Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, fue uno de los exparamilitares que pidió perdón a las víctimas del accionar del Bloque Central Bolívar.

“¡Nunca más!”, así concluyó su solicitud de perdón a las víctimas el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, quien comandó el Bloque Sur de Bolívar del, una facción del poderoso Bloque Central Bolívar, durante una audiencia ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

“El dolor físico, emocional y psicológico que les causamos a las víctimas nos obliga a manifestar remordimiento, perdón, una profunda pesadumbre y una inocultable vergüenza moral por todo cuanto hicimos en esta guerra fratricida”, aseguró este exparamilitar, tras liderar las muestras de arrepentimiento de varios integrantes de esta estructura paramilitar, la más grande de las Auc, que tuvo presencia en por lo menos ocho departamentos, alcanzó a tener por lo menos 7 mil hombres en armas y estuvo liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, quien purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos y quien, curiosamente, no compareció a esta audiencia.

“En nombre del desaparecido Bloque Central Bolívar, en especial de quienes nos sometimos a la justicia, ratifico el perdón que causamos al país y hacemos declaración de solemne conciencia por la violación de derechos humanos. Con plena convicción podemos afirmar nunca más, no habrá repetición”, concluyó ‘Julián Bolívar’.

Tanto este exjefe paramilitar como otros exmiembros de esa estructura armada hablaron a través de un sistema de videoconferencia desde diversas cárceles, tanto en el país, como en Estados Unidos, donde purgan sus condenas.

Quien habló desde un penal norteamericano fue Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, exjefe del bloque Libertadores del Sur, una facción del Bcb que operó por varios años en el departamento de Nariño. “Les pido excusas por el daño causado a las víctimas de Nariño y concretamente del municipio de Tumaco, donde tuve mi centro de operaciones. Igualmente les pido perdón por haberlas dejado huérfanas cuando di la orden de asesinar a la religiosa Yolanda Cerón Delgado”, dijo.

La hermana Cerón, como la llamaban en el puerto sobre el Pacífico, fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 a tiros a plena luz del día por sicarios del Bloque Libertadores del Sur. Su labor pastoral se centró en la defensa de las comunidades más vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas y afros, a quienes acompañaba en sus luchas por la titulación de tierras colectivas. (Ver: La hermana Yolanda Cerón, una resistente a la violencia en Tumaco).

Pablo Emilio Quintero, intervino desde la cárcel La Modelo, de Bucaramanga. Este exparamilitar, quien pasó por las filas de las Fuerzas Armadas, reconoció que “querer hacer justicia con mis propias manos, algo que no me correspondía”. Desde ese mismo penal, José Fernando Gómez, otro de los exparamilitares del Bcb que participó de este perdón colectivo,  admitió la culpa en el dolor que le causaron a miles de víctimas que, según él, “por ninguna razón debieron ser blanco de nuestra organización armada”. 

El exparamilitar Aníbal de Jesús Gómez, alias ‘Juan Carlos’, aprovechó la ocasión no solo para sumarse a la petición colectiva de perdón, sino para expresar su preocupación por las falencias en la resocialización que se ha dispuesto para ellos durante sus años de reclusión: “hay falta de programas técnicos y tecnológicos por parte del Inpec para desarrollar nuestros estudios universitarios” afirmó.

Quien también intervino en la audiencia fue Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, considerado jefe político del Bcb, quien resaltó el valor de la reconciliación y destacó el proceso de Justicia y Paz, a través del cual, según él, “ha hecho públicos miles de hechos de los que ni el país ni la comunidad internacional tenían conocimiento, varios de los cuales nos causaron asombro a nosotros mismos”.

En su discurso, reiteró que este acto colectivo de perdón de quienes lideraron distintas facciones del Bcb, “nace de las más íntimas fibras del corazón y no atiende a un mero formalismo jurídico. Por el contrario, es una imposición del alma que surge del más sincero arrepentimiento tras escuchar los relatos de las víctimas”.

¿Nueva comisión?
Durante el acto público de arrepentimiento por los daños causados a las más de 14.000 víctimas, alias ‘Ernesto Báez’, planteó la necesidad de conformar una comisión nacional de memoria histórica para resarcir a las víctimas. “Guerrilla y Fuerzas Militares deben conformar esta comisión para que se sepa el daño que se ha hecho en esta guerra, para que el país lo sepa” aseguró el exparamilitar.

Asimismo mencionó que “si hay algo que nos involucra a nosotros y a sectores políticos y económicos es a haber contribuido a que el conflicto armado registre un número tan asombroso de víctimas inocentes”, frente a lo cual propuso un foro nacional de desagravio a las víctimas.

Ambas iniciativas al parecer ya son de conocimiento del gobierno nacional, en particular de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien habría prometido instalar mesas de trabajo con los exparamilitares para discutir sus propuestas y analizar su viabilidad.

Al respecto, el analista Vicente Torrijos, actual integrante de la Comisión Histórica que estudiará las causas del conflicto, manifestó que “carece de sentido académico y político que el país se convierta en un laboratorio de ‘comisionitis’, para el caso de los grupos paramilitares está la Fiscalía y ellos deben seguir con el proceso de reparación y esclarecimiento de la verdad desde el proceso de Justicia y Paz”.

Finalmente, los exintegrantes del Bcb dijeron que consideraban de gran importancia, como mecanismo de no repetición, que la Presidencia de la Republica pida perdón por la participación de los miembros de la Fuerza Pública y otros integrantes del Estado en acciones que se cometieron en conjunto contra la población civil. Tal petición que hasta el momento no ha generado ninguna reacción del gobierno nacional.

