Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Foto: archivo Semana.

Ramón María Isaza, conocido como ‘El Viejo’ y otrora jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), no quedará aún en libertad, pese a que ya cumplió los ocho años de prisión que contempla la Ley de Justicia y Paz para aquellos exparamilitares que fueron postulados por el gobierno nacional a sus beneficios jurídicos.

El magistrado José Manuel Bernal consideró que no es suficiente con haber cumplido con los ocho años en la cárcel, condena máxima que reciben los excombatientes que hagan parte de la justicia transicional. “No basta con la simple privación de la libertad, las exigencias de esta ley van mucho más allá”, precisó.

Isaza ha rendido hasta el momento 174 versiones libres individuales y 132 en grupo ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Pero, de acuerdo con el ente investigador, en sus confesiones ha evidenciado “amnesia selectiva”, pues mientras colabora con asuntos como la ubicación de fosas comunes, ha mostrado “un silencio y hermetismo” para hablar sobre posibles nexos de las Accm con políticos regionales en las áreas donde operó el grupo armado y la manera cómo financió esa estructura paramilitar.

Para el magistrado Bernal hay una diferencia entre participar y contribuir en las versiones, escenario judicial donde se rendían cuentas del accionar armado, pues no se trata de simplemente asistir a las diligencias programadas, sino de esclarecer la verdad. Agregó, en su decisión, que otros exmandos medios de las Acmm, quienes fueron subalternos de Isaza, sí han contado la verdad.

La Fiscalía, por su parte, aseguró que Isaza no ha ayudado a reconstruir la historia del Frente John Isaza, grupo que fue dirigido por su hijo Oliverio Isaza. Alias ‘Roque’, quien no se desmovilizó y fue capturado en septiembre de 2012.

Durante los ocho años que lleva en el proceso de Justicia y Paz, el exjefe de las Acmm había negado tener cualquier relación con la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 en Simacota, Santander, en la que murieron trece funcionarios judiciales que investigaban varias acciones paramilitares en esa región del país.

Sin embargo, al mismo tiempo que solicitó la libertad, decidió aceptar su responsabilidad en esos hechos por línea de mando, según dijo su abogado, porque encontró que dos de sus subalternos participaron en la matanza. Isaza ya había sido condenado en la justicia ordinaria por ese crimen.

“Resulta sorprendente que después de sostenerse en la negativa, resulte admitiendo su responsabilidad por dos subalternos que además están muertos”, expresó el magistrado y agregó que, para pedir su libertad, los desmovilizados deben contar con un certificado otorgado por la Fiscalía y por los magistrados de conocimiento del mismo Tribunal.

Un caso similar se presentó en Tribunal de Justicia y paz de Medellín, pero el resultado fue diferente. La Fiscalía pidió la exclusión de Jesús Ignacio Roldan, alias ‘Monoleche’, por haber negado durante años su participación en despojo de la finca La Holanda. En ese caso el magistrado consideró que más que un acallamiento se trataba de “una verdad tardía”. (Ver: Por ahora, ‘Monoleche’ se queda en Justicia y Paz)

Lo cierto es que con 74 años, Ramón Isaza, es el paramilitar más antiguo postulado a la Ley de Justicia y Paz. Duró cerca de 30 años en la guerra, desde 1977, cuando creó su primer grupo de autodefensa, conocido como ‘Los Escopeteros’, hasta su desmovilización en 2006, por lo que su testimonio es fundamental para reconstruir la historia de cientos de víctimas de gran parte del Magdalena Medio.

Otros argumentos
La Fiscalía aseveró que Isaza no ha entregado suficientes bienes para indemnizar a las víctimas y criticó al postulado por haber ofrecido dos predios de los que después se retractó porque dijo que pertenecían a su hijo, alias ‘Roque’. Agregó que la responsabilidad de indemnizar es de todo el grupo paramilitar.

Además, en la cárcel Picota el exparamilitar pagó por la construcción de una capilla a la que pueden asistir todos los desmovilizados, guerrilleros y paramilitares, del pabellón de Justicia y Paz. Su aparente acción benéfica fue cuestionada por el Ente acusador, pues a su juicio, la obra se hizo sin aprobación requerida y consideró que los dineros invertidos en ella debieron destinarse a la reparación de las víctimas.

Para reforzar su solicitud de excarcelación, el abogado defensor acudió a describir el estado de salud de Isaza, alegando que está muy deteriorada, pues además de sufrir de Mal de Parkinson, razón por la cual ha perdido motricidad en sus manos, padece varios malestares que requieren tratamiento especial.

“Llevo ocho años y tres meses. Yo no puedo llegar a trabajar a mi casa, yo quiero volver para que mi esposa y mis hijas me puedan cuidar estar enfermedades que tengo”, explicó Isaza ante el tribunal, con el fin de reforzar el argumento de su abogado para alcanzar la libertad.

