Fueron cientos de crímenes los que cometió el Bloque Cacique Nutibara en Medellín. Foto SemanaUn nuevo obstáculo deberá sortear el proceso judicial que se adelanta en Justicia y Paz contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la temida máquina de guerra que dirigiera Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y cuyos crímenes, por lo menos ante la justicia transicional, aún permanecen en la impunidad.

Hace una semana dos de los tres magistrados que integran la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, se declararon impedidos para continuar con el juzgamiento de estos desmovilizados, tras alegar que ya emitieron un juicio que compromete su criterio sobre la continuidad de estos dentro del proceso de Justicia y Paz.

El problema es que esta dilatación está afectando a las víctimas porque ante tanto tropiezo jurídico los anhelos de justicia, verdad y reparación entre sus cientos de víctimas continuarán siendo eso: anhelos.

“Ya las víctimas perdieron todo interés en ese proceso, ya ni asisten a las audiencias porque sienten que es una pérdida de tiempo”, señala el abogado Óscar Correa, apoderado del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que se presentó como víctima en el proceso que se adelanta en Justicia y Paz contra alias ‘Don Berna’ ante los ataques que padeció a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil.

Decisiones, paso a paso
La cronología de este proceso muestra que entre el 4 y 5 de septiembre de 2013, los magistrados Pinilla Cogollo y Rincón Jaramillo decidieron excluir de los beneficios de la justicia transicional a Juan Fernando Chica, Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres, los únicos postulados del Cacique Nutibara ante Justicia y Paz. 

Entre las razones esgrimidas en aquel momento figuran que los mencionados postulados nunca confesaron la verdad y cuando lo hicieron, fue de manera parcial; que no entregaron bienes para reparar a las víctimas, y que muchos de los exintegrantes de este grupo paramilitar seguían delinquiendo.

Los magistrados de la Sala de Justicia y Paz señalaron también que la desmovilización del Cacique Nutibara fue ficticia por cuanto se conocieron denuncias, a lo largo del proceso transicional, de reclutamiento de jóvenes en barrios periféricos días antes del evento de dejación de armas, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín el 25 de noviembre de 2003.

En dicha decisión también se solicitó investigar al hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares, ya sea por acción u omisión y por concertarse con ellos no solo como gobernador de Antioquia sino después como presidente de la República. Los togados sustentaron su decisión en testimonios y versiones de varios exparamilitares quienes relacionaron directamente a personas muy allegadas a este líder político, como Pedro Juan Moreno, Mauricio Santoyo y Jorge Noguera, con estructuras paramilitares. (Ver: Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo y Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

Allí también se pidió investigar a la exfiscal Viviane Morales, así como a los generales en retiro Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (ya fallecido) e Iván Ramírez. Asimismo, se pedía a la Fiscalía General de la Nación investigar a varios funcionarios judiciales, entre ellos, a varios fiscales de Justicia y Paz, incluido al encargado de reconstruir la historia del Bloque Cacique Nutibara de las Auc.

Pero ladecisión fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia proferida el pasado 23 de julio. Según la Alta Corte, los magistrados se extralimitaron en sus funciones, entre otros, por no tener la potestad para excluir a los postulados pues esta facultad solo la tiene la Fiscalía General de la Nación, “razón por la cual estos operadores jurídicos (los magistrados) no pueden expulsar de oficio a los postulados, pues siempre deberá mediar petición de la Fiscalía. Proceder de forma contraria, como lo hizo la Sala, comporta afectar de manera trascendental la estructura procesal diseñada por el legislador”, advirtió la Corte. (Ver: Corte Suprema de Justicia tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)

Esta decisión implicó el regreso de los postulados a Justicia y Paz y el cese de todas las investigaciones solicitadas por los magistrados, incluidas las del expresidente Álvaro Uribe, así como la continuación de las audiencias conocidas como legalización de cargos, es decir, el momento en que la Fiscalía solicita ante los magistrados que sean legalizados los delitos confesados por los exparamilitares.

Pero cuando se pensaba que reanudaría el proceso, los mismos magistrados que un año atrás excluyeron a los exmiembros del Cacique Nutibara se declararon impedidos para continuar con este proceso pues argumentan que tendrán que juzgar a los mismos postulados sobre los cuales ya emitieron un concepto que se mantiene hasta el día de hoy y analizar las mismas pruebas que ya rechazaron en su momento luego de valorarlas exhaustivamente.