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En la lápida bajo la que yace Luis Alberto* sólo está escrito su alias: ‘Ernesto’. Ese nombre fue puesto por los paramilitares del Frente Comunero Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, grupo que lo reclutó en el 2000 cuando tenía 13 años. Su funeral y el entierro fue celebrado y pagado por los paramilitares. El abuelo del niño, su familiar más cercano, pidió con insistencia que le pusieran el nombre real, pero trámites judiciales lo impidieron. El anciano murió hace un año sin alcanzar su propósito.

Luis Alberto fue uno de los 214 menores que fueron reclutados en Santander y el Sur de Bolívar, por el Bloque Central Bolívar, estructura a la que perteneció el Frente Comunero Cacique Guanentá y cuyos casos fueron presentados por Luz Marina Avellaneda Rueda, fiscal 51 de Justicia y Paz de Bucaramanga, durante una audiencia realizada en días pasados en Bogotá ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

En esta audiencia se conoció que muchos de los menores reclutados fueron abusados sexualmente por miembros de las autodefensas y en algunas oportunidades contaron con el apoyo de una profesora, una rectora y un concejal en el corregimiento de Riachuelos, municipio de Charalá (Santander).

En el caso de Luis Alberto se estableció que fue reclutado en ese mismo corregimiento, una población de campesinos que según la Fiscalía sólo tiene cuatro manzanas y le sirvió entre los años 2000 y 2006 al frente paramilitar como base aprovechando las difíciles condiciones de acceso para la Fuerza Pública. El menor estudiaba en el colegio y en su tiempo libre se dedicaba a las labores de campo con su abuelo. A principios de 2000 bajó al caserío y allí fue interceptado por un paramilitar que lo obligó a hacer parte del grupo armado ilegal.

El 7 de septiembre de 2002 tropas del Batallón Delhuyer rodearon un campamento en una finca de la vereda El Cerro, municipio de Chima, Santander, donde se encontraba Luis Alberto con varios paramilitares . El menor supuestamente murió al enfrentarse a los soldados, no obstante, reportes del levantamiento del cuerpo mostraron que el niño tenía 17 heridas de bala en su pecho y abdomen.

Versiones de paramilitares que sobrevivieron al ataque indicaron que el menor y otros dos integrantes del grupo armado fueron baleados luego de rendirse. Ante los dictámenes de la necropsia, la magistratura ordenó investigar este hecho para determinar si hubo o no algún abuso por parte de las tropas del Ejército.

Posterior a su muerte, los paramilitares llevaron el cuerpo de Luis Alberto a Riachuelos. Allí pagaron y realizaron sus honras fúnebres. Testigos señalan que ese día varias personas del pueblo fueron a una misa que se hizo en la iglesia y acompañaron el cuerpo del menor hasta el cementerio. Allí fue enterrado en la tumba con la lápida que lleva el alias de ‘Ernesto’.

Después de que los paramilitares se desmovilizaron, en enero de 2006, el abuelo de Luis Alberto solicitó que se sustituyera la lápida porque su nieto era “una víctima, no un victimario”. La Fiscalía y organismos internacionales apoyaron la gestión del anciano, pero hasta el momento no se ha logrado esa petición porque, según la Fiscalía, se debe primero exhumar el cuerpo y determinar si corresponde al menor o no.

Al respecto, la magistrada Alexandra Valencia Molina reclamó que “el hecho de poner otro nombre en la lápida no cambiaba la identidad del cuerpo. Es grave que el abuelo hubiera fallecido sin que se hubiera hecho el cambio”.

¿Colegio al servicio de los paras?
Los testimonios de las personas que en su momento fueron reclutadas como menores de edad y las versiones entregadas por los paramilitares han revelado que una profesora y la rectora del Colegio Único de Riachuelos, Lucila Inés Gutiérrez, propiciaron el reclutamientoforzado y alentaron a las niñas para tener relaciones sexuales con ellos. Los señalamientos también involucraron a Luis Moreno, ex concejal y esposo de la docente, con el homicidio de un hombre señalado por la pareja de pertenecer a la guerrilla.

Testigos afirman que algunos estudiantes terminaban la jornada escolar, cogían su fusil, salían a prestar guardia o a patrullar en el corregimiento, inclusive con sus uniformes escolares puestos.

La Fiscal 51 de Justicia y Paz informó que los relatos de las víctimas se han logrado gracias a un trabajo en conjunto con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y otras organizaciones internacionales en ese corregimiento.

Las organizaciones iniciaron un proyecto de búsqueda de menores reclutados por los paramilitares durante las jornadas devíctimas. Desde octubre de 2013 se tienen los registros de 28 personas que fueron entrevistadas y dieron información sobre los reclutamientos ilegales.

Las investigaciones indican que la rectora organizó reinados en la institución con la supuesta complicidad con el comandante militar del Frente Comuneros Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, para que él y otros jefes de la zona se llevaran a las niñas a sus campamentos. Una profesora también es señalada de entregarle las menores a los paramilitares.

Otro hecho que relaciona a Lucila Inés y su esposo con alias ‘Víctor’ fue el asesinato de un labriego en junio de 2001, cuando se celebraba un bazar en el colegio. Al parecer, la pareja le dijo al comandante paramilitar que la víctima era un informante de la guerrilla. Varios paramilitares lo abordaron, lo llevaron hasta un sitio cercano y lo asesinaron. Su cuerpo fue enterrado en un jardín del colegio, pero dos días más tarde unos estudiantes descubrieron una mano que sobresalía por lo que los ilegales armados decidieron arrojar el cuerpo a un río cercano.

