La respuesta de Eduard Heriberto Mattos Barrero

VerdadAbierta.com contactó a Eduardo José Mattos Barrero, quien indicó ser el dueño de la Sociedad Agropecuaria Villa Diana Ltda. y de los predios en Mapiripán llamados Los Secretos. Por correo electrónico, esta redacción le envió un cuestionario que Mattos Barrero respondió por teléfono y cuyas respuestas se transcriben en este texto. Mattos envió a esta redacción documentos relacionados con las tierras que tiene en Mapiripán y que se adjuntan a continuación:

-Documento 1        -Documento 2        -Documento 3       -Documento 4       
-Documento 5        -Documento 6        -Documento 7       -Documento 8
-Documento 9        -Documento 10

VerdadAbierta.com publica textualmente las respuestas contestadas por Mattos Barrero:

¿Cómo usted llegó al Meta, quién lo invitó o lo referenció?
 Fui por un comisionista Rafael Daza. Estando hospitalizado en Valledupar de una cirugía fue a visitarme y me hizo el comentario que había una finca que la estaban vendiendo muy buena, con palma en una tierra alta toda para el cultivo de palma africana, como dijo el presidente Álvaro Uribe, entonces pues por eso me interesó al finca y me desplacé después de mi incapacidad al Llano.

¿Eso en qué época fue? ¿En 2006 o antes?
Eso fue en 2007.

¿Usted sabía que en Mapiripán hubo violencia y desplazamiento?
Si sabía, inclusive, hago la aclaración de que como fui enterado de los problemas que hubo allá de guerrilla, de paramilitares, de narcotraficantes y de todo, hice un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación sobre los títulos del Secreto 1, Secreto 2, Secreto 3 y la finca El Agrado, y la Fiscalía me contestó que no había ningún problema jurídico con las matrículas del Secreto y del Agrado.

¿O sea que ustedes además del Secreto 3 son propietarios del secreto 1 y 2 y de Los Agrados?
No. Soy propietario del Secreto 1, 2 y 3. Del Agrado no porque se empantanó la negociación porque yo salí desplazado de allá por amenazas del señor paramilitar alias ‘Cuchillo’ (Pedro Oliverio Guerrero, jefe del Frente Guaviare de las Auc y luego de la banda criminal Erpac, muerto por la policía en diciembre de 2010).

¿Cómo supo usted de esta tierra, por qué le gustó y por qué le pareció buena para invertir?
Bueno ya contesté, por influencia de palma como dijo el presidente Uribe.

¿La finca cuando usted la compró ya tenía la siembra?
Tenía una parte de la siembra.

Una pregunta antes, Rafael Daza era un comisionista de qué, ¿de negocios en general?
De negocios, él es un señor que se mueve y vive de las comisiones.

¿O sea busca negocios, los ofrece  y obviamente él se gana un porcentaje por vender…?
Correcto

¿A quién le compró?
A la señora Rosa Delia, a un señor Guillermo Cubillos. Te paso unas copias de las escrituras firmadas y de los títulos.

¿Cuánto dinero pagó por los predios?
 Lo que reza en las escrituras.

¿Qué quería desarrollar usted en ese predio?
Cultivo de palma

¿Y cuál era su meta?
Sembrarla toda, inclusive poner extractores, poner todo.

¿Pero predios como el Secreto 1, 2 y 3, más o menos para qué capacidad de palma daban?
Esos predios tienen  4.800 hectáreas.

¿Y su meta era sembrarlas todas en palma?
Todas en palma

¿Cuántas plántulas o cuántas hectáreas alcanzó a tener sembradas ahí?
Eso se lo indico con el plano y las escrituras porque ahí en El secreto hay como unas 300 ó 400 hectáreas sembradas.

¿Sabía usted que el predio había sido baldío y que las personas que les vendió no podían hacerlo sino en el transcurso de 15 años?
No lo sabía señorita.

¿Usted conoció a Diego Rivas?
Si lo conocí.

¿Y quién es Diego Rivas?
 Un señor que es dueño de El Agrado y por eso fue que metí en el derecho de petición la finca El Agrado, solicitándole a la Fiscalía los tres títulos del Agrado que eran de propiedad de Diego Rivas.

Es decir, a usted también le había interesado El Agrado pero cuando fue a averiguar le dijeron: no eso ya tiene dueño…
Correcto, eso es del señor Diego Rivas, inclusive, me dieron una copia de un título que está a nombre de Diego Rivas Ángel.

¿Y usted alguna vez conversó con él?
Sí

¿Y él por qué era conocido en la zona, él también era empresario?
Una cooperativa que tenía y sembraba con comodidad con la gente. Todo el mundo lo conocía en la zona de la finca.

¿En algún momento pensó en asociarse con él a partir del desarrollo del cultivo de palma?
En ningún momento me gustan las sociedades, me gusta comprar y ser el único propietario.

¿O sea que el conocimiento era más de vecinos?
Correcto, inclusive, llegamos en un momento a hacer una negociación y después se empantanaron las cosas que fue cuando me sacaron de allá y me amenazaron de muerte si ponía alguna denuncia, alguna cuestión, y por eso nunca la puse y hasta hoy, me encuentro, inclusive la finca está sola, yo compré en Tienda Nueva una bodega a un señor de Granada que ahí tengo una carta venta hecha por el señor y tengo partes de implementos allá en mi bodega sobre la carretera negra en la entrada de la bodega.

¿Hasta cuándo estuvo tranquilo en el Secreto?
Como hasta 2008, 2009 y es tanto que yo metí un poco de abono, de trabajo y abono que compré, maquinaria y me hicieron sacar toda la maquinaria, inclusive todavía tengo eso por allá tirado, zorros, corta-maleza, tractores, los tractores sí me los traje porque dije esto se lo roban. Allá tengo a una persona que me cuida la bodega.

