Detrás de los últimos incendios presentados a mediados de febrero en la Sierra de la Macarena, en Meta, y la deforestación acelerada de la selva amazónica, están los intereses económicos y de propiedad de la tierra. Los labriegos no son escuchados por el gobierno nacional y por tercera vez lo cita a una mesa de concertación.

El 5 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos” tras resolver una acción de tutela interpuesta por niños, niñas y jóvenes de la Amazonía acompañados por la organización Dejusticia, con el fin de exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada y sus efectos en el calentamiento global.

Justo un año después, el presidente de la República, Iván Duque (2018-2022), lanzó la campaña Artemisa contra la deforestación, planteando objetivos como “recuperar nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques, y judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora”.

Pero poco ha servido esa iniciativa gubernamental. La deforestación en la Amazonía se agudizó por el alto impacto de incendios y la continuidad de la tala ilegal de árboles. La última situación alarmante se presentó el pasado 21 de febrero cuando alrededor de 400 hectáreas de bosque se quemaron en la Sierra La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, incendios que duraron por lo menos una semana.

A la par, el gobierno nacional realizó la tercera operación Artemisa, capturando a 26 campesinos como los únicos responsables de los incendios. La situación desató una crisis humanitaria en la Sierra de La Macarena, pues son miles los campesinos que viven dentro del Tinigua desde hace décadas, quienes llegaron a la región por causas del desplazamiento forzado o por necesidad económica.

En ese territorio se han dado procesos de colonización desde hace décadas, lo que ha llevado a que el Estado cree figuras de protección y conservación de la selva; el problema es que lo hizo después de que las familias llegaran a esta zona y sin ningún tipo de concertación y desoyendo sus propuestas de conservación.

En La Macarena convergen biomas estratégicos: el amazónico, orinocense y andino, lo que le da un alto valor ecológico, diversidad de ecosistemas y especies endémicas. Por eso, en 1989, fue creada la figura de Área de manejo especial de la Macarena (AMEM), para la protección de casi 4 millones de hectáreas que conforman cuatro parques naturales nacionales: Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz.

Deforestación acelerada

Desde que salió la extinta guerrilla de las Farc de Meta, en su camino a la vida legal tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Estado colombiano, varias organizaciones y líderes sociales venían alertando sobre problemas de deforestación, quema indiscriminada de selva y el inicio de la explotación de hidrocarburos. Aún así, a la fecha se siguen perdiendo bosques nativos en la Amazonía. (Leer más en: La selva, víctima inesperada del posconflicto en La Macarena)

El último informe de alerta temprana de deforestación, realizado por el Ideam en el tercer trimestre de 2019, reporta que en Caquetá hay un rango de deforestación de 1.263 hectáreas a 1.561 hectáreas; en Meta, entre 981 y 1.181 hectáreas deforestadas; y en Guaviare, entre 282 y 453 hectáreas.

“La deforestación en La Macarena se da por un factor que es la especulación de la tierra, por personas que poseen grandes capitales. Hay terratenientes que viven en otras ciudades y que por una cantidad de dinero pueden hacerse a una finca”, afirma Óscar Hernández, miembro del equipo técnico de la agenda ambiental de Guaviare, Caquetá y Meta de Ecoamem (agencia de viajes y operador de ecoturismo comunitario).

A su juicio, “la deforestación no sólo requiere capital, sino mano de obra que la están consiguiendo con los campesinos pobres, los cuales antes sembraban coca, sustituyeron los cultivos de coca, pero hoy en día no se les ha cumplido y no tienen trabajo, entonces están tumbando selva por un salario muy mínimo”.

Ese salario consiste en pagar entre 30 y 50 mil pesos diarios por tala y quema de bosques, algunos logran hacer el trabajo de hasta tres hectáreas por ese precio. Los mismos campesinos insisten en que ellos no son los grandes destructores de la selva; por el contrario, la protegen y para sembrar sus cultivos talan máximo 2 hectáreas por año.

El campesino se convierte en mano de obra local y “la justifica diciendo que es la única fuente de trabajo y que Don Pepito está pagando a tanto y le piden trabajo. Es una cuestión de necesidad, no de convicción, el campesino no odia la selva y si puede la conserva”, cuenta Hernández.

Y agrega: “Esta es una zona muy ganadera, en esa área hay más de 250 mil cabezas de ganado, es una vocación de la región, pero la gente tiene ganado porque es la única actividad lícita rentable que hay en el territorio. La agricultura no es rentable porque hay territorios muy alejados, sin infraestructura y cultivar verduras y frutas no es una opción para la gente, el ganado es el único producto que sale caminando de la región, es uno de los dichos de la gente”.

Aún así, el campesino tampoco es el gran ganadero en la Amazonía. Debido a sus condiciones económicas, puede tener hasta 50 cabezas de ganado, pero los grandes inversionistas superan las mil. “Las ganadería en esa región tiene una situación muy particular y es que la ganadería dentro de los parques, al ser una ganadería informal, es una forma de evadir impuestos, incluso vale más el inventario ganadero que la misma tierra”, agrega el integrante de Ecoamem.

En cuanto a los incendios, aún no se ha aclarado de dónde provienen, y los campesinos denuncian que el último, en la Sierra de la Macarena, fue hecho en un lugar muy alejado de donde ellos viven, o el de Caño Cristales, también en febrero, se dio a unos pocos metros de una base militar. “Todo eso se dio en el marco del proceso de movilización de los campesinos, entonces uno no sabe qué pensar”, agrega Hernández.

Frente a este contexto, los cabildos indígenas están preocupados porque se siguen imponiendo normas y leyes en la Amazonía sin que ellos sean consultados. Luz Mery Panche, indígena del pueblo Nasa y delegada de Asociación de cabildos indígenas de San Vicente del Caguán para acompañar a los campesinos en esta crisis, le explicó a este portal la situación.

