Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la sexta de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Vea las entregas anteriores:

– María Angélica Guzmán

– Luis Enrique Soto

– ‘Carlos’

– Israel Frías

– Andrei Agredo

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Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la quinta de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Vea las entregas anteriores:

– María Angélica Guzmán

– Luis Enrique Soto

– ‘Carlos’

– Israel Frías

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Desde las desmovilizaciones hasta las sentencias, todas las etapas de Justicia y Paz debieron sortear obstáculos y hacer camino en la marcha. Fotos: archivo Semana.Más de 5.000 paramilitares fueron postulados por el Gobierno con la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz. Nunca antes el aparato de justicia colombiano se había enfrentado a un grupo tan grande de desmovilizados. Han pasado diez años desde que la mayoría entregó los fusiles y, cumplida la condena, los primeros excombatientes han salido en libertad.

Los operadores judiciales fueron los encargados de construir un primer modelo de justicia transicional. Estas son las lecciones más importantes recogidas en esta década, de acuerdo con estos funcionarios.

La desmovilización mide el proceso

Los primeros tropiezos no se hicieron esperar, en la dejación de armas se cometieron errores que no se pueden volver a repetir. “Lo que suceda en esa primera parte, se ve reflejado en el proceso judicial. Si eso no se hace bien, el proceso no sale bien”, opinó la magistrada Uldi Teresa Jiménez del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

Por ejemplo, en varias regiones del país, los menores fueron apartados de las listas de desmovilizados y entregados a sus familias, negándoles la posibilidad de entrar en programas de reintegración y convirtiéndolos en blancos vulnerables de nuevos grupos criminales. Aunque se hizo un intento, pocos de ellos fueron contactados nuevamente.

También aprendieron que en esta etapa es clave tener la mayor información posible. “No nos puede volver a pasar lo mismo. No pueden ser ellos los que vengan y se presenten ante nosotros, sin que la Fiscalía sepa quiénes son y qué hicieron”, dijo Luis González, quien creó y fue el primer director de la entonces Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía (ahora Dirección de Justicia Transicional).

En 2006 el ente investigador sabía muy poco de esta estructura criminal y aunque 25 comandantes de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregaron sus armas, no podían ser retenidos sin una orden de captura previa en la justicia ordinaria. Para entonces, no había nada en los expedientes sobre dos temidos jefes paramilitares: Hebert Veloza, alias ‘HH’, y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’. Los nuevos fiscales de Justicia y Paz pasaron la noche en vela escarbando entre las denuncias para que en la dirección de Derechos Humanos se hiciera una orden de captura y los paramilitares no pudieran salir libres. Los investigadores recuerdan que cuando vieron a ‘Macaco’ por primera vez, no lo reconocían, no era ni la sombra de la foto que tenía en su poder inteligencia militar.

La lección parece aprendida, pues ante el actual proceso de negociaciones con las Farc, la Dirección de Análisis y Contexto viene desde hace casi dos años investigando la estructura guerrillera y caracterizando los principales crímenes. Para finales de este año se espera tener el informe completo de reclutamiento forzado en el país.

Las garantías de no repetición no solo dependen de los excombatientes

Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, exjefe del Bloque Norte de las Auc, en una de sus primeras versiones libre. Foto: archivo Semana.Es importante que las reglas de juego queden claras. En julio de 2003 se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito, los bloque paramilitares comenzaron a desmovilizarse paulatinamente y los excombatientes estuvieron en zonas de concentración antes de entregarse a la justicia. Tres años después, la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos: ya no iban a ser condenados por crímenes políticos, tenían que entregar bienes y decir toda la verdad. Ese cambio fue visto como una traición por algunos jefes paramilitares.

“Todo lo que se acuerde en la negociación debe quedar registrado, no puede quedar nada oculto. A nosotros los postulados nos dicen que el Gobierno les incumplió, nosotros les decimos pero dónde está escrito todoeso que les prometieron”, contó la magistrada Jiménez.

Algunos no creyeron en el proceso y otros tantos no tenían intenciones reales de dejar las armas.  Lo cierto, es que cerca del 40% de los postulados a la ley, es decir de los que sí tenían órdenes de captura, nunca se presentaron a comparecer ante la justicia. No se conoce el paradero de la mayoría, ni hay una cifra de cuántos de ellos se unieron a la bandas criminales que surgieron después de la desmovilización. Sin embargo, esa no fue una prioridad en ese momento para la Fiscalía, pues se volcó hacia la nueva justicia transicional.

“Con la justicia transicional olvidamos la justicia ordinaria. Justicia y Paz tenía cerca del 50% del presupuesto de la Fiscalía, los esfuerzos se fueron a pensar en el pasado y no en el presente. Esto no puede repetirse si queremos lidiar con los guerrilleros que no se desmovilicen y la criminalidad general. Creo que es una de las grandes lecciones que ya aprendimos”, concluyó Gina Cabarcas, subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía.

En palabras del académico Eduardo Pizarro, quien creó y estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, “yo creo que la tarea de  los colombianos es cerrar el ciclo de violencia para que el universo de víctimas no siga creciendo. Pusimos todo el acento en las víctimas de ayer y se nos olvidaron las de mañana. Estas son éticamente más significativas, porque las podemos evitar”.

La no repetición pasa también por una adecuada resocialización, y con los desmovilizados que sí entraron en el proceso se aprendieron importantes lecciones en este sentido.

Aunque una de las exigencias para obtener la libertad es haber pasado por un proceso de resocialización, solo hasta finales de 2013, después de 7 años en prisión, el Inpec y el Ministerio de Justicia pusieron en marcha este tipo de programas en algunas de las cárceles. La prisión no se pensó nunca como un espacio de reconciliación, solo como unas instalaciones de las que los excombatientes no podían escapar.

