Desde 2003, hombres de Hernán Giraldo ocuparon los predios y amenazaron a sus dueños para quedarse con ellos. Fotomontaje: El Heraldo y VerdadAbierta.com.

Desde 1994, en la vereda Bonda, del corregimiento samario de Guachaca, sobre las bellas playas caribeñas cerca al Parque Tayrona, las sociedades anónimas Inversiones Turísticas Mendihuaca S.A. y Promotora Constructora Ltda., quisieron desarrollar un proyecto turístico de primer nivel. Pero en 2003 los paramilitares de Hernán Giraldo truncaron ese sueño.

El proyecto se empezó a vender como un complejo turístico de tiempo compartido ubicado a pocos kilómetros de Santa Marta, a espaldas de la Sierra Nevada, y a un costado del río Mendihuaca. Sin embargo, el terreno también empezó a estar en la mira de narcotraficantes como Éver Oñate – en la actualidad jefe de Los Rastrojos en Magdalena-, que lo utilizó como punto de embarque de cargamentos de droga hacia Centroamérica y el Caribe. 

A mediados de los noventa, Oñate, según conoció VerdadAbierta.com, le propuso a Samuel Carvajal alias ‘Cirilo’, uno de los hombres de confianza de Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’, el jefe paramilitar de la Sierra Nevada, que se asociaran no solo para traficar sino también para apropiarse del terreno. En la zona, ‘El Patrón’ había constituído una cooperativa de seguridad conocida como Conservar Ltda que extorsionaba a los propietarios de esos terrenos a cambio de una supuesta vigilancia.

Esto fue aprovechado por Jaime Oñate, padre de Éver Oñate, nativo de la zona quien pidió una especie de permiso a los propietarios para construir un rancho y supuestamente desarrollar faenas de pesca. La entrada de Oñate (padre) al terreno sería clave para lo que sucedería en 2007. 

Al tiempo que Oñate entraba a las tierras, unas 22 hectáreas, los propietarios dejaron de ir por el incremento de las amenazas, dejando a cargo a una personaa quien los paramilitares también amenazaron. A finales de los noventa el predio quedó abandonado definitivamente lo que fue aprovechado por narcos y paramilitares.

Éver Oñate, quien era en ese entonces empleado de los hermanos Elías y Hernán Cobos quienes fueron extraditados a Estados Unidos en marzo de 2005 por narcotráfico, intensificó sus embarques de droga en sociedad con el cartel de Sinaloa.

Sin embargo, el 9 de octubre de 2001, tres agentes de la Policía Antinarcóticos fueron asesinados justo en frente de la finca. En respuesta a esta masacre, la Fuerza Pública realizó varios operativos en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que incluyeron la destrucción de varios laboratorios para el procesamiento de droga. En los mismos se allanó la finca de Mendihuaca en donde se encontraron varios motores fuera de borda, dos lanchas rápidas e insumos para las mismas. (Ver nota sobre allanamientos en la Sierra Nevada)

Después de la masacre de los policías, Oñate decidió dejar de embarcar droga desde esos predios y le propuso a Giraldo y a Carvajal iniciar una plantación de plátano. En 2003, hombres del Frente Resistencia Tayrona ocuparon los predios Las Palmas y Panamericano, que suman un poco más de 22 hectáreas, y amenazaron a los representantes de las empresas para que no volvieran al sector. 

Desde entonces, los paramilitares se hicieron del terreno y años después, en 2007, Jaime Oñate Almazo, quien se refirió a sí mismo como ocupante de buena fe, logró que un juzgado de Santa Marta le titulara las tierras, tras alegar que se encontraban abandonadas y él las venía ocupando desde hace tiempo. El juez ordenó en 2009 a la Secretaría de Gobierno y a la Policía de Santa Marta desalojar a 200 familias damnificadas de la ola invernal que invadieron el terreno el año pasado y a los dueños originarios del terreno.

Sin embargo, en teoría esta decisión del juzgado samario se cayó porque una magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla dejó sin piso la inscripción ante la oficina de Registro de Intrumentos Públicos de Santa Marta del título de pertenencia que le reconoció el juez a Oñate y de paso dijo que esta persona se había apropiado de manera ilegal del predio en complicidad con los paramilitares. 

La decisión de la Magistrada se hizo con base en una investigación de la Fiscalía 39 de Justicia y Paz, que encontró que Hernán Giraldo y sus hombres del Bloque Resistencia Tayrona de las Auc desplazaron y despojaron a unos inversionistas mexicanos de estas tierras, en las que pretendían montar un proyecto turístico y que por la ubicación del predio, a orillas del mar Caribe hacen que el terreno tenga un valor cercano a los 7 mil millones de pesos. 

En una reciente audiencia en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, Giraldo reconoció el despojo y dijo que recién se desmovilizó – el 3 de febrero de 2006- tuvo una reunión con los propietarios del terreno y les aseguró que se los devolvería.

Lo que encontró la Fiscalía
Desde hace más de dos años, la Fiscal Zeneida López empezó una investigación que comprobó que en 2003, hombres del Frente Resistencia Tayrona estuvieron presentes en la zona y les cobraron vacunas a los empresarios.Estas personas fueron amenazadas, se les impidió ingresar a los predios y ejercer su dominio.

A raíz de ese abandono forzado, las tierras fueron ocupadas por paramilitares Éver Oñate a través de su padre, Samuel Carvajal y Hernán Giraldo, quienes bajo su autorización, se apoderaron de los predios y les hicieron varias mejoras para su explotación.

Hernán Giraldo, extraditado jefe paramilitar a Estados Unidos, reconoció que por orden suya varios de sus hombres ocuparon los predios Las Palmas y Panamericano, en los que hicieron inversiones económicas para la explotación de cultivos. También indicó que los propietarios de los predios lo buscaron después de la desmovilización para que se los devolvieran, pero finalmente ese trámite no se pudo realizar porque Oñate no quería devolver el predio.

Según la Fiscalía, en 2007, el señor Oñate Almazo compartió la posesión de los predios con los paramilitares, y entabló una demanda de pertenencia, para quedarse jurídicamente con las tierras.

Ese proceso fue realizado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, que en febrero de 2009 dictó una sentencia en la que declaró a favor de Oñate la pertenencia del bien conocido como El Paraíso, en el que además se englobaron los predios Las Palmas y Panamericano, el cual figura con una extensión de 22 hectáreas.

Aunque la sentencia englobó el total de hectáreas de los predios, el número de matrícula inmobiliaria sólo recayó sobre el predio Panamericano, y en ese proceso no participaron los propietarios originales de los predios.
 
En su investigación, la Fiscalía encontró errores jurídicos en el proceso de pertenencia, que terminó con la posesión de los dos predios en manos de un tercero.

Entre las irregularidades que mencionó la Fiscalía en el tribunal están “la discrepancia entre el nombre del predio que obra en la demanda y el del predio titulado, la variación de la extensión del predio realizada por la sentencia al adicionar las hectáreas de un segundo inmueble que no figuraba en la demanda, la ausencia de notificación del proceso por domicilio inexistente y la inverosimilitud del tiempo de posesión que alegó el demandante”.

Por último, la Magistratura llegó a establecer que el señor Oñate se aprovechó de la presencia de los paramilitares del Frente Resistencia Tayrona para quedarse con las tierras.

