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Putumayo pasó de tener 47.000 hectáreas de coca en 2001 a 13.000 en 2014, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Foto: archivo Semana.El acuerdo firmado por el gobierno y las Farc en mayo de 2014, que busca soluciones al problema de las drogas ilícitas, tiene tres elementos esenciales: la erradicación de  la coca se pactará primero con el campesino; las fumigaciones ya no serán el primer escenario de la lucha contra el narcotráfico y se dará un giro para que se afronte el tema como un asunto de salud pública.

Y aunque la frase repetitiva del equipo negociador del Gobierno reza que ‘nada está acordado, hasta que todo esté acordado’, en Putumayo ya están dialogando un plan para sustituir los cultivos que va muy al son de La Habana.

Si bien es cierto que los acercamientos entre el Gobierno y las comunidades de este último departamento no empezaron a raíz de lo acordado en La Habana ni han tenido como guía máxima el punto pactado en Cuba, sus ejes principales no se contradicen con los acuerdos parciales del proceso de paz.

 “No creo que sea cierto que esto se ha hecho en función de los diálogos de paz. Es una relación dialéctica donde no hay un antes y un después, como la pregunta de si fue primero el huevo o gallina”, aseguró Eduardo Díaz, el director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el programa que lanzó el presidente Juan Manuel Santos hace menos de 6 meses y que ahora está adelantando conversaciones sobre el tema en Catatumbo, Nudo de Paramillo, Nariño, Caquetá y Putumayo.

Precisamente, en este diálogo en el Putumayo cada parte ha cedido y ahora, después de más de un año de conversaciones, tanto el Gobierno como Mesa Regional de Organizaciones Sociales del departamento calculan que en tres meses podrían tener un acuerdo total.

Sin embargo, el tema no es nada fácil en Putumayo pues este ha sido históricamente uno de los departamentos donde más se ha sembrado coca en todo el país.

Los gobiernos que han pasado desde 1978 han intentado erradicar esta hoja manualmente o por vía aérea con herbicidas en todo el país. Este departamento se convirtió en uno de los lugares con más hectáreas sembradas de coca a finales de los 90, luego de que las fumigaciones se concentraran en zonas vecinas de Caquetá y Guaviare, como lo muestra María Clemencia Ramírez en su investigación ‘Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo’.

De hecho, un año después de que empezó el Plan Colombia, en el 2001, sólo en Putumayo estaba la tercera parte de las casi 145.000 hectáreas de hoja de coca que había en el país, de acuerdo a los monitoreos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Diferentes políticos y organizaciones de la región, sostienen que las fumigaciones han continuado en el departamento. Foto: archivo Semana.A medida que han bajado los cultivos de hoja de coca en el departamento (el censo de la ONU de 2014 registró 13.000 hectáreas), ha habido más explotaciones petroleras. Esto se ha dado especialmente en zonas como el corredor Puerto Vega – Teteyé, ubicado en el municipio de Puerto Asís y una de las regiones con más pozos en Putumayo.

La actividad petrolera en ese corredor empezó en 2010, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le permitió al consorcio petrolero Colombia Energy, operado por la compañía Vetra, explotar nueve pozos. Dos años más tarde, eran 48 y en mayo de 2014 la ANLA autorizó explotar 100 pozos más únicamente en el corredor.

“Con la política de que no debía haber nada a 5 km a la redonda de un pozo petrolero, nos íbamos a quedar sin territorio”, aseguró Yuri Quintero, diputada y miembro de la Mesa Regional.

Por estas razones, los campesinos comenzaron un paro desde julio de 2014 y bloquearon el corredor para impedir el transporte de hidrocarburos.

En las condiciones que le pusieron al Gobierno para levantar su protesta, exigieron también que se acabaran definitivamente las fumigaciones aéreas con glifosato y la erradicación forzada de la mata de coca.

Tras dos meses de discusiones y enfrentamientos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viajó hasta Putumayo para bajar los ánimos. El resultado fue contundente: un pacto de siete puntos en el que se prometió que el Gobierno suspendería las aspersiones y la erradicación forzada en todo el departamento y que, además, reconocería los daños que había causado el glifosato

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“A cambio los campesinos quitábamos la protesta, permitíamos el tránsito de transporte de crudo y empezábamos unas mesas de trabajo para continuar con los diálogos”, explica Quintero. Esas comisiones eran de sustitución de cultivos de uso ilícito, política minero energética y ambiental, inversión social y de derechos humanos.

Lo difícil de llegar a un acuerdo

Uno de los primeros inconvenientes fueron las fumigaciones. El Gobierno venía de una política de asperjar los territorios, con el apoyo del Plan Colombia; mientras que la comunidad insistía en los daños ambientales y en la salud.

Para mostrar el impacto, la Mesa Regional llevó a una delegación del Gobierno por varias de las veredas fumigadas, tanto de Puerto Asís como de Valle del Guamuez, San Francisco, entre otros municipios. En muchos de los casos, las zonas estaban libre de coca y aun así las fumigaban. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 hubo fumigaciones en la vereda La Floresta, de San Miguel, a pesar de que ya habían cambiado la coca por ganadería, cacao y pimienta, como aseguró Quintero.

Según ella, fue en esos viajes que los delegados del Gobierno “tuvieron que reconocer que las fumigaciones estaban afectando realmente a la comunidad” y entendieron que había que escuchar a la gente para definir los proyectos. Es así como en el acuerdo parcial que llevan, se prevé que la misma comunidad defina cuáles son sus necesidades en inversión social.

De hecho, el funcionario Díaz asegura que la estrategia de la fumigación “se fue agotando” debido a que el 66% de cultivos de coca actuales en Putumayo está en zonas donde no se puede asperjar por condiciones de terreno.

Durante los dos meses del paro campesino de 2014, hubo varios enfrentamientos con el ESMAD e incluso los policías acamparon en la carretera. Foto: María Clara Calle.“Se pasó de una lógica de confrontación a una lógica de construcción conjunta para cambiar el futuro de quien siembra pero también de las economías donde el recurso central es la coca”, expresó Díaz.

De hecho, a eso apunta lo que hasta ahora han hablado el Gobierno y la Mesa Regional. Después de las confrontaciones que hubo con la Policía a mediados de 2014 y tras varios meses de negociaciones, ambas partes concluyeron que no se trata sólo de arrancar la hoja de coca. Por eso desde febrero de 2015 acordaron un sistema productivo que abarca desde un desarrollo ambiental sostenible hasta tener vías para sacar los productos que reemplacen la coca

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Y es que si un productor de plátanos, por ejemplo, quiere sacar un racimo desde la vereda más distante de Puerto Asís, que queda sobre el río San Miguel ya en el límite con Ecuador, hacia la cabecera municipal se gasta 4.000 pesos, sólo contando lo que le cobren por la mercancía y sin los pasajes: 2.000 pesos por el transporte en caballo desde el cultivo hasta el río; 1.000 por subirlo al bote hasta Teteyé y otros 1.000 por la chiva hasta Puerto Asís. Al final, ese racimo lo vende por máximo 7.000 pesos.

En contraste, actualmente 25 libras de hoja de coca sin procesar cuestan entre 25.000 y 29.000 pesos. Un campesino recibe por un kilo de coca procesada hasta 1.500.000 de pesos.

“El Gobierno ya vio la necesidad de cambiar de estrategia, pues si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo”, explicó Díaz al referirse a que ahora se piensa en transformar los territorios, en atacar los eslabones más fuertes de la cadena productora de cocaína más que a los campesinos y en prevenir el consumo.

La Mesa Regional dice que también a los campesinos les toca poner de su parte pues si el Gobierno garantiza vías, el comercio de los nuevos productos, salubridad, educación, etc., “los campesinos debemos ser conscientes de que por más ganancia que deje la coca, definitivamente vale la pena apostarle a un proyecto diferente”, como explicó la diputada.

Sin embargo, aún quedan temas fundamentales en los que no seponen de acuerdo el Gobierno y la Mesa.

El primero de ellos es la gradualidad, que es la apuesta de las organizaciones sociales. Estas defienden que la coca se sustituya poco a poco y a medida que el Gobierno llega, entre 5 y 7 años. “Es la garantía de que el Gobierno sí invertirá”, sostuvo Quintero.

Pero, como lo explicó Díaz, le tesis del Gobierno es territorios libres coca porque de lo contrario sería hacerse los ciegos frente a “economías relacionadas con ilegales”. “En ningún caso es aceptable que quien haga parte de un programa mantenga cultivos de uso ilícito en su predio”, se planteó en una sesión con los campesinos en agosto de 2015.

Al igual que en La Habana, el Gobierno no da su brazo a torcer y plantea que como última opción tiene que erradicar a la fuerza los cultivos ilícitos, en el caso de que se agoten las vías y los campesinos se nieguen a hacerlo voluntariamente.

El otro punto que todavía los distancia es la propuesta del Gobierno para focalizar las zonas que se van a intervenir. Mientras la Estrategia Integral de Sustitución quiere trabajar territorios completos, con familias cocaleras y no cocaleras a bordo; la Mesa Regional opta porque ellos identifiquen cuáles son las zonas cocaleras con más problemas económicos y concentrar allí las inversiones.

Pero estas discusiones todavía no se han aterrizado en dinero ni en cuántos y quiénes recibirán el beneficio. Sin embargo, tanto Díaz como Quintero aseguran que en tres meses estaría listo el acuerdo.

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“El casco urbano de Quibdó se ha convertido en un centro de compra de oro de la mayor importancia y en el espacio en donde se manejan las finanzas de las explotaciones, se suministra la logística de las mismas” (tomado del Informe de la FIP). Foto: archivo VerdadAbierta.com.

“La situación es grave. Yo vivo en una zona donde es muy peligroso caminar después de las ocho de la noche… El miedo es que los jóvenes o el pelado de uno termine metido en esas bandas”. La frase hace parte del testimonio de una habitante del barrio Kennedy de Quibdó consultada por VerdadAbierta.com y que resume la vida de muchas familias de las comunas uno en el norte o la seis en el sur de la capital chocoana. Situación, además, que acaba de analizar la Fundación Ideas para La Paz (FIP) en un completo informe titulado “Oro, crimen organizado y guerrillas en Quibdó”.

Nueve de cada diez muertes violentas en el Chocó son netamente urbanas; y ello se debe, en gran medida, a la guerra entre “paras” y guerrillas que ha cambiado la vida de miles de campesinos en los pueblos del Atrato y el San Juan desde finales de la década del noventa. Los sobrevivientes solo han tenido una opción: correr hacia las pequeñas ciudades y conformar barrios marginados, habitados también por exguerrilleros, exparamilitares, reinsertados y desmovilizados. Resultado: “Quibdó ocupa el segundo lugar en tasas de homicidios en lo que respecta a las principales ciudades del Pacifico, después de Tumaco y ubicándose por encima de Buenaventura, un municipio considerado como muy crítico”, concluye el documento.