La situación al interior de las cárceles fue diferente para los jefes paramilitares, ellos tuvieron más comodidades, preparaban su propia comida, la mayoría estudiaron carreras universitarias e incluso fueron los primeros en planear actividades de reencuentro con las víctimas.

El problema real fue de los mandos medios o los patrulleros para quienes la prisión fue el caldo de cultivo de las adicciones a las drogas y el alcoholismo. De acuerdo con el último informe de seguimiento de la Mapp-OEA, entre los desmovilizados que ya quedaron en libertad, se han identificado 85 casos de excombatientes con enfermedades psiquiátricas, de los cuales 35 han sido diagnosticados con esquizofrenia y 3 se han suicidado.

Es imposible investigarlo todo

Luis González León, primer director de la Unidad de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Comenzar a hablar de justicia transicional dentro de la Fiscalía fue un reto. “Se entendía como una solución imperfecta de justicia, muy diferente a la justicia vengativa que hasta ahora se conocía. No fue fácil encontrar al personal. No había cultura para el cambio. Elegimos a los que tenían una mente más abierta”, recuerda González sobre la creación de la Unidad de Justicia y Paz. Nació así una generación de fiscales e investigadores que han venido entendiendo que en este tipo de procesos no necesitan de los formalismos excesivos, característicos de la justicia ordinaria.   

La tarea era gigante, pues se trataba de una ley ambiciosa. “La justicia del todo”, la llama Luis González porque pretendía que los desmovilizados confesaran todo, que se investigaran todos los crímenes y a todos los excombatientes; que encontrarán a todas las víctimas, buscarán todos los desaparecidos y persiguieran los bienes de los exparamilitares. Un trabajo de proporciones inmensas que necesitaba el equipo humano más grande de la Fiscalía. De 20 fiscales y 150 investigadores en pocos años el equipo creció a 1.600 funcionarios distribuidos en todo el país.

“Documentamos cada región, las políticas del grupo, los crímenes, cómo llegaron. Todo. Pero nos dimos cuenta que era físicamente imposible conocer y ser exhaustivos con cada uno de los crímenes en el país. Era simplemente imposible”, aseguró la fiscal Luz Helena Morales, encargada de investigar al Bloque Central Bolívar.

Además de ser imposible, para algunos expertos conocer el caso a caso no permitía ver el panorama completo ni explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Por tal razón, se cambió la forma de investigar, después de la reforma de la Ley de Justicia y Paz en 2012, se priorizaron los crímenes más graves y a los máximos responsables. “Cuando llegué empezamos a sacar el plan de priorización, porque en ocho años solo había 14 sentencia y solo una contra un máximo responsable. Caímos en la minucia y ocho años después no había nada”, contó Juan Pablo Hinestrosa, quien en 2012 pasó a ser el director de Justicia Transicional y ahora está a cargo de la Dirección de Análisis y Contexto.

Se habló por primera vez de patrones de macro-criminalidad, es decir, de esas prácticas que fueron sistemáticas y reiteradas en cada grupo. Por ejemplo, se explicó cómo en ocho departamentos del país los grupos paramilitares al mando de Salvatore Mancuso desaparecían a las personas: en el Catatumbo las cremaban en hornos o las lanzaban por abismos, mientras en la Costa Caribe las metían en llantas encendidas o las arrojaban a un río, pero todo con un mismo fin de evitar el aumento de los índices de criminalidad en ciudades y pueblos.

Esto implicó un nuevo esfuerzo para los fiscales, “nos tocó distanciarnos de toda la minucia que sabíamos y empezamos a analizar. También aprendimos a trabajar en equipo, entendimos que acá no funcionaban las envidias que lastimosamente son comunes en la institución. La información no era de nadie, ni se trataba de procesos aislados”, dijo un fiscal de la Dirección de justicia transicional que pidió la reserva de su nombre.

Se ha hecho un esfuerzo importante porque ocurra lo mismo entre las instituciones del Estado, pues la información está dispersa entre los ministerios, la Fiscalía y las instituciones que nacieron con la ley de Víctimas en 2012, pero es una lección que aún va a medio camino. Cada uno maneja su propia base de datos,  lo que en últimas ha resultado un dolor de cabeza para las víctimas.

Esta no es la verdad definitiva

Víctimas viendo por medio de videoconferencia la versión libre que rindió Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, el 16 de julio de 2007. Foto: archivo Semana.Antes de que comenzarán las versiones libres, la orden para los fiscales era revisar los expedientes judiciales, las investigaciones académicas y buscar a las víctimas en las regiones más apartadas del país. La idea era tener herramientas para contrarrestar la versión que entregaban los postulados, pero no todos cumplieron la tarea al pie de la letra. El problema fue que el avance y éxito de la investigación dependía de la calidad del operador judicial y por eso algunos bloques fueron mejor documentados que otros.

Tal como está planteada la ley, la base recae en la confesión de los delitos y por eso la versión libre tuvo un papel preponderante, “el peso de la verdad y, en el fondo de la auto-inculpación, recae en el versionado”, relata el libro Justicia y Paz: ¿Verdad judicial o verdad histórica? del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El texto agrega que unos fiscales más que otros se tomaron la tarea de buscar más fuentes de información, como ocurrió, por ejemplo, en el Bloque Norte. No pasó lo mismo en las Autodefensas del Magdalena Medio, donde en los contextos construidos por el fiscal se daba total legitimidad a lo dicho por Ramón Isaza y otros miembros del grupo. A partir de 2010, con las jornadas de víctimas que se realizaron por todo el país, estas fueron más escuchadas.