Por estos hechos los esposos son investigados y tienen una acusación activa. Según la fiscal de Justicia y Paz, estas personas aún viven en el pueblo, razón por la cual muchas víctimas se han negado a hablar. Hace apenas un año la rectora fue retirada de su cargo.

“Niños de compañía”
Los testimonios que ha recibido la Fiscalía revelan que algunos de los menores reclutados de manera forzada fueron utilizados como “niños de compañía” por dos comandantes paramilitares identificados como Pedro Antonio Ronderos Lizarazo, alias ‘Silvestre’, y José William Parra Arroyave, alias ‘Chuster’ o ‘Diego Armando’.

Estos dos hombres obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento, y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Alias ‘Silvestre’ fue acusado por la Fiscalía de cometer esta práctica con varios menores, uno de ellos fue justamente Luis Alberto.

Este comandante fue asesinado a finales del 2002, cuando sus propios compañeros supieron que se encontraba en una casa junto con dos menores. Una de las víctimas le dijo a uno de los paramilitares que el hombre los embriagó y cuando despertó a la mañana siguiente se dio cuenta que lo habían accedido carnalmente. Al parecer esta práctica de abuso sexual era castigaba con pena de muerte.

Después del homicidio de alias ‘Silvestre’, el comandante del Frente Comuneros en la zona, John Francis Arieta, alias ‘Gustavo Alarcón’, ordenó en marzo de 2003 la creación de la escuela de entrenamiento militar en la finca Samarcanda, del corregimiento de Pueblo Viejo, en el municipio de Coromoro, y puso al frente de ella a alias ‘Chuster’.

Al respecto, Gerardo Alejandro Mateus, alias ‘Rodrigo’, uno de los jefes de la región para el 2002, relató a la Fiscalía que ‘Chuster’ llegó acompañado de un psicólogo y otras personas o asesores para dirigir la escuela y se le asignó como lugar de residencia una pequeña casa, pero se negó a vivir allí y exigió que le alquilaran una habitación en el hotel La Carbonera, de San Gil.

Mateus recordó que desde el principio ‘Chuster’ no cayó muy bien en el grupo. El primer día que se hospedó en el hotel salió con su grupo de trabajo a medianoche a una discoteca de San Gil, llamada El Trapiche, allí estuvieron acompañados de cuatro menores, y empezó a tocarlos por lo que uno de ellos puso una denuncia ante la Policía. ‘Chuster’ fue detenido en la estación de ese municipio.

Una vez conocida la noticia, alias ‘Gustavo Alarcón’ dio la orden de sacar a ‘Chuster’ de la cárcel, para lo cual le pagaron 5 millones de pesos al comandante de policía de la estación. Mateus contó que el oficial, quien no fue identificado, recibió el dinero en el hotel La Carbonera y dejó en libertad al detenido. Por este caso la magistratura ordenó una investigación.

Ante esta situación, alias ‘Chuster’ tuvo que dejar el hotel y residir en Riachuelos, sin embargo, a su casa siguieron ingresando menores de edad en una camioneta Chevrolet con la excusa de que iban a ser reclutados y llevados al finca Samarcanda. Llegaban allí cada dos días. Por los relatos de otros paramilitares postulados a Justicia y Paz se pudo establecer que este hombre les decía que debían desnudarse para practicarles unos exámenes. Si bien sus jefes estaban advertidos de esas prácticas, Mateus admitió que nunca se tomaron medidas para evitar esa situación.

En mayo de 2003 las autoridades realizaron un operativo en Riachuelos en el que fue detenido alias ‘Chuster’ y conducido a la cárcel de El Socorro. Contra él había una orden de captura por el delito de extorsión. La fiscal de la Unidad de Justicia y Paz explicó que bajo el nombre de José William Parra Arroyave figuran varias entradas a distintas cárceles del país por los delitos de terrorismo y extorsión. Al parecer, salió del centro penitenciario de Valledupar en el 2006 y, actualmente, se encuentra prófugo dela la justicia.

Algunos exparamilitares han dicho que después de recobrar su libertad, alias ‘Chuster’ arrendó una casa en Barrancabermeja y creó una fundación para los niños habitantes de la calle, fachada tras la cual cometió numerosos abusos sexuales e, incluso, se le sindica del homicidio de un joven en ese municipio. Ante esas declaraciones, la magistratura solicitó una investigación: “es vergonzoso que en un caso como éste, con tantos daños a nivel social, este personaje siga sin responder por los actos que debe responder”, expresó la magistrada Valencia.

Con la captura de alias ‘Chuster’ la escuela paramilitar dejó de funcionar y las personas que estaban allí en entrenamiento fueron llevadas a Puerto Santander, en Norte de Santander, en un bus de transporte público bajó la coartada de que eran campesinos que iban a jugar un partido de fútbol. Al parecer la idea era crear un frente armado en la frontera con Venezuela. Los hallazgos de la Fiscalía indican que en los casi tres meses que operó el campo de instrucción militar fueron reclutados por lo menos 70 menores de edad.

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Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe militar del Bloque Central Bolívar (Bcb), fue condenado a una pena alternativa de ocho años de prisión, por los delitos de entrenamiento a grupos armado, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, actos de barbarie, entre otros. (Ver sentencia)

Los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz determinaron que ‘Julián Bolívar’ no será juzgado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, a pesar de que la Fiscalía presentó estos cargos en el proceso de legalización.