Así mismo, el centro de investigación establece que a pesar de la relación estrecha que hay con la economía de la coca, Quibdó no es ahora un lugar estratégico para el narcotráfico y que dentro de los datos encontrados esta actividad ilegal no ha incidido dentro del aumento de la tasa de homicidios. El centro de todo está en el oro.

La producción del metal en la capital chocoana se incrementó significativamente a partir de 2012 (pasó de 337.832 gramos en 2011 a 2.179.004 en el mismo año). Pero no es una desgracia exclusiva de Quibdó; Nóvita, Unión Panamericana e Istmina la superan en producción y muertos.

Tasas de homicidios de Quibdó y promedio nacional entre 1990 y 2014

Un conflicto viejo
En la ciudad más grande del Chocó conviven los ‘Rastrojos’, los ‘Urabeños’ y la organización Renacer, que emergieron luego de la desmovilización paramilitar de 2005, y las guerrillas de las Farc y el Eln. Una mezcla peligrosa que ha logrado, según los investigadores, repartirse el negocio: “por un lado, las Farc tienen el predominio en zonas rurales de Quibdó, mientras que en los contextos urbanos el peso es para las bandas criminales”.

Actualmente, los frentes 57 y 34 de la guerrilla mantienen su incidencia en Quibdó. El 34 se desplaza entre Quibdó, Medio Atrato y hasta Carmen del Darién y, por su lado, el 57 se mueve a lo largo del Bajo y el Medio Atrato, entre Acandí y Quibdó, pasando por Unguía, Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá. El ELN se ha concentrado en el Alto y Medio Atrato, en el San Juan y en el Baudó-Litoral.

A partir de estudios consultados hay coincidencia que tanto ‘Rastrojos’, ‘Los Urabeños’ y Renacer ocuparon los espacios dejados en Quibdó luego de la desmovilización de los bloques Calima y Pacífico de las Auc y el frente Chocó del Bloque Élmer Cárdenas.

“Todas estas agrupaciones criminales han sido golpeadas, aun así, en la actualidad tienen más peso Los Urabeños (que se hacen llamar Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas o Clan de los Úsuga) y Renacer, que están aliadas, mientras que Los Rastrojos han perdido influencia”, puntualiza el informe.

La Fundación recurrió a diversas fuentes testimoniales para demostrar cómo estos actores armados ilegales, algunos en complicidad con las autoridades, han desarrollado su actividad criminal a partir de la producción y comercialización del oro. “En la zona urbana de Quibdó, centro político y económico de la región, ‘Los Urabeños’  de quien hace parte el grupo Renacer, mantiene una disputa constante por el control de las actividades ilegales con Los Rastrojos y con el frente 34 de las FARC”.

Todos por el oro
La zona con más oro es  la cuenca del Neguá, ubicada al nororiente del casco urbano de Quibdó, donde el dominio lo tiene la guerrilla de las Farc, a su vez, de acuerdo con un estudio de Indepaz, los corregimientos en donde se reporta explotación de oro, son Boca de Nemotá, Guadalupe, Guayabal, La Troje, Pacurita, Tutunendo, Rosario, Munguirri, La Equis, San Francisco de Icho y San Rafael de Neguá.

La guerrilla se concentra allí realizando extorciones en la mayoría de las minas. Según una crónica escrita por el periodista Álvaro Sierra en la Revista SEMANA, se pagan 15 millones de pesos por cada retroexcavadora usada. Por otra parte, la investigación de las FIP logró establecer, a partir de una alta fuente de inteligencia de la Policía, que el frente 34 de las Farc devenga alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales por concepto de la extorsión.

Las bandas criminales, en cambio, ejercen presencia y desarrollan sus actividades delictivas en el casco urbano de la capital pues es el epicentro de la compra de oro.

De igual manera, Quibdó se presenta como un centro de la financiación de la minería “hay inversionistas, algunos de ellos relacionados con las bandas criminales, que invierten en dragas, retroexcavadoras, buldóceres yen general, avanzan plata para montar una explotación y así garantizan su participación en el negocio sin necesidad de ejercer un control directo en las minas, asunto que generalmente se reservan las guerrillas”, dice el documento.

Producto de las actividades delictivas se han cometido asesinatos en contra de funcionarios de la Procuraduría a cargo de investigaciones sobre regalías y lavado de activos en el departamento. Como el caso denunciado por la Contraloría en el año 2013 donde se obtuvieron alrededor de 13.000 millones de pesos por la liquidación irregular de regalías a 12 supuestas comercializadoras mineras en Alto Baudó.

La relación que establecieron los investigadores entre agentes del Estado y las bandas criminales, a partir del cruce de datos y de entrevistas, arrojó que en varias detenciones a integrantes de la organización Renacer y ‘Los Urabeños’ se lograron aclarar “no menos de 19 homicidios ocurridos en Quibdó, Tadó o Sipí en 2012 y parte de 2013, precisamente coincidiendo con el boom del oro”. 

De esta manera, la disputa entre los actores armados ilegales se ha concentrado en el control de la producción y distribución del oro, donde han tenido que ver agentes del Estado y pequeños empresarios, en su mayoría antioqueños, hechos que han disparado el sicariato y aumentado las tasas de homicidio al punto de tener uno de los índices más altos del país.

Calle de la Comuna uno de Quibdó, una de las más violentas.

¿Qué le espera al Chocó?
Lamentablemente, las cosas no parecen que fueran a cambiar en uno de los departamento más golpeados por la guerra y el abandono estatal. Uno de los investigadores de la FIP señala que no hay nada que indique que el Estado se haya asentado en la región para mejorar la situación donde, por el contrario, se ha visto que el desarrollo de las economías ilegales va en crecimiento.

“Tanto la coca, como la madera y el oro siguen siendo el epicentro de los actores armados ilegales para ejercer su actividad delictiva y esto no sólo pasa en el Chocó sino que se extiende al Pacífico en su conjunto” señaló el investigador.

Ahora bien, frente a un posible escenario de desmovilización de la guerrilla de las Farc afirma el investigador que la situación puede mejorar de cara a que generen nuevas condiciones para que el Estado entre al territorio para tratar de controlar la cantidad de actividades ilícitas que se desarrollan a diario. No obstante, establece que se debe prestar atención a expresiones armadas disidentes que puedan convertirse en nuevos actores del conflicto.

Aun así, no se puede olvidar a la guerrilla del Eln, que ocupa buena parte del sur del departamento, y las bandas criminales que, tras las alianzas, han estado en aumento por la región.

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La mayoría de las familias que residen en La Paz se dedican al contrabando de combustible porque no hay otra opción de empleo, según Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.Foto: Juan Diego Restrepo E.

Los Rastrojos y Los Urabeños manejan el negocio de contrabando de combustible en La Paz, municipio del Cesar. Ellos transportan y comercializan en Colombia gasolina ilegal que traen de Venezuela. “Los Rastrojos, por ejemplo, se encargan, entre otras cosas, de que la Policía no se meta con los carrotanques de Los Urabeños, que pasan por San Diego y Agustín Codazzi”, según José Miranda*, un pacífico (gentilicio de La Paz) que ha seguido de cerca esta actividad.

Otra fuente consultada por VerdadAbierta.com, que pidió la reserva de su nombre, asegura que la dinámica del combustible es un mundo aparte. “Son estructuras ilegales que tratan de mantener el negocio seguro. No hay homicidios ni acciones violentas porque eso atrae a la Fuerza Pública. Pero sí hay fronteras invisibles, aunque haya un acuerdo de protección. Los Urabeños se encargan del gran negocio, el de ir a Monte Lara, población que está en límites entre Colombia y Venezuela; y Los Rastrojos  están a cargo de los ‘pimpineros’ (expendedores de  combustible de contrabando)”, revela.

Sin embargo hace menos de un mes se conoció un panfleto firmado de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan ‘Úsuga’, en el que se declara objetivo militar a dos familias de La Paz. En el volante, se les advirtió que se abstuvieran de dar declaraciones en contra de los integrantes de la banda criminal, sobre todo si son miembros activos presos en una cárcel de Valledupar; y además  hacen un llamado a aquellas personas que quieran ser parte de la organización criminal “para volver a tener el control total de esta región”.

En los últimos meses, según el Vicefiscal General, Jorge Perdomo, “ha habido conversaciones por parte de abogados de miembros de esta organización que están recluidos en cárceles, que han manifestado que habría un deseo de un sometimiento masivo a la justicia”.

Un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo anunció en octubre de 2012  que más de 200 transportadores y distribuidores de combustible de contrabando en La Paz, que se habían organizado en una cooperativa, estaban en situación de riesgo por la presencia de las dos bandas criminales.

El negocio de contrabando de gasolina en La Paz comenzó en 1995, cuando dos familias nativas, que por razones comerciales se trasladaban con regularidad a Maicao (municipio de La Guajira), se percataron de las ganancias que dejaba la comercialización del combustible traído de Venezuela. Con el tiempo, otras familias locales empezaron a hacer lo mismo y el negocio empezó a crecer vertiginosamente.

El informe del SAT reveló también que el dominio del Bloque Norte de las Auc se limitó a cobrar cuotas extorsivas a los transportadores y comercializadores de gasolina ilegal. Pero que luego los grupos armados post desmovilización se fueron involucrando en el negocio hasta “que modificaron la dinámica de esta actividad en términos económicos y sobre todo en materia de riesgos por el recurso de la violencia como mecanismo de regulación”. (Ver: ‘Autodefensas Gaitanistas’ reviven el miedo en zona rural de Valledupar).

Un estudio realizado por la Universidad Popular del Cesar y la Fundación Ecopetrol (Fundescat), reveló en abril de 2013 que el 90 por ciento de los habitantes de La Paz (cerca de 25.000) se dedica al contrabando de combustible porque no hay otra opción de empleo.

Ruta, trochas y camiones cisternas
Foto: archivo Semana.

La ruta del tráfico de combustible comienza en Monte Lara, cerca a la vereda La Majayura, en Maicao, municipio de La Guajira. Los contrabandistas atraviesan trochas antes de llegar al corregimiento Varas Blancas que está en La Paz; y a Badillo y Río Seco, que queda en Valledupar; y luego el combustible se distribuye al resto del departamento, al Magdalena y sur de Bolívar, en donde además se utiliza para el procesamiento de la hoja de coca. Este mismo trayecto lo utilizan las bandas criminales para enviar droga al vecino país.  