“La Sala excluyó oficiosamente a los postulados, examinó y valoró in extenso y a fondo las pruebas allegadas a la actuación y con fundamento en ellas se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los postulados, para concluir que no los cumplían (…) la imparcialidad que debe garantizarse en este caso está seriamente afectada por la opinión o criterio anticipado asumido por los suscritos Magistrados, el cual es sustancial y relevante y afecta el debido proceso de los postulados”, señalaron Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo en su anuncio.

Aclarado el embrollo jurídico, la pregunta entonces es ¿qué implicaciones tiene todo esto? La primera y más evidente es que el propio Tribunal Superior de Medellín deberá resolver en los próximos meses si acepta o no el impedimento planteado por los magistrados Pinilla Cogollo y Jaramillo Rincón. De no aceptar, será la Corte Suprema de Justicia quien dirima esta situación.

En todo caso, la preocupación principal es por el tiempo. Y no es para menos. Varios de los postulados ya cumplieron los ochos años de reclusión planteados por la Ley de Justicia y Paz y comenzaron a solicitar su libertad, sin que se vea en el horizonte cercano la posibilidad de dictarles sentencia por parte de la justicia transicional.

Fue así como el pasado 2 de septiembre Wander Ley Viasus Torres, uno de los siete postulados del Cacique Nutibara en cuestión, solicitó ante un magistrado con función de garantías de Justicia y Paz de Medellín sustitución de medida carcelaria; es decir, libertad condicional, la cual le fue concedida. El 8 del mismo mes hizo lo propio Mauro Alexander Mejía Ocampo; el 9 de septiembre fue el turno para Juan Fernando Chica y al día siguiente para Juan Mauricio Ospina Bolívar. En todos los casos la libertad fue concedida.

Y ante la salida de los exparamilitares, las cientos de víctimas que dejaron las acciones militares del Bloque Cacique Nutibara en Medellín y el área metropolitana sienten que se están quedando sin las verdades sobre sus parientes y se está tejiendo, poco a poco, manto de impunidad que acabarábeneficiando a quienes auspiciaron, financiaron y promovieron el paramilitarismo en la capital antioqueña y municipios vecinos.

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Para su conformación, el Bloque Cacique Nutibara reclutó a las bandas delincuenciales de Medellín y su área metropolitana. Foto Semana.Muchos de los crímenes cometidos por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que delinquió en Medellín entre 1998 y 2003 bajo las órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, podrían quedar en la impunidad.

Así lo advierten organizaciones de víctimas y de derechos humanos de Medellín tras aseverar que, ocho años después de la desmovilización de este bloque, realizada el 25 de noviembre de 2003 en esta ciudad y que se constituyó el primer acto de dejación de armas de bloque paramilitar en el país, a la fecha solo 16 exintegrantes de este grupo están rindiendo versiones ante fiscales de Justicia y Paz.

Para los defensores de derechos humanos Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, y Fernando Quijano, director de Corpades, lo anterior se sustenta, además, en hechos como que el máximo comandante de este bloque, alias ‘Don Berna’, fue extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2008 y condenado posteriormente en 2010 a 31 años de cárcel por narcotráfico y desde entonces, su colaboración con Justicia y Paz ha sido poca.

Asimismo, según la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, encargada de la documentación de los crímenes de este bloque, el Gobierno Nacional ha negado en los últimos ocho meses la postulación a la justicia transicional de 17 desmovilizados del Cacique Nutibara recluidos en diferentes cárceles del país, situación que dificulta aún más la reconstrucción de lo que pasó enlos últimos 10 años de conflicto urbano en la capital antioqueña.

Los que aparecieron
Las cifras señalan que el 25 de noviembre de 2003 se acogieron al proceso de paz con el Gobierno Nacional 868 combatientes del Bloque Cacique Cacique Nutibara. Tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, en mayo de 2005, el Gobierno Nacional postuló a 33 desmovilizados de este grupo paramilitar. Pero en el transcurso de la aplicación de esta norma fueron excluidos 13 miembros tras incumplir los compromisos estipulados en la justicia transicional. Cuatro más fallecieron y tres fueron trasladados a otros departamentos.

La pregunta entonces es: ¿dónde están los demás hombres que dejaron sus armas en el Palacio de Exposiciones? Según informes de Policía Judicial recopilados por la Fiscalía 45, de los 868 desmovilizados han fallecido a la fecha 140. Del universo restante, unos 364 enfrentan procesos judiciales y de estos últimos, unos 190 ya han sido condenados, 70 más se encuentran en etapa de juicio y 135 tienen procesos activos.