“Sabemos que el gobierno ha venido proponiendo el plan de 10 años para frenar la deforestación. De las 44 millones de hectáreas que tiene la Amazonía en Colombia, los 56 pueblos indígenas que habitamos el territorios somos dueños de 27 millones de hectáreas y no hemos sido convocados para la construcción de estos planes, ni siquiera para la actualización de planes de ordenamiento territorial”.

Campesinos detenidos

La Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denunció por redes sociales que desde el 18 de febrero se dio “un inusual incremento de tropas del Ejército en las carreteras que comunican San Vicente del Caguán con la inspección de San Juan de Losada y las veredas El Rubí, Puerto Losada, entre otras”.

El 20 de febrero, a las 6 y 20 de la mañana se presentaron combates entre grupos armados y Fuerza Pública dentro del caserío de la vereda El Rubí, dejando dos militares muertos y varios más heridos. Luego de los enfrentamientos, la Fiscalía y el Ejército detuvieron a 26 campesinos argumentando invasión a áreas de especial importancia ecológica en parques Tinigua y Picachos.

Dos días después, la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G) reunió a 300 campesinos en la vereda El Tapir para verificar los hechos de violencia ocurridos en El Rubí. Mientras se realizaba la reunión, helicópteros del Ejército sobrevolaron y atacaron con gases lacrimógenos y disparos al caserío.

Para el 25 de febrero, ya eran 3.500 campesinos reunidos en El Tapir y denunciaban sobrevuelos de aviones bombarderos. Al día siguiente crearon una comisión humanitaria y exigieron la instalación de una mesa, convocada para el 2 de marzo en San Juan de Losada con la presencia de representantes de entidades gubernamentales, para superar la crisis.

“Lo que hemos venido conociendo es la sentencia 4360 que dio origen inicialmente a todo el tema de la represión por parte de la Fuerza Pública y Fiscalía, que llamó en un momento Burbuja Ambiental y luego se convirtió en el Plan Artemisa que es con el cual se pretende llegar a las medidas policivas para frenar la deforestación. No conocemos otras”, afirma la indígena Luz Mery Panche.

Dentro de los 26 capturados, doce eran mujeres y ocho hombres, además de seis menores de edad. Tres tenían orden de captura y el resto los dejaron en libertad, pero el proceso en su contra sigue abierto.

“Les hicieron firmar un documento donde se comprometen a no regresar a sus parcelas que estaban al interior de parques. Eso nos parece bastante absurdo, es una violación del derecho, fue un operativo de un momento a otro, negándoles todos los derechos y finalmente asustando a la gente con la cárcel para que firmaran ese documento, que para nosotros no tienen ninguna validez”, asegura Panche.

Si bien se difundió que el principal culpable de los incendios forestales fueron disidencias de las Farc, las comunidades de las zonas afectadas aseguran que no es del todo cierto, porque dentro de la Amazonía hay intereses económicos sobre la tierra y sus recursos naturales. La palma africana es uno de los monocultivos que quieren introducir en la selva amazónica.

“El tema del conflicto armado en estos territorios no ha terminado, sabemos que hay presencia de varios grupos armados legales e ilegales, pero lo que sí es cierto, es que la operación Artemisa está llegando a quemar las casas de los campesinos, sacándolos, decomisándoles sus propiedades. Ha habido denuncias que ponen con nombre propio, pero nadie ha seguido investigaciones, nadie ha hecho nada”, afirma la líder indígena.

Agrega que a los gobiernos no les interesa la conservación ambiental: “Si le interesara, no permitiría la entrada de petroleras, minería o represas a la Amazonía. Hay nueve proyectos de hidroeléctricas, 40 títulos mineros, 44 bloques petroleros que estos sí va a generar un daño ambiental grandísimo, lo que hay detrás de todo esto es que el gobierno quiere sacar a los campesinos, expropiar los territorios para entregárselo a las multinacionales que ya están aquí”.

Falta implementar Acuerdo de Paz

La Amazonía quedó como una subregión priorizada en el Acuerdo de Paz, enfocándose en la atención inmediata de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (16 municipios de Caquetá y 1 del Huila); Macarena-Guaviare (4 municipios del Guaviare y 8 del Meta); y Putumayo (9 municipios).

En estos municipios, donde se vivió la crudeza del conflicto armado y donde los campesinos cultivaban hoja de coca para uso ilícito, la mayoría de quienes se dedicaban a esta actividad ilegal se acogió al Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pero hoy muchas organizaciones temen a que vuelvan a sembrar por los incumplimientos del gobierno nacional.

“Las comunidades que sembraban coca están en situación de pobreza muy complicadas y eso puede llegar a resiembra y a avanzar en temas de deforestación para intentar ganarse la vida por ahí”, afirma Hernández.

Al respecto, Panche asevera que “el PNIS es un proceso bastante complicado aquí: la mayor parte de familias que firmaron esos acuerdos para la sustitución de la coca, no han recibido los pagos que el gobierno prometió, lo de asistencia técnica para proyectos productivos no ha llegado. Ha sido una situación muy lamentable y en este momento ha generado consecuencias tan graves como la desnutrición de los niños, ha generado la deserción escolar, incluso tenemos entre Guaviare, Caquetá y Putumayo, escuelas que se han cerrado porque hay niños que tuvieron que migrar con sus padres para otros lados o porque no tienen la capacidad adquisitiva para pagar los estudios en esta región”.

Por otro lado, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también incluidos en el Acuerdo de Paz, tampoco se han concretado; además, advierte la vocera indígena, no se articularon con el PNIS: “Llegamos hasta la elaboración del PDET que solo terminó en una lista de iniciativas, no se hizo la planeación estratégica que se debía hacer. Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) quedaron en iniciativas y se supone que tienen que ser priorizadas por las comunidades”.