Pero el verdadero problema fue, como lo argumenta el libro, que se confundió la verdad judicial con la verdad histórica. “Aunque es un objetivo loable, mezclar los dos tipos de verdad era exceder las posibilidades de un funcionario judicial en términos de la disciplina que conoce y fuentes a las que tiene acceso”, planteó Gina Cabarcas, quien fue de las relatoras de este informe.

Aunque el mismo nombre advertía que se trataba de una versión, la del excombatiente, críticos de la ley y algunos fiscales la confundieron con una verdad definitiva. “Hay casos de personas que mintieron varias veces como ‘Don Berna’ y operadores judiciales que no ponderaron la información en su conjunto. Esos falsos testimonios me quitaron 4 meses de libertad y 3 años de tranquilidad”, recuerda el senador liberal Luis Fernando Velasco, uno de los pocos que hizo control político de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso después de aprobada y quien fue víctima de falsos testimonios.

Por esa razón, para los funcionarios entrevistados, la comisión de la verdad que se ha planteado con las Farc es un gran logro, porque no va a entrampar un futuro proceso judicial, pero también porque es un escenario apropiado para que se construya la verdad no solo de la guerrilla, sino también de los paramilitares. “La enseñanza es que no le podemos apostar a un solo mecanismo en el tema de verdad”, agregó Cabarcas.

No se trata de solo un proceso judicial

Foto: archivo Semana.A mediados de 2011, cuando comenzaron los juicios contra los excombatienes, llegó por primera vez ante los estrados judiciales alias ‘El Alemán’. Hasta Bogotá viajaron decenas de jóvenes desde Necoclí, en el Urabá antioqueño, con la misión de contar cómo fueron reclutados siendo menores de edad. Era la primera vez que pisaban la capital y entraron a la sala de audiencias temblando del frío, porque ninguno tenía chaqueta, ni tampoco tenía dinero. Cuando la magistrada encargada, Uldi Teresa Jiménez lo notó, habló con todos los funcionarios para buscar una solución: en la misma mesa estaban sentados representantes de Acción Social, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, pero ninguno pudo hacer nada. La magistrada acudió a sus aliados de siempre, la cooperación internacional, que habían pagado los tiquetes, pero tampoco hubo solución.

Después del receso de almuerzo, todos los jóvenes volvieron, pero esta vez con una grandes chaquetas pagadas por ‘El Alemán’. Tras las rejas, quien era acusado de ser su victimario, seguía siendo el único que llegaba donde el Estado era negligente. “Es un dilema muy grande, pero sobre todo es una vergüenza que teniendo toda la institucionalidad sentada en una sala de audiencia, sea el postulado el que siga viendo por esos jóvenes. El reto de revertir esta situación es grande”, dijo Jiménez.

Este es solo un ejemplo de muchos, de una ley que se planteó como una salida jurídica para los desmovilizados, pero sin mecanismos claros para cambiar de fondo el abandono y la tragedia que se vivía en las regiones. Fueron los magistrados quienes tomaron la decisión de ir hasta los municipios más alejados: instalaron sus audiencias a pleno sol de Mampuján, en las selvas del Urabá, en un auditorio en Puerto Boyacá o en el coliseo de boxeo de Cartagena. En principio no era un exigencia, bien podían redactar una sentencia que explicara lo qué pasó en Tumaco sentados desde su escritorio en Bogotá. Pero los magistrados fueron los que quizás primero entendieron la lección.

Estos espacios no habrían sido posible sin el apoyo y el dinero de la cooperación, en este caso de la Mapp-Oea y la GIZ de Alemania. Pagan los pasajes, las comidas de las víctimas, la consulta de expertos internacionales, pues no había ninguna institución a cargo de ello. “Solo hasta la reforma de 2012 hay una definición más clara, pero en un proceso serio tiene que haber una institucionalidad fuerte, que sepa cuál es su responsabilidad y no podemos ser dependientes de la cooperación”, agregó Jiménez.

Los magistrados coinciden en que esta precariedad estatal no se resuelve con un juez que se siente a ordenar medidas de reparación a las entidades, sino que tiene que haber un trabajo en conjunto donde cada cual sepa su responsabilidad. “Son muy pocos los que tienen eso claro, que actúan solo cuando hay una decisión judicial de por medio. No es posible que a una víctima tenga que esperar un fallo para que pueda acceder a atención psicosocial”, explicó la magistrada Alexandra Valencia.

Los errores en la reparación

Una de las víctimas del Bloque Héroes de los Montes de María, durante la audiencia en la que se dictó condena contra ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’. Foto: archivo Semana.La ley establece que las víctimas tienen derecho a ser reparadas judicialmente, lo que implica que solo sucederá hasta que una sentencia esté en firme. Los largos procesos judiciales retrasaron entonces la posibilidad para muchos de acceder a una reparación, si se tiene en cuenta que solo hasta 2011, seis años después de expedida la ley, se conoció la primera sentencia. Se calcula que solo cerca del 20% de las víctimas han sido incluidas en fallos judiciales.

Para losexpertos, el proceso sigue las lógicas de la justicia ordinaria: se acusa, se condena y se ordena una indemnización. Esto no funciona cuando se trata de un universo de casi 500 mil víctimas. “Es un error mantener la reparación en el proceso penal. Debe tener un carácter civil”, indica Héctor Eduardo Moreno, quien hasta hace poco fue coordinador de la dirección de justicia transicional y hoy trabaja desde la Dirección de Articulación.

