La Corte Suprema de Justicia continúa su labor de depurar de los llamados “narcotraficantes puros” el proceso de justicia transicional regido por la Ley 975 de 2005, a través de la cual se juzga a los exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y se les otorgan beneficios especiales, entre ellos una pena alternativa de ocho años de cárcel.

Esta vez la decisión afectó a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’ o ‘Pablo Arauca’, quien se desmovilizó como comandante del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc  y supuesto líder esa facción paramilitar entre los años 2000 y 2005. Para la Corte, esa “jefatura” fue una fachada que utilizó  para continuar con sus actividades ligadas al tráfico de clorhidrato de cocaína a los mercados de Estados Unidos y Europa.

Con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, fechada en Bogotá el 21 de mayo pasado, la Corte resolvió los recursos de apelación presentados tanto por la Fiscalía General de la Nación como por representantes de víctimas contra la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá del 4 de septiembre de 2012 de no legalizar los cargos por concierto para delinquir agravado para el periodo 1996-2000, tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras considerar que alias ‘El Mellizo’ no “los ejecutó por virtud o con ocasión de la pertenencia del postulado a las Auc”.

Al abordar el caso y revisar la gran cantidad de pruebas y testimonios que reposan en su, el Alto Tribunal concluyó que la finalidad del “postulado al vincularse como integrante del Bloque Vencedores de Arauca, fue principalmente encubrir y facilitar su negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”.

Antecedentes
Alias ‘El Mellizo’ se desmovilizó con el Bloque Vencedores de Arauca el 23 de diciembre de 2005 en la vereda Puerto Gaitán, del municipio de Tame, en Arauca, pero nunca se presentó ante los fiscales de Justicia y Paz y continuó delinquiendo, hasta su captura el 2 de mayo de 2008 en carreteras del Tolima.

Si bien el gobierno nacional lo postuló para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, fue extraditado a Estados Unidos el el 28 de febrero de 2009, donde era requerido por la Corte del Distrito de Columbia para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas. Actualmente está detenido en una cárcel del estado de Virginia.

De acuerdo con las pruebas recaudadas en su contra, Mejía Múnera, junto con su hermano Víctor, abatido en una operación antinarcóticos en el Bajo Cauca antioqueño el 29 de abril de 2008, iniciaron sus actividades ilícitas como narcotraficantes desde finales de la década de los ochenta, cuando crearon una “organización criminal reconocida nacional e internacionalmente como el ‘Clan de los Mellizos’, dedicada al tráfico de cocaína a gran escala entre América Latina, Estados Unidos y Europa, para lo cual contaban con los medios, infraestructura y colaboración de otras redes u organizaciones dedicadas a esa actividad ilícita”.

La magnitud e importancia de la organización liderada por los Mejía Múnera quedó registrada en un expediente de la justicia española que, tras procesar a uno de los integrantes de esta empresa criminal en febrero de 2005, determinó que entre 1994 y 2000 habían enviado a diversos mercados internacionales por lo menos 56 mil kilos de clorhidrato de cocaína, comprada en Colombia a confesos narcotraficantes y jefes paramilitares como Miguel Arroyave y Ramiro Vanoy Murillo.

Las evidencias de la dimensión de ese negocio le permitieron concluir a la Corte que Mejía Múnera “edificó una empresa criminal a gran escala, nacional e internacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, la que se robusteció aún más con el ingreso del desmovilizado como integrante del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, razón suficiente para afirmar que dicha actividad ilícita no puede estar cobijada por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz”.

El Bloque Vencedores de Arauca fue creado a instancias del Estado Mayor de las Auc entre los años 1999 y 2000 y fue ofrecido a diversos jefes paramilitares de otras zonas del país, quienes se negaron a asumir esa responsabilidad. Ante ello, aparecieron los hermanos Mejía Múnera y asumieron la supuesta comandancia. El objetivo de esa nueva facción, según confesiones hechas ante fiscales de Justicia y Paz por Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, era “confrontar a la guerrilla, combatirla y establecer el orden en la región”.