Y para el caso de los pueblos étnicos, la situación es más compleja, porque “una de las excusas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) es que todavía no se ha construido el protocolo de mecanismo especial de consulta previa, por tal razón no se ha hecho ninguna inversión en territorios étnicos, en comunidades afro y de pueblos indígenas”, agrega la delegada del pueblo Nasa.

Gobierno no escucha a campesinos

En 2016, Parques Nacionales Naturales (PNN) abandonó la Mesa Nacional de Concertación con organizaciones y campesinos, instalada en el 2014. En mayo de 2019 tampoco asistieron a la convocatoria acordada en Vista Hermosa, Meta. El 29 y 30 de enero de este año no se instaló la mesa de concertación acordada en Villavicencio el 18 de diciembre de 2019.

“La relación con PNN es malísima históricamente con los campesinos, porque precisamente la entidad cumple una labor policiaca, y eso ha traído graves consecuencias en la región. Aquí nunca han entrado a terreno, no es esa lógica ideal, donde hay una unidad de parques, que los recorre, que es un cuerpo masivo de gente cuidando el parque. Por ejemplo, el parque Sierra de La Macarena que tiene 500 mil hectáreas, tiene menos de cinco funcionarios, divididos en varias zonas”, asegura Hernández.

El 2 marzo pasado, el gobierno nacional tampoco cumplió la cita acordada para la mesa de concertación en el municipio de San Juan de Losada. Los campesinos continuaban llegando y ya sumaban 5 mil. Para esa mesa tenían la propuesta de una agenda ambiental de trece puntos para mejorar la calidad de vida y superar la crisis.

Prepararon una nueva reunión para el 9 de marzo, esta vez citando a la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales, que atendieron al llamado, para que fueran mediadores e insistentes con las instituciones estatales para llegar a acuerdos. Esperaron todo el día en San Juan de Losada y pasadas las 8 de la noche, llegó el Gobernador de Meta y se comprometió a gestionar una instancia de alto nivel para resolver los conflictos socioambientales en áreas de parques.

“Sin embargo, de manera unilateral, las estructuras del gobierno tomaron la decisión en un consejo de seguridad que se hizo hace algunos días, de que la reunión se tenía que hacer en La Macarena. Hicieron la invitación a juntas de acción comunal de Concordia y otros municipios del Meta, pero no invitaron a las organizaciones sociales de territorio, que son las regiones afectadas”, afirma Panche.

A La Macarena tampoco llegaron las instituciones. La Guardia Campesina salió a la vía Los Pozos y estará ahí hasta el 16 de marzo, que es el tercer llamado que hacen las comunidades para concertar con el gobierno nacional y que por fin se pueda instalar la mesa. Los campesinos concentrados en San Juan de Losada y que ya suman siete mil, según cifra de Anzorc, publicaron un comunicado cuestionado la actitud de diversas entidades estatales.

“A través de este comunicado, responsabilizamos al Gobierno de Iván Duque, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por las consecuencias que pueda traer para el territorio y sus habitantes este nuevo desplante contra las comunidades que han mantenido su voluntad para solucionar mediante el diálogo esta grave situación. Nosotros hemos cumplido, hemos dado muestras de buena voluntad y hemos presentado propuestas serias que el gobierno ha despreciado con arrogancia”, reza el documento.

Panche cree que es necesario que campesinos y comunidades étnicas se junten para tener más claridad de la problemática y entre todos puedan encontrar soluciones: “Ni campesinos, ni indígenas, ni afros vamos a dejar que nos quiten las tierras o que nos saquen de la Amazonía, porque no sabemos a dónde ir, porque este es el último lugar al que hemos llegado y aquí nos tendremos que pensar una propuesta de gobernabilidad en la Amazonía, conservándola, porque de aquí depende la vida de la humanidad”.

Propuesta de agenda ambiental

1. Gobernanza ambiental para la paz.
2. Campesinos con parques.
3. Planes participativos de manejo ambiental.
4. Auditoría de control.
5. Tratamiento especial sobre las actividades productivas existentes.
6. Fortalecimiento de mecanismos y estructuras para la gobernanza local.
7. Sustitución de cultivos de uso ilícito.
8. Diagnóstico y caracterización participativa.
9. Zonificación ambiental participativa.
10. Formalización de la infraestructura existente.
11. Regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra.
12. Pago e incentivos para la preservación y restauración en áreas de especial interés.
13. Alternativas productivas para el buen vivir.

* Foto de apertura: PNN Cordillera de los Picachos, por Verónica Luna.

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El mes de enero volvió a recordarle a los indígenas del norte de Cauca los tiempos en los que el conflicto armado era parte de su vida cotidiana. Foto: archivo Semana.El primer mes de este año trajo consigo vientos de zozobra para los nativos de la etnia Nasa. Atrás quedaron los días de tranquilidad que produjeron los ceses al fuego acordados con las Farc durante los diálogos de paz en Cuba y su consecuente proceso de dejación de armas. Su preocupación quedó plasmada en dos alertas emitidas entre el 19 y el 25 de enero por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que reseñan la grave situación que en enfrentan las comunidades y las violaciones de derechos humanos cometidas por diferentes actores armados.

“En la región se ha venido consolidando militarmente la disidencia de las FARC que se suma al Frente Primero, con combatientes y milicianos que pertenecieron a las estructuras del Sexto Frente y las columnas móviles Daniel Aldana y Jacobo Arenas. Por otro lado, el ELN consolida su presencia en las zonas rurales del norte del Cauca a través de distintas estructuras; así como el EPL y las Guerrillas Unidas del Pacífico. Lo mismo ha sucedido con los grupos paramilitares (Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Rastrojos, Águilas Negras, Oficina de Envigado)”, detalla la Acin sobre su área de influencia, que abarca a 20 cabildos en ocho municipios.