Agrega que una decisión de este tipo no solo agilizaría el acceso a las víctimas a una reparación, sino que destrabaría algunos de los procesos cruciales, “las sentencias más importantes están apeladas por los temas de reparación, no por asuntos de fondo que tengan que ver con el proceso penal”.

Un ejemplo exitoso de este tipo sucedió en la misma jurisdicción. Las primeras disputas de restitución se dieron en Justicia y Paz, “éramos tres fiscales de la subunidad de persecución de bienes. El 90% de nuestro tiempo se dedicó al tema de restitución”, cuenta Ana Fenney Ospina, coordinadora de dicha subunidad.

Con la Ley de Víctimas este papel pasó a manos de la Unidad de Restitución que ha llevado cientos de casos ante los jueces especializados de tierras, mientras Justicia y Paz solo logró la restitución de 22 bienes.

Por otro lado, así como no fueron claras las reglas de juego para los desmovilizados, tampoco lo fueron para las víctimas, a quienes les prometieron unos montos de indemnización más altos de lo que el Estado está en capacidad de pagar. Después de tire y afloje, la Corte Constitucional le dio la razón al gobierno y les exigió pagar los montos que ya están establecidos por la Unidad de Víctimas y que son mucho menores a los que prometió la ley. Sin duda, una lección que todos recalcan, es que la credibilidad del proceso y la confianza de las víctimas se vienen al piso cuando la sentencia habla de una cifra que no se compadece con el cheque que reciben.

Estas son algunas de las lecciones que se han aprendido en el transcurso de diez años en cada una de las fases del proceso. Una colección de experiencias que no se pueden desestimar y que ojalá tengan eco en un posible proceso de negociación con las Farc.

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De derecha a izquierda. General (r) Mario Montoya (señalado por su presunta participación en la Operación Orión), el fallecido Víctor Carranza (según los postulados, fue uno de los fundadores de las Auc),  general (r) Alejandro Navas (se ha pedido que se investigue su relación con la masacre de la Horqueta) y Santiago Uribe (acusado de ser uno de los fundadores de ‘Los doce apóstoles’. Fotos: archivo Semana.Negligencia, fuerzas oscuras que frenan investigaciones, pero sobre todo una absoluta desconexión al interior de la Fiscalía han impedido que se conozca quiénes fueron los que desde la legalidad apoyaron y actuaron en conjunto con las Autodefensas Unidas de Colombia.  Aún no hay certeza de cómo se va a desatascar ese enredo que hace años se venía anunciando.

Desde 2005, cuando se planteó la Ley de Justicia y Paz, nunca se pensó que una misma jurisdicción podía investigar a los excombatientes y a los civiles, tampoco se calculó la cantidad de terceros involucrados con la guerra. La idea original era simple: a los desmovilizados que entregaron las armas los postulaban a la justicia transicional y le daban una penaalternativa de no más de ocho años; pero  los políticos, militares y empresarios que salieran salpicados en las versiones libres los investigaría la justicia ordinaria.

Las versiones libres empezaron en 2006 y poco a poco algunos nombres salieron a la luz: miembros de la fuerza pública como Rito Alejo del Rio (Ejército) y Mauricio Santoyo (Policía); el esmeraldero Víctor Carranza, el empresario William Vélez y el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. También empresas como Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol y la Federación Nacional de Ganaderos; decenas de senadores y cientos de alcaldes locales también fueron salpicados.

“Justicia y Paz sin duda le dejó a la Fiscalía una forma distinta de entender el delito. Es a partir de entonces que se empieza a pensar que para entender la criminalidad hay que entender el proyecto paramilitar. Este proyecto no incluye solo a los armados, sino los civiles, los políticos, la fuerza pública”, dijo Gina Cabarcas, subdirectora de Políticas Públicas en la Fiscalía.

La Fiscalía fue mostrando como un logro el aumento en el número de compulsas de copias. Actualmente son 15.669, de las cuales 1.307 involucran a políticos y 1.212 a miembros de la fuerza pública. Entre los restantes hay empresarios, paramilitares que no entregaron las armas, desmovilizados que no están postulados a Justicia y Paz y funcionarios públicos.

Una justicia ordinaria que no dio la talla

Exparamilitares han salpicado al empresario y su nombre aparece en memorandos del Bloque Norte relacionados con el negocio de las basuras.Foto: archivo Semana.El procedimiento ha sido el mismo desde entonces, cada vez que un postulado mencionaba a un colaborador del grupo armado y había indicios suficientes para iniciar una investigación, se hacía una compulsa de copias. Eso quiere decir que esa información se enviaba a la justicia ordinaria y, de acuerdo con el reparto, podía caer en manos de cualquier fiscal del país, incluso en quienes no conocían lo que estaba pasando en la Ley de Justicia y Paz.

“Son muy diferentes los perfiles de los fiscales. El de la ordinaria está hecho para pelear, preparado para la controversia y la evidencia. El de justicia transicional es más conciliador”, aseguró  Luis González, quien fue el primer director de Justicia y Paz e introdujo de ceros el término justicia transicional en la Fiscalía. González, hoy Director Nacional de Seguridad Ciudadana, recuerda que hubo un problema de comunicación entre las direcciones: “el paramilitar confesaba algo y al día siguiente aparecía un fiscal de otra dirección para pedirnos que se lo entregramos que ‘porque ya confesó’ y quería condenarlo a 40 años. No entendían”.

