Julia* recordó entre lágrimas el día que llegaron los paramilitares a su parcela en el municipio de El Difícil, Magdalena. Le dijeron que tenían que venderla y marcharse de la región, “que era una orden del jefe y que no podía desobedecerla porque si lo hacía, debía atenerse a las consecuencias”. Su marido se opuso a la orden y dijo que no iba a vender. A los pocos días lo mataron y su familia tuvo que abandonar la zona. (Ver: La lucha por la tierra en el Magdalena)

Así fue como Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), despojó de sus tierras a cientos de campesinos de los municipios de El Difícil, Plato, Chibolo, Pivijay, Tenerife, Sabanas de San Ángel y Zapayán en el Magdalena, y en algunas poblaciones del Cesar como Bosconia y Astrea.

La estrategia era perversa: llegaba acompañado de un grupo pequeño de hombres armados, intimidaba a los campesinos y les daba un plazo de 15 días para vender a los testaferros que recibían orden de César Augusto ‘Tuto’ Castro Pacheco, hermano del ex congresista magdalenense Jorge Castro Pacheco, quien se alió con funcionarios del Incora para titular las tierras que iban adquiriendo. (Ver: ¿Quién es el ‘Tuto Castro?)

Muertes, desapariciones, despojo de tierras, desplazamiento y hurto son los delitos por los que tendrá que responder alias ‘Codazzi’ a su regreso a Colombia, luego de que las autoridades venezolanas lo deportaran hace unos días a Colombia después de su captura el pasado 23 de julio en una finca de Sabana de Mendoza, en el estado de Trujillo.

En los municipios del Magdalena donde ‘Codazzi’ despojó de sus tierras a campesinos, el miedo era constante. Ni siquiera después de la desmovilización de las Auc se logró recuperar la tranquilidad porque ‘Codazzi’ y ‘Tuto’ Castro siguieron siendo el terror de los campesinos.

En el 2012 se rumoraba que ‘El Tuto’ rondaba por los municipios de Plato y Sabanas de San Ángel, en Magdalena, junto con ‘Codazzi’, como líderes del llamado “Ejército Antirestitución”.

Esa unión delincuencial hizo que se registrara en este departamento un sistemático despojo de tierras que afectó a campesinos de doce municipios, donde el Incora revocó predios y de donde salieron por lo menos 199.746 personas desplazadas entre 2000 y 2009 por grupos armados ilegales. En los mismos municipios, entre 1990 y 2009 fueron asesinadas 9.642 personas.

Julia fue una de esas víctimas. Ella recordó su tragedia en Cartagena el pasado mes de mayo cuando se realizó en el Coliseo de Combate de la ciudad, el incidente de afectación de víctimas de Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte.

La mujer fue a buscar respuestas a sus angustias porque desde el día que salió de su parcela con el dolor por la muerte de su esposo, ha pasado dificultades junto con sus hijos. Así como ella, las víctimas de ‘Codazzi’ esperan que ahora que ya está en Colombia su victimario, responda por todos los crimines que cometió.

Los crímenes de ‘Codazzi’
Montero Martínez, quien nació en el municipio de Codazzi (norte del Cesar), del que toma su alias, es acusado de participar entre 2001 y 2002 en seis masacres, como la que ocurrió en Sitio Nuevo, Magdalena, donde los paramilitares asesinaron a tiro y machete a 47 pescadores de los caseríos Nueva Venecia, Tamacá y Caño Clarín.

Alias ‘Codazzi’ tiene en su contra 18 órdenes de captura por los delitos de homicidio, reclutamiento de menores de edad, concierto para delinquir, desplazamiento y hurto, y sobre su cabeza pesaba una circular roja de la Interpol. Llegó al país con una condena de 39 años por el asesinato del abogado Antonio Rivera Movilla, que ocurrió el 24 de febrero de 2003 al negarse a firmar las escrituras de sus fincas.

Ese caso comenzó porque a ‘Codazzi’ le gustaron las haciendas La Tocaima, Las Mercedes y San José, con una extensión que supera las mil hectáreas, ubicadas en el corregimiento de Heredia, jurisdicción del municipio de Pedraza, Magdalena. De estas haciendas hurtaron ganado, elementos agrícolas y una camioneta cuatro puertas.

