Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de Justicia y Paz y presidente de ese tribunal de Medellín.

“Lo que ha hecho Colombia no lo ha hecho ningún otro país en materia de investigación de crímenes de sistema”. La frase es del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la cual tiene a su cargo trascendentales procesos judiciales contra exjefes paramilitares y guerrilleros como Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; y Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, entre otros.

Para el alto funcionario judicial, este año marcó una nueva tendencia en la justicia transicional pues, a su juicio, ya comienzan a verse importantes resultados en este proceso que ha sido duramente cuestionado por sectores de la opinión pública nacional e internacional.

“La gente cuestionaba que en Justicia y Paz, en ocho años, solo se había proferido 14 sentencias cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se gasta diez y once años en una decisión”, precisa el magistrado. “Así no se mide la justica. Obviamente, a esto hay que darle tiempo. Además, para nadie es un secreto que frente a la magnitud del conflicto colombiano y lo novedoso de la justicia transicional, se ha hecho mucho”.

De acuerdo con Cárdenas, además de las sentencias proferidas, las exclusiones de postulados que se han resuelto y de las compulsas de copias que se han ordenado, para que se investigue a quienes apoyaron de una u otra forma el paramilitarismo, la fortaleza que hoy tiene Justicia y Paz radica en la elaboración de los contextos históricos en los que se desenvolvió el proyecto contrainsurgente, los cuales pueden ser considerados hoy día como un valioso aporte de la rama judicial a la reconstrucción de la memoria histórica de un conflicto armado de más de 30 años.

VerdadAbierta.com dialogó con este magistrado con el fin de saber cómo le fue a la justicia transicional en el año que termina y, de paso, conocer las expectativas de los tribunales de Justicia y Paz en el país frente a un eventual acuerdo de paz con las Farc y la posible llegada de comandantes guerrilleros para ser juzgados por cientos de crímenes cometidos a lo largo de cinco décadas de conflicto armado.

VA: ¿Cómo le fue a Justicia y Paz en 2014? ¿En qué procesos se avanzó, qué sentencias se dictaron?

JGC: Este año se excluyeron varios postulados de Justicia y Paz. Entre ellos aJuan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso Sierra’. Igualmente, se profirió sentencia contra ocho postulados del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con un valor cercano a los ocho mil millones de pesos como monto de reparación para las víctimas, sentencia que quedó firme. También se leyó la sentencia de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’ y dentro de poco comienza la lectura de sentencia de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’.

VA: ¿Podemos decir que tres sentencias en 2014, por lo menos en la Sala de Justicia y Paz de Medellín, efectivamente constituye avance de la justicia transicional?

JGC: En estas tres sentencias se logró dar cuenta de diferentes incursiones armadas como la de Riosucio, Chocó; la de La Horqueta, Cundinamarca; las masacres del Aro y La Granja en Ituango; y la incursión paramilitar a Peque, occidente Antioqueño. Por eso es que cobran importancia estas decisiones judiciales, porque son dictadas contra cabecillas o miembros importantes de este grupo armado al margen de la ley mientras que en el pasado, antes del esquema de priorización implementado por la Fiscalía General de la Nación, solo se condenaba a los patrulleros o miembros rasos.

VA: Tres sentencias, ¿no sigue siendo un número muy bajo?

JGC: Para el primer semestre de 2015 esperamos dictar cuatro o cinco sentencias que determinan una cantidad de delitos y procesos de reparación que en 20 años la jurisdicción ordinaria no lo hubiera logrado, entre otras cosas, por la impunidad en que estaban. Mire, la justicia ordinaria, por ejemplo, lleva cuatro años tratando de establecer responsabilidades de los sindicados en el caso de un solo homicidio: el del joven Andrés Colmenares. Estamos hablando de un solo delito.

En la justicia transicional, por cada sentencia que se dicta, como por ejemplo la del Elmer Cárdenas, que tomó tres años, abordamos más de 159 delitos que involucran más de 191 víctimas. En un proceso como el de Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, vamos a reparar más de 3.000 víctimas y a abordar más de 500 hechos. Entonces, la ciudadanía debe entender que las sentencias no se pueden pesar en cantidad sino en calidad, en situaciones que se están resolviendo, situaciones que por demás, sino fuera por Justicia y Paz estuvieran en absoluta impunidad; una impunidad que cobijaba a autoridades estatales incluso.

El magistrado Juan Guillermo Cárdenas (izq.) al lado de la también magistrada Consuelo Rincón, con quien comparte tareas en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

VA: Creo que nadie desconoce la complejidad del proceso de Justicia y Paz, pero, ¿realmente ha sido efectivo?

JGC: Mire, hoy estamos no solamente develando la verdad de muchos hechos en pro de las víctimas indirectas, sino que los postulados están entregando bienes para reparar a las víctimas, no el volumen que esperaban todos, pero esos bienes están sirviendo. Entonces mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó recientemente una sentencia por unos hechos que ocurrieron hace 29 años (Palacio de Justicia) y en la justicia transicional ya llevamos cerca de 30 sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz de todo el país, develando miles de verdades y reparando miles de víctimas y juzgando a los diferentes perpetradores de esos crímenes atroces, que de otra forma hubiera sido imposible. Hoy, ellos están purgando ocho años, siempre y cuando no incumplan sus obligaciones. Eso no pasa en otra jurisdicción. Además, el dolor del pueblo colombiano, de comunidades tan alejadas como El Aro y La Granja (Ituango), como Riosucio (Chocó), ya está siendo escuchado.

VA: En algún momento la Fiscalía General de la Nación señaló que la celeridad del proceso de Justicia y Paz dependía más de los tribunales que del propio Ente Investigador, ¿qué opina al respecto?

JGC: Pienso que es un debate necio y sin fundamento. Frente a la magnitud de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), frente a un conflicto armado de más de 30 años, la Fiscalía no podía, en dos o tres años, entrar a tener los elementos materiales de prueba y evidencia física que hoy tiene. Ha sido un tiempo invertido en debida forma. Que de pronto por cambios de fiscales se ha visto afectado el proceso pues es normal, eso pasa y suele suceder. La Fiscalía ha hecho una tarea inmensa y magnifica, para mostrarle al mundo cómo se trabaja en justicia transicional. Y la Judicatura está haciendo lo suyo. Es un equívoco pensar que el ‘balón está allá o acá’, o que se han gastado unos años sin hacer absolutamente nada.

VA: ¿Cómo transmitirle ese mensaje a la opinión pública, que sigue siendo tan crítica del proceso de Justicia y Paz?

JGC: Se ha invertido mucho tiempo en reconstruir una memoria histórica que es la que le vamos a mostrar al mundo y va a ser una muestra, a nivel internacional, de cómo se investigan crímenes de sistema. No se puede pretender que abordar crímenes de guerra, crímenes de sistema, barbarie como la que ha tenido un país como el nuestro en 30 años, se pueden despachar de la noche a la mañana. Eso sería falto de seriedad. Hay que respetar el debido proceso. Pero se está haciendo un trabajo mancomunado y bien hecho. Hay un esfuerzo enorme de la Fiscalía por entregar la información que se le requiere. ¿Cuántas compulsas de copias no se han expedido desde Justicia y Paz contra militares, políticos, alcaldes, gobernadores que otrora eran intocables?, por citar un ejemplo.

VA: En octubre de este año, el fiscal Eduardo Montealegre se mostró partidario de establecer criterios de selección (no investigar todos los crímenes) para investigar guerrilleros de las Farc y el Eln en caso de que lleguen a la justicia transicional tras un posible acuerdo de paz ¿Está de acuerdo con la afirmación?

JGC: A través de la Directiva 03 de 2012, emanada de la Fiscalía, se establecieron unos parámetros para que las investigaciones se dirigieran a los máximos comandantes y se priorizaran a través de los patrones de macrocriminalidad y macrovictimización. Es decir, está permitido una selección de aquellos casos más significativos, aunque el dolor de una víctima y otra no amerita selección, pero frente a los impactos, pues es válido. Lo que pasa es que decirle eso a las víctimas, que se van a seleccionar unos delitos y otros no es, no solo es odioso sino que también creo que la sociedad sentirá que continúa la impunidad.

Pero lo que pasa también es que en un conflicto armado de más de 30 años, los hechos son de tal magnitud que sería imposible, para cualquier sistema judicial en el mundo, investigar caso por caso, delito por delito. No importa el número de jueces que se tenga, no importa el número de funcionarios que estén al servicio, es imposible. Entonces, en ese sentido el fiscal Montealegre lo que trata de significar y así lo están haciendo a través de esa circular, es que no se siga condenando a los patrulleros rasos sino que, efectivamente, las sentencias lleguen a aquellos que al tanto de los aparatos organizados de poder, por línea de mando, son responsables. Y eso es válido.

VA: Como magistrado de Justicia y Paz, que ha conocido los pormenores del paramilitarismo, ¿qué opina de la propuesta del fiscal Montealegre de ofrecer beneficios jurídicos a los miembros de las bacrim?

JGC: Mi impresión frente al tema de las bacrim es que seguiríamos en un círculo vicioso. Es decir, si el Estado no da las oportunidades a quienes se desmovilizan de los grupos armados, pues vamos a tener bacrim hoy, mañana y siempre. Tenemos que sentarnos seriamente a pensar qué vamos a hacer con los desmovilizados, que oportunidades laborales, educativas y culturales le vamos a dar a ellos y la protección necesaria para que lleguemos a una paz duradera.

VA: ¿Cree que está cerca el día en que podamos decir que cerramos el capítulo de la justicia transicional?

JGC: Uno no puede entender una justicia transicional perpetua, pero lo transicional no puede convertirse en un término tan supremamente perentorio que lo que se alcanzó a hacer hasta aquí, pues bueno y el resto no nos importa. No, esa no es la idea. Ya lo decía una juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por qué la gente cuestionaba que en Justicia y Paz, en ocho años, solo tenía 14 sentencias cuando esa misma Corte se gasta 10 y 11 años en una decisión. Así no se mide la justica. Obviamente, a esto hay que darle tiempo. Además, para nadie es un secreto que frente a la magnitud del conflicto colombiano y lo novedoso de la justicia transicional, se ha hecho mucho y se están viendo los resultados.