Aunque hubo capacitaciones y talleres para que se entendiera la importancia de dichas compulsas en la justicia permanente, los resultados fueron pocos. “Se está reclamando reconciliación en el país, pero en este proceso, que propende por la paz, no hubo una reconciliación entre las jurisdicciones. Sienten que la información que sale de Justicia y Paz no vale la pena”, opinó Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

Luis González planteó, desde el comienzo, la creación de un grupo de fiscales de la justicia ordinaria que se dedicara exclusivamente a la investigación de estos terceros de la mano de los fiscales de Justicia y Paz que conocían todo el contexto, pero esa idea no caló al interior de la Fiscalía.

Los crímenes que de un lado se denunciaban no se entendían en contexto por un fiscal que lleva cientos de delitos de otro tipo. Sucedió en Tibú, como en decenas de municipios donde se perpetraron masacres, donde miembros del Ejército, enterados de la llegada de los paramilitares, levantaron los retenes habituales y se ubicaron en otra parte de pueblo. Muchos de estos procesos fueron archivados por los fiscales, argumentando que mover una tropa no era un delito.

Se abrieron investigaciones contra algunas de las personas mencionadas, pero al tiempo se iniciaron nuevos procesos contra los mismos exparamilitares. Así, por ejemplo, si un postulado confesaba que se había aliado con militares y policías para traficar droga, la denuncia llegaba a manos de un fiscal que abría un nuevo proceso por tráfico de estupefaciente contra el exparamilitar, delito que ya estaba siendo juzgado.

Esto duplicó cientos de procesos, desgastó al ente investigador y aún hoy es difícil calcular las dimensiones de ese error de comunicación. “No hacen un cruce, ni un análisis de lo que está en la justicia ordinaria y en la transicional. En el proceso contra Salvatore Mancuso hubo un fenómeno caótico, de las versiones libres se compulsaron copias y resultaron casi 400 sentencias condenatorias contra el mismo Mancuso”, dijo la magistrada Valencia.

¿Hay condenados?

Álvaro García Romero, antiguo cacique político de Sucre, fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo y por sus nexos con paramilitares. Foto: archivo Semana.Los procesos contra los políticos fueron los que más avanzaron. La Corte Suprema se dio cuenta pronto de la dimensión del problema y en 2006 creó una unidad especial en cabeza del magistrado auxiliar Iván Velásquez. Se logró la condena de 60 congresistas. Antes de la salida del magistrado en 2012, la Corte ordenó la investigación de algunos senadores, empresarios y alcaldes de la Costa, sin que hasta ahora se conozcan resultados. Ocho gobernadores y más de 50 alcaldes fueron condenados por jueces especializados.

Para investigar la parapolítica local hubo pocos esfuerzos grupales: la unidad antiterrorismo investigó a todos los políticos de Magdalena que firmaron junto a ‘Jorge 40’ el pacto de Pivijay y en 2014 capturaron a 25 líderes que apoyaron el movimiento ‘Por una Urabá Grande, Unida y en Paz’, creado por ‘El Alemán’, aunque la mayoría hoy están en libertad.

Corte Suprema ordena investigar a media clase política de la Costa

Pero en las audiencias de Justicia y Paz, las víctimas de diferentes regiones del país insisten en que la estructura parapolítica local sigue intacta, que esos mismos alcaldes, concejales y personeros conservan su poder.

“Este es uno de los puntos débiles de Justicia y Paz y desdice mucho de la verdad que acá se está conociendo. Sucede que estas personas siguen activas en la política y estos procesos resultan en manos de fiscales y jueces de las mismas regiones. Eso desestimula la confianza”, aseguró Uldi Teresa Jiménez, magistrada de Justicia y Paz.

Contra miembros de la fuerza pública los resultados son mínimos. A pesar de varios señalamientos de los postulados en contra del general (r) Mario Montoya sobre supuestos vínculos con paramilitares y su presunta relación con la Operación Orión, la justicia permanente no se ha pronunciado. Igual sucede con la compulsa de copias contra el general (r) Alejandro Navas, hoy embajador en Argentina, ordenada por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín por su relación con la masacre de la Horqueta en Tocaima, Cundinamarca.

En relación con los empresarios se resalta la investigación contra el Fondo Ganadero de Córdoba y el despojo de tierras que avanzó a manos de la Dirección de Análisis y Contexto en 2014, logrando la captura de varios de sus directivos principales. Pero este caso es la excepción y son varios los nombres que han sonado una y otra vez en versiones libres dejando en el aire preguntas que aún no se han resuelto ¿el esmeraldero Víctor Carranza dio origen al grupo paramilitar que en Meta y Vichada se conocía como ‘Los Carranceros’? ¿Santiago Uribe fue uno de los creadores de ‘Los Doce Apostoles’?, ¿el fallecido empresario Guillermo Gaviria Echeverri financió grupos paramilitares en Antioquia?

Para el magistrado Rubén Darío Pinilla la responsable de este silencio es la Fiscalía: “ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares. La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando transcurrir el moho de los años, como lo ha constatado la Sala”, dijo en una de sus sentencias.

Juzgarlos a todos en un mismo paquete

El general Mauricio Santoyo aceptó en EE.UU sus nexos con paramilitares. En Colombia no se sabe que pasará con las investigaciones en su contra por ‘chuzadas’ que terminaron con la desaparición y asesinatos de varios defensores de DD.HH y policías en Medellín. Foto: Semana.Todas las fuentes consultadas por VerdadAbierta.com coinciden en que el problema es estuctural y empezó desde que se separaró la investigación de los colaboradores de quienes llevaban los procesos en Justicia Paz. “Los combatientes son solo una faceta más del proyecto paramilitar. La verdad también la construyen quienes lo auspiciaron y sus versiones también tienen que ser escuchadas en la justicia transicional. Fue un error haber separado las investigaciones y esto deja un balance negativo, que además propició una división insana en la Fiscalía”, aseguró Héctor Eduardo Moreno, quien hasta hace poco fue coordinador de la dirección de justicia transicional y hoy trabaja desde la Dirección de Articulación.

