La mala administraciónha ocasionado el deterioro de bienes entregados por los paramilitares en el Bajo Cauca.Personas sindicadas de tener vínculos con narcotraficantes y miembros de bandas criminales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño, con ayuda de excontratistas del Fondo de Reparación para las Víctimas, por poco se quedan con varias fincas entregadas por los jefes paramilitares Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

Este Fondo, encargado de la administración de los bienes entregados por los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz para reparar a sus víctimas, realizó un minucioso balance de los bienes entregados por ‘Cuco Vanoy’, el exjefe del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien está recluidoactualmente en una cárcel de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

La entidad elaboró un documento, conocido por VerdadAbierta.com, en el que consigna las dificultades que ha tenido que sortear para recuperar, sanear, administrar y convertir dichos bienes en dinero “constante y sonante” que sirva para reparar a las más de 1.200 víctimas que dejó el Bloque Mineros en Cáceres, Caucasia, Tarazá, Briceño, Peque, Ituango y Anorí. 

VerdadAbierta.com ya había denunciado el estado de destrucción total o parcial en el que se encontraban inmuebles como la Clínica La Luz cuando fueron recibidos por el Fondo; la dificultad de recuperar otros bienes, por los problemas de orden público, y el hecho de que antiguos lugartenientes de ‘Cuco Vanoy’ (hoy miembros de bacrim) estén usufructuando muchos de las fincas y negocios que él entregó. (Ver: El despojo de las Bacrim en el Bajo Cauca, Preocupan líos de los bienes de ‘Cuco’ Vanoy y Proyectos de desmovilizados de Bajo Cauca, en manos de bandas)

Ahora se suma que contratistas del Fondo, que tenían a su cargo actividades de inspección, recepción y manejo de estos bienes mientras entraban a subasta, actuaron de manera corrupta.

Los líos de La Moneda
Uno de los casos se presentó con la finca La Moneda, ubicada en el corregimiento La Caucana de Tarazá, de 151 hectáreas y avaluada en 456 millones de pesos. Aunque Vanoy la ofreció como parte de su reparación a las víctimas en 2008, pocos meses antes de su extradición a Estados Unidos, solo hasta febrero de 2010 vino a estar bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

La SAE fue una entidad con la cual la antigua Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social –DPS) suscribió un convenio en octubre de 2009, para que saneara y comercializara los bienes que hacían parte del Fondo. En 2012, el DPS tuvo que liquidar dicho convenio por los incumplimientos de la SAE en su tarea.

El citado informe asegura que muchos de los bienes entregados por los postulados a la Fiscalía no llegaron inmediatamente al Fondo y que “una vez se enteran en las regiones que los predios hacen parte del Estado se aumentan las probabilidades de invasión y alteración de linderos por parte de los colindantes”.

Efectivamente, inspectores del Fondo encontraron a mediados de 2012 que en La Moneda había ganado sin autorización alguna. Las indagaciones apuntan a que un excontratista del Fondo y el veterinario de cabecera de alias ‘Cuco Vanoy’, Bernardo Alonso Calle Bohórquez, pactaron de manera fraudulenta el cobro de un “arriendo”, para mantener las reses allí. A mediados de 2013, el Fondo puso en conocimiento de las autoridades judiciales dicha situación. Hoy, el exfuncionario está siendo investigado y el veterinario es buscado por la justicia por los delitos de narcotráfico y presuntos nexos con bandas criminales de la región.

Las dificultades para el Fondo no pararon allí. Para evitar una nueva ocupación ilegal, el predio se entregó en arrendamiento a la Asociación de Productores Agropecuarios de Caribia (Asocaribia) para que iniciara proyectos productivos con campesinos de la región. El contrato se firmó en septiembre de 2013 por el término de seis meses. Pero tres meses después, la misma Asociación solicitó cancelar el contrato debido a las frecuentes extorsiones de las que estaba siendo víctima por parte grupos criminales. La Moneda volvía a quedar “abandonada a su suerte”.

Así las cosas, en marzo de este año, el Fondo decidió realizar una feria inmobiliaria con el fin de recibir propuestas de arriendo sobre este predio, pero solo llegó una oferta, la de un ganadero de la región, quien fue el único en manifestar su interés por arrendar dicha finca, pese a la delicada situación de ordenpúblico que se vive en el Bajo Cauca, y curiosamente el mismo que durante más de un año le pagó arriendo a Calle Bohórquez. Cumpliendo con la ley, le fue adjudicada a este proponente.

La fiebre del oro
Otro caso relacionado con manejo irregular de predios entregados por jefes paramilitares sucedió en Cáceres, también en el Bajo Cauca antioqueño, e involucra predios que fueron incautados por la Fiscalía al otro gran jefe paramilitar que tuvo dominio en esta región: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Al igual que en el caso anterior, funcionarios del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Asocaribia y el veterinario Bernardo Calle figuran como protagonistas de la historia.

En mayo de 2013 el Fondo contrató al abogado Guillermo Ernesto Durán para que inspeccionara los bienes entregados por los distintos bloques paramilitares y luego los ofertara a particulares o personas jurídicas para que los manejaran mediante las diferentes figuras jurídicas contempladas por la Ley. Durán recomendó ante esta entidad a Javier Vidal Meléndez, por aquel entonces presidente de Asocaribia, como posible depositario de los bienes entregados por alias ‘Cuco Vanoy’ y ‘Macaco’.

Lo que desconocían los funcionarios del Fondo, y que dejaron consignado en el documento citado, es que dos meses antes Vidal Meléndez se había reunido en Bogotá con Guillermo Durán y su tío Hugo Regalado en las oficinas del abogado Miguel Maza Álvarez, hijo del exgeneral Miguel Maza Márquez, acusado de la muerte del excandidato presidencial Luis Carlos Galán.

Maza y Regalado le plantearon al presidente de Asocaribia la posibilidad de administrar una finca en Cáceres, con atractivos yacimientos de oro que había sido propiedad de un jefe paramilitar y que se encontraba bajo la custodia del Fondo de Reparación para las Víctimas. Y que Durán, como funcionario de esa entidad, se encargaría de todo.

En efecto, a mediados de julio de 2013 la finca Mandinga, ubicada en la vereda El Man de Cáceres, que fuera propiedad de alias ‘Macaco’, le fue entregada a Asocaribia mediante la figura jurídica de depósito. El propósito era explotar la mina de oro que había allí. Pero Vidal también fue engañado. Recurriendo a medidas fraudulentas como la alteración de su firma, Bernardo Alonso Calle Bohórquez, el ya mencionado veterinario de ‘Cuco Vanoy’, y otras dos personas aún no identificadas, elaboraron un contrato en el que se obligaba a Asocaribia a entregar el 65 por ciento del producido de la mina de oro a Maza Álvarez, mientras que el 35 por ciento restante quedaba para la Asociación.

Todo indica que una porción de ese 65 por ciento iba para los bolsillos de Guillermo Durán y otra suma similar a los de su tío, Hugo Regalado. Los funcionarios del Fondo descubrieron esta irregularidad en marzo del presente año. Al sentirse descubierto, Vidal Meléndez les confesó a los investigadores de esa entidad que el propio Maza Álvarez le había advertido de las investigaciones que se estaban adelantando y que le recomendó recurrir al “chantaje”.

“El señor Vidal afirmó que el abogado Miguel Maza le dijo que Guillermo Durán hizo que sacaran del Fondo de Reparación a una funcionaria que estaba ‘entorpeciendo los negocios’ y que incluso el propio Durán lo instigó para que le ofrecieradinero a los funcionarios del Fondo para que fueran removidos de sus cargos”, consignó el informe en sus apartes.

Las pesquisas del Fondo permitieron establecer que Guillermo Durán ofreció a personas particulares otros bienes ubicados en el Bajo Cauca que ya se encontraban bajo la tutela de esa entidad. Los testimonios recopilados señalan que Durán exigía dinero para adjudicar predios que se podían usar para minería, ganadería, proyectos agroproductivos, entre otros.