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Carlos Fidel Villamil, Director Nacional Especializado de Justicia Transicional de la Fiscalía.“No le estoy diciendo que no vayamos a solicitar exclusión, tampoco le estoy diciendo que sí. Lo cierto es que estamos analizando caso por caso”, dice Carlos Fidel Villamil, director Nacional Especializado de Justicia Transicional de la Fiscalía, al referirse a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, exinspector de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y exjefe de varios bloques paramilitares, uno de los casos más complejos que tiene la dependencia a su cargo.

El tema surge luego de analizar las relaciones entre tráfico de drogas y paramilitarismo, asunto que en Colombia ofrece varias lecturas, las cuales se han venido revelando en las decisiones que están tomando fiscales, jueces y magistrados, pues en algunas ocasiones han optado por inclinarse por la exclusión, como en el caso de Francisco Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, y en otras en advertir que era parte de la financiación de las estructuras armadas y debía ser procesado en Justicia y Paz, como puede verse en la decisión que favoreció a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’. (Ver A alias ‘Gordo Lindo’ le crearon un bloque para desmovilizarlo y Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)

Esas diferencias de interpretación, según Villamil, hacen parte de la evolución de los procesos y para ilustrarlo indica que “lo que para la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia jurídica de cierre, aquello que hace 10 años no era, hoy en día sí es. Y eso no es inseguridad jurídica. Eso es la evolución normativa, la evolución social, la evolución de los procesos”.

Y es que si algún tema despierta polémica en el país es la aplicación de las normas de justicia transicional siguiendo el derrotero de la Ley 975 de 2005 y la Ley 1592 de 2012, bajo las cuales se juzga a por lo menos 2.900 postulados, entre paramilitares y guerrilleros, que aspiran a beneficiarse de una pena alternativa de 8 años de prisión. Esas leyes se aplican a quienes dejaron sus armas bajo los acuerdos del gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a varios jefes guerrilleros.

Las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación muestran que, a la fecha, unos y otros han confesado cerca de 45 mil hechos entre masacres, homicidios, desapariciones, reclutamientos forzados, actos de violencia sexual y tortura, que dejaron miles de víctimas en todo el país. Por cuenta de estas confesiones se han compulsado más de 14 mil copias a la justicia ordinaria, que involucran a militares, policías, políticos y empresarios.

Sin embargo, el número de sentencias aún es muy bajo: 21 en total. De ello es consciente el Ente Investigador, que para darle mayor celeridad a este proceso inició desde mediados de 2013 una seria de transformaciones, tanto de carácter estructural como metodológico. De estas últimas se destaca la aplicación del mecanismo de priorización, que se centra en la investigación de 16 postulados por su rango e importancia en la estructura de las Auc (y algunos en las guerrillas de las Farc y el Erg) dándole prelación a delitos de alto impacto y la creación de patrones de criminalidad que den cuenta de los hechos criminales perpetrados por los hombres bajo su mando.

Asimismo, la Unidad de Justicia y Paz pasó a denominarse Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional, con el fin de articular la acción investigativa adelantada en el marco de la Ley 1592 así como la labor de acompañamiento a los desmovilizados que suscribieron los llamados Acuerdos por la Verdad (Ley 1442).

VerdadAbierta.com habló con el director de esta nueva Dirección, Carlos Fidel Villamil, sobre el balance y los retos del Ente Investigador en materia de justicia transicional.

VA: A la fecha se han proferido 21 sentencias en el marco de Justicia y Paz. ¿Se esperan más sentencias, por lo menos para lo que falta de este año?
CFV: Estamos pendientes de varias sentencias. Dos de ellas de los procesos priorizados que se adelantan en Bogotá y una más en Barranquilla. En esos casos ya culminaron las audiencias de incidentes (de identificación de afectaciones) y el proyecto de sentencia ya está en discusión en Sala. Es decir, ustedes saben que primero, el magistrado elabora un proyecto de sentencia y luego lo presenta a los otros dos magistrados para la ‘discusión en sala’. Puede que haya otras que estén en elaboración de proyecto. En este caso dependemos de la celeridad de los tribunales. Ahora, no queremos decir que ellos sean o estén lentos, pero estamos hablando de sentencias bastantes complejas.

VA: En el caso de las que se adelantan en Bogotá, ¿cuáles serían?
CFV: (Salvatore) Mancuso y (alias) ‘HH’. La de Barranquilla es la de Hernán Giraldo. En Antioquia creo que la primera que podría darse sería la de (alias) ‘El Alemán’, pero es que la audiencia de identificación de afectaciones no ha culminado. Pero en ese departamento, ese es el priorizado más adelantado que llevamos. Ahora, no está bien que la Fiscalía diga que van a salir sentencias, pues eso le corresponde a las salas de Justicia y Paz. Pero en ese diálogo que uno va teniendo con los magistrados, pues comentan cuáles están en discusión en Sala. Estamos a la expectativa de que salgan estas tres sentencias.

VA: Es decir que de los 16 postulados priorizados, estas serían las tres primeras sentencias…
CFV: Sí. Ahora valga la pena decir que no es porque solamente se hayan adelantado estos tres, sino que fueron los que acabaron primero. En la medida en que vayan culminando los otros irán saliendo más sentencias. En este momento ya culminamos Bloque Central Bolívar (BCB), Bloque Resistencia Tayrona en Barranquilla, Bloque Mineros también va adelantado, y el Bloque Vencedores de Arauca ya lo terminamos en Bogotá.

VA: ¿Ahora el proceso está en manos de los Tribunales?
CFV: Yo estoy en permanente contacto con los presidentes de los Tribunales, que es el conducto regular, precisamente para saber cómo van ellos en audiencias, y ahí es donde ellos nos comentan: ‘mire, salió esto, el proceso va en esto’. Claro, cada uno en su independencia, cada uno en su trabajo, pero hay un esfuerzo para que haya coordinación. Esto hay que irlo trabajando así. Claro que hay unos casos que no son tan complejos, como Vencedores de Arauca, qué pensaría uno podrían salir rápido, no porque no sea poquito, sino que no es tan complejo. Muy complejo, por ejemplo, BCB. Uno pensaría que Tayrona no es complejo, pero ese bloque, por el tema indígena y por violencia de género, requiere un manejo especial que toma tiempo.

VA: A poco más de un año de su implementación, ¿qué balance hace de la estrategia de priorización?
CFV: Al principio nos costó, mientras encontrábamos la mejor manera de adelantar el proceso. Pero en la medida en que avanzamos en la construcción de los patrones de macrocriminalidad, el proceso comenzó a fluir y se ven los resultados. En un año avanzamos lo que no pudimos en ocho años. Y cada vez será más ágil este proceso mediante esta metodología, aparte de que hay un compromiso de todos los actores involucrados en esto para darle mayor celeridad.

VA: ¿No teme que esa dinámica se afecte, ahora que comiencen a otorgarse las libertades a los postulados que ya cumplieron el tiempo de reclusión que estipula la ley, es decir, los ocho años, así estos no hayan recibido sus sentencias?
CFV: Creo que uno de los objetivos de la justicia transicional es avanzar con bases sólidas hacia una reconciliación nacional. El Estado colombiano les ofreció una oportunidad a estas personas. Ellos la tomaron creyendo en el Estado. Y han cumplido. Prueba de ello es que, quienes no han cumplido, se han excluido. Ahora es el turno de la sociedad de confiar en ellos. Los postulados han manifestado en reiteradas ocasiones su arrepentimiento, han señalado públicamente que se equivocaron. Este es el momento para ver si lo que dijeron es verdad. Pero eso no lo podemos comprobar si no se da esa oportunidad. Ahora, de todas formas ellos siguen vinculados formalmente a los procesos y si no cumplen, aún se pueden excluir.

VA: Hablando de exclusiones, en las audiencias del Bloque Vencedores de Arauca, la misma magistratura sugirió solicitar la exclusión de Miguel Ángel Mejía Múnera, ¿ya se solicitó?
CFV: Sí, ya se radicó ante la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. El pasado 2 de agosto se presentó también ante la Sala de Justicia y Paz de Medellín la solicitud de exclusión del (alias) ‘Tuso’ Sierra. Y tenemos programada para este 26 de agosto la de Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, que será en Barranquilla. Se le pedirá exclusión por faltar a la verdad en tema de género.

VA: Con la solicitud de exclusión de alias ‘El Mellizo’, alias ‘El Oso’ y el ‘Tuso’ Sierra, ¿a cuántos postulados se las ha solicitado exclusión de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz?
CFV: Desde que existe Justicia y Paz se han excluido un total de 2.117 postulados. Por renuencia, por faltar a la verdad, por temas de narcotráfico, por haber delinquido con posterioridad, por no haber entregado bienes.

VA: Conocemos la solicitud de exclusión por no haber entregado bienes de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. ¿Se están estudiando más casos de este tipo?
CFV: Ojalá comencemos a escuchar más casos, pero en este momento, ante la Magistratura, solo está el caso de (alias) ‘Macaco’. Pero eso no quiere decir que la Fiscalía no esté trabajando en eso.

VA: ¿Y a cuántos se les va solicitar exclusión, que estén en trámite?
CFV: No tengo una cifra exacta de los que se les va solicitar, pero eso tiene una explicación. No porque no tenga la información, sino por la dinámica. Estamos evaluando dos o tres casos semanalmente donde miramos: ‘este tipo dijo esto pero tuvimos razón de esto, analicemos’. Y al entrar a analizar, si hay causal para la exclusión, se pide. Por eso no puedo decirle una cifra. Sí puedo decirle que estamos haciendo una depuración frente a los que hay que excluir por renuencia. Es decir, aquellos que estando en libertad no han estado asistiendo. Estamos hablando que en el último año son casi 70 que se han excluido por renuencia. Y están dentro de la cifra total. Y puede que esa cifra sea mayor, pues hay muchas solicitudes que se han radicado, pero todavía no nos han dado fecha de audiencia, hay otras que ya tienen fecha, hay otras que están en apelación.