La defensa de Oñate
Durante la audiencia en la que se definió la restitución de los predios, el señor Jaime Oñate Almazo cuestionó la condición de víctima de empresas o personas jurídicas y la supuesta incompetencia del Tribunal de Justicia y Paz para adelantar temas de restitución de tierras.

La defensa alegó que el predio El Paraíso, fue conseguido por prescripción adquisitiva extraordinaria mediante la sentencia dictada por un juez civil de Santa Marta, cuya providencia no fue objeto de apelación y se encuentra en firme “conforme al amparo constitucional y legal de la cosa juzgada”.

La defensora pretendió desvirtuar la condición de víctima de los reclamantes de los predios, señalando que las sociedades no tenían posesión efectiva de los predios, sino que los tenían abandonados de forma voluntaria por el fracaso del proyecto turístico.

Además, indicó que el paramilitar Samuel Carvajal ingresó pacíficamente a la finca para realizar un negocio con su defendido, en el que su cliente aportaba el tiempo de posesión en el predio, Hernán Giraldo, el dinero para la inversión y Carvajal la mano de obra y administración.

La abogada explicó las inconsistencias expresadas por la Fiscalía en la titulación de los dos predios, argumentando que muchos de los aspectos cuestionados son propios de un proceso civil de pertenencia y no suponen maniobras fraudulentas ni engaño.

Según ella, los errores en el nombre, la extensión de tierra y el número de matrícula inmobiliaria, surgen porque nunca existió división física entre los predios Panamericano y Las Palmas, y que su cliente ejerció la posesión sobre toda dicha extensión a la que conocía como la finca El Paraíso, aspecto que constató el perito enviado por el Juzgado.

La defensora también dijo que su defendido debió abandonar el predio por hombres de la banda criminal Los Urabeños.

Las consideraciones del Tribunal
Basándose en las pruebas de la Fiscalía, además de los testimonios de todas las partes intervinientes, la magistrada estableció que los predios estaban destinados por parte de los propietarios originales a la creación de un proyecto turístico, “razón por la cual los socios sólo realizaban visitas periódicas mediante sus empleados y no ejercían una presencia permanente en los inmuebles”. Ver la decisión del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla

Lo anterior desvirtúa el argumento de la defensa, que señaló que las tierras estaban abandonadas tras el fracaso de las empresas para desarrollar su proyecto. Además, el tribunal consideró que a raíz de que los predios estaban destinados para la construcción, su posesión era ejercida “mediante las visitas de sus empleados y el mantenimiento básico del predio, que naturalmente no estaba siendo explotado pues era simplemente un terreno para construir”.

La magistrada concluyó que en 2003, los propietarios iniciales perdieron su derecho de dominio, cuando los paramilitares amenazaron a la administradora del proyecto para que no volviera a los predios, a raíz del “no pago de vacunas para los servicios de seguridad”. Cuando las amenazas fueron consumadas y los dueños trataron de ir a los predios,  siempre encontraron hombres armados, entre ellos al difunto paramilitar Samuel Carvajal, e incluso al señor Jaime Oñate.

Sobre la defensa de Oñate, al tribual le llamó la atención que “no presentó ninguna prueba que refutara las declaraciones sobre la presencia de los paramilitares que impidieron el acceso al predio. Por el contrario, corroboró la sociedad informal entre Samuel Carvajal, Hernán Giraldo y su representado para la explotación del predio, la que calificó como un ‘negocio eminentemente civil’”.

La magistrada dijo que los sustentos probatorios indican que el acuerdo entre estas tres personas “consistía en explotar la tierra a fin de lograr su titulación y repartirla entre ellos”. Para ello, Jaime Oñate aportaría su tiempo de permanencia en el predio (para lograr la titulación de las tierras), Samuel Carvajal las la administración y explotación de las tierras y Hernán Giraldo la inversión en dinero y maquinaria para hacerlas productivas.

Además, en su sentencia, indica que cuando Oñate obtuvo la titulación de los predios, Samuel Carvajal estaba muerto y Hernán Giraldo había sido extraditado, “por lo que solo obtuvo beneficios concretos el señor Jaime Oñate”.

Sobre el fallo que le concedió a Oñate la propiedad y englobe de los predios, la magistrada indicó que “las anomalías del proceso y de la sentencia que señaló oportunamente la Fiscalía, pueden evidenciar errores en la apreciación fáctica del fallador, pero ninguno de estos se deriva del accionar del grupo armado irregular”.

Con esas pruebas y otras más, la magistrada de control de garantías de Justicia y Paz ordenó que el Registrador de Instrumentos Públicos de Santa Marta cancele el registro de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta del 26 de febrero de 2009 a favor del señor Jaime Oñate Almazo.

Y sobre los predios sentenció que se hiciera la entrega material del predio Las Palmas a la Promotora y Constructor S.A.y la entrega material del predio Panamericano a Inversiones Turísticas Mendihuaca S.A. Las decisiones del Tribunal de Justicia y Paz pueden ser apeladas ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, los propietarios no podrán recuperar por lo pronto sus terrenos porque desde hace más de un año más de 200 familias desplazadas de la ola invernal se instalaron en ellos. La batalla por estas tierras aun no ha terminado. 

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Esta es una de las fachadas de la finca La Porfía confesada por José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y que según la Fiscalía está abandonada. Foto actas de Acción Social -Líos con predios de ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ -Saqueados y en ruinas, bienes entregados por el Bcb -En ruinas e inservible clínica de ‘paras’ en Tarazá

La Fiscalía 59 de Justicia y Paz y un Magistrado del Tribunal de Justicia y Paz advirtieron que algunos de los bienes entregados porel ex jefe paramilitar José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y otros desmovilizados de las Autodefensas de Meta y Vichada están abandonados, y que además en el proceso de subasta las ofertas han sido inferiores al precio real de los terrenos o están a la espera de una audiencia ante los Tribunales de Cundinamarca para determinar su destino.

La advertencia fue realizada durante una audiencia parcial de imputación de cargos contra dos ex paramilitares de este grupo, cuando la Unidad de Justicia y Paz presentó un informe sobre los bienes de este bloque ante el Tribunal de Cundinamarca.

Uno de los bienes que se encuentra en estado de abandono es La Porfía, una finca ubicada en la vereda Caño Negro en San Rosalía, en Vichada, que fue ofrecida por alias ‘Guillermo Torres’ y que tiene una extensión de 493 hectáreas.

El predio fue entregado el 10 de marzo de 2010 a Acción Social, ahora Departamento de la Prosperidad Social, que impuso medidas de secuestroy fue avaluado en $1.234 millones de pesos.

Sin embargo, según el informe de la Fiscalía, el predio quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, una sociedad de economía mixta del orden nacional, encargada de administrar y subastar bienes de este tipo. El dinero producto de las ventas o los arriendos de esos predios van a un fondo nacional para reparar a las víctimas del conflicto.

Pero en este caso, como ha sucedido con otros bienes confesados por ex paramilitares, la Fiscalía dijo que “el predio no ha sido objeto de negocios jurídicos”.

Por este motivo, el magistrado de Justicia y Paz le pidió al a Fiscalía compulsar copias para que Acción Social y la SAE den respuesta sobre esta finca. “Son funcionarios del Estado y al ser servidores públicos pueden estar cometiendo delitos contra la administración pública”, dijo el magistrado Raúl Gutiérrez durante la audiencia.