La decisión del Tribunal se basó en los mismos argumentos que usó en la sentencia de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’ (ver nota), donde aseguraron que en la justicia transicional deben primar los delitos que impliquen una violación a los Derechos Humanos, y el narcotráfico no es uno de ellos.

Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y el abogado del ‘Julián Bolívar’, porque consideraron que en el caso del Bcb el narcotráfico fue un delito conexo que financió las actividades del grupo armado y que fue con esos dineros que los paramilitares cometieron todo tipo de delitos y violaciones contra las poblaciones del Sur de Bolívar, los Santanderes, Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca.

“Este grupo se creó con fines antisubversivos, sobre todo contra el Eln, y una vez se consolidó en la zona usó el negocio de tráfico de estupefacientes para financiarse, pero el grupo no se creó para encubrir el negocio de narcotráfico”, aseguró el fiscal que lleva el caso de Pérez Alzate. En caso de que el grupo armado se hubiera consolidado para actividades de narcotráfico sus paramilitares podrían ser excluidos de Justicia y Paz.
La última palabra en esta discusión la tiene la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá en última instancia si acepta los cargos de narcotráfico y lavado de activo. En caso de no incluirlos, la justicia ordinaria tendrá que investigar por estos hechos a ‘Julián Bolívar’.

Los representantes de las víctimas también se opusieron a la decisión. Como ha sucedido en otros casos, las víctimas y sus apoderados sienten que les‘embolataron’ la restitución y les cambiaron las reglas de juego a partir de la reforma que se hizo en diciembre de 2012 a  la Ley de Justicia y Paz.
La reforma ala Ley propuso que la indemnización no fuera tazada según el daño emergente, lucro cesante y daño moral (como se hacía en el sistema anterior), sino que se unificaron los montos. Este cambio se realizó porque los dineros del Fondo de Reparación de las Víctimas no eran suficientes para pagarle a todos los afectados. La Unidad de Víctimas creó unos topes máximos para cada tipo de daño que son menores a los que se entregaron a víctimas de sentencias anteriores, como por ejemplo el caso de las víctimas de Mampujan.

Los apoderados de las víctimas presentaron además  una nulidad por lo que consideraban  una violación al debido proceso. Este  fue otro cambio de la reforma a Ley, pues  inicialmente  una vez  se impartía el control de legalidad se daba inicio al incidente de reparación por parte de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz. En ella se escuchaban las afectaciones sufridas por las víctimas y sus expectativas y así determinar  la manera y el monto cómo el postulado debía reparar a las víctimas.

En este caso el incidente de afectación se realizó previó a la legalización. Teniendo en cuenta lo que determina la nueva Ley, los magistrados decidieron negar esta petición.

Otros defensores apelaron porque por problemas de papeleo algunas víctimas no fueron incluidas en la sentencia. En algunos casos los magistrados aseguran que no se probaron las afectaciones, no se entregaron los papeles para probar que eran familiares de la víctima directa o su abogado no estaba registrado como su apoderado.

El representante de la Procuraduría también se opuso al fallo  porque considera que no se tuvo en cuenta el daño colectivo que fue demostrado en la audiencia de identificación de afectaciones.  El funcionario presentará sus argumentos en cinco días hábiles.

¿Quién es ‘Julián Bolívar’?
Rodrigo Pérez Álzate nació en Medellín el 24 de mayo de 1962, este ex jefe del Bloque Central Bolívar, delinquió en zonas rurales y urbanas de Bolívar, Antioquia, Santander y Cundinamarca entre los años 1998 y 2005, junto a  Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

En 1995 ‘Julián Bolívar’ era comerciante  en el municipio de Yarumal, Antioquia. Para esa época, las guerrillas de las Farc y el Eln tenían azotada la región. Aprovechando las garantías que ofrecía la Gobernación de Antioquia para conformar asociaciones de vigilancia y seguridad privada, ‘Julián Bolívar’ y otros siete comerciantes de ganado y productores de leche se agruparon para conformar la Convivir Deyavanc, cuyas siglas significan Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento.

No obstante, esa Convivir no existió por mucho tiempo. En febrero de  1997, Pérez Alzate se convirtió en el líder de un grupo de autodefensas conocido como ‘el grupo de Pérez’, conformado por 19 hombres. Este fue el inicio de Pérez Alzate en las autodefensas.

El 26 de octubre de 1997, ‘el grupo de Pérez’ se dirigió a enfrentar un grupo guerrillero que quería impedir las elecciones para alcaldes y gobernadores en el Norte de Antioquia, que se realizaría al día siguiente en todo el país. En el camino, los paramilitares fueron emboscados, dos murieron y Pérez Alzate salió herido. Una vez recuperado tomó la decisión de desplazarse hacia el Bajo Cauca, radicarse en el municipio de Caucasia, donde se unió al grupo armado ilegal que ‘Macaco’ creó en esa región.

Uno de los objetivos de las Auc era incursionar en el Sur de Bolívar, enclave de las guerrillas de las Farc y, en particular del Eln que tenía dominio sobre la Serranía de San Lucas, donde se presumía que estaba el Comando Central (Coce), máxima instancia de ese grupo subversivo. Lasoperaciones de coordinación fueron delegadas por Carlos Castaño a Pérez Alzate, quien asumió en ese momento su alias de ‘Julián Bolívar’.

Después de variasincursiones en la región, el Bcb ingresó a finales de 1998 al corregimiento San Blas y desde allí incursionaron en otros municipios, como Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. Poco a poco San Blas se fue convirtiendo en el epicentro de este grupo paramilitar. Allí se fundaron la primera escuela de entrenamiento militar del bloque, que contaba con toda la infraestructura para entrenar a 300 hombres.