Si bien la Corte aseveró que ese Bloque de las Auc “no se estableció exclusivamente para traficar con estupefacientes, sino con evidentes fines antisubversivos”, la finalidad de la comandancia dada a alias ‘El Mellizo’ no “fue la presunta lucha antisubversiva, sino hacer florecer su actividad de narcotráfico, bajo el ropaje del paramilitarismo”.

De hecho el mismo Mejía Múnera, en versión entregada a fiscales de Justicia y Paz el 27 de octubre de 2009 aseveró que solo hizo presencia en tres oportunidades en el departamento de Arauca, donde supuestamente comandaba la facción de las Auc. Según sus cuentas estuvo en el año 2003 dos veces y una más en el 2005, ya para desmovilizarse. De acuerdo con la Corte, “estuvo ausente del Bloque y sólo en tres oportunidades hizo presencia en la zona, para facilitar e intensificar su actividad de tráfico de estupefacientes”.

Cuestionan a la Fiscalía
La Corte cuestionó los procedimientos de la Fiscalía General de la Nación durante el proceso seguido a alias ‘El Mellizo’. Para el Alto Tribunal es claro que el Ente acusador se equivocó al solicitar ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la legalización de los delitos relacionados con el narcotráfico, pues ellos no fueron cometidos en razón de su pertenencia a las Auc.

“La Fiscalía pasó por alto su deber primordial de analizar de forma contextualizada los elementos de juicio obrantes en el trámite y por consecuencia de ello, en lugar de adelantar lo concerniente a la demostración de que Mejía Múnera no cumple con los requisitos de elegibilidad, decidió solicitar la audiencia de legalización de cargos, con las consecuencias que ahora se advierten en este proveído”, conceptuó la Corte.

Al hacer una revisión de los pasos que se deben cumplir para presentar ante los jueces a un ex paramilitar postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, el Alto Tribunal consideró que tanto las confesiones como los análisis de contexto deben llevar a la Fiscalía a determinar si un postulado puede ser responsabilizado de los delitos cometidos cuando integró las Auc.

En este caso, la Corte advirtió que analizadas en su conjunto las pruebas, los testimonios y documentos recogidos por la Fiscalía, “se concluye que Mejía Múnera no cumple con un requisito básico de elegibilidad para acceder al proceso transicional”, y agregó: “Si ello es así, está claro que con las mismas pruebas, la Fiscalía no podía solicitar, ni mucho menos adelantar el trámite propio de la legalización de cargos, ni el Tribunal pudo haber accedido a legalizar algunos de los delitos atribuidos a Mejía Múnera”.

El Alto Tribunal reiteró en su decisión que alias ‘El Mellizo’ nunca “intervino o actuó dentro de las autodefensas con la finalidad propia del accionar de estas, y ni siquiera compartió su ideario”; sus acciones, dijo, estuvieron dirigidas a “soportar y fomentar el negocio del narcotráfico, en cuanto líder de una organización dedicada exclusivamente a ese fin”.

Por tales razones, este confeso narcotraficante y supuesto jefe paramilitar quedó excluido del proceso de Justicia y Paz, no tendrá acceso a los beneficios de pena alternativa de ocho años de cárcel y su proceso deberá asumirlo la justicia ordinaria.

Sobre los bienes entregados por Mejía Múnera e incautados por las autoridades, la Corte consideró que seguirán afectados por los trámites de la Ley de Justicia y Paz para “atender a las legítimas aspiraciones de las víctimas del accionar criminal de las autodefensas y, particularmente, del Bloque Vencedores”.

Unos sí y otros no
La decisión contra alias ‘El Mellizo’ se da dos semanas después de que la misma Corte estableciera que ex jefes paramilitares como Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, comandante del Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar, continuaran siendo juzgados por delitos relacionados con narcotráfico sin ser excluidos del proceso de Justicia y Paz.