“Hay tres tipos de contrabando de combustible: la que realizan los ‘pimpineros’, que venden botellas llenas de gasolina; las caravanas de la muerte, en la que unos 10 y hasta 20 vehículos transportan combustible; y el gran contrabando que se traslada en camiones cisterna hasta los departamentos de Antioquia y Boyacá. Más de 100 millones de litros de gasolina ilegal ingresan cada año a Colombia, y la mayoría de las bandas criminales que operan en esta región (También están Los Criollos y Los Churicheros) se dedican a extorsionar a los contrabandistas”, afirma el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, quien ha seguido de cerca este tema durante seis años.

El transporte y la comercialización del combustible de contrabando “es la actividad que más dinamismo y crecimiento ha tenido durante los últimos años, pasando de beneficiar en 2003 a un mínimo porcentaje de la población, a ser hoy el renglón más importante de la economía” de este municipio. Tanto es así que ha disminuido la producción agrícola y la deserción escolar ha aumentado. “Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han abandonado los estudios por insertarse en los circuitos de esta economía ilegal”, según el informe del SAT.

De acuerdo con Miranda, unos 20 y hasta 30 carrotanques son enviados diariamente a los municipios de La Jagua de Ibirico y La Jagua del Pilar, sin que las autoridades ejerzan algún tipo de control. Sin embargo, el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en el Cesar, capitán Pedro Isaza, a finales del año pasado se había “frenado el 80% del ingreso del combustible de contrabando a este municipio”, es decir, que de los 10.000.000 de galones de gasolina que mensualmente se estima que ingresaban a La Paz, la cifra habría bajado a los 2.000.000.

En lo que va del año, se han incautado más de 134.000 galones de ACPM, 70.000 de gasolina y 82 vehículos llenos de combustible, y se han capturado 112 contrabandistas, según el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Faiber Martínez, quien aseguró además que se trata de organizaciones criminales que utilizan los nombres de estas bacrim para infundir miedo.

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Aunque la Secretaría de Minas de Antioquia conoció el caso de Pedro Herrera, funcionarios de esta dependencia señalaron que allí medió una orden judicial y que en ese caso, poco se podía hacer. Foto: Ricardo Cruz

Mientras para la Policía Nacional se trató de un operativo de rutina, de esos que usualmente tienen lugar en la vasta región del Bajo Cauca antioqueño, para Pedro Herrera, minero de tradición, terminó siendo la gota que no solo rebosó su paciencia, sino que también lo empujó definitivamente a los tribunales para demandar al Estado colombiano.

Ocurrió una tarde de noviembre de 2014. Efectivos del Distrito Especial de Policía Bajo Cauca llegaron hasta el corregimiento Cuturú de Caucasia sin más pretensiones que hacer cumplir el Decreto 2235 de 2012. Según dice esta norma, que cuenta con las rúbricas de los ministros de Justicia y del Derecho, Defensa, Minas y Energía y Medio Ambiente, la PolicíaNacional cuenta con luz verde para destruir maquinaria pesada, en este caso retroexcavadoras y dragas, que estén siendo utilizadas en explotación minera ilegal; es decir, aquella que no cuenta con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y su respectiva licencia ambiental.

Para la Fuerza Pública, lo encontrado en Cuturú no daba lugar a discusiones: era maquinaria pesada dedicada a la explotación de oro y su dueño, Pedro Herrera, no contaba ni con título minero ni con licencia ambiental. Como dice el viejo adagio popular, “más claro no canta un gallo” y por eso, esa tarde fueron destruidas seis retroexcavadoras y capturadas 12 personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía, sindicadas de llevar a cabo actividad minera ilegal.

Ante el Ente Investigador, Pedro, acompañado de varios colegas del gremio minero, argumentó que se trató de una arbitrariedad y que no era ningún ilegal porque, precisamente, hacía parte de un plan piloto que la Gobernación de Antioquia, con apoyo del Ministerio de Minas y Energía, echó a rodar hace ya tres años y que buscaba la formalización (legalización) de un número importante de pequeños y medianos mineros de esta región que, desde tiempos ancestrales, desarrollan su actividad sin títulos, ni licencias, ni ningún tipo de parafernalia estatal.

Fue un juez con función de control de garantías quien terminó dándole la razón. “El fiscal los presentó ante el juez de control de garantías y este lo que dijo fue: ‘pero cómo así, si aquí me traen una documentación que prueba que él está en un proceso donde el Estado colombiano está gastando plata para legalizar a los mineros del Bajo Cuaca y cómo así que es ilegal’. Entonces, dejaron la gente en libertad y ahí está la demanda que se interpuso”, cuenta Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.

Según Restrepo, “la demanda va bien adelantada y va prosperar. ¿Por qué? Porque resulta que a Pedro le hicieron un operativo un 10 de noviembre y solo el 27 del mismo mes el comandante del operativo oficia a la Gobernación de Antioquia para preguntar si estaba o no estaba en el proceso. O sea, le quemaron la maquinaría el 10 y el 27 preguntaron”. Para este dirigente gremial, situaciones como esta ponen de manifiesto el fracaso de las iniciativas de formalización de la pequeña y mediana minería en una región donde el oro es origen y destino de todos los conflictos que tienen lugar allí.

Operativos de la Policía Nacional contra los mineros contrastan contra las intensiones de algunos de legalizar su actividad. Foto: Ricardo Cruz

Política de legalidad
La iniciativa fue de la Gobernación de Antioquia. Arrancó en 2012 y contó con aliados como el Ministerio de Minas y Energía y Corantioquia, la autoridad ambiental. La idea era formalizar o, en otras palabras, legalizar mediante la entrega de título minero, a 150 unidades mineras de pequeña y mediana escala en el Bajo Cauca antioqueño.

No era una tarea fácil. Someter al imperio de la ley una actividad que ha sido desarrollada por décadas y en casos como el de Cáceres, por siglos, sin ningún tipo de regulación implicaba cierta pedagogía extraña para la región. Si la iniciativa prosperaba la ganancia era por partida triple: los mineros que han nacido y crecido arrancándole oro a la tierra ya no serían señalados más como ilegales; el Estado podría tener un control más efectivo sobre sus riquezas; y se cortaría el cuantioso flujo de recursos que los grupos armados ilegales presentes en el territorio derivan de esta actividad, amparados en su alto nivel de informalidad.

Pero tres años después de puesto en marcha el plan, mineros y administración departamental difieren sobre los progresos alcanzados hasta ahora. Para Ramiro Restrepo, vocero de los mineros del Bajo Cauca, la iniciativa es un rotundo fracaso pues “de esas 150 unidad mineras que iniciaron no se ha legalizado ni una sola. Apenas nos entregaron los PPO (planes de trabajo y obra) y los PMA (planes de manejo ambiental) que son los dos últimos pasos para llegar al fin último que es la legalización. Apenas la autoridad ambiental revise esos planes y les dé el visto bueno, pues ya nos darán la concesión de los títulos”.

La demora en el proceso también ha generado un alto nivel de deserción y desencanto entre los mineros. “De las 150 unidades mineras que iniciaron muchas se retiraron porque se cansaron, o la mina se acabó o tuvieron que irse de la región por problemas de orden público. En este momento solo quedan 33 unidades y de esas ya hay 17 que tienen culminado el proceso. Entre ellas estaba la de Pedro”, anota Restrepo.

Pero, mientras para el vocero de los mineros, el peso del “fracaso” lo cargan las políticas del gobierno nacional y la inoperancia de la administración departamental, para Xiomara Neira, directora de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, las dificultades pasan por otras circunstancias: “Al inicio tuvimos muchos problemas para contactar a los responsables de las unidades mineras; en algunos casos se presentó disentimiento por ellos por la itinerancia; es decir, ya habían adelantado la explotación y se habían marchado, incluso, hasta del departamento”.

En la imagen, una de las retroexcavadoras destruidas por la Fuerza Pública en una mina que estaba dentro del programa de formalización que adelanta la Gobernación de Antioquia. Foto: Ricardo Cruz

A esto se suma, según la funcionaria, “que ellos (los mineros) deben cumplir con una serie de requisitos como acreditar una tradición de explotación antes del 2001. Este ha sido el principal obstáculo, muchos solo logran acreditar esa experiencia desde el 2004”. De acuerdo con Neira, actualmente hay 80 unidades que continúan participando en el proceso, las cuales se espera estén formalizadas antes de iniciar el segundo semestre.

La cifra difiere mucho de la que manejan los mineros. “Esto porque en este proceso también estamos acompañando unidades que no hacen parte de la Asociación”, agrega la funcionaria quien explica además que “de esas 80 unidades, unas 51 se superponen con áreas ya concesionadas. Cómo a ellos no se les puede entregar un nuevo título porque ya fue entregado a otro, el instrumento con el que contamos es el de subcontrato de explotación minera. Estamos adelantando acercamientos entre el minero en proceso de formalización y el dueño del título para celebrar un contrato que le permita trabajar, amparado en ese título ya otorgado”.

Fiebre de oro
Para la Gobernación de Antioquia, formalizar esta actividad, que constituye pilar fundamental de la economía departamental, ha sido una de sus tareas más urgentes. Por ello, la administración de Sergio Fajardo se puso como meta legalizar 800 unidades mineras de las 1.664 minas informales identificadas en el departamento. De ellas, unas 460 se encontraban en el Bajo Cauca.

Pero aún en este tema, el de saber cuántas minas informales hay, existen diferencias con el gremio minero. Según la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, en los seis municipios que conforman esta región (Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Tarazá), existen unas 1.200 unidades de explotación minera de carácter informal, de las que dependen unas 45 mil personas, bien por empleos directos o bien porvinculación indirecta.

“Y pueden ser más, porque esta actividad se desarrolla en la espesura de la selva, donde no llega ni el Estado, pero sí los ilegales”, añade Ramiro Restrepo. “Esta es otra de las dificultades que tenemos. La Fuerza Pública nos persigue por ilegales, por ser aliados de los grupos armados, cuando en realidad somos víctimas de ellos. Y el Estado no ha sido capaz de controlar esos grupos, sino que antes se multiplican”, sentencia.

“Un grupo armado llega con sus fusiles, obliga a los mineros a tirarse al piso y les dice: ‘para tal día necesitamos tanto y si no, ya saben’. ¿Qué puede hacer el pobre minero ahí? Pagar”, sostiene Restrepo, quien no duda en afirmar que la región más difícil para ejercer esta actividad está en la localidad de El Bagre, en especial en límites con el sur de Bolívar.

Consultas realizadas por VerdadAbierta.com en los municipios de Caucasia y Cáceres permitieron establecer que las bandas criminales, principalmente las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, así como las guerrillas de las Farc y el Eln, cobran extorsiones que oscilan entre los dos y cinco millones de pesos.