Sin embargo, el magistrado aseguró que Isaza está en deuda con el proceso de Justicia y Paz y “lucido, como está” debe continuar contribuyendo en las versiones libres desde la cárcel.

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Ramón Isaza, alias El Viejo, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm). Foto: archivo Semana.A través de diversos mecanismos y estrategias, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) reclutaron de manera ilícita numerosos menores de edad para que hicieran parte de sus frentes, que operaban en zonas rurales y urbanas de los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Tolima. Fue un ejército irregular de niños, niñas y jóvenes que en nombre de ese grupo armado ilegal hicieron la guerra.

Detalles de cómo fueron incorporados a las Acmm quedaron registrados en la sentencia proferida recientemente por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se condenó por ese delito, así como por homicidio, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes, reclutamiento, acceso carnal violento, secuestro y extorsión, a su máximo comandante, Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, y a sus lugartenientes Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’; Luís Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘MaCGuiver’; Walter Ochoa Guisao, alias ‘el Gurre’; y a John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’.

Si bien las penas oscilaron entre los 18 y 40 años de prisión, por ser un proceso de justicia transicional, regido por la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, el castigo se redujo a 8 años de prisión, pena máxima que dicta la norma. ( Descargue la sentencia)

Los 53 casos de reclutamiento ilícito de menores hacen parte de los cerca de 300 hechos que ha presentado la Fiscalía ante los tribunales de Justicia y Paz, y que se atribuyen a Isaza y a sus hombres en la zona del Magdalena Medio, entre los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Tolima. (Ver Los niños de la guerra en el Magdalena Medio antioqueño)

Según el Tribunal, para dictar la condena “se seleccionaran los casos más representativos quedemostraran el accionar de este grupo armado ilegal, con el fin de obtener sentencias parciales en contra del comandante del bloque de Acmm y de los excomandantes de los frentes que lo conformaron, además con el fin de ir avanzando en el conocimiento de la génesis, el desarrollo y la consumación de conductas delictivas, y así proveer decisiones que permitan a las víctimas obtener resultados en materia de verdad, justicia y reparación integral”.

Escuelas de guerra
Durante el proceso, la Fiscalía indicó que Ramón Isaza, como comandante máximo, fue quien “fomentó, facilitó y ordenó el reclutamiento de hombres para la estructura armada y además ordenó y facilitó la construcción de escuelas de entrenamiento e instrucción de miembros que pertenecieron a las filas de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”.

Esta organización paramilitar contó con cinco escuelas de formación: ‘Águila 10’, Finca La Iglesia y La Guayabera, en Puerto Triunfo, Antioquia; y La Danta y Palos Verdes, en el corregimiento La Danta, en Sonsón, Antioquia. En promedio un curso duraba tres meses y en cada uno de ellos participaban por lo menos 20 aspirantes a conformar los distintos frentes armados de las Acmm.

Sobre las actividades que se realizaban en esos sitios, se precisó que el objetivo “fue formar una masa amplia de hombres adiestrados en distintas técnicas militares. Los cursos incluían, entre otras, entrenamiento físico, orden cerrado o disciplina militar, inteligencia, manejo de explosivos y tácticas de combate militar”.

Adicional a ello se enseñaron técnicas de desmembramiento de cuerpos humanos, las cuales, según lo relataron algunos exparamilitares, fue utilizada con doble propósito: “de un lado, para medir el carácter y ‘temple’ de los que participaban de la instrucción y como estrategia para evitar la recuperación de los cuerpos y así evitar el desprestigio del grupo ante las comunidades; de otro, se evitaba el riesgo de excavar fosas profundas para ocultar los cuerpos, lo cual podría, por el tiempo que tomaría, exponer a los victimarios a mayor visibilización”.

De acuerdo con algunos relatos de aquellos que en su momento fueron reclutados como menores de edad y que ya mayores, comparecieron al juicio que se le sigue a los exjefes de las Acmm, los niños, niñas y jóvenes reclutados por este grupo armado ilegal también participaron en esos cursos, circunstancia que por la edad de algunos de ellos se convirtió en una experiencia traumática.

En el siguiente cuadro interactivo podrá conocer fragmentos de esas historias de aquellos que siendo menores de edad se vieron obligados, por diversas circunstancias, a participar de la guerra paramilitar, razón por la cual tendrán que responder penalmente Ramón Isaza y sus lugartenientes.