Ante ese caso, el Alto Tribunal estableció que los delitos asociados al tráfico de sustancias ilegales sí podrían ser juzgados en los distintos tribunales de Justicia y Paz siempre y cuando tuvieran conexión con la lucha contrainsurgente adelantada, en ese caso, por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización a la que perteneció el Bloque Central Bolívar y de la cual hizo parte alias ‘Julián Bolívar’. (Ver Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)

En el proceso seguido a alias ‘Julián Bolívar’, la Corte determinó que los delitos asociados al tráfico de sustancias ilegales sí podrían ser juzgados en los distintos tribunales de Justicia y Paz siempre y cuando tuvieran conexión conla lucha contrainsurgente adelantada, en ese caso, por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización a la que perteneció el Bloque Central Bolívar.

Con ponencia de la magistrada María del Rosario González Muñoz, el Alto Tribunal estableció que de acuerdo con algunos artículos de las leyes transicionales a través de las cuales se juzga y procesa a los exmiembros de las Auc, “en Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”.

En ese sentido, y según pruebas y testimonios, en el caso de alias ‘Julián Bolivar’ quedó demostrado que las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes se dio como parte de la financiación de su facción armada y no cómo fin último de su acción criminal ni favorecimiento personal.

Contrario a lo conceptuado en los casos de Mejía Múnera y de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, quien fue excluido del proceso de justicia transicional en fallo proferido el pasado 12 febrero, tras confirmar una decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

En el proceso contra alias ‘Gordo Lindo’ se advirtió su pretensión de camuflarse en uno de los bloques paramilitares de las Auc para ocultar sus labores de “narcotraficante puro” y evitar, de esa manera, el pedido de extradición que había hecho la justicia de Estados Unidos. (Ver A alias ‘Gordo Lindo’ le crearon bloque)

Poco a poco la Corte va depurando el proceso de Justicia y Paz, separando a grupos y personas que se dedicaron exclusivamente al narcotráfico de los que lideraron una confrontación contrainsurgente, con el fin de evitar que aquellos que nunca hicieron parte de los grupos armados organizados al margen de la ley se camuflen para “lavar” sus actividades ilegales y obtengan los beneficios de la justicia transicional.

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The Bloque Vencedores de Arauca allied with soldiers and public officials to retain power over the area. Photo: archivo Semana

The Arauca paramilitaries developed an accounting system to pay “salaries” to members of the Armed Forces and public officials and to ensure that their identities remained secret. They also allied themselves with an Air Force captain, a pilot for Carlos Mario Jiménez (alias ´Macacao´), to secure intelligence videos and to buy a system that allowed them to track the land movements of army and guerrilla troops.

These details were described by prosecution unit 22 of Justicia y Paz during the most recent hearing of legalization of charges against Miguel Mejía Múnera (alias ´El Melizo´) and eight other demobilized members of Bloque Vencedores de Arauca of the AUC, including Orlando Villa Zapata (alias ´Rubén´ or ´La Mona´), who served as the group´s second-in-command.

Based on the confessions of these members, Justicia y Paz was able to document that between 2001 and 2003, a former police officer linked the paramilitaries to the Armed Forces. During the hearing the prosecution identified Yesid Baena Toro (alias ´Martín´) as “the former Bogotá police officer who had contacts and managed the sources of certain corrupt city officials.”

According to the prosecution, over three years ´Martín´ asked ´Rubén´ for $50 million pesos each month to pay the “salary” of members of the police, military and the DAS. They began in the town of Tame.

´Martín´ was responsible for distributing the money among soldiers and investigators, and kept his records in code that only he could decipher, in which most were identified with a capital letter and number.

Beginning in July 2002, ´Martín´ extended his contacts to Arauca, the capital, as well as to Saravena, Fortul, Arauquita and Cravo Norte. In these places the Armed Forces gave “battle orders,” intelligence reports where they identified the names and locations of suspected guerrillas in the region. In the Tame police station, many of those who were detained were identified and killed by the paramilitaries following their release.

During their testimony, the demobilized paramilitary members spoke of the payment process. “They occurred on the fifth day of each month. If the sixth came and they hadn´t been paid, the police would make inquiries in the city and capture the urbanos [paramilitaries in the urban area]. To get them out, they would pay between $1 and $2 million pesos, and if they seized arms they would resell them to the paramilitary group. And if they didn´t buy them, they would offer them to the guerrillas,” the prosecution read.