En lo que hasta ahora se conoce de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pactada por el Gobierno y las Farc en La Habana, esta parece ser una lección aprendida, pues se plantea que bajo el mismo resorte sean juzgados los guerrilleros, los militares, los políticos y los empresarios.

En la Fiscalía hay un plan para priorizar algunas de las compulsas más representativas y el fiscal Montealegre no descarta que puedan ser resueltos por la Jurisdicción Especial, “estoy de acuerdo en que esos casos entren a la nueva JEP porque comparto la tesis del expresidente César Gaviria, esto tiene que tener un cierre definitivo de seguridad jurídica no sólo para la guerrilla y la fuerza pública sino para el paramilitarismo, su entorno y todos los actores del conflicto”, respondió en una rueda de prensa a VerdadAbierta.com.

			Álvaro Uribe Vélez Desde 2013 el magistrado ponente, Rubén Darío Pinilla, pidió investigar al hoy senador por su responsabilidad en algunos de los episodios más dolorosos para los antioqueños: la Operación Orión, la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Pinilla pide que se indague sobre el respaldo que el entonces Gobernador de Antioquia dio a grupos de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) que dieron pie a la creación de grupos paramilitares en el departamento. La encargada de esta investigación, por tratarse de un expresidente, es la la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero hasta ahora no hay resultados a la vista.
			Las bananeras Aunque  varios exparamilitares han dicho que las empresas bananeras tenían que pagar 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, la investigación más importante tuvo lugar en Estados Unidos en contra de Chiquita Brands. En Colombia se han precluido investigaciones contra esta compañía, contra Banaldex y Banacol. Historias similares ocurren con algunos ingenios azucareros del Valle del Cauca y acusaciones puntuales contra algunos funcionario de Ecopetrol.
			Los generales renombrados Además de los ya mencionados Mario Montoya y Alejandro Navas hay algunos nombres que se repiten en las versiones de los paramilitares, sin que se inicie un proceso formal de investigación. Sucede así con el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien según Mancuso se reunió con Carlos Castaño para planear la expansión paramilitar, el mismo que es investigado por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia; y el general retirado de la Policía, Rosso José Serrano, quien según testimonios de los excombatientes, ordenó la libertad de ‘Jorge 40’ y Mancuso cuando los detuvieron en La Guajira en 1997
			Santiago Uribe Varios excombatientes han referido que este ganadero antioqueño, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tuvo nexos con un grupo paramilitar que nació en la década de los 90 conocido ‘Los Doce Apóstoles’ en Yarumal, Antioquia. Sin embargo, el único proceso que ha avanzado en la justicia permanente ha sido el que se abrió por la declaraciones del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses y el exparamilitar del frente Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien no se desmovilizó colectivamente ni está postulado a la Ley de Justicia y Paz.
			Luis Camilo Osorio En la sentencia contra Salvatore Mancuso de octubre de 2013 se pidió abrir una investigación contra el exfiscal general por lo sucedido en la seccional de Cúcuta, donde después del asesinato de varios de sus mejores fiscales, Osorio posesionó a Ana María Flórez, una amiga personal que se alió abiertamente con los paramilitares. Los testimonios coinciden en que Osorio frenó investigaciones importantes en contra de las Auc al interior del ente investigador. A pesar de eso, la Fiscalía ha permanecido silenciosa y aún no se conoce ninguna indagación.
			Luis Carlos Restrepo Quien fue el Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe está prófugo de la justicia en el proceso que se sigue por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc. Sin embargo, no hay procesos en curso por las acusaciones hechas por los exparamilitares en Justicia y Paz. Los magistrados de esta jurisdicción han pedido que se investigue si fue cierto que Restrepo dio la orden de sacar a los menores de edad de las listas de desmovilizados de las AUC para evitar problemas con los tribunales internacionales, además del detrimento patrimonial en el que se incurrió al crear proyectos productivos para los excombatientes que fueron desmontados a mitad de camino.

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Hace 10 años comenzó un proceso que en medio de tropiezos ha creado un nuevo modelo para juzgar las más graves violaciones de derechos en el país. Las reglas no estaban claras, ni se calculó la cantidad de  crímenes que iba a conocer la Fiscalía. Los pronunciamientos de las altas cortes, el esfuerzo de algunos fiscales e investigadores y una reforma en el Congreso dibujaron el camino a seguir.

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Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la cuarta de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Vea las entregas anteriores:

– María Angélica Guzmán

– Luis Enrique Soto

– ‘Carlos’

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VerdadAbierta.com presenta un resumen en cifras de lo que han confesado los paramilitares en los últimos diez años.

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“Hay muchas verdades, pero pocos la conocen”: Uldi Teresa Jiménez Esta magistrada del tribunal de Bogotá profirió la primera sentencia de Justicia y Paz, que condenaba la masacre de la Brisas y el desplazamiento de Mampuján en los Montes del María. Hasta ahora hasido la ponente con mayor cantidad de fallos en esta jurisdicción.

 
Verdad Abierta: ¿Cree que la verdad judicial es suficiente para dar fe del fenómeno paramilitar?