En ambos documentos, esta organización resalta un nombre propio: Cerro Tijeras, el cabildo ubicado en las montañas del municipio de Suárez, que une la región del Naya y el Pacífico, áreas apetecidas por estructuras criminales inmersas en el narcotráfico. Ese sitio cobró relevancia nacional el pasado 7 de diciembre luego de que un enfrentamiento entre grupos armados ilegales dejara un saldo de seis personas muertas. Y aunque entre las víctimas no figura ninguna de la comunidad, sí produjo afectaciones en la población civil.

Así registró ese incidente la Defensoría del Pueblo: “El 7 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 10:00 a.m., se presentaron enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el corregimiento Los Robles, veredas Robles, Unión Olivares, Agua Bonita, La Cabaña y La Fonda. En el hecho resultaron seis personas muertas, cinco hombres y una mujer que la comunidad no reconoce como oriundas de la región. Tras los hechos, siete viviendas de la comunidad resultaron afectadas y el 8 de diciembre de 2017 se desplazaron forzada y masivamente 941 personas de las veredas Agua Bonita, La Cabaña, Unión Olivares y Los Robles”.

Además de esa masacre, que tiene atemorizados a los nativos y que les despertó los miedos con los que vivieron durante años hasta 2013, cuando el conflicto armado desescaló hasta niveles históricos por los avances del proceso de paz, en ese cabildo han ocurrido muchas más afectaciones, como lo advirtió pasado 2 de enero el Sistema de Alertas Tempanas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en su más reciente informe de inminencia de riesgo.

El pasado mes circularon amenazas contra los Nasa y sus líderes a nombre de todos los grupos armados que se atribuyen presencia en el norte de Cauca.El documento, remitido al Ministro del Interior, señala que “debido a la grave situación de riesgo que enfrentan aproximadamente 3.000 habitantes de la cabecera municipal y 7.165 de los corregimientos Asnazú, Agua Clara, Betulia y Los Robles debido a la disputa que libran grupos armado ilegales presentes en el territorio y que se autodenominan ‘Disidencias de las FARC-EP’, el ‘EPL’, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC’. Esta situación ha implicado para los pobladores amenazas (incluidas extorsiones), regulación de la vida social, homicidios selectivos, enfrentamientos con interposición de la población civil, reclutamientos forzados y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamientos forzados masivos e individuales y confinamientos”.

Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, que documenta las agresiones a los derechos humanos y también emite informes de riesgo sobre la situación de los cabildos, asevera la región está padeciendo una reconfiguración de los grupos armados en el territorio y prevé que 2018 será un año en el que las disidencias tratarán de consolidarse en las zonas que anteriormente dominaron las Farc, convertidas hoy en movimiento político.

Y lo que es peor, señala que las autoridades de los cabildos han recibido amenazas porque se oponen a la presencia de todos los actores armados: “Hay grupos que están intentando hablar con los cabildos y establecer algún tipo de relación. Ha sucedido en Huellas, Toribío y Cerro Tijeras. Los gobernadores han sido enfáticos en rechazar la presencia de los actores en los territorios a pedido de la comunidad. Eso ha tenido complicaciones porque los actores armados piensan que cuando uno no quiere hablar con alguno es porque está con su rival, pero no es así, simplemente no pueden estar en los territorios porque es la determinación de las comunidades”.

Como ejemplo de esa situación, pone de presente que el 11 de enero fue retenido el gobernador de Huellas, del municipio de Caloto, por un grupo de hombres armados que exigía una reunión con el cabildo, la cual fue rechazada, y el intercambio de palabras no pasó a mayores. Sin embargo, los nativos quedaron con el temor de sufrir retaliaciones.

El temor más grande se siente en Suárez. Allí las amenazas tienen ‘rostro’ y destinatarios puntuales. El pasado 23 de enero, en la vereda Olivares, aparecieron grafitis de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (Agc) amenazando al cabildo de Cerro Tijeras. En las paredes dejaron mensajes intimidantes contra el gobernador, un miembro del equipo de derechos humanos del cabildo y los presidentes de las juntas de Acción Comunal de las veredas Olivares y Altamira. A ese hecho se suma que ocho días atrás, en un panfleto de las Agc que circuló en Valle del Cauca, también se refirieron a ese cabildo y otros del norte de Cauca.

¿’Gaitanistas’ y Epl en Cauca?

Grafiitis pintados el 23 de enero en el territorio de Cerro Tijeras contra los líderes del cabildo y demás dirigentes comunitarios.En diálogo con VerdadAbierta.com, el comandante (e) de la Policía de Cauca, coronel Nelson Díaz, descartó de tajo la presencia de integrantes de las Agc o del ‘Clan del Golfo’, nombre con el que gobierno nacional bautizó a ese grupo armado que surgió a mediados de 2006 tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, e indicó que los panfletos y las amenazas que circulan en el departamento alusivos a los ‘gaitanistas’ son apócrifos.

No obstante, sí reconoció que en Suárez y municipios aledaños hay Grupos Armados Organizados (GAO) residuales, conformados por exintegrantes de las Farc que no se acogieron al proceso de paz firmado con el gobierno nacional en noviembre de 2016, que se estarían enfrentando entre sí o con un grupo que se denomina como Epl, disidencia establecida en el Catatumbo (Norte de Santander), tras la desmovilización del grueso de esa organización en 1991.