Eventually, ´El Mellizo´ began to have differences with ´Martín´ and the former police officer was killed. A man with the alias ´Cantante´ became his replacement, and at the end of 2003 he implemented a new “payment” system which was only carried out following “results.”

If the paramilitaries won a battle or managed to capture or assassinate suspected guerrillas, the block paid the officials who provided them with the information. In 2003, the paramilitary group began to pay the CTI for information regarding the Public Prosecutor´s Office.

´Cantante,´ like ´Martín,´ was killed and ´Zamir´ selected as his replacement. In 2004, with the mediation of a lieutenant and private pilot of ´Macao,´ the Bloque Vencedores de Arauca bought a topographic location program

According to the prosecution, the program cost $4 million pesos and was operated from a computer by Jair Ruiz Sánchez (alias ´Pagado´). The system allowed them to locate through coordinates the land movements of any troop in the region. With the information and support, the paramilitaries committed massacres including those of Puerto Rondón and Cravo Norte.

Resolving Identities

The prosecution informed the magistrates of Justicia y Paz that due to the nomenclature used by ´Martín´ and the fact that the demobilized members of the block haven´t remembered the names of the soldiers and officials who helped them, they have only been able to identify enough names and descriptions to investigate six officials, five from the army and police and one from the DAS.

The magistrate Uldi Teresa Jiménez, however, questioned why the demobilized members had failed to confess the names of the soldiersand officials, and asked Orlando Villa Zapata (alias ´Rubén´) about the situation. “From the beginning we have been committed to the process,” the former paramilitary boss said, “but unfortunately those who have the information are either dead or detained and not involved in the process of Justicia y Paz. I´ve found some information, but Pacheco, Acevedo and Lucas [paramilitaries not involved in the process] don´t want to give any information.”

The magistrate said that the confessions of the paramilitaries cannot remain in generalities. “It´s not a secret that the Armed Forces have aided the AUC in their entrance and expansion,” she said. “But we continue working with generalities, and this does not favor the principle of truth. We have to dismantle this structure, because it wasn´t only the block who did this, but all of its collaborators.”

These sentiments were echoed by the deputy prosecutor and victim advocates, who explained that they don´t understand how, in a town as small as Tame, where the paramilitaries remained for five years (2001-2006), the demobilized members fail to remember the names of the soldiers and officials who aided them. “I paid attention to the results,” Villa Zapata responded.

The judge called upon the prosecution to continue investigating the connections that public officials and soldiers maintained with the paramilitaries. “This situation cannot continue in which those who have the information are either dead or not part of the process,” she concluded.

Those called to testify at the legalization hearing included Fredy Octavio Romero (alias ´Pony´), Villa Zapata, Jhon Jimmy Pérez (alias ´Francisco Chamorro´), Miguel Isaías Guanare (alias ´Cirujano´), Domigo Garcés Morelo (alias ´Dogar´), Ferney Alvarado Pulgarín (alias ´Cúcuta´), Samuel Aponte Saavedra (alias ´El Zarco´), Campo Elías Carreño (alias ´Genio´) and Miguel Ángel Mejía (alias ´El Mellizo), who participated through a conference call from the United States, where they have been extradited.

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El Bloque Vencedores de Arauca se alió con militares y funcionarios públicos para delinquir en la región. Foto archivo Semana

Los paramilitares de Arauca desarrollaron un sistema contable para pagar ‘sueldos’ a miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos, y lograr que sus identidades se mantuvieran en reserva. También se aliaron un capitán de la Fuerza Aérea, que fue piloto de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, para conseguir videos de inteligencia y comprar un sistema que les permitió rastrear en tierra los movimientos de tropa del Ejército y la guerrilla.

Estos detalles fueron revelados por la Fiscalía 22 de Justicia y Paz durante la más reciente audiencia de legalización de cargos contra Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘El Melllizo’ y otros ocho desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, entre ellos Orlando Villa Zapata alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’, quien fue el segundo jefe de ese grupo paramilitar.