Alias ‘Codazzi’ quedó encantado con las haciendas, por lo que a través de recados citó a Rivera con insistencia a una reunión. El 23 de febrero de 2003, Rivera salió a encontrarse con alias ‘Codazzi’ y nunca regresó. Algunos vecinos de la región dijeron que esa noche vieron al abogado bastante golpeado y acompañado por un grupo de paramilitares que pasó por una población. Según la Fiscalía, el abogado habría sido torturado hasta el amanecer con el fin de obligarlo para que firmara la venta de sus propiedades y debido a que no aceptó, fue asesinado.

Dos semanas después del sepelio, los familiares del abogado recibieron mensajes de parte de los paramilitares en los que les decían: “Tienen que vender a quienes nosotros digamos y por el precio que nosotros paguemos”.

El prontuario de ‘Codazzi’ hizo que el presidente Juan Manuel Santos considerara a Omar Montero “como objetivo prioritario” en el cartel de los más buscados por oponerse a la restitución de tierras y ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Por la presión de las autoridades que lo buscaban, en 2011 ‘Codazzi’ se fue a Venezuela, donde se unió a las bandas criminales que controlan el tráfico de drogas. Según voceros del gobierno venezolano ‘Codazzi’ estaba dedicado a la coordinación de narcotráfico y el cuidado de cultivos de coca en la frontera para la banda del clan Úsuga.

Los rumores que se oían en el Magdalena sobre la posibilidad de que ‘Codazzi’ estuviera muerto, se acabaron en julio pasado cuando fue capturado en Venezuela y ahora con su deportación a Colombia, las víctimas de este ex paramilitar solo guardan la esperanza de que se haga justicia. “Ya lo que hizo no lo puede borrar, pero si queremos que pague por todo el mal que causó”, dijo un poblador de El Difícil, Magdalena.

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A sus 80 años, don Clímaco* trata de ocultar la tristeza entre sus arrugas y una amplia sonrisa cuando cuenta cómo era su vida en la vereda La Pelona, del municipio de San Onofre, en Sucre, antes de que hombres del Bloque Héroes de los Montes de María desplazaran a las 55 familias que vivían en la parcelación.

Esta comunidad campesina fue una de las primeras víctimas del Bloque Norte,cuyos miembros señalaron a los pobladores de colaborarle a la guerrilla. En una reciente audiencia realizada en Cartagena, y en la que participó a través de videoconferencia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso desde mayo de 2008 en Estados Unidos, los labriegos asistieron con camisetas blancas que tenían leyendas como “Soy víctima, exigimos reparación” y “Soy víctima, exigimos justicia”.

En esta audiencia, convocada por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, las víctimas de La Pelona se mostraron unidos y dispuestos a revivir los tristes episodios que los afectaron. Valerosos, se pararon ante el micrófono para que Mancuso y sus hombres recordaran cómo acabaron con la tranquila vida de una comunidad.

“Yo tuve ocho hijos en La Pelona, ahí los críe a todos, pero llegó el exterminio y nos arruinaron en todas las formas; desde el desplazamiento, mis hijos no han tenido vida, emigrando, trabajando por una miseria, ahora todos están regados, llenos de compromisos. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en la parcela y de ahí sobrevivíamos todos porque en esas tierras se producía de todo”, rememoró don Clímaco. (Ver La barbarie de ‘Cadena’ en San Onofre)

Su recuerdo se remonta a 1970 cuando el antiguo Incora (hoy Incoder) compró una finca de 566 hectáreas, la parceló y se la adjudicó a 55 familias, las mismas que se asociaron y encontraron en el trabajo agrícola la mejor manera de vivir.

Un joven líder dijo ante la presidenta del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, la magistrada Lester González, que en La Pelona se producía yuca, maíz y ñame, y por intermedio del INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras) consiguieron que les construyeran un minidistrito de riego.