VA: ¿Cómo analiza la relación narcotráfico-paramilitarismo?
CFV: Mire, todo este debate se abrió precisamente porque no existía claridad en el tema. Y hace parte de la dinámica evolutiva de cualquier ámbito del derecho donde en la medida en que evolucionan las normas y evoluciona la situación social, evolucionan los procesos penales, Así, lo que para la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia jurídica de cierre, aquello que hace 10 años no era, hoy en día sí es. Y eso no es inseguridad jurídica. Eso es la evolución normativa, la evolución social, la evolución de los procesos. El derecho en sí mismo es dinámico.

VA: ¿El narcotráfico fue un mecanismo de financiación de la guerra?
CFV: Se empieza a presentar una realidad dentro del proceso de Justicia y Paz en donde la Fiscalía debía optar por una de dos posiciones: o estas personas narcotraficaron o no narcotraficaron. Al hacer la investigación se encontró que los grupos sí narcotraficaron. Y ahí fue cuando se dieron las primeras imputaciones por narcotráfico hace 3 o 4 años, pues teníamos las pruebas de ello. Ahí vino la discusión con los tribunales, pues si el postulado narcotraficó debía excluirse de Justicia y Paz. Entonces la Fiscalía dice: ‘no, no tiene que excluirse porque el grupo existió dentro de un contexto de conflicto armado en Colombia’. Casi que en el fondo se estaba diciendo que el narcotráfico es una problemática interna en Colombia y por lo tanto es uno de los componentes del conflicto.

VA: ¿Se colaron ‘narcos’ al proceso de desmovilización?
CFV: Hay unas personas que pertenecieron al grupo pero que su fin no fue narcotraficar. Entonces muy seguramente ese máximo responsable sale, pero esas personas que sí tenían un fin en contra de la subversión, ellas no. Pero esto son hipótesis que se van perfilando y muchas más hipótesis se irán dando porque cada vez el tema se hará más especializado. Por ahora tenemos claro que aquellas personas que fueron narcotraficantes e hicieron parte de un grupo para seguir narcotraficando, deben salir del proceso de paz y es lo que está haciendo la fiscalía.

VA: Con esa argumentación, exjefes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, podrían ser excluidas de Justicia y Paz.
CFV: Estamos analizando. Pero lo que pasa es que hay que mirar todo el tema de ‘Don Berna’. No es la misma situación. Él originariamente no era narcotraficante, él incluso era guerrillero creo, luego hay un espacio de tiempo donde termina con narcotráfico. Pero él incluso cuando sale de la guerrilla comienza a ser contactos con paramilitarismo y es cuando coetáneamente entra el narcotráfico a su vida y termina en grupos paramilitares. Entonces, miremos que el nacimiento delincuencial difiere de esa hipótesis. Es una situación diferente y nosotros la estamos analizamos. Ahora, con esto no le estoy diciendo que no vayamos a solicitar exclusión, tampoco le estoy diciendo que sí. Lo cierto es que estamos analizando caso por caso. Es algo que tiene que ir evolucionando porque cada caso tiene su complejidad.

VA: Lo que podemos decir entonces es que la Fiscalía viene depurando el proceso, para excluir a quienes intentaron colarse.
CFV: Efectivamente. Estamos mirando otros temas también, pues podrían proceder exclusiones por otros motivos. La idea es que cada vez el proceso sea de aquellos que realmente participaron en el conflicto y no se están amparando en el conflicto para lavar su situación delincuencial. Ese es el conejo que pueden pretender hacer unos, pero lo que hay que hacer es precisamente depurar. Y eso se va depurando en la medida en que se va a analizando y llevando a discusión. Pero es un proceso muy dispendioso. Hay que filtrar qué sí y qué no. El caso de (alias) ‘Mellizo’, por ejemplo: puede que estemos solicitando su exclusión, pero miremos una cosa: tuvo miembros esa estructura: sí, cometieron hechos: sí, hay víctimas: sí, combatieron a la guerrilla: sí. ¡Ah! Pero (alias) ‘El Mellizo’ se metió en el narcotráfico, entonces ese sale. Por eso, no puede llevarse la consecuencia del cabecilla o su máximo responsable a los demás.

VA: Quiere decir que aparecerán más casos similares a alias ‘El Mellizo’
CFV: En este momentos tenemos unos casos en estudio.

VA: ¿Alias ‘Don Berna’ es uno de ellos?
CFV: Sí, (alias) ‘Don Berna’ está en estudio.

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El magistrado Olimpo Castaño hace un análisis de las dificultades que enfrenta la magistratura para sacar adelante a Justicia y Paz, y a la vez restistuir y reparar a las víctimas. Foto VerdadAbierta.com

Las víctimas de despojo de tierras en Antioquia cuyos casos son tramitados ante tribunales de Justicia y Paz, deberán esperar como mínimo un año más para saber si la justicia acepta sus alegatos y les restituye sus predios.

Así lo reconoció Olimpo Castaño, magistrado con funciones de control de garantías del Tribunal Superior de Medellín y quien tiene bajo su cargo fallar en estos procesos, quizás los que mayor expectativa han despertado a lo largo de la aplicación de la Ley 975(Justicia y Paz).

“Mi agenda se encuentra colapsada hasta diciembre de este año y con esos problemas de agenda es lógico que las decisiones no saldrán con la celeridad que el caso lo demandaría”, aseguró el Magistrado. La poca disponibilidad de tiempo de los funcionarios judiciales y el complejo proceso jurídico que implican los litigios sobre tierras han incidido en este colapso.

A la fecha están en trámite varios procesos de restitución ante el magistrado con funciones de control de garantías que, por su complejidad y el número de víctimas reclamantes y hectáreas comprometidas, podrían constituir casos emblemáticos del despojo de tierras en Antioquia.

Entre ellos se encuentra el caso de la Hacienda Bejuquillo, donde unas 20 familias pidenla restitución de 23 predios en la vereda del mismo nombre de Mutatá, Urabá antioqueño, alegando ser víctimas de comisionistas al servicio del paramilitarismo.

Asimismo, unas 40 familias de la vereda Paquemás, en Turbo, también esperan que la magistratura falle a su favor y puedan recuperar las tierras que dicen les fueron despojadas por paramilitares al servicio de alias ‘H.H’, en complicidad de funcionarios públicos. Y en julio iniciará su curso ante los tribunales de Justicia y Paz uno de los casos de despojo más representativos del Urabá antioqueño y que fue cometido en la zona conocida como Tulapas.

Verdadabierta.com entrevistó al magistrado Castaño para ahondar en estos temas y otros relacionados con la justicia transicional.

VerdadAbierta.com ¿En cuántos procesos de restitución de tierras ha tomado decisiones hasta el momento y qué clase de decisiones?
Olimpo Castaño: “No tengo el dato preciso sobre el número de casos, pero le puedo decir que se han adoptado decisiones en ambos sentidos. En unas se han cancelado títulos fraudulentos y por tanto se han ordenado restituciones de tierra tanto desde lo jurídico como desde lo material. También se han adoptado decisiones en sentido contrario: se ha negado a la víctima la calidad de tal y por tanto no se ha dispuesto la cancelación de los títulos y bienes que reclaman, porque no han acreditado ni su condición ni el nexo causal entre el despojo de la tierra con el accionar delictivo de los integrantes de los grupos armados que se desmovilizaron bajo la Ley 975 de 2005”.

(Verdaabierta.com indagó sobre los casos fallados por el magistrado a la fecha. El primero de ellos fue la cancelación de títulos fraudulentos y restitución material a sus legítimos dueños de los predios Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros, ubicados en Belén de Bajirá, Mutatá, Urabá antioqueño. La determinación, que comprometió 105 hectáreas, fue tomada el 27 de agosto de 2011 después de dos años de fallidos intentos ante la justicia.

El segundo caso fue lacancelación y restitución material a sus dueños de 407 ha -17 predios- ubicados en San Juan Tulapas, Turbo, Urabá antioqueño, ordenada en septiembre de 2011. La tercera decisión fue en marzo del presente año y se trató de la negación de la solicitud de restitución hecha por un campesino de Mutatá, quien manifestó ser víctima de despojo por parte comisionistas al servicio de los paramilitares en la vereda Guacamayas de Mutatá).
 
VA: Las víctimas señalan que estos procesos no están avanzando ¿Usted qué opina al respecto?
OC: Considero, desde mi experiencia como magistrado con función de garantías de Justicia y Paz en el tema de tierras, que esta posibilidad de que nosotros como magistrados restituyamos tierras se dio más por un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que le dio una interpretación, a mi modo de ver, demasiado amplia a la Ley 975 y terminó involucrándonos en este tema. Así ya se presenta una gran congestión en el trámite de estos asuntos, hasta el punto que mi agenda se encuentra copada hasta diciembre de este año.

VA: Es decir, lasdecisiones en procesos de tierras se demorarán…
OC: Obviamente que cuando hay esos problemas de agenda, las decisiones no saldrán con la celeridad que el caso lo demandaría, porque se sigue cumpliendo la función de control de garantías frente al trámite concreto de la Ley 975, que es pronunciarse en torno a las formulaciones de imputación, las audiencias de formulación de cargos y otras audiencias de los paramilitares. Nos dieron la competencia para los trámites de restitución sin que aquí podamos aplicar esas figuras jurídicas específicas que esperamos sí le den agilidad a los trámites de restitución en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

Uno podría decir que a partir de esto ya la agenda, en mi caso particular, se encuentra colapsada, porque mucho tiempo ha habido que dedicarlo al trámite de los incidentes de restitución, que por mucho que los llamemos incidentales, demandan un proceso largo que incluyen el derecho de defensa de quienes alegan ser terceros adquirientes de buena fe exentos de culpa. Eso implica grandes jornadas dedicadas solamente a practicar pruebas. Y como soy del criterio de que aquí no podemos aplicar esas presunciones que trae la Ley de Víctimas, porque no somos competentes para ello, eso dificulta darle celeridad al asunto.