A partir de las confesiones de algunos desmovilizados, Justicia y Paz logró documentar que entre 2001 y 2003 el enlace de los paramilitares con la fuerza pública fue un ex policía. La Fiscalía lo identificó como Yesid Baena Toro alias ‘Martín’ “quien era un ex funcionario de la policía en Bogotá que tenía contactos, manejaba  fuentes de ciertos funcionarios corruptos en la ciudad”, leyó una investigadora durante la audiencia.

Según la Fiscalía, durante tres años ‘Martín’ le pedía cada mes $50 millones de pesos a alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’ para pagar la ‘nómina’ a miembros de la Policía, el Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Comenzaron por el municipio de Tame.

‘Martín’ se encargaba de distribuir este dinero entre  los militares e investigadores, y llevaba los registros en listados con un código que solo él podía descifrar. A la mayoría los identificaba con una mayúscula seguida por un número. Los cómplices eran miembros del Batallón de Ingenieros Nº 18 General Rafael Navas Pardo, la Brigada Móvil 5 adscrita a ese mismo batallón y la base militar Los Naranjitos, todos con incidencia en Tame.

A partir de julio de 2002, ‘Martín’ extendió sus contactos a Arauca, la capital, así como a Saravena, Fortul, Arauquita y Cravo Norte. En estos lugares la fuerza pública les entregó “órdenes de batalla”, informes de inteligencia donde identificaban con nombre y ubicación a los supuestos guerrilleros de la región. En el puesto de policía de Tame muchas de las personas que estaban retenidas fueron señaladas y a su salida de las inspección, asesinadas por los paramilitares.

En versiones libres, varios desmovilizados contaron que los pagos debían ser cumplidos. “Eran el quinto día de cada mes. Si se llegaba al seis y no había pago, entonces la policía hacía pesquisas en el pueblo y capturaba a los urbanos (paramilitares en el área urbana). Por la salida cobraban entre $1 millón y $2 millones de pesos, y si incautaban armas se las revendían al grupo paramilitar. Y si los paramilitares no la compraban, entonces se la ofrecían a la guerrilla”, leyó la Fiscalía.

Alias ‘El Mellizo’ comenzó a tener diferencias con ‘Martín’y el ex policía fue asesinado por el propio grupo. En su reemplazo, el nuevo enlace las fuerzas militares fue alias ‘Cantante’. A finales de 2003implementó nuevo sistema de ‘pagos’ que solo se realizaba con “resultados”.

Si los paramilitares ganaban un combate o lograban la captura o el asesinato de personas que ellos consideraban guerrilleros, el bloque les pagaba a los funcionarios que les suministraron la información. En 2003, el grupo paramilitar comenzó a pagarle por información al CTI de la Fiscalía.

‘Cantante’, al igual que ‘Martín’, fue asesinado y en su reemplazo llegó alias ‘Zamir’. En 2004 por intermediación de un teniente y del piloto privado de ‘Macaco’ el Bloque Vencedores de Arauca compró un programa de ubicación topográfica.

Según documentó la Fiscalía, el programa les costó $4 millones de pesos y fue operado desde un computador por Jair Eduardo Ruiz Sánchez alias ‘Pagado’. El sistema les permitía ubicar por medio de coordenadas los movimientos en tierra de cualquier tropa en la zona.  Con esta información y apoyo, los paramilitares cometieron masacres como la de Puerto Rondón y Cravo Norte.

Identidad por resolver
La Fiscalía informó a los magistrados de Justicia y Paz que debido a la nomenclatura que utilizó alias ‘Martín’ y a que los desmovilizados del Bloque no recuerdan los nombres de los militares y funcionarios que les ayudaron, solo ha podido identificar algunos apellidos y descripciones para compulsar seis copias a la justicia ordinaria. Es decir, enviar esta información al sistema judicial para que investigue a cinco funcionarios del Ejército y la Policía, y a uno más del antiguo DAS.

Al terminar su exposición, la magistrada Uldi Teresa Jiménez cuestionó sobre por qué los desmovilizados del Bloque Vencedores no han confesado los nombres de los militares y funcionarios, y preguntó a Orlando Villa Zapata alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’ sobre esta situación.