“Cobran por dejar entrar las ‘retros’, cobran por el diésel, cobran un porcentaje por lo que saque la mina, hasta los barequeros tienen que pagar mil pesos diarios. También depende del municipio, de qué tan adentro esté la mina”, explica un habitante de Cáceres, quien pidió reserva de su identidad. “¿Qué si la Policía también cobra? Pues claro, ellos también, o sino cómo cree que se hace minería en el Bajo Cauca”, agrega la fuente.

Y es que, en matemáticas elementales, la minería en el Bajo Cauca mueve cifras por la que cualquier grupo armado ilegal estaría dispuesto a matar o morir. “Mire este cálculo: de esas 150 unidades que iniciaron el proceso de formalización, cada una producía dos libras de oro semanales, en promedio. Una libra de oro puede valer, en este momento, 36 millones de pesos. Es decir, cada una de esas minas producía 76 millones de pesos semanales. Multiplique eso por 150 solamente, o si quiere, por 1.200. Eso le da un poco de plata”, calcula el dirigente de los mineros.

Acciones puntuales
Al ser consultado al respecto, el Teniente Coronel Luis León, del Cuerpo de Carabineros de Policía Bajo Cauca, explica que “cuando llegamos a las minas, en desarrollo de un operativo, nos acusan, insultan, nos señalan de corruptos, lo que quiera, pero nadie nos advierte de situaciones de este tipo. De hecho, son muy pocas las denuncias por extorsiones que nos llegan”.

Lo que sí tiene claro la Fuerza Pública es que, en esta región de Antioquia, el oro es un imán que atrae y seduce a poderes ilegales con fuerte presencia. Hoy, estos grupos no están en confrontación, pero los vientos de una guerra abierta vienen soplando desde hace unos meses para acá.

“Por ejemplo en El Bagre tenemos identificado al Clan Úsuga, al Eln y el Frente 4 de las Farc. En Zaragoza tenemos identificado al Frente 34 de las Farc, al Eln y el ‘Clan Úsuga; en Nechí tenemos al ‘Clan Úsuga y las Farc. En Cáceres hace presencia el Frente Resistencia Guamocó del Eln y el Clan Úsuga”, declara el Oficial.

Aunque hoy se sabe que la vinculación de estos grupos armados con la minería es principalmente por la extorsión, el Oficial no descarta que cuenten con maquinaria y hasta unidades de explotación propias. Hoy, las acciones de la Fuerza Pública contra la minería ilegal se vienen concentrando en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí.

No obstante, aún queda para la discusión saber qué es minería ilegal. Mientras la Fuerza Pública actúa bajo las directrices de los Decretos 2637 del 12 de diciembre de 2012 y 2235 del 30 de diciembre de 2012, que cataloga como ilegal aquella actividad minera que se realice sin título minero inscrito ante la autoridad minera, para quienes llevan años dedicados a buscar oro en las profundidades de la tierra, luchando para acceder a un título, esta categoría no es más que un artilugio jurídico para sacarlos de sus tierras y entregar la riqueza de sus tierras a las multinacionales.

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Tras varios años de investigación, el periodista Juan Diego Restrepo publicó el pasado 2 de mayo este libro.

La llamada Oficina de Envigado es uno de esos fenómenos criminales colombianos que los medios mencionamos casi a diario sin saber bien qué es y sin preguntarnos por qué ha podido sobrevivir tanto tiempo. En este libro, Juan Diego Restrepo responde las dos preguntas, basándose en cientos de documentos y testimonios recogidos a lo largo de su fructífera carrera periodística.

Restrepo es un reportero como pocos que conozco, que no se contenta con cualquier respuesta, sino que se le mete a los temas con el alma, y hasta que no consigue el dato que le corrobora un relato, no queda contento. Cocinó su periodismo en las aguas bravas del Medellín de los peores tiempos y por eso ni se da cuenta del coraje que se requiere para poder escarbar verdades como las que contiene este iluminador relato.

Además, esta historia no sólo le pone contexto a los hechos, rescata testigos olvidados y consigue nuevos, sino que además apela a estudiosos como Gambetta y sus observaciones de la mafia siciliana y Gayraud que compara diversas estructuras mafiosas en el mundo, para poder entender mejor el carácter de la Oficina de Envigado, cómo encaja con el narcotráfico, cómo coopta y vive en los alrededores de la legalidad, pero también cómo ha conseguido, por períodos, colarse al centro del escenario político.

Explica Restrepo que la Oficina, flexible como una ameba, ha cambiado de forma adaptándose al entorno, según le resulte conveniente; pero siempre conservando la capacidad de intimidar con violencia, y una estructura vertical de mando y la avidez por «maximizar las ganancias y el poder y la reducción de riesgos». Nació hace tres décadas como una agencia de cobro del narcotráfico y sigue viva hoy. Por años, su influencia estuvo limitada al Valle de Aburrá, pero creció y llegó hasta la costa Caribe, a la vuelta del siglo, cuando el conflicto interno volvió a teñir de sangre el campo colombiano como no se había visto desde hacía cincuenta años. La Oficina sirvió para cobrar deudas a las malas, pero luego se volvió servicio de seguridad para el control mafioso de los barrios populares, agente exportador de cocaína, coordinadora de jóvenes asesinos, brazo armado del conflicto político interno e instrumento de expansión territorial. Los jefes de esta singular oficina han sido múltiples: desde Pablo Escobar, a quien se le atribuye su fundación, cuando aún no se llamaba sino la «Oficina», hasta Diego Murillo, alias Don Berna, y siempre se ha alimentado de la corrupción policial y militar.

Porque este despacho de crímenes múltiples estuvo tan atado al comienzo del Cartel de Medellín, este libro revela una historia poco conocida del origen del narcotráfico. Rescatando expedientes empolvados en los despachos judiciales, reconstruyendo testimonios a partir de distintos casos, cruzando fuentes, Restrepo hace una vivisección de cómo esta oficina fue central en la formación misma de ese cartel. Era la «oficina de Pablo» porque, como dice uno de los testigos del libro, Escobar, «como todo doctor, quería tener su oficina». A esta singular oficina acudían múltiples aventureros de la época, incluso algunos empresarios legales que pasaban por malos tiempos, llevando dinero o cocaína.  Allí se les anotaban como aportes a un embarque clandestino de la droga, y una vez «coronaban» y la cocaína era vendida en las calles de Miami, la Oficina pagaba las jugosas utilidades. Cuando había pleitos, la Oficina hacía de árbitro. Cuando un jefe del Cartel ordenaba pena de muerte para un díscolo, la Oficina cumplía la tarea. Y también en sus móviles instalaciones se abrían nuevos mercados y líneas de negocios oscuros.

Diversos documentos y testimonios le atribuyen a Pablo Escobar la creación de la llamada ‘Oficina de Envigado’, un espacio de narcotraficantes en el que se dirimían problemas entre ellos, muchas veces de forma violenta. Foto: archivo Semana.

Después esa trenza entre narcotráfico, oficina de cobro y seguridad fue mutando: a ratos la Oficina era meramente un aparato armado al servicio de las necesidades de violencia del otro negocio, el de los embarques y la apertura de las rutas; pero tiempo después, cuando Escobar se enfrentó al Estado, las «oficinas de trabajo» fueron dos: una que se dedicó a desarrollar y explotar la ruta principal de la cocaína hacia Estados Unidos, y la otra que alimentó la guerra por la cual querían doblegar al gobierno para abolir la extradición. Entre el negocio y la guerra al Estado, Escobar y su oficina consiguieron reclutar miles de jóvenes de las barriadas de Medellín que ya se organizaban en combos y bandas a comienzos de los ochenta, y después de ganarse a sus padres con sus obras sociales. También corrompieron a miembros de la fuerza pública, al punto que, por ejemplo, la entidad creada para liberar a los secuestrados se volvió un agente de Escobar para secuestrar industriales antioqueños, cuyas recompensas fueron a financiar su terrorismo.

La revelación más interesante de este libro, sin embargo, es que constata que una de las razones por la cual la Oficina de Envigado ha conseguido sobrevivir por tres décadas, es que ha sabido ponerse al servicio de poderosos en el mundo legal cuando éste, miope, con el pragmatismo que los ha caracterizado en Colombia, han decidido que la necesitaban para cumplir una misión urgente. Así, cuando empresarios y finqueros antioqueños comenzaron a sufrir por la extorsión y el secuestro hacía mediados de los noventa, muchos de sus parientes acudieron al jefe más conocido de la Oficina, Gustavo Upegui para que los ayudara a recuperar a sus parientes. Upegui «se valió de los contactos que adquirió durante la persecución contra el jefe del Cartel de Medellín, no sólo entre la fuerza pública, sino entre las organizaciones ilegales que hicieron parte de los Perseguidos por Pablo Escobar», entre ellos Carlos Castaño, emergente jefe del paramilitarismo. El mismo Castaño luego contó que la banda La Terraza, la más grande banda de sicarios de Medellín, le fue muy funcional a la Policía y al Ejército para liberar secuestrados.

Esta misma banda, cuenta Restrepo, asesinó civiles desarmados cuando el paramilitarismo y sectores de la fuerza pública se embarcaron en su cruzada anticomunista. Y cuando se necesitó doblegar a las milicias guerrilleras en la capital antioqueña, fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, amo y señor de los grupos armados en Medellín luego de la muerte de Escobar a la que él mismo había contribuido, quien cumplió la tarea con la Oficina de Envigado como su estructura de soporte.

Entonces, la Oficina de Envigado, dice Restrepo, «dejó los márgenes de la sociedad para instalarse en su núcleo de poder. Se ubicó temporalmente allí en la medida en que esa criminalidad se volvió complementaria o funcional a las estructuras de poder y autoridad…».

De la estructura criminal de la Oficina desprendieron, por orden de Murillo Bejarano, los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Murillo resintió que los Castaño apoyaran a Carlos Mauricio García, alias Doble Cero para que entrara a expulsar las milicias guerrilleras de Medellín y se metieran en su territorio. Para enfrentarlo, mandó a su hombre de confianza, Daniel Mejía, a convocar a más de 300 líderes de bandas armadas del Valle de Aburrá para notificarles que ingresarían oficialmente al conflicto armado. «Nos mandaron a decir que no podíamos seguir con los fleteos, ya que nosotros pasábamos a ser autodefensas», dice un insólito testimonio citado en el libro y con ello revela el fondo criminal que siempre caracterizó al paramilitarismo. En otras palabras, lo que documenta Restrepo, es que la Oficina otra vez mutó y se acomodó a los tiempos para poner bajo su yugo nuevos territorios y riquezas.