“El tema de confrontación ha sido precisamente porque un grupo de Epl o ‘Los Pelusos’ (nombre que le asignó el Ministerio de Defensa a ese grupo cuando creó la categoría de los GAO) ha tratado de ingresar y ha habido enfrentamientos entre estos GAO buscando el dominio sobre ese sector que conduce al Cañón del Micay para llegar al Pacífico”, explica el oficial. (Ver más: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)

Y al ser preguntado sobre si efectivamente existe una división del Epl en Cauca, el oficial responde que “a ciencia cierta no se sabe si vienen directamente de Norte de Santander, o si (exmiembros de las Farc) toman la franquicia o se hacen conocer como ese grupo, o si son los mismos GAO residuales que se enfrentan entre ellos por el control de esas rutas del narcotráfico”.

El coronel Díaz destaca que “el Ejército Nacional viene realizando actividades de control, con el Plan Horus, focalizadas en algunas veredas de Suárez, Morales y El Tambo, para poder tener un control sobre esa zona y hacer patrullajes de reconocimiento. Son zonas de vereda que están muy alejadas del casco urbano y la presencia por parte de la Policía en temas de cobertura y capacidad de hombres que tenemos no es suficiente; sin embargo, el Ejército tiene unidades en la zona desarrollando la actividad operacional”.

Para Eduardo Álvarez, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que desde hace más de un año ha realizado trabajo de campo en el norte de Cauca con motivo de la implementación del Acuerdo de Final, existen dos lecturas sobre la posible presencia del Epl.

Material del Epl incautado por la Guardia Indígena. Una parte fue destruida y la otra será armonizada en la asamblea que realizará la comunidad el 9 de febrero.“La primera es que es que excombatientes de las Farc que había en la zona están usando brazaletes del Epl, para distraer con esa ‘marca’; y la otra es que gente del Sexto Frente viajó a la región del Catatumbo, aprovechando las intenciones del Epl de generar focos guerrilleros en diferentes regiones del país”, explica Álvarez, quien agrega que “se sospecha que hay un envío con hombres y armas, que en efecto estarían formando un foco guerrillero. No está descartada ninguna hipótesis”.

Además, Tatiana Prada, investigadora de la FIP, señala que del enfrentamiento ocurrido el 7 de diciembre en Cerro Tijeras, se produjeron unas capturas, entre ellas la de una persona proveniente del municipio nortesantandereano de El Tarra. Además, según la comunidad, entre los muertos hay una persona oriunda de Norte de Santander y otra de Cartagena, con lo cual cobraría fuerza la teoría de la existencia de una avanzada del Epl en Cauca. Una situación similar se estaría presentando en el departamento de Cesar, en donde ese grupo nunca ha tenido presencia de ningún tipo. (Ver: En Cesar y Norte de Santander temen confrontación entre el Eln y el Epl)

No obstante, Álvarez advierte que la situación actual de Suárez no debe ser vista de manera aislada: “Las dinámicas del Pacífico están presionando escenarios de violencia hacia el interior. El surgimiento y la evolución de grupos armados después de la desmovilización de las Farc, sí o sí, tienen una relación con agentes nacionales y trasnacionales ubicados en el Pacífico para que el narcotráfico se siga moviendo. Hay que conectarlo con el Pacífico y no mirar al municipio o al norte del departamento de Cauca como una región aislada”.

Más allá de la procedencia de los brazaletes y de los fusiles, las comunidades indígenas están padeciendo un impacto humanitario que anhelaban no volver a sufrir, y ante el incumplimiento de la no repetición de la violencia que pactaron el gobierno nacional y las Farc, les piden a sus autoridades tradicionales que activen nuevamente sus sistemas de protección y asistencia en tiempos de guerra. (Ver más: La no repetición de la violencia se ve distante)

“Con la comunidad hemos hablado de la necesidad de reactivar el Plan Minga Resistencia que manejamos entre 2008 y 2013. Son estrategias para salvar la vida en momentos de emergencia, que contemplaba la instalación de sitios de Asamblea Permanente, que eran lugares de refugio a los que asistía la gente cuando había hostigamientos y desplazamientos internos; puntos de control territorial para vigilar qué pasaba en el territorio; acción articulada con organizaciones de derechos humanos para responder ante las emergencias y articulación con entidades estatales para atender la población. Todo eso estaba acompañado de pedagogía y atención psicosocial en los refugios”, explica Capaz.

Y concluye que “fue una guía de resistencia en las épocas álgidas del conflicto armado y las comunidades nos han pedido retomarla. Dejamos de usarla desde el cese al fuego, porque es un plan que buscaba responderle a todos esos temas de guerra. Sin embargo, la estamos retomando y se están analizando los sitios de Huellas, Santander de Quilichao y Cerro Tijeras”.

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La Defensoría del Pueblo advierte que las comunidades campesinas en varias veredas de Curumaní, Pelaya, Pailitas y Chimichagua están en riesgo, por la presencia de hombres armados del Frente Limoto del Ejército de Liberación Popular (Epl). Foto archivo Semana.Mientras la atención de buena parte del país se centra en los ataques de las Fuerzas Militares a campamentos de la guerrilla del Eln en el departamento de Chocó, que causó graves heridas a una insurgente indígena de 16 años, comunidades rurales de varios municipios de Cesar y Norte de Santander temen que la agudización de la confrontación armada por cuenta de la presencia de grupos guerrilleros llegue a sus territorios y genere una grave crisis humanitaria.