“Desde un principio hemos estamos comprometidos con el proceso, pero lastimosamente la gente que tiene la información está muerta o detenida y no postulada a Justicia y Paz. Yo he buscado la información pero Pacheco, Acevedo y Lucas (paramilitares que no han sido postulados) no quieren dar estos datos”, dijo el ex jefe paramilitar.

La magistrada cuestionó a Villa y dijo que las confesiones de los paramilitares no pueden quedarse en generalidades. “No es un secreto que la fuerza pública haya sido cómplice de las autodefensas en su ingreso y expansión”, señaló la juez.

“Pero seguimos trabajando en generalidades y aquí no se está favoreciendo el principio de verdad. Hay que desmantelar la estructura porque no solo fueron ustedes (el bloque), también todos los colaboradores”, apuntó la magistrada.

Al llamado de la juez se sumó el procurador delegado y los defensores de víctimas que explicaron que no entienden cómo en un pueblo tan pequeño como Tame, donde los paramilitares estuvieron cinco años (2001-2006), los desmovilizados no recuerdan los nombres de los militares y funcionarios. “Yo le prestaba atención era a los resultados”, respondió Villa Zapata a las preguntas.

La magistrada insistió e hizo un llamado a la Fiscalía para que continúe investigando los nexos que tuvieron los militares y funcionarios públicos con los paramilitares. “No puede seguir la situación de que la información la tienen los muertos o los que no están postulados”, concluyó.

A la audiencia de legalización de cargos fueron convocados los desmovilizados Fredy Octavio Romero alias ‘Pony’, Orlando Villa Zapata alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’, Jhon Jimmy Pérez alias ‘Francisco Chamorro’, Miguel Isaías Guanare alias ‘Cirujano’; Domingo Garcés Morelo alias ‘Dogar’, Ferney Alvarado Pulgarín alias ‘Cúcuta’, Samuel Aponte Saavedra alias ‘El Zarco’, Campo Elías Carreño alias ‘Genio’ y Miguel Ángel Mejía alias ‘El Mellizo’, quien estando extraditado en Estados Unidos ha participado en el juicio a través de comunicación porvideoconferencia.

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* La foto de Villa Zapata fue tomada de Procurando Perdón, un portal web de desmovilizados.

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El ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca, José Rubén Peña Tobón, conocido con el alias de ‘El Sargento’, fue condenado por la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca, junto con dos de sus subalternos, José Manuel Hernández Calderas, alias ‘Platino’, y Wilmer Morelo Castro, alias ‘Boqui’, a ocho años de prisión por 11 tipos de crímenes distintos cometidos contra los pobladores del departamento de Arauca.

Peña Tobón, quien fue sargento del Ejército antes de ingresar a las autodefensas, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso carnal violento en persona protegida y entrenamiento para actividades ilícitas agravado; y como coautor de homicidio en persona protegida, tortura, desaparición forzada, acceso carnal violento en persona protegida, secuestro simple, destrucción y apropiación de bienes protegidos, disparo de arma de fuego contra vehículo y desplazamiento.

A su vez la Sala de Justicia y Paz del Tribunal condenó a ‘Platino’ y a ‘Boqui’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, hurto calificado y agravado, y desplazamiento de población civil.

El Tribunal ordenó a los paramilitares, junto con los demás desmovilizados del Bloque a pagar la reparación integral de las víctimas, ofrecer disculpas públicas a las víctimas y la sociedad en general, acto que deberán realizar en un plazo de los tres meses.

En este informe especial VerdadAbierta.com presenta un perfil de los ex paramilitares José Rubén Peña Tobón, alias ‘El Sargento’, José Manuel Hernández Calderas, alias ‘Platino’, y Wilmer Morelo Castro, alias ‘Boqui”; una reseña de la historia del Bloque Vencedores de Arauca; parte de los crímenes que fueron esclarecidos; la reparación a la que accederán las víctimas; y una selección de artículos que este portal web ha publicado sobre el accionar de estos paramilitares.

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