De acuerdo con este despacho, los hoy postulados por el bloque Cacique Nutibara han confesado alrededor de mil crímenes. A ellos se les imputarán delitos que van desde el concierto para delinquir, acceso carnal abusivo, desplazamiento, falso testimonio, narcotráfico, hurto agravado hasta lesiones personalesy homicidio.

Sin embargo, Fernando Quijano, director de Corpades, señaló que “aquí no se ha esclarecido ni la mitad de los hechos cometidos por este bloque ni por las bandas que estuvieron bajo su servicio. Los comandantes paramilitares hoy por hoy son los máximos capos de la mafia en la ciudad y eso no se ha investigado. Tampoco se ha investigado la relación de sus comandantes con la Fuerza Pública”.

Igual postura asumió la abogada Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, quien recalca que “habrá que seguir presionando socialmente para que salga a flote esa verdad del Cacique Nutibara, porque en Justicia y paz no se verá”. Su preocupación, al igual que la del director de Corpades e, incluso, el propio Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, es que cientos de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados e incluso, actos terroristas cometidos por esta estructura paramilitar en la capital antioqueña y los municipios del Valle de Aburrá durante sus años de operación, queden en la más completa impunidad.

El esclarecimiento de varios de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia reciente del conflicto urbano en Medellín es otro de los puntos que más inquieta a los defensores de derechos humanos y las víctimas del accionar paramilitar.

Operación Orión
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la Operación Orión, acción ejecutada en octubre de 2002 por fuerzas combinadas de Ejército, Policía, Fuerza Aérea, CTI y DAS y mediante la cual se retomó el control de la Comuna 13, dominada hasta ese momento por milicias de las Farc, ELN y Comandos Armados Populares (CAP).

Meses después del operativo, organizaciones no gubernamentales de la ciudad, como la Corporación Jurídica Libertad, denunciaron públicamente cómo miembros del Bloque Cacique Nutibara retuvieron y desaparecieron a varios jóvenes de esta populosa zona del occidente de Medellín, acusándolos de pertenecer a las milicias. Esta organización logró documentar 72 casos de desapariciones forzadas ocurridos entre noviembre de 2002 y febrero de 2003.

Se presume que estos y otras personas más reportadas como desaparecidas en la Comuna 13 estarían enterradas en el sitio conocido como ‘La Escombrera’. Y si bien en varias versiones libres alias ‘don Berna’ y varios de los pocos postulados del Cacique Nutibara a Justicia y Paz han reconocido la existencia de fosas comunes en ese lugar, en la cual reposarían cerca de 300 cadáveres, es poco lo que la Fiscalía ha logrado avanzar en este tema.

Paradójicamente, exintegrantes de este bloque actualmente recluidos en centros penitenciarios del país han manifestado su deseo de aportar a la búsqueda de verdad y reparación en este caso en particular, pero desde el Gobierno Nacional se ha negado su ingreso a Justicia y Paz. Tal es el caso de Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, recluido actualmente en la cárcel de mediana seguridad del municipio de La Dorada, Caldas, quien envío una carta a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín pidiendo que intercedieran por él en su postulación ante Justicia y Paz.

“Fui comandante en Medellín, sector Comuna 13, y tengo muchos eventos que quiero esclarecer, para colaborar con la historia del país y solucionar mi situación jurídica”, dice en sus apartes la carta que fue leída en audiencia de imputación de cargos contra seis postulados del Cacique Nutibara.

Cabe destacar que en el capítulo de la Operación Orión, alias ‘don Berna’ ha salpicado en sus versiones libres, tanto las que alcanzó a rendir en Colombia como las que ha entregado desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, al general (r) del Ejército Mario Montoya, por aquellos años comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín; y al general (r) Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En sus declaraciones, el exjefe paramilitar ha señalado que el operativo de retoma de la Comuna 13 fue coordinado entre los generales Montoya, Gallego y varios de sus lugartenientes.

¿Falsa desmovilización?
Otro de los aspectos sobre los cuales aún hay más sombras que luces es, precisamente, la desmovilización del Cacique Nutibara. El pasado 26 de marzo, el Juzgado Segundo Adjunto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó en primera instancia a cinco integrantes de una banda criminal que opera en el corregimiento San Antonio de Prado, sur del Valle de Aburrá y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara la supuesta falsa desmovilización de este bloque paramilitar.

