con el pueblo, con la gente, cuando supuestamente ellos (los guerrilleros) lo que hacían era proteger y garantizar una vida tranquila de las personas del abuso de otros grupos? Las Farc se dedicaron a torturar al pueblo, a menospreciarlo, y más que todo a minimizarle la economía a los campesinos. ¿Por qué hicieron que esa despensa desapareciera si ese era nuestro sustento?”.

De acuerdo con las apreciaciones de estos líderes, las Farc comenzaron a desaparecer de los Montes de María en el 2008, con la muerte de uno de los hombres que más azotó esta región, Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, quien murió en enfrentamiento con el Ejército el 24 de octubre de 2007 en el Carmen de Bolívar. Tras de sí dejó un rastro de crueldad sobre el que sus víctimas reclaman hoy muchas verdades y, sobre todo, reconocimiento de los daños ocasionados.

(*) Los nombres fueron modificados a solicitud de las fuentes y por razones de seguridad

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No solo echando bala en el monte libraron las Farc su guerra contra el Estado colombiano. En algunos pueblos de Antioquia, los guerrilleros combinaron hábilmente el fusil con los micrófonos de la radio para difundir a través de las ondas hertzianas su propaganda ideológica y con ello, ganar adeptos a su causa.

Así lo reveló la Fiscalía 44 de Justicia y Paz, encargada de documentar los crímenes del Bloque José María Córdova de las Farc, que integró en su momento los frentes 5, 9, 47 y la columna móvil Aurelio Rodríguez, durante la audiencia que se le adelantó recientemente a Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, junto a otros 15 guerrilleros desmovilizados ante la Sala de Justicia y Paz del Trinunal Superior de Medellín.

Como se recordará, alias ‘Karina’ desertó de esta guerrilla en mayo de 2008 junto con su compañero Abelardo Montes Suárez, alias ‘Michín’ y desde entonces ha venido colaborando con las autoridades judiciales para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Justamente durante el desarrollo de la diligencia judicial, la Fiscalía 44 señaló que por medio de la frecuencia 105.9 F.M, emisora Radio Bolivariana, la guerrilla pretendió llegar a los transistores y las mentes de los campesinos del Urabá y el Oriente antioqueño y, en algunos casos, a barrios periféricos del nororiente de Medellín.

Con llamativos nombres como “Amanecer fariano”; “Noti-resistencia”; “Atardecer fariano”; “La Nueva Colombia”, los guerrilleros informaban a sus tropas y a quienes sintonizaran su frecuencia sobre el acontecer de la guerra, el desarrollo de las actividades de las Farc y todo lo que pasara en los territorios de su injerencia; claro está, desde su perspectiva ideológica. Las transmisiones iban desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 a.m., continuaban de 1 de la tarde a 2:00 p.m.; y retomaban desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche.

El clandestino medio de comunicación también era utilizado para difundir los comunicados y pronunciamientos emanados del Secretariado, las ideas de su Movimiento Bolivariano, así como los documentos históricos de esta  guerrilla, que este año cumplirá 50 años de haberse alzado contra el Estado, si no resuelve firmar la paz antes.

La parrilla de programación también incluía emisiones especiales en las fechas importantes para las Farc, como son el 28 de mayo, día en que nació oficialmente este grupo guerrillero; el 8 de octubre, señalado como el “día del guerrillero heroico;  el 8 de marzo, día de la mujer y el 1 de mayo, día del trabajo; el 10 de agosto, día en que falleció su comandante Jacobo Arenas; el 9 de diciembre, día del ataque ordenado por el entonces presidente César Gaviria al histórico campamento de las Farc llamado “Casa Verde” y el 17 de diciembre,  aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar.

Y así como las filas insurgentes que peleaban la guerra contaban con un código de disciplina y una férrea división del trabajo, la emisora del Bloque José María Córdova, que operó en dos momentos y en diferentes puntos de la geografía, también tenía su régimen interno, que incluía responsables de la parte técnica, entre ellos quienes manejaban la planta eléctrica, las consolas de sonido y el equipo de transmisión; y los locutores y programadores.

“La primera emisora funcionó entre los años 1997 y 1998, en un páramo ubicado en la Cordillera Occidental, en un punto limítrofe de los municipios de Santa Fe de Antioquia y Urrao. Esta emisora estuvo bajo la supervisión del Frente5 de las Farc. De hecho, en el lugar donde funcionaba la emisora hubo un bombardeo del Ejército”, señaló el jefe del despacho 44 de Justicia y Paz, quien añadió: “hubo otra emisora ubicada entre los municipios de Nariño (Antioquia) y Aguadas (Caldas), que funcionó para el año 2005 y estuvo bajo la tutela del Frente 47”.

Una particularidad que compartieron ambas emisoras radiales es que estuvieron bajo la dirección de Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, quien alcanzó un alto grado de protagonismo durante su pertenencia a los Frentes 5 y 47 de las Farc.

Guerra mediática 
Esta es la primera vez que en desarrollo de una audiencia judicial se aborda el tema de los medios de comunicación al servicio de las Farc, lo que deja entrever que esta guerrilla también libra una dura guerra desde el plano ideológico y para ello ha recurrido al uso de páginas web, emisoras, boletines informativos y más recientemente las redes sociales.

Uno de los medios informativos señalados por el gobierno colombiano de ser abiertamente colaborador de las Farc es la Agencia de Noticias Nueva Colombia ‘Anncol’, portal de internet creado en 1996 por ciudadanos europeos y latinoamericanos y cuya sede se encuentra en la cuidad de Estocolmo, Suecia. Los responsables de éste medio han dicho en diversas ocasiones que no solo cómplices de las Farc, sino que son libres de divulgar la información que quieran, incluida la que producen estas guerrillas.

No obstante, el gobierno anunció en abril de 2011, que con la colaboración de las autoridades venezolanas, fue capturado en el aeropuerto internacional de Caracas  a Joaquín Pérez Becerra, un integrante de la Comisión Internacional de las Farc, cuya tarea era precisamente era el manejo informativo del portal Anncol. Su captura se dio en momentos en que se disponía a entrar al vecino país en un vuelo procedente de Frankfurt, Alemania. El juicio revelará si en realidad Anncol hace parte integral de la estrategia comunicativa de las Farc.

Las autoridades han señalado a otras páginas de Internet de difundir el pensamiento fariano como www.farc-ep.co y www.anncolprov.blogspot.com. Han sostenido que la Agencia Bolivariana de Prensa, www.abpnoticias.com, también difunde la información producida por esta guerrilla.

A esta también se suma la supuesta cuenta en Twitter @FARC_COLOMBIA,  que se autodenomina como la “cuenta oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, que cuenta con 27 mil seguidores y cuyo último trino fue el 23 de agosto de 2013. Su autenticidad no ha sido ni desmentida ni confirmada por nadie de esta guerrilla o de las autoridades militares.

Otro que figura con cuenta en esta red social es ‘Iván Márquez’, actual integrante del equipo negociador de esta guerrilla en los diálogos de paz que adelanta con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba. Con cerca de 8.000 seguidores, alias ‘Iván Márquez’ trina sobre los planteamientos de las Farc frente al proceso de negociación.

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