Alias ‘Julián Bolívar’ estuvo en esta zona hasta el 2001, año en el cual le cedió el territorio a Jiménez Naranjo y se trasladó al puerto petrolero de Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija, en Santander.
 
Tras esa actividad delictiva, alias ‘Julián Bolívar’ hizo parte de las negociaciones de desmovilización y desarme realizadas por las Auc y el Gobierno nacional durante el 2003, y se desmovilizó junto con un nutrido grupo de paramilitares el 12 de diciembre de 2005 en zona rural de Remedios, Antioquia. El 16 de agosto de 2006 fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Los delitos de la condena
Mientras ‘Julián Bolívar’ delinquió en Barrancabermeja hizo parte del exterminio a sindicalistas en la zona.  De las 475 sentencias en materia de violencia contra sindicalistas proferidas ente  2006 y 2011, 41 casos son atribuibles al Bloque Central Bolívar.

Sus principales víctimas fueron el sindicado de conductores y trabajadores de la industria del transporte en Santander, Sincotrainder, y Unión Sindical Obrera (USO).  Los paramilitares asesinaron a por lo menos 20 sindicalistas y dejaron un indeterminado número de desaparecidos.
La violencia contra sindicalistas también abarcó a la región de Yondó, Antioquia y a Capitanejo en Santander, lugares en los cuales fueron asesinados líderes de los sindicatos.

‘Julián Bolívar’ fue condenado por el reclutamiento de menores de edad, pues fue uno de los crímenes con mayor incidencia en la zona y que fue tenido en cuenta para determinar los mecanismos de reparación. Según la sentencia en el grupo de Pérez Alzate recluto a más de  200 menores de edad.

Como víctimas que desmovilizaron siendo menores de edad se reportaron 120 casos: 116 son hombres y cuatro mujeres, la mayoría de ellos ingresaron entre los 15 y 17 años al grupo ilegal.

Sobre los crímenes de barbarie, ‘Julián Bolívar’ fue quien lideró la incursión de los paramilitares de las Auc, al mando de Carlos Castaño, en el Sur de Bolívar, donde cometieron varias masacres. La primera tarea fue tomarse el caserío del corregimiento Cerro Burgos, de Simití. La operación se realizó el 11 de junio de 1998 y al lugar llegaron 96 paramilitares en cinco chalupas provenientes del sur del Cesar.

Documentos que recogen versiones de las víctimas dan cuenta de esta incursión: “Los paramilitares bloquearon las entradas y salidas de la localidad, buscaron en sus viviendas a algunas personas; primero llegaron a la casa de Andrés, quien había sido amenazado en reiteradas ocasiones. Éste se refugió en su vivienda y trató de defenderse con una escopeta de caza con la que dio muerte a dos paramilitares e hirió a otros dos, pero finalmente murió por efecto de una granada de fragmentación lanzada por los atacantes, quienes además demolieron totalmente el inmueble y quemaron los enseres”.  (Ver nota)

En Barrancabermeja se perpetraron por lo menos 20 masacres, que dejaron cerca de 77 muertos.

La reparación a la victimas
Para reparara a las víctimas, los magistrados de Justicia y Paz ordenaron  a la Unidad  para la Atención y reparación integral  a las Víctimas  que se prioricen por medio del  ICBF y el SENA, la inclusión de los afectados en  programas técnicos y tecnológicos. Así mismo, pidió que las universidades públicas junto con el Icetex generen becas y cupos prioritarios para  estas víctimas.

Se ordenó a las gobernaciones de los municipios afectados que fortalezcan programas de desarrollo de proyectos productivos que generan la riqueza y el auto sostenimiento de la región hechos que aparte de aumentar la producción generarán la  participación directa o indirecta de las víctimas.
Las víctimas deberán ser diagnosticas médica y psicológicamente con la coordinación del Ministerio de Salud y las secretarias departamentales y municipales de salud.

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‘Macaco’ está recluido en una cárcel de Miami desde su desmovilización en 2008.

Cinco meses después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que pediría la exclusión de Justicia y Paz de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar del Bloque Central Bolívar (Bcb), el Ente acusador presentó en Bogotá sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz.

El Fiscal 42 de la Unidad de Justicia y Paz argumentó que alias ‘Macaco’ continuó delinquiendo luego de su desmovilización, el 12 de diciembre de 2005. Para ese entonces, estaba al frente de siete bloques paramilitares distribuidos en diez departamentos del país.

Jiménez Naranjo fue condenado en mayo de 2011 por la justicia estadounidense a 33 años de prisión por trasportar y distribuir cocaína desde Colombia a Estados Unidos entre 2004 a 2007. Este delito fue confesado por él ante una corte federal del Distrito Sur de la Florida.

“Cuando existe una condena se termina la presunción de inocencia”, argumentó el Fiscal. Según la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, si un postulado continuó delinquiendo después de haberse desmovilizado debe ser expulsado de la justicia transicional y seguir su proceso en la justicia ordinaria. Sin embargo, el funcionario aclaró que sobre el delito de narcotráfico no tenía condenas ni investigaciones que se adelantaran en Colombia.

La ausencia de procesos judiciales fue reconocida, incluso, por el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. En declaraciones entregadas a la prensa el 17 de octubre de 2006, el alto funcionario reveló que contra el excomandante del Bcb no había, en ese momento, órdenes de captura vigentes: “Si Carlos Mario Jiménez quiere irse del centro de reclusión de La Ceja, se puede ir, porque no hay orden judicial que se lo impida”.