El Juzgado basó su petición en testimonios recopilados y aportados al proceso por la Fiscalía en los que se afirma que la desmovilización de este bloque fue una farsa. “Llegaron unos buses, se montaron unas personas del barrio que iban para La Ceja tres meses. Les habían traído uniformes que ni les servían, que las botas ni eran los números de ellos, o sea, una opinión muy personal, la desmovilización fue como una especie de montaje y de farsa”, dijo uno de los testigos aportados por el Ente Investigador.

Este no ha sido el único pronunciamiento al respecto. A principios del presente año, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, declaró como testigo ante los magistrados de Justicia y Paz que en el proceso de desmovilización del Cacique Nutibara hubo muchas irregularidades, entre ellas, la incongruencia de las listas en las que aparecían los nombres de los paramilitares que se iban a desmovilizar y los que realmente se desmovilizaron.

“Hubo un grupo de hombres que se encontraban en La Ceja pero que no aparecían en los listados o gente que estaba en altos rangos y que no aparecían en la lista y que luego aparecieron en la lista del Bloque Héroes de Granada. Lo que no es comprensible es que la gente que estaba en la zona urbana de Medellín termine desmovilizándose con un grupo rural”, señaló Salazar en aquella ocasión.

Ya en 2011, otro exjefe paramilitar, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, manifestó en versión libre rendida en Justicia y Paz que la desmovilización del Cacique Nutibara “fue un montaje para darles beneficios políticos a los jefes de la Oficina de Envigado y bajar los índices de violencia en Medellín”.

Al respecto, declaraciones conocidas por Verdadabierta.com y entregadas a la Fiscalía 45 de Justicia y Paz por parte de los postulados Yuan Arley Mena, alias ‘Gordo’, Edgar Alexander Erazo Guzmán y Francisco Antonio Arias Quintero, alias ‘Bonito’, quienes estuvieron bajo las órdenes de alias ‘don Berna’ en el corregimiento San Antonio de Prado, manifiestan al unísono que ni hubo colados, ni reclutamiento para la desmovilización.

“¿Para qué nos íbamos a poner camuflado si nosotros éramos urbanos? No tiene sentido”, declaró Erazo Guzmán, desmintiendo de paso que se hubiera reclutado gente en los barrios en los días previos a la desmovilización.

“Mi comandante era alias ‘El Cuñado’ y cuando se vino la desmovilización me dijo que le pasara la lista de mi gente. Yo le entregué un listado con 14 personas, que éramos los de San Antonio de Prado. Él la completó con otra gente de Itagüí: de los barrios Calatrava, La Unión, El Rosario. Esa gente pertenecía, directa o indirectamente, a las Autodefensas. Recuerdo que días antes de la desmovilización nos concentramos en el barrio El Limonar de San Antonio de Prado como 30 personas. Y esas personas fuimos las que entregamos las armas en el Palacio de Exposiciones. Entramos al evento de camisetas blancas”, narró el postulado.

Y continuó: “yo no puedo hablar por los comandantes de las otras comunas. Cada comandante tenía su forma de operar y de combatir, dependiendo la comuna. Cada comandante era autónomo de llevar su gente. Entonces, no sé por qué llegaron unos en camuflado, que los hubo, ni tampoco tengo conocimiento si reclutaron gente días antes. Sí hubo gente de más o que no era de las Autodefensas, no tengo conocimiento”.

Su respuesta deja en el aire varios interrogantes: ¿por qué la mayoría de combatientes presentes en el evento de desmovilización vestían camuflados? ¿Podría uno de los bloques más fuertes del paramilitarismo operar con armas hechizas, oxidadas y en mal estado, como lo concluyó el informe técnico realizado por el Grupo Interinstitucional de Análisis Terrorista (Giat) al armamento entregado ese día por el Cacique Nutibara? Si los cálculos hechos por la Fiscalía, basados en las versiones de los desmovilizados, apuntan a que este bloque estaba compuesto por 600 hombres, ¿de dónde salieron los otros 268?

Desafortunadamente, todo indica que aún no hay quien responda estas y otras preguntas a los fiscales y magistrados de Justicia y Paz y, más que a ellos, a las cientos de víctimas que dejó el accionar de esta estructura paramilitar en Medellín y sus municipios vecinos.

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Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.