El miedo y la incertidumbre de las comunidades campesinas e indígenas fueron recogidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en dos alertas tempranas de inminencia que acaba de emitir y a través de las cuales solicitó proteger a esos pobladores, expuestos a las acciones de las disidencias del Epl y de la guerrilla de Eln, que está siendo cuestionada duramente por los ataques que, al parecer, perpetraron sus unidades urbanas en los departamentos del Atlántico y Bolívar, razón por la cual el gobierno nacional suspendió los diálogos de paz en Quito, Ecuador, y ordenó a las Fuerzas Militares atacar todos sus campamentos. (Lea: Conversaciones con el Eln: se agudiza la crisis)

Las alertas del SAT hacen referencia a varias veredas de los municipios de Pelaya, Pailitas, Chimichagua y Curumaní, en Cesar; así como de Teorama, Convención y El Carmen, en Norte de Santander, que incluye al pueblo indígena Barí. La primera se refiere a la presencia del antiguo Epl en una zona “no histórica”, como está ocurriendo en el centro del departamento del Cesar; mientras la segunda, a una posible ruptura del “pacto territorial” que estos grupos tenían en la zona fronteriza con Venezuela.

Ambas alertas están asociadas a dos regiones que los grupos armados se han disputado históricamente: los cuatro de Cesar tienen jurisdicción en la Serranía del Perijá; mientras los tres de Norte de Santander en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Los informes de la Defensoría documentan cómo estas zonas han sido un botín para los grupos ilegales en su puja por controlar los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, así como los demás eslabones de producción, comercialización y exportación del clorhidrato de cocaína, su principal fuente de financiación.

Los datos del Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), revelan precisamente que el número de hectáreas cultivadas en esta región aumentó osteniblemente durante los últimos ocho años. En la subregión del Catatumbo, que incorpora datos de Cesar y Norte de Santander, las hectáreas cultivadas pasaron de 2.886 en 2008 a 24.587 hectáreas en 2016 (Lea página 41 del informe). “La subregión de Catatumbo ha mostrado uno de los incrementos más fuertes del país”, afirma el estudio.

Para varios líderes y autoridades locales, a quienes se reserva su identidad por razones de seguridad, la preocupación está en que eventuales enfrentamientos entre el Epl y el Eln, así como la acción de la fuerza pública, los exponga a nuevos desplazamientos, a la estigmatización de sus comunidades, al reclutamiento de sus hijos y que, bajo el argumento de falta de condiciones de seguridad, el gobierno nacional no concrete allí las promesas del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las Farc, convertido en movimiento político sin armas.

¿Qué ha sucedido?

Estos pasacalles, cartillas y CD aparecieron en veredas y zonas urbanas del centro del Cesar entre el 15 y el 17 de diciembre de 2017. Fotos suministradas.En Cesar, el temor data desde septiembre del año pasado, cuando 20 hombres con insignias del Frente Libardo Mora Toro del Epl rondaron por Chimichagua. Pocos días después, cartillas con consignas del grupo armado ilegal aparecieron en las calles de Curumaní, y en diciembre, en plenas festividades, el grupo instaló pasacalles y repartió discos compactos en varias veredas de Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Curumaní, celebrando sus 50 años de fundación y anunciado un nuevo frente, el Eliseo Torres Villalba.

Para habitantes y autoridades locales, la presencia del Epl resulta ser una “sorpresa” cuando en el centro y sur de Cesar, según datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, ha hecho presencia el Eln con los frentes Camilo Torres y José Manuel Martínez Quiroz y hasta hace menos de un año, las Farc, con los frentes 33 y 41. Por su parte, las disidencias del Epl, conformada por varios miembros que desertaron días antes de la desmovilización de esa guerrilla en 1991, habían tenido presencia principalmente en Norte de Santander.

Aunque la Fuerza Pública ha anunciado la reducción de esas disidencias tras la muerte, en 2015, de Víctor Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, durante un bombardeo aéreo, y la captura en 2016 de Guillermo León Aguirre, alias ‘David León’, la alerta de inminencia advierte que el Epl aprovechó los contextos de las negociaciones de paz con las Farc y el cese al fuego bilateral y temporal el Eln para expandirse territorialmente.

“La presencia de este grupo armado ilegal en la región podría obedecer al interés que tiene el Epl de garantizar un ‘entorno seguro’ para los territorios donde confluyen los corredores de movilidad que unen al sur de Bolívar y el Magdalena Medio con el Catatumbo y con el centro del Cesar, y de esta manera posibilitar el flujo sin muchos contratiempos de los insumos y productos de las economías de guerra asociadas al narcotráfico”, señala el SAT.

En Norte de Santander, campesinos e indígenas ya advertían esta disputa del Eln y el Epl. Desde noviembre del año pasado, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí informó sobre la irrupción de estos grupos ilegales en territorio ancestral de la comunidad Saphadana, en el municipio de Convención.  En menos de un mes, el Ejército desplegó operativos en Convención y en Teorama tras reportes de “represalias” entre miembros de los frentes Juan Fernando Porras, Camilo Torres Restrepo y Carlos Armado Cacua, del Eln, y el Frente Fronteras, del Epl.

Hace apenas 10 días, los indígenas Barí reportaron el ataque contra dos de sus miembros que viven en la comunidad Bokshi, en Venezuela, y que se movilizaban en una canoa por el Río de Oro, muy cerca de la vereda Caño Azul, en Convención. “La población civil se encuentra gravemente expuesta”, reitera la Defensoría.

Las comunidades no sólo expresan preocupación por la “disputa” desatada entre ambos grupos ilegales, sino además por la activación de cuatro nuevos batallones de Operaciones Terrestres, un batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y un comando Operativo Energético para el Catatumbo. Su temor radica en quedar otra vez en medio del “fuego cruzado”, como ha ocurrido durante las últimas tres décadas en esta zona.

Por tales razones, el SAT de la Defensoría les recomendó a las gobernaciones de Cesar y Norte de Santander, a las alcadías de los municipios afectados, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Unidad Nacional de Víctimas y a la Fuerza Pública realizar acciones que garanticen la protección de campesinos e indígenas en dos regiones donde la paz sigue en entredicho.