Otra de las fincas que puede estar corriendo la misma suerte es Lucitania, que fue ofrecida por alias ‘Guillermo Torres’ y de la que aún no se ha podido disponer de la misma porque está enredada por el avalúo. El predio está ubicado en la inspección de San Miguel, en Puerto Gaitán, Meta, y según el informe de la Fiscalía fue entregado a la SAE en diciembre de 2009 pero la oferta para la adjudicación, presentada en 2010, fue casi 50% inferior al valor real del predio.

José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, ex jefe paramilitar de las Autodefensas de Meta y Vichada, durante la desmovilización. Foto archivo

En las actas de Acción Social, los peritos describieron que el terreno tiene 400 hectáreas y está sembrado con palma africana. La Fiscalía reportó que el último avalúo del predio supera los 2 mil millones de pesos por el tipo de cultivo.

La Subunidad Especializada de Persecución de Bienes se hizo cargo del caso y solicitó una audiencia ante un magistrado para escuchar a los peritos que fueron al terreno. Esta dependencia ordenó más pruebas antes de que la SAE lo vuelva a ofertar en una subasta pública.

Con otros predios de menor extensión, ubicados en Villavicencio, uno de ellos entregado en 2007 y otro en 2009, la Fiscalía dijo que está pendiente de los informes que le rindan el Departamento para la Prosperidad Social y la SAE. El primero fue arrendado “y se encuentra pendiente que rindan el informe de la administración del bien”. Respecto al otroinmueble, “está pendiente que se rinda informe si se han recibido propuestas de intención de compra y si se incluyó en el listado de bienes para subastas”, dijo la Fiscal durante la audiencia.

Otros de los bienes entregados por los ex paramilitares del Meta y de Vichada, conocidos localmente como ‘Carranceros’, han sido una red eléctrica de 103 kilómetros en Puerto Gaitán, tres predios entregados por José Delfín Villalobos alias ‘Alfa Uno’, y por lo menos 85 millones de pesos en efectivo entregados por varios desmovilizados del bloque.

“Es importante saber si las medidas de embargo y secuestro sobre estos predios son suficientes para garantizar que estos bienes no sean vendidos a terceros. Es importante solicitar las medidas de protección”, concluyó el magistrado durante la audiencia.

Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidas en la región como ‘Carranceros’, delinquieron en estos departamentos y de forma esporádica en Casanare, dejando 800 víctimas en los Llanos, según los registros de Justicia y Paz.

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Estado actual de la Clínica San Martín. Poco es lo que queda de la moderna sede hospitalaria. Foto: VerdadAbierta.com

En ruinas, sin fondos que permitan su recuperación y sin que nadie haya demostrado interés en adquirir o arrendar el lote donde se construyó, se encuentra lo que, en el pasado, fue una moderna clínica construida en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, que fue construida con dineros del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de la mafia del Norte del Valle, y que le fue entregada al Gobierno nacional como aporte a la reparación de las víctimas.

“Era la mejor clínica que había en el Bajo Cauca”, recuerda Rosa Marín, una vecina del barrio donde está la edificación derruida. “Pero fue cerrada en el 2006, cuando se desmovilizó el señor ‘Cuco Vanoy’ y su gente. Era tan buena que hubo médicos de Estados Unidos que operaron gratis a la gente”.

Amparo Ramírez coincide con Rosa y agrega que en esa clínica, conocida como San Martín, atendieron a todos los afiliados a la Saludcoop: “Lo sé porque tengo carné de esa Eps y ahí consultaba cada vez que me enfermaba. Era una clínica muy buena, cada ocho días llegaban varios especialistas. No había punto de comparación con el hospital municipal, esta clínica era un lujo”.

Si bien en Tarazá y en el Bajo Cauca se sabía que la Clínica San Martín había sido construida por orden y con recursos de ‘Cuco Vanoy’, su administración dependía de la Sociedad Médica del Bajo Cauca S.A., constituida mediante escritura pública N. 258 del 23 de julio de 2004 en la Notaría Única del municipio de Tarazá. Su representante legal fue José Arnoldo Rodríguez Muñoz, quien fue asesinado el 16 de marzo de 2006.

Ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘Cuco Vanoy’, reconoció en noviembre de 2007 que el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, líder del Cartel del Norte del Valle y actualmente detenido en una cárcel de Estados Unidos, le regaló al Bloque Mineros 200 millones de pesos para la construcción de la Clínica San Martín.

La próspera situación de la Clínica San Martín cambió cuando la comandancia del Bloque Mineros de las Auc decidió acogerse a los acuerdos del 2003 suscritos en Santa Fe de Ralito, Córdoba, entre el estado mayor de la organización paramilitar y el Gobierno nacional. Siguiendo el plan de desmovilizaciones colectivas, esta estructura, compuesta por 2.790 hombres y mujeres, y liderada por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, dejó sus armas el 20 de enero de 2006.

Una vez se dio el proceso de dejación de armas, la clínica funcionó por un año más, pero luego fue cerrada y todos sus servicios suspendidos. Por iniciativa de diversos sectores sociales locales, se gestionó el traslado del hospital local a esta edificación, pero las autoridades no aceptaron la propuesta y prefirieron dejar cerrado el centro asistencial.

“La Alcaldía pagó celadores por un tiempo, pero después los retiró”, cuenta Rosa.  “Cuando eso se quedó sin vigilancia, los mismos desmovilizados vinieron y se llevaron todo lo de valor. Así fue que comenzó la destrucción de ese edificio, que era tan bonito”. Detrás de los ex miembros del Bloque Mineros llegaron otras personas y comenzaron a romper los muros para llevarse las varillas, los adobes y todo el material que se podía vender o reutilizar. Del otrora edificio moderno ya no quedan sino sus cimientes y uno que otro muro en pie.

En esas circunstancias, la Clínica San Martín le fue entregada al Fondo de Reparación para la Víctimas, de acuerdo con el Acta de Secuestro, suscrita el 5 de marzo de 2010. En este documento se reconoce que la edificación está en ruinas y en completo abandono.

“Desde el momento de la recepción dicho bien fue entregado a la Sociedad de Activos Especiales para que adelantase las labores de administración y comercialización del bien”, explica Jorge Eduardo Valderrama Beltrán, Subdirector Técnico de Atención a Víctimas de la Violencia, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Fue así como ese mismo día, las ruinas de la Clínica San Martín quedaron en poder de la firma Unión Temporal Gasa para su administración. Son tres las funciones que este tipo de compañías inmobiliarias asumen cada vez que reciben un bien en estas circunstancias: administrar el inmueble, es decir, conservarlo y volverlo productivo; sanearlo administrativamente, o sea identificar las deudas como impuestos y servicios públicos; y comercializarlo.

De acuerdo con una comunicación enviada a VerdadAbierta.com por esta firma inmobiliaria, “U.T. Gasa no tiene responsabilidad alguna en el deterior del inmueble pues como se manifiesta en el acta y en esta comunicación, al recibo del mismo ya se encontraba en ruinas y no existe destinación alguna de fondos que permitan su recuperación y ninguna persona ha demostrado interés en arrendar  dicho predio”.