En mayo del presente año, el Fondo de Reparación a las Víctimas interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que seinvestigue a Guillermo Durán, Hugo Regalado y a Javier Vidal, entre otros.

¿Y la reparación?
Situaciones como estas despiertan serias inquietudes entre las víctimas del Bloque Mineros de las Autodefensas, al mando de ‘Cuco Vanoy, y del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar, comandado por ‘Macaco’.

En el caso de Vanoy, por ejemplo, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín proferirá sentencia en su contra en las próximas semanas. Allí se le condenará por más de 460 casos de connotación (homicidios y masacres), unos 122 casos de desaparición forzada; 78 eventos de desplazamientos forzados masivos; 207 hechos de reclutamiento forzado de menores de edad y 23 casos de violencia sexual contra las mujeres. En total, más de 1.200 víctimas.

De acuerdo con el Fondo, Vanoy entregó 37 predios (32 rurales y cinco urbanos), 1.001 cabezas de ganado y 12.882 enseres (entre muebles, vehículos, abarrotes, entre otros) los cuales tienen un avalúo comercial cercano a los 15 mil millones de pesos. Sin embargo, a la fecha solo se han vendido en el mercado los semovientes, por valor de 456 millones de pesos, y los enseres, por una suma cercana a los 16 millones de pesos, para un gran total de 472 millones de pesos.

Dichos dineros han sido invertidos en TES clase B, pues así lo ordena la Ley, los cuales, al 11 de septiembre de 2014 han generado unos rendimientos superiores a los 260 millones de pesos. De igual forma, hasta el 31 de agosto del presente año, la entidad recibió por concepto de arriendos de bienes inmuebles la suma de 65 millones de pesos.

¿Alcanzará este dinero? Se preguntan las víctimas. La respuesta solo se sabrá con el tiempo.

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El predio de 16 mil hectáreas conocido antiguamente como El Brasil, explotado por el Grupo Aliar, fue englobado y transferido por una empresa representada por la viuda de Víctor Carranza. Foto archivo SemanaLas transacciones de las 16 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, conocidas como la finca El Brasil, donde Aliar desarrolla un proyecto para producir alimento para cerdos, son investigadas por la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. Este es el organismo encargado de vigilar el registro de las propiedades y  detectar si hay irregularidades. 

En el caso de los predios de El Brasil, la Superintendencia investiga si Aliar ha violado la Ley 160 de 1994 que prohíbe la acumulación de varios predios baldíos de la Nación que originalmente fueran adjudicados a campesinos como parte de la reforma agraria.

Frente a esta decisión, Jaime Liévano, presidente de Aliar, socio principal de Proyectos La Fazenda y reconocido productor de carne de cerdo de calidad, habló extensamente con VerdadAbierta.com. Respondió ante los cuestionamientos que ha habido contra el grupo empresarial, no sólo por la presunta acumulación ilegal, sino porque el predio El Brasil sirvió de base al grupo paramilitar ‘Los Carranceros’ y fue vendido por familiares del ya fallecido empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza, muy cuestionado por su papel en la expansión del paramilitarismo en los Llanos Orientales.

Liévano explicó que el modelo de Aliar no compra tierras sino que vincula a diversos propietarios por medio de contratos (sean de comodato, arrendamiento o participación en cuentas) para producir eficientemente maíz y soya. Aclaró que El Brasil es sólo uno de los múltiples proyectos de esta índole.

Citó como ejemplo el arreglo que tiene Aliar con la comunidad indígena Sikuani, dueña en forma colectiva de miles de hectáreas pero sin el capital para mejorar la tierra y poder hacerla producir competitivamente. Según Liévano, Aliar ya les ha arreglado mil de sus hectáreas para la siembra de maíz y soya. “El acuerdo es que 70 por ciento es de ellos y 30 por ciento es de nosotros. Es el arriendo más caro anual que estamos pagando”, dijo.

Según Liévano, se requieren esas extensiones de tierras para que sea rentable sembrar maíz y soya para engordar cerdos, abaratar así el costo de la carne y contribuir a la seguridad alimentaria de Colombia. Planean para el año 2027, llegar a las 100 mil hectáreas utilizadas intensamente para producción de comida (Vea la entrevista completa en: “Hemos sido absolutamente legales y leales”: Jaime Liévano).

VerdadAbierta.com también intentó contactar a Fabián Saldarriaga, miembro principal de la junta directiva de Aliar, presidente de Contegral, y representante legal de dos firmas que integraron cuatro de las empresas que compraron El Brasil, para conocer su versión de los hechos, pero a través de su secretaria informó que los socios acordaron que sea solamente Liévano el vocero de los empresarios.

Este medio había investigado el caso y lo publicó en mayo pasado (Lea: La metamorfosis del Brasil). Este artículo relata cómo en los años noventa, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) había adjudicado 16 lotes baldíos a igual número de personas en Puerto Gaitán, Meta. En 2007, después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, los 16 parceleros originales le cedieron sus lotes a la firma Agualinda, representada por la esposa del empresario esmeraldero Víctor Carranza, fallecido este año.

Uno de los poderes está firmado por una persona, que según VerdadAbierta.com pudo comprobar, había muerto hacía tres años.

Días después de esta cesión de los 16 adjudicatarios de baldíos públicos, Agualinda englobó los lotes en una sola finca llamada El Brasil y firmó un contrato de compraventa con diez empresas: Agropecuaria Visión, Agropecuaria San Martino, Agropecuaria Futuro y Agropecuaria Valores, todas de Envigado, Antioquia, y creadas en la misma notaría el 22 de diciembre de 2006 y con los mismos socios; y las santandereanas de larga trayectoria, Entrehogar, Premex, Proyectos La Fazenda, Inversiones Arar y Concesionaria. Una sexta empresa santandereana, Prollanura, fue constituida en marzo de 2007 por Rafael Marín de la conocida firma constructora Marval.

Esas diez empresas, con Proyectos La Fazenda como negociador, conformaron un encargo fiduciario al Banco Helm para que éste comprara El Brasil por 15 mil millones de pesos y la administrara. Luego, bajo ese fideicomiso, el banco firmó un contrato de comodato con Aliar para que mejorara y explotara las tierras.

La investigación encontró que casi todas las empresas que compraron el lote recién englobado de El Brasil tienen vínculos con socios directivos de Aliar, el conglomerado productor de alimentos que mejora y explota las tierras en comodato. Así, el directivo principal Fabián Saldarriaga es representante legal de dos de las empresas que constituyeron las firmas Agropecuarias antioqueñas. Otro miembro de la junta directiva de Aliar, Adolfo Botero, es el fundador de la empresa Entrehogar; otro, Rafael Marín Valencia, el de Prollanura; y un directivo suplente, Carlos Eduardo Mesa, es socio fundador de Premex.

Liévano explicó que Aliar no puede invertir en tierras porque no puede distraerse de su negocio principal que es producir alimentos. Lo que suelen hacer entonces es buscar posibles compradores si, como en el caso de El Brasil, los dueños no quieren entrar en el negocio. “Que compre el que quiera –dijo-. Pueden ser socios o terceros”. Pero aclaró que todos deben comprar bajo un protocolo de tierras que asegure un trato equitativo para el vendedor.

En esa lógica es que varios socios de Aliar compraron El Brasil, mediante un fideicomiso, con el encargo de que le entregara la finca en comodato a Aliar.

“Nos llega la información de que (los 16 dueños de las parcelas agrupado por Agualinda) quieren hacer la venta, entonces les hacemos la propuesta pero su interés no era vincularse a ningún proyecto productivo -dijo Liévano-. Nos dijeron que no podían esperar entonces, por las carreras de buscar los inversionistas, lo que hicimos fue firmar una promesa de compraventa. En este ejercicio se buscaron a los accionistas amigos y salieron diez compañías”.

Según explicó Liévano, bajo ese contrato de comodato con la fiducia creada por esas diez compañías, ellos están mejorando la calidad de 3.000 hectáreas, y pronto lo harán de otras 3.000, para así completar 6.000 hectáreas que es lo que usarán de El Brasil, pues la tierra sobrante será para reserva de ríos, morichales y áreas de amortiguamiento. Una vez la tierra esté lista para la siembra, cambiarán su contrato con el banco por uno de arrendamiento para sembrar maíz y soya, base de la alimentación de los cerdos de la productora de carnes de cerdo, La Fazenda.

Así que el Grupo Aliar, que tiene muchos más socios que los que compraron el Brasil, no es el dueño de El Brasil, sino el comodatario, argumenta Liévano, y por tanto no ha acumulado tierras. Además, asegura que las transacciones fueron transparentes y que las diez empresas que compraron la tierra en una fiducia pactada con el Banco Helm Trust son de empresarios de reconocida trayectoria.

La Superintendencia anunció que va a revisar la cesión que en abril de 2007 realizaron los 16 dueños de las tierras a la empresa Agualinda, el subsiguiente englobe de esos predios, el contrato de compraventa firmado en mayo de 2007 y la conformación de la fiducia por los diez socios y el contrato de comodato con Aliar.

El pasado de la tierra

En su investigación, VerdadAbierta.com también encontró que, según documentos oficiales, visitas de campo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y testimonios de ex paramilitares, El Brasil fue utilizado como base paramilitar por las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, llamadas ‘Los Carranceros’. Esta finca sirvió de escondite en julio de 1997 a los paramilitares del Bloque Centauros, autores de la masacre de Mapiripán y donde han sido exhumados los cuerpos de por lo menos dos niños que fueron reclutados forzadamente por este grupo armado ilegal en los Llanos Orientales.

Sobre el pasado violento de esta tierra, Jaime Liévano explicó que la empresa estudió los títulos y no encontró que los propietarios tuvieran cuentas pendientes con la justicia. En relación con Carranza, dijo que se enteró de la existencia de esas 16 parcelas y el interés de Agualinda por englobarlas y venderlas por un trabajador de su empresa. Explicó que viendo que el esmeraldero había sido un contratista del Estado y que no figuraba en ningún registro oficial como delincuente, no vieron problema en hacer el negocio. A su empresa le interesaba sobre todo poder conseguir un terreno de la extensión suficiente para poder desarrollar su modelo agroindustrial, algo que ha buscado por todo el país y no es fácil de conseguir. 

En efecto, Carranza fue investigado por conformación de grupos paramilitares, y fue absuelto por la justicia.No obstante, desde los años ochenta ha habido testimonios y documentos, muchos de ellos publicados por la prensa, que lo han vinculado con estos grupos.

El caso de La Fazenda fue además denunciado en el Congreso en marzo de 2012, por el representante Iván Cepeda quien lo presentó como un ejemplo de acumulación de tierras públicas, que en la práctica desafía el espíritu de la Ley 160 de 1994 que busca que esa tierra de la Nación sea destinada a los campesinos pobres. El caso fue retomado por el senador Jorge Robledo, quien reiteró la denuncia en el Congreso.

Jairo Mesa, superintendente delegado de Tierras, explicó que, por considerar que se violó la Ley 160 de 1994 que prohíbe la concentración de predios originalmente baldíos destinados a reforma agraria, la entidad investigará todos los registros que hay en los folios de matrícula (documentos que garantizan la propiedad del inmueble) y que permitieron la transferencia de las tierras desde los dueños originales hasta llegar a la figura de fiducia, venta y comodato que permite a los actuales empresarios explotar las tierras.

Otros detalles

VerdadAbierta.com encontró que estas tierras eran baldías y que entre marzo y diciembre de 1995 el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) se las tituló a 16 personas, correspondiéndoles a cada una un predio de mil hectáreas. Ese mismo año el predio fue tomado por el grupo ‘Los Carranceros’, cuyo nombre hace referencia a la supuesta financiación que recibió del esmeraldero Víctor Carranza, hasta 2005 cuando los paramilitares se desmovilizaron.

La transformación de las tierras del antiguo Brasil comenzó precisamente después de la desmovilización. En pocos meses y en documentos consignados en la Notaría 4 de Villavicencio y en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Gaitán, en abril de 2007 los 16 dueños le entregaron un poder a un abogado para cederles las tierras a Agualinda, cuya representante legal es María Blanca Carranza Carranza, la esposa de Víctor Carranza. En pocos días, la Agualinda englobó los predios y celebró el contrato de fiducia con el Grupo Aliar.

¿Qué viene?

Jairo Mesa explicó que el proceso de investigación de los registros públicos que permitieron el traspaso de las tierras tardará seis meses. Cuando eso suceda, el Estado deberá tomar una decisión: definir si la empresa por medio de sus accionistas violó o no la Ley de Baldíos. En caso de anular las transacciones, la tierra quedaría a nombre de las 16 personas que el antiguo Incora tituló en los años 90.

Sin embargo, será tarea del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinar si estas 16 personas en realidad eran merecedoras de las tierras baldías, es decir, si cumplían con los requisitos de la reforma agraria como que no hayan tenido las condiciones económicas para adquirir propiedad privada, no fueran funcionarios públicos y en realidad hayan desempeñado actividades agrícolas.

Las sospechas de la entidad acerca de estos 16 adjudicatarios de reforma agraria se basan en que, en un caso similar, también Puerto Gaitán, un predio de 27 mil hectáreas conocido como el Hato Cabiona, y relacionado de forma directa con Víctor Carranza y su ganadería La Cristalina, se ha documentado que las personas tituladas en los años noventa por el antiguo Incora habían sido trabajadores del empresario de las esmeraldas, con cédulas en su mayoría de Boyacá, lo que supondría que Carranza logró que el Incora adjudicara tierras a testaferros para hacerse a terrenos públicos en forma gratuita (Ver “El oscuro pasado de El Provenir“).

Sobre el uso de las tierras, es decir, qué sucederá con las tierras que ha ido adecuando el Grupo Aliar en Puerto Gaitán, es incierto porque hasta el momento no ha habido ninguna decisión judicial que ordene a un empresario devolver las tierras a la Nación. Las decisiones han sido del Incoder pero éstas han sido de carácter administrativo como ocurrió en las antiguas haciendas Las Pavas, en el sur de Bolívar, y en Bellacruz, en el sur del Cesar. Las decisiones del Incoder han sido llevadas a pleitos judiciales por demandas que han interpuesto las respectivas empresas.

Aún si el Estado llegara a confirmar sus sospechas de que hubo acumulación de tierras u otras irregularidades, si se demuestra la buena fe de los socios de Aliar, puede llegar a algún arreglo amistoso que beneficie a los campesinos que pudieron haber sido afectados por la acción de los violentos en esos terrenos.

La carta de Aliar

Antes de sostener una entrevista con VerdadAbierta.com, el presidente de Aliar, Jaime Liévano, envió esta carta electrónica contando su versión frente a la decisión de la Superintendencia:

“Ni la Fazenda es dueña, ni podemos devolver lo que no es nuestro”

Octubre 30 de 2013.- En relación a la información publicada en el día de hoy por la prensa, en la que se anuncia una decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro de iniciar un proceso administrativo con relación al predio “El Brasil”, Aliar S.A. reitera:

Nuestro interés en la altillanura no es adueñarnos de la tierra. Aliar S.A. -dueña de La Fazenda- hoy cuenta sólo con la propiedad sobre la extensión necesaria para ubicar sus plantas de proceso para producción de carne de cerdo. Las demás tierras donde se cultiva soya y maíz, son de propietarios de la zona y han sido vinculadas mediante contratos de arrendamiento y tenencia, con remuneración variable, que depende de la productividad de las cosechas.

Aliar no es un negocio de adquisición de tierras, sino un modelo de producción agrícola a través del mejoramiento de extensiones de tierra que nunca fueron aptas para la agricultura. Sus accionistas somos más de 100 familias, que hemos invertido 300.000 millones de pesos, de los cuales dos terceras partes son pasivos con la banca nacional, que ha creído en nuestro modelo.

El predio al que hace referencia la decisión de la Superintendencia, donde apenas hemos iniciado el mejoramiento de tierras -la Hacienda El Brasil-, fue de propiedad de 16 personas de la zona, algunas de ellas, al parecer herederos de Víctor Carranza, que decidieron asociarse en una compañía. Dicha compañía vendió la tierra al fideicomiso de Helm Trust, que emitió unos títulos, comprados por 10 tenedores. Son ellos -los tenedores de dichos títulos y el Helm Trust- quienes nos han arrendado la tierra, para hacerla más productiva, dentro del esquema que hemos desarrollado, de producir carne de cerdo de la mejor calidad.

Tanto el Helm Trust, como los tenedores de los títulos, nos confirman que realizaron en su momento la debida diligencia y el estudio de los títulos respectivos, y que ninguno de los socios de la empresa vendedora, ni sus representantes legales, figuraban en listas inhibitorias o lista Clinton, ni sobre los predios había denuncias de ninguna clase.

Reiteramos que estamos totalmente dispuestos a colaborar plenamente con las autoridades en todas las acciones administrativas, incluida la anunciada hoy a través del diario El Tiempo por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Aclaramos que los predios citados no son de nuestra propiedad, y por lo tanto no podemos devolver lo que no es nuestro.

Además reafirmamos que si el Estado decide expropiar dichas tierras o entregarlas a desplazados o víctimas de la violencia, estamos dispuestos a trabajar con ellos para garantizar la seguridad alimentaria del país.

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Jaime Liévano es, desde diciembre de 2003, el dueño y presidente del Grupo Aliar, una empresa santandereana que desarrolla un proyecto agroindustrial de porcicultura a gran escala en Puerto López y Puerto Gaitán, en el norte del Meta. La firma ha sido cuestionada en el Congreso durante varios debates de tierras que advertían que explotaba predios originariamente baldíos, los cuales, según la ley, deberían haber sido entregados a campesinos pobres.

VerdadAbierta.com documentó ese caso en mayo pasado y encontró que el antiguo predio de El Brasil, uno de los que explota Aliar en la región de la Altillanura, está compuesto por 16 predios que eran tierras de la Nación, adjudicadas originalmente a igual número de propietarios. Estos cedieron sus tierras a una firma de la familia del empresario de las esmeraldas Víctor Carranza, quien murió en abril de 2013, que englobó las parcelas en la finca El Brasil. Luego vendió la hacienda a diez empresas, varias de las cuales forman parte del Grupo Aliar, mediante un fideicomiso con el Banco Helm, y bajo este encargo fiduciario, el banco la entregó en comodato al Grupo Aliar.

VerdadAbierta.com también encontró que El Brasil fue base paramilitar de ‘Los Carranceros’, y que allí mismo, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía exhumó los cuerpos de dos niños que habían sido reclutados forzadamente por ese grupo y asesinados.

Tras la decisión de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de investigar los registros (escrituras y folios de matrícula)de El Brasil, Jaime Liévano conversó largamente con VerdadAbierta.com sobre el caso: cómo llegó a la Altillanura, cómo fue la transacción sobre los predios del antiguo Brasil y su postura frente a la decisión de la Superintendencia:

Jaime Liévano (J.L): Antes de que comencemos me gustaría contarles quién soy…

Tengo 68 años, soy de Bucaramanga (Santander). Estudié en el Colegio San Pedro Claver y economía en la Universidad de Los Andes. Fui compañero de estudios de Gloria Gaitán, Cecilia Rodríguez y Carlos Gustavo Cano. En esa época decíamos que había un grupo de los muy politizados y de los menos politizados. Hice parte del segundo y por eso nunca incursioné en política. Siempre he trabajado en el sector privado: fui gerente de la Andi y de la Nacional de Conservas, hoy La Constancia. Cuando me independicé de la casa comencé a trabajar como analista financiero, me presenté a un concurso de Proexpo, me seleccionaron, pero el médico me encontró un cáncer y no pude trabajar. Luego me llevaron de subgerente a la empresa Tintorex y más adelante comencé a trabajar en Avidesa S.A., la que transformamos en Mac Pollo, donde para ese entonces mi familia tenía una participación del 5 por ciento. Hoy Mac Pollo (empresa avícola santandereana) es la primera empresa del país en este sector.

Mis 25 años más productivos se fueron en construir Mac Pollo, una empresa que cuando empecé el consumo percápita de pollo era de 4 kilos y cuando lo dejé era de 22 kilos. Fui Presidente de Fenavi por dos períodos consecutivos y en esa época, como 1998, el debate era qué iba a pasar con la industria avícola y porcícola de Colombia porque se preveían los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y del Alca, con Brasil. En el análisis que tenían nos barrían porque no éramos capaces de competir, pese a que Mac Pollo estaba entre los más eficientes en Colombia, porque el 75 por ciento de lo que vale el pollo, el cerdo y los pescados son los granos con que se alimentan. Y de ese 75 por ciento, el 80 por ciento son dos productos: el maíz y la soya. Ahí la seguridad alimentaria se convirtió en debate.

En una conferencia que hubo en 1998 en Bogotá yo dije que si no sembrábamos nos íbamos a quedar sin comida y seguridad alimentaria. Todo el mundo aplaudió menos un señor que era un gringo de la Sociedad Americana de Granos que me dijo que Colombia nunca iba a superar a Estados Unidos en la producción de maíz porque Estados Unidos tenía 16 horas de sol. Yo le respondí que para 1945 la productividad de Estados Unidos era de dos y media toneladas de maíz por hectárea, y la de Colombia, igual, que si era que las 16 horas de sol habían llegado después de la Segunda Guerra Mundial. Pensé que me iba regañar pero se convirtió en un apoyo y me ayudó a hacer contactos en Brasil con el Presidente de la Sociedad Rural.

Toda la investigación de altas productividades y genéticas se hizo para climas templados entonces hoy la productividad promedio es 9.5 toneladas de maíz y 2.5 de soya; nosotros vamos en 3 de soya pero en maíz apenas vamos en 6.8, pero tenemos el potencial. ¿Qué hacer? ¿Dónde se podrá sembrar en Colombia?

VerdadAbierta.com (V.A.): ¿Eso en qué año fue?

(J.L): Eso fue en el 98. Entonces dije, uno tiene que buscar dónde está la producción. Comenzamos con el Magdalena Medio y pensé tengo que traerme un gaucho, un brasilero del sur, que son los quemás saben de agricultura tropical porque fueron los que fueron al Cerrado (una zona de tierras pobres que Brasil desarrolló para la agroindustria). Me llamó el presidente de Novartis (empresa multinacional), en ese entonces Enrique Copete y me dijo: “yo soy el gaucho, soy de Novartis, lo apoyo y me gusta su idea. Sembremos con toda la técnica el maíz para ver qué potencial hay en el Magdalena Medio”.

Sabíamos que en el Valle del Cauca se podía, pero el asunto es que los granos no podían competir con la caña de azúcar porque una hectárea de maíz produce 6 millones de pesos; con una de caña, 12 millones, por eso pueden pagar mejor el arriendo de las tierras. Entonces hicimos un ensayo de 20 hectáreas en Aguachica (César) y el mismo técnico de Novartis se sorprendió, dijo que era espectacular. Para esa época Aguachica tenía sorgo y algodón.

Hicimos el ensayo de maíz y fue muy bueno. Entonces dijimos, vamos a mirar cómo podemos conseguir tierra en la zona del Magdalena Medio y comenzamos a buscar, a hablar con comisionistas, el objetivo era sembrar con alianzas, arrendando, pero fue absolutamente imposible. Encontramos una tierra de 900 hectáreas, pero allí había 15 invasores y tenía unos líos jurídicos. Entonces me fui para Córdoba y dije, voy a comprar, a empezar a propiciar el cultivo. Les dije a los campesinos que si sembraban una semilla que se llama el colorado, que tiene mucha más proteína, les garantizaba la compra y les aseguraba que podían crecer.

(V.A.): ¿Y a dónde fue a comprar tierra?
(J.L): A comprar tierra, no, a hablar con los cultivadores de Cereté. Me fui para allá, hicimos un listado de 95 productores y les dijimos, siembren maíz, les garantizamos el precio y la compra, y les dije que íbamos a hacer un concurso.

Los veinte primeros me los llevo para Brasil para que vean otro mundo. Cuando la cosecha salió los precios bajaron, pero de todas formas cumplí la palabra, les compré el maíz. Pero de los 19 que fueron al Brasil, 10 mandaron al hijo en premio, el viaje lo consideraron un premio, pero no fueron en plan de trabajo y lo que vieron allá lo vieron como un imposible… Los tenedores de tierras dicen, para qué me pongo a trabajar, más bien arriendo la tierra. Entonces no me funcionó en Córdoba, estaba desilusionado. Iba mucho a Brasil, conocía el Cerrado brasilero y me dije: Colombia no puede ser tan sumamente de malas que el petróleo está en Venezuela y Ecuador, y el maíz es originario de Mesoamérica entre Perú y México y ahora el que lo produce es Estados Unidos. No podemos ser tan de malas, los de malas somos nosotros que no tenemos la concepción. Entonces dije, vamos a mirar una tierra. Me dijeron por allá unas tierras pobres, donde nadie produce nada y pregunté que dónde era y me dijeron que en los Llanos Orientales. Yo solo había ido una vez a Villavicencio que creí que eran los Llanos.

(V.A.): ¿Y quién le dijo que en los Llanos había esa tierra?
(J.L): Alguien, ahorita no recuerdo quién dijo que en los Llanos.

(V.A.): ¿Estábamos comenzando el año 2000?
(J.L): Sí, ya estábamos comenzando, estábamos en finales del 99, me dijeron sí pero no es la tierra pegada a Villavicencio; es la Altillanura.

(V.A.): ¿Y usted hacía esa gestión como Fenavi?
(J.L): Estaba como Fenavi pero lo hacía más que todo como presidente de Mac Pollo y todo salió para Mac Pollo. Estaba buscando maíz y soya para los concentrados de los animales, para poder sacar un pollo más barato…

(V.A.): ¿Entonces a usted le tocaba salir a buscar maíz?
(J.L): No, conseguir el maíz era lo más fácil, se cogía el teléfono y se llamaba y se pedía a las empresas cuánto se necesitaba: 20 mil, 15 mil o 10 mil toneladas. Eso era fácil. Lo difícil era el precio (de los granos y concentrados). Fui a preguntar dónde había tierras. Cuando llegué era tenebroso pasar de Puerto López, tenebroso porque esas tierras era entre guerrilla y paramilitares y eso no era de nadie, uno gastaba entre 4 y 5 horas desde Puerto López hasta donde hoy es la Fazenda (marca comercial de la producción de cárnicos a partir del cerdo del grupo Aliar).

Entonces dije a mí me da mucho miedo, yo no voy por allá, y comencé fue a buscar tierra para hacer un ensayo con Novartis como el que había hecho en Aguachica. Lo hicimos en una finca de 20 hectáreas en el kilómetro 72, de Alberto Durán. Y el potencial se lo vimos. Entonces dije listo, a conseguir tierra. Duré 6 ó 7 meses buscando tierra y nada. Entonces un tipo me dijo: Jaime, mis cuñados tienen una tierra allá y están ‘engalletados’, ellos eran hijos del que había sido gerente de Bavaria en Villavicencio. Ponían cualquier negocio y no les daba nada. Hicimos la promesa de compraventa para Mac Pollo pero el día que yo iba a firmar la escritura me llamó el socio de Mac Pollo y me dijo: Jaime, no he dormido. Esa vaina es un sitio de guerra, yo no soy estoy de acuerdo. Y yo le dije: William, puede ser que usted tenga razón pero firmé ya la promesa de venta y la tengo que cumplir. William me dijo que no aceptaba que Mac Pollo comprara esa tierra.

Me quedé pensando y dije qué hago, tengo que cumplir la palabra. Le dije a William que yo me iba a endeudar y que yo le arrendaba la tierra, que eran 2.200 hectáreas, a Mac Pollo. Empezamos el ensayo en 20 hectáreas y saqué 1.5 toneladas de maíz, es decir, me quebré. Llamé a mi amigo de la Sociedad Rural Brasileña, que se llama Claudio Braga y él me dijo que necesitaba a un asesor, y me prestó a Joao Celso. Miró, me dijo que no era tan fácil y que antes de maíz debía comenzar con soya que necesitaba menos tierra en profundidad para crecer.

A esto le dedicaba mucho tiempo y en 2003 hubo una pelea en Mac Pollo. Ellos tenían el 85 por ciento y yo el 15. Cuando yo entré a la empresa se le había hecho una inversión de 20 millones y para mí la empresa ya valía 100 mil millones. Les dije que si me compraban y me dijeron que no. Me dijeron que finalmente la empresa valía 60 mil millones y que me daban 9 mil, de los cuales los 2 mil millones que se habían invertido en la finca de los Llanos corrían por mi cuenta. O sea, me quedaban 7 mil. Me podía quedar viviendo de la renta pero dije no, yo me ‘muero’. Mi mujer si más me mata, me dijo que cómo iba arriesgar el dinero de la vejez. Fue cuando mis hijos le dijeron: mamá, si usted no deja a mi papá hacer esto, él se muere.

Vendí el 15 por ciento. No tenía plata ni los fondos para crecer. Dije, le voy a meter todo a esto y me gasté toda la plata y me puse a trabajar en la idea que tenía. Cuando cumplí 60 años dije voy a celebrar mi cumpleaños allá y me llevé a 60 familias amigas. Eso fue en 2004 y todos se sorprendieron de lo que vieron: los cultivos de maíz y soya, y la planta de secamiento. Después me reuní con Rafael Ardila, de Rayco, y Rafael Marín, de Marval, dos amigos que me apoyaron mucho cuando salí de Mac Pollo. Les dije lo que quería hacer en La Fazenda, producir los concentrados y tener animales. Pollo no podía porque perdíamos por la escala tan baja. Nos pareció que huevo era una buena opción. Me di cuenta que en Brasil todos tienen cerdo y dije: voy a estudiar cerdo.

Hablo con la empresa PIC en Brasil, que es una industria genética. Me recibieron muy bien pero me dijeron que ellos tenían representante en Colombia, que PIC Colombia, que es el grupo Contegral. Los conocía por una pelea jurídica que habíamos tenido antes. Fui entonces a hablar con Fabio Saldarriaga y le conté que quería trabajar con cerdo. Me dijo que me apoyaba.

Le conté a los inversionistas amigos y comenzamos a producir concentrado y alimentar cerdos, porque el cerdo estaba deprimido en Colombia, la calidad no era buena y dijimos: vamos a hacer las cosas bien. Rafael Ardila me dijo que podía incluir a otro socio, a Promotores, donde está Mercadefam, empresarios maduros. Estamos en sociedad con Premertex, con Adolfo Botero; Néstor Pérez y Alirio Cadena, y eso estaba muy bien porque comenzábamos la distribución en los supermercados. Hicimos la sociedad Agropecuaria Aliar en 2004, con la idea de comenzar con mil madres para tener 25 mil cerdos al año. Y comenzamos a hacer el mercado.

Fabio Saldarriaga, de PIC Colombia fue y quedó fascinado, me dijo que lo hiciera socio del proyecto. Yo le dije que sí, que la única forma de construir esto era con socios inversionistas. Lo llevé a que mirara una finca más adelante y me dijo que era espectacular.

El asunto es que para poder competir internacionalmente la escala era de en un rango de 20 kilómetros tener 6 mil hectáreas de cultivo, pero para tener 6 mil hectáreas de cultivo hay que tener 12 mil hectáreas porque no todo se puede cultivar. Me preguntó que si la tierra se conseguía y yo le dije que sí, que sólo si nuestro proyecto productivo nos daba para pagar una renta mejor que la que estaban ganando los poseedores de la tierra. Entonces es cuando en 2006 o 2007 entra el Grupo Contegral a formar parte de esto.

(V.A.): ¿Ahí entonces es cuando en diciembre de 2006 forman las cuatro empresas en Envigado, Antioquia, todas en la misma notaría? ¿Por qué crean las Agropecuarias Valores, Visión, Futura y San Martino, si los representantes legales ya tenían empresas?
(J.L): Le cuento. Puedo tener algunas imprecisiones pero es lo que conozco del Grupo Contegral. El Grupo Contegral se origina en dos hermanos Mesa que hoy tendrían 115 años. Los que conocen Medellín conocen Guayaquil. Ellos tenían un granero en Guayaquil. Cuando ellos tenían 25 ó 30 años vendían productos agropecuarios. La segunda generación desarrolló Contegral y la tercera generación, que son como 60 familias tienen muchas sociedades. Su modelo es que todo lo que se produce, el 20 por ciento se reparte y el 80 por ciento de las utilidades se reinvierte.

Dentro de los esquemas, les parecía que esa era una oportunidad porque ellos querían hacer un proyecto de porcicultura en el Magdalena Medio y no había forma de cómo conseguir la tierra.

(El entrevistado comienza a hacer una presentación sobre el proyecto La Fazenda a partir de diapositivas en su computador)
(J.L): … La gente nos dice que si somos tan bobos de ir a meter plata en un desierto. Lo que hemos descubierto es cómo hacer fértiles esas tierras. Para lograrlo, hay que mejorar la materia orgánica, la acidez, la saturación y los nutrientes. Nosotros nos demoramos en mejorar las tierras en diez años; la naturaleza en 500… Lo que hemos descubierto es que para ser eficientes se requiere hacer núcleos de 6 mil hectáreas… el modelo lo desarrollamos para que cualquiera pudiera cultivar en su finca, le ayudamos a buscar financiación y le pagamos un arriendo. .

Aliar no puede entrar en tierras porque no puede distraer su capacidad financiera ni su capacidad de gestión. Entonces busquemos entre todos y si hay una oportunidad de compra, que compre el que quiera. Pueden ser socios, terceros, hemos venido insistiendo que el que quiera compre pero para eso tenemos un protocolo de tierras porque esto se tiene que manejar con equidad.

Nosotros queremos llegar a tener un modelo con 100 mil hectáreas. El Llano no tiene un solo modelo productivo. Con nuestro modelo el dueño de la tierra va a recibir cuatro veces garantizado por encima de lo que podría recibir de otra alternativa, que sería la ganadería. Por ejemplo, uno con los que tengo arriendo es con un ganadero de origen alemán. Él me adora porque recibe mensualmente 28 millones de pesos. Está viajando y se quitó el estrés de manejar la ganadería.

(V.A.): ¿Cuánta tierra tiene arrendada Aliar?
(J.L): Tiene arrendadas 13 mil hectáreas de cultivo.

(En la entrevista interviene una abogada de Aliar, quien solicitó fuera citada como Departamento Jurídico de Aliar)

Departamento Jurídico de Aliar (D.J.A): Son tres formas de vinculación de tierras que tenemos en el proyecto: vía comodato, arrendamiento y vía contratos de integración o cuentas en participación. Son todas tierras para lograr el objetivo del proyecto, que es el crecimiento agrícola y pecuario. ¿Qué pasa en el comodato? Esta es una de las estructuras con las que se vinculó el predio El Brasil sobre el cual tienen dudas. Los demás son arrendamientos.

(V.A.): ¿Esos arrendamientos tiene un precio igual?
(D.J.A): Los arrendamientos van con productividad. Es variable, hay mixtos y otros con una base fija acordada con el propietario. En otros casos se aporta el uso de la tierra y al final liquidan y se reparten utilidades. Este ejercicio lo estamos haciendo con las comunidades indígenas del resguardo Wacoyo.

(J.L): Nosotros tenemos dentro del protocolo que no podemos generar riqueza a partir de la miseria de los demás. Entonces con los Sikuani llegamos a un acuerdo de palabra porque ellos no pueden firmar nada porque se trata de títulos de resguardo. Ellos viven en la absoluta miseria porque aunque tienen 300 mil hectáreas en títulos las tierras no son fértiles y no tienen los recursos para mejorarlas. Entonces la única forma es que ellos nos contraten para arreglarles la tierra. En este momento les hemos arreglado mil hectáreas para la siembra de maíz y soya y el acuerdo es que 70 por ciento es de ellos y 30 por ciento es de nosotros. Es el arriendo más caro anual que estamos pagando. Pero nos interesa tener un buen vecino, que nos ayuden a rezar las tierras para que llueva y no nos llegue ninguna plaga.

(D.J.A): Este es un esquema de comodato. Para arreglar las tierras y que sean productivas debemos invertir 7 millones de pesos por hectárea. Lo que venimos manejando con los propietarios de las tierras bajo este esquema de comodato es varias fases. Mientras las tierras no sean productivas no pagamos canon de arrendamiento. En la medida en que las vamos arreglando pasamos a una segunda modalidad, que puede ser arrendamiento o cuentas de participación.

(J.L): Las tierras del Brasil quedan tan lejos que no puedo vincularlo a ninguna planta de secamiento. Mientras no tenga 6 mil hectáreas arregladas no puedo montar una planta…

(D.J.A): Estábamos en el proceso de vinculación de tierras cuando uno de nuestros trabajadores nos informa que en la zona este grupo de personas se estaban organizando para vender la tierra, que eran 16 propietarios y ellos se organizaron en Agualinda Inversiones. Nos llega la información de que quieren hacer la venta. Entonces les hacemos la propuesta pero su interés no era vincularse a ningún proyecto productivo; su interés era vender. Nos dijeron que no podían esperar entonces, por las carreras de buscar los inversionistas, lo que hicimos fue firmar una promesa de compraventa. En este ejercicio se buscaron a los accionistas amigos y salieron diez compañías (las cuatro de Envigado: Agropecuarias Visión, San Martino, Futuro y Valores; y las santandereanas Entrehogar, Premex, Prollanura, La Fazenda, Arar y Concesionaria).

(V.A.): Hay 16 personas que eran los dueños de los títulos del predio El Brasil y ellos le ceden la tierra a Agualinda. ¿Ese proceso de los 16 y la negociación con Aliar se da entre 2006 y 2007?
(D.J.A): Estas personas se habían organizado y estaban vendiendo la tierra desde hacía rato. Cuando ellos se organizaron y tenían su eventual comprador, firmamos esta promesa de compraventa para amarrar el tema; eso es en abril de 2007.

(V.A.): ¿Descartamos que esas cuatro compañías (las creadas en Envigado) se crearon para comprar esto?
(D.J.A): Claro. Todo lo que nosotros hacemos es legal y eso debe quedar claro. En la escritura de comodato todo está descrito. Nosotros no creamos SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas) por UAF (Unidades Agrícolas Familiares), ni nos fuimos para Luxemburgo. Todo es transparente.

(V.A.): Pero personas como Fabio Saldarriaga crearon esas empresas para comprar El Brasil y al mismo tiempo están en la junta de Aliar y es el mismo caso de otros… ¿no es eso comprar la tierra?
(J.L): Él sabe que la idea es llegar a un cultivo de 100 mil hectáreas y que no nos importan de quién sea la tierra.
Le cuento que estamos frustrados con este país porque todo este esfuerzo y ahora yo tengo que tener más abogados que agrónomos.

(D.J.A): La promesa de compraventa se firma el 13 de abril de 2007. Nosotros damos plena certeza que las cuatro empresas no fueron creadas para este ejercicio. No tendría sentido lógico crearlas para esto porque nosotros no utilizamos SAS por UAF. Ese predio ya estaba consolidado en un globo y lo tenía esa sociedad Agualinda y para nosotros lo que hizo esa empresa no fue ilegal.

(J.L): Y el precio que pedían era alto y nos gustó el predio porque era un solo globo. Yo no me fui al Vichada por tengo plata para acceder hasta allá ni esperar una valorización para cuandoseamos grandes.
(D.J.A): Las otras seis empresas (las santandereanas) son Entrehogar, creada en 1992; Arar; en 1996; Concesionaria, en 1987; La Fazenda, en 2004; Prollanura, en 2007; y Premex, en 1976. Estas son las compañías que decidieron entrar a comprar la tierra.

(V.A.): ¿Y cuánto les pedían por la tierra?
(J.L): Diez y seis mil millones de pesos. Ustedes saben que en Colombia la tierra se negocia debajo de la mesa, pero acá todo fue transparente. Fue la tierra que se pagó más cara en ese entonces, a un millón por encima el valor de la hectárea del momento.

(D.J.A): Ya teníamos a los 10 inversionistas que iban a ser copropietarios, entonces dijimos: esto se va a arrendar a Aliar. La primera etapa era quién iba a tomar las decisiones por los diez y dijimos que había que nombrar a un vocero. Ellos decidieron crear una fiducia de administración, que su esencia es administrar. La fiducia lo que hace es comprarle a Agualinda la tierra y administra eso en un fideicomiso.

(V.A.): Y quién escoge el banco, ¿las diez empresas?
(J.L): Claro, es la fiducia con la que ellos quieran trabajar. Helm aceptó el mandato y con eso procede al acto de comprar la tierra. Aliar cedió la promesa de compraventa.

(V.A.): No era demasiado riesgo, firmar una promesa de compraventa sin tener los socios…
(J.L): El riesgo es un riesgo calculado, el riesgo es en la medida del conocimiento del mercado. En este caso pues el riesgo era pagar la multa que era como de mil millones.

(V.A.): ¿Por qué meterse en a desarrollar un negocio en unas tierras tan lejanas y tan improductivas?
(J.L): Porque era un globo, para mí eso es muy valioso porque mi único interés es buscar tierras para hacerlas productivas. Tenemos arregladas 3 mil hectáreas (de 16 mil de las cuales van a arreglar 6 mil). Mientras no tenga arregladas unas 5 mil no puedo comenzar a cultivar.

(V.A.): Colombia es un país con un historial de violencia. Cuando ustedes van a negociar la tierra, ¿sabían que estaban transando con la familia Carranza?
(J.L): Si me preguntan si conozco a Carranza les digo que lo conozco lo mismo que lo conocen ustedes. ¿Qué si lo he visto personalmente? Sí, en Puerto López él era el rey y en Puerto Gaitán, claro, dicen que él donó las tierras para la iglesia. A la hora del comodato lo que se hizo fue estudiar los títulos, se mandó a averiguar en la lista Clinton y no salió nada.

(D.J.A): Cada vez que se vincula un título miramos que no esté en las listas inhibitorias, como las de Clinton, financiación al terrorismo, trata de blancas… Cuando se hizo ese barrido, solo en una de las ventas de los predios aparecía el nombre de un señor Yesid Carranza Córdoba, hicimos todo el análisis completo y el señor no tienen ningún problema. Ahora, ni somos defensores ni tuvimos contrato con Carranza. Sabemos lo que sabe todo el mundo. Finalmente el señor era contratista del Estado, las minas de cal que había en la zona para arreglar las tierras eran de él y era un contratista del Estado.

(V.A.): ¿Pero sabían que Agualinda era de la familia Carranza, pesar de que su representante legal era Blanca Carranza de Carranza, la esposa del cuestionado empresario?
(D.J.A): No. El representante de esa empresa era Sergio Andreiv Poveda.

(V.A.): El estudio de títulos les dio que solo había un Carranza…
(J.L): Y que ninguno estaba en las listas inhibitorias, ninguno. Aparte de eso Carranza es contratista del Estado, socio del Banco de la República con las minas de esmeraldas; lo metieron a la cárcel acusado de paramilitarismo y lo tuvieron que soltar e indemnizar con mil millones que se pagó del presupuesto nacional.

(D.J.A): El Helm Trust, el banco, hizo el mismo ejercicio de revisar y no encontró nada ilegal.

(V.A.): ¿Y no se dieron cuenta que uno de los 16 estaba muerto y ‘firmó’ escritura?
(J.L): Si doy un poder autenticado para vender un apartamento y el notario certifica. Yo tengo que creerle a la oficina de instrumentos públicos que dicen que ese bien es de alguien.

(D.J.A): Hay una cosa en Colombia llamada fe pública. Si en la escritura aparece que unas personas firmaron y vendieron no tengo que ir a corroborar si ellos realmente firmaron. Si no, eso es una carga para el ciudadano. Es imposible que uno corrobore todas las transacciones que se han registrado en notarias.

(V.A.): Si hubo un fraude de alguien que firmó muerto entonces el fraude sería de Agualinda…
(D.J.A): La verdad para nosotros eso fue noticia cuando lo vimos en el informe que ustedes hicieron. Si alguien se presenta ante una notaría y firma, ¿qué hago? ¿le miro el iris? La pobre notaria tampoco tiene que saber.

(V.A.): ¿Ustedes han hablado con las diez empresas?
(D.J.A): Están preocupados por sus nombres, años de trabajo, son compañías que llevan muchos años.

(El Departamento Jurídico expresa que quiere explicar el concepto que ellos tienen sobre las UAF, Unidades Agrícolas Familiares)

(D.J.A): Sobre el famoso artículo 72 de la Ley 160 de 1994 (Ley de Baldíos y que estipula las UAF), que ha sido base para que digan que los agroindustriales han despojado a los campesinos, quiero decir que hay un parágrafo en el artículo que dice que las limitaciones sobre las Unidades Agrícolas Familiares deben ser registradas en los folios de matrícula y en ninguno de los títulos estaba ese registro. La gente dice que por qué los abogados nos pegamos de esos tecnicismos, pero es que este no es un tecnicismo. El artículo es claro en señalar en que “debe” registrarse.

Este es el principio de fe pública. El ciento por ciento de los predios que explotamos no tiene restricción porque no quedó registrado en el folio de matrícula.

(V.A.): ¿Por qué se les viene la Superintendencia?
(D.J.A): Este es un asunto donde comienzan a verse criterios absurdos. Al empresario le dicen que la seguridad alimentaria, que Colombia va a ser la despensa del mundo, pero que sólo lo puede hacer en una UAF. Si vamos a ver, este negocio requiere grandes escalas,grandes extensiones, pero Aliar no tiene un modelo de compra de tierras sino que requiere de una escala grande de tierras para hacerlas productivas.

(V.A.): ¿Pero por qué en la cláusula 8 de la escritura del fideicomiso ustedes ponen que conocen las limitaciones de las UAF?
(D.J.A): Porque conocemos las limitaciones y no aplicaban para esta operación. Si hubiésemos tenido problema, no las hubiéramos puesto en la escritura… Sobre la Superintendencia, lo que sucede es que la Contraloría oficia a la Superintendencia de que analice nuestro caso y el de 15 compañías más, todas las que están haciendo agronegocios. La pregunta es por qué no están los poseedores ocultos, los cañeros, petroleros, ganaderos, los puertos… Frente a la orden de la Contraloría, el Superintendente dijo que aquí no había ninguna ilegalidad, pero la Contraloría pidió a la Superintendencia que iniciara una actuación investigativa. No es que nos vayan a quitar las tierras como dijeron en algún medio de comunicación. Por eso pedimos la rectificación y corrigieron. El esfuerzo que hemos hecho para posicionar a La Fazenda como marca comercial nos lo han borrado con esa noticia.

(V.A.): Con la decisión entonces pararon el trabajo allá…
(D.J.A): Depende de lo que nos diga el Estado, pero que definan qué es lo que quieren hacer. Ahora, el asunto de que hubo un cadáver allá…

(J.L): Entonces no se podría ir al Aeropuerto de Palonegro (Santander) porque imagínese la cantidad de muertos que hubo por la Guerra de los Mil Días. A mí me tocó vivir allá la guerra de los paramilitares, cuando se enfrentaron los que les decían Los Urabeños (paramilitares venidos del Urabá, financiados por los hermanos Castaño). Eso se robaban los tractores para cargar los muertos y pasar el río… Cómo íbamos a saber que en esa finca habían enterrados cuerpos, si en todas las zonas del país hubo violencia.

(V.A.): ¿Cuánto han invertido en las 3 mil hectáreas que han arreglado?
(J.L): Por cada hectárea uno tiene que invertir por lo menos 7 millones de pesos. Si hay alguna decisión en contra nos tienen que indemnizar.

(V.A.): ¿Quién se puede estar beneficiando de todo esto?
(J.L): Estados Unidos porque el Llano va a quedar es para tomar fotos. No creo que vayan a acabar la industria cañera o bananera porque habría una revolución. Si paran los proyectos de la Orinoquia, se beneficia Estados Unidos porque estamos condenados a importar todo.

(V.A.): ¿Ustedes financian campañas?
(J.L): No. A mí me gustan unos más que otro pero hay que trabajar con el Estado. Es decir, cuando a mí me dicen es que tal alcalde es corrupto. Yo qué hago si tengo que trabajar con él; pero eso no significa que yo le aporte. Yo siento que se acabó la institucionalidad, que no hay gremios, que no hay con quien hablar. Hemos gastado el 90 por ciento del tiempo atendiendo problemas, que en la planta agropecuaria… El Llano sirve para tener capital, para tener cultivos interesantes a largo plazo… El país tiene gente buena.

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“Vivimos repitiendo los errores del pasado por no reconocer o conocer lo que se ha hecho en las políticas públicas de antes”, manifestó el experto en tierras Absalón Machado durante el lanzamiento del libro La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucional.

Este documento, escrito para el Centro Nacional de Memoria Histórica, resume las políticas públicas sobre la reforma agraria y las políticas de tierras de los últimos 50 años en el país.

Machado afirmó que las políticas implementadas en el sector rural “no han solucionado los confilctos: el agrario, el armado, el de equidad política y de la modernización”.

El experto también fue crítico en señalar que el país carece de un sistema moderno de político integral de tierras y entre los factores que se requieren indicó que hacen falta un censo agropecuario, regulaciones de la inversión extranjera en tierras, la formalización de la propiedad y el manejo de los baldíos.

Por otra parte Machado se mostró optimista con las soluciones que puede traer para la problemática de la distribución de las tierras los avances que se puedan generar en la solución del conflicto armado con las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc en la Habana.

El autor del informe señaló que para crear políticas de tierras exitosas hay “condiciones  propicias en el actual contexto”. Explicó que el Gobierno está abierto al diálogo y la guerrilla ha aceptado ese procedimiento. Y que sumado a las propuestas de la Habana, han surgido otras soluciones en los últimos foros y paros agrarios, por lo que “el país nunca había tenido tantas propuestas, no creo que se tengan que añadir nuevas, ahí está todo”.

Mirada histórica
Aunque en el informe se nombran las acciones que ha tomado el Estado desde la época de la Colonia, Machado centra su informe en mostrar los trabajos de diferentes expertos desde la Ley 135 de 1961 hasta mediados de 2013.

En la siguiente línea de tiempo animada se puede observar cuál ha sido el desarrollo de las políticas tierras y la reforma agraria desde la visión de los expertos en tierras Mariano Arango, Álvaro Balcázar, Manuel Rojas y el mismo Absalón Machado:

Se recomienda ver la presentación en pantalla completa.
Dé clic en Start Prezi y luego en el cuadro de la parte inferior.

Machado precisó que “la memoria de las políticas públicas hace parte de la memoria histórica del conflicto armado interno en Colombia. Proceso que deberían conocer todos los actores involucrados, incluyendo el Estado y sus organismos centrales y regionales. Existe un alto riesgo de equivocarse en materia de política pública, si no se consideran las experiencias, visiones y conceptos del pasado de la acción pública. Ese riesgo lo corren el Estado, las mismas organizaciones y actores demandantes de las políticas, así como las entidades colaterales que complementan acciones estatales y privadas”.

Añadió que el conocimiento de esas políticas públicas evitaría la repetición “de los hechos violentos, el despojo de tierras, las falencias administrativas, la corrupción y las inconsistencias de las políticas”.

Entre las etapas que han marcado el desarrollo de la reforma agraria y las políticas de tierras Machada destacó que “en los inicios del Frente Nacional estaban dadas todas las condiciones para adelantar una reforma agraria exitosa, pero el país perdió inexplicablemente esa oportunidad. Esto complementa de alguna manera la visión de Albert Berry, quien señaló cómo en los años treinta se abrió una ventana para solucionar el problema de tierras que el país no aprovechó. Además de la ventana abierta por la ley 135 de 1961, la Constitución de 1991 también fue una posibilidad. Esa fue bien aprovechada por las comunidades negras para la expedición de la ley 70 de 1994, la cual les reconoció sus derechos”.

Los estudios y las propuestas
El informe muestra desde la visión académica, estatal y de los organismos internacionales la evolución de las acciones públicas frente al desarrollo rural en el país.

El autor dedica la primera parte del documento a definir los conceptos de la reforma agraria y las políticas de tierras. Sobre el primero expone la visión de diferentes expertos y concluye que “es una política que busca transformar las estructuras agrarias convertidas en un obstáculo al desarrollo económico, social y político de las áreas rurales y de la sociedad en general. Esa política desata procesos transformadores de las relaciones de poder construidas sobre la propiedad de la tierra, permitiendo a los campesinos sin tierra o con poca tierra acceder a los recursos productivos, a la vez que abre las vías del ascenso social y el desarrollo de la democracia en el campo”.

Acerca de la política de tierras señaló que “tiene una concepción más restringida a problemas de carácter económico e institucionales relacionados con el uso del recurso y los derechos de propiedad, mas no a los procesos de redistribución del recurso y la afectación de las relaciones de poder y, por tanto, al cambio de la estructura social rural”.

En los tres últimos capítulos del informe Machado recogió las propuestas que han elaborado los académicos, organismos internacionales, el Estado, las asociaciones de campesinos y las Farc en las últimas décadas para solucionar la problemática de las tierras. El texto resume y muestra los temas más importantes de esos proyectos y hace referencia, por ejemplo, a los eventos académicos y los documentos que se han publicado en torno a los debates que realizan en los diálogos de paz de La Habana.

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Expedientes judiciales, escrituras y testimonios de víctimas indican que los hermanos Castaño hicieron una operación de lavado deactivos. Fotomontaje VerdadAbierta.com.En Córdoba, en los últimos meses, los jueces de restitución están devolviendo predios a campesinos que fueron víctimas de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Sin embargo, esta restitución podría estar literalmente echándole tierra a despojos anteriores y a una gran operación de lavado de activos que hicieron estos paramilitares, usando a campesinos pobres de fachada.

Existen pruebas concretas de que estos jefes paramilitares forzaron a campesinos a prestar sus nombres para hacerlos pasar por propietarios cuando no lo eran, y de esta manera evitar que las autoridades, pudieran extinguirles el dominio de fincas que habían sido obtenidas con dineros ilícitos o, peor aún que habían sido usurpadas a la fuerza a terceras personas.

El pasado 10 de abril, el presidente Juan Manuel Santos entregó a 60 familias despojadas por los hermanos Castaño los títulos de propiedad de 242 hectáreas de la hacienda Santa Paula. La ceremonia tuvo un alto significado porque se dio luego de que un juez de restitución de tierras de Antioquia estableciera que entre 1996 y 2006 los paramilitares les habían quitado a la fuerza tierras que estaban a nombres de sus jefes de hogar. Sin embargo, detrás de esta historia hay otra que no se ha contado.

Los Castaño, a comienzos de la década de los noventa, crearon