¿Pero cómo fue el episodio?
Al llegar a la finca, a amenazarme que cuándo llegaba yo, y bueno, tenía prohibido decir y se comunicaban conmigo. Un día llegó un señor en un carro y llegaron como diez personas: “que señor Mattos, si no se va le recogemos todo esto y está amenazado porque esta propiedad de esta tierra es del paramilitarismo y aquí mandamos nosotros porque tiene que comprarnos a nosotros”.

¿Eso fue en el año 2008?
De 2008 para 2009

¿Y a quién le atribuye eso a ‘cuchillo’ o a los paramilitares en general?
A un señor que le decían ‘Cuchillo’.

¿En qué momento dice, no mejor me voy porque nos pueden matar?
Yo dije: no se preocupen, esto pasará algún día. El Estado tendrá que tomar cartas en el asunto, fui pagué nóminas, pagué todo y le pagué a todo el mundo. Recogí mis cosas y las metí en la bodega, ya en la carretera en la entrada de Tienda Nueva, allá dejé todo eso y de ahí me traje todo eso para la Costa.

¿Cuántas personas eran sus empleados, cuántas se afectaron con ese desplazamiento?
Yo tenía aproximadamente unas ochenta personas.

¿En qué mes usted dice: me voy porque me matan?
Fui amenazado y tú sabes que en estos momentos todavía estamos en el mismo problema, que aquí uno denuncia y el gobierno no atiende, lo matan y se queda uno muerto. Todavía seguimos con este problema aquí desafortunadamente.

En la actualidad, ¿qué pasa con esos predios?, ¿están abandonados?
Esos predios, yo tengo allá un encargado esperando que la Fiscalía haga parteen esto y estamos presentando con el abogado las respectivas pruebas de propiedad de dichas tierras.

¿El cultivo de palma se perdió o está activo?
Afortunadamente el cultivo de palma es un cultivo muy agradecido, que está abandonado por lasituación que te comento, pero inmediatamente se arregle este problema inmediatamente voy a pedir ya porque esta es una cuestión pública, protección a las autoridades competentes.

Antes de continuar, volvamos a una pregunta anterior. ¿Por qué compra en Mapiripán si la gente que vive en la zona dice que no es un lugar fácil para llevar, perdido en los límites con el Guaviare y selvático?
Es fácil, mira Mapiripán es más adentro de la finca. Llegar a la finca no es nada difícil. Es un acceso de Tienda Nueva, en camino de trocha son 24 Km y es una tierra que del municipio de la Concordia, Puerto Concordia le dan mucho mantenimiento a ese camino y es una trocha que yo iba hasta en automóvil allá.

¿Desde Puerto Concordia hasta la finca cuánto se gastaba en camioneta?
Mira yo de mi casa desde Bogotá me echaba 5 horas y media hasta la finca. Donde llega la carretera que hay un caserío que se llama Tienda Nueva ahí está la bodega mía. De ahí a la finca me echaba media hora y es un camino transitable y Puerto Concordia le dan muy buen mantenimiento y podemos verificarlo, eso no es en la Patagonia.

Usted mismo ha dicho que tiene 4.800 hectáreas de predios que eran baldíos. ¿No le preocupa que la ley le diga que usted cumplió la UAF (Unidad Agrícola Familia) y le digan que usted no podía tener tanta tierra?
Tengo mi abogado agrario, Jorge Martínez. Si comprueban en el Llano todo el mundo que ha comprado grandes extensiones e inclusive esto es pequeño, hay muchas extensiones grandísimas que han comprado, industriales, todos los poderosos del país están metidos en el Llano, y todo el mundo ha hecho lo de la UAF de unificar en sociedades o hacen varias sociedades, pero en el 2007. Después nos enteramos que estaba prohibido eso, pero en el 2008 sale una ley que tu puedes unificar las UAF.

¿Usted vio que esa era la posibilidad de poder tener la tierra?
Correcto. El abogado me dijo: “jurídicamente, Eduard, aquí lo único que nos pueden hacer es devolver las escrituras y las hacemos más adelante, más nada, eso es todo, pero eso no es ilegal, por favor.

¿Usted conoció a Javier Samudio Acosta?
¿De qué oficina es?

Era de la Oficina de Incoder Meta, el entonces director…
No. Allá las gestiones mías me las hacía mi abogado y yo nunca, e inclusive de la oficina de registro siempre mandaba todos los documentos y me los registraban y más nada, a la oficina es mentira si yo te digo que conocí en el Incoder a alguien.

Por la violencia y el desplazamiento, las tierras de Mapiripán fueron protegidas el 9 de octubre de 2009, incluyendo El Secreto. El 20 de mayo de 2010 esa medida fue levantada para el caso de El Secreto. La Superintendencia de Notariado y Registro hizo un estudio en la Notaría Única de San Martín y encontró que había una irregularidad en El Secreto y fue que el levantamiento de la medida no fue realizado por el Comité…
Yo personalmente eso sí lo hice. Me dirigí a la Alcaldesa de Mapiripán en las oficinas de Villavicencio, hablé con la Alcaldesa, me dijo: “Señor Mattos no te lo puedo firmar, tenemos que reunir al comité de desplazados”, e inclusive eso me demoró como 3 meses para que ella me correspondiera esa situación. (Ella me dijo) que se tenían que reunir (en el Comité) el procurador, el miembro de la policía, son como 4 ó 5 personas, cuando en la cuarta o quinta vez me llamaron de allá, inclusive de las pocas alcaldías que hay orden y buena representación de parte de la alcaldesa, es esa que hay en Colombia, porque muy agradado me sentí con la alcaldesa como le paró atención a las cosas. Eso que dicen es una mentira porque esa señora se reunió con el Comité de Desplazados, me dijo que no todos iban a firmar. Ahí es un error quienhizo esa investigación lo que está diciendo.

O sea que ella lo que le dijo inicialmente a usted es que no se podía porque debía haber una reunión del Comité, y lo que sucede es que pasan tres meses, ella habla con algunos del Comité y la autorizan para firmar…
 Inclusive ella me llamó de allá: “Señor Mattos, ya le tengo su documento, ya me reuní con el Comité, no hubo ningún problema y se lo firmé”.