Tales dificultades, que vienen de tiempo atrás, tienen inquietos a los vecinos, en particular a la comunidad académica de la sección primaria de la Institución Educativa Antonio Roldán, que queda a pocos pasos de la ruinas y carece de malla de cerramiento, lo que implica que los estudiantes utilizan la edificación como lugar de juego, generando riesgos para su seguridad.

“En este momento las ruinas nos afectan, claro. La escuela es la única de las que quedan oficiales del Municipio que no le han hecho ninguna intervención locativa, no la han encerrado, y tenemos que estar pendientes de los alumnos, que no se vayan para allá a jugar en horas de descanso”, cuenta el docente Félix Correa.

El educador alerta sobre uno de los problemas que tiene esa edificación en ruinas: “está siendo visitada por gente que consume sustancias psicoactivas, es una guarida, y en la noche sirve hasta para motel. Nosotros estamos muy pendientes de que los niños no se vayan para allá, pero nos queda muy difícil, es muy complejo controlar 400 niños y niñas que estudian aquí”.  Lo mejor, según Correa, es que acaben de tumbar la edificación, regalen los materiales y se desarrolle algún proyecto de vivienda en el lote.

Oscuro negocio
Definir el futuro de lo que queda de la clínica no es la única preocupación que asalta a los pobladores de Tarazá. También los inquieta el pasado de esa construcción, la cual al parecer tiene vicios de corrupción y hasta el momento no han sido dados a la luz pública.

VerdadAbierta.com le siguió la pista a los documentos que soportan el proceso de compra del lote donde se construyó el moderno centro médico y encontró algunos asuntos que al parecer comprometen a funcionarios de la administración local de años anteriores con el Bloque Mineros de las Auc.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el Municipio de Tarazá era el propietario del lote donde los paramilitares construyeron la clínica. De acuerdo con varios documentos, el terreno, de cuatro hectáreas más 2.000 metros, fue adquirido para construir una sección de la llamada Avenida Circunvalar.

La municipalidad pagó 119 millones 700 mil pesos por ese lote, según consta en la reserva presupuestal N. 2128, la orden de pago N. 2990 y en el comprobante de egreso N. 2965. Los tres documentos tienen la misma fecha: 31 de diciembre de 2003. El beneficiario del pago fue León Alberto Agudelo Alzate, quien aparece como el vendedor del terreno. Las autorizaciones fueron rubricadas por el entonces alcalde Miguel Ángel Gómez García, quien terminaba su gestión ese mismo día.

Gómez García se postuló nuevamente para el cargo de Alcalde y ganó las elecciones para el periodo 2007 y 2010, pero diversos señalamientos en su contra realizados por alias ‘Cuco Vanoy’ llevaron la Fiscalía a dictar orden de captura en su contra y a detenerlo el 12 de noviembre de 2008, para procesarlo por los delitos de concierto para delinquir, amenaza y constreñimiento.

Otro aspecto que resalta al observar el contrato de promesa de compraventa registrado ante la Notaría Única del Circuito de Cáceres el 17 de octubre de 2003, es que el lote adquirido por el Municipio de Taraza hacía parte de un lote de mayor extensión perteneciente a la hacienda El Topacio, actualmente en extinción de dominio y que fue de propiedad de alias ‘Cuco Vanoy’.

Lo que nadie entiende es cómo ese lote llegó a manos de los paramilitares del Bloque Mineros si, según informes de policía judicial, no hay documentos que demuestren que el Municipio vendió el lote una vez tuvo posesión de él. De acuerdo con la escritura N. 394 de la Notaría Única de Taraza, registrada el 29 de septiembre de 2004, la Alcaldía aún es propietaria del terreno.

La documentación conocida por VerdadAbierta.com estaría indicando que la clínica entregada por alias ‘Cuco Vanoy’ se construyó sobre terrenos públicos, lo que complica aún más la situación de ese bien, contribuyendo a que quede inutilizado para efectos de reparar a las víctimas. La justicia tendrá entonces la última palabra.

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La Fiscalía 17 de Justicia y Paz advirtió que las bandas criminales del Urabá antioqueño quieren entorpecer las investigaciones que se realizan en la zona. / Foto archivo Semana

Desmovilizados que se rearmaron en el Urabá antioqueño quieren entorpecer las investigaciones que adelanta la Fiscalía en esta región, sobre los crímenes cometidos por los paramilitares y los bienes que deben ser entregados a las víctimas como parte de la reparación.

Así lo advirtió la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, durante la más reciente audiencia que busca legalizar varios delitos al extraditado Hébert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar del Bloque Bananeros. Ante un magistrado, la Fiscalía expuso sobre esta situación el testimonio de el exjefe paramilitarHébert Veloza alias ‘H.H.’ y el  informe de un investigador sobre el rearme y los nuevos jefes que delinquen en esta zona del país.

Según alias ‘H.H.’, una de las propiedades con que se podría reparar a 12 mil víctimas de este bloque es la camaronera Camerún,una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y comercialización de camarones, cuyo nombre fue cambiado después de la desmovilización. Pese a que el bien está avaluado en varios millones de pesos para reparación, la Fiscalía dijo que no ha podido investigarlo porque las veces que ha enviado a una comisión, hombres armados le impiden la entrada a la empresa.

“El señor que tiene la empresa se ha rehusado a colaborar. Las bandas emergentes están de socias con él”, dijo el exjefe paramilitar del Bloque Bananeros.

Lo mismo ha sucedido con decenas de hectáreas de teca, un tipo de madera fina que fue cultivada por los paramilitares en la región. Aunque ‘H.H.’ prometió devolverles estas tierras a las víctimas, el organismo investigador también advirtió que no ha sido posible acceder a ellas por falta de seguridad. “No ha sido fácil en el Urabá. Las fincas de teca se las han vuelto a apropiar”, dijo ‘H.H.’.

Otro de los bienes, conocido como Carito, tampoco ha podido ser investigado y protegido con medidas cautelares. “Una vez empezamos a hacer los procesos de verificación, reversaron las venta y apareció nuevamente a nombre de la persona que estaba como testaferro. Las bandas emergentes se han apoderado de esos bienes”, indicó la Fiscalía.

En otros casos, las bandas han querido silenciar la verdad sobre los crímenes cometidos por los paramilitares en esta región. Así sucedió con Virgilio Conrado Pérez, un desmovilizado del Bloque Bananero, clave para esclarecer la masacre de El Aracatazo en la que fueron asesinadas 18 personas el 12 de agosto de 1995. Conrado solo alcanzó a rendir versión libre el 20 de noviembre de 2007 porque tres meses después fue asesinado en Chigorodó, Antioquia.

La historia se repitió con Telésforo Alvarado Moreno alias ‘Arturo’ o ‘Diente de oro’. Moreno era el ‘explosivista’ del Bloque Bananero y se había desmovilizado en 2005. Sin embargo, según lo investigado por la Fiscalía, Moreno fue asesinado en diciembre de 2007 por antiguos compañeros que ahora delinquen en la región, porque no quiso ser parte de las bandas criminales.

El rearme
Por su ubicación estratégica y tierras fértiles, el Urabá ha sido por décadas centro de disputa de los grupos armados ilegales. Casi al mismo tiempo en que 453 paramilitares del Bloque Bananero entregaron las armas el 25 de noviembre de 2004 en Turbo (Antioquia), desmovilizados de ese grupo y de otros grupos paramilitares de la zona se reagruparon para delinquir en lo que ahora se conocen como bandas criminales.