No obstante, alias ´Macaco’ fue el primer jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico. Su entrega a las autoridades de ese país se produjo el 7 de mayo de 2008, autorizada por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y avalada por un concepto favorable que dio la Corte Suprema de Justicia el 2 de abril de ese año.

En la sentencia proferida en su contra por la justicia estadounidense también se incluyó el cargo de financiación de grupos terroristas, lo que ha dificultado su continuidad en el proceso de Justicia y Paz en Colombia. Según abogados de alias ‘Macaco’, se teme que las confesiones sobre hechos violentos que haga en Colombia aumenten su condena en Estados Unidos o que lo trasladen a un sitio de reclusión bajo tierra, como sucede en ese país con aquellos que son condenados por el delito de terrorismo.

Es por esto que aunque ‘Macaco’ se ha referido a 592 delitos, entre masacres, reclutamiento de menores y asesinatos que se cometieron bajo su mando cuando estuvo al frente del Bcb, no los ha confesado dentro del proceso de Justicia y Paz. Según sus abogados, está esperando a que se les apruebe la inmunidad, una figura utilizada en Estados Unidos para que las confesiones que se hagan en otros países no afecten la condena que tiene allí.

Bienes que ‘Macaco’ no entregó
El segundo argumento de la Fiscalía para pedir la exclusión de Jiménez Naranjo es que no ha entregado la totalidad de los bienes que adquirió con los dineros que obtuvo cuando comandó El Bcb.

Aunque el desmovilizado entregó 29 inmuebles, algunos de forma conjunta con otros jefes paramilitares del Bcb, entre ellos fincas, cooperativas y un helicóptero, la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía encontró seis bienes más que pertenecían al postulado y estaban en manos de testaferros.

Estos inmuebles ya fueron presentados por la Fiscalía ante los magistrados de control de garantías en Medellín y Bogotá, quienes les impusieron medidas cautelares para evitar su comercialización, adicional a ello, se tomó posesión de ellos para reparar a las víctimas de este bloque paramilitar.

En Medellín, alias ‘Macaco’ tenía dos apartamentos, uno en el barrio Belén y otro en el barrio las Brisas. Estos bienes están a nombre de Paula Andrea Trujillo Saldarriaga, la compañera sentimental de Jiménez, y una hermana de ésta; sin mebrgo, la Fiscalía demostró que fueron comprados con dineros del postulado.

Otro caso es la finca Villa Melissa en el municipio de Copacabana, avaluada entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. El predio, que cuenta con zona de caballería, sauna y piscina, estaba a nombre de una mujer de 76 años cobijada por el Sisben y, según la Fiscalía, trabajaba para Trujillo Saldarriaga.

Estos bienes no fueron mencionados por ‘Macaco’ en sus versiones libres ante Justicia y Paz. De ellos se conoció gracias a una persona que denunció ante la Fiscalía el delito de testaferrato.

Lo mismo ocurrió con la Hacienda Santa Helena, en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. El inmueble estaba a nombre de José Benjamín Prieto, quien fue asesinado hace dos meses. Según versiones de desmovilizados del Frente Sur de Andaquíes del Bcb, Prieto era trabajador de ‘Macaco’ y recibía una mensualidad por cuidar sus fincas. A partir de esos testimonios, la Fiscalía también pudo determinar que el bien fue comprado en 2002 con dineros de Jiménez Naranjo y que durante un tiempo el encargado de administrarlo fue uno de sus hermanos.

En Caucasia fue incautada la finca Mandinga, de 832 hectáreas, que estaba a nombre de dos sociedades, pero era manejada por Francisco Salazar, uno de los abogados que ha representado a exparamilitares del Bcb en los tribunales de Justicia y Paz.

El último caso es una casa de tres pisos en el Bagre, Antioquia, que según denunció José Germán Senna Pico, desmovilizado del Frente Sur Andaquíes, hacía parte de los bienes del Bcb.

En ninguno de los casos, los supuestos testaferros se han opuesto a las medidas cautelares que se les impuso a los bienes de alias ‘Macaco’ y que estaban bajo su nombre y administración.

Debido a las fuertes medidas de seguridad en la cárcel de Estados Unidos, alias ‘Macaco’ no asistió a la audiencia por medio de videoconferencia, lo que suscitó su aplazamiento hasta que el exparamilitar pueda estar presente. En la próxima sesión, programada para dentro de 30 días, los abogados defensores del postulado responderán las acusaciones de la Fiscalía y buscarán, por todos los medios, que su representado no sea excluido del proceso de Justicia y Paz.

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El Bloque Central Bolívar comandado por alias ‘Macaco’ llegó a tener siete mil hombres en ocho departamentos del país. Durante su desmovilización, el bloque entregó más de cuatrol mil armas. Fotomontaje: VerdadAbierta.com

Durante las desmovilizaciones de los nueve frentes que hicieron parte del Bloque Central Bolívar entre 2004 y 2006, fueron entregadas cuatro mil armas, dos mil explosivos y 500 mil municiones de diferente calibre.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, gran parte del  arsenal de guerra con el que el Bloque Central Bolívar cometió miles de crímenes en ocho departamentos del país, fue obtenido a través de intermediarios que traficaron armas desde Panamá y Bulgaria.

Pero este no fue el único origen del armamento que utilizó de este grupo paramilitar que era comandado por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’.  Gracias a testimonios de los jefes paramilitares se ha podido establecer que muchas armas fueron compradas a militares colombianos y venezolanos que negociaban clandestinamente con las autodefensas.