“Allá daba gusto ver cómo las tractomulas hacían fila para cargar la yuca que llevaban a otras partes del país. Organizamos la Asociación y a través de ella procesábamos el maíz y la yuca, teníamos un minidistrito de riego para cinco hectáreas, había una escuela, éramos unidos, hasta que vino esa bomba paramilitar que hizo que unas familias se fueran para Cartagena, Barranquilla, Riohacha y otros sitios de la Costa, los hogares se desintegraron y muchos de nuestros jóvenes tomaron caminos equivocados”, explicó el joven.

El pecado de La Pelona fue su ubicación. Está muy cerca del mar, al lado del corregimiento de Berrugas y de Rincón del Mar. Eran vecinos de la finca El Palmar, la misma que Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, tomó como base para salir de allí a cometer las masacres (más de 40) en toda la región de los Montes de María junto con Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, zona que años después sería dominada por Uber Bánquez Martínez, alas ‘Juancho Dique’.

Los campesinos de La Pelona se convirtieron en unos vecinos incomodos para las autodefensas y aunque no ocurrieron masacres en la parcelación sí presenciaron lo ocurrido en septiembre de 1996, con Sabas Anaya Agresot, quien apareció sin vida y con signos de tortura en la vía San Onofre-Tolú Viejo, luego de ser sacado por un grupo de hombres de un billar en el caso urbano de San Onofre.

La muerte de uno de los parceleros causó conmoción y alertó a los demás campesinos, que a pesar de lo ocurrido y a sabiendas que lo habían matado los paramilitares que lo acusaron de colaborador de grupos subversivos, siguieron su vida cotidiana. Sin embargo, el hecho que originó el desplazamiento masivo y que hoy los tiene frente a un proceso de reparación colectiva y esperando los fallos de restitución de tierras, ocurrió un año después.

En la media noche del 4 de marzo de 1997, integrantes del Frente Héroes de los Montes de María llegaron a la casa de Andrés Antonio Barón Castellanos, quien presidía la Asociación de Campesinos, lo sacaron y le ordenaron que los llevara a las casas de otros campesinos que según ellos también le colaboraban a la guerrilla. El líder se negó a cumplir la orden y les dijo que prefería que lo mataron ahí mismo porque no podía acusar a ninguno de sus compañeros de algo que no habían hecho.

El padre de Andrés asistió a la audiencia en Cartagena y contó que los paramilitares lo arrastraron unos metros y lo asesinaron: “Yo sentí los disparos, cogí la machetilla y quise salir, pero mi mujer me dijo que mejor no saliera porque no sabíamos qué había pasado y fíjese que habían matado a mi hijo”.

En la audiencia se conoció que existe una persona desaparecida de la vereda La Pelona que no está registrada en los listados de Justicia y Paz. Se trata de Wilfrido Therán Bocanegra, a quien se llevaron de San Onofre. (Ver Entre el poder político y el abuso sexual en San Onofre)

Un regreso a cuenta gotas
Todavía a los campesinos de La Pelona les da miedo decir que son de allá. Ni siquiera aceptan que sus nombres sean revelados. Un hombre moreno, de unos 35 años, le contó a VerdadAbierta.com que “durante 17 años hemos desafiado al miedo y la tristeza. Hubo momentos en que tuvimos que ocultar nuestro documento de identidad porque nos daba miedo decir que veníamos de San Onofre”.

Para las 55 familias no fue fácil. Después de estar 30 años en esa tierra, en la que según sus propios testimonios, “no necesitamos alcalde o policía para arreglar nuestros problemas”, tuvieron que enfrentar una realidad distinta que los obligó a irse a ciudades a trabajar en oficios diversos que tuvieron que aprender sobre la marcha. Aunque se enteraron de la desmovilización y de que la zona está tranquila, la mayoría no regresó.

VerdadAbierta.com conoció que en la parcelación viven actualmente 39 familias, de las cuales 13 están asociadas en proyectos de piscicultura y agricultura. El problema es que varias de estas familias no son las mismas de hace 17 años.

“Creo que solo ocho familias retornaron solas, sin acompañamiento, pero a otras nos tocó mal vender las parcelas, por lo que nos dieran, tres, cuatro millones de pesos, pues había mucha necesidad. Hoy estamos en restitución de tierras, esperando los fallos, que ojalá sean favorables. No teníamos otra opción que vender al primero que se nos acercaba”, afirma uno de los hombres que vestía la camiseta blanca con las leyendas en las que se reconocen víctimas del conflicto armado.