En su segundo día de versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, señaló a Pedro Juan Moreno Villa, exsecretario de Gobierno de Antioquia, como uno de los integrantes del ‘Grupo de Notables’ que asesoraba al comandante paramilitar Carlos Castaño Gil.

El ex jefe los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, así como ex inspector de las Auc, se refirió desde una prisión de Miami al ex funcionario de la Gobernación de Antioquia bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez al tratar de explicarle a la Fiscalía en qué consistía el llamado ‘Grupo de los Seis’, reseñado por Castaño Gil en el libro Mi Confesión.

En esa extensa entrevista describió a sus integrantes como “hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!”.

Al respecto, alias ‘Don Berna’ corrigió la historia y dijoque llamado ‘Grupo de los Seis’ realmente estaba conformado por doce personas a los que el comandante Castaño acudía con regularidad.

“Yo lo llamaría el ‘Consejo Superior’: daba orientaciones en la parte política en la lucha contra la guerrilla y al que Carlos consultaba decisiones trascendentales”.

De acuerdo con las explicaciones de Murillo Bejarano, este grupo apoyaba a los paramilitares desde su nacimiento y su interés era que las Auc evitaran acuerdos con estos grupos insurgentes y continuaran con su confrontación antisubversiva hasta que no hubiera ni un guerrillero en Colombia.

“Las autodefensas era una organización político-militar, con una propuesta para el país que se identificaba con unos sectores interesados en que en Colombia se mantuviera la democracia y que la guerrilla no tuviera espacio ni la posibilidad de triunfar. Nuestra guerra no solo era militar sino ideológica y política”, indicó alias ‘Don Berna’ y agregó que el ‘Grupo de los Notables’ se disolvió en el año 2004, una vez se constató la desaparición y muerte de Carlos Castaño.

Uno de los momentos tensos de la versión libre fue cuando los fiscales que conducían la audiencia le preguntaron al ex jefe paramilitar sobre quiénes integraban ese grupo. “De manera muy atenta solicito a la Fiscalía obviar esta pregunta y más adelante la ampliaré, ya que por razones de seguridad me preocupa responder ahora”, respondió Murillo Bejarano.

Ante la insistencia de la representante del ente acusador por conocer los nombres de las doce personas que asesoraban a la comandancia de las Accu, el exparamilitar dijo: “hay unos que ya fallecieron, como Rodrigo García y Pedro Juan Moreno, pero hay otros que están vivos y siguen teniendo algún tipo de injerencia en la vida nacional”.

Rodrigo García Caicedo fue un líder del Partido Conservador y directivo del Fondo Ganadero de Córdoba; por varios años padeció las secuelas de la extorsión y la muerte de sus reses que le infligía la guerrilla del Epl y sobrevivió a los atentados realizados por las Farc en su contra.

Los constantes ataques de la subversión lo llevaron a convertirse en uno de los principales consejeros de Carlos Castaño, así como uno de sus financiadores. Por sus nexos con el paramilitarismo fue detenido el 23 de enero de 2009 en Montería y murió dos años después, el 24 de febrero de 2011.

Por su parte, Pedro Juan Moreno Villa fue un exitoso ingeniero y comerciante de la ciudad de Medellín, quien llegó a la política a través del Partido Conservador, siendo elegido concejal de Medellín, luego diputado y Representante a la Cámara.

En las elecciones de 1994 hizo parte de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia, quien una vez electo para el periodo 1995-1997, lo llamó para que ocupara la Secretaría de Gobierno, donde alcanzó fama de “matón, de loco y atravesado”, descripción que, según le confesaba a la prensa, no le molestaba.

Debido a su enconado odio contra la izquierda, se convirtió  en un ejemplo del pensamiento de derecha en el país. Y según alias ‘Don Berna’, “siendo Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan  era uno de los asiduos visitantes de Carlos”.

Desde ese cargo, y enmedio de grandes polémicas nacionales e internacionales, impulsó las llamadas de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, que eran conocidas como Convivir. Varios paramilitares que hoy están desmovilizados y están postulados a los beneficios de la Ley 975 han confesado que esas organizaciones fueron las fachadas de las Accu y las Auc en diversas subregiones de Antioquia.

Moreno Villa perdió la vida junto a su hijo y a dos personas más en un accidente aéreo ocurrido el 24 de febrero de 2006 cuando se desplazaba hacia la subregión del Urabá en desarrollo de su campaña política al Senado de la República.