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En el 2010 Ramón Isaza también pidió la prisión domiciliaria pero le fue negada tanto por el Tribunal como por la Corte Suprema. FOTO: Semana

El ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, pidió por segunda vez al Tribunal de Justicia y Paz seguir el proceso que se adelanta en su contra bajo la medida de prisión domiciliaria, y no desde la cárcel La Picota de Bogotá. La magistrada Teresa Ruiz Núñez aplazó su decisión a la espera de un dictamen médico oficial que certifique el estado de salud del postulado.

Esta es la segunda petición que hace ‘El Viejo’ durante los 7 años y 5 meses que permanece recluido en calidad de postulado al proceso de Justicia y Paz. El 21 de septiembre de 2010 el Tribunal le había negado esta solicitud. Tres meses más tarde, la Corte Suprema de Justicia había confirmado esa decisión después de ser apelada por su defensa. (Ver sentencia)

En esta ocasión, Francisco Nicolás Camacho, abogado de Isaza, presentó los mismos argumentos de la diligencia anterior al señalar que su cliente debía ser recluido en su residencia porque tenía más de 65 años y tiene “un estado grave de enfermedad”.

Después de que la magistrada le preguntara al abogado si estos eran los mismos motivos expuestos en peticiones anteriores, Camacho aclaró que los dictámenes médicos que presenta en esta ocasión a la magistratura son posteriores a la solicitud que se había hecho en el 2010.

El abogado explicó que las valoraciones médicas que se le hanhecho al ex jefe paramilitar de 72 años
muestran que padece de parkinson, hipertensión arterial en tratamiento, dislipidemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), trombosis venosa profunda y cáncer de esófago.

“Se requiere de una asistencia médica y de una enfermera permanentes. También de hospitalización para que el señor Ramón María Isaza sea tratado”, explicó Camacho y añadió que en la cárcel el postulado ha tenido problemas para ser remitido a varias citas.

Casa por cárcel en Bogotá
Ramón María Isaza está recluido desde el 2 de febrero de 2006, luego de su desmovilización junto con 990 hombres. La defensa indicó que desde esa fecha ha contribuido y cumplido con todos los requisitos adquiridos en el proceso de Justicia y Paz.

Desde su postulación Isaza ha realizado 137 sesiones de versión libre, en las que ha admitido 1.264 hechos, de los cuales 1.181 han sido imputados, 727 acusados y 102 legalizados. 

Camacho agregó que su defendido además ha entregado 14 bienes para la reparación de sus víctimas y no ha cometido ningún delito después de su desmovilización.

El abogado informó que si el tribunal autoriza la prisión domiciliaria, Isaza sería recluido en un apartamento del barrio Mazurén, en Bogotá. Allí estaría junto a sus esposa y una de sus hijas.

Las magistratura indicó al final de la audiencia que antes de dictar alguna decisión al respecto, debía contar con un dictamen de un médico oficial, que además revisara la historia clínica que tiene Isaza en la cárcel La Picota para tener acceso a la atención que ha recibido en el centro carcelario.

‘El Viejo’
Ramón María Isaza nació el 30 de septiembre de 1940 en Sonsón (Antioquia) pero desde muy joven vivió en el corregimiento Las Mercedes, de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio. Fue allí, en abril de 1978, donde formó un grupo de ocho campesinos de la región, que según él, se unían a la causa de combatir a los guerrilleros que les robaban los animales y les pedían cuota.

Alias El Viejo cuenta en una entrevista, que llenos de rabia y coraje se compraron ocho armas en Puerto Berrío y emboscaron a veinte guerrilleros. De ahí en adelante cobraron plata a los ganaderos de la región por cuidar las fincas y poder exterminar del todo a la guerrilla del Magdalena Medio. Y así lo hizo.

A principios de los años noventa, en pleno boom del narcotráfico, Isaza extendió su guerra contra Pablo Escobar y sus hombres. Se presume que Isaza fue aliado de Rodríguez Gacha alias “El Mexicano” en esa misma época. Por desobedecer órdenes de Escobar, le mataron tres sobrinos y a su hijo John, recordó Isaza en sus declaraciones. Seis de sus ocho hijos siguieron sus pasos como comandantes paramilitares.

Según Semana, cuando Carlos Castaño quiso unificar las AUC, Isaza aceptó ser parte del proyecto paramilitar. Años después siguió por su cuenta, ya que según él, fue un error aceptar porque todos los narcotraficantes del país estaban allí.

A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, Isaza sostiene que él nunca ha masacrado a nadie. Según Semana, se le culpa de la cruenta matanza en La Esperanza del Carmen de Viboral en 1996. Ante eso, el ex comandante explica que fue cometida por su hijo Omar bajo órdenes del general Alfonso Manosalva y del mayor David Hernández.