Don Clímaco, uno de los mayores de la comunidad, no ha regresado a La Pelona. Dice que lo haría si existieran garantías. “A mí me persiguieron, me tildaron de guerrillero, de sembrar marihuana, cuando lo único que hacíamos en la parcela era sembrar yuca y maíz. A mi señora para contentarla le digo: ‘no te acongojes, estamos a salvo y eso es mejor a estar muerto’, pero es duro. Cuando nos vinimos a Cartagena pasaba todos los días tempranito el vendedor de yuca y nos daba tres ‘rabitos’ por mil pesos y ella decía: ‘eso era lo que le echábamos a los puercos’ y se ponía triste”.

Lo mismo recuerda el padre de Andrés Antonio Barón: “Hace 17 años que sucedió eso, teníamos un criadero de peces y en esos días habíamos echado bastantes peces. ¿Quién nos repara en La Pelona? Esas tierras nos la dio el gobierno, nosotros mismos hicimos la carretera de entrada, como seis kilómetros, conseguimos un lago con el INAT. La gente de Berrugas y de Rincón del Mar nos dice que cuando nosotros estábamos, a ellos les iba bien porque producíamos para nosotros y para ellos”.

La vereda La Pelona está a 15 minutos de San Onofre. Ha crecido, ya son más que 55 parcelas, y se conformó una aldea que sus pobladores llaman Luis Carlos Galán, en homenaje a este líder asesinado por sicarios al servicio del narcotráfico. Los campesinos de esta comunidad que asistieron a la audiencia en Cartagena y escucharon las palabras de arrepentimiento que pronunció el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso expresaron que “ojalá todo vuelva a ser como antes”.

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Después de la masacre y el desplazamiento, Zipacoa no volvió a ser el mismo pueblo. Los recuerdos del 8 de enero de 200I, cuando un grupo de paramilitares llegó a este corregimiento del municipio de Villanueva, Bolívar, y obligó a todos sus habitantes a reunirse en la plaza, frente a la iglesia, para amenazarlos y matar a cuatro de sus jóvenes, no se han podido borrar de la memoria de sus habitantes.

La historia de Zipacoa fue una de las que más llamó la atención en la audiencia de afectación de las víctimas de las facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) comandadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, convocada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y realizada durante esta semana en Cartagena. Esta instancia es la última antes de dictar condena contra los postulados bajo las normas de la Ley 975 de 2005.

Esta audiencia se realizó en el Coliseo de Combates de la capital bolivarense y a través de vioconferencia fue presenciada desde sus sitios de reclusión en diversas ciudades del país por los exparamilitares del Bloque Norte de las Auc Edgar Ignacio Fierro Florez, alias ‘Don Antonio; Uber Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’; Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias ‘El Gordo’ o ‘Cara Cortada’; Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’; Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’; Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’; José Bernardo Lozada Artuz, alias ‘Mauro’; Hernando de Jesús Fontalvo, Julio Manuel Argumedo García, Miguel Ramón Posada Castillo y José Gregorio Mangonez Lugo.

Mancuso presenció el encuentro con las víctimas a través de un sistema de videoconferencia desde una celda del centro Northern Neck Regional Jail, de Warsaw, en el estado de Virginia, Estados Unidos, en donde permanece desde mayo de 2008, cuando fue extraditado junto a 14 exjefes paramilitares de las Auc por orden del entonces presidente de laRepública Álvaro Uribe Vélez, para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.

“Somos campesinos humildes, que vivíamos de la tierra, tranquilos y unidos, hasta que un día llegó este grupo armado y nos desplazó”, contó una de las víctimas que llegó hasta el coliseo a narrar su drama y el de su comunidad. Fue así como el caserío se convirtió en un pueblo fantasma, sus pobladores perdieron los cultivos de pan coger y los animales que tenían, y la escuela y el puesto de salud se deterioraron con el abandono.