Según declaraciones de Germán Siena Pico, alias ‘Nico’, encargado de abastecer el materal de guerra del Bloque Central Bolívar, las armas eran compradas a miembros de batallones militares de Caucasia, Bucaramanga, Bogotá y Facatativá. Incluso aseguró que había un mercado negro de armas que los militares habían instalado en los centros comerciales ‘San Andresitos’ de la capital del país.

Con estas armas obtenidas en mercados nacionales e internacionales, este grupo paramilitar aterrorizó a los pobladores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, Arauca y Caldas, dejando a su paso más de 20 mil víctimas de masacres, homicidios y desplazamientos.

El Bloque Central Bolívar, Bcb, que llegó a tener más de siete mil hombres, fue comandado por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’, Guillermo Pérez Álzate, alias ‘Pablo Sevillano’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’,   jefes paramilitares que con sus declaraciones ante Justicia y Paz, han ayudado a esclarecer el origen de la maquinaria de guerra que tuvo este grupo de autodefensas.

Las armas traídas de Panamá

A finales de 1997, Carlos Castaño, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, ordenó a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, incursionar en los territorios del Sur de Bolívar donde presuntamente había una fuerte presencia de las guerrillas del Eln y de las Farc.

Para lograr este objetivo, Castaño y ‘Macaco’ delegaron la comandancia del grupo a Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’, quien el 11 de junio de 1998 entró con un centenar de paramilitares por el corregimiento de Cerro Burgos, municipio de Simití, donde asesinaron a tres personas.

De acuerdo con las declaraciones de ‘Julián Bolívar’ y de su hermano, Guillermo Pérez Álzate, alias ‘Pablo Sevillano’, quien luego sería comandante del Frente Libertadores del Sur del Bcb, los fusiles con los incursionaron a la región fueron comprados en el mercado negro centroamericano.

Antes de realizarse la incursión, Guillermo Pérez  Álzate se puso en contacto con Ibor Blanco en Monteria, conocedor del mercado de armas en la zona Caribe. Fue entonces cuando por orden de Carlos Castaño y de ‘Macaco’, ‘Pablo Sevillano’ viajó con Blanco a Panamá para explorar el mercado negro de armas en Centroamérica.

Allí, Blanco le presentó a Pedro de Ávila, intermediario nicaragüense que le ofreció fusiles AK-47 de fabricación rusa, y fusiles M-16 y R-15  de fabricación estadounidense  a 700 dólares cada uno. También les ofreció ametralladoras y municionesa muy bajo costo.

Según lo narró en versión libre Guillermo Pérez Álzate, alias ‘Macaco’ aprobó la compra y lo envío nuevamente a Panamá para concretar el negocio.

¿Pero cómo llegaron las armas a manos de las autodefensas en Bolívar? Quince días después de haber cerrado el trato, Pedro de Ávila llevó el armamento desde Nicaragua a Panamá vía terrestre. “Los camiones en los que se podían transportar hasta 50 fusiles por viaje, eran ubicados en diferentes parqueaderos en ciudad de Panamá”, agregó ‘Pablo Sevillano’.

La Fiscalía ha podido establecer que ya estando en ciudad de Panamá, los alias ‘Tocayo’ y ‘Jorge’,  se encargaron de recibirle las armas a Pedro de Ávila para luego entregárselas a alias el ‘Cojo’ en la playade Puerto Velo. ‘El Cojo’ realizaba el transporte marítimo hacía  las playas de Turbo, Antioquia, donde eran recibidas por Luis Ángel Gil alias ‘El Flaco’, hombre de confianza y familiar de los hermanos Castaño.

Alias ‘El Flaco’ quién por su trabajo recibió a cambio un porcentaje de las armas, fue asesinado en la ciudad de Medellín el 27 de febrero de 2004.

Por disposición de Carlos Mario Jiménez, Guillermo Pérez fue el enlace en la coordinación de cinco embarques de armas desde Centro América hasta Colombia entre el 97 y el 2000. En total se importaron un total de 250  fusiles y aproximadamente 200.000 cartuchos para las autodefensas campesinas del Bajo Cauca, que luego alimentaron el arsenal del Bloque Central Bolívar.

Las armas traídas de Bulgaria
Varios ex jefes paramilitares como Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, Salvatore ‘El Mono’ Mancuso’ y Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, han nombrado a Humberto Agredo Espítia como el intermediario encargado de traer armas de Bulgaria para las autodefensas de la Casa Castaño. Lea artículo ‘Los 15 mil fusiles de Vicente Castaño’

Según el documento elaborado por la Fiscalía, Agredo tenía contactos con la empresa Arsenal de Bulgaria, la cual supuestamente ofreció una muestra de armas que luego serían compradas por el Ejército colombiano. Para realizar la compra, era necesario contar con una empresa importadora que se llamó Importadora Equipos y Repuestos de Colombia.

A partir de los documentos encontrados por la Fiscalía, el ingreso de las armas al país fue autorizado por un general mediante el Certificado de Uso Final 0114 del 29 de abril de 1999, el documento en el que aseguró que el armamento sería usado por las fuerzas militares. Las armas llegaron a Bogotá por avión para ser expuestas en la feria y las 1.000 piezas para fusil, según le informó Agredo al general, entraron por el puerto de Buenaventura.