En el 2004, Ramón Isaza se unió a la mesa de Ralito y a principios del 2006 se desmovilizó con 990 hombres. La desmovilización estuvo a punto de fracasar, porque su yerno alias ‘Mc Giver’ y su hijo adoptivo alias ‘El Gurre’ se negaron al acuerdo por un tiempo. Finalmente todos se presentaron junto a ‘El Viejo’ y entregaron las armas en Puerto Triunfo.

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Ovidio Isaza, alias ‘Roque’. Foto: Fiscalía

Un tribunal expulsó a Ovidio Isaza, alias ‘Roque’ del proceso de Justicia y Paz por no acudir a las citaciones, que en varias ocasiones, le compulsó la Fiscalía . ‘Roque’ es hijo de Ramón Isaza, ex jefe paramilitar y fundador de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, que en este momento se encuentra recluido en la  penitenciaria la Picota de Bogotá.

Ovidio Isaza se desmovilizó junto a su padre y su hermano Oliverio, alias ‘Terror’, en 2006.  Desde entonces, nunca se presentó ante la Fiscalía para rendir versión libre sobre sus delitos cometidos en el bloque paramilitar.  En el momento de la desmovilización, ‘Roque’ quedó en libertad, porque no tenía procesos pendientes en la justicia ordinaria.

Según el fiscal de Justicia y Paz que lleva el caso, se citó a ‘Roque’ en varias ocasiones, e incluso, se publicó un aviso en un periódico de circulación nacional para que se presentara, pero Isaza nunca respondió.  La abogada de ‘Roque’ dijo que su cliente había renunciado a los beneficios de la justicia transicional y se había negado a dejar las armas.

De acuerdo con un reportaje deldiario El Tiempo, publicado el 25 de marzo de 2012, ‘Roque’ hace parte de una banda de delincuentes que “además de manejar una ruta de narcotráfico por Turbo y Necoclí, zona que antes controlaba su hermano, Oliverio Isaza alias ‘Terror’, se lucra del cobro de ‘arriendo’ de terrenos para la instalación de laboratorios o de cultivos ilícitos a redes del narcotráfico con nexos con bandas criminales y con guerrilla”. ‘Terror’ está en la cárcel y continúa en el proceso de Justicia y Paz.

Desde el año 2000 hasta 2006, cuando se desmovilizaron las Acmm, Ovidio Isaza Gómez comandó uno de los cinco frentes del bloque, el John Isaza (nombre de otro de sus hermanos, muerto en la guerra que libró las autodefensas contra Pablo Escobar)  que delinquió en los municipios de Norcasia, Samaná, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, municipios de Caldas.

A ‘Roque’  se le ha adjudicado  solamente un delito, la desaparición forzada de  Emilio Cataño Carmona, Ingeniero de la hidroeléctrica La Miel.  Sin embargo, la Ficalía presume que el frente que comandaba el paramilitar expulsado del proceso está relacionado con 87 hechos delictivos. Al ser excluido de Justicia y Paz, por linea de mando, su padre, Ramón Isaza tendrá que responder por estos crímenes.

Ahora los procesos por los que estaba siendo investigado ‘Roque’ serán investigados por la justicia ordinaria.

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‘Roque’ se desmovilizó pero no participó del proceso de Justicia y Paz. Foto Semana

Según la fiscalía, Ovidio Isaza, conocido con el alias ‘Roque’, hijo del jefe paramilitar Ramón Isaza, no se ha presentado a ninguna de las cinco citaciones que se le han expedido para que rinda su versión libre desde que se desmovilizó el 7 de febrero de 2006.

Luego de su desmovilización, alias ‘Roque’ quedó libre al no existir, para esa época, investigaciones en su contra. Desde ese momento se sabe que conformó una organización dedicada al narcotráfico con influencia en Puerto Triunfo, zona que antes controlaba su hermano, Oliverio Isaza alias ‘Terror’, convirtiéndose así en uno de los mayores traficantes del Magdalena Medio.

Desde el 2000 hasta 2006, cuando se desmovilizaron las Acmm, Ovidio Isaza Gómez comandó el frente John Isaza  que delinquió en los municipios de Norcasia, Samaná, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, municipios de Caldas.

A ‘Roque’  se le ha adjudicado  solamente un delito, la desaparición forzada de  Emilio Cataño Carmona, Ingeniero de la hidroeléctrica La Miel y existen otros 87 casos que aún no se le han podido adjudicar directamente, pero se presume que por la fecha y lugar en que ocurrieron, la fiscalía cree que fueron cometidos por el frente que comandaba Isaza.

Así queda pendiente que el Tribunal decida si este ex paramilitar queda por fuera o no del proceso de Justicia y Paz.