Sin embargo, los pobladores de Zipacoa también dieron a conocer el trabajo que realizan desde hace dos años para lograr la reparación colectiva, la cual vienen tramitando ante la Unidad de Víctimas. Como comunidad, esperan el arreglo de las vías de acceso, la adecuación del puesto de salud y de una parte de la Institución educativa, así como la reconstrucción del puesto de policía y la construcción de un monumento en memoria de las víctimas.

Marcos, uno de los miembros del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de Zipacoa, contó a VerdadAbierta.com que su comunidad, los que regresaron y los que aún viven en otras partes, se han unido para decidir cómo quieren ser reparados. “De todos modos, lo que hagan, no nos va a devolver a lo que éramos antes de que Manuel Antonio Castellanos, alias ‘El Chino’, llegara con sus hombres a matarnos y a desplazarnos”.

La muerte de Germin Jiménez Murillo, Rider Arellano, Eligio Niño Murillo y Gilberto Bellido marcó el destino de esta población. Iván* aún recuerda los hechos que acabaron con la muerte de estos cuatro hombres, tres de ellos jóvenes, y originó el desplazamiento de sus pobladores.

“Ese día –8 de enero de 2001- los hombres de ‘El Chino’ llegaron temprano, nos sacaron de las casas obligados, solo se quedaron los viejos o las personas que no podían caminar, y a un comerciante que no quería ir, le dijeron que si no iba le saqueaban la tienda. Cuando estábamos todos reunidos, sacaron a los cuatro hombres y como a las 11 de la mañana se los llevaron, nos dijeron que les iban a hacer unas preguntas y que más tarde regresarían. Nos quedamos ahí, esperando, pero como a las cuatro de la tarde cuando vimos que no regresaban, salimos a buscarlos y como a medio kilómetro del pueblo los encontramos muertos, a dos de ellos los torturaron”.

Ese mismo día, ya en la noche, llegó el Ejército Nacional y les ordenó que no salieran de sus casas. “Al día siguiente, bien temprano, comenzaron los enfrentamientos y nosotros en la mitad. La gente comenzó a salir a pie, recorrimos cinco kilómetros para llegar a la vía principal, unos se fueron para Villanueva, pero no los ayudaron, otros para Santa Rosa y Cartagena. No volvimos, ahora es que estamos regresando, poco a poco, pero no nos ha ido bien. En el 20I2 perdimos la cosecha porque no llovióy el año pasado también la perdimos por el invierno, por eso ahora queremos volver a ser productivos con la ayuda del gobierno”, dijo Iván.

Las lágrimas de las víctimas
En la audiencia de afectación de las víctimas de los grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso, las lágrimas expresaban lo que aún sienten estas personas.

Los voceros de Zipacoa no podían contener el llanto mientras le narraban sus tragedias a la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, Lester María González Romero. La madre de uno de los jóvenes asesinados lloró desconsoladamente, mientras uno de sus hijos relataba lo ocurrido aquel 8 de enero de 2001.

Martha es otra de las mujeres de este corregimiento. Ella contó que en el pueblo dejó sus tres hectáreas de tierra cultivadas con yuca, maíz y ñame. Pero era salir o quedarse a morir.

“Cuando ‘El Chino’ pasaba en su carro, todo el mundo se escondía. En el 2003 mataron a dos personas más en Zipacoa, de los que regresaron, y tres en Villanueva. A mi yerno se lo llevaron y nunca más apareció. Mi hija se enfermó por el trauma y pasó mucho tiempo en una clínica de Turbaco, a mí me tocó criar a los dos nietos y me ha tocado sufrir mucho”, relató la mujer.

Nuris también recordó aquella época: “’El Chino’ entraba al pueblo cuando quería, él pasaba y mataba. Me acuerdo que a la entrada de la finca Los Robles estaba un señor pelando un zaíno que acababa de cazar, él pasó y lo mató. Lo mismo le pasó al administrador de otra finca que llamaban ‘Postobón’. Lo mató y el cuerpo lo llevaba en el carro y cuando pasó por Zipacoa dijo: ‘Ya matamos al hp de la Postobón’. Eso era terrible, por eso la gente no quería regresar. Poco a poco hemos regresado, pero la mayoría no”.

Hoy en este poblado ubicado a 45 minutos de Cartagena, han retornado cerca de 270 familias, según el último censo hecho por el Comité de Impulso de Reparación Colectiva.