Por varios años, este hombre, Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, fue uno de los principales integrantes de la ‘Oficina de Envigado’. Su cercanía con alias ‘Don Berna’ lo llevó a cubrirse con el ropaje de “paramilitar” al servicio del Bloque Héroes de Granada de las Auc. Foto: archivo Semana.

Don Berna y su Oficina se impusieron ante Doble Cero y emergieron como el gran poder criminal de la ciudad. Y habían contribuido a forjarlo oficiales de la fuerza Pública, empresarios y comerciantes legales, quienes, sin medir las consecuencias de sus actos, optaron por hacerse temporalmente del aparato criminal para sacar de la región a las guerrillas que los venían chantajeando o secuestrando.

Por eso, en tiempos de paz, luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC, cuando Murillo Bejarano oficialmente desmontó sus bloques paramilitares, no se acabó la Oficina. Mientras entregaban armas en las pantallas de la televisión y anunciaban la creación de la Corporación Democracia, que supuestamente ayudaría a la reintegración política de sus hombres, la Oficina seguía tras bambalinas operando el crimen de la ciudad, entonces ya sin contrincantes. A mi modo de ver, que es una lectura un poco distinta de la de este libro, le hicieron trampa a los gobernantes locales, quienes, genuinamente, vieron en la caída en los índices de violencia de la ciudad y su entorno una oportunidad para reintegrar a los violentos y comenzar a desterrar la sombra de miedo que había sometido a los habitantes más pobres de la ciudad por demasiado tiempo.

No sólo sirvió la Oficina de brazo armado de las inútiles guerras ideológicas que llevamos librando los colombianos por medio siglo; también operó como arma eficaz para corromper las elecciones, infiltrar la política y camuflarse en la economía legal y expandir sus negocios clandestinos hasta África y Oriente Medio. Desde sus comienzos en Envigado, municipio al que le debe su apellido, puso alcalde y años después, relata el libro, salieron múltiples evidencias de enlaces entre miembros de la Oficina y políticos de diversa índole, desde dirigentes locales hasta funcionarios nacionales.

La buena noticia que trae el libro, con su sana dosis de escepticismo, es que después de que los mandamases de la Oficina de Envigado, entre ellos el otrora poderoso Murillo, fueran extraditados y otros de sus jefes cayeran asesinados por sus viejos compañeros por pugnas internas de poder o a manos de la Policía, este aparato criminal entró en decadencia.  Y si no muta y revive a la próxima oportunidad, será quizá porque los poderes legales, políticos y económicos, por fin hayan aprendido la lección de que no se pueden resolver problemas de seguridad, ni ganar batallas ideológicas, ni asegurar fortunas fáciles, usando a las organizaciones criminales.

Las luchas intestinas de esta empresa criminal llevaron a Ericson VargasCardona, alias ‘Sebastián’, a enfrentarse a sus antiguos socios para erigirse como el jefe de la ‘Oficina de Envigado’, sin que lo lograra. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Foto: archivo Semana.

Este es, en síntesis, el valor de este Las vueltas de la Oficina de Envigado, que a quien lo lea le quedará claro por qué cuando los poderes legales apelan a estructuras criminales, como la Oficina de Envigado para impulsar sus causas, por justificables  que sean, creen estarlas poniendo a su servicio, cuando en realidad siempre termina siendo al revés.

—María Teresa Ronderos
Febrero 25 de 2015

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A pesar de no contar con la misma presencia militar ni la misma injerencia política de la década de los 90, desde el 2010, luego de la tregua pactada con las Farc, la guerrilla del Eln  ha utilizado los ataques contra los oleoductos para fortalecer su base social y, en la actualidad, para mostrarse como un actor relevante y vigente de cara a las negociaciones con el gobierno. Así lo asegura el estudio más reciente de del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Señala el informe que a pesar de que tanto  guerrillas, como grupos paramilitares y las bandas criminales han utilizado  la economía petrolera como fuente de financiamiento, ha sido el Eln el que más se ha beneficiado del control de quienes producen el crudo, y que ha sido Arauca el departamento donde se han registrado el mayor número de ataques. Allí no se trata sólo de atentados, extorsiones y secuestros. También hay captación ilegal de regalías, y un control por esta vía de la economía y la política regional.

El frente Domingo Laín
Señala la FIP que los primeros hombres del Eln que llegaron a Arauca lo hicieron a finales de los años setenta, en un  periodo de reorganización de la guerrilla después del golpe que recibió en 1973 con la Operación Anorí que causó la muerte de varios líderes de este grupo. Para su consolidación en la región la organización creó el Frente Domingo Laín para ubicarse en Saravena, Arauquita y posteriormente en la parte norte del municipio de Tame.  

Los primeros líderes de este Frente eran campesinos que habían llegado del Sarare en los años 70 impulsados por programas de colonización del extinto INCORA y la Caja Agraria. “El Domingo Laín creció rápidamente en los primeros años de los ochenta por contar con el apoyo del campesinado, redes de familiares y de conocidos entre las comunidades. Organizados en pequeñas comisiones, el frente comienza a secuestrar ganaderos y a realizar incursiones a pueblos a ambos lados de la frontera”.

Sin embargo, la investigación puntualiza que fue en 1983 con el descubrimiento del yacimiento de petróleo y la posterior construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas, por parte de la empresa Occidental Petroleum, que el Eln se fortaleció política y militarmente en el departamento. De igual manera “la industria del petrolera en la región continuó expandiéndose con la entrada de neuvas compañías extranjeras como la multinacional británico-holadesa Shell y la española Repsol”.

La guerrilla adoptó una estrategia de captación de rentas ilegales por medio de la extorsión a las petroleras para financiar el sostenimiento a los proyectos armados que tenían en la región, entre ellos la consolidación del Frente de Guerra Nororiental. El caso más conocido mediante el cual el Eln recibió la mayor cantidad de dinero fue de la empresa alemana Mannesman, la cual pudo haber pagado hasta 8 millones de dólares por la liberación de 4  ingenieros, una parte fue pagada en efectivo y el resto tuvo que ser invertido en obras sociales.

La repercusión inmediata a las acciones de la guerrilla fue la militarización de la región, a ello se sumó la suscripción de un acuerdo de colaboración mediante el que las empresas extractivas se comprometían a  brindar ayuda económica para apoyar a las unidades de la XVIII Brigada del Ejército, apoyo que además incluyó el uso de las instalaciones de la petrolera OXY para la planeación de acciones militares, como lo determinó un informe de Amnistía Internacional referenciado en la investigación.

La estrategia de la guerrilla no se limitó inicialmente a adquirir dinero por las extorsiones y los atentados, también lo realizaron a través del uso de la administración pública mediante el desvió de recursos públicos y de incidir en la clase política local. La relación del Eln con los políticos fue de beneficio mutuo, ya que “la guerrilla identificó las ventajas de comprender las realidades de la arela política local y, a su vez, los políticos aprovecharon el hecho de contar con un brazo armado y coercitivo para permanecer en el poder”.

Andrés Peñate, exdirector del DAS, y quien hizo un estudio académico sobre el clientelismo armado del Eln en Arauca, afirma en el estudio que “la protección y la amenaza a los políticos locales le permitió al Domingo Laín convertirse en un muy buen intermediario entre las necesidades de la población y los recursos públicos designados para satisfacerlas”. De esta manera la guerrilla le exigía a los encargados de las obras civiles del oleoducto “enganchar” trabajadores y destinar ayudas comunitarias, a partir de lo cual la comunidad cae en cuenta que son los miembros del Eln el mejor medio para obtener recursos de los proyectos, estando así, dispuestos a seguir instrucciones, puntualiza Peñate.

Las relaciones clientelistas entre la guerrilla y la clase política llegaron hasta tal punto que en el año 2003 mediante la Operación Dignidad se capturaron a 32 personas, entre quienes estaban funcionarios, contratistas, representantes y políticos regionales como alcaldes y gobernadores. Cita la investigación que en el desarrollo del operativo adelantado por la Fiscalía y el DAS se encontró que de los 1.200 millones de dólares de regalías petroleras que Arauca recibió, aproximadamente unos 200 millones de dólares había sido destinados al Eln y que de los 1.000 restantes el Frente Domingo Laín ejercía un fuerte control para la inversión departamental.

No obstante, al inicio de la década del dos mil el Eln empezó a perder la capacidad militar y social en la región por el creciente poder económico y militar de las Farc en la zona, guerrilla con la que entró en guerra. A ello se le sumó la inserción de los paramilitares y el Ejército “cuyo accionar en Arauca se enfocó justamente en proteger a la industria petrolera”, los investigadores, hacen referencia, además, a que “se cree que la llegada y expansión de Repsol coincidió con la aparición a finales de los 90 de grupos paramilitares “El Corral”  los “Capuchos” que hacen pensar que fueron empleados para brindar seguridad a la empresa frente a la guerrilla”.

El nuevo siglo estuvo marcado por el afianzamiento del paramilitarismo con la consolidación del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, al cual la Fiscalía responsabilizó por 2.331 crímenes contra campesino, periodistas, maestros, líderes agrarios, sindicales y políticos, todos estos asesinatos encaminados a cumplir, según el ente investigador, con la estrategia de resquebrajar las redes de apoyo de la población civil de las guerrillas.

Se pudo establecer además que “el período de consolidación del paramilitarismo entre 2003 y 2005 estuvo ampliamente amparado por las fuerzas militares y las empresas petroleras como parte de una estrategia para proteger los intereses energéticos de la nación: las bases paramilitares se ubicaron muy cerca de puestos de la fuerza pública; la presencia y accionar  violento del bloque paramilitar se hizo más evidente en zonas aledañas al oleoducto; y las acciones fueron dirigidas especialmente a líderes sociales  y sindicatos energéticos”.  A ello se sumó la adopción por parte del gobierno de una política altamente represiva  hacia la movilización social.  

La actualidad del Eln en la región
Fue hasta el año 2010, luego del acuerdo de no agresión entre las Farc y el Eln, que el Frente Domingo Laín empezó a retomar varias de las estrategias sociales, militares y políticas para ubicarse de nuevo como el actor armado predominante en la región. Sin embargo citan los investigadores que tras las entrevistas realizadas, el Eln no ha podido reconstruir la base social en pleno por el desprestigio con el que quedó luego de la guerra desatada con las Farc y porque los araucanos están cansados de la guerra.

Actualmente las fuentes de financiamiento de la guerrilla del Eln se basan en el cobro de extorsiones, y la comisión de ataques a la infraestructura petrolera, “según la información recolectada en la zona, se presiona más a los contratistas que las empresas grandes, debido a que estas cuentan con mejores mecanismos de seguridad”.