VA: ¿Y qué podría plantearse como posible solución a esta congestión?
OC: Si no se da un viraje a esa interpretación de la Corte (Suprema de Justicia), hasta el punto que se acuda más a la Ley de Víctimas (y Restitución de Tierras) que a la Ley 975 para efectos de restitución de tierras, entonces el trámite será lento por falta de tiempo de los magistrados de control de garantías. En últimas, serán decisiones que se tomarán tardíamente.

VA: Lo paradójico es que, tal como está planteada la Ley de Justicia y Paz, estos trámites deberían ser más ágiles, al fin y al cabo se trata de un mecanismo de la justicia ordinaria llevada a la justicia transicional para darle celeridad…
OC: Es que la justicia transicional no debería estar involucrada en estos asuntos de tierras. Puede que haya mucho despojo pero, creería yo, para eso se ha creado esta nueva jurisdicción especial de la Ley de Víctimasque, digamos, tiene mejores dientes desde el punto de vista jurídico.

VA: ¿Y dónde está el “trancón”?
OC: Si bien los trámites de estos procedimientos podrían ser rápidos, pues no son tan complicados en la medida en que tiene una regulación clara y concreta, el asunto comienza a demorarse, primero, por la falta de disponibilidad en la agenda del magistrado.

Y segundo, porque cuando en este país comienza a discutirse derechos sobre tierras la discusión probatoria se amplia demasiado. Quien reclama la tierra trae muchas pruebas y el que pudo haber comprado de buena fe también trae las suyas y entonces termina esto convertido en un debate muy amplio. A ello habría que sumarle las prácticas probatorias, que resultan indispensables. Si no se tuviese esa carga, pues podría agilizarse, pero eso implicaría nombrar unos magistrados que se dediquen exclusivamente a este tema.  

VA: Aunque precisamente para este tema está la Ley de Víctimas…
OC: Podría decirse que sí, aunque ya hay pronunciamientos de la Corte que dicen claramente que en el ordenamiento jurídico colombiano deben convivir tanto la Ley de Justicia y Paz como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

VA: Como magistrado ¿cuál es la mayor dificultad que presenta la aplicación de la Ley de Justicia y Paz?
OC: Yo creo que uno de los mayores problemas en la implementación de la Ley es que, ni La Fiscalía ni La Judicatura, en general nadie estaba preparado para afrontar todas esas investigaciones que se iban a adelantar luego de las confesiones de las personas desmovilizadas.

Sabemos también que con la extradición de los principales comandantes el proceso se atrasó. Y sigue atrasado porque lograr una videoconferencia con los Estados Unidos, país donde están retenidos, hay que pedirla con seis meses de anticipación y estas se dañan por cualquier motivo. Pero la verdad es que no estábamos preparados y ni estaremos, porque estas personas siguen confesando crímenes y en ellos hay involucrados funcionarios públicos, banqueros, ganaderos, comerciantes. Y me imagino que La Fiscalía ya estará recopilando material para impulsar investigaciones contra estas personas.

VA: Pero, así como en los casos de tierras, ¿Se producirán más sentencias pronto?
OC:  Si uno observa, se trata de justicia transicional donde los casos que involucran a las personas desmovilizadas ya deberían estar juzgados.

Y aunque se critique que apenas hay dos condenas ejecutoriadas, eso es lo que menos me preocupa pues tenemos el caso de la Corte Penal Internacional que después de 10 años de estar funcionando apenas dictó su primera sentencia hace poco.

Aquí se están juzgando eventos de macrocriminalidad que nadie se alcanzó a imaginar lo complejo que iban a ser. Nadie se alcanzó a imaginar la magnitud, no solo desde lo cuantitativo sino desde lo cualitativo, que iban a ser las confesiones efectuadas por estas personas”.

VA: ¿Qué le deja al país Justicia y Paz?
OC: ¿Qué tiene de bueno la Ley? El hecho de que miles de personas que estaban empuñando las armas, que se encontraban en la clandestinidad, se hayan sometido a la Ley, eso es una ventaja que nadie la puede negar.

¿Qué nacen otros grupos? Eso es un efecto que sucede por nuestros ciclos de violencia. Son cientos de miles de casos que estas personas han confesado y si ese amplio universo de víctimas ha logrado tener algo de verdad, eso es algo positivo de la Ley 975.

¿Qué La Fiscalía no estaba preparada para investigar con la celeridad esa gran cantidad de casos?Eso es otro asunto. El mero hecho de que las víctimas se atrevan a ir a las audiencias a preguntarle al postulado, cuando eso hace 10 años era impensable, es otro hecho positivo de la Ley de Justicia y Paz.

El hecho de que a partir de las confesiones de los postulados se haya logrado evidenciar y estén en curso miles de investigaciones, porque son ellos son los que han confesado la participación de funcionarios del Estado en miles de delitos, es algo positivo.

¿Qué pasaba en La Fiscalía? Muchas investigaciones se encontraban archivadas bajo la figura del inhibitorio o de la suspensión. Hoy, gracias a las confesiones se han desarchivado esas investigaciones y ya hay cientos de postulados condenados por justicia ordinaria. Y esas confesiones han servido para reabrir otras investigaciones frente a otros autores o participes que cometieron esos hechos y que no se desmovilizaron o que no hacen parte de la Ley de Justicia y Paz.

VA: ¿Se podrá vencer la impunidad en Colombia?
OC: Es que no todo es tan negro como muchos lo pintan pero tampoco tan bueno como otros dicen. La Ley tiene muchos grises. Pero por lo menos frente a los miles de casos que se encontraban archivados en La Fiscalía, claro que eso va a bajar el índice de impunidad porque habrá justicia y se aspira a que haya reparación integral”.

VA: ¿Qué opina de la reforma a la Ley 975 que se estudia en el Congreso?
OC: Por lo que visto hasta ahora es una reforma conveniente. Sigue siendo un proyecto, pero si el Congreso lograr aprobar un buena iniciativa de seguro va a traer cambios muy positivos, como el que se contempla suprimir unas audiencias que siempre se han considerado una repetición y un desgaste. Además contempla algo muy positivo y es que se pueda priorizar la investigación de unos casos y que se puede prescindir la acción penal en otros.

Y es que soy de los que sostiene que si aquí seguimos con el ‘embeleco’ de que se debe investigar todo y que la verdad material debe coincidir con la verdad jurídica, nunca terminaremos este proceso. Uno no puede ser tan ingenuo, y lo digo con todo el respeto, pensar que un Estado que ha vivido en un conflicto armado en más de 50 años pretenda esclarecer absolutamente todo lo que ha sucedido en esas cinco décadas.

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Eduardo Montealegre, Fiscal General. Foto Semana

Luego de una reunión que sostuvo el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, con los representantes de las Ongs del país, anunció su decisión de ampliar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos sobre derechos humanos que lleva la Fiscalía y en las investigaciones que se realizan dentro de Justicia y Paz. 

El Fiscal aseguró también que uno de los criterios de priorización dentro de las políticas de proteccion a los derechos humanos será establecer en los casos de violaciones de derechos humanos por parte del paramilitarismo, quiénes eran las personas que los estaban financiando y cuáles eran los aparatos de poder detrás de esos grupos de autodefensas.

El Fiscal anunció que hará una reestructuración de la unidad de Justicia y Paz en la que creará subunidades especiales que investigarán delitos de género.  También dijo que las organizaciones sociales tendrían un papel fundamental en la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras.

Fiscal llamó a Ong’s a trabajar conjuntamente

“La Fiscalía respeta el trabajo que realizan las Ong’s  en el país por eso como Fiscal General quiero enviar un mensaje a todos los funcionarios para que valoren la participación de las organizaciones sociales. Este fue uno de los motivos de esta reunión, expresarles a las Ongs un reconocimiento por la labor que cumplen y asegurarles que en la Fiscalía General encontraran una entidad dispuesta a recibir sus conceptos y asesorías”, dijo el nuevo Fiscal General de la Nación.

En cuanto al tema de las falsas víctimas, como en el caso de Mapiripán y de las supuestos carteles de abogados que se han formado alrededor de los procesos de reparación, el Fiscal General aseguró que se investigarán los hechos pero que no se debe dudar de la buena fe con la que las organizaciones sociales realizan su labor.

Por otra parte, luego de haber realizado una evaluación de la seguridad de las organizaciones sociales, el Fiscal se comprometió a dar una respuesta y comunicó su decisión de reorganizar y fortalecer internamente los mecanismos para investigar las amenazas en contra de grupos defensores de derechos humanos y líderes sociales.  

“La fiscalía va a crear unidades especiales dedicadas a investigar los casos de amenazas y ataques en contra de defensores de Derechos Humanos y de Ong’s.  Para esto se formarán 50 investigadores dentro del Cuerpo Técnico de Investigación”, agregó Montealegre.

Las organizaciones sociales participantes llamaron la atención sobre la cifra de agresiones en contra de defensores de derechos humanos, por lo que pidieron a la Fiscalía profundizar las investigaciones en estos casos, que aseguran siguen siendo cometidos por paramilitares o grupos de Bandas Criminales. 

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Insulza dijo nunca haber sido informado de las supuestas afirmaciones que hizo el entonces ministro Sabas Pretelt al jefe de la Misión de la OEA en Colombia, Sergio Caramagna.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, envió respuesta a la carta del expresidente Andrés Pastrana, relativa al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el cual participó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la OEA.