Según el informe presentando por la Fiscalía, en la región primero se hicieron llamar ‘Águilas Negras’ o ‘Autoridades Gaitanistas’ a cargo de Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, exjefe de finanzas del bloque paramilitar Centauros, capturado en abril de 2009 por cargos de narcotráfico y postulado a la Ley de Justicia Paz. Después de su captura, los grupos pasaron a llamarse los ‘Urabeños’ y ‘ Los Paisas’, dos grupos que tienen una disputa con otra banda similar llamada ‘Los Rastrojos’, con hombres provenientes en su mayoría del Valle del Cauca.

“Estas bandas no tienen estructura, ni estatutos. Son grupos integrados por desmovilizados y delincuentes que contratan los servicios de pandillas y que se alían con otros grupos armados ilegales con un solo propósito: controlar el negocio del narcotráfico”, dijo el investigador.

Según la Fiscalía, en los municipios donde delinquieron los paramilitares ya tienen identificados a las cabezas visibles de estas bandas criminales. Delinquen principalmente en Apartó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Belén de Bajirá, Dadeiba y El Dos, y son hombres que cuando delinquieron en bloque paramilitares tuvieron cargos como comandantes urbanos.

Sin embargo, el organismo investigador cree que los segundos de la antigua banda de ‘Don Mario’ en el Urabá son los jefes de los ‘Urabaeños’.

“Se trata de Juan de Dios Úsuga David alias ‘Giovanny’ y Dario Antonio Úsuga David alias ‘Mauricio u Otoniel’, ex integrantes del Epl que luego delinquieron en los bloque paramilitares Centauros y Héroes de Los Llanos, que fueron hombres de confianza de ‘Don Mario’ y ahora hacen parte de esta banda que delinque en la región del Urabá y Córdoba”, dijo el investigador.

La Fiscalía tiene la certeza de que al menos 3 por ciento de los desmovilizados del Bloque Bananero hacen ahora parte de estas bandas criminales, y que han querido dificultar las investigaciones.

“Cuando fuimos a exhumar el cuerpo de un menor, vimos hombres armados que estuvieron rodeando la zona. Cuando fuimos a realizar verificaciones sobre un bien conocido como La Josefa fue igual. A un investigador que le encomendamos la tarea de documentar un lugar que fue escuela de entrenamiento de los paramilitares, hombres armados impidieron el paso hacia la zona”, advirtió el investigador en la audiencia.

El Bloque Bananero, que delinquió en Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá, conocidos como los municipios del Eje Bananero, dejó 12.560 víctimas, según el reporte de víctimas de Justicia y Paz.

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–  Reparación sin fondos – Magistrado ordena recibir bienes de Mancuso – ‘El mono Mancuso’, Salvatore Mancuso

En mayo de 2007, un año antes de ser extraditado, el ex jefe paramilitar del Bloque Norte, Salvatore Mancuso Gómez, ofreció, para reparar a sus víctimas, en una audiencia ante un magistrado de Control de Garantías, 23 fincas que dijo que eran suyas, además de otros bienes de propiedad de dos de sus sociedades y una isla ubicada en el Golfo de Morrosquillo.

En esa audiencia, el ex paramilitar pudo demostrar que algunos de los bienes ofrecidos, en efecto, le pertenecían, pues tenía las escrituras y los registros inmobiliarios a su nombre. Otros no pudieron ser inscritos para reparación de las víctimas porque figuraban a nombre de terceros, es decir testaferros. La oferta de otra propiedad, la Isla Múcura, también fue rechazada porque las islas son de propiedad de la Nación y él dijo en esa audiencia que la había recibido como parte de pago de un negocio ilegal entre narcotraficantes y paramilitares.

Entre estos bienes que Macuso quiso ofrecer estaba la finca El Cortijo de 13.75 hectáreas, ubicada en la vereda Los Pericos, en la zona rural de Montería, en la vía que comunica a la capital de Córdoba con Planeta Rica. Esta le había sido adjudicada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), a Salvatore Mancuso Gómez.
 
En junio de 2007, en una audiencia adicional ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la finca El Cortijo, entre otros bienes, fue cobijada con una medida cautelar de embargo decretada por un magistrado de Control de Garantías.

Sin embargo, el pasado 14 de abril una abogada, en representación de Salvatore Mancuso D´Angiollela, padre del ex jefe paramilitar, solicitó a la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que levantara dichas medidas pues ese bien no le pertenecía a Mancuso Gómez, sino a él, su padre, de acuerdo con un fallo emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería.

La historia del predio
De acuerdo con certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registros públicos de Montería, la finca El Cortijo, fue adjudicada por el Incora en 1983 a Pedro Armando Lara Padilla, a quien el instituto le declaró la caducidad tres años después. Cinco años más tarde, en 1991, el mismo predio fue adjudicado a Salvatore Mancuso Gómez.

Casi veinte años después de adjudicado el bien a Mancuso hijo, su padre a través de su abogado, solicitó levantar el embargo, y se fundamenta en un fallo favorable de prescripción adquisitiva de dominio resuelto por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería, el cual se adelantó con base en una demanda presentada en enero de 2007, cinco meses antes de que su hijo la ofreciera la finca al Fondo de Reparación de las Víctimas.

El argumento del padre del ex jefe paramilitar, el señor Mancuso D´Angiollela, es que él le compró la posesión al adjudicatario anterior, Pedro Armando Lara Padilla, a quien el Incora le revocó como ya se dijo en 1986. La defensa de Mancuso D´Angiollela, en su demanda ante el Juzgado Segundo Civil de Montería, consistió en demostrar que su representado tuvo la posesión de manera ininterrumpida durante más de 20 años, los exigidos por la ley colombiana para poder adquirir mediante prescripción.

El señor Mancuso Dángiolella, en sus alegatos afirmó que después de comprar la posesión a Lara Padilla, él hizo la solicitud al Incora, pero el instituto no le adjudicó por ser extranjero. Ante eso, el señor Mancuso pidió a su hijo Salvatore que presentara la solicitud pues él si es colombiano y se dedicaba a actividades agropecuarias y para entonces había terminado sus estudios de administración agropecuaria y administraba la finca de su esposa.

Es decir qué, según lo que dice Mancuso padre, demandó a su hijo a quién había acudido para que el Incora le adjudicara el bien porque el, en su calidad de extranjero (es italiano), no podía ser beneficiario del Instituto. 

A favor de Mancuso padre declararon varias personas que dijeron ser testigos de que Macuso papá ha sido el poseedor del bien.

La solicitud de levantar la medida cautelar fue negada por el magistrado de la Sala de Justicia y Paz, Eduardo Porras Galindo, en abril de 2010, decisión que fue apelada por la defensa de Mancuso y que hoy resolvió la sala plena de la Corte Suprema de Justicia declarando la nulidad de la decisión emitida por el magistrado de Justicia y Paz.

El Alto Tribunal consideró que el magistrado de Barranquilla no estudió la pretensión del padre de Mancuso y se limitó a “fallar conforme a la Ley” pero desconociendo lo que la Ley establece respecto a la participación de terceros en el proceso de Justicia y Paz, en este caso, el padre de Mancuso.