¿Pero ella es la que lo firma?
Correcto. Ella la firma pero previamente a la reunión con el Comité

¿Pero ella misma le clarifica que no todo el mundo está dispuesto a firmar?
Ah sí, lógicamente, si las cosas se dan, si los requisitos los llena la persona, el Comité decide y autoriza la Alcaldesa

¿En ese entonces la alcaldesa era Maribel Mahecha?
Correcto.

¿Entonces frente a lo que dice la Superintendencia de Notariado y Registro usted considera que no es una irregularidad porque usted considera que Maribel si hizo el trámite como era?
Correcto. Esa señora muy amable, eficiente hizo lo que tenía que hacer en su momento.

El mismo estudio de la Superintendencia registra que estos predios fueron registrados en la Notaría Única de San Martín. ¿Usted conoció al Notario Único de San Martín?
No, no lo conocí, cuando firmaba yo dejaba allá mi persona encargada que tenía que entregarme todo legalizado, nunca lo conocí.

En un informe judicial al que tuvimos acceso, Óscar José Ospino alias ‘Tolemaida’, desmovilizado del Bloque Norte, dijo en una versión libre del 15 de septiembre de 2010 ante la Fiscalía y a la Unidad de Justicia y Paz que “el gerente de la Sociedad Agropecuaria Villa Diana tiene vínculos con los paramilitares”. En el Registro de Cámara de Comercio aparece su hijo como gerente de esa sociedad. ¿Qué tienen que decir frente a las declaraciones o versiones que da este desmovilizado?
Este desmovilizado no lo conozco. Acláreme un poco la pregunta.

Óscar José Ospino alias de ‘Tolemaida’ era un paramilitar del Bloque Norte y se desmovilizó del ejército de ‘Jorge 40’, y fue beneficiado por ley de Justicia y Paz, lo que significa que él rinde versiones libres ante la Fiscalía y su unidad especializada, que se llama la Unidad Justicia y Paz. En una versión libre él dice la frase que es la que le acabo de mencionar, “el gerente de la Sociedad Agropecuaria Villa Diana tiene vínculos con los paramilitares”. Se supone que cuando un desmovilizado postulado a la ley de Justicia y Paz dice algo, eso es investigado por la Fiscalía, entonces, ¿qué tiene que decir la familia o Eduard José o usted?
En ningún momento. El gerente era yo, estás hablando con el padre de Eduard José, el gerente era yo y en ningún momento ni tuve ni tendré, ni lo haré con ningún grupo armado.

En algún momento la Fiscalía lo ha notificado de estas declaraciones de alias ‘Tolemaida’ o ¿a usted lo han notificado que tenga un proceso judicial por esto?
En ningún momento. Es que desconocía, hasta ahora me estoy enterando.

¿Usted tiene algún proceso judicial por algún otro tema?
No. Tuve un proceso y fui absuelto en donde me tachaban de paramilitar y fui absuelto.

¿Y ese proceso de cuándo fue?
Ese proceso fue en 2006.

¿Cómo fue ese proceso y finalmente cuándo dijeron no, queda absuelto, es inocente y se cierra el proceso?
Cuando estaba hospitalizado cuando me llegó el señor Rafael Daza, fui absuelto por la juez Luisa Pinto, juez especializada de Valledupar.

¿Quién lo había incriminado o hecho esos señalamientos?
Hubo una cuestión con un problema con el alcalde de Codazzi y fui totalmente absuelto, unas irregularidades de investigaciones que hacen y bueno…

¿Cómo así? ¿el alcalde de Codazzi de la época lo señaló a usted?
No, en ningún momento, una investigación quehubo aquí en Codazzi de la juez de Becerril, inclusive la mejor defensa, los mismos familiares de la juez de Becerril porque esa señora nunca la conocí, fueron los que prácticamente me hicieron la defensa.

¿Usted hizo algún tipo de negocio con ‘Don Mario’ o Manuel de Jesús Pirabán, o si los conoció?
En ningún momento, los conozco por las noticias, hoy en día que se oyen no más, pero de resto ningún momento tengo relación con ninguna clase de delincuentes.

En febrero de 2012 en Justicia y Paz, alias ‘Don Mario’ señaló que el Bloque Centauros de las Auc legalizó 12 mil hectáreas de tierras en Mapiripán, Meta, de las cuales 4 mil están sembradas con palma. Uno de los predios mencionados por el ex paramilitar fue El Secreto…
Lo único que pienso es que hablar ante la justicia y engañar a la justicia, estar faltándole a la verdad. La diferencia está en delincuentes a gente tradicional como soy yo, cultivador, palmero, eso es con demostración de la titularidad de los predios.

¿Usted rechaza rotundamente las declaraciones de ‘Don Mario’?
Totalmente

¿Usted ha impuesto alguna demanda ante ‘Don Mario’ o ante los desmovilizados?
Estamos en proceso de eso y hay que partir del momento en que yo compré y pedí el derecho de petición a la Fiscalía, hay que partir de la buena fe y todas estas contemplaciones que le estoy haciendo, tengo derecho a la réplica.

¿La Fiscalía los ha llamado a ustedes a declarar o los ha notificado de esto?
En ningún momento. Yo me opuse a la cuestión del bandido este. El abogado mío hizo una oposición al derecho de lo que están diciendo ustedes.

¿Ya presentaron un documento diciendo que se oponen?
Oponiéndonos rotundamente.

¿Cómo pueden expresarle a la gente que lea esta historia que ustedes sí tienen la experiencia en el cultivo de la palma?
Yo tengo cultivos en Codazzi, Cesar, en la finca Ucrania y finca San Tropel, yo le entrego fruta al Macará entregamos fruta de palma, tengo más de 10 años de estar vinculado al negocio de la Palma.