El exmandatario le había pedido en diciembre pasado al jefe del organismo hemisférico pronunciarse por las consecuencias que tuvo el aparente aumento de las cifras de desmovilizados de organizaciones armadas ilegales durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

“Quiero que la OEA explique si Caramagna (entonces jefe de la MAAP), al enterarse de las denuncias, se enteró y qué hizo al respecto y si le dijo al Gobierno”, escribió.

En respuesta, Insulza detalló las actividades de la Misión desde su creación en noviembre de 2004 y aclara que la información supuestamente proporcionada al entonces jefe de la MAPP/OEA por el exministro Interior de eseentonces, Sabas Pretelt, “no fue del conocimiento de mi persona”.

Igualmente, el secretario general afirma en el escrito que tampoco recibió información alguna sobre la conversación entre el jefe de Misión y el embajador estadounidense, a la que alude Pastrana con base en una revelación de un cable de WikiLeaks. Finalmente, indica que Caramagna dejó la jefatura de la Misión a finales de 2008 y se retiró de la Organización.

Vestigios de Wikileaks

En su carta, Pastrana sacó a relucir el cable “confidencial” de WikiLeaks con fecha del 28 de junio del 2006 en el que la cabeza de la OEA en Colombia, Sergio Caramagna, le contó al embajador de Estados Unidos que existía una desproporción en las cifras de desmovilizados y que esa información se la comentó el exministro Pretelt.

“(…) Considero respetuosamente, como ciudadano colombiano, que es el momento indicado para que el señor secretario general de la OEA se pronuncie sobre las consecuencias que tuvo lo relatado por el señor Caramagna en aras de la transparencia y la credibilidad de la misión que tan noblemente desempeñó la Organización en un momento tan complejo para nuestro país”.

La explicación que pidió Pastrana a Insulza se dio en momentos en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al excomisionado de paz, Luis Carlos Retrepo, por la falsa desmovilización de la compañía ‘Cacica la Gaitana’ de las Farc.

En la misiva Pastrana reclama que se aumentó desproporcionadamente el número de desmovilizados en el país y que en el citado cable ya se hablaba de 12.000 hombres más de lo calculado por el Gobierno en las filas del paramilitarismo. Incluso resalta que el país conoció que en esas desmovilizaciones hubo infiltraciones dehombres del narcotráfico.

Texto completo de la carta de respuesta

Estimado Doctor Pastrana:

José Miguel Insulza

Publicado en Semana. Viernes 13 Enero 2012

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Paul Seils es experto en justicia transicional. Fotomontaje Semana

El proceso conocido como Justicia y Paz, que ha servido como mecanismo para la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares en Colombia, está bajo la lupa de analistas y observadores internacionales. Hay quienes consideran que el proceso investigación y juzgamiento que tiene por objeto develar qué fue lo que ocurrió durante los años de la actuación paramilitar es un ejemplo para otros países del mundo. Otras voces menos optimistas advierten que hay una crisis, pues en seis años del proceso, solo hay una condena en firme, mientras que hay más de 380.000 víctimas registradas ante la Fiscalía.

La Comisión de Paz del Congreso de la República abrió el debate en mayo pasado cuando convocó a varios sectores de la sociedad y a representantes del Estado a discutir cuál debe ser el escenario para la paz. La conclusión deja un sabor agridulce: ha habido avances importantes, pero también grandes vacíos.

Por esta razón varias organizaciones como el Centro Internacional para la Justicia transicional (ICTJ), la Misión de Apoyo de la OEA, entre otras, convocaron a un foro para evaluar cuáles deben ser las estrategias para que el proceso de Justicia y Paz sea más efectivo. El tema del foro fue “Selección o priorización como estrategia de persecución de crímenes internacionales”.

A propósito de la discusión, Semana.com habló con Paul Seils, vicepresidente del Programa del ICTJ, quien señaló cuál debe ser, en su criterio, el propósito de la justicia transicional: que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones.

Semana.com: ¿Cuál es el contenido de la ponencia que va a presentar esta semana en la conferencia internacional?

Paul Seils: Es conocido que hay una crisis de credibilidad y de eficacia en el proceso de Justicia y Paz, aunque hay algunos resultados. Pero, en términos de condenas se ve que la credibilidad se está perdiendo y es necesario proponer nuevos criterios para avanzar.

Tenemos entre 3.500 y 4.500 postulados al proceso y hay 405 procesados, es un proceso bastante lento. Pero a la vez, no estamos en la misma situación del 2005, cuando se creó la Ley de Justicia y Paz, porque tenemos mucha más información sobre el fenómeno del paramilitarismo. La pregunta es cómo se debe hacer una selección de casos. En síntesis, creo que se debe, pero no debe ser la oportunidad del Estado para economizar, sino que tiene que ser fundada en los criterios de la política criminal: inteligible, coherente y mensurable.

Semana.com: ¿Cómo se debe dar esa selección de casos?

P.S.: Tenemos que dar unos pasos previos para ver cuáles son los objetivos que estamos buscando. Esto requiere una comprensión sofisticada de la justicia transicional. Los objetivos de esta justicia son: la dignificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la reconstrucción de las relaciones de confianza entre los ciudadanos y el Estado, que por omisión o comisión es responsable.

Esto quiere decir que si vamos a aplicar criterios de selección de casos, tenemos que entender que el proceso no solo se debe basar en el presupuesto de que el paramilitarismo es un fenómeno militar, sino de que, parcialmente, se presentó la cooptación del Estado ya también hubo apoyo de sectores privados. Por eso es importante no perder de vista la necesidad de desmantelar el sistema que lo apoyó y lo sostuvo.

Semana.com: Usted considera que la justicia no está siendo efectiva. ¿Por qué?

P.S.: Porque para mí no se ha comprendido el propósito de la justicia transicional que busca soluciones a problemas reales y urgentes. Este es un concepto práctico basado en principios de derechos humanos y del derecho internacional, pero no es la aplicación religiosa de normas que se aplicarían en condiciones normales. Pero si se opta por la selección, esta no puede ser una salida fácil para que el Estado responda a un problema de eficacia o credibilidad, sino que tiene que ser una renovada política criminal.

Semana.com ¿Cuáles son los términos con los que se evalúa la eficacia de la justicia transicional?

P.S.: La eficacia no se puede medir en casos específicos. La pregunta es, después de un rato prolongado, si la gente tiene más confianza en el Estado, si una masa crítica considera que las instituciones son creíbles y confiables.

Si me preguntan por el proceso en Argentina, yo diría que sí, que el proceso ha sido exitoso 100 por ciento, porque después de los procesos de reparación no ha habido la mínima sugerencia, aún en tiempos de crisis económica, de que el Ejército haya pensado en tomarse el poder. Estos procesos pueden tardar décadas para ver si han sido eficaces, pero el Estado debe enfrentar las tensiones entre la búsqueda de la paz y la búsqueda de la justicia. No hay ningún país que lo haya hecho enjuiciando a cada persona que haya cometido un delito, pero la justicia transicional dice que la solución éticamente aceptable y tolerable no es negar las obligaciones del Estado, sino buscar una solución práctica al problema.

Semana.com: ¿cuáles son las características que hacen el caso de Colombia?

P.S.: En términos generales, cuando la justicia transicional comenzó a ser un concepto práctico para solucionar los problemas de criminalidad y violaciones masivas, hablamos de contextos de represión masiva. La aplicación de justicia transicional en conflictos vigentes o posconflictos presupone que los países han perdido su infraestructura institucional. En ese sentido, Colombia es única porque las instituciones no han dejado de funcionar y por eso se presupone que cuenta con los mecanismos suficientes para conseguir estos objetivos. En cambio, cuando hablamos países como África, donde la infraestructura no existe, no se puede tener las mismas expectativas que se tiene con Colombia. Para cada caso hay que cambiar el lente de observación, porque en Colombia el discurso del Estado es que hay un conflicto vigente pero hay una institucionalidad que no ha fracasado. En ese sentido, las expectativas tienen que ser altas, la demanda tiene que ser mayor. Colombia tiene ventajas sobre otros países, pero a la vez, no ha prosperado mucho la manera en que busca recuperar la confianza.

Semana.com: Hay sectores que dicen que el proceso de Justicia y Paz es un modelo en el mundo, pero hay quienes dicen que es un fracaso. ¿Quién tiene la razón?

P.S.: Sería muy deshonesto decir que no se ha visto nada, aun con las críticas a la desmovilización porque no se desmovilizaron todos o porque no han dicho toda la verdad. El proceso ha permitido que miles de personas conozcan las circunstancias en las que fueron asesinados sus seres queridos y han recuperado sus restos. Eso es positivo. A la vez que ha habido un proceso de participación y compromiso del Ejecutivo y del Legislativo, lo cual es saludable para el funcionamiento del Estado.

Pero al preguntar si ha logrado alimentar la confianza en el Estado, la mayoría podría decir que no está prosperando. Las investigaciones tienen que ser más ágiles. No es suficiente con decir que tenemos miles de casos en un archivo, pero sin procesos. Es un ejemplo porque Colombia se comprometió con el Estatuto de Roma, que dice que el Estado tiene que ejercer su institución penal en cuanto al juzgamiento de delitos graves. Pero con los resultados que hemos visto no es un buen ejemplo, aunque hay esperanza de que se corrija.

Semana.com: ¿Hasta qué nivel deben llegar las investigaciones sobre las redes de la criminalidad?

P.S.: En los últimos 10 años estamos viendo una práctica del derecho internacional que busca que las investigaciones lleguen hasta las más altas esferas. Pero un proceso no se puede basar en la condena a chivos expiatorios. Si el pueblo considera que son chivos expiatorios, no va a tener más confianza en el Estado. Eso no quiere decir que los combatientes rasos no tengan una responsabilidad, sino que son una parte. De ahí la importancia de desmantelar el aparato que cometió los delitos. Si queremos crear un Estado capaz de mantener la paz y de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, se tienen que destruir los aparatos. Por eso, la lógica es llegar hasta los altos responsables y no solamente a los militares, sino que la justicia debe encontrar los vínculos de ese fenómeno político y social llamado paramilitarismo, y cuál fue la impunidad que dejó durante los años en que cometió los crímenes.