Con esta decisión, la Corte Suprema devolvió el proceso nuevamente al magistrado de Justicia y Paz quien deberá “escuchar los argumentos y recibir las pruebas” que la defensa de Mancuso D´Angiollela aportará en su pretensión de que se levanten la medidas de protección del predio y se le reconozca como su dueño.  El caso volverá a manos del magistrado de Justicia y Paz, y mientras que este falla el pleito, la finca seguirá en manos del Fondo de Reparación de las Víctimas y no podrá ser negociado. 

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Algunas de las familias que regresaron para recibir la devolución de la finca, adjudicada por el Incora. – Los gnósticos y los ‘paras’ – ¿Cómo recuperar las tierras robadas? – Los 700 mil desplazados que dejó la guerra en el Caribe – Las tierras perdidas en Colombia – Dos veces despojados

El pasado primero de septiembre terminaron diez años de desplazamiento y estigmatización para 24 familias campesinas pertenecientes a una cooperativa agrícola que fueron tres veces expulsadas de dos fincas que el Incora les adjudicó en 1998.

En 2001 los expulsaron de su tierra los guerrilleros, quienes decían que la cooperativa había sido constituida por una familia de ‘paracos’.  Dos años después los paramilitares los acusaron de ser colaboradores de la subversión y les quitaron la tierra. Y tres años más tarde, cuando las autodefensas se desmovilizaron y ellos volvieron pensando que podían recuperarlas, encontraron sus fincas invadidas por miembros de una comunidad Gnóstica, quienes la habían ocupado desde junio de 2004, con autorización delos paramilitares.

El jueves dos de septiembre, tras 48 horas de diligencia judicial, la coordinadora de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, Zeneida López Cuadrado, Fiscal 9a delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, restituyó de manera provisional las fincas La Paz y San Carlos, en las veredas Guaimaro y Camagual en el corregimiento San Pedro de la Sierra, en Ciénaga, Magdalena, a la Cooperativa Agrícola San Carlos, Cooagrosac Ltda. La medida cautelar de devolución de las tierras fue ordenada por la magistrada de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, Zoraida Chalela Romano, a petición de la fiscal López en audiencia celebrada el 1 de julio pasado. En la devolución de las fincas estuvo presente la Procuraduría, la Defensora del Pueblo del Magdalena, los defensores públicos de las víctimas, los investigadores criminalísticos de justicia y paz del CTI, una delegada del Ministerio del Interior, la coordinadora de la CNRR regional Barranquilla, observadores de la Mapp-OEA y del Consejo Noruego para Refugiados, una delegada del ICBF, un escuadrón del ESMAD de la Policía y otro grupo del Batallón de Alta Montaña del Ejército, adscrito a la Segunda Brigada en Santa Marta.

Ambas fincas cafeteras, que suman más 200 hectáreas, habían sido de propiedad de la sociedad Inversiones Fernández De Castro, familia que se vio obligada a venderlas al Incora en  1997 por las amenazas de la guerrilla. En la región extorsionaban y secuestraban los frentes 17 de diciembre del Eln y el 19 de las Farc. La cooperativa beneficiaria de la adjudicación, fue constituida por 34 familias campesinas, mayoritariamente oriundos de San Vicente de Chucurí, quienes recuerdan haber llegado adolescentes a la región (1986), huyéndole a la violencia en Santander. De los beneficiarios originales hoy sólo quedan 24 familias y, de estas, 13 estuvieron en la restitución de las fincas. Algunos están en Santa Marta, tres de ellos fueron asesinados y otros desparecieron. La Fiscalía espera que otras 11 familias, cuando superen el miedo y la incertidumbre que han vivido, puedan volver.

En 1999 y 2000 cosecharon café, pero en 2001, el comandante guerrillero que había en la zona le dijo al representante de Cooagrosac, Pedro Antonio Padilla Montero, que la cooperativa se tenía que disolver porque había sido constituida con el respaldo de la familia Fernández De Castro a quienes la guerrilla calificaba como ‘paracos’. Padilla le dijo que ellos no podían disolver la cooperativa y prefirió dejar la tierra ante las amenazas de los guerrilleros.

A finales de 2002 y comienzos de 2003 el Ejército ingresó en la zona propinándole bajas a los dos frentes guerrilleros, diezmándolos y obligándolos a replegarse hacia la parte más alta de La Sierra. Detrás del Ejército entró el Bloque Norte de las autodefensas, que había unificado el mando en cabeza de alias ‘Jorge 40’ después de una guerra de tres meses con las Autodefensas de Magdalena y La Guajira comandadas por Hernán Giraldo. En septiembre del mismo año, José Daniel Mora López, alias ‘101’ o ‘Guerrero’, subalterno del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, entregó a Edgar Arenas Márquez, del Movimiento Gnóstico, las dos fincas que el Incora había adjudicado originarmente a la Cooperativa Agropecuaria San Carlos, según lo  declaró el mismo Arenas en 2006 a funcionarios de Incoder que realizaron una inspección. Además de las dos fincas restituidas el pasado jueves 2 de septiembre, otras tres fincas, La Dilia, La Sevillana y San Isidro, se encuentran en la misma situación, bajo una posesión ilegal del movimiento gnóstico, y  también son reclamadas por sus propietario. Otra más, La India, ya fue recuperada por los beneficiarios del Incora.

Pedro Padilla y Gustavo Sanabria, representante legal y presidente de la junta directiva respectivamente de Coograosac, intentaron recuperar la tierra, pero los Gnósticos le decían que ellos estaban ahí por orden de los paramilitares y que no iban a devolverlas. A pesar de amenazas reiteradas contra su vida y la de sus familias, Padilla y Sanabria no abandonaron la región, alquilaron tierras, se dedicaron también al mototaxismo, se mantuvieron unidas en un templo cristiano y continuaron luchando por la tierra que el Incora les había adjudicado. Iniciaron un proceso reivindicatorio ante el Juzgado Civil de Ciénaga, pero el juez, a pesar de que reconoció que eran los dueños de las fincas, no falló a su favor porque la demanda era contra otros ocupantes. Se encontraban a diario con los Gnósticos, quienes, según Padilla y Sanabria, los amenazaban y acusaban de entrar a las fincas a coger mango, cacao y plátano. ‘Los que debíamos estar bravos somos nosotros, los dueños de la tierra’, dice Edgar Oses, otro miembro de la cooperativa.

La Fiscalía escucha a las víctimas en la finca San Carlos.

Al desmovilizarse los grupos paramilitares, los miembros de la cooperativa creyeron que era el momento de regresar, pero los Gnósticos se negaban a devolver las tierras y amenazaban con mover sus influencias en Acción Social a través de Eduardo Rincón,  principal directivo de esta comunidad gnóstica dueño de tres fincas en la región, y quien, según dicen en San Pedro de la Sierra, tenía influencias en los organismos de seguridad y respaldo político. Coincidencialmente un buen número de miembros de los gnósticos son originarios de Pensilvania, Caldas, de donde es oriundo el anterior director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos.

Ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Barranquilla, los ex jefes paramilitares Hernán Giraldo Serna y Norberto Quiroga, ambos extraditados, confirmaron en sus versiones libres que los Gnósticos estaban ocupando esas tierras con el respaldo de los paramilitares. Hernán Giraldo dijo en una de sus versiones que la finca pertenecía a la cooperativa y que los gnósticos estaban ahí de manera provisional, y pidió que entregaran las tierras a sus legítimos dueños. Posteriormente, José Daniel Mora López, conocido con los alias de ‘101’, ‘Guerrero’ o ‘66’, quien ejercía control sobre las veredas de Camagual y Guaimaro, en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, confirmó que él expulsó a los miembros de la cooperativa y entregó la finca al representante de los Gnósticos, sociedad religiosa que pagaba anualmente a las autodefensas 35 millones de pesos por usufructuar la propiedad. Llamó también a que les fueran devueltas a sus verdaderos dueños porque no les pertenecían.

La diligencia
La Fiscalía organizó la diligencia con la asistencia de todas las instituciones con el fin de garantizar el debido proceso. En  representación de Acción Social no fue nadie, a pesar de haber sido notificados oportunamente como todas las demás. Desde el comienzo el ambiente fue tenso y había temor de que hubiera resistencia física. La primera finca acordada para iniciar la diligencia fue San Carlos, de 153 hectáreas, a 993 metros de altura. En la primera casa, conocida como La Palomera, se encontraba el señor Saúl Castañeda, de 67 años, y su esposa o compañera, Blanca Mery Carvajal. Allí se les notificó de la diligencia que se iba a iniciar en la casa principal de la finca, distante a unos 500 metros.

También se hizo presente Oscar Iván Giraldo Arbeláez, quien sin acreditar ningún título de propiedad o posesión del bien, se identificó como miembro de la sociedad Gnóstica y con un teléfono celular filmaba a la fiscal Zeneida López, quien le advirtió sobre su irrespetuosa conducta. A pesar de su actitud desafiante, la fiscal le notificó de qué se trataba la diligencia y lo puso en conocimiento de la decisión de la magistrada de Justicia y Paz.

En la casa principal de la finca San Carlos,  la Fiscalía encontró a Carmenza Jiménez Beltrán y dos hijas, quien dijo vivir desde hace dos meses en el inmueble con una hija de 18 años, un varón de 12, no presente, y una niña de 9 años. Se le notificó a las personas encontradas en la finca que por decisión judicial la finca sería devuelta a los propietarios, los miembros de Cooagrosac Ltda. La diligencia comenzó pasado el mediodía en medio de un torrencial aguacero. En desarrollo de la misma llegó Fabián Ramírez García, quien se identificó como estudiante de la Gnosis y trabajador de la finca, pero dijo no vivir allí. Ramírez se acercó a la Defensora del Pueblo del Magdalena, Liceth Peñaranda, para pedirle que hablara con su abogado, Iván Darío Guerra Niebles, quien se encontraba al teléfono, pero la defensora le dijo que no podía hacerlo pues la diligencia había comenzado y cualquier pronunciamiento sólo podía hacerlo ante las partes presentes.

La Fiscalía ordenó a un topógrafo identificar el inmueble por sus coordenadas mientras los investigadores y asistentes judiciales inspeccionaban la casa y las demás instalaciones. Encontraron una construcción en estado de deterioro, la maquinaria para despulpar café desarmada y cubierta por la maleza, dos habitaciones, una cocina, comedor y un zarzo destruido, las albercas del beneficiadero llenas de maleza y sucias, muestra de que allí no se realizaba ninguna actividad productiva. Había adentro de la casa otras bodegas con carbón, listones de madera, un abrevadero semidestruido, otra habitación con varios colchones podridos. En resumen, la casa principal de la finca San Carlos, y otra adicional para cinco familias de trabajadores, donde antes podía haber hasta 65 trabajadores recogiendo café, se encuentra semidestruida y sin condiciones para ser habitada, informaron los peritos judiciales. La finca contaba con una turbina Pelton movida hidráulicamente la cual generaba energía para hacer funcionar la despulpadora y dar luz. Los cultivos de café fueron descritos como “unas rastrojeras”, también abandonados.

Los ocupantes del predio, queriendo hacer oposición a la diligencia, sólo manifestaban inconformidad porque decían que se estaba entregando la finca a miembros del Frente 19 de las Farc, que ellos necesitaban quedarse allí para poder dar seguridad y que no volviera la guerrilla. Pedían consideración con los adultos mayores y la madre cabeza de familia con dos menores, quien según ellos no tenían adonde ir. Pero que eran estudiantes de la gnosis,  movimiento que, según manifestaron ellos, tenía otras fincas en la región. La delegada del ICBF intervino para manifestar a la madre cabeza de familia y a los adultos mayores, que esa institución podía acoger a los menores y a los adultos brindándoles atención mientras resolvían su situación definitiva. Los estudiantes de la Gnosis dijeron que habían sido atropellados por la guerrilla y los paramilitares los habían obligado a ocupar las fincas.

El primer día de audiencia terminó pasadas las siete de la noche, pero la entrega del bien se aplazó para la mañana del día siguiente pues seguía lloviendo y la oscuridad impedía el desarrollo de la diligencia. Cuando terminaba la tarde otros miembros de la comunidad gnóstica se hicieron presentes, pero tampoco acreditaron ninguna calidad de poseedores o propietarios y por tanto, también les fue rechazada la oposición que pretendieron hacer a la devolución. Hace cuatro años, ante funcionarios del Incoder, Edgar Arenas había dicho que ´tenían la necesidad de vivir en estas fincas por seguridad y porque necesitan el agua de estas fincas para llevarla hasta las fincas Santa Cruz, ElSantuario y Las Camelias’, de propiedad de Eduardo Rincón, la cabeza visible de los Gnósticos, según ellos mismos han dicho.

La fiscal escribe su decisión.

A las nueve de la mañana, al reanudarse la audiencia, asistió Iván Darío Guerra Mieles,   quien se presentó como abogado de quienes decían vivir en las fincas, pero tampoco hizo oposición jurídica,  se limitó a reclamar falta de notificación y protección para los adultos mayores y los menores de edad. Sin embargo, y ante la propuesta del ICBF de acoger a los adultos y a los menores, todos rechazaron la oferta. La fiscal le explicó que se trataba de una medida provisional de restablecimiento del derecho, que se resolvería de manera definitiva ante  la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, y que contra las decisiones cabían los recursos de ley.

Pasadas las doce del día, cuando terminó la diligencia, la fiscal entregóformal y materialmente la finca a Pedro Antonio Padilla, representante legal de la cooperativa y autorizó el ingreso de sus miembros a la casa. Los gnósticos recogieron sus enseres, los cuales fueron llevados La Reserva, una de las fincas de Eduardo Rincón el líder del movimiento.

En horas de la tarde se inició la segunda diligencia en la Finca La Paz, con una extensión de 70 hectáreas, en donde se encontraban en calidad de residentes Edgar Ricardo Bohórquez y José Ignacio Chávez, de 54 y 56 años respectivamente, quienes dijeron ser estudiantes de la Gnosis. También fueron representados por el abogado Barros Mieles, quien dijo que se oponía a la devolución del bien a los socios de la cooperativa, pero por infundada, le fue rechazada por la Fiscalía. A las seis de la tarde del pasado jueves terminó el peregrinaje de una decena de familias desplazadas que, durante una década, buscó por medios legales el restablecimiento de sus derechos sobre una propiedad entregada por una institución del Estado a ellos, la cual fue usurpada durante siete años por los gnósticos, que de manera ilegal las tenían en su poder.
 