El momento de mayor expectativa durante la audiencia fue cuando una aguerrida mujer, con voz fuerte al comienzo y entrecortada al final, por las lágrimas, le preguntó a Mancuso qué lo motivó a hacer todo eso en Zipacoa. La respuesta del exjefe paramilitar al otro lado de la pantalla fue corta: “no había palabras para expresarles cuanto lo sentía”.

Para ella no fue suficiente y con voz otra vez fuerte le explicó a la magistrada González que pesan amenazas contra su vida desde junio del 20I3, cuando fue a una versión de ‘El Chino’ y se enteró por su testimonio que el desplazamiento de los habitantes de Zipacoa al parecer patrocinado por algunos funcionarios de la Alcaldía  de Villanueva de ese entonces. “Me llamaron y me dijeron: “Te salvaste la vez pasada, pero esta vez no te salvas”, fue el mensaje que le enviaron a la mujer.

Ante este testimonio, la Magistrada que presidía la audiencia le preguntó a Uber Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, si sabía algo al respecto. Él respondió que en esa época no estaba en la zona, pero sí aseguró que cuando llegó, designó a alias ‘El Chino’ para que cobrara el impuesto que ellos impusieron a siete municipios de Bolívar. “Él debía sacarle un impuesto a la Alcaldía y a todas las instituciones”, reveló el exparamilitar.

Al conocer la situación de esta mujer, la magistratura ordenó protegerla y solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre investigaciones que se sigan contra políticos de Villanueva, Bolívar, que coincidan con el año de los hechos y que estén relacionados con las Auc.

“En nombre de las víctimas de Zipacoa quiero que haya justicia, verdad y no repetición. Queremos la reparación por decisión de los jueces y no por la acción administrativa, aunque esto no devuelve nada del sufrimiento que padecimos. No soy Dios para juzgarlo, pero lo perdonamos por haber hecho tanto daño a la comunidad”, le dijo finalmente a Mancuso la mujer desplazada hace I3 años y amenazada hace un año por los mismos hechos.

La masacre de Zipacoa hace parte de las ocho perpetradas por facciones paramilitares comandadas por Salvatore Mancuso, que son juzgadas en Justicia y Paz. Las otras siete fueron las de El Salado, Luis Veró, Bajo Grande, Cieneguita, Nueva Venencia, Playón de Orozco, san Isidro y Caracolí,

Así como a las víctimas de Zipacoa, otras personas de Atlántico, Magdalena y Cesar se hicieron presentes para contar sus historias, pedir una explicación por los crímenes ocurridos y perdonar a los causantes de tanto dolor.

Se esperaba que a esta audiencia asistieran buena parte de las 10 mil víctimas de los más de I.400 hechos delictivos cometidos por los bloques Córdoba, Norte, Catatumbo y Montes de María de las Auc, pero no llegaron tantas como se pensó en un momento. El miedo, la falta de dinero para el transporte y estadía, así como falta de información sobre la fecha precisa de la audiencia no permitieron que muchos afectados por el accionar paramilitar pudieran expresar sus tragedias.

La audiencia de incidente de afectación de víctimas contra Salvatore Mancuso y sus hombres concluirá en Bogotá la próxima semana y a partir de ese momento, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá tendrá por lo menos 10 días para dictar sentencia contra estos exparamilitares.

(*) Nombres cambiados por razones de seguridad

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Con la solicitud formal de exclusión de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, presentada por la Fiscalía en días pasados se esfuman cada vez más las esperanzas de sus víctimas de conocer la verdad de los delitos cometidos por este ex jefe paramilitar y sus hombres.

Sus delitos han sido aceptados, por línea de mando, por Salvatore Mancuso, quien al igual que ‘Jorge 40’ está preso en una cárcel de Estados Unidos desde mayo de 2008, con la diferencia de que Mancuso sí ha confesado y aceptado muchos de los hechos cometidos por sus hombres, como la desaparición forzada de más 1.300 personas, tal como lo ha documentado la Fiscalía o el reclutamiento de 200 menores de edad.