El Frente Ómar Isaza

El frente Omar Isaza (Foi) fue comandado en lo político por Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’ y en lo militar por Luis Fernando Herrera Gil alias ‘Memo Chiquito’. Este grupo, que asumió el nombre de uno de los hijos de Isaza que murió en un accidente, delinquió en varios municipios de Tolima, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
 
El segundo frente fue el Jhon Isaza, comandado por Ovidio Isaza alias ‘Roque’, que delinquió en Norcasia, Samaná, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, municipios de Caldas.

El tercero fue el frente José Luis Zuluaga, comandando por Luis Eduardo Zuluaga Arcila alias ‘Macguiver’, que delinquió en varios municipios de Antioquia y la Comuna 13 de Medellín. Este frente, que asumió el nombre del hermano de ‘Macgiver’ asesinado por guerrilleros del Eln, llegó a tener 240 integrantes.

En enero 2002 nació el frente Isaza Héroes del Prodigio, comandado por Oliverio Isaza alias ‘Terror’, que delinquió en varios municipios de Antioquia y Caldas. Cinco meses después, Isaza ordenó crear el frente Celestino Mantilla, comandado por Jhon Fredy Gallo Bedoya alias ‘Pájaro’. Este frente, que asumió el nombre de otro ex integrante de las autodefensas que murió junto con el hijo de Isaza, delinquió en Guaduas, San Juan de río Seco (Cambao), Chaguaní, Vianí, Quipile, La Mesa y Anapoima, en Cundinamarca.

Aunque los cinco frentes tenían autonomía militar y económica, todos rendían cuentas al Frente Central, comandado por Ramón Isaza. La comandancia principal estaba integrada por un frente político, un frente militar y un frente financiero, además de 11 hombres que bajo su mando delinquieron en Puerto Triunfo y Puerto Nare, Antioquia.

El 7 de febrero de 2006 las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se desmovilizaron en el corregimiento La Merced, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Ese día 990 hombres de la estructura de Isaza se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y entregaron 754 armas.

Después de terminar la etapa de versiones libres, la Fiscalía le imputa más de 550 hechos de violencia a Isaza y a 26 de sus entonces subalternos. Se cree que la audiencia de formulación de cargos continuará a mediados de octubre de 2010.

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Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Macguiver’, John Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, y Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’. Foto VerdadAbierta.com

Durante el desarrollo de una audiencia de legalización de cargos contra los ex jefes paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio: Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘Macguiver’, Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’, y John Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, llegó un comunicado al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en el que Juan Ramirez*, víctima de los estos grupos armados, denunció amenazas contra su vida por parte de alias ‘Macguiver’.

Según Ramírez, ‘Macguiver’ lo ha amenazado de manera constante para que no sigua reclamando la restitución de una finca llamada California, que perteneció a su familia desde la Colonia, y que ahora están dentro de la lista de bienes entregados por Isaza y sus hombres para la reparación de las víctimas.

La víctima aseguró que ha denunciado las intimidaciones en varias ocasiones a la Fiscalía.

Frente a la gravedad de esta denuncia, que podría significar la expulsión de ‘Macguiver’ Justicia y Paz, el Magistrado de Justicia y Paz pidió a la Fiscalía establecer en qué condiciones de seguridad se encuentra esta víctima, e informar lo que conoce sobre este caso.

El Fiscal segundo de Justicia y Paz contestó que no se ha hecho ningún trámite ante la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, debido a que la persona no ha contado o denunciado amenazas ante la Fiscalía. Ante esto el Magistrado decidió enviar copia al Fiscal de la denuncia para que se iniciara la investigación.

 ‘Macguiver’ aseguró no haber amenazado a esta persona, pero que cree que estas intimidaciones podrían provenir de otros grupos armados ilegales que están interesados en estas ricas tierras. Explicó que el denunciante Ramírez decía tener unos títulos de tierras que lo certificaban como dueño de cincuenta mil hectáreas entre La Dorada y San Luis, en Antioquia, dentro de las cuales se encuentra la finca California que Ramón Isaza entregó a la justicia para la reparación de sus víctimas.

‘Macguiver’ dijo conocer bien el caso, debido a que esta persona se le había acercado en 2000 cuando el era jefe paramilitar, y le había ofrecido los títulos de la mitad de las tierras a cambio de que le ayudara a recuperarlas.

Según el paramilitar, estudió los títulos y la zona, se dio cuenta de que en el sector varias personas prestantes de la región, al igual que varias familias campesinas, tenían títulos legítimos. Decidió rechazar la oferta que le hacía este señor y le recomendó llevar su pelea de títulos por la vía legal.

Ramón Isaza aseguró que parte de las tierras que reclama esta víctima están habitadas desde hace mucho tiempo por ganaderos que  él conoce, y el resto hacen parte de la Hacienda Nápoles.