 Señala el estudio que tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación se pudo demostrar que la multinacional italo-argentina Sicim, encargada de la construcción del Oleoducto Biecentenario, hizo varios pagos a las Farc y al Eln entre 2012 y 2014, entre los cuales se realizó uno de 6 millones de dólares, repartidos por iguales entre las dos guerrillas y uno de 600 millones de euros dirigido a un comandante del Eln.  

La desventaja en el plano militar a la que ahora se enfrenta el Eln con el Ejército ha supuesto que los ataques contra la infraestructura petrolera se conviertan en una táctica de confortación indirecta con la fuerza pública. “En este caso, un atentado contra un tubo significa que el ejército debe movilizar tropa y, por consiguiente,correr el riesgo de ser sorprendidos con explosivos, minas antipersonal o francotiradores”

De igual manera los atentados se han convertido en una fuente de trabajo para los pobladores de la región y a su vez la manera de obtener apoyo político para la guerrilla. Los araucanos entrevistados afirmaron a equipo investigador que cuando la guerrilla atenta contra el oleoducto no hay trabajo, “con las voladuras le dan trabajo a las comunidades porque un derrame grande puede necesitar unos 500 o 1000 personas para hacer la limpieza del rio” aseguró el entrevistado.

En cuanto al discurso sobre los atentados contra el sector extractivo, el secuestro y cobro de extorsiones contra contratistas y trabajadores de las petroleras se sigue manteniendo con los mismos fundamentos de hace dos décadas. “Critican que las empresas multinacionales se queden con gran parte de las ganancias, llaman la atención  sobre el poco bienestar que esta actividad genera a la población araucana y sobre las consecuencias medioambientales de la misma” afirman los pobladores entrevistados por el equipo de la FIP.

La investigación arrojó  que luego del 2010 la guerrilla ha utilizado diversas estrategias para recuperar la base social que tuvieron en los noventa. Para ello establecieron un Manual de Convivencia para que los combatientes ‘recuperen el espíritu revolucionario’ y con ello cambiar la percepción de la población. Y buscan ampliar su control político sobre las instituciones y los gobiernos locales en Saravena, Arauquita y Fortul.

“Para ser candidato en los municipios mencionados hay que tener el aval de la guerrilla y sentarse a negociar con el comandante de la zona para llegar a acuerdos. De esta manera, el Eln ha buscado mantener fichas políticas que pueda usar y, así, tener acceso a las finanzas públicas”.

Aun así las medidas no han sido efectivas porque la población se cansó de la violencia y hubo un proceso en el cual la gente se “derechizó” en los municipios que la guerrilla tuvo apoyo, como ejemplo se cita la elección del  alcalde de Saravena, Jhon Freddy Peña, del Partido de la U, “candidato que según la población entrevistada no tenía el aval del Eln, por lo que recibió diversas amenazas”.

Señalan los investigadores que luego de la primera vuelta presidencial ha sido la población la que ha recibido represalias por parte de la guerrilla, pues en municipios donde han  ejercido presencia histórica como Saravena y Tame, el entonces candidato Oscar Iván Zuluaga obtuvo más votos que el actual presidente Juan Manuel Santos. Además, a partir de las entrevistas que realizadas se constató que la guerrilla ejerció presión, intentando comprar votos para que en la segunda vuelta la balanza se inclinara a favor de la coalición del gobierno.  

Finalmente “En lo que se refiere a la base social del Eln lo que queda claro es que independientemente de si ha logrado o no legitimidad en algunos sectores sociales este grupo guerrillero pudo mantener el grado de sintonía con la población respecto a su oposición a las políticas de extracción petrolera y los impactos que derivan de esta” esto en la medida en que se convirtieron en un intermediario en la generación de empleo para las comunidades, concluye la investigación.

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1’600.000 hectáreas han sido asperjadas con glifosato según cifras oficiales. Foto: archivo Semana.

Desde que el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le envió al Consejo Nacional de Estupefacientes la recomendación de suspender el uso de glifosato por los posibles efectos nocivos en la salud, son varias las voces que se han levantado en pro y contra de la sugerencia. El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró por ejemplo que la fumigación ha sido una herramienta exitosa en la lucha contra el narcotráfico. El procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que por razones de seguridad en algunas regiones del país las aspersiones son la única herramienta contra los cultivos ilícitos y que su suspensión “conducirá a crear santuarios para el narcotráfico”. Para el expresidente Álvaro Uribe es una concesión a las Farc que podría desencadenar en que Colombia “se inunde de droga”.

Sin embargo, estudios académicos coinciden en que las fumigaciones con glifosato no han sido una herramienta eficiente contra la erradicación de la droga, pues no han dado los resultados esperados para los billones de dólares invertidos y se enfocan en atacan a los pequeños cultivadores de coca, el eslabón más débil de la cadena.

Los habitantes de las zonas con mayores cultivos aseguran que desde 1996, cuando se dieron las primeras movilizaciones campesinas en contra de las fumigaciones, han sido cada vez más estigmatizados en medio de la guerra antisubversiva y el gobierno no ha cumplido con condiciones justas para la sustitución de cultivos.

Las fumigaciones y la guerra
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez; y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazaron que se suspendan las fumigaciones. Fotos: archivo Semana.

Las aspersiones aéreas con glifosato en Colombia llevan más de 30 años, pues el 22 de mayo de 1984 en un consejo de ministros del gobierno de Belisario Betancur se aprobó el uso de este pesticida en aspersiones áreas para erradicar cultivos de coca, amapola y marihuana. Esto a pesar de las advertencias de varios organismos de control que cuestionaban los efectos nocivos para la salud dichas fumigaciones.

Sin embargo no se trató de una fumigación a gran escala, pues, según señalan estudios académicos, los cultivos de coca en el país eran relativamente bajos comparados con países vecinos como Perú y Bolivia. Es a mediados de los 90 cuando Colombia pasó a ser el principal productor de hoja de coca en la región Andina.

En 1996, bajo el gobierno de Ernesto Samper, mientras aumentaban las hectáreas de coca y se impulsaban aún más las fumigaciones con glifosato, tuvo lugar la movilización campesina más grande del sur del país: la marcha cocalera en Putumayo, Guaviare y Caquetá. Entre junio y agosto cerca de 200 mil campesinos cocaleros llegaron a los cascos urbanos para rechazar las aspersiones áreas.

“Los paros son percibidos como una puesta en escena que develó al país la importancia de los cultivos de coca en esta región, frente a lo cual el gobierno respondió criminalizando al pequeño cultivador y adoptando medidas represivas en el marco de la lucha contra las drogas, sin considerar las condiciones socioeconómicas que llevaron a los campesinos del Putumayo a su aceptación”, asegura el informe ‘El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La investigación agrega que la marcha, igual que paros que se habían presentado previamente, contaba con el visto bueno de las Farc.

Ese mismo año, y luego en 1998, también se levantaron los campesinos que sembraban coca en el Catatumbo. Llegaron desde Tibú, el Tarra, Convención y Teorama a Cúcuta pidiendo es el cese de las fumigaciones, mayor inversión y presencia del Estado y programas de apoyo para la sustitución de plantaciones de hoja de coca. Demandas que no distan de las exigidas en el reciente paro de 2013.

La investigación del CNMH asegura que las marchas de los cultivadores de coca fueron las que alertaron a Carlos Castaño del poder alcanzado por las Farc en el suroccidente. En 1997 ordenó la incursión de los primeros grupos paramilitares que se concretó en 1999 con algunas de las peores masacres perpetradas en Putumayo y Meta.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud, alertó sobre los posibles efectos nocivos en la salud del glifosato. Foto: archivo Semana.

Los impulsores de las marchas en contra de la fumigación en Norte de Santander también fueron víctimas de los paramilitares. Según denunció la Defensoría del Pueblo en mayo 1999, a su llegada a Tibú,  las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a los líderes de la marcha cocalera, en su departamento son recordados como las primeras víctimas que fueron brutalmente descuartizadas con motosierras.

Ese mismo año, en septiembre, el gobierno anunció el Plan Colombia como la nueva estrategia en la lucha contra las drogas que sería financiada por el gobierno de Estados Unidos. Sus objetivos eran reducir la producción de drogas ilegales en un 50 por ciento en seis años y mejorar las condiciones de seguridad en el país, atacando zonas donde hacían presencia grupos armados ilegales. El gobierno norteamericano y el colombiano, de manera conjunta, gastaron 1.1 billones de dólares por año, entre el 2000 y el 2008 para fortalecer a las fuerza pública.

Para combatir la producción y tráfico de drogas la principal estrategia fue la aspersión aérea de los cultivos de Coca. “La novedad del programa de fumigaciones del Plan Colombia era la intensidad de su aplicación y la nueva mezcla utilizada. Ahora se trataba de eliminar en corto tiempo el mayor número de hectáreas posible, para lo cual se aplicaría (de hecho, había comenzado a aplicarse ya) una nueva y más eficaz concentración de Roundup, la mezcla comercial sobre la base de glifosato patentada por la firma Monsanto”, asegura un estudio del Transnational Insititute (TNI), una red internacional de investigación que ha estudiado detalladamente el tema de las fumigaciones en Colombia.

Sin embargo, según el investigador del TNI Ricardo Vargas, fue en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el que se utilizaron con más fuerzas las fumigaciones como una estrategia dentro de la lucha antisubversiva. El argumento fue que atacando los cultivos de coca se atacaban las fuentes de financiación de la guerrilla.

“Más que de la política de reducción de los cultivos, la erradicación aérea hizo parte de una estrategia contrainsurgente que une al pequeño productor como parte de la cadena criminal y de apoyo a la guerrilla. Sobre los pequeños productores recae el estigma de la criminalización”. Agrega que bajo ese estigma varios de los productores se vieron obligados a unirse a programas como el que en 2003 creó la extinta Acción Social llamado ‘Familias Guardabosque’, donde asegura, eran utilizados como informantes.

Una herramienta ineficiente
Los objetivos del Plan Colombia fueron reducir la producción de drogas ilegales en un 50 por ciento en seis años y mejorar las condiciones de seguridad en el país. Foto: archivo Semana.

A pesar de los billones de dólares invertidos y de que más de un millón 600 mil hectáreas de cultivo de coca han sido fumigadas y otras 400 mil erradicadas manualmente, las investigaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed) han revelado que la producción potencial de cocaína entre el 2000 y el 2008 se mantuvo estable, pues los cultivadores se adaptan con facilidad y diseñan mecanismos para ser más eficientes en la producción.