Influencia de los ‘Notables’
En su declaración a los fiscales de Justicia y Paz, el postulado Murillo Bejarano destacó dos ejemplos en los cuales quedó en evidencia la influencia del ‘Grupo de Notables’: de un lado, los obstáculos a un eventual acercamiento de la cúpula de las Auc con el comando central de la guerrilla del Eln a finales de la década del noventa; de otro, el asesinato del activista de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

De acuerdo con alias ‘Don Berna’, a mediados de 2000 el comandante Carlos Castaño recibió en uno de sus campamentos de Córdoba a Carlos Alonso Lucio, quien llegó hasta allí con la idea de impulsar un acercamiento con el comando central del Eln, particularmente con Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, y buscar salidas a la confrontación armada.

Castaño aceptó la propuesta y acordaron hacer consultas cada uno en sus estructuras armadas.

Lucio partió en un helicóptero hacia la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, donde estaba asentado el comando central del Eln en un helicóptero de los paramilitares y regresó a Córdoba con la noticia de que había disponibilidad para los acercamientos; y de otro, el comandante de las Auc viajó a Montería a exponerle el tema a Rodrigo García Caicedo, ganadero y miembro del ‘Grupo de los Notables’.

“En las horas de la noche, nos desplazamos Carlos y yo a una finca cerca a la ciudad de Montería, donde nos reunimos con el señor Rodrigo García y se le explica el proceso que se lleva con el Eln. Inicialmente, no está de acuerdo, pero dice que tiene que consultar con las otras personas y nos conmina a regresar al día siguiente. Al volver, el ganadero le ratificó lo dicho: el ‘Grupo’ no acepta acuerdos con el Eln, se oponen totalmente”, precisó Murillo Bejarano.

De acuerdo con lo relatado por el ex jefe paramilitar, la noticia entregada por García Caicedo no le cayó bien a Carlos Castaño, quien se había hecho grandes expectativas, y una vez en el campamento paramilitar y en estado de ebriedad le ordenó a sus escoltas que amarraran a Lucio en un árbol y lo dejaran allí toda la noche con la intención de asesinarlo al día siguiente.

“Allí estábamos Salvatore Mancuso y yo, y disuadimos a Carlos de que no fuera a cometer semejante imprudencia y le recomendamos que lo mejor era dejar ir a Lucio, tal como ocurrió”, indicó ‘Don Berna’.

Este ex jefe paramilitar expuso otro ejemplo que demuestra la injerencia del ‘Grupo de Notables’ entre la comandancia paramilitar. Se trató del asesinato del abogado y activista en derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín el 27 de febrero de 1998.

Según el postulado, el homicidio de Valle Jaramillo fue la respuesta a sus denuncias por las acciones desplegadas por estructuras paramilitares en el municipio de Ituango, su tierra natal, donde se perpetraron las masacres de El Aro y La Granja. Según alias ‘Don Berna’, quien incitó este crimen fue Pedro Juan Moreno Villa.

La molestia del exfuncionario se debía a que el jurista, desde su posición como Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, Seccional Antioquia, venía denunciando la connivencia de sectores del Ejército adscritos a la IV Brigada con grupos paramilitares en el norte del departamento, razón por la cual fue denunciado penalmente por un soldado de esa guarnición militar semanas antes de su asesinato.

Finalmente, Murillo Bejarano reiteró que este tipo de acciones urbanas tenían el respaldo de la Fuerza Pública y aclaró que una de las personas condenadas por este caso, llamado Isaías Montes Hernández, no tuvo nada que ver con el crimen, el cual fue perpetrado por sicarios de la banda La Terraza, quienes posteriormente murieron en la confrontación con las Auc.

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Alias ‘don Berna’ fue condenado en EE.UU por narcotráfico. Foto Semana

La versión del fiscal
Albeiro Chavarro, Fiscal 45 de Justicia y Paz, rechazó las críticas del abogado Álvarez Betancourt, y advirtió que quien conduce el proceso es él y no la defensa del postulado.

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‘Don Berna’ fue extraditado en mayo de 2008, por cargos de narcotráfico. Foto Semana

Nuevamente las víctimas salieron frustradas de una nueva cita para escuchar en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz al ex inspector de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien reiteró su decisión de no declarar ante esa dependencia judicial alegando razones de seguridad y falta de cooperación entre los gobiernos de Bogotá y Washington.

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