Durante el tiempo en que Isaza mandaba con sus hombres armados en esta región ordenó a sus hombres evitar que cualquier persona entrara o se estableciera en estas tierras. Al estar abandonada, la hacienda sirvió de refugio y corredor de movilidad para las autodefensas.

Isaza tambíen aseguró durante la audiencia que la familia de Juan perdió esa tierra desde hace más de cincuenta años.

El fiscal explicó que esta víctima inició en 2007 el proceso de reclamo sobre siete bienes, que incluyen las fincas Portugal, Honduras, Las Julias, Valledupar, Las Brisas, y El Porvenir. Todas estas fincas, según ha podido establecer hasta el momento, se encuentran dentro de un terreno más grande de la Hacienda Nápoles, a donde Pablo Escobar montó su zoológico.

Cuando inició sus reclamos sobre las tierras, la víctima entregó a la Fiscalía copia de todos los documentos con los que espera probar su derecho sobre dichas tierras.

La Sub Dirección de Bienes de Justicia y Paz de la Fiscalía estudia el caso para establecer la veracidad de los títulos entregados por la víctima, y si coinciden con los terrenos entregados por los paramilitares para reparación.

*El nombre fue cambiado para proteger a la víctima.

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Por los actos criminales cometidos por el grupo armado ilegal en La Esperanza, la Fiscalía acusó  al ex jefe paramilitar Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

Durante la Formulación de cargos contra Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Accm),  un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le pidió a la Fiscalía definir si la serie de homicidios y desapariciones cometidos entre abril y diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, Antioquía, fue una masacre o un genocidio

Los hechos aludidos por el magistrado comenzaron el 3 de abril de 1996 cuando un grupo de paramilitares conocido como ‘Los Halcones’, que hacían parte de las Accm, secuestró y desapareció en esa vereda  a un joven campesino y a un menor de 14 años que lo acompañaba.

Con esta desaparición forzada ,’Los Halcones’ iniciaron un serie de incursiones contra la población civil de La Esperanza, a la que atacaron de manera sistemática e indiscriminada hasta el 27 de diciembre de ese mismo año, tras considerar que sus pobladores eran, supuestamente, “amigos” de la guerrilla.

Según la Fiscalía de Justicia y Paz, varias de las víctimas fueron menores de edad, entre ellas documentaron la historia de un bebe de dos meses, quien había sido abandonado luego de que ese grupo armado ilegal se había llevado a sus padres, y  tiempo después correría la misma suerte cuando ‘Los Halcones’  lo secuestraron  con un vecino de la población, que lo tenia bajo su custodia.

Frente a este hecho existen testimonios encontrados. De un lado, pobladores que fueron testigos de estos hechos dicen que los padres del bebe habían llegado a la población 15 días antes de ser secuestrados, y que en ese momento el niño fue abandonado. De otro, los paramilitares sostienen que el menor era hijo de uno de sus hombres que había desertado de la guerrilla, a quien su mujer le había quitado el niño, y que las incursiones habían sido cometidas para rescatar el bebé y dejarlo con su padre. En un testimonio dado en 1997, Ramón Isaza aseguró que el niño no fue secuestrado y que, para ese momento, se encontraba bien y estaba con su padre, un integrante de las Auc.

En desarrollo de los operativos contra los pobladores de la Esperanza fue asesinado Helí Gomez Osorio, Personero de El Carmen de Viboral. Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 1996 cuando iba de su oficina a su casa. La Fiscalía estableció que este asesinato fue una retaliación por un informe que entregó el agente del Ministerio Público al alcalde de la localidad en el que dejó constancia de la colaboración entre militares y paramilitares en la incursión a la vereda La Esperanza.

En esa ocasión, el Personero denunció la desaparición de 17 personas, entre ellas la del promotor de salud del  centro de salud de la vereda, quien fue secuestrado el 7 de julio mientras asistía a una reunión en la capilla del lugar; también informó de las amenazas contra el secretario de la inspección de policía del caserío.

Según pudo reconstruir la Fiscalía, esta serie de homicidios y desapariciones comenzóluego de que Carlos Castaño le avisara a Ramón Isaza sobre la presencia de una supuesta patrulla de guerrilleros del Epl, proveniente del Urabá antioqueño que se había asentado en la zona de La Esperanza.

En un informe del personero de Cocorná, Antioquía, está consignado que los asesinatos y desapariciones perpetrados en esta vereda tuvieron relación con un acto de retaliación de las Acmm por el secuestro del ganadero Alberto Ramírez, presunto jefe paramilitar del Magdalena Medio.