No obstante, para las víctimas no es suficiente. Muchos familiares han expresado que no les interesa que otro jefe paramilitar acepte la culpa por los delitos, sino que quieren conocer la verdad de “boca del paramilitar que dio la orden para que mataran a nuestros familiares, que los desaparecieran o que nos sacaran de nuestras tierras”, dijo a VerdadAbierta.com una mujer que nunca más supo de su padre y su hermano después de una noche de mayo de 1999, cuando un grupo armado llegó hasta su finca en la Serranía del Perijá, en el municipio de Codazzi.

Si los magistrados de Justicia y Paz ante los que fue radicada la solicitud de exclusión de ‘Jorge 40’, deciden excluirlo de este proceso de justicia transicional, quedarán en el tintero la verdad de las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio de más de 280 indígenas de la etnia Kankuama en la Sierra Nevada de Santa Marta, los homicidios selectivos, las masacres, los vínculos con el Ejército Nacional, su incidencia en la parapolítica, el reclutamiento ilícito de 208 menores, las falsas desmovilizaciones, entre otros delitos.

Unas de las comunidades afectadas son los indígenas Kankuamos, quienes soportaron el señalamiento de ser colaboradores de la guerrilla y por tal razón fueron asesinados decenas de sus miembros, muchos de ellos ejecutados extrajudicialmente y presentados como supuestos integrantes de grupos subversivos. En el proceso de Justicia y Paz responden por el llamado ‘exterminio Kankuamo’, además de Rodrigo Tovar Pupo, los desmovilizados conocidos con los alias de ‘El Paisa’, ‘El Ruso’, ‘El Negrito’, ‘El Niño’ y ‘El Rey’.

Hasta ahora no se sabe si la muerte de los integrantes de esta etnia obedecía a una decisión militar de las autodefensas o a una petición de familias poderosas del Cesar, como lo han dado a entender muchos de sus líderes.

Una de las masacres de mayor connotación contra esta etnia ocurrió el domingo 8 de diciembre de 2002, cuando llegaron al pueblo de Atanquez cerca de 60 hombres en camionetas, comandados por alias ‘El Paisa’, quien junto con sus hombres reunieron a sus habitantes en la plaza principal y mataron a cuatro personas representativas de la comunidad. En el camino dejaron cuatro cadáveres más, entre ellos el del Mamo Abel Abelardo Maestre.

Al caso de los homicidios de los sindicalistas de la multinacional Drummmond, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita todavía le quedan algunas verdades pendientes, así como el de Gustavo Soler Mora, todos ocurridos en el 2001.

Aunque en 2009 un Juzgado Especializado de Bogotá condenó a 30 años de cárcel a Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida, jefe del Frente ‘Juan Andrés Álvarez’ asentado en el centro minero del Cesar, quien aceptó su responsabilidad en los crímenes, queda sin conocerse si en realidad existía una relación directa entre altos directivos de la multinacional y no a nivel de contratistas como hasta ahora se ha conocido. Solo ‘Jorge 40’ podría resolver estas dudas.

Otro hecho que conmocionó a Valledupar, capital del departamento del Cesar, fue el asesinato de dos profesores de la Universidad Popular del Cesar (UPC), ocurridos en el interior del claustro educativo en el 2001. Se trató del docente Miguel Ángel Vargas Zapata, presidente seccional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), quien fue atacado a tiros en el parqueadero del centro educativo el 16 de mayo. Unos meses después, el 22 de octubre, mataron a Luis Mendoza Manjarrés, profesor en la facultad de Administración de Empresas, también miembro del sindicato, quien a pesar de que había pedido protección al Estado, nunca la recibió. Al igual que Vargas, fue asesinado cuando salía de dictar clases.

La verdad que tampoco se conoce, y que aún es un enigma para la justicia, pues una de sus principales protagonistas huye de la justicia, tiene relación con los presuntos vínculos de María Victoria Barreneche, ex asesora de Paz del Cesar, con las Auc. En 2010, la Fiscalía 26 Especializada ordenó su captura junto con su hermano Alfredo, quien dirigía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Cesar, porque al parecer tejieron una red de contrataciones para desviar los recursos de la alimentación escolar para favorecer a los paramilitares.