Los que volvieron
El jueves 2 de septiembre, trece de las veinticuatro familias que aún pertenecen a la cooperativa, esperaban con ansiedad volver a entrar a las fincas que el Incora les había adjudicado. Estuvieron presentes en la devolución Padilla Montero y sus ocho hijos;  Sanabria Arias, su esposa y sus siete hijos; Crisóstomo Oses Sánchez, su esposa y dos hijos; Marco Antonio Oses Ardila, su esposa y cinco hijos; Edgar Oses, quien se había regresado a San Vicente de Chucurí, regresó solo, su esposa y sus tres hijos no pudieron venir ayer; Ana Victoria Beltrán, era viuda y madre de tres hijos cuando la obligaron a desplazarse, se fue para San Vicente donde quedaron su nuevo esposo y sus hijos; Esminda del Rosario Mendoza, tenía diez hijos cuando asesinaron a su esposo, hoy le quedan ocho. Todos esperaban con emoción, pero también con temor, la devolución de las tierras.

A Roque de Jesús Suárez Quintero, miembro de la cooperativa Agrosac, le pegaron cinco tiros el 20 de mayo de 2001 en Ciénaga y lo mataron. Su esposa, Esminda del Rosario Mendoza, se tuvo que ir con sus ochos hijos para la casa de una amiga. A su esposo lo asesinó un grupo de paramilitares comandados por José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, ellos le dijeron que “si se portaba bien podía quedarse en la zona”. Eso se lo dijo un Gnóstico de nombre Juan. Portarse bien, dice Esminda, “era no denunciar”. Cuando quedó viuda, el hijo menor tenía tres años y el mayor tenía once. A pesar de eso, Acción Social no le reconoció su calidad de víctima viviendo en condición de desplazamiento.

Crisóstomo Oses vivía en La Palomera cuando un día llegó José Daniel Mora López, alias ‘101’, que es el mismo ‘Guerrero’, y le dijo que se fuera. Allí vivía con su esposa y un hijo de un año. El otro nació en desplazamiento en la Jolonura, una vereda a orillas de la carretera, donde trabaja una tierra arrendada. Había llegado en 1984 a la región procedente de San Vicente de Chucurí y durante muchos años trabajó con Inversiones Fernández De Castro, los anteriores propietarios. Inicialmente trabajó recogiendo café, pero no le rendía y lo pusieron de patiero, o sea a lavar y a pesar el café, para después echarlo a la pila y despulparlo. Al regresar y ver lo que hay, sólo atina a decir que da tristeza el estado de ruina en que se encuentran las instalaciones de la finca, pues cuando ellos la recibieron estaba en funcionamiento la compleja maquinaria despulpadora de café, la cual era movida por un sistema hidráulico.

Edgar Oses, quien se regresó a San Vicente de Chucurí desplazado de la Sierra, retornó el mismo día de la devolución de la finca, dice: “En ese entonces aquí no había ley, no había policía, la guerrilla se había tomado a San Pedro de la Sierra; la guerrilla era la policía en todas las veredas.  Nosotros damos gracias porque estamos vivos hasta ahora, pero no les podemos decir nada, los bravos son ellos. Los veíamos en las tierras que nos había entregado el Incora y no sabíamos por qué. La cosecha de café daba anualmente 380 millones de pesos, pero ahora lo que hay es rastrojo. Uno se pregunta, como campesino claro, para qué querían esta tierra si no la trabajaron y la dejaron acabar. Uno tiene que sembrar para que se vea el fruto. Si ellos tuvieran esto mejor de lo que lo teníamos nosotros, creo que ni la hubiéramos reclamado”.

El jueves, Oses regresó a La Palomera, a la casa en la que vivió casi cuatro años antes de que los paramilitares le ordenaran que se fuera. “Ellos nos pidieron colaboración primero, pero nosotros les dijimos que la ley ilegal estaba en contra de la ley legal, entonces comenzaron a tratarnos de sapos”, dijo.
 
Desde la finca La Paz, vereda de Camagual, corregimiento de San Pedro de la Sierra, a un poco más de mil metros sobre el nivel del mar, se puede apreciar la zona bananera, la inmensidad de la Ciénaga Grande y la delgada línea de costa que separa a la ciénaga del mar Caribe. Es como un abanico de mano de varios colores que tiene al sur, como borde, el río Magdalena. Desde esa altura se ve Río Frío, Pueblo Viejo, Tasajera, Santa Rosalía, el Parque isla de Salamanca y se puede sentir el crujir del tren carbonero con sus 175 vagones de 35 toneladas cada uno a su paso para los puertos de Ciénaga y Santa Marta.

La familia Oses de regreso a la finca La Pajarera, de donde fueron expulsados por los paramilitares del Bloque Norte en el 2003.

Allá abajo, en la Zona Bananera, la temperatura baja y sube entre los 29 y los 35 grados. En La Paz y San Carlos, por el contrario, durante el día puede oscilar entre 20 y 25 grados y de noche desciende a 16 grados. Llueve, desde hace dos meses no ha dejado de llover. Por la mañana hay un sereno constante y desde las 12 hasta las tres de la tarde el agua es torrencial. De la parte alta de la Sierra Nevada bajan centenares de cascadas de aguas cristalinas y mientras en la llanura abundan el banano, los mangos y la guayaba, arriba se siente aroma de café y cacao. Allá arriba, se pueden tocar las nubes; están tan cerca del cielo que se respira agua.

En medio de esa abundancia de riquezas naturales han transcurrido 30 años de guerras y masacres. Si alguien pregunta cuántos muertos hubo, o cuántas familias se tuvieron que desplazar para conservar sus vidas, la respuesta no es fácil. Ante la unidad  de Justicia y Paz de Barranquilla, se han presentado familiares de las víctimas del Bloque Resistencia Tayrona para reportar 3.339 homicidios y 1.012 desapariciones forzadas, personas asesinadas por los paramilitares  entre 1990 y 2005, pero todavía hay muchos casos de personas desaparecidas y de otras que no han sido reportadas.

El único problema en esta bellísima tierra, es la falta de autoridades que hagan respetar la ley. Peor aún, la autoridad y la ley durante años, las últimas tres décadas, fueron la guerrilla y los paramilitares, llegando muchos a creer que la ley había dejado de existir.

Muchos creen que las cosas no se quedarán así, pero a los Gnósticos no los quieren en San Pedro de la Sierra. Las familias que vieron aplazada la posesión y propiedad de sus tierras, regresaron con la ilusión de cosechar café y echar raíces, pero tienen miedo. La Fiscalía, la defensoría del pueblo y la fuerza pública adquirieron el compromiso de hacerle seguimiento a esta primera restitución, pues como dice un miembro de la cooperativa, “si nos dejan solos, somos carne de cañón”. Ahora, cuando el gobierno nacionalse ha propuesto restituir las tierras despojadas a los campesinos en todo el país, las autoridades tienen el desafío de no dejar fracasar esta. Porque si sucumbiera la primera, las perspectivas de que las demás salgan adelante serían muy escasas.

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