En la entrevista referida de 1997, Isaza dijo: “todos tienen que sacar la cara y que el pueblo no se puede quedar quieto, la región no se puede quedar quieta, todos los ganaderos han pedido a las Fuerzas Armadas que les colabore en el problema de los secuestros de los ganaderos y los comerciantes. Desconozco que haya habido desapariciones de campesinos, porque lo que sucede es que las autoridades identifican con esa palabra a los guerrilleros. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Derechos Internacionales y la Cruz Roja defienden a los guerrilleros y a nosotros, como autodefensas, nadie nos defiende.”

Durante el mismo periodo, la Fiscalía documentó que en Carmen de Viboral y Cocorná, una patrulla del Ejército realizó operativos contra pobladores de la región. Según el ente acusador, existen varios testigos que señalan a posibles integrantes de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, como colaboradores delos paramilitares en los hechos ocurridos en La Esperanza. Para esa época, el comandante de esa guarnición militar era el general Alfonso Manosalva Flórez.

Por existir el señalamiento de “guerrilleros” en contra todos los pobladores de la vereda La Esperanza por parte de los paramilitares, el magistrado puso en duda que este hecho fuera una masacre, y lo calificó de posible genocidio y argumentó que los asesinatos y desapariciones fueron de manera repetida, sistemática y en un amplio periodo contra un grupo específico de la población nacional (todos los habitantes de la vereda), por lo que debía tratarse como este tipo de delito. Aunque la Fiscalía no se mostró de acuerdo con el magistrado, aceptó investigar a los posibles cómplices de estos crímenes, que no eran parte de las autodefensas.

Por los actos criminales cometidos por el grupo armado ilegal en La Esperanza, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Justicia y Paz, acusó  al exjefe paramilitar por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

La posible participación del Ejercito
La Fiscalia explicó que, para la misma época de los crímenes cometidos por los paramilitares, tropas del Ejército que patrullaban en Cocorná y El Carmen de Viboral intimidaron y torturaron a varios campesinos de la región, a quienes señalaron de guerrilleros.

Según testimonios de los labriegos, las personas que los atacaron eran integrantes de una patrulla del Ejército a la que identificaron cómo ‘Águilas’, que llevaban un distintivo que decía ‘Barbacoas’. Uno de los testigos aseguró en entrevista ante la Fiscalía que estas personas violaron a una de sus primas. Otros le aseguraron a los investigadores que después de los malos tratos, los integrantes de esta patrulla los obligaron a firmar unas declaraciones de buen trato, y les tomaron las huellas dactilares.

Una de las pruebas que presentó la Fiscalía fue un reporte fechado el 28 de junio de 1996 en el que se establece que el Ejército efectivamente sostuvo combates con la guerrilla del Epl. En este enfrentamiento encontraron a una mujer, a quien identificaron como guerrillera. Según se confirmó en el informe de la época, ella sí había pertenecido a ese grupo insurgente, pero fue expulsada luego de quedar embarazada y para el momento temía por su vida. El Ejército entonces se la llevó para protegerla.

Testigos del suceso dicen que luego de capturar a la mujer, el Ejército la vistió con prendas similares a las que utiliza la guerrilla y luego se la llevaron, y no se le volvió a ver y a saber de ella.

En otros caso existen varios testimonios de familiares de una de las personas desaparecidas de la vereda La Esperanza, en los que relacionan el crimen con un hecho acontecido antes de la llegada de los paramilitares, en el que hombres del Ejército entraron a su casa y la destruyeron.

“También tenemos la entrevista del padre de una de las víctimas, quien expuso que los responsables de la destrucción de su vivienda fueron integrantes del Ejercito Nacional, que incluso uno de los soldados que participo en el hecho le comentó discretamente que denunciara ante la cuarta Brigada”, expuso la Fiscal durante la audiencia.

Cuando los miembros de esta familia amenazaron a los integrantes del Ejército con denunciarlos, la respuesta que recibieron fue: “que lo hicieran, que ellos eran los que perdían”. Días después del incidente, la víctima fue secuestrada por los paramilitares. A su vez, se reveló que en el informe presentado por el Personero de Carmen de Viboral se consignó que cuando los militares eran identificados como presuntos responsables de hechos criminales en coordinación con las Accm eran trasladados a otras guarniciones militares fuera de la región.

Los defensores de las víctimas pidieron a la Fiscalía iniciar una investigación en contra de los miembros del Ejercito que presuntamente estan involucrados en esta cadena de actos criminales.