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En 2007, Diego Rivas Ángel, un testaferro de los paramilitares investigado por tráfico de drogas en Estados Unidos y hermano de quien había sido hasta 2005, Secretario General del Ministerio de Agricultura, logró que el Incoder le adjudicara 4.300 hectáreas de tierra baldía a él y a sus testaferros. Sobre esa tierra tenían derecho los colonos que la venían cultivando desde hacía años, pero que habían sido forzados a abandonarla por los paramilitares a fines de los noventa. Otras fincas cercanas de colonos expulsados a la brava, hoy son de una sociedad de Eduard José Mattos, integrante de una prestigiosa familia de empresarios y ganaderos del Cesar.

Esta historia ocurrió en Mapiripán, un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía.  El país lo conoce porque allí fue donde los paramilitares bajo el mando de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, con ayuda de miembros del Ejército, cometieron en julio de 1997 una cruel masacre que dejó al menos diez muertos y causó el desplazamiento 700 personas. Pronto siguió otra masacre cerca de allí, en Caño Jabón, en mayo de 1998, en la que asesinaron a más de 20 personas, y luego otra y otra, causando en este municipio el desplazamiento forzado de 12 mil personas durante los últimos diez años.

Hoy se ha podido comprobar que los ‘paras’ no impusieron su terror en Mapiripán sólo para retar a la guerrilla en su santuario o para arrebatarles el negocio del narcotráfico. Vicente Castaño quería apropiarse de extensas fincas para desarrollar proyectos de palma y como socios tenía a sus coterráneos de Amalfi, (Antioquia), Miguel Arroyave y Daniel Rendón, conocidos en el narcotráfico respectivamente con los nombres de ‘El Arcángel’ y ‘Don Mario’. Así lo confirma esta investigación de VerdadAbierta.com que consultó varios procesos judiciales, como el que condenó a Óscar de Jesús López, ex gobernador del Guaviare por nexos con paramilitares, siguió confesiones de ex jefes paramilitares desmovilizados, realizó entrevistas a otros jefes paramilitares hoy presos, examinó  investigaciones de otras entidades estatales y revisó documentos originales de la época.

Por eso no sorprende que antes de que fuera aprobada la Ley de Víctimas, 2.283 víctimas de la zona ya le habían pedido al Ministerio Público proteger sus tierras.

Teodosio Pabón Contreras alias ‘El Profe’, asesor de los Castaño, hoy preso en La Picota,  dijo en una entrevista a VerdadAbierta.com que mientras el gobierno negociaba la desmovilización con el Bloque Centauros de las Autodefensas que se consolidó en Mapiripán después de 2002, por debajo de la mesa sus jefes habían diseñado un plan para convertirse en grandes productores de palma de la región. Según Pabón, tenían ya montado un vivero con suficiente plántulas de palma para cubrir cinco mil hectáreas.

Rivas Ángel y sus 4.300 hectáreas

Luego de la masacre de 1997, la gente huyó y los paramilitares se quedaron como dueños y señores de la región por varios años. Más tarde, hacia 2002, cuando el bloque que los Castaño habían montado en la zona, Los Centauros ya estaba consolidado, éste contrató a Diego Rivas Ángel para que consiguiera que les adjudicaran predios baldíos de donde habían expulsado a los campesinos. Según dijo a Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar ‘Don Mario’, él alcanzó a conseguir que le titularan 12.000 hectáreas a nombre de aliados o testaferros suyos en Mapiripán.

Rivas Ángel resultó efectivo. El 16 de abril de 2007, el Incoder Villavicencio adjudicó el predio El Agrado 1, a un señor que, según un informe judicial, trabajó primero para la Fundación Libertad Económica de Colombia y luego para la Cooperativa de Palma del Llano, Copalmallano. El predio vecino, El Agrado 2 se lo adjudicó al mismo Diego Rivas Ángel, quien el 1 de agosto de 2008 ante la Notaría 34 de Bogotá se lo escrituró a la Fundación Libertad Económica. La tercera finca colindante, El Agrado 3, se lo adjudicó a un ex conductor de la Cooperativa quien, según la justicia, luego perteneció a una banda criminal y está desaparecido. Sumados los tres predios superan las 4.300 hectáreas. (Vea la tradición los Agrados aquí).

Quien firmó las adjudicaciones de los tres predios El Agrado, fue Javier Samudio Acosta, entonces jefe de la Oficina de Enlace Territorial 8 (una entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura). VerdadAbierta.com consultó cómo se escogían a los directores territoriales del Incoder y varias fuentes coincidieron que los aspirantes eran entrevistados por el Gobernador del Meta, quien les daba un puntaje, y siguiendo esta medición, el director nacional nombraba al ganador.  Para esa época el director nacional de Incoder era Rodolfo Campo-Soto y el gobernador del Meta era Edilberto Castro (2004-2006), destituido y condenado por ser cómplice del asesinato de tres de sus colegas y mencionado por ‘Don Mario’ de haber sido afín a las Auc.

“Diego Rivas fue el que creó la cooperativa y desarrolló los cultivos de palma pagado por Los Centauros”, dijo a la justicia alias ‘Don Mario’.

Y los documentos, según investigó VerdadAbierta.com, confirman su versión. Rivas es el representante legal de Copalmallano. En el registro de Cámara de Comercio de la cooperativa aparece como miembro del consejo de administración el empresario Avimelec Rivera Acosta, quien ha sido contratista de la Gobernación del Meta. Fue imposible ubicar a Rivas Ángel, ni a otro representante de su empresa.  Esta redacción también llamó varias veces al teléfono a Rivera, pero nunca contestó. Además el teléfono y la dirección que aparecen en el registro de Copalmallano corresponden a una emisora en Villavicencio. La Fundación Libertad ni siquiera tiene registro en la Cámara de Comercio del Meta.

VerdadAbierta.com tuvo acceso a un informe judicial en el que un testigo contó que Rivas Ángel invitaba a los trabajadores de estas firmas, la Cooperativa y la Fundación, a pedirle al Incoder que les adjudicaran los baldíos que estaban controlados por los paramilitares.