La parapolítica es un capítulo especial en el camino de ‘Jorge 40’, que aunque no confesó nada al respecto, sí fue una realidad en los departamentos donde hacía mayor presencia el ex jefe paramilitar, como Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. Las condenas de varios congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y otros funcionarios públicos dan cuenta de sus cercanas relaciones con la política.

El caso del llamado ‘Grupo de los Ocho’, que hizo carrera en la época, por tratarse de la supuesta unión de ocho alcaldes del Cesar para ponerse al servicio de los paramilitares, es otro tema del que no ha hablado alias ‘Jorge 40’. Este pacto, firmado en 2001, fue liderado por el ex jefe paramilitar con el fin de consolidar su poder en los municipios mineros del Cesar, integrado por El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y el Paso.

El ‘Grupo de los Ocho’ salió al ruedo en las elecciones al Congreso de la República en 2002, cuando recibieron órdenes de apoyar a candidatos cercanos a las Auc, entre ellos a exsenador Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica y al exrepresentante a la Cámara Jorge Ramírez Urbina.

Por ese pacto ilegal, también resultaron en líos con la justicia tres ex alcaldes de Astrea, Garibaldis López Acuña, Jaime Sajonero Pallares y Édgar Orlando Barrios Ortega, a quienes responsabilizaron de aliarse conparamilitares del Bloque Norte de las Auc y poner sus administraciones bajo las órdenes de alias ‘Jorge 40’.

Las masacres de El Prado, Los Tupes y Los Brasiles, corregimientos del municipio de San Diego, así como de los crímenes masivos en San Ramón y La Concordia, y los casos de violencia sexual, homicidios selectivos en San Ángel, Magdalena, son hechos de los que se conoce por las confesiones de mandos medios o patrulleros que se acogieron a Justicia y Paz. Salvatore Mancuso aceptó todos los delitos cometidos por los paramilitares bajo su mando, entre 1995 y diciembre de 2004; sin embargo, es poco lo que se sabe por boca de ‘Jorge 40’.

Paso esquivo por Justicia y Paz
Después de su desmovilización en marzo de 2006, ‘Jorge 40’ asistió a pocas versiones libres en la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz. Verdadabierta.com conoció que su colaboración con la justicia colombiana solo se limitó a sesiones comprendidas entre el 3 y el 9 de julio, 2 y 5 de octubre, y 6 y 8 de noviembre de 2007, y del 19 al 21 de febrero de 2008 del 19 al 21.

Durante esas audiencias ante los fiscales, ‘Jorge 40’ admitió su participación en 500 hechos y desde entonces no volvió a hablar de los delitos cometidos desde que ingresó a las filas de las Auc hasta que se desmovilizó en 2006. (Ver: ¿Por qué ‘Jorge 40 no habla en Justicia y Paz?)

En sus pocas versiones aceptó la masacre de Villanueva, La Guajira, quizás uno de los primeros hechos cometidos por el ex jefe paramilitar, ocurrido el 7 de diciembre de 1998, cuando llegaron 60 hombres armados al pueblo y asesinaron a 12 jóvenes del barrio El Cafetal. Así como la masacre de Playón de Orozco, en el Magdalena, que tuvo lugar en enero de 1999, incursión en la que 30 paramilitares comandados por alias ‘Rafa’ asesinaron en la puerta de la iglesia a 26 hombres y una mujer. Al salir del poblado los paras quemaron 17 casas.

También las masacres de Santa Cecilia, en Astrea, Cesar, donde murieron 12 personas; la de Varela, en Zona Bananera, Nueva Venecia y El Morro, en el Magdalena; Bahía Portete en La Guajira, el reclutamiento de seis menores y algunos homicidios de funcionarios públicos en Cesar, Atlántico y Magdalena.

Los familiares de varias de sus víctimas aseguran que la posible exclusión de Tovar Pupo del proceso de Justicia y Paz es la crónica de una muerte anunciada. “Siempre presentí que ‘Jorge 40’ no iba a hablar, no iba a decir la verdad, solo sabemos verdades a medias”, dijo a VerdadAbierta.com un familiar de las víctimas de la masacre de El Toco, en San Diego, Cesar.

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