Estudios de la Universidad de California muestran además que por cada hectárea asperjada, la reducción es de solo el 0,035 del cultivo, es decir, que para eliminar una hectárea de cultivo de coca, es necesario que se fumiguen 30. A esto hay que sumar los altos costos de la aspersión, según la misma investigación, eliminar un sola hectárea de hoja de coca cuesta alrededor de 72.000 dólares, mientras que la venta de esa hoja de coca sembrada en una hectárea es de 400 dólares.

Daniel Mejía, director del Cesed, ha insistido en que parte de los pobres resultados de la política antidroga se debe a que se ha enfocado en atacar al cultivador, que es el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico y quien menos se lucra del negocio. De acuerdo con este centro de estudios los recientes resultados en la reducción de la producción de coca son producto de un esfuerzo cada vez mayor en la incautación del producto y la destrucción de laboratorios.

Los cultivadores en las mismas
A mediados de los 90 Colombia pasó a ser el principal productor de hoja de coca en la región Andina. Foto: archivo Semana.

Han trascurrido más de 20 años desde que ocurrieron las principales marchas cocaleras del país, donde el gobierno se comprometió a apoyar los proyectos de sustitución de cultivos y mejorar la situación de los cultivadores. VerdadAbierta.com habló con algunos líderes en los departamentos donde hay mayores cultivos de coca y corroboró que dos décadas después las demandas siguen siendo las mismas.

En 1996 para poner fin a la movilización campesina en Putumayo, Guaviare y Caquetá, el gobierno se comprometió a no fumigar los pequeños cultivos, sino a mejorar los programas de sustitución de cultivos que se habían creado un año atrás, construir nuevas carreteras, programas de electrificación, hospitales y puestos de salud.

Aunque los putumayenses se muestran optimistas con la recomendación de suspender el uso del glifosato, también son conscientes de que sin una adecuada infraestructura estatal no es posible erradicar los cultivos ilícitos. “Esperamos que con la manifestación del Ministerio de Salud el gobierno cambie su política de fumigación por una de siembra. Pero eso sí, de nada sirve que paren las aspersiones si no hay inversión en todo porque en Putumayo no hay carreteras y la salud es mala. Así no habrá cambio total”, aseguró Marco Rivadeneira, líder de la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), que está en el corredor Puerto Vega – Teteyé que lleva a Ecuador.

En Tumaco, municipio nariñense que en su zona rural está sembrado con varias hectáreas de cultivos de coca y sufre las consecuencias de ser un corredor estratégico de tráfico de drogas, la mirada va en ese mismo sentido. “Recibimos complacidos una noticia de esas pero no es suficiente con que no haya fumigación. El Gobierno también tiene que anunciar apoyo al campesinado para que podamos tener una forma de vida. De cierta manera no queremos sembrar más coca”, aseveró Martín Cabezas, presidente de la comunidad afro Asomiruma, en Tumaco, Nariño.

Hay que agregar que el presidente Juan Manuel Santos ordenó que en Putumayo fuera el centro de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Sin embargo, los habitantes aseguran que las aspersiones no han cesado, “Las fumigaciones paran un mes y vuelven nuevamente. Sólo paran cuando la gente empieza a manifestarse. La zona más afectada es el corredor Puerto Vega – Teteyé (en Puerto Asís) que comunica con Ecuador. Allá, no cesan las fumigaciones”, dijo a VerdadAbierta.com Hernán Tabares, concejal de Puerto Asís, Putumayo.

Unos y otros coinciden en que hasta ahora los programas de sustitución de cultivos no han dado los resultados esperados. En la siembra de caucho, arazá y pimienta los productores se sienten abandonados por el gobierno porque no les aseguraron un comercio en el interior del país, ni hay una continuidad en la producción. Insisten en que la sustitución debe ser voluntaria y los productos a cultivar no pueden ser impuestos por las instituciones, sino que debe ser un trabajo conjunto. “Muchos ya definieron qué van a sembrar en la sustitución pero no siembra por las fumigaciones”, contó Rivadeneira.

Los campesinos también se preguntan quién va a responder por los centenares de personas a quienes las fumigaciones les deterioraron la salud y la calidad de sus predios. Este es el caso de Rodolfo Guerrero, un campesino de 60 años que trabajaba en la vereda Libertad en San Vicente del Caguán, Caquetá. El 16 de agosto de 2014 fumigaron un pedazo de la finca de un vecino y cayó en sus linderos.

Solángel Gómez, esposa de Roldolfo, asegura nueve días después de la caída de glifosato su esposo quedó inmóvil y con su capacidad mental disminuida. “Las plataneras y las yucas que sembramos, nos las secaron. El paso se quemó y por eso me tocó sacar el ganado. He intentado vender la tierra pero nadie la compra porque es pequeña y porque ya no hay pasto por las fumigaciones”.

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Pedro Arenas, investigador del Observatorio de cultivos y cultivadores de Indepaz. Foto: archivo Semana.

Histórica noticia del Ministerio de Salud de Colombia de recomendar la suspensión inmediata del injusto, inconveniente y anti-ambiental programa de fumigaciones aéreas que utiliza de forma masiva el cancerígeno glifosato producido por la compañía Monsanto, desde hace más de 21 años.

La recomendación del Ministro Alejandro Gaviria, acoge la petición de la Corte Constitucional que hace dos años le pidió contemplar el principio de precaución en el caso de que exista evidencia científica que permita deducir que este agrotóxico causa daño a la salud animal, vegetal o las personas (es decir, campesinos, indígenas y afrodescendientes). En medio de la falta de actuación de las autoridades sanitarias colombianas, apareció el reporte de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud (de la que Colombia es signataria) que estudia los riesgos de cáncer. Esta Agencia elevó a la categoría 2A el químico glifosato considerándolo posible causante de cáncer en las personas y con evidencia convincente de que lo causa en animales de laboratorio.

Esta decisión implica a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la que debería inmediatamente cancelar la licencia ambiental con que cuenta el Pecig, pues compete al Ministerio dar las recomendaciones técnicas al respeto. También el concepto del Ministerio de Salud debe ser acogido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que su secretario Javier Flórez (director de política de drogas) quiere continuar esa estrategia y del que forma parte la Policía Antinarcóticos cuyo director el general Ricardo Alberto Restrepo también quiere mantenerla. Pero el Presidente de la República puede tomar la decisión de suspender el Programa debido al mandato de la Corte, a la recomendación del Ministerio de Salud y a los pedidos nacionales e internacionales de que haga algo concreto para demostrar su compromiso con las reformas de políticas de drogas.

El próximo 7 de Mayo en Nueva York el Ministro de Justicia Yesid Reyes puede liderar el Segmento de Alto Nivel Interministerial en Naciones Unidas preparatorio de la Cumbre especial sobre drogas, Ungass, que se realizará dentro de un año. Colombia ha pedido tomar decisiones centradas en el ser humano y en los derechos de las personas antes que en las sustancias o las plantas, por lo que se avizora que la clasificación de la Iarc daría la oportunidad, a pesar de que “existe información divergente”, al Gobierno de traducir en hechos sus posturas reformistas.

Protesta de cultivadores de coca en Tarazá, Antioquia. Foto: archivo Semana.

Curiosamente, horas antes de que se pronunciara el Ministro de Salud, el subsecretario de Estado William Bronwsfield había dicho que no estaba de acuerdo con que Colombia suspendiera las fumigaciones alegando que este veneno es inofensivo y que no hay quejas ni daños que afecten la salud de las personas, lo cual es falso, por cuanto hay miles en 21 años de aspersión ininterrumpida (hasta 4 veces en el año, sobre la misma zona), que no se investigaron nunca seriamente, por falta de aprestamiento de hospitales públicos y del Instituto Nacional de Salud. El señor Bronwsfield, además dijo que las fumigaciones no se debían suspender hasta que no se firme un acuerdo con las Farc, lo que muestra que los Estados Unidos impusieron este programa para quitarle finanzas a la guerrilla pero pisoteando los derechos humanos de las comunidades rurales y abriéndole campo a proyectos de extracción de recursos naturales luego de “limpiar el terreno” expulsando comunidades.

Hay que decirle a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado que su fondo de indemnizaciones por los daños colaterales de las fumigaciones (lo que supuso en medio del Plan Colombia que éstas sí causaban daños) nunca se implementó seriamente, y por ello menos del 4% de todas las quejas a nivel nacional fueron atendidas, llegando a la ridícula cifra de haber atendido en un departamento como el Guaviare menos de 10 casos en dos décadas.

Las aspersiones acabaron con docenas de cultivos de café de Cosurca en Cauca; mataron cultivos de piña en Nariño; afectaron cultivos de caucho en Caquetá y Guaviare establecidos como parte de proyectos de sustitución por la Onudc; incluso se aplicaron contra los pequeños plantíos de palma de cooperativas chicas de Nariño, mientras que en Putumayo inversiones de Usaid también fueron arrasadas por el veneno de las avionetas. Más recién en Anorí y en otras zonas del norte del país han vuelto los reclamos por el uso “indiscriminado” del químico.

Además, la Contraloría General de la República en 2001 con información documentada había pedido el fin de las fumigaciones y varias universidades como la Unillanos probaron que el glifosato causa malformaciones en peces. Varios debates en el Congreso y el Instituto IDEA de la Nacional también. Actualmente, en el Tribunal de Cartagena se tramita una acción de grupo por los daños de las fumigaciones a las comunidades del Sur de Bolívar; en el Tribunal de Popayán hay otro caso con casi 35.000 demandas contra el Estado por lo mismo; en La Haya avanzaba la demanda internacional de Ecuador por daños en la frontera a causa de la deriva de la aspersión, pero el Gobierno nacional indemnizó y se detuvo ese litigio; la Corte ordenó consulta previa con comunidades indígenas (y afros) y prohibió la fumigación en parques naturales; el Consejo de Estado en los años 90s hizo pronunciamientos similares; en varias entidades reposan quejas de posibles afectaciones a indígenas y niños, los últimos casos registrados en 2014 en Chocó, Nariño y Cauca, entre otros; y se agrega que el Sistema de Población Desplazada (aunque haya cambiado de nombre) recibió y recibe miles de familias que son victimizadas por las aspersiones con la pérdida de su seguridad alimentaria.

Es de mencionar que en los diálogos para finalizar el conflicto armado en La Habana, las fumigaciones han sido parte de la discusión. A esto se suma que el Presidente Juan Manuel Santos había ordenado en Putumayo el adelanto de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Se han dado decenas de paros (como el del Catatumbo) solicitando la suspensión. En los Foros sobre el tema en el marco del proceso de paz, la petición fue unánime. Y finalmente, la Cumbre agraria que ayer se reunió con los ministros del Interior y de Agricultura también reclama que se suspendan las fumigaciones de inmediato en el marco de la mesa de concertación que constituyeron con el gobierno después del último paro agrario del año anterior. Por todo ello, muy a propósito de la filosofía del buen gobierno, detenga este vicioso envenenamiento señor Presidente.