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Inició la legalización de cargos por 774 crímenes contra Ramón María Isaza, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Foto archivo Semana. -La máquina de guerra de Ramón Isaza. – Niegan casa por cárcel a Ramón Isaza – Suspenden imputación contra autodefensas de Ramón Isaza – Imputan a Ramón Isaza 620 crímenes en el Magdalena Medio – Fiscalía imputó 105 delitos a Ramón Isaza, ‘El Gurre’ y ‘Steven’ – La primera víctima de Ramón Isaza en Puerto Nare – Las confesiones de Ramón Isaza – Fiscalía imputó 100 nuevos crímenes a Ramón Isaza

Este 25 de octubre inició en Bogotá la legalización parcial de cargos en contra de  Ramón Isaza Arango, Walter  Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’, Luis Eduardo Zuluaga alias ‘Macguiver’, Oliverio Isaza alias ‘Terror’ y John Freddy Gallo Bedoya alias ‘Pajaro’ por crímenes cometidos entre 1990 y 2006 por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio  en varios municipios de  Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas y Antioquia.

Cada uno de los cinco paramilitares presentes y objetivo de esta legalización fueron jefes de los frentes Central (‘El Viejo’),  Omar Isaza (‘El Gurre’), José Luis Zuluaga (‘Macguiver’), Isaza Héroes del Prodigio (‘Terror’) y Celestino Mantilla (‘Pájaro’).

Al frente del proceso de investigación por los crímenes de los cargos que se legalizaran se encuentra el despacho Segundo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, contando con el apoyo de los despachos 26, 28 y 47, los cuales en un complejo trabajo en equipo ya han llevado a juicio a 44 postulados por 774 casos, ocurridos en estos municipios.

Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que se desmovilizaron en febrero de 2006 bajo la dirección de Ramón María Isaza, tienen un cuarto de siglo de historia en esa región que colinda con los dos lados del río, desde el oriente de Antioquia (San Luís, Puerto Triunfo, Puerto Nare) hasta Boyacá, Cundinamarca y Santander, la cual ha sido reconstruida por los grupos de trabajo y fiscales de los despachos de Justicia y Paz antes mencionados, y será expuesta a lo largo de la audiencia por el fiscal segundo Carlos Gordillo.

Durante la primera jornada de legalización la Fiscalía expuso hay registrada 10.333 víctimas de este grupo, de las cuales 2.266 han participado de en las versiones libres, 2.165 han estado presentes durante la confesión por parte de los paramilitares de los hechos de los cuales fueron víctimas y más de 6 mil han sido atendidas en las jornadas de atención a víctimas organizadas por la Fiscalía.

El ente acusador, como resultado del trabajo investigativo, pudo establecer que  los crímenes cometidos por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio respondieron a tres lógicas distintas.

En primer lugar a las políticas de lucha contra la guerrilla; en segundo del seguimiento de las órdenes trasmitidas por la cadena de mando a pesar de que no fueran compatibles a las políticas del grupo; y por último que no respondieron a las políticas de guerra del grupo armado ilegal, como tampoco a órdenes dictadas dentro del grupo, pero que se relacionaron al actuar del mismo, porque sus perpetradores pertenecieron a las autodefensas y fueron protegidos por este.

Fue así como el grupo cometió asesinatos, desapariciones, extorsiones, reclutamiento de menores, desplazamientos individuales y masivos, tortura, amenazas, robo e intervención al ejercicio democrático, tal como lo expuso el fiscal segundo de Justicia y Paz durante la primera jornada de audiencia.

En relación con los casos ya imputados y por los cuales se realiza la legalización parcial de cargos, el grupo paramilitar dejó 1.847 víctimas, 1.363 de ellas hombres, 484 mujeres y 121 menores de edad, en 332 casos de la mal llamada limpieza social, 339 casos de homicidios selectivos, 61 de reclutamiento forzado, 26 casos aislados, 4 desplazamientos, 2 combates y 6 en los que aun no se establece el móvil.

Según pudo establecer la Fiscalía el mayor momento de violencia generado por este grupo de autodefensas fue  en La Dorada, Caldas, en 2002, cuando se ordenó una campaña de la mal llamada limpieza social que dejo como resultado un alto número de víctimas.

De esta primera jornada de legalización de cargos el fiscal Luis Gordillo dijo que uno de los principales resultados de las investigaciones de su despacho se logró generar 279 solicitudes de exhumación, de las cuales 149 tiene su origen en información entregada durante las versiones libres por los ex integrantes del grupo paramilitar, y 133 originadas en otras fuentes.

Por cada una de estas solicitudes la Fiscalía debe realizar una diligencia, en la que, con un equipo especializado en la recuperación y reconocimiento de cuerpos, deben ir hasta el lugar en donde se tiene información que están enterrados los restos de los desaparecidos y recuperarlos en el caso de que allí se encuentren.

En este proceso ya se han recuperado 139 cuerpos, de los cuales 45 ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares para que finalmente pudieran darle sepultura a sus seres queridos.

Al cierre de esta audiencia los magistrados pidieron al fiscal entregar un informe que muestre si desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se han unido a las Bandas Criminales conocidas como Bacrim, o si han reincidido en su actuar criminal.

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