Uldi Jiménez: Primero quiero aclarar que, a diferencia de lo que se dice, Justicia y Paz no construye la verdad solo con el testimonio de los postulados. En las audiencias hablan las víctimas, los investigadores, los académicos, las autoridades locales y las ONG’s. Le pedimos a la Fiscalía que no se quede con la versión de los postulados, por ejemplo cuando dicen que no cometieron delitos género, sino que vaya a los expedientes judiciales, que revise las estadísticas y los informes.

Nosotros, los magistrados, vamos hasta los lugares donde sucedieron los hechos, porque no podemos sentarnos a escribir un documento sin siquiera conocer las regiones. Yo creo que sí hay una buena recolección de información, la verdad judicial sería suficiente. Lo que pasa es que si me preguntan cuál es la verdad, pues yo no sé cuál es toda la verdad y hasta dónde llega la verdad que acá se discute.

El problema es de difusión. Pocos se leen una decisión de cientos de páginas, inclusoen la academia son contados los casos. Una víctima no va a leer una sentencia tan densa, lo que hace falta es encontrar la manera de que esa verdad llegue a la gente.

VA: ¿Qué le deja Justicia y Paz a una posible desmovilización de las Farc?

UJ: Nosotros empezamos de ceros, sin saber cómo funcionaban este tipo de procesos, pero ya hay un camino recorrido. Nuestra experiencia muestra que la etapa de desmovilización es clave y que si no se hace bien, el proceso no sale bien. Por ejemplo, todo lo que se acuerde debe quedar registrado; a nosotros los postulados nos dicen que el gobierno les incumplió, nosotros les decimos pero dónde está escrito todo eso que les prometieron.

En ese momento muchos intereses empiezan a fraguarse para que la verdad no salga y es importante que haya un personal capacitado que aproveche la información ‘en caliente’. Con los menores, el ICBF tiene que ser realista, no puede tratarlos como niños abandonados, es increíble escuchar acá que a veces los entregaban a hogares sustitutos.  

Es importante que las instituciones estén pensando que no se trata solo de las víctimas y los victimarios, sino de reconciliar a la sociedad, a las comunidades enteras. A los postulados que están saliendo en libertad no se les permite volver a las regiones donde operaron porque nunca se hizo esto. No podemos dividir el país: en una parte los paramilitares, en otra los guerrilleros y en otra los supuestamente buenos.

Además, sin importar si los desmovilizados de las Farc van a un centro carcelario o no, es crucial que no se piense solo como un lugar del que no se puedan escapar, sino en un espacio que resocialice.

¿Se les incumplió a las víctimas en términos de reparación?

UJ: Desde el comienzo se les tuvo que decir lo que el Estado estaba en capacidad de pagar, no se debieron crear falsas expectativas. La ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)  fue muy ambiciosa en reparación y en investigación, se esperaba investigar todos los delitos y a todos los postulados y eso es imposible. Nosotros desde la primera sentencia advertimos que no había capacidad de pagar reparaciones judiciales tan altas por la cantidad de víctimas.

“Nuestro compromiso es divulgar la verdad”: Rubén Darío Pinilla Presidente de la Sala de Justicia y Paz de Medellín. Sus sentencias se han dado a conocer porque vinculan a reconocidos políticos y a miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares de Antioquia.

Verdad Abierta: ¿Cuáles son los aprendizajes de la ley de Justicia y Paz?

Rubén Darío Pinilla: Reveló la incapacidad y la ineficiencia de la Fiscalía para afrontar todas las violaciones a los Derechos Humanos. Mientras sucedían los hechos que hoy en día se atribuyen a los paramilitares, la Fiscalía no fue capaz de responder adecuadamente. Hubo esfuerzos serios como la investigación del Parqueadero Padilla, pero esos no recibieron suficiente apoyo de la institución.

Es necesario replantear la política criminal del Estado y de la Fiscalía enfocada en delitos de menor flagrancia, mientras los hechos más graves han pasado desapercibidos. El resultado no puede ser medido numéricamente por la cantidad de acusaciones.

Justicia y Paz nos mostró que se requiere de una investigación más contextual, no tan individualizada y que los  derechos de las víctimas no solo se limitan a la indemnización.

VA: ¿Qué reveló sobre el papel del Estado en el fenómeno paramilitar?

RDP: Las sentencias han dicho que hubo sectores del Estado que promovieron no solo a las Convivir, sino que auspiciaron y financiaron grupos paramilitares, que hubo participación de las fuerzas militares, de sectores privados y políticos. Esa conjunción de fuerzas, junto con el narcotráfico, permitió que el fenómeno paramilitar creciera y se expandiera con la más completa impunidad, incluso en áreas del poder judicial.

Eso no obedece a actores individuales, porque son fenómenos que encontramos en todas partes, en todas las regiones vemos  batallones, brigadas y altos oficiales involucrados, entonces no se puede decir que son eventos aislados.

Existe evidencia de que el Estado conocía todas esas situaciones. Cuando no fue el Estado el que los impulsó, fue omisivo.  Hay que aclarar que eso que decimos no nos lo imaginamos, hay evidencia que lo demuestra.

VA: Pero su postura es opuesta a lo de otros magistrados.

RDP: Yo diría que lo que se ha dicho es una visión mayoritaria. En la sala de Justicia y Paz en Bogotá también se ha establecido responsabilidad del Estado y también se han generado discusiones por eso. De hecho, en varios fallos ordenan que  los mandatarios pidan perdón. Se está hablando de que hay responsabilidad del Estado, solo que algunos la atribuyen a simples agentes individuales

Nosotros tenemos un compromiso muy claro de divulgar la verdad de los hechos.

VA: ¿Qué cree que se puede replicar en un posible juicio a las Farc?