Semana.com: ¿En países como Egipto y Libia cuáles son los retos de la justicia transicional?

P.S.: Lo que busca la justicia transicional en Egipto es lo mismo, aunque los contextos sean diferentes. Allá, por ejemplo, hubo un régimen de represión de los derechos básicos de ciudadanos como la libertad de expresión, libertad de participación en la vida pública y cosas más graves. Lo que pide la sociedad egipcia son instituciones del Estado que garanticen sus derechos para tener una vida libre de temor y violaciones. La Primavera Árabe ha sido interesante en términos políticos e históricos porque hay una depuración de la voluntad de una región en el reclamo por sus derechos básicos. El centro del discurso no es la redistribución de la riqueza, oportunidades o empleo, aunque sí hace parte, lo que busca la mayoría es participar en la vida pública, que se respeten sus libertades.

Semana.com: En un proceso de transición, ¿por qué es importante que todo el Estado y no solo el aparato judicial se comprometa?

P.S.: Si la cuestión es de confianza ciudadana y dignificación de las víctimas, todas las ramas del Estado, pero tambiénlas instituciones de la sociedad, deben gozar de la confianza de una masa crítica de la ciudadanía. La rama judicial solo puede ser, en un sentido, el último recurso de esta confianza —pues solo cuando las cosas están mal vamos a las cortes—. Si queremos tener una mayor confianza en el Estado, creo que depende en mucha medida del Ejecutivo y del Legislativo. El concepto de confianza significa que las instituciones del Estado se comportan de tal manera que la ciudadanía considera que garantizan sus derechos.

Publicado en Semana.com

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Héctor Olásolo Alonso, abogado vinculado a la División de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.

En el seminario ‘Avances y limitaciones de Justicia y Paz en Colombia, frente el derecho penal internacional y los derechos de las víctimas’, convocado por la organización holandesa de derechos humanos IKV Pax Christi, con larga experiencia en Colombia, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y el Tribunal Superior de Popayán, el reputado penalista internacional, Héctor Olásolo Alanso,se mostró optimista frente a lo que se ha conseguido en el  proceso de justicia transicional en Colombia, aunque advirtió que también tiene “sombras”.

VerdadAbierta.com lo entrevistó en detalle sobre la visión que expertos penalistas como él tienen de cómo se está desarrollando este complejo capítulo.

VerdadAbierta.com: ¿Cómo le ha parecido el proceso de Justicia y Paz?

Héctor Olásolo Alanoso: En el proceso de Justicia y Paz no podemos dar una valoración definitiva en este momento. Es un proceso que está en evolución, es un proceso que presenta luces y sombras. Los próximos años van a ser definitivos para poder determinar si es un proceso que ha cumplido con los objetivos que se esperan en materia de verdad, justicia y reparación.

V.A.: ¿Cuáles son los puntos que destaca del proceso de Justicia y Paz?

H.A.O.: Lo más positivo es lo que se ha producido en este último año en materia de verdad. Ha habido un avance importante con el protocolo que ha acaba de sacar la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz sobre presentación de medios de prueba en las audiencias de control de legalidad. Es un protocolo concreto que requiere de análisis del fenómeno del delito, que requiere además análisis de las estructuras a través de las que se cometieron los delitos, la forma en la que funcionaba la organización, relación con otros actores que intervenían en el terreno, relación con instituciones públicas y relación con dirigencia política, militar y empresarial.

También en materia de reparación se ha hecho un paso muy importante con la decisión de Mampuján, aunque hay que esperar la decisión de la Corte Suprema sobre si la va a convalidar o modificar parcialmente. Creo que son importantes las medidas que se han adoptado en materia de investigación y persecución de bienes que no hayan sido entregados voluntariamente por los desmovilizados.

En ese sentido la sentencia es paso muy importante, así como la vinculación de los bienes de todos aquellos condenados por concierto para delinquir por pertenencia al grupo paramilitar, en desarrollo del principio de responsabilidad solidaria que establece la Corte Constitucional en su decisión 370 de 2006. Creo queel desarrollo de este principio, no solamente para los miembros desmovilizados y postulados, sino para aquellos otros que participaron en su conformación, es fundamental

V.A.: ¿En qué debe mejorar la ley de Justicia y Paz?

H.A.O.: El marco teórico es el que es. Es un modelo más avanzado que los que podemos encontrar en el modelo de justicia transicional que se produjo España en los años 70, que es un modelo de ley de amnistía en blanco que ya no es aceptable por el derecho internacional; o el modelo Sudafricano de amnistía condicional, donde si se cumplen unos requisitos de elegibilidad se otorga una exención de responsabilidad en lugar de una pena atenuada.

Desde este punto de vista, la ley de Justicia y Paz es un paso adelante y es bienvenida. Ahora hace falta trabajar para que se implementen esas medidas dirigidas a que efectivamente haya verdad y una reparación integral.

En ese sentido creo que es muy importante potenciar el trabajo con víctimas, porque entiendo que realmente no hay. Se podría mejorar la coordinación entre Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Comisión (Nacional de Reparación y Reconciliación), en el sentido que las víctimas una vez entregan el documento que tienen de hechos producidos, que se entrega a la Fiscalía en un primer momento, se las pudiese llamar para que al momento de la versión libre, pudiese estar también presente la Defesaría y se analizara el aporte documental y proceder al nombramiento del un defensor público que haga defensa técnica de la víctima desde el principio.

Además que tuviera la posibilidad de reunirse con ellas no solamente a explicar.Sino que pudiera defender la pretensión de la víctima y hacer las observaciones oportunas frente a la verdad presentada por los postulados, que la voz de la víctima se pudiera escuchar de una manera más efectiva.

V.A.: ¿Por qué la justicia y la comunidad internacional tienen sus ojos puestos en Justicia y Paz?

H.A.O.: Porque es un proceso importante. Justicia y Paz viene unido con parapolítica y con los procesos de la jurisdicción ordinaria frente fuerza pública y agremiaciones que parece que estuvieron relacionados o participaron en la formación y consolidación de los grupos paramilitares.

Este proceso es importante porque con él se quiere ver si es posible, en una situación de violencia de la magnitud tan grande como la paramilitar en Colombia, ser investigado y enjuiciado adecuadamente a través de la institucionalidad nacional. La idea fundamentalmente es potenciar, promover y consolidar el Estado de Derecho dentro del lugar en el que se cometen los hechos. Si se puede invetigar y enjuiciar efectivamente es el Estado el que sale favorecido.

Si esto no es así, habría un problema importante no solamente para Colombia, sino para la comunidad internacional, que tiene sus ojos puestos en este proceso. Por ahora ésta cree y confía que se puede desarrollar a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales, pero respondiendo a los criterios de verdad, justicia y reparación.

Por eso las decisiones de Mampuján en reparación y el protocolo que acaba de sacar la Sala de Conocimiento en materia de presentación de medios de prueba en las audiencias de control de legalidad, son un paso muy importante.

Lo que se está viendo ahora, después de haberse establecido los protocolos o estándares que se van a aplicar en materia de verdad y reparación, es ver cómo se van aplicar de aquí a futuro. Lo que se está viendo internacionalmente es si a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales, se puede llevar realmente a cabo una investigación y enjuiciamiento del fenómeno del delito y de los principales actores. Eso es fundamentalmente lo que se está analizando y lo que se espera.

Lo que se espera es que estos protocolos que han salido hace poco se puedan implementar realmente en los próximos años, y que en materia de víctimas se multiplique la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de la Defensoría Pública para que efectivamente puedan ser atendidas.  

V.A.: ¿En caso que no se pueda hacer lo suficiente en verdad y en reparación, qué pasará?

H.A.O.: Diferentes instancias internacionales, tanto la Corte Interamericana como la Corte Penal, están observando detenidamente qué está haciendo la justicia colombiana y si esta no puede conseguir lo que se ha propuesto, tendría que entrar en juego la justicia internacional.

En este momento corresponde mostrar las luces del proceso y no ocultar sino resaltar las sombras. Mostrar vías a través de las cuales las preocupaciones se pueden solucionar y ver si los actores internos tienen la voluntad para tener un proceso que cumpla con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación

V.A.: ¿Es negativo que haya una sola Sala de Conocimiento en Justicia y Paz?

H.A.O.: Hasta ahora el hecho que haya una sola Sala de Conocimiento no ha sido tan negativo, en el sentido que a permitido una formación y capacitación muy importante de estos magistrados, y al mismo tiempo ha permitido un marco jurídico homogéneo que de entrada señala los estándares que se van a aplicar.

Establecidos estos estándares y una vez que se tenga la decisión de la Corte Suprema en relación con la sentencia de Mampuján, ahí si debe plantearse la necesidad de dotar de personal de apoyo a estos magistrados o el incremento de las salas en las que se imparte control de garantías.

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Luis González,director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Foto: Semana. – Más de seis mil hechos han sido imputados a desmovilizados

Desde que el Congreso votó la Ley 975 o de Justicia y Paz el 25 de julio de 2005 esta ha producido centenares de noticias impactantes. Decenas de fosas comunes descubiertas, familiares que han recuperado los restos de sus seres desaparecidos hace años, miles de asesinatos develados, revelaciones de nexos entre paramilitares y políticos, captura mafiosa de entidades del Estado… la verdadera magnitud de una tragedia que no se vio mientras sucedía.

Unos de los protagonistas de este proceso ha sido el santandereano Luis González León, a quien le fue encomendada la difícil tarea de montar, poner andar y orientar la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Venía de ser director nacional de fiscalías, y antes de esto, fiscal antisecuestro.

Cinco años después, cuando el proceso de Justicia y Paz sigue su curso, y no se le ve final cierto, VerdadAbierta.com entrevistó a González para que diera un diagnóstico y analizara las perspectivas del proceso. Advirtió del peligro de las bandas emergentes y de la guerrilla y abogó porque todos los colombianos se unan en torno a este proceso.