Rivas Ángel fue identificado con el alias ‘El Doctor’ por una corte de Estados Unidos como cómplice de narcotráfico de los hermanos Rendón Herrera, Daniel alias ‘Don Mario’, Freddy alias ‘El Alemán’ y Jhon Jairo alias ‘Germán Monsalve’, así como de los hermanos Úsuga, identificados por la Policía de ser los jefes de la banda criminal de Los Urabeños, David, Dairo Antonio alias ‘Mauricio’ y Juan de Dios alias ‘Giovanni’ (muerto en diciembre de 2011).

En una versión libre de febrero de 2010, alias ‘Don Mario’ dijo que Rivas Ángel visitó varias veces a Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’, ex jefe militar del Centauros en La Picota. “¿A qué lo ha visitado tanto? A ver cómo cuidaban con testaferros estos cultivos deuna forma para favorecerse ellos”, dijo el ex jefe paramilitar a Justicia y Paz. Un mes después, en una audiencia en el Tribunal de Cundinamarca ‘Pirata’ rechazó las declaraciones y dijo que en una conversación posterior con ‘Don Mario’ llegaron a la conclusión de que se trataba de un malentendido.

Según las autoridades, Diego Rivas Ángel es hermano de Jaime Eduardo Rivas Ángel, y mientras  el primero hacía los trámites para conseguir que el Incoder – entidad del Ministerio de Agricultura encargada de repartir tierras a los campesinos – les adjudicara los Agrados a él y los trabajadores de sus firmas,  el segundo se desempeñaba como Secretario General del Ministerio de Agricultura. Jaime Eduardo estuvo en este cargo  entre el 13 de agosto de 2002 y el 20 de febrero de 2005. En 2002 había sido director encargado del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, Inpa.

Además, según el libro Los Jinetes de la Cocaína, Jaime Eduardo Rivas Ángel era primo del famoso narcotraficante Carlos Lehder Rivas, y al finalizar la década de los setenta, trabajó en el Consejo Nacional de Estupefacientes, la entidad encargada de restringir las sustancias para el procesamiento de drogas ilegales y de conceder los certificados de antecedentes para conseguir licencias para aeronaves.(ver capítulo III, Nacen las Familias de Los Jinetes de la Cocaína de Fabio Castillo)

No hay pruebas que indiquen que Jaime Eduardo le ayudó a su hermano Diego a conseguir los títulos en el Incoder, pero la coincidencia es sospechosa. Sin embargo, no existe ninguna investigación contra el ex funcionario. VerdadAbierta.com intentó ubicar a Jaime Eduardo Rivas Ángel, incluso por medio de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de Agricultura, pero fue imposible contactarlo.

Según un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el caso de los predios El Agrado, en 2007 el Incoder Meta tituló 4.300 hectáreas sin verificar quiénes eran los beneficiarios.  En este caso, se trataba de dos beneficiarios conectados a Diego Rivas y uno, la Fundación, que no tenía registro en la Cámara de Comercio, lo cual ha debido al menos levantar sospechas.

Si se tiene en cuenta la extensión, también el Incoder estaba al borde de la ilegalidad. La norma prohíbe adjudicar extensiones de tierra mayores a una Unidad Agrícola Familia (UAF). EnMapiripán la UAF es de máximo de 1.840 hectáreas, y como los tres predios fueron adjudicados a beneficiarios conectados entre sí, la UAF fue superada en más del doble.

Según el estudio de la Superintendencia, en el caso del predio El Agrado 2 hubo otra irregularidad. En agosto de 2008, Diego Rivas Ángel, vendió este terreno por 45 millones a la Fundación Libertad Económica. Según la ley, deben pasar mínimo quince años para que un beneficiario de titulación del Incoder realice ventas. Pero en este caso, además, las tierras estaban protegidas.

En marzo de 2008 el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada (Cmaipd) había emitido una resolución que declaró el municipio como zona de desplazamiento de campesinos por la violencia y protegió los terrenos para evitar que fueran vendidos. Aún así se permitió esta venta.

Los Secretos desprotegidos
En octubre de 2008, el mismo Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada emitió una resolución de declaratoria de desplazamiento, y amplió el número de tierras protegidas a otros tres predios llamados Secreto 1, 2 y 3. La medida cautelar llegó demasiado tarde, pues las tierras baldías ya habían sido tituladas dos años antes y no a los campesinos que las habían cultivado por años, pues éstos había sido desplazados años atrás.(Ver la tradición de los Secretos aquí)

El mismo JavierSamudio, director de la oficina territorial del Incoder en Villavicencio, que había adjudicado Los Agrados, adjudicó el 4 de diciembre de 2006 el predio baldío El Secreto 3 de 1.799 hectáreas a una señora que, según un informe judicial, vendía almuerzos cerca a la Cooperativa Copalmallano. Un año después, el 20 de noviembre de 2007 ante la Notaría Única de Granada la señora le había escriturado este predio a la Sociedad Agropecuaria Villa Diana.

Según figura en el certificado de constitución y gerencia, el gerente de esta sociedad Villa Diana, dedicada a la agricultura y la ganadería, es Eduard José Mattos de Castro. Aunque eso dice en los papeles, su padre, Eduard Heriberto Mattos Barrero asegura ser el verdadero dueño. Óscar José Ospino alias ‘Tolemaida’, desmovilizado del Bloque Norte, ha dicho a los fiscales de Justicia y Paz, que éste último tuvo vínculos con los paramilitares. La Fiscalía investigó si la finca de Mattos Barrero fue sede de un campamento paramilitar en Codazzi (Cesar) y si fue cómplice del asesinato de una jueza en Becerril. En una entrevista con VerdadAbierta, Mattos Barrero dijo que fue absuelto de ese proceso por una un juez especializada de Valledupar.

Según varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, en la Costa Caribe, Mattos Barrero proviene de una prestigiosa familia de empresarios del Cesar. VerdadAbierta contactó a Mattos Barrero, quien negó tajantemente todos los cargos por los que se le investiga, dijo que compró las tierras de buena fe y que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales. (Lea la versión completa de Mattos aquí).