Por orden de las Fuerzas Militares, las mil piezas podían dejarlas en la región para supuestamente ponerlas a prueba. Pero en versiones libres, alias ‘H.H.’ y Salvatore Mancuso aseguraron que esos fusiles llegaron a Vicente Castaño, jefe de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. “Yo sé de eso. Fue Humberto Agredo. Fueron como 7.000 fusiles y dos o tres millones de cartuchos. Los trajeron desde Bulgaria. Sé que entraron por el Pacífico, por Buenaventura”, dijo Mancuso en versión libre del 16 de enero de 2007.

De este armamento, la Casa Castaño le vendió a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, 400 fusiles, de los cuales 150 se enviaron para el Sur de Bolívar, cada fusil tuvo un costo de 2.500 dólares. De acuerdo con declaraciones de Rodrigo Pérez Álzate, él y ‘Macaco’ se desplazaron al Alto Sinú en el departamento de Córdoba para la entrega del material para posteriormente se trasladado al Bajo Cauca Antioqueño.

El dinero se le pago a Agredo, quien fue conocido con el alias de ‘Don Mario’ y se convirtió en un hombre de confianza de la Casa Castaño. Actualmente la Fiscalía desconoce su paradero.

Vínculos con militares colombianos

Germán Senna Pico, alias ‘Nico’, era el encargado de conseguir armamento y munición para el Bloque Central Bolívar. Según sus testimonios ante Justicia y Paz, mucho de este material de guerra fue comprado a miembros del Ejército Nacional y de la Guardia Venezolana a través de negociaciones clandestinas.

“Desde 1996, el Batallón Rifles de ubicado en Caucasía, Antioquia, se convirtió en la fuente de abastecimiento de armas, municiones, granadas, uniformes, botas y equipos de campaña para las autodefensas del Bloque Central Bolívar”, aseguró alias ‘Nico’ en versión libre ante Justicia y Paz.

Para esa época, todo se coordinaba con un teniente de apellido Padilla y el mayor González Medina. “Los artículos comprados por el bloque eran cargados en vehículos particulares  que ingresaban directamente al Batallón Rifles”, agregó Senna Pico en sus declaraciones.

“Inicialmente se negociaron granadas a cien mil pesos, cartuchos a 500 pesos, uniformes completos y botas de combate a 120 mil pesos y equipo de campaña que  se podía negociar hasta por 150 mil”, afirmó alias ‘Nico’.

Según Senna Pico, las armas se legalizaban diciendo que estas eran utilizadas en entrenamientos, así las cosas el armamento era vendido sin complicaciones al Bcb.  

Pero desde 1998, según alias ‘Nico’, se perfeccionan los mecanismos de entrega, distribución y comercialización de las armas hasta el punto que los militares alquilaban vehículos del mismo batallón para el transporte de las armas.

Pero el Batallón Rifle no fue el único con el que negociaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar. Según ‘Nico’, miembros de la V Brigada con sede en Bucaramanga también realizaron transacciones clandestinas de armas que fueron enviadas a  Barranca, Lebrija  y Cesar.  

“Por el río Lebrija y el río Magdalena eran llevadas hasta el Puerto de Cerro Burgos,  Simití en el Sur de Bolívar  y San Blas en donde se le entregaban a Gustavo Alarcón quien era responsable de este armamento”, aseguró el desmovilizado paramilitar.

Pero los alcances del mercado negro de armas que instalaron algunos miembros de las fuerzas militares llegaron hasta Bogotá. De a cuerdo con la versión de Senna Pico, el Bcb trabajó en coordinación con un sargento del batallón 13 y un teniente del  batallón de Facatativá, a quienes les compraron material de intendencia y fusiles que habían sido decomisados en operaciones de estas unidades militares.

“Para realizar los pagos a los militares abrimos una cuenta corriente en el Banco Codesarrollo, no recuerdo el saldo o promedio de las finanzas  cuyo titular era Carlos Rincón, alias ‘Caliche’”, aseguró ‘Nico’, quien agregó que muchas de estas operaciones comerciales se realizaron en los centros comerciales ‘San Andresitos’ de Bogotá.

Vínculos con militares venezolanos

De acuerdo con las narraciones de Senna Pico, alias ‘Nico’, las armas que les compraban a miembros de la Guardia Venezolana entraban por Carraipía, cuatro vías, Paraguanchón y Maicao. 

Según ‘Nico’, fue gracias a un amigo en Maicao que pudo contactarse con personal de la Guardia venezolana a quienes les compró  fusiles, que dependiendo de su uso, costaban entre cinco y diez millones de pesos la unidad.

Este material de guerra se trasladaba en camionetas marca  Mazda con caletas; y en un camión Dodge 300 propiedad de un señor amigo de Aguachica, Cesar, narró Sienna Pico en su versión libre.

Luego de que las armas entraban por Maicao, Riohacha o Paraguanchon, se procedía a traerlo a Puerto Mosquito en Aguachica para finalmente transportarlo a San Blas, donde se ubicó el comando principal del Bloque Central Bolívar.   

En el Zulia, cerca de Maracay, en Ureña y San Antonio, las autodefensas del Bloque Central Bolívar también tenían contactos directos con unos oficiales y suboficiales de la guardia venezolana los cuales vendían armas, municiones y granadas. “A estos uniformados se les compró pistolas Jerikó, Prieto Beretta, Taurus, CZ y Luger”, agregó ‘Nico’.

La mayoría de las armas que fueron entregadas por el Bloque Central Bolívar durante su desmovilización fueron fundidas en una ceremonia que se realizó el 14 de diciembre de 2007, en la siderúrgica nacional de Sogamoso, Boyacá, con la presencia del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulsa; el para entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, entre otros.

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