VerdadAbierta.com presenta una síntesis de la entrevista. (En los videos adjuntos está la entrevista completa).

VerdadAbierta.com: ¿Ya van cinco años de Justicia y Paz. Cuánto tiempo más cree que se pueda demorar el proceso?

Luis González: Uno quisiera tener la capacidad de poder prever cuánto nos vamos a demorar,  pero a diario nos sorprenden los postulados, diciendo lo inimaginable que habían hecho. Cuando cuantificamos los crímenes, ellos dicen ‘¿Nosotros hicimos todo esto?’. Ellos mismos se aterran, no sabían que eran una maquina, más allá de la barbarie. No tenían ni idea que habían hecho.

VerdadAbierta.com: ¿Pero en qué porcentaje del proceso cree que estamos?

L.G.: Yo creo que si uno mira los hechos que tenemos documentados hay alrededor de 150 mil y ya vamos llegando a esclarecer 40 mil. En promedio vamos en una cuarta parte.

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es el avance más importante del proceso de Justicia y Paz en estos cinco años?

L.G.: Lo más importante fue cambiar la atención de la Fiscalía a las víctimas,  antes nadie salía a buscar las víctimas. Ahora no nos quedamos en las oficinas, vamos a las veredas, a las poblaciones más afectadas. Es una diferencia enorme en la administración de justicia. Hemos atendido a más de 100 mil víctimas.

Otro logro importante es el derecho de las víctimas a saber y a participar. Hemos hechos esfuerzos importantes para que lo que esté sucediendo acá en Bogotá se lleve a mil kilómetros a Apartadó por transmisión satelital y las víctimas allá puedan escuchar y preguntar.

Además no hemos cumplido cuatro años, desde que recibimos del Gobierno la primera lista de postulados a Justicia y Paz y ya tenemos a 256 con imputación, con más de 19 mil delitos. Hay además 56 perpetradores esperando sentencia.

VerdadAbierta.com: ¿Cuáles son las verdades más importantes que se han destapado?

L.G.: El compromiso y la relación que se ha podido establecer en un número muy alto de servidores públicos con estos grupos. Ahí dimensionamos las consecuencias de lo que la justicia no hizo y lo que ha debido hacer.  También de lo que permitieron las instituciones que se hiciera y no han debido permitir.

Haber permitido que estas organizaciones permearan a tantos funcionarios, miembros del Ejército, del Das, de la Policía, de la Fiscalía, de las alcaldías, a tanto político.
Esa es la verdad que más nos duele, porque ahí se dimensiona que es una sociedad anestesiada.  Esta es una sociedad en la que hoy hay dolor, mañana  a nadie le interesa. Para mí esa verdad es la más preocupante, es la que refleja la gran capacidad de daño de la corrupción.

VerdadAbierta.com: ¿En reparación cuáles han sido los mayores logros de Justicia y Paz?

L.G.: El logro más importante es el tema de desaparecidos. Ya recuperamos 3.269 restos, entregamos más de 1.100 restos a sus familiares y estamos pronto a identificar otros 600. A mí eso me enorgullece.

¿Qué sacaría yo con tener 20 sentencias contra paramilitares si no hubiera salido a buscar los desaparecidos?

Algunos nos juzgan, que porqué somos tan lentos, que haber identificado 1.200 restos no es nada. Compárenos con el mundo, a ver  quién, en tan corto tiempo ha hecho lo que hemos hecho.

VerdadAbierta.com: ¿Cuáles son los retos de la unidad de Justicia y Paz?

L.G.: El tema que nos asusta ahora es el tema de las Farc y el ELN. ¿Cómo vamos a enfrentar a los 400 desmovilizados que llegaron?

Si hacemos el mismo trabajo que con el paramilitarismo: cuando nació, por qué nació cada frente, si nos vamos a las regiones, catalogamos cuáles son las víctimas, no tenemos como terminar el proceso con el personal que tenemos.   

VerdadAbierta.com: ¿Cree que con el nuevo gobierno Justicia y Paz va a tener más medios?

L.G.: Este Gobierno nos ha dado mucho. De 295 funcionarios pasamos a 1.048, crecimos enormemente en presupuesto. Lo que pasa es que cada vez que dimensionamos,nos quedamos cortos.

VerdadAbierta.com: ¿Qué problemas han tenido?

L.G.: Falencias y deficiencias tenemos muchas. Por ejemplo en reparación pues no han llegado los bienes. Tenemos un reto enorme para encontrar los bienes de estos grupos al margen de la ley..

VerdadAbierta.com ¿En ese sentido qué piensa de la decisión de los magistrados de Justicia y Paz de crear una unidad especializada en la Fiscalía para rastrear los bienes de los ex ‘paras’?

L.G.: Respetamos las decisiones de los Magistrados pero apelamos porque tenemos que ver si lo mejor es seguir creando unidades nacionales o  fortalecer equipos que estén enfrentados a  estas organizaciones.

A veces concentrar todo en una unidad también puede crear dificultades. La Fiscalía no tiene personal para enfrentar tantas obligaciones. Y el hecho no es decir“créese una unidad”, es decir “hagan un estudio y Congreso, dele a la Fiscalía la planta que necesite para este tema y dele los recursos a esta unidad”.

VerdadAbierta.com: Hace unas semanas varios desmovilizados les enviaron una carta a Gustavo Petro y a Iván Cepeda donde dicen que tienen más de cinco millones de hectáreas en sus manos. ¿Cuál es su posición?

L.G.: Los desmovilizados en Justicia y Paz han tenido todas las oportunidades para entregar los bienes. Yo creo que todos quieren manipular este proceso, ya llegó el momento de empezar a expulsar, cada cual se construye su suerte y va a tener lo que se merece.

VerdadAbierta.com: ¿Y usted cree que hay plata para tanta víctima?

L.G.: Le dejo esta respuesta a los matemáticos, porque las cifras son escandalosas. Si acudimos a las tesis normales de reparación, es multiplicar y sumar y ahí se sabe cuánto hay que pagar por cada homicidio, por cada desplazado.

No creo que en el mundo haya una organización, de estas que han hecho tanto daño, que con sus bienes puedan reparar ella sola a las víctimas que han causado.

Así entregaran todos los bienes, no alcanzarían para reparara todas las víctimas. 
 

VerdadAbierta.com: ¿Cuáles son los cuellos de botellas que tiene el proceso de Justicia y Paz?

L.G.: Para mí el principal cuello de botella, y toca desatarlo este año, es que hay 56 postulados con más de cuatro mil delitos esperando sentencia. Ya no depende de la Fiscalía sino del poder judicial a ver si nombra más magistrados para poder avanzar. Hay gente que lleva más de un año esperando.

Otra dificultad es que no teníamos donde mirar, nos correspondía construir el camino que íbamos a andar con los procesos y la jurisprudencia ha ido forjándolo.

Ahora tenemos mensajes claros sobre cuál es la dinámica de cada etapa del proceso y para qué es cada audiencia: la de imputación, la de cargos, la de legalización. A pesar de que la Corte ha sido clara, parece que las tres son la misma. Uno diría: “Rápido, hagamos una modificación y esas audiencias que nos hacen perder tanto tiempo, volvámosla una sola o dos”. Ahí hay otro cuello de botella, es que no se ha delimitado la naturaleza de cada una de las diligencias.

Y otro gran cuello de botella, que no sabemos cuándo lo vamos a solucionar, es que el proceso judicial lo volvimos uno de verdad total.  Nos preguntan tantas cosas que no se ven reflejadas en los fallos. Si durábamos semanas en este debate y no va a estar reflejado en el fallo ¿Para qué lo debatimos? Estamos en mora de construir para qué es el proceso y no convertir el proceso judicial en proceso de verdad.

VerdadAbierta.com: ¿Qué piensa de la prórroga de Justicia y Paz que ha buscado el gobierno de Uribe?

L.G.: Lo lógico es que ingresen todos los delitos que cometieron hasta el día que se desmovilizan. No entendemos cómo ‘Karina’, que se desmovilizó en el 2008, sólo va a responder en Justicia y Paz por hechos cometidos hasta el 25 de julio de 2005. Crearíamos dos condiciones de víctimas.

Mi llamado y mi posición ha sido que debemos permitir que este país logre la paz, con políticas sensatas y lógicas. Alguien dijo que este país iba a seguir así por siempre, si no le apuesta con políticas definitivas ala paz o a la guerra.

Si seguimos con decisiones intermedias, vamos a seguir  en todo esto que estamos. Ya vamos para lo mismo con las bandas criminales, con las Farc, con el ELN, con el narcotráfico, con el crimen organizado creciendo. Vamos a un escenario igual o más complicado que el qué estamos dejando.

VerdadAbierta.com: Usted es el jefe de unidad donde hay casos emocionalmente muy fuertes. ¿Cuál ha sido el episodio más conmovedor que ha vivido?

L.G.: Los que tienen que ver con menores, que estas organizaciones hayan reclutado miembros de tan corta edad.

Recuerdo una vez que el doctor Gordillo (Fiscal del Despacho 2 de Justicia y Paz) me dijo: “Estoy desaminado, un postulado que ingresó a los 10 años a la organización me contó cómo lo formaron, cómo lo reclutaron. Cuando me contó que asesinó, le pregunté: ¿Qué sintió? Y me dijo: ‘¿Doctor, acaso hay que sentir algo cuando se mata?’” Es el colmo que nos pase esto.

VerdadAbierta.com: ¿En ese sentido cree que es posible llegar a la paz?

L.G.: Vuelvo y digo que hay que apostarle a la paz y que todos tenemos que aportar, rodear los procesos.

El problema es que no tenemos una unidad donde tengamos un conceso de las fuerzas políticas, económicas, religiosas para sacar adelante el país. Aquí parece que es lo contrario, que nos pusiéramos de acuerdo para permanece cada día yendo más al fondo en la violencia y en la desarticulación de la sociedad.