Mattos Barrero le dijo a esta redacción que además del Secreto 3, él también es propietario del Secreto 1 (1.498 hectáreas) y del Secreto 2 (1.358 hectáreas). Es decir, en total tiene 4.655 hectáreas en Mapiripán. Mattos envió a VerdadAbierta.com varios documentos firmados por la Fiscalía, en los que en 2007 el organismo investigador le informó que estas tierras “no tenían investigación o acción penal o trámite de extinción de dominio”. Mattos Barrero mostró también en su defensa cartas firmadas en 2010 por la entonces alcaldesa de Mapiripán, Maribel Mahecha Hernández, en las que la mandataria le indicó que estas tierras “no se encuentran dentro de la zona declarada de inminente riesgo de desplazamiento”. (Ver carta)

Las cartas de la alcaldesa Mahecha, no hacen referencia a la medida de protección que había dictado  en 2008 el Comité Municipal de  Protección a la Población Desplazada, que decían lo contrario. Es más, en 2010, la misma Alcaldesa levantó las medidas cautelares sobre los Secretos a favor de la Sociedad Agropecuaria Villa Diana. El estudio sobre titulaciones en la región de la Superintendencia de Notariado y Registro encontró esta movida como sospechosa porque la resolución fue firmada por la alcaldesa de Mapiripán y no por el presidente del Comité. Y además no está permitido a los alcaldes levantar la protección sobre un predio en particular.

“… se sugiere efectuar el respectivo análisis, ya que se han venido levantando medidas de protección sobre predios determinados, cuando de proceder el levantamiento, debe hacerse sobre la totalidad de la zona declarada de inminencia de desplazamiento”, indicó el estudio. La alcadesa a la que refiere el estudio es Maribel Mahecha, que tiene dos procesos en la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación.

El análisis de la Superintendencia también encontró que en la titulación de El Secreto hubo otra irregularidad. Según el estudio, existen los predios el Secreto 1 y 2, que fueron titulados con folio de matrícula consecutivo. Además, como con el caso de los predios El Agrado, si se suman los tres Secretos el Incoder incumplió con la UAF. “Un solo titular (Sociedad Villa Diana) adquiere la propiedad de varios predios baldíos y que superan la UAF”, advirtió el estudio.

Los títulos de estas tierras recién adjudicadas por el Incoder bajo condiciones sospechosas fueron registrados en el municipio de San Martín, Meta, porque allí está ubicado el círculo registral de Mapiripán y de otros 14 municipios. Desde 1998 este municipio fue centro de operaciones del paramilitarismo. En versiones libres, varios desmovilizados contaron que en ese pueblo los paramilitares les cobraban a los narcotraficantes los dineros de extorsiones y secuestros y demás “impuestos”.

El predio Madreselva
En la finca Madreselva de 4.000 hectáreas, los paramilitares que habían desplazado a los campesinos que cultivaban plátano y pastos allí y tenían escrituras desde 1996, no se molestaron en buscar adjudicaciones ni títulos. Según registra un expediente judicial, varios testigos contaron que desde 2001 paramilitares llegaron a este predio y a finales de 2005 ya tenían sembradas entre 100 y 150 hectáreas de palma.(Ver tradición del predio)

Alias ‘Don Mario’ confesó en una versión libre de noviembre de 2009 que estos terrenos hicieron parte de las arcas del Bloque Centauros, y que El Agrado, Madre Selva y El Secreto hicieron parte de los predios donde las Auc de Castaño cultivaron palma aceitera.

De esta manera, Mapiripán se resiste a dejar las primeras planas de los medios.  Saltó a los titulares de las noticias en 1997, cuando la masacre, y volvió a sonar en 2005 cuando la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por la complicidad o inoperancia de sus agentes en haberla evitado, y protagonizó otro escándalo a finales de 2011, cuando se descubrió que una madre mintió al incluir a sus hijos como víctimas de la masacre del 97. Ahora revela otro secreto: que los paramilitares fueron por sus tierras, y ahora le toca al gobierno investigar si cumplieron sus planes.

Sólo así podrá responder el clamor de al menos un centenar de familias, víctimas de despojo, que están hoy pidiéndole a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, que les sean devueltas 64 mil hectáreas que perdieron cuando huyeron de Mapiripán. La restitución de Mapiripán podrá ser muy significativa para el país, pues una de cada 11 hectáreas pedidas en restitución en todo el territorio nacional, está en ese municipio.

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–El secreto de Mapiripán
-La respuesta de Mattos

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 Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes fueron señalados por las víctimas como los despojadores de sus tierras en diferentes regiones. Haga clic sobre cada una de las zonas del mapa para ver qué actores causaron desplazamientos y se quedaron con las mejores fincas.

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Los despojadores señalados

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Andrés Molano, quien los paramilitares lo obligaron a dejar su finca y su empresa en Aguazul Casanare, ahora lleva seis años esperando que el Incoder le titule su parcela para poder volverse a levantar.

¿Cómo fue el despojo? ¿Quién se quedó con las tierras? La demora del Incoder

La familia Molano ha sobrevivido todo: que le asesinaran un hermano, que la desplazaran y obligaran a malvender varios predios, que le robaran 118 reses y que la forzaran a cerrar la única empresa que daba empleo en Aguazul, Casanare.

Esos días de octubre de 2001, paramilitares que consiguieron imponer su ley de terror en Casanare, almando de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, les habían asesinado a Orlando, un miembro de la familia. En el entierro varios hombres armados se le acercaron a Andrés Molano, un campesino de cuarenta años, de estatura baja y de piel blanca quemada por el sol, y lo amenazaron con matarlo si no se iba del pueblo.

Ya habían corrido rumores que los paramilitares querían matarlo a él y a su familia para generar terror en la comunidad y porque su tierra estaba ubicada en un lugar estratégico. Sintiendo el peligro en los talones, Molano volvió a su finca, con su mujer y sus hijos empacaron lo que pudieron y salieron a refugiarse en Tolima.