RDP: Lo que hasta ahora se ha revelado del modelo de justicia transicional mejora mucho de lo que fue la Ley de Justicia y Paz. Pero me parece que se está construyendo sin tener en cuenta y sin aprovechar la experiencia de Justicia y Paz.

“Entre sacrificar el tiempo o verdad, prefiero el tiempo”: Alexandra Valencia Esta magistrada de la sala de Bogotá fue la ponente de la primera sentencia contra Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Auc postulado a Justicia y Paz.

 
Verdad Abierta: ¿Qué sigue pendiente en Justicia y Paz?

Alexandra Valencia: Las víctimas deben estar mejor representadas y no debe entendérselas como acreedoras. Son muy pocas las que están en todo este proceso por la plata, por eso insisto en que las medidas de satisfacción no pueden esperar a resolverse en la sentencia. No podemos decirle a alguien lo que va a atender un psicólogo de la Unidad de Víctimas solo cuando hay una decisión judicial de por medio.

Debe haber una formación en el tema de perdón, es el perdón el que sostiene la jurisdicción transicional. Se habla de que los postulados muestran un arrepentimiento mecánico e incluso algunos se han reído pidiendo perdón, pero yo no creo que sea morbo o que no se arrepientan, es que no saben cómo pedir perdón, no tienen ningún tipo de formación. El encargado de orientarlos debe ser el juez, quien debe saber dejusticia restaurativa y entender que es una pedagogía de justicia, que acá ya no estamos hablando de contrarios.

VA: Hubo un cambio en la forma de investigar, ya no se trata del caso a caso sino de los patrones, ¿qué opina de esta metodología?

AV: Siempre me he resistido a pensar en que esto se deba investigar de una forma aritmética y para mí es una propuesta equivocada de la Fiscalía. Creo que hay que investigar la guerra como suceso social.

El riesgo de la investigación macro es que pueden invisibilizar los delitos subyacentes. Un ejemplo puntual sucedió en el Frente Héctor Julio Peinado, un grupo paramilitar que delinquió en el sur del Cesar, cuando la Fiscalía presentó el homicidio de Daisy, a quien los ‘paras’ sacan de su casa y la matan en el monte. Aunque los registros mostraban que la encontraron desnuda y la ropa interior fue rasgada, se quería imputar solo como un homicidio con arma corto punzante.

Esto funciona bien como sucedió en Argentina, donde hay un solo pronunciamiento sobre la desaparición forzada. No se menciona el caso a caso, pero se selecciona uno que da cuenta de crueldad del delito y se hace un análisis muy cuidadoso de los patrones encontrados en todas las desapariciones y qué dicen estas sobre el tipo de violencia, en este caso de la Junta Militar. No solo es reunir todas las desapariciones en un mismo paquete porque sí.  

VA: Una de las críticas recurrentes habla de muy pocas sentencias, ¿qué dicen ustedes?

AV: El tiempo siempre será un contradictor. Pero entre sacrificar el tiempo o la verdad, prefiero el tiempo. Si el juez transmite el mensaje adecuado a una víctima en medio de una audiencia, esta no necesita la sentencia.

En esta jurisdicción hay un pronóstico de 99% de sentencia condenatoria.  No ocurre como en la justicia ordinaria, pues son los mismos postulados los que levantan la mano para decir que mataron a uno y a otro. Entonces, aunque el fallo es una declaración importante, lo más trascendental ocurre en la misma dinámica de la audiencia. En ella es cuando un excombatiente que burló la ley se vuelve a encontrar con el Estado ausente en los lugares donde operó, es donde las víctimas se reencuentran con quienes fueron los victimarios.

Creo más en el proceso, si debe tardarse muchos años, que lo haga. Lo que sí debe ser previo a la sentencia son las medidas de satisfacción.

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Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la tercera de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Vea las entregas anteriores:

– María Angélica Guzmán

– Luis Enrique Soto

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Formación de un grupo paramilitar durante la ceremonia de entrega de armas. Fotos: archivo Semana.

El aporte a la verdad, junto a la desmovilización misma de los bloques, son de lejos los resultados más significativos del proceso de justicia transicional con los paramilitares. Sin embargo, hay una serie de estructuras sobre las cuales la información es escasa.

Las razones son variadas: ya sea por física sustracción de materia, es decir, porque los combatientes desaparecieron en la dinámica de la guerra y hoy no hay quién responda, porque sus ex integrantes desmovilizados no han hecho un aporte significativo, porque no se desmovilizaron, o porque la Fiscalía y la justicia en general no han consolidado investigaciones o procesos que documenten la verdad incluso cuando hay exparamilitares prestos a confesarla. De cualquier modo el resultado siempre es un penoso vacío que prolonga la pena de los dolientes y siembra pantanos en la reconstrucción de la memoria histórica. Verdad Abierta revisó que está pasando, qué se sabe y qué no, respecto cinco de esas estructuras traspapeladas en la historia de la guerra paramilitar.

Bloque Capital

Aunque recurrentemente se hace mención de esta estructura no son muchas las certezas que se han podido establecer.

Unos tales ‘Héroes de Gualivá’

La provincia del Gualivá reúne doce municipios al noroccidente de Cundinamarca, con Villeta como su capital.

Bloque Metro

Desapareció tras las guerra que varios bloques de la Auc le declararon. La Fiscalía 20 de Justicia y Paz procesa a 22 patrulleros.

Bloque Suroeste antioqueño

Esta es otra de las máquinas de muerte creadas por Vicente Castaño.

Bloque Pacífico–Héroes del Chocó

El misterio del llamado Bloque Pacífico–Héroes del Chocó está en su mismo nombre.

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