El panorama no es fácil para este país, no es fácil.

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Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Foto: Semana.

VerdadAbierta.com entrevistó al presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, quien cuestiona la forma en la que el Gobierno hizo la desmovilización de los paramilitares, además que los paramilitares no cumplieron con el cese al fuego prometido y siguieron asesinando personas, y también asegura que el número de desmovilizados no coincide con las cifras.

Gallón asegura que muchos desmovilizados, que cometieron delitos y que no tenían procesos abiertos en la justicia, no han respondido por esos crimenes con lo que considera que se dio una amnistía a muchos paramilitares.  

La Comisión Colombiana de Juristas es una ONG con estatus consultivo ante las Naciones Unidas que lanzó el pasado 22 de julio su segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 (también conocida como ley de Justicia y Paz) de 2005.

Previo al lanzamiento de la investigación, la CCJ hizo un seminario con víctimas de la violencia y expertos en diferentes temas para discutir sobre los problemas de la impunidad, la restitución de tierras, los impactos psicosociales y la continuación de estructuras paramilitares, que continúan pese a la desmovilización de los grandes grupos paramilitares.

En la entrevista con VerdadAbierta.com, el director de la CCJ, habló sobre los logros y fracasos de Justicia y Paz (Vea la versión PDF del libro).

VerdadAbierta.com: ¿Por qué el libro se llama La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares?

Gustavo Gallón: Llegamos al título de La metáfora de la desmantelamiento de los grupos paramilitares parodiando una expresión que el propio Gobierno utilizó en relación con el cese al fuego. El primero de diciembre de 2002 el Presidente de la República anunció que se había iniciado oficialmente la negociación con los paramilitares, pero que estaba sujeta a la condición de que no hubiera ningún muerto más.

Eso no fue cierto. Las organizaciones de derechos humanos comenzamos a registrar día tras día muertes y desapariciones de personas por parte de grupo paramilitares. Así lo informamos al Gobierno y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

El Gobierno lo negó en diversas oportunidades y en febrero de 2005, el entonces Alto Comisionado para la Paz (Luis Carlos Restrepo), frente a estas críticas dijo: “es que el cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad”. En realidad metáfora no es la expresión correcta, pero lo que él quiso decir es que el cese de hostilidades es un cuento, que el cese de hostilidades es una simulación; no se lo tomen en serio, es algo frente a lo cual hay que ser muy flexible.

Hemos visto que así como el cese de hostilidades fue una simulación, también la justicia y la desmovilización han sido una simulación o una metáfora como dijera el Alto Comisionado. Es decir, que se ha dado algo de desmovilización pero no en la forma y en la dimensión en la que el Gobierno lo dice.

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es el balance que ustedes hacen después de estos cinco años de Justicia y Paz?

G.G.: Primero, que no es un proceso de paz, que eso también es una metáfora. No es un proceso de paz justamente porque no se ha logrado la desmovilización, que es una de las condiciones de legibilidad establecidas por la propia ley 975 para la concesión de los beneficios

Tampoco es un proceso de paz porque se ha producido la extradición de los jefes paramilitares, y no se extradita aquel con el que se hace la paz.

Y porque continúan en actividad un número considerable de paramilitares. Según unos estudios son cuatro mil, en otros son 10 mil los paramilitares en actividad, y no hay que olvidar que eran 12 mil los paramilitares que estaban en actividad cuando se inició este Gobierno. Lo cual significa, además, que los paramilitares que se habrían desmovilizado son una mínima parte comparados con los que están en actividad actualmente.

Lo que hemos constatado es eso. Hemos valorado el hecho que haya algunos paramilitares desmovilizados y privados de la libertad. Hemos valorado el hecho de que haya habido algunos relatos que permitieron descubrir la forma de actuar de algunos paramilitares.

Pero también nos ha preocupado ver que esto es muy poco en relación con los resultados que habría debido tener en materia de verdad, justicia, reparación y paz.

VerdadAbierta.com: Para ustedes, ¿cuáles son las cifras reales de la desmovilización?

G.G.: El Gobierno había informado de manera constante que los paramilitares desmovilizados eran alrededor de 31.600. De esos 31.600, fueron desmovilizados 28 mil, no por la ley de Justicia y Paz, sino por el decreto 128 de 2003, en el que el Gobierno dijo: “los que no tengan procesos iniciados antes de la desmovilización quedan en libertad”.

Lo cual es ilegal y fue una amnistía de facto, prohibida por la constitución, y así lo declaró la Corte Suprema de Justicia en un caso, que puso en entredicho el que estas personas no fueran sometidas a un proceso judicial.

Los 3.600 restantes fueron incluidos por el Gobierno en una lista de postulados a la ley de Justicia y Paz ante la Fiscalía. De esos 3.600, se han presentado ante la Fiscalía 600 ó 700 postulados. Lo que significa el 2 por ciento de los 31.600 que el Gobierno dice que se desmovilizaron.

Ahí hay varias cosas graves. Una, ¿qué pasa con los tres mil restantes que fueron postulados a la ley de Justicia y Paz y no se han presentado en la Fiscalía? No hay ninguna acción contra ellos, están en la impunidad y también hay una amnistía de facto en relación con ellos.

Es decir, hay 31 mil paramilitares con amnistía de facto y 600 que han sido sometidos a la ley de Justicia y Paz. Eso es contrario a todo. Es contrario incluso a la propia ley 975, a la legislación colombiana y a los tratados internacionales.

Además de eso, no entiende uno cómo se produce esa cifra de 31.600, cuando eran 12 mil los paramilitares, que según las cifras oficiales, acumuladas además, tenía este Gobierno cuando comenzó en agosto de 2002.

Recuerdo que cuando inició el gobierno de Pastrana según las cifras oficiales, los paramilitares eran ocho mil, y cuando terminó eran 12 mil. O sea, esto es una seriede cifras que tenía el Gobierno y no es que las hubieran sacado de la noche a la mañana.

Un desfase tan grande no se puede entender, de 12 mil a 31.600, casi triplicado el número de paramilitares. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿es cierto que se desmovilizaron 31.600?

Si es cierto, es muy grave, porque significa que los paramilitares crecieron como nunca durante  el primer periodo del Gobierno de Uribe.

Pero por otra parte sabemos que no es cierto, lo cual también es grave, porque entonces hay un engaño. Porque varios jefes paramilitares han confesado que ellos a última hora vincularon a muchachos que no eran paramilitares, para que se dejaran tomar la foto como paramilitares y recibieran subsidios.

Entonces, si teníamos 12 mil paramilitares y hay diez mil paramilitares en actividad, la conclusión que puede sacar la población colombiana en este momento, es que los paramilitares que se desmovilizaron fueron un poco más de dos mil.

La situación se hace mucho más grave ahora, cuando el Presidente en su discurso del pasado 20 de julio dice que son 53 mil los combatientes que se han desmovilizados bajo la regulación de la ley de Justicia y Paz.

De esos 53 mil, hay que descontar unos guerrilleros que son más o menos seis mil o siete mil. O sea, ya no serían los 31.600 que el Gobierno venía diciendo, sino que pasamos a 47 mil. Esto es una multiplicación de cifras que uno no entiende y que realmente esconde un propósito de distorsionar la realidad.

VerdadAbierta.com: Usted habla de cuatro mentiras en la ley de Justicia y Paz, ¿cuáles son?

G.G.: Garantía de no repetición. Mientras que el Gobierno dijo que no habría ni un muerto más, sí ha habido más de 4300 muertos y desaparecidos registrados como producto de las acciones de paramilitares después de iniciar el proceso de negociación, y el Gobierno después confeso que el cese de hostilidades era una metáfora que había que manejar con mucha flexibilidad.

Verdad. Hay una verdad muy escasa, pero además el Gobierno y voceros suyos han dicho: el país no está preparado para conocer la verdad.

Reparación. No hay reparación real, seria. Y el Gobierno está proponiendo en este momento limitar los topes de la reparación.

Desmovilización. Y la desmovilización en cuanto tal, por las cifras que acabo de decir.

VerdadAbierta.com: ¿Se debe hablar de Bacrim o grupos paramilitares?

G.G.: El Gobierno habla de bandas criminales, nosotros pensamos que hay grupos paramilitares que constituyen bandas criminales. El Gobierno trata de establecer una disociación entre los dos términos, se inventa un nuevo término con nombre de vermífugo y cree que con eso cambia la realidad.

El problema de los paramilitares no es su denominación, el problema de los paramilitares es la actividad. Y como lo dijeron algunas víctimas en el evento de hoy, en sus regiones los paramilitares continúan actuando, continúan matando gente, continúan ejerciendo coerción sobre la población y controlando políticamente muchos sectores de la actividad.

VerdadAbierta.com: ¿Es decir que siguen operando igual que los grupos que se desmovilizaron?

G.G.: Ha habido cambios indudables. Ha habido desmovilización de algunos paramilitares. Ha habido desuniformación, no están actuando en este momento con uniformes, aunque en algunas partes sí. Ha habido detención o privación de libertad, e incluso la extradición de algunos jefes paramilitares. Ha habido relevos en la dirigencia. Pero concluir de allí, que lo que hay en este momento es algo absolutamente distinto de lo que había antes, es realmente maquillar la realidad

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es la postura de ustedes sobre el proyecto de ley para prorrogar la ley de Justicia y Paz?

Es un abuso más. Primero, es contradecir lo que el propio Gobiernodice, porque, ¿para qué una ley que permita a los paramilitares desmovilizarse en el futuro si supuestamente no hay paramilitares? Es una demostración de que el Gobierno no está diciendo la verdad cuando dice que se acabaron estos grupos.

Segundo, es una ley de impunidad que permite seguir matando y violando derechos humanos, con la promesa de que se obtendrán rebajas de penas en el futuro.

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