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La masacre de siete personas ocurrida el pasado lunes en la vereda La Estrella, de Yarumal, evidencia la grave alteración del orden público que vive no sólo en este municipio, sino toda una región que hasta hace poco estuvo bajo control y dominio de las Farc y donde, hasta ahora, el Estado ha sido incapaz de controlar.

Aunque inicialmente se había planteado la hipótesis según la cual la guerrilla del Eln estaría detrás de la masacre del 21 de enero, el propio gobernador de Antioquia, Luis Pérez, señaló que podría tratarse de bandas criminales. Foto: Wikimedia Commons.Una profunda zozobra se apoderó de los habitantes de Yarumal, y no es para menos. En menos de un mes se han perpetrado dos incursiones armadas de similares características que han dejado un saldo trágico de ocho personas muertas y tres heridas. Para dimensionar la gravedad del deterioro del orden público que vive esta localidad del norte de Antioquia basta decir que en lo que va enero se han cometido 14 asesinatos, el 77,7 por ciento del total de homicidios registrados en todo 2017, cuando se contabilizaron 18 asesinatos.

El hecho más reciente fue la masacre de siete personas en el estadero Las Margaritas, de la vereda La Estrella, perpetrada el pasado 21 de enero. Según las informaciones entregadas por la Secretaria de Gobierno de Antioquia, tres hombres que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, cubrían sus rostros con pasamontañas y portaban ametralladoras Mini Uzi, llegaron hasta el sitio y abrieron fuego de forma indiscriminada contra los presentes.

Este mismo modus operandi se registró justo un mes antes, cuando tres hombres armados llegaron al corregimiento Cedeño y dispararon contra un grupo de personas que departían en un local comercial de la zona céntrica de este poblado. En el hecho perdió la vida Ricardo Gómez y resultaron heridos Jesús Molina y Henry Geovani Zapata.

¿Quiénes son los responsables de estos hechos? ¿Qué móviles hay detrás de ellos? ¿Existe conexión entre una y otra incursión armada? Estas son preguntas sobre las cuales no hay respuestas claras, sólo especulaciones.

Si bien la secretaria de Gobierno Departamental, Victoria Eugenia Ramírez, informó horas después que la masacre ocurrida en la vereda La Estrella se debía a enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo´, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y la guerrilla del Eln por el control de rentas derivadas del narcotráfico, análisis de diversas organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo plantean hipótesis en otras direcciones, incluso, no descartan que en estos hechos estén involucradas organizaciones delincuenciales provenientes de Medellín.

De fondo, lo que evidencian los hechos ocurridos en Yarumal es el deterioro de la seguridad no sólo en ese municipio, sino en la región del norte del departamento, ocasionada por el desarme de las Farc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, y la incapacidad del Estado de copar esa zona, estratégica para el control de actividades ligadas al narcotráfico.

Reacomodo criminal

Yarumal experimenta un aumento alarmante en los homicidios: en lo que va del año ya se han cometido 14 asesinatos mientras en todo el 2017 se cometieron 18 asesinatos. Foto: archivo Semana.El Norte de Antioquia fue uno de los principales bastiones militares y sociales de la guerrilla de las Farc. Durante décadas, ejerció autoridad y dominio en amplias zonas de municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Campamento y algunas zonas rurales de Valdivia y veredas como La Estrella, Canoas y Cañaveral de Yarumal. Con la dejación de sus armas, los pobladores de la región pensaron que había llegado el tiempo de la paz y la tranquilidad, pero no ha sido así.

Informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, como el 003 de febrero de 2017 sobre Briceño y el 037 de agosto de 2017 sobre Ituango, alertaron sobre la progresiva expansión de las estructuras ‘gaitanistas’ hacia los territorios antes dominados por las Farc, quienes ahora patrullan vestidos de camuflado y portando armas largas por zonas rurales de ambos municipios. Esa situación, elevó el nivel de riesgo para las comunidades campesinas y sus dirigentes, las organizaciones sociales y los líderes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos pactado con las Farc en los acuerdos de La Habana.

Las advertencias del SAT también hacen referencia a la presencia de miembros de ‘Los Pachelly’, en áreas urbanas y semiurbanas de Briceño e Ituango, quienes estarían controlando el negocio del microtráfico. Se trata de una banda criminal del municipio de Bello, reconocida por su larga trayectoria delictiva en el Valle de Aburrá y por ser, junto con los ‘Chatas’, también de ese municipio, las estructuras armadas más poderosas al servicio de la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Los análisis de la Defensoría señalan que esta banda delincuencial también estaría presente en San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal, donde, además, la presencia ‘gaitanista’ se advierte desde finales de 2014. ‘Los Pachelly’ serían las responsables del control de la venta de estupefacientes en las zonas urbanos, la producción de alcaloides en áreas rurales del norte de Antioquia, el reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad en actividades ilícitas, así como la explotación sexual infantil que se vienen registrando en estos municipios.

De acuerdo con voceros de la Corporación para el Desarrollo y la Paz (Corpades), organización no gubernamental que hace seguimiento a la situación de seguridad en Antioquia, la llegada de esta banda delincuencial a los municipios del norte de Antioquia podría obedecer a pactos celebrados entre los máximos cabecillas de las Agc y Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ o ‘Carlos Chata’, considerado ‘el último gran capo’ de la ‘Oficina de Envigado’ y quien fuera capturado por agentes de la Policía el pasado 8 de diciembre en El Peñol, oriente antioqueño.

El Norte de Antioquia experimenta un fenómeno complejo: el avance de bandas criminales provenientes de la cuidad de Medellín, la expansión de las Agc y el interés del Eln de copar territorios dejados por las Farc. Foto: Wikimedia Commons.De acuerdo con lo narrado por un investigador judicial a este portal, el modus operandi y las armas utilizadas en las incursiones armadas perpetradas en Yarumal no obedecen a la forma de actuar de la guerrilla del Eln, a la que inicialmente se le atribuyó la masacre de los siete pobladores; refleja, más bien, una manera de actuar propia de la criminalidad urbana, lo que hace suponer que tanto los hechos del pasado domingo como los de un mes atrás obedecerían a un ajuste de cuentas entre bandas criminales que se están disputando el control de corredores, rentas, y centros de producción de alcaloides en el Norte y Bajo Cauca antioqueños.