Atrás dejaron varios predios que luego vendieron a cualquier precio. Tuvo que dejar tirada además a Agroyucas Export, la empresa familiar que producía yucas refrigeradas que vendían en supermercados de cadena en Bogotá. La levantó con el trabajo de varios años y el crédito de 25 millones de pesos que le dio la Fundación Amanecer que les presta a los campesinos. Las 48 madres solteras que trabajaban en Agroyucas se quedaron sin empleo.

Sin tierra, sin empresa y sin el jeep que también le robaron los paramilitares, Andrés se dedicó a jornalear en el campo a donde le saliera trabajo. Su deuda con la fundación ya iba por los 70 millones. “Yo recuerdo que le dije: doctor, no es que me quiera robar la plata sino que a mí me desplazaron, me quitaron todo”, le contó Molano a VerdadAbierta.com. Al final hizo un arreglo con la Fundación para pagarle sólo el capital y lo cumplió.

Mientras rebuscaba cómo sobrevivir y darles estudio a sus dos hijos, en Casanare los paramilitares de ‘Martín Llanos’ se enfrentaban en una guerra con el Bloque Centauros de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’. José Reinaldo Cárdenas alias ‘Coplero’, un hombre de ‘Llanos’ ha contado en Justicia y Paz que hubo combates a campo abierto en Aguazul, un municipio con tres veces la extensión del país de Costa Rica. También contó que entre los años de 1996 y 2004, su grupo de ‘Los Buitragueños’ echaron a los ríos Cusiana, Tacuya, Chitamena y Unete que cruzan el territorio aguazuleño miles de víctimas que secuestraron de diversas regiones del departamento. (Lea: La finca La Graciela: un ‘cementerio’ bajo agua).

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En Aguazul los paramilitares asesinaron y desplazaron a campesinos y finqueros porque buscaban controlar territorios en medio de la guerra que tuvieron entre facciones. Al contrario de lo que sucedió en otros municipios llaneros, no aprovecharon su poder para apropiarse de los predios.

Por eso en 2004, cuando ‘Martín Llanos’ y su ejército fueron derrotados por los Centauros, las tierras quedaron abandonadas. Pronto, los Molano, al igual que otras 32 familias de la vereda Palo Solo, de Aguazul , pudieron volver a sus fincas. “Cuando regresamos en noviembre de 2005, topamos la finca caída, sin cercas y nosotros sin plata”, dijo Molano.

A su regreso, los cinco hermanos Molano acordaron partir la finca Cachipay, que habían heredado de su padre y que trabajaban hasta que fueron desplazados por los paramilitares, en igual número de partes, de a 29 hectáreas cada uno.

Andrés contó que en el sorteo le correspondió la porción de sabana donde con dificultad llegaba agua, pero que con esfuerzo y tiempo cavó dos pozos profundos y levantó un molino de viento. Supo que a las víctimas el gobierno les daba una ayuda y logró que le entregaran una motobomba, para la succión del agua, y una guadaña para cortar los pastos.

Como ningún banco le prestaba porque no tenía títulos y como ya había logrado pagar la deuda a la Fundación, le pidió un nuevo préstamo. Con ese dinero volvió a sembrar yuca, comenzó a cultivar plátano y piñas. Tiene ya sembradas unas 46 mil plantas de piña. Su esposa se dedica a la cría y engorde depollos que vende a sus vecinos.

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En 2006 se le metió en la cabeza que para evitar repetir la historia lo mejor era solicitar los títulos de su parcela. En 2006 los Molano buscaron a un topógrafo para que visitara Cachipay y realizara los planos, con linderos y coordenadas, para presentarlos ante el Incoder y solicitar la adjudicación de baldíos. “No sabemos qué pasó. Ese señor nos cobró de a 300.000 pesos a cada uno, nos entregó el plano pero nunca nos dieron las escrituras”, dijo Molano.

En abril de 2011, aprovechando que por primera vez el gobierno visitaba a las víctimas del Casanare, los Molano contaron su historia. El Incoder de Casanare se comprometió a enviarles un grupo especializado de topógrafos. “El Incoder los envió con la misión de hacer los mapas de las fincas de unas 400 familias en la región, nos midieron pero nos han negado la titulación”, relató.

La razón que les da el Incoder es que ellos ya aparecen en el registro como dueños de tierras, y el Estado no puede titularle tierras baldías a personas que ya son propietarias de fincas. Molano explica, una y otra vez que él era propietario de la finca El Trompillo y otro predio pequeño que explotaban antes de la incursión paramilitar, pero que los tuvo que vender por lo que les ofrecieran. Es decir, los Molano no tienen otra tierra más que la recuperaron de la antigua Cachipay.

“Lo principal es el título. Teniendo ya las escrituras puedo tramitar un crédito si es que no me llega algún recurso del Estado por todo lo que perdí, que son más o menos 183 millones según el reporte en la Fiscalía”, dijo esperanzado.

Sus dos hijos mayores están terminando la universidad y la menor ya está en la escuela. “Yo soy capaz de hacer empresa con plata prestada. Uno trabajando honesto puede devolver las platas y sale adelante”, dijo.

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La tenacidad de un despojado

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Orlando Mesa Melo alias ‘Diego’, paramilitar del Bloque Centauros de las Auc, despojó miles hectáreas en Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare y ahora sus familiares viven en algunas de las fincas que despojaron.

¿cómo fue el despojo? ¿Quién se quedó con la tierra? La restitución

El señor Gutiérrez* lleva una carpeta siembre bajo el brazo. Lleva allí las pruebas de que una hacienda en la vereda La Chapa, en el municipio de Hato Corozal, es suya, de su esposa y de sus tres hijos. “Se sale de la mente humana lo que me a mí me hicieron. Todavía hay mucho miedo en la región… La gente tiene miedo no solamente de que se le salgan las lágrimas sino el alma”, dijo.

La vida apacible que llevaba con su familia cambió en 2001 cuando unos hombres llegaron a su vereda y lo amenazaron de muerte. “Esto es de nosotros. Al h.p. del propietario lo queremos muerto”, le dijeron al administrador de su finca. Eran 500 paramilitares del Bloque Centauros de las Auc que llegaron a la región e instalaron dos bases en la zona.

Su hacienda tenía entre 700 y 900 hectáreas en las que pastaban 500 reses. Vivían del arroz y los lácteos y la carne del ganado. En 1994 le solicitó al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, que les titularan estas tierras baldías que explotaban de los años 80. El gobierno les informó que los visitaría en octubre de 1996 pero les incumplió y el proceso quedó ahí. (Ver documento)

Ante la amenaza de ese 10 de agosto de 2001, ellos y otras 17 familias de Hato Corozal y del vecino municipio de Paz de Ariporo abandonaron sus fincas. El 25 de agosto los paramilitares citaron a su esposa y le dijeron que tenía que entregarles todo. Tres días después le hicieron firmar un documento donde la forzaban a darles 300 vacas por 30 millones de pesos.

Desplazados en Villavicencio y desesperados por saber la suerte de su hacienda, Gutiérrez viajó hasta el Magdalena Medio en busca de Carlos Castaño o deIván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, los jefes paramilitares y voceros de las Auc. “La reunión fue en los alrededores de Puerto Boyacá, pero Báez no pudo darme respuesta. Me dijo que eso lo habían cometido ‘ruedas sueltas’ de la organización en los Llanos Orientales”, dijo.

Un año después, los paramilitares buscaron a la familia Gutiérrez en Villavicencio y les dijeron que tenían que concretar la entrega de la finca. El supuesto pago fueron 50 terneros que le enviaban de su propia finca y 15 millones de pesos, un precio irrisorio para una hacienda de más de 700 hectáreas y 500 reses.

“En Casanare esto fue generalizado. La fórmula mágica que utilizaron, fue amedrentar, generar zozobra, matarnos de a dos o tres vecinos, a un familiar, o quitarnos un hijo para la guerra, mostrar la violencia en el poder. De esa manera fue como nos sacaron corriendo de la región”, contó Gutiérrez.

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Por lo menos 17 familias de Hato Corozal y Paz de Ariporo señalaron como responsable de estos despojos a Orlando Mesa Melo alias ‘Diego’, un paramilitar del Bloque Centauros que manejaba los dineros de este grupo de las Auc en el norte del Casanare.

A diferencia de lo que hicieron otros grupos paramilitares, alias ‘Diego’ no registró fraudulentamente en notarías las tierras que despojó, si no que forzó a sus víctimas a firmar ‘cartas-ventas’. ‘Diego’ puso a sus amigos y familiares de testaferros suyos.

En el caso de la hacienda de Gutiérrez, las víctimas señalaron a Ángel Porfirio Carrero Dávila como la persona que se quedó con las primeras 300 reses que el grupo paramilitar les robó (Ver constancia del sello del ganado). Carrero aparece en un listado oficial como desmovilizado del Bloque Centauros.

La finca quedó en manos de Yuraima Niño Salcedo y Enrique Luengas. Niño Salcedo es familiar de Diana Bastillas Salcedo, la entonces esposa de alias ‘Diego’. “Ellos (los paramilitares) no tuvieron que acudir a notaría a que les hicieran eso (titularse predios). Fue más fácil: le entregaron todo a Diana, a Yuraima, que era familiares del comandante”, dijo un campesino de la región.  VerdadAbierta.com intentó verificar esta información y contactar a Salcedo y Luengas pero no fue posible.

Desde 2001 la familia no ha podido regresar a sus tierras porque están ocupadas por familiares de alias ‘Diego’. “Ni un día ni una noche. No hemos vuelto. Vamos de pasada, miramos, observamos, pero de quedarnos una noche allá, no”, respondió una de las víctimas.

La familia cree que los paramilitares les despojaron la hacienda porque queda en un sitio que la hace valiosa. Le pasan el río Ariporo que es navegable y la carretera que comunica a Paz de Ariporo con La Chapa. Además, el aeropuerto queda a pocos metros.

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El señor Gutiérrez insiste en que el gobierno debe restituirles las tierras y titulárselas, tal cual como lo ha venido solicitando desde 1994 sin éxito. Después de 14 años de espera, cuando creía que la titulación era una realidad, el 28 de noviembre de 2008 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, profirió una resolución negándole la adjudicación.

En la resolución, el Incoder argumentó que la familia no podía ser beneficiaria pues era dueña de otro predio rural. La norma prohíbe que personas dueñas de tierra sean beneficiarios de adjudicaciones del Incoder. Gutiérrez apeló la decisión probando que eso no era cierto y que el otro predio que él tenía y al que Incoder se refería se hacía referencia lo había vendido hacía 15 años. El 23 de noviembre de 2009 el Incoder respondió a favor de las víctimas, revocando la decisión anterior, y solicitando un plano del predio para titularles (Ver documento). Todavía siguen esperando los títulos.

La familia ha recurrido a todas las instancias oficiales sin respuesta. Se registraron como víctimas en Justicia y Paz, pero alias ‘Diego’ no está postulado a este proceso y por eso ningún desmovilizado va a confesar los despojos en el norte de Casanare. El señor Gutiérrez tiene además decenas de documentos en los que denuncia su tragedia y en los que funcionarios del municipio certifican que ellos eran los dueños originarios de la tierra y el ganado de esa hacienda.

“Hemos sido blanco número uno de todas las arremetidas de la guerra, llámese la guerra de los años 50 de las Farc; llámese la guerra de los años 90 del paramilitarismo. En ninguno de esos casos hemos visto la intervención eficaz y oportuna del Estado colombiano para favorecer nuestros bienes, nuestra vida y nuestra honra… Nosotros solamente le pedimos al Estado que nos devuelva las tierras”, dijo el campesino.

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