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Foto: archivo Semana.

En Cáceres, un pueblo de Antioquia a orillas del rio Cauca, fundado hace más de 450 años y que ha padecido todas las violencias que han asolado al país, la amenaza latente de una nueva confrontación armada tiene a los habitantes con los nervios de punta.

El protagonismo del Eln viene creciendo, luego de que sus frentes de guerra, que se replegaron durante varios años de asedio militar y paramilitar, estén ganando terreno de nuevo en un área de influencia de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘Clan Úsuga’ o ‘Urabeños’, que tienen el control desde 2011.

En los límites con el municipio de Anorí, se viene registrando desde finales del año inmediatamente anterior la incursión cada vez más frecuente, numerosa y amenazante, de integrantes del Eln, a territorios que según campesinos consultados por VerdadAbierta.com son controlados por los ‘Gaitanistas’.

En las veredas Campanario, Alto del Caballo, El Tigre y Anará, ya los ‘elenos’ han intimidado a los campesinos; hay restricciones a la movilidad y confinamientos; asesinatos selectivos y confrontaciones armadas que hoy tienen en alto riesgo de desplazamiento a por lo menos a 400 familias.

Según la Defensoría del Pueblo de Antioquia, ya se registraron los primeros éxodos individuales. Varias familias que no aguantaron más la situación y decidieron buscar refugio en casas de familiares y vecinos asentados en pueblos aledaños. La misma entidad consignó el asesinato de un hombre de 28 años de edad, que tuvo lugar el 14 de febrero en la vereda El Tigre, y dice que los ‘Gaitanistas’ difundieron la versión entre los habitantes de que lo habían ajusticiado a un colaborador de la guerrilla, lo que intensificó el miedo de la comunidad. Una semana después se registró la muerte de un hombre de 35 años de edad en la vereda San Francisco, quien fue degollado con arma blanca.

El hecho más preocupante se presentó el 25 de febrero de este año. Ese día, una columna de poco más de 10 guerrilleros del Eln ingresó a las veredas El Campanario y El Tigre. Les dijeron a los labriegos que lo mejor era que se fueran pues en cualquier momento se podría “prender una plomacera”. Pocas horas después de que los ‘elenos’ se retiraran, aparecieron los ‘Gaitanistas’. “Y ahí ya quedamos nosotros maniatados, porque tanto los unos como los otros nos han dicho que si algo les pasa a ellos, lo paga la comunidad”, dice Alfredo*, habitante de Cáceres.

Para defender el territorio, los ‘Gaitanistas’ han instalado retenes ilegales en del camino que conduce al casco urbano de Cáceres. “Un desconocido, alguien que no sea de la región, le puede ir muy mal”, añade Alfredo, quien agrega que “no se puede ir del Alto del Tigre a El Tigre, porque lo señalan a uno de ser guerrillero. Después de las 5:00 de la tarde no se puede ni entrar ni salir de las veredas”. Entre las amenazas proferidas por los integrantes de esta banda criminal es que quien se desplace no puede regresar.   

Para mantener el control, el Eln ha sembrado de minas antipersona en la zona, en las que ya han muerto varios animales. “En esas veredas es común que los campesinos tengan la casa en una parte y la parcela en otros. Pues ya la gente le da miedo ir a la parcela a trabajar por miedo a caer en una mina antipersona”, lamenta el labriego.

¿Resurgir de los ‘elenos’?  
Uno de las mayores rentas que perciben tanto bandas criminales como guerrillas, en este caso el Eln, es la extorsión a la actividad minera.Foto: Ricardo Cruz.

Aunque los pobladores de las zonas rurales de Cáceres siempre escucharon decir que “los elenos andaban por ahí”, pasaron varios años para sentir su presencia amenazante. Tal como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Silenciar la democracia: las masacres de Segovia y Remedios entre 1982 -1997, la presencia de la guerrilla del Eln en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño data desde los últimos años de la década de los 60, cuando Manuel Vásquez Castaño decidió cruzar el río Magdalena desde el departamento de Santander para instalarse en la tierras mineras de Segovia y Remedios.

Fue allí donde el Eln inició un proceso de expansión y crecimiento que les permitió propinar sonados golpes militares como las tomas de Remedios, Santa Isabel y Otú (1972).  En su intención de expandirse, los ‘elenos’ decidieron incursionar en el Bajo Cauca donde sufrieron el peor revés militar de su historia. La Operación Anorí del Ejército, que se ejecutó en septiembre de 1973, prácticamente aniquiló a esa guerrilla, y acabó con varios de sus fundadores como Manuel y Antonio Vásquez Castaño.

Quienes sobrevivieron, lograron refugiarse en municipios como Segovia, Zaragoza, Cáceres y el mismo Anorí y allí, iniciarían la reconstrucción de sus estructuras guerrilleras. A mediados de la década de los 80, el Eln ya contaba nuevamente con tres frentes: el José Antonio Galán, el Compañero Tomás y Héroes de Anorí, cuya influencia se extendía desde Segovia y Remedios, en el nordeste del departamento; hasta zonas rurales de Cáceres y Tarazá, en pleno corazón del Bajo Cauca.  

Hoy, luego de casi tres décadas de permanencia en la región y soportar la embestida de los grupos paramilitares y el asedio del Ejército, las autoridades judiciales y de Policía han identificado la presencia de los frentes Resistencia Guamocó, Compañero Tomás y Capitán Mauricio en zonas como Bejuquillo y San Pablo, del municipio de Tarazá; Campanario, El Tigre y  Alto del Tigre, de Cáceres; Saltillo y Machuca, de Zaragoza; Charcón, de Anorí; el municipio de El Bagre. En localidades como Cáceres, El Bagre y Zaragoza, también se registra  presencia de los ‘Gaitanistas’.

En alianza con las Farc
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en informe elaborado en 2014 y titulado Dinámica del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario, consignó cómo la guerrilla del Eln, principalmente en los municipios de Cáceres y Zaragoza, venía adelantando sus acciones militares en conjunto con los frentes 18 y 36 de las Farc. Según el informe, ambos grupos insurgentes adelantan “actividades extorsivas a la minería ilegal y la producción y procesamiento de coca”.  

Sobre el particular, autoridades policiales consultadas por Verdadabierta.com relataron varios meses atrás se registró una alteración de orden público en la carretera que de Segovia conduce a Zaragoza. Allí, unos hombres armados realizaron un retén ilegal, detuvieron varios camiones y los pintaron con siglas Farc-Eln.

No es nuevo
El miedo latente es que haya una guerra por control de este territorio entre el Eln y las bacrim; algo similar a lo que se vivió entre 2009 y 2011, cuando se produjo una grave crisis humanitaria. En esa ocasión los protagonistas fueron los herederos de los grupos paramilitares que operaron en la región.

Antiguos lugartenientes de los otrora poderosos jefes paramilitares Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, se enfrascaron en una guerra sin cuartel por el control de las cuantiosas rentas que deja en esta región de Antioquia la extorsión a la minera y al comercio así como el tráfico de estupefacientes.

El conflicto logró apaciguarse, pero no es claro por qué. Las autoridades civiles y de Policía departamentales, creen que fue resultado de la Operación Troya, con la que se logró la captura o muerte de varios importantes jefes de estas organizaciones. Los pobladores que padecieron toda la furia de esta guerra, creen, por el contrario, que hubo un pacto entre estos grupos, y se repartieron territorios y negocios ilícitos, lo que permitió parar el enfrentamiento.

Verdad o no, lo cierto es que desde entonces la presencia de los ‘Gaitanistas’ se siente con fuerza en el casco urbano de Cáceres y en corregimientos como Puerto Bélgica, Jardín y Piamonte. “Ellos son los que controlan barrios como Buenos Aires, Costa de Oro, 20 de Julio; es decir, uno los ve vigilando. Ellos se dan cuenta quien entra, quien sale. Cada cierto tiempo los cambian. En (corregimiento) Puerto Bélgica, por ejemplo, los mototaxistas no pueden entrar a otras partes. Después de cierta hora en la noche, es mejor estar en la casa y no salir”, cuenta Alfredo*.  

Preocupaciones por el futuro
Foto: Juan Diego Restrepo E.

La eventual dejación de armas de los frentes de las Farc que operan en esta región de Antioquia abre serios interrogantes sobre si la guerrilla del Eln ocupará dichos territorios, si esto significará un fortalecimiento de su estructura militar y si persistirán los acuerdos tácitos con las bandas criminales que operan enel Bajo Cauca, particularmente ‘Los Gaitanistas’ o ‘Urabeños’, para el control del negocio del narcotráfico y la extorsión a las actividades mineras.

El pasado 14 de diciembre de 2014, fueron masacradas en extrañas circunstancias dos hombres y cinco mujeres en zona rural del municipio de Amalfi, aledaño a los municipios de Cáceres y Anorí. La principal hipótesis que manejan las autoridades de Policía es que se trató de un ataque de miembros de los ‘Urabeños’ a colaboradores del Eln, situación que podría considerarse como una “declaración de guerra” entre estas dos estructuras armadas.

Y es que, la disputa no solo es por un corredor natural que permite conectar fácilmente agrestes territorios aptos para la guerra y las actividades ilegales, sino también rentas que fácilmente superan los cinco mil millones de pesos mensuales.

“En esa donde vivo hay muchas minas, pero son controladas por las ‘Águilas’ (Gaitanistas)”, señala un labriego de zona rural de Cáceres consultado por VerdadAbierta.com y quien, por temor, pidió reserva de su identidad. “Ellos son los que dicen quién trabaja y quién no. Allá todos tienen que pagar. Los baraqueros pagan mil pesos diarios; los de las retros (retroexcavadoras) deben pagar cinco millones de pesos mensuales y por allá hay más de 20 retros. Haga la cuenta. Y si están los ‘elenos’ también hay que pagarle a ellos”, agrega.

Quizás por ello es que activistas como Álvaro Jiménez Millán, vocero de la Campaña Colombiana de Acción contra las Minas Antipersona y conocedor del conflicto armado en el país, señala que la mejor acción para contener los riesgos ya mencionados es involucrar al Eln en un proceso de paz: “Claro, hay un alto riesgo de haya gente que decida permanecer en la lógica de las armas si hay una oferta clara. Por eso este proceso de paz debe involucrar necesariamente al Eln”.

*Se omite el nombre real por petición de la fuente

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