Varios hechos le darían sustento a esa hipótesis. Los golpes propinados meses atrás por la Policía Nacional a la estructura de mando de las Agc, entre ellos las muertes de alias ‘Gavilán’ (1 de septiembre de 2017) y de alias ‘Inglaterra’ (23 de noviembre de 2017) estarían generando un proceso de fragmentación y vendettas entre las estructuras ‘gaitanistas’ que operan en el Norte y Bajo Cauca, tal como lo destacó el SAT de la Defensoría en su Informe de Inminencia 008 del 22 de enero de 2018.

Las Agc, que hasta hace poco se mostraban como una estructura hegemónica y unificada desde Yarumal hasta Caucasia, está experimentando un proceso de desintegración violenta que, según la Defensoría, se siente hoy con fuerza en Cáceres y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño; y el corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, norte de Antioquia. Análisis de centros de pensamiento como la Fundación ideas para la Paz (FIP) también integran a esa dinámica armada al municipio de San José de Uré, en Córdoba.

Según reportes de las autoridades locales de Cáceres, enfrentamientos entre grupos armados ilegales no identificados generaron el fin de semana pasado el desplazamiento de por lo menos 450 personas de zonas rurales hacia la cabecera municipal, generando una grave crisis humanitaria.

De otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó de manera preliminar el desplazamiento de 425 personas, entre campesinos e indígenas, de cinco veredas y del resguardo Dochamá de San José de Uré, que llegaron a este centro urbano en busca de ayuda. De acuerdo con OCHA, “esta situación se da como consecuencia del homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito el 18 de enero por parte de un grupo armado no identificado, quienes además ordenaron a las familias desplazarse de la zona”.

De hecho, según reportes de las autoridades locales de Cáceres, enfrentamientos entre grupos armados ilegales no identificados generaron el fin de semana pasado el desplazamiento de por lo menos 450 personas de zonas rurales hacia la cabecera municipal, generando una grave crisis humanitaria.

El trasfondo de esta disputa sería el control de corredores para el narcotráfico, centros de producción de alcaloides y lucrativos expendios de drogas. En este sentido, Yarumal es una localidad sumamente importante dado el alto consumo de sustancias psicoactivas que se registra en sus zonas urbanas y rurales.

De otro lado, para las autoridades de Policía también es significativo el hecho de que el estadero donde se perpetró la masacre del pasado 21 de enero era un reconocido expendio de sustancias alucinógenas que en el pasado estuvo bajo control del Frente 36 de las Farc y que tres de las personas fallecidas venían siendo investigadas por la Fiscalía.

¿Los ‘elenos’ en la disputa?

Aunque la presencia del Eln en la región del Norte ha sido limitada, diversos informes de organismos humanitarios señalan el interés de esta guerrilla de avanzar hacia ese territorio, dado el excepcional corredor que representa.Eduardo Álvarez, coordinador del área de Dinámicas de Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, siente que no se debe descartar del todo la injerencia de la guerrilla del Eln en el incremento de la violencia que viene experimentando Yarumal y, en particular, el Norte de Antioquia.

Los seguimientos que viene realizando la FIP al comportamiento de las Agc y del Eln muestran presencia verificada de este grupo insurgente en municipios como Cáceres, Tarazá y Zaragoza, en Antioquia, y en San José de Uré, Córdoba, así como fuertes rumores de avances hacia Valdivia e Ituango. “Sin embargo, en Yarumal es poca la información que tenemos de presencia del Eln”, señala Álvarez.

“A ello hay que agregar –continúa Álvarez– que se tienen reportes de uso de brazaletes del Eln por parte de otras expresiones armadas en otras regiones del país. Eso lo hemos podido comprobar en municipios como Suárez y Miranda, en el departamento de Cauca. Con todo y ello, no se puede descartar la presencia del Eln en el norte de Antioquia. Si se observa en su conjunto el Bajo Cauca, el Nudo de Paramillo, Valdivia, no está de más plantear la posibilidad de que el Eln quiera acceder a corredores de movilidad en la zona y, de paso, bloquear el avance de las Agc”.

Se trata de una región que, durante décadas, le permitió a distintos frentes de las Farc conectar el Nudo de Paramillo y el sur del Córdoba con el Norte y el Bajo Cauca antioqueño. Esta amplia zona montañosa sigue siendo estratégica para la movilidad, retaguardia y aprovisionamiento de las fuerzas irregulares que, además, concentra extensos sembradíos de hoja de coca para uso ilícito y entables para su procesamiento.

No es casual que las denuncias de comunidades campesinas de Dabeiba, en el occidente antioqueño; Ituango y Valdivia, en el norte; y Anorí, en el nordeste, sobre movimientos de los ‘elenos’ vienen en aumento. De comprobarse lo anterior y, peor aún, no detenerse oportunamente este avance, localidades como Yarumal, Campamento y Angostura quedarían en el centro de un nuevo conflicto armado.

Sin el efectivo control de las fuerzas estatales, esas agrestes montañas y los centros poblados cercanos, entre ellos municipios, como Yarumal, donde se asientan importantes actividades agroindustriales, e Ituango, en cuya área de influencia se construye la central hidroeléctrica Hidroituango, están convirtiéndose en el centro de un conflicto armado que podría tener graves consecuencias para las comunidades y sus líderes, así como para la dinámica económica de la región. Las alarmas están prendidas.

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