En la década de los setenta Caquetá se convirtió en centro de conexión de los aviones que llegaban de Bolivia y Perú cargados de base de coca, que luego era reembarcada a otras zonas del país para el procesamiento. Poco a poco los narcotraficantes montaron laboratorios y cristalizaderos en el propio territorio caqueteño. Hasta allí llegaban los compradores del Valle del Cauca y Antioquia que luego sacaban la droga para exportarla a Estados Unidos. En la región recuerdan que los primeros pilotos en caer en esas operaciones de tráfico fueron los caqueteños Tafur Murcia y Rigoberto Cabrera.

Pero sería a fines de la década de los setenta y comienzos de la de los ochenta, que Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán comenzaron a vivir el auge de la producción de cocaína.

Un habitante de la zona recuerda que los campesinos abrieron selva, de la mano de jefes guerrilleros como ‘Argemiro’, fundador del frente 2 y otro al que conocían como ‘Ramón El Diablo’, quienes se convirtieron en los orientadores de la colonización entre Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán, a lo largo de la rivera del río Caguán. Es esta zona en donde nacieron y prosperaron los frentes 14 y 15. Pero todo esto no se pudo lograr sin la colonización coquera, en la que las Farc jugaron un papel decisivo.

Cuando comenzó la política de interdicción aérea en la frontera entre Colombia y Perú, en los años ochenta, los traficantes comenzaron a impulsar la siembra de coca en Caquetá. A partir de ese momento, los pilotos que traían la base de coca introdujeron semillas que terminaron sembradas en los fértiles valles de los llanos del Yarí. “Los campesinos tumbaron selva para sembrar coca”, contó a VerdadAbierta.com un campesino de la región que fue testigo de los inicios de los cultivos en Caquetá.

En ese negocio ilícito, que trajo una súbita prosperidad regional, la guerrilla  de las Farc comenzó a regular las transacciones entre campesinos y compradores. Después, se encargó del cobro de una comisión por el peso de la coca, llamado  “gramaje”, como una nueva forma de financiación. En este proceso fue importante ‘Argemiro’, que era de los originales marquetalianos y que tenía influencia en los Llanos del Yarí y la zona rivereña del río Caguán.

También empezaron a llegar a Florencia los narcos con sus costales llenos de dinero. Aunque muchos de ellos eran enemigos declarados de la guerrilla, compraban en zonas de su dominio, por lo que tenían que pagarles por cada kilo comprado. Lo mismo hacían los campesinos por el derecho a sembrar.

Remolinos del Caguán se erigió en el principal centro del comercio de droga de toda la región. Sin embargo, a lo largo del río Caguán se contaban, por lo menos, 30 centros más, algunos de ellos en Cartagena del Caguán, Santa Fe, Cumarales, Monserrate, Santo Domingo y Peña Roja. Allí iban a comprar intermediarios de los hermanos Ochoa, Pablo Escobar, Iván Urdinola y Gonzalo Rodríguez Gacha, entre otros jefes del narcotráfico de la época.

Aunque el dinero de la coca trajo bonanza a todos los sectores de la precaria economía del Caquetá, incluyendo bancos, militares, funcionarios, comerciantes, campesinos, y por supuesto, a los frentes 14 y 15 comandados por ‘Argemiro’, al final, terminó pervirtiendo todo. Prueba de ello fue que este mismo guerrillero terminó aliado con el narcotraficante Javier García. Años después, a finales de los ochenta, García fue el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de ‘Argemiro’ ocurrido al norte de Bogotá, en donde se escondía con su esposa que también fue asesinada.

Otro jefe guerrillero que también terminó en las filas de los narcos fue alias ‘Elías’, comandante del frente 14 y quien desertó para convertirse en un peligroso paramilitar al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’. ‘Elías’ fue muerto en un operativo que, según reportes de la región, dirigió el mismo Iván Márquez en límites entre Caquetá y Putumayo, a finales de los ochenta.

Un guerrillero que estuvo en la zona asegura que al inicio, las Farc tomaron una posición contraria al narcotráfico. El propio  Jacobo Arenas planteó la necesidad de desligar la guerrilla de  cualquier tipo de actividad de los “chichipatos”, que no eran otros que los comercializadores de la coca.

Cambio de estrategia
El Secretariado nombró entonces a Braulio Herrera, con una línea mucho más política, para reemplazar a ‘Argemiro’ en el comando de los frentes caqueteños. Pero como, al poco tiempo Herrera se salió de la guerrilla para ingresar a la naciente Unión Patriótica, el movimiento político que surgió de los Acuerdos de Paz  la Uribe de 1984 entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur, el Secretariado designó a Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy, como sucesor en Caquetá.

‘Jojoy’ -según cuenta un dirigente de la región- fue quien realmente aprovechó la bonanza del narcotráfico en el Caquetá y organizó el cobro del gramaje con lo que pudo robustecer las precarias finanzas de los frentes 14 y 15. “La tregua le sirvió a Jojoy para rearmar los frentes del Caquetá y mejorar sus condiciones”, explica una persona de la región que siguió de cerca el trabajo del jefe guerrillero. Fue también Briceño quien montó escuelas de entrenamiento para formar a losreclutas, a los mandos de los frentes y bloques e incluso a aquellos que formaron el Estado Mayor.

Un ex guerrillero del Bloque Sur le explicó a VerdadAbierta.com que “tuvieron que lidiar con la población civil que solo quería cultivar coca y orientarlos para que sembraran también alimentos que sirvieran no sólo para sostener a la propia población, sino también al creciente número de combatientes.  Luego, cuando, a mediados de los años ochenta, comenzó una guerra entre los carteles de Medellín y de Cali,  las Farc buscaron directamente a los compradores para la cocaína que estaba almacenada y es así como comenzaron a entrar en la cadena de la droga”.

En esta región, dominada tradicionalmente por la guerrilla de las Farc, narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’, los hermanos Ochoa, Pablo Escobar y Carlos Lehder Rivas, montaron laboratorios de droga primero y después auspiciaron el sembradío de hoja de coca.

‘El Mexicano’ llevó a mediados de los ochenta paramilitares para proteger sus negocios luego de que hombres de la guerrilla le robaran un cargamento de droga. Sin embargo, este grupo solo estaría en la región hasta finales de la década de los ochenta cuando fue sacado por una ofensiva del Bloque Sur.

Así las Farc buscaron aprovecharse del negocio ilegal para financiar su guerra, pero a la vez, les preocupaba mantener sus vínculos con la gente, con los colonos con quienes tenían una relación histórica y ahora estaban sembrando coca.  Esto se hizo explícito en la Séptima Conferencia desarrollada en 1982 en Guayabero, donde se concluyó que: “el trabajo de masas con los cultivadores de coca debe enfilarse a ganarlos para la revolución y para ello debe mantenerse un equilibrio entre la producción de coca y el cultivo de la economía familiar, de tal manera que no degenere en la constitución de bandas contrarrevolucionarias”.

Rápidamente, el Bloque Sur adquirió un papel preponderante en la expansión nacional de las Farc, gracias a la estrategia que montó ‘Jojoy’ de financiarse con el negocio de la droga. En sus escuelas de formación de cuadros políticos y militares fueron entrenados ‘El Indio’ Rolando, Raúl Reyes, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez, Iván Márquez y Ernesto Suárez alias ‘El Viejo’, entre otros. Y con el dinero que recaudaba, empezó a financiar no solo los frentes existentes sino que creó otros, entre los que se cuentan columnas móviles como la Teófilo Forero.

Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’ fue el primero en llevar grupos paramilitares a Caquetá. Foto Semana

Rodríguez Gacha, por motivos que aún son oscuros, le declaró la guerra a las Farc cuando un grupo de guerrilleros asaltó uno de los seis laboratorios que tenía con sus socios del Cartel de Medellín en los Llanos del Llarí hacia 1985, que se conocería después como ‘Tranquilandia’. En esa incursión, los guerrilleros retuvieron 16 personas, cinco avionetas y le pidieron al ‘narco’ un rescate de 420 mil dólares. Sin embargo, militares de la VII Brigada liberaron a las trabajadores del capo y le rescataron las aeronaves. Fue este narcotraficante quien financió a los grupos paramilitares en Caquetá y Meta, y fue con su dinero que paramilitares de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio entrenaron grupos de justicia  privada, y emprendieron el exterminio de la UP en todo el país.

Sin embargo, las Farc, que también estaban financiadas indirectamente por el narcotráfico, consiguieron, no obstante, mantenerse como el regulador del mercado de la coca en el Caquetá. En 1989, un grupo de guerrilleros bajo el mando deIván Márquez -ya reintegrado al Bloque Sur después de subreve paso por la Cámara de Representantes-, llevó a cabo la operación “Aquí estamos Putumayo” y se tomaron ‘El Azul’, una extensa hacienda de propiedad de Rodríguez Gacha en Putumayo con lo que consolidaron su dominio sobre el sur del país. El Mexicano cayó abatido por la policía en diciembre de ese año en Córdoba.

Desde ese momento, el Bloque Sur creó un corredor de movilidad que unió el occidente del país con el Caquetá y el suroriente de Cauca con la costa de Nariño, lo que les facilitó la llegada a los puertos del Pacífico que es por donde aún hoy se abastecen de víveres, sacan droga, compran armas y dotan a sus frentes.

Así, desde el Caquetá, productores de hoja de coca y comercializadores entraron al Putumayo por Puerto Guzmán. Con el tiempo surgieron, gracias al dinero que recaudaron, tres frentes más de las Farc que se adueñaron de las tierras selváticas del Putumayo y llegaron a ser los más ricos dentro de la organización.

Fue de esta manera como las Farc hicieron la transición a un gran aparato armado que llegó a controlar toda la cadena del narcotráfico. Control que le disputaron los paramilitares de la Casa Castaño que entraron en 1997 al sur del departamento en la frontera con Putumayo, buscando dominar las zonas cocaleras. La reacción de la guerrilla fue armar un grupo conformado por hombres de los frentes 14, 15, 17 y algunos de la Teófilo Forero, con la que lograron contener la arremetida.

El frente 15 quedó como enlace entre los Bloques Oriental y Sur, para que los frentes 14 y 48 pudieran sacar la droga que se acopiaba en los Llanos del Yarí. Además, según cuenta ‘Ricardo’, desmovilizado del frente 15, se creó una línea de remolque de mercancía y logística. “Ya no éramos guerrilleros sino mulas para arriba y para abajo por todo ese corredor, siempre cargando y siempre pendientes de la seguridad”, explica.

Otro personaje que jugaría un papel importante en el manejo del narcotráfico sería Raúl Reyes, a quien el Secretariado trasladó a la frontera con Ecuador para manejar las relaciones internacionales de la guerrilla, pero también con la idea de abrir espacios para comercializar droga y establecer contactos, incluso con los carteles mexicanos.

El Caquetá pasó de ser solo una región productora de coca a convertirse en el departamento que garantizó el flujo contínuo de pasta, dinero y logística entre el Bloque Oriental y el Bloque Sur de las Farc, que son los que hoy soportan económicamente a toda la organización.

Después de la muerte de Jacobo Arenas, el 15 de agosto de 1990, quien se había convertido en el freno moral de la guerrilla para que se financiara del narcotráfico, el camino quedó libre. Este hecho coincide con que en esa época el gobierno de César Gaviria concentró sus esfuerzos en combatir al cartel de Medellín, a lo que se sumó que varios de los grupos guerrilleros que existían, con excepción del Eln y las Farc, negociaron la paz.

También si dio que varios grupos paramilitares, entre ellos las Autodefensas del Magdalena Medio y las de Córdoba y Urabá entregaron las armas y establecieron una especie de tregua. Todo esto le dejó a las Farc el terreno libre para financiarse del negocio ilícito.

No obstante, la guerra se reactivaría en 1997 cuando los hermanos Castaño Gil decidieron incursionar en territorios controlados por la guerrilla, en los que por casualidad también habían prosperado cultivos de coca.

El capítulo paramilitar

Carlos y Vicente Castaño fueron los que decidieron enviar hombres a Caquetá a disputarle el control del narcotráfico a la guerrilla. Fotomontaje Verdadabierta.com

No habían pasado 10 años desde la muerte de El Mexicano, el narco que llevó grupos de seguridad privada a mediados de los ochenta al Caquetá y financiado los del Magdalena Medio, cuando los hermanos Carlos y Vicente Castaño aliados con ganaderos, narcos y políticos, decidieron rearmarse y lanzar una ofensiva por todo el país.

En 1997, Salvatore Mancuso, uno de los nuevos aliados de los Castaño, entró con 20 hombres de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, Accu, a Cesar donde contó con la complicidad de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’. También en junio de ese año, 200 hombres de las Accu, al mando de Jesús Humberto Victoria alias ‘Capitán Victoria’ y Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’ aliados con las Autodefensas del Casanare, entre otros, atravesaron medio país con la complicidad de miembros de las Fuerzas Militares para cometer una de las peores masacres del país en la que fueron asesinadas 60 personas.

Caquetá, fortín de las Farc y el departamento que producía el 16 por ciento de la hoja de coca del país según registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, no se quedó atrás y también fue declarado objetivo en la escalada paramilitar de los hermanos Castaño.   

En una versión libre el 7 de julio de 2011, Luis Alberto Medina conocido con las chapas de ‘Negro Julio’ o ‘Cristo Malo’, un ex policía que había sido escolta de los hijos de Salvatore Mancuso, contó que Carlos quería entrar al Caquetá para quitarle el narcotráfico como fuente de financiación a la guerrilla. 

Aunque el menor de los hermanos Castaño intentó después justificar la llegada de las Autodefensas de Córdoba y Urabá como una estrategia para combatir a la guerrilla, cuando comenzó la negociación entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana y se decretó la zona de distensión en cuatro municipios del Meta y uno del Caquetá, que era San Vicente del Caguán, lo que se ha conocido en versiones de Justicia y Paz y entrevistas realizadas por VerdadAbierta.com  es que el control del narcotráfico fue la principal motivación para que los paramilitares entraran a este departamento.

La entrada a Caquetá se dio a finales de 1997, cuando todavía estaba lejos de que el gobierno de Andrés Pastrana estableciera una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros desde febrero de 1999. Así lo han contado varios desmovilizados de las antiguas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, Accu, en Justicia y Paz.

‘Negro Julio’ explicó que Carlos Castaño envió primero un grupo de 35 paramilitares, en su mayoría de Córdoba, encabezados por Rafael Antonio Londoño alias ‘Rafa’ por una etapa de tres meses, el mismo que después iría a Putumayo y se tomaría la chapa de ‘Rafa Putumayo’.

Los Castaño enviaron después Lino Ramón Arias Paternina alias ‘José María’, un hombre que estuvo en otras incursiones que realizaron las Accu en Sucre y Cesar. En este último departamento, en San Juan del Cesar,  fue capturado con Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y fueron liberados tras sobornar a un fiscal, como lo contó Hernando de Jesús Fontalvo alias ‘El Pájaro’ a Verdadabierta.com en una entrevista en marzo de 2009.

 ‘José María’ fue el encargado de manejar las relaciones con narcotraficantes de la zona, según le han confesado desmovilizados a la fiscalía de Justicia y Paz. Los llamaba a su base en el kilómetro 20, en la finca llamada ‘Niño Bonito’, a donde les pedía entre 50, 100 o 150 mil pesos por kilo de base de coca que compraran en la región.

Un desmovilizado que fue guardaespaldas de ‘José María’ contó en entrevista con VerdadAbierta.com que este paramilitar se reunía cada dos o tres meses con narcos de la zona como los hermanos Farfán; Carlos Fernando Mateus Morales conocido como ‘Paquita’ quien después terminó como jefefinanciero del grupo de ‘Macaco’;  alias ‘Regina’ –muerto en un accidente en 2005–; alias ‘Quiñe’ un comprador de Pitalito; y alias ‘El Indio’ y ‘Matambo’, narcotraficantes oriundos de Florencia, entre otros. Todos ellos le pagaban al grupo de los Castaño una cuota por cada cargamento de coca que sacaban de la zona.

Este ex paramilitar, que está postulado a Justicia y Paz, aseguró además que el grupo se financió de estos intermediarios que les hacían las compras a los grandes capos de Medellín y Cali. Como una forma de mantener el control de la zona, les prohibió a los compradores de coca que tuvieran sus propios hombres armados, por lo que muchos de ellos empezaron a pedirles favores a ‘José María’, como que le ayudaran a cobrar deudas o asesinaran a alguien que necesitaban sacar del camino. Los paramilitares de ‘José María’ cumplían bien los encargos.

Según un informe de Justicia y Paz, al que tuvo acceso VerdadAbierta.com, el grupo, al que llamaron Frente Caquetá de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, estaba compuesto por alias ‘El Águila’, quien era el segundo después de ‘Rafa’ y que fue asesinado en la cárcel La Modelo en 1999; Luis Alberto Medina Salazar alias ‘Cristo Malo’, recolector de finanzas hoy preso desmovilizado en la cárcel La Picota; y alias ‘Hitler’, segundo jefe de urbanos quien murió en un accidente en 2000.

El primer campamento de este grupo se estableció en una finca de  un narcotraficante local llamado Jaime Vanegas alias ‘Yiyo’, que quedaba en la vía de Florencia a Morelia. Después se trasladaron a otra de Luis Francisco Cuéllar, quien en ese entonces era un reconocido ganadero de la región y luego se convirtió en Gobernador del departamento. En 2009 fue asesinado por la guerrilla. Según Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita, en una versión del 13 de diciembre de 2010, 30 hombres fueron repartidos entre las veredas Macagual, en Florencia y La Raya en Morelia, y los otros 40 permanecieron en Florencia para reclutar milicianos urbanos.

La base quedaba en el llamado kilómetro 20 en la vía entre Morelia y Valparaiso. Desde allí entraban y salían a realizar asesinatos selectivos en las poblaciones de Morelia, Valparaíso, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo, Solita y las inspecciones de Santiago de la Selva, La Mono y Sabaleta. También lo hacían en La Montañita, Paujil, Doncello, San Vicente del Caguán y Florencia, pero aún así, no pudieron romper el dominio que tenía las Farc en esta región del departamento.

Un paramilitar que perteneció a este primer grupo que ahora está preso en la cárcel de La Picota le contó a VerdadAbierta.com que, por ser tan pocos, no se quedaban fijos en un solo sitio sino que cuando tenían que cometer algún crimen entraban y salían en grupos de a cuatro o cinco.
La estrategia que adoptaron los Castaño fue enviar a hombres que habían entrenado en su escuela La Acuarela, creada en 1998 por Rodrigo García alias ‘Doble Cero’ entre El Tomate y San Pablo, Antioquia, para evitar la infiltración de la guerrilla.

“No habían bases militares, el Ejército iba, hacía registros y se devolvía a su batallón”, dijo José Germán  Sena Pico alias ‘Nico’ en una versión en Justicia y Paz. Gracias a esta situación, aprovecharon para hacer de las suyas.

En el análisis de la Fiscalía que está en reposa en la imputación de varios desmovilizados de este frente, los paramilitares aprovecharon que en el sur del departamento, llamada la Costa Azul por la preeminencia conservadora, solo Belén de los Andaquíes tenía una contraguerrilla, y en el resto de municipios los policías no salían a patrullar porque la guerrilla los amenazaba con matarlos, si se alejaban a más de una cuadra a la redonda de su comando.

Los ‘paras’ llegaron con un discurso amenazante, afirmando que los iban a liberar de la guerrilla, mientras hacían advertencias a los familiares de los milicianos.

Sin embargo, como lo ha contado en Justicia y Paz Joan Arias Paternina Alias ‘Maicol’ o ‘Rafa’, al poco tiempo de llegar a la zona y por no desempeñar bien su papel como jefe, Carlos Castaño, decide enviar a alias ‘Rafa’ al Putumayo y encarga a ‘José María’ del Frente, dividiendo en escuadras de 10 u 11 hombres que envió al kilómetro 20, en Belén de los Andaquíes, en San José del Fragua, Valparaíso y sus alrededores, Macagual, Morelia, Florencia, Vía Montañita, Doncello y Paujil.

“Se hacían retenes en los que se requisaban los carros, si encontrábamos personas que estaban en las listas de señalados como guerrilleros, los bajábamos y los matábamos”, contó el desmovilizado preso en La Picota a VerdadAbierta.com que pidió reserva de su nombre.

Pero no bastó la presencia en todos estos municipios. En 1999, según ha contado a Justicia y Paz Luis Alberto Medina Salazar alias ‘Negro Julio’, cuando recién arrancaba la zona de distensión, Vicente Castaño se dio cuenta de que este grupo no había logrado quitarle espacio a la guerrilla, ni mucho menos arrebatarle el control del narcotráfico. Esto a pesar de que ya recibían pagos de una buena parte de los narcos que compraban coca en la región, y a pesar de que habían dejado 2.218 víctimas, buena parte de ellos en Florencia.

‘Negro Julio’ agregó que era tal la desorganización y la corrupción en ese frente paramilitar, que algunos de sus integrantes se empezaron a enriquecer gracias a las vacunas que le cobraban a ganaderos, comerciantes y en especial a los traquetos o intermediarios compradores de pasta de coca.

Por eso, Vicente Castaño vendió el grupo a Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, quien en ese momento controlaba el Bloque Central Bolívar, esto ha sido ratificado por los desmovilizados José German Sena Pico alias ‘Nico’ en su versión del 25 de junio del 2008 y Jose Aldemar Chanci Marulanda alias ‘El Elegido’, quien fuera el conductor de alias ‘Jose Maria’.

La conexión Macaco

Carlos Mario Jiménez un narcotraficante compró el Bloque Caquetá a los Castaño en 2001. Foto Semana

La llegada de ‘Macaco’ al Caquetá no fue fortuita. Nacido en Envigado, en 1983 se mudó a Puerto Asís, Putumayo, en donde empezó comprando gasolina, administró un bar y terminó en el negocio del narcotráfico cuando se casó con la viuda de un narco de la zona, Rosa Luna Córdoba, a quien la guerrilla secuestró y por cuyo rescate ‘Macaco’ pagó 125 millones de pesos.

Según dijo en una audiencia en Justicia y Paz el 7 de mayo de 2012, desde una cárcel en Miami, el secuestro de su esposa lo obligó a abandonar Putumayo y a dejar sus negocios. Se trasladó entonces al municipio de Curillo, Caquetá, donde administró por algunos meses el local comercial El Tunjo. De allí se mudó al Bajo Cauca antioqueño, en el centro del país,  en donde conoció a los hermanos Carlos y Vicente Castaño en 1996, y empezó a colaborar de manera esporádica con los grupos paramilitares de la región.

En esa versión, el extraditado paramilitar explicó que primero tuvo un grupo de seguridad conocido como ‘Los Carrapos’ y después empezó a asistir a reuniones con otros paramilitares con lo que se ganó, al parecer, la confianza de los Castaño, quienes en 2001 le vendieron la franquicia  sobre territorios a los que ellos ya habían enviado hombres de las Accu desde 1997, en Caquetá, Putumayo y Nariño.

Esta negociación generó una disputa entre los hombres de ‘Macaco’ y los paramilitares originales de las Accu. En juego, porsupuesto, estaba el control del manejo del narcotráfico, lo que al final produjo la salida del Caquetá de la mayor parte de los hombres de los hermanos Castaño.

Sobre la negociación entre ‘Macaco’ y los ‘Castaño’ hay versiones disímiles. Por un lado, el desmovilizado David Hernández López, alias ‘Diego Rivera’, quien fue asesinado recientemente en Bucaramanga, aseguró que fue ‘Ernesto Báez’ quien habló por primera vez de la supuesta venta de ‘franquicias’ por parte de la Casa Castaño a narcotraficantes que querían evitar la extradición por medio de Justicia y Paz.  

Hernández López, en una versión libre en mayo de 2008, aseguró que en 1998, ‘Don Berna’ le propuso a ‘Macaco’ crear un ejército para que les cuidara las ‘cocinas’, es decir, los centros de producción de cocaína. Sin embargo, el mismo ‘Berna’ y Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, aseguraron en versiones libres que Hernández mentía ya que, según ellos,  ‘Macaco’ comenzó sus contactos con el narcotráfico luego de haber sido nombrado jefe del Bloque Central Bolívar y que incluso éste había tenido que ofrecer sus propiedades como garantía a la Casa Castaño.

Según ha dicho Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’,  fue para justificar ante la opinión pública la entrada de ‘Macaco’ y sus hombres al Caquetá, que Carlos Castaño anunció en varias entrevistas que el diálogo de paz con la guerrilla no iba para ningún lado, por lo que enviaría a dos mil hombres para cercarla.

Los hombres  de Macaco empezaron a llegar en febrero de 2001, y el relevo lo hizo ‘José María’ en mayo de ese año, cuando le dijeron a los paramilitares de las Accu que desde ese momento tenían que obedecer las órdenes del BCB. 

“Algunos se fueron, otros se quedaron y a otros los mataron”, cuenta un paramilitar hoy preso en la cárcel de Espinal del grupo de ‘José María’ que fue testigo del empalme, y quien revela que era tal el número de paramilitares que empezaron a llegar a Florencia que no cabían en las residencias y hoteles, por lo que a ‘Paquita’ le tocó arrendar casas la ciudad para hospedarlos. Otro paramilitar le dijo a VerdadAbierta.com que el ingreso de ‘Paquita’ al frente se debió a que él conocía el manejo de las cocinas y del negocio del narcotráfico en la región.

También usaron una finca conocida como La Coquera en la vereda El Carbón, en donde reentrenaron a los hombres que llegaron para la conformación del Bloque.

Este frente de Macaco tuvo varios jefes entre ellos Amiro Ramírez alias ‘Rambo’, asesinado  a los pocos días de llegar a Florencia, el 12 de mayo del 2001; después de ese asesinato los comandantes alias ’28’ y Héctor Duque Ceballos alias ‘Monoteto’ deciden entregarle la jefatura a Carlos Piedrahita alias ‘David’ y como su segundo ‘Paquita’.

Desde que ‘Macaco’ compró este grupo, en mayo de 2001,  le cambió el nombre a Frente Sur Andaquies del BCB y se reubicaron en un campamento en la vía que une los municipios de Albania y Curillo.

Sería este último municipio en donde los ‘paras’ concentraron sus esfuerzos, ‘Paquita’ aseguró en una entrevista a VerdadAbierta.com  que eligieron esta población porque es un sitio estratégico sobre el río Caquetá, por el que hace tránsito buena parte de la droga que se produce en el Putumayo. “El que abastece en sí de droga al interior del país es el Putumayo porque no hay fuerza pública”, explicó.

Pero lo que no contaba ‘Macaco’ era que un pequeño grupo de los hombres que inicialmente habían enviado los Castaño se resistieran a cederle el territorio. La disputa coincide con el momento en que el cultivo de coca en Caquetá alcanzó su nivel más alto en 2000 con 26,000 hectáreas, que representaban el 16  por ciento del total de cultivos del país, según el Simci.

El grupo de Macaco asumió las mismas zonas que tenían los hombres que envió Castaño en 1997, pero decidió incursionar en Milán y Montañitas en el Caquetá y Pitalito en el Huila.

Una de las primeras cosas que hizo ‘Macaco’ con los narcos fue implementar una matrícula, que consistía en una inscripción o autorización, para todo el que comercializaba la base de coca en las regiones donde hacían presencia. El valor de esta especie de permiso era de diez millones de pesos y con ello garantizaba su ingreso al Caquetá, para evitar ser sindicados como financiadores de la guerrilla ya que debían informar, al momento de ingresar el dinero, a quién se lo iban a entregar y en cuál municipio, según ha contado en varias versiones libres alias ‘Paquita’ en Justicia y Paz.

Sin embargo, este mecanismo no cuajó porque los pequeños traquetos preferían comprarle la coca a la guerrilla que no les cobraba esta matrícula, por lo que a los tres meses los paramilitares desistieron de seguir usándola. Fue entonces cuando los financieros de este bloque decidieron cobrar un impuesto de gramaje que oscilaba entre 200 y 250 mil pesos por kilo de base de coca.

Según ‘Paquita’, quien fue el jefe financiero del Bloque, por el gramaje el BCB llegó a recaudar entre 5 mil y 6 mil millones de pesos al año. No obstante, esta cantidad de dinero, que incluía  las extorsiones a otros negocios legales, no alcanzaba para el sostenimiento de la guerra en el Caquetá, de modo que el estado mayor del Bloque Central Bolívar, en varias ocasiones le tocó enviar recursos extras para la compra munición y armamento.

Una vez, en 2002, los hombres del BCB relevaron a los de las Accu en el Caquetá, conformaron unidades de choque en el sur del departamento en los municipios de Morelia, Valparaíso, Belén, Milán, San José de Fragua, Albania, Curillo, Solita, Florencia y Montañitas y allí tienen enfrentamientos con los frentes 14 y 15 de las Farc. En ese mismo año ‘Macaco’ dio la orden de crear patrullas urbanas en Paujil, Doncello, Puerto Rico, Belén de los Andaquíes, Albania, San José de Fragua, Curillo, San Vicente del Caguán, Solita y Valparaíso.

Si bien los paramilitares no lograron quitarle el control total del mercado de la hoja de coca en Caquetá a las Farc, llegaron a dominar el sur del departamento y su vecino del Putumayo. Prueba de que estaban involucrados en el negocio del narcotráfico es que varios de sus jefes, entre ellos ‘Paquita’ y su hermano Miguel Ángel Mateus fueron capturados en mayo y junio de 2004 por varios procesos por narcotráfico y fue en la cárcel en donde se desmovilizaron cuando se concretó el proceso con las Auc.

En su afán por imponer su control en zonas en donde tradicionalmente se han dado cultivos de narcóticos como Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle, Sur de Bolívar, el Eje Cafetero, el Magdalena Medio y Santander entre otros, el Bloque Central Bolívar dejó por lo menos 14 mil víctimas entre asesinatos, desaparecidos y desplazados, según el último registro de Justicia y Paz.

Y a pesar de su desmovilización, ‘Macaco’ siguió delinquiendo desde la cárcel y según la solicitud de extradición que fue presentada al gobierno colombiano, le heredó a Hernando Gómez, alias Rasguño, varias rutas, contactos y unas 15 mil toneladas de coca listas para exportar. Además Macaco estuvo detrás del asesinato el 24 de mayo de 2008 de Héctor Duque Ceballos alias ‘Monoteto’, en un centro comercial en Buenos Aires, donde fue abaleado por sicarios enviados por su ex jefe. 

‘Macaco’ fue extraditado el 6 de mayo de 2008 y fue condenado el 9 de noviembre de 2011 a 33 años de cárcel por la Corte del Distrito Sur de Florida.

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Poco antes de que el gobierno de Andrés Pastrana anunciara el 14 de octubre de 1998 que iniciaría diálogos con la guerrilla de las Farc, en San Vicente del Caguán se sabía, por las idas y vueltas de funcionarios y guerrilleros, que su población sería el epicentro de las negociaciones. Ganaderos, políticos, líderes cívicos y comerciantes se reunieron varias veces preocupados por el impacto que podría tener en su pueblo este proceso, y pronto formaron un Consejo Municipal de Paz.

Ómar García, quien ese entonces era alcalde de esa población por el Partido Liberal, recuerda que, si bien sus coterráneos no se oponían a que su pueblo fuera sede de los diálogos, temían lo que podría hacer la guerrilla sin la presencia de la Fuerza Pública, con la anunciada desmilitarización.

Para mayor preocupación de la gente, estalló una bomba en el parque de los Transportadores que mató a ocho personas, varios de ellos evangélicos, cuando asistían al bautizo de un niño. El atentado fue atribuido a las Farc.

“Cuando la guerrilla entró al pueblo lo hizo como si hubiera ganado la revolución”, dice el ex alcalde García, quien recuerda que si bien la población los recibió para los diálogos, también le hicieron una despedida a los militares y a la policía, como una forma de desagravio y solidaridad. Con ese gesto, la población quería advertir que resistiría un eventual régimen arbitrario de la guerrilla.

Una vez se iniciaron las conversaciones de paz, los temores de los sanvicentunos se hicieron realidad. La guerrilla empezó a manejar una doble agenda en la que por una parte hacía audiencias públicas y se mostraba abierta; pero por otro lado intentó socavar los liderazgos que ya existían en San Vicente, sobre todo los religiosos.

David Bahamón, pastor cristiano de la iglesia Alianza, estaba inquieto por lo que les podría pasar a sus feligreses bajo el control de las Farc. Él era un reconocido líder social que llegó al Concejo Municipal en 2001 y fue testigo de cómo la guerrilla copó todas las áreas de la comunidad. “Uno hacía resistencia desde mucho antes, de manera anónima, pero es muy difícil hacerlo en contra de personas armadas. Nosotros teníamos una posición de defender a la gente, fortalecer la enseñanza cristiana y estar allí denunciando los hechos que no estaban bien”, contó a VerdadAbierta.com.

A Hernando Andrade, también cristiano, segundo en la lista al Concejo de Bahamón y en ese entonces estudiante de contaduría del Sena, se le recuerda en San Vicente porque cada vez que un grupo de guerrilleros interrumpía las clases para darles su cátedra, era de los pocos que se atrevía a confrontarlos públicamente. La guerrilla le empezó entonces a enviar mensajes para que cuidara lo que decía. Hasta que al final, dos guerrilleros de civil intentaron asesinaron y lo dejaron herido. Durante días le tocó esconderse hasta que finalmente pudo fugarse. Nunca volvió a vivir  a San Vicente.

En las comunidades cristianas tampoco cayó bien que en la zona rural, la guerrilla prohibiera a los campesinos sembrar cultivos de pancoger y los obligaran a desarrollar cultivos de coca. Bahamón, que frecuentaba una tienda en la que se encontraba frecuentemente con jefes de las Farc como el ‘Mono’ Jojoy’, les recriminó, desde su pensamiento religioso, esta arbitrariedad.

“También les critiqué que secuestraran y que todo carro o moto que se robaban en el país, terminara en San Vicente. Era ilógico que convirtieran al pueblo en una despensa de artículos robados”, dice Bahamón. “Allí vimos lo que realmente las Farc querían hacer: fortalecerse, reclutar, extorsionar para hacerse a más armas. Lo que buscaban era un sitio donde reclutar menores para entrenarlos sin el acoso de las Fuerzas Armadas”, recuerda. 

Otro episodio que enfrentó a los evangélicos y, en general, al pueblo con las Farc, fue que estas guerrillas promovieron una invasión de personas en Ciudad Bolívar,  un área en un cerro desde el que se divisa San Vicente, que se había constituido en parque natural. “Les dije, hablemos… pero les interesaba que estuviera en una parte alta para poner milicianos que pudieran poner bombas al aeropuerto”, explica Bahamón.

En ese momento empezaron los asesinatos, las amenazas y el destierro como retaliación a la resistencia. El primer caído fue el de un campesino cristiano al que recuerdan con el nombre de Bernardo, sin más señas, que vivía en una vereda llamada Troncales. A su finca llegó un grupo de la Teófilo Forero con panfletos para que sembrara coca, con la excusa de que podría aumentar sus ingresos. El labriego se negó y le contó al presidente de la Junta de Acción Comunal, Miguel Salazar, como una manera de buscar su respaldo. Éste lo respaldó y la guerrilla les hizo a los dos un atentado. Salazar escapó ileso y con la ayuda de la comunidad salió de San Vicente, pero Bernardo no tuvo la misma suerte y murió. Al poco tiempo,  la esposa y los hijos de Salazar también dejaron la zona.

Por último, y cuando ya los diálogos de paz con el gobierno pendían de un hilo en 2002, las Farc amenazaron a cinco de los once concejales, uno de ellos, a Bahamón, de San Vicente y los obligaron a que se fueran del pueblo. Hoy tres de ellos están exiliados fuera del país, uno vive en otra ciudad y sólo uno regresó.

Una amenaza nacional
Las Farc no sólo estaban persiguiendo a los cristianos de San Vicente y sus alrededores. En varias regiones del país, el hostigamiento guerrillero a las comunidades evangélicas estaba desbordado y tenía muy preocupados a sus principales líderes.

A comienzos de 1999, el pastor Alfredo Torres Pachón llegó al centro de la plaza de San Vicente del Caguán con un puñado de recortes de periódico en su maletín. Se instaló en una cafetería y preguntó cómo podría hablar con un comandante de las Farc.

Torres, un pastor evangélico que presidía la Fundación Cristianos por la Paz, había viajado a la ‘Zona de Distensión’ para buscar un contacto con la guerrilla. Quería convencer a alguno de sus jefes de que frenara la matazón de personas del credo evangélico –desde pastores hasta feligreses –, que estaban haciendo en varias regiones del país, según él entendía, por una orden de Jorge Briceño, alias el ‘Mono Jojoy’.

El pastor esperó todo el día hasta que un guerrillero de camuflado y pistola al cinto gritó: ¿Quién es Alfredo Torres? Él de inmediato se levantó de su mesa solitaria y alzó la mano. El miliciano le indicó que lo siguiera y fue llevado a una casa en donde funcionaba la oficina de relaciones públicas de la guerrilla en San Vicente del Caguán.

Allí lo recibieron dos mujeres de camuflado, a quienes en el pueblo las conocían como ‘Alicia’ y ‘Nora’. Cuando el pastor se identificó y les dijo que quería hablar con alguien del Secretariado, una de ellas empezó a atacarlo. Torres Pachón cuenta que la dejó hablar y hasta le preguntó si tenía hijos. “Dos”, le contestó. “Allí le dije que yo también tenía un hijo y que él me dio una biblia para que se la regalara a uno de los suyos, de esa manera pude romper el hielo”, recuerda.

En ese viaje, el pastor pudo conversar con Manuel de Jesús Muñoz Ortiz más conocido por su nombre de guerra, ‘Iván Ríos’, jefe del Bloque Central y miembro del equipo negociador de las Farc, con quien intentó razonar para que dejaran de asesinar evangélicos. A lo único que accedieron los guerrilleros fue a crear un canal para mantener la comunicación con los pastores.

Tras la fallida gestión del pastor Torres Pachón, las iglesias cristianas denunciaron públicamente, en agosto de 1999, justo en el primer aniversario delgobierno de Andrés Pastrana, que 35 cristianos habían sido asesinados en todo el país a manos de la insurgencia – sumando ataques de Farc y Eln – y que de la ‘Zona de Distensión’ habían sido desplazados a la fuerza 50 más. Denunciaron también que la guerrilla había ordenado el cierre de 330 templos y demolido cinco iglesias.

La principal preocupación de los evangélicos era que la guerrilla estaba aprovechando la ausencia del Estado para reclutar jóvenes de las congregaciones, además de exigirles pagar el llamado “impuesto de guerra”, correspondiente al 50 por ciento de los diezmos que recolectaban en sus templos.

A finales de 1999, varios pastores de diferentes denominaciones, entre ellas Justapaz, el Consejo Evangélico de Colombia, la Fundación Cristianos por la Paz, la Federación de Iglesias Cristianas, Pentecostales Unidos y la Unión Cristiana, entre otras, enviaron una carta a Pedro Antonio Marín alias ‘Tirofijo’ y a los negociadores de las Farc, Joaquín Gómez, Raúl Reyes y Fabián Ramírez, en la que les suplicaban detener los hostigamientos a sus comunidades religiosas.

Los evangélicos respaldaban la solución negociada al conflicto y en cierta forma ponían a disposición de la mesa de diálogo sus buenos oficios. Sin embargo, también criticaban la doble moral de las Farc y alertaban que, con la persecución a la que estaban siendo sometidos, los diálogos corrían el “riesgo de malograrse porque la sociedad civil se (sentía) irrespetada y violentada, máxime si los grupos insurgentes insistían en involucrarla cada vez más en una demencial guerra que no es de ella”.

Las cartas fueron enviadas luego de que las Farc, a través de un comandante conocido con el alias de ‘Ángel’, reuniera en octubre de 1999 a 50 pastores evangélicos de Guaviare y les diera un ultimátum de 30 días para que abandonaran la región. El 17 de noviembre, muchos de ellos se desplazaron por temor a represalias.

A pesar de los intentos de los líderes religiosos para detener esa contra-cruzada de las Farc, el drama de los cristianos continuó agravándose en el primer semestre de 2001, cuando fueron secuestrados los pastores Enrique Gómez Montealegre, Marcos Díaz, Hernán Osorio y Evelio García. “’El Mono Jojoy’ decía que éramos de la CIA o informantes del Ejército para justificar los ataques contra los cristianos”, le dijo Torres Pachón a VerdadAbierta.com.

Muchos otros pastores, sin embargo, resolvieron resistir pacíficamente la violencia guerrillera. Pedro Stucky, un pastor canadiense de la iglesia Menonita de Bogotá, recuerda que en algunas zonas los pastores denunciaban que la guerrilla estaba reclutando menores y también se oponían a colaborar con los trabajos que ésta imponía, y en general,  a seguir las órdenes de cualquier grupo armado.  “Hubo algunos pentecostales que entraron a zonas sin el permiso de la guerrilla, porque decían que ellos no tenían que pedir autorización de ningún grupo al margen de la ley”, explicó Stucky a este medio.

A mediados de 2001, el proceso de negociación empezaba a naufragar y la guerrilla veía amenazas en todas partes. Un dirigente del Caquetá, que siguió de cerca el proceso del Caguán, le dijo a VerdadAbierta.com que la paranoia de las Farc se debió a que “creyeron que algunas personas, entre ellos los evangélicos, estaban haciendo inteligencia al servicio del Estado. Es una posición equivocada que la han corregido en el último tiempo”.

La reunión de Rover
Ante la gravedad de la situación y la presión de los evangélicos, el gobierno logró a finales de 2001, con mediación de la oficina del Alto Comisionado de Paz, que se realizara una reunión entre varios jefes de la guerrilla y líderes cristianos.

Catorce pastores, entre ellos Pedro Stucky, Milton Mejía, Ricardo Esquivia, Víctor Velásquez y Alfredo Torres –este sería su segundo encuentro con las Farc – fueron a San Vicente del Caguán y de allí los llevaron a un sitio conocido como Rover, cerca de La Macarena, donde se encontraron con los guerrilleros Raúl Reyes, Simón Trinidad, Julián Conrado e Iván Ríos, entre otros.

Al iniciar la reunión los pastores se arrodillaron y pidieron comenzar con una oración. Les tomaron las manos a los guerrilleros que, mudos, simplemente les siguieron la corriente.

“Iván Ríos era el más frío”, recuerda el pastor Torres. Cada uno de los pastores tuvo la oportunidad de hablar y pedir que cesara la violencia, además de ratificar que no estaban contra ellos, sino contra la lucha armada. Ríos les respondió que si bien no tenían nada contra ellos consideraban que sus comunidades religiosas tenían infiltrados o espías en algunas regiones. Además, que en algunos territorios los cristianos no obedecían las órdenes de la guerrilla. 

Los pastores admitieron que algunos de sus colegas podrían tener discursos duros con la subversión, pero que cada pastor era un obispo de su iglesia y que, como no había directrices, no había forma de controlarlos. Sin embargo, se comprometieron a hacer una reunión con la comunidad como un intento de mantener la neutralidad frente a la guerrilla.

El Secretariado, por su parte, prometió no volver a matar a ningún evangélico y a que en el evento de tener reproches, se comunicarían con los pastores antes de dar órdenes de fusilamientos o de exilios forzosos. Además, se comprometieron a no seguir quemando más templos y a garantizar la libertad de cultos en las zonas en donde ellos se consideraran la autoridad.

A los pocos meses, la reunión empezó a tener sus resultados. La guerrilla liberó a los pastores Marcos Díaz, Hernán Osorio, Evelio García y Enrique Gómez. No obstante, su oferta de respetar la libertad religiosa resultó bastante restringida.  Así, cuando el Consejo de Evangélicos de Colombia invitó al Caquetá al hermano Andrés (su nombre real es Ann van Der Bijl), un pastor holandés que fundó en 1955 la organización Puertas Abiertas y a quien se le conoce por su marcado anticomunismo, las Farc prohibió su entrada a la región.

Este pastor se había vuelto célebre en el mundo por haber metido de manera clandestina biblias en China con una portada idéntica al “Libro Rojo” de Mao, y también a Rusia en pleno auge de la Cortina de Hierro o en países de gobiernos musulmanes del mundo Árabe. Le decían “El Contrabandista de Dios”.

“El Consejo creyó que Andrés iba a convertir a las Farc, pero cuando los comandantes se enteraron que éste estaba por despegar en un vuelo privado de Bogotá a Florencia, nos llamaron a decirnos que si aterrizaba le tenían preparado un viaje por la montaña”, recuerda un pastor que estuvo en el Caguán.

Aunque los pastores creyeron que habían logrado una tregua el borrador de acuerdo se quedó esperando la firma de la contraparte.

La falsa tregua

Tras la ruptura de las negociaciones de paz, y a pesar de las promesas de la dirigencia de las Farc de no asesinar más pastores evangélicos en 2001, siguieron los ataques en el Caquetá contra ellos. El 26 de febrero de 2002, Héctor Peña Bernal, un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Puerto Amor, regresaba a su casa cuando, según reportes oficiales, un sicario de la guerrilla le disparó en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata.

Casi seis meses más tarde, el 1 de agosto, el pastor Abel Ruiz, realizaba una ceremonia en Campo Alegre cuando un grupo de la guerrilla entró al templo y lo asesinó delante de todos los feligreses.

Un mes después, el 3 de septiembre de 2002, el pastor de la iglesia pentecostal de Santana Ramos, Carlos Enrique Samboní, fue asesinado después de que las Farc lo acusara de ser auxiliador de los grupos paramilitares.

La trágica historia se siguió repitiendo. El 30 de enero de 2003, después de que se negara a prestar su templo para que guerrilleros del Frente 14 atentaran contra la estación de policía de Puerto Rico, Meta, fue asesinado el pastor Adelmo Cabrera y su hijo Luis Carlos. El pastor era además concejal de ese municipio, en donde se le recuerda por ser una persona activa en las labores sociales, pero que se oponía de manera silenciosa al reclutamiento de niños que era muy común en esta población.

Tras décadas de este silencioso exterminio la fundación Justapaz ha intentado documentar los crímenes de la guerrilla contra los cristianos. No es fácil hacerlo en medio de la guerra. Solo en Caquetá, según registros de Justapaz, desde que se rompieron las negociaciones entre el gobierno Pastrana en 2002, se acusa a las Farc de haber asesinado a 13 cristianos, pero también de seguir cerrando iglesias y desplazando a pastores y feligreses que no sigan sus “normas”.

VerdadAbierta.com le envió un cuestionario a las Farc en La Habana, preguntándoles por qué se ensañaron contra esta comunidad y por qué incumplieron sus compromisos y no obtuvo respuesta, como tampoco la obtuvo frente a las preguntas sobre los demás temas incluidos en este especial. Mucho podrían aportar a la reconciliación las Farc si a lo largo del proceso de negociación en La Habana cuentan la verdad de esta vergonzosa historia y reconocen su responsabilidad en esta persecución contra personas pacíficas y cristianas que se resistieron a cumplir sus órdenes avaladas con fusil. 

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En momentos en que las Farc negocian en Cuba su participación en política después de desmovilizados, en Caquetá el proselitismo armado se ha vuelto su principal arma.

Cincuenta años después de que las Farc llegaran al Caquetá, su presencia y dominio de la región es indiscutible, al punto de que hoy se vive una aparente calma, como si las armas no estuviesen detrás del entronque político y económico que allí  tienen.

Las estructuras políticas de la guerrilla se han transformado y, después de iniciado el proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se han concentrado en activar las llamadas células políticas, apoyadas por la columna móvil Teófilo Forero, los bloques Sur y Oriental y el Frente Domingo Biojó, que hacen presencia en la región.

Según varios dirigentes y habitantes del Caquetá con los que habló VerdadAbierta.com, hoy las Farc en el Caquetá se concentran en movilizar a las organizaciones sociales con las que ha tenido relaciones durante décadas y en otros casos,  en cooptar otras con las que no han tenido vínculos.  El objetivo pareciera claro: ir ganando ventaja política, con miras a que un exitoso proceso de paz les abra las puertas para ejercer con éxito la política legal en el departamento. 

El problema, sin embargo, es las Farc no saben hacer política pacífica, y cuando ven que sus ideas no calan, recurren a la violencia y la intimidación. En otras palabras, se quieren ganar el corazón de la gente a la buenas, o si no, a las malas.

Un líder de la región le contó a VerdadAbierta.com que esta situación es el producto de décadas de abandono y falta de presencia de las instituciones. “La ausencia del Estado durante tantos años permitió que las Farc se empoderaran como las autoridades de facto, (los habitantes) los escuchan y les obedecen por presión o voluntariamente, sobre todo en la región del Caguán y la cordillera”.

Otro dirigente político asegura que la guerrilla está aprovechando la  crisis política que atraviesa el Caquetá por las detenciones de varios políticos como los ex congresistas Luis Fernando Almario y Álvaro Pacheco, y ha usado a varias Juntas de Acción Comunal para imponer sus directrices o presionar al Estado, “deslegitimando la democracia mediante el miedo y la presión”, asevera esta persona que pidió el anonimato.

Un líder campesino de los Llanos del Yarí sostiene que tras décadas de presencia en la región el control sobre varias Juntas de Acción Comunal se mantiene y  estas se han vuelto claves en el soporte político de la guerrilla. Pero están condicionadas, no son libres de aliarse con otros partidos o salirse del libreto. “La guerrilla ha presionado a los presidentes de las Juntas (JAC) para que se organicen en núcleos. Ellos no son guerrilleros, pero los enlaces con las JAC les dan a conocer las instrucciones de la guerrilla. Con eso obligan a todos los habitantes de una vereda a estar afiliados, para llevar una especie de censo”.

Este año, un ejemplo de esa manipulación –relata un dirigente de Caquetá–  quedó en evidencia con la tardía contratación de los profesores por parte de las autoridades  departamentales. “Debajo de cuerda estaban exigiendo que los maestros tenían que ser elegidos por las comunidades” y eso significaba que el visto bueno para la contratación de los profesores lo daba el comandante de las Farc. “Si no lo hacían así, amenazaron con devolverles a los maestros en una caja”, dice el dirigente. 

Algunas JAC también reciben mensajes perentorios para que presionen a la institucionalidad, por ejemplo para mover un batallón militar o una estación de Policía, lo que termina camuflando las verdaderas intenciones de las FARC a través de solicitudes que aparentemente vienen de la comunidad.

“Los campesinos están como secuestrados porque no tiene la libertad de hablar ni de participar”, dice otra persona que también pide no ser identificada por temor a represalias.  “Con eso las comunidades sucumben y solo tienen tres alternativas: o se van de la región, o les cobran una multa o los matan”.
En Caquetá es cada vez más evidente el accionar del Partido Comunista Clandestino, PC3, que tiene en el norte del departamento su mayor zona de influencia, amparado fundamentalmente por la columna móvil Teófilo Forero, al mando de Hernán Darío Velásquez más conocido como ‘El Paisa Óscar’.

En la única zona de reserva campesina del Caquetá, en la inspección de Balsillas, al norte de San Vicente del Caguán, según un campesino de esta zona, la columna Teofilo de las Farc mete mano en lo que pueden, desde el manejo de las organizaciones hasta en el cobro de vacunas a aquellas asociaciones que no se quieren plegar a sus directrices.

Y a pesar de que desde 2010, tres municipios del departamento (Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y el corregimiento de Unión Peneya en La Montañita) hacen parte del Plan de Consolidación Nacional, las instituciones no han podido quitarle espacio a la guerrilla.

Del secuestro a la extorsión

El cambio más notorio en la forma de operar de las Farc empezó desde el momento en que el Secretariado ordenó en febrero de2012 dejar de secuestrar con fines extorsivos. Fue entonces cuando se concentraron en la acción política y en financiarse por la vía de la extorsión. 

En Caquetá han movilizado a las comunidades, fomentado y creado organizaciones sociales con el objetivo de presionar a la institucionalidad. “Siembran desconfianza en la institucionalidad, por eso lo que queda es obedecer a los que ejercen la fuerza”, dice otro campesino que hace parte de una organización que tiene su propio proyecto productivo e intenta mantenerlo independiente del dominio guerrillero.

“La semana antes del paro (nacional agrario que comenzó el 19 de agosto) reunieron a miembros de juntas de acción comunal de la zona rural de Florencia y les dijeron que tenían que marchar de manera voluntaria, que tenían que salir solo jóvenes y hombres, y el que no saliera pagaría un millón de pesos”, aseguró. Es difícil verificar estas acusaciones, más cuando desde La Habana, sus voceros no accedieron a hablar de su trayectoria pasada y actual en este departamento.

Se suma, según un ex alcalde de Caquetá que también pidió el anonimato, la comunicación que por décadas ha existido entre los alcaldes y las Farc. “Es ilegal, muchos lo saben, pero si no lo hacen no pueden  gobernar”. A eso se le agrega que en las zonas en donde tienen control total, mensualmente a sus habitantes les toca pagar extorsiones. “Cada mes la gente tiene que pagar impuestos al Banco de las Farc. Uno de los puntos de recaudo está ubicado en la vía entre San Vicente del Caguán y Guayabal, Huila”, explica un líder que acude obligado a cancelar su cuota.

“Todo el mundo tiene que pagar”, explica una lideresa que vive en el piedemonte. “Desde los mototaxistas hasta el comercio, el que no lo haga recibe una advertencia. El litro de leche tiene su impuesto, también cada cabeza de ganado. En todas las cabeceras municipales tienen milicianos, que no usan uniforme, no portan armas visibles, pero son los puentes entre la comunidad y la guerrilla. Son los encargados de recoger la cuota”.

Al final, lo que esperan los habitantes del Caquetá es que si la guerrilla quiere participar e influir en política deje de una vez por todas las armas. “Uno esperaría que cuando se desmovilicen salgan del closet, para que la gente quede en libertad de decidir si siguen sus propuestas o no”, dijo un líder de Florencia.

Por eso en Caquetá tienen la certeza que una vez las Farc se demovilicen será allí donde tendrán uno de sus bastiones políticos más fuertes y en el que se verá si sus habitantes los apoyan o no ahora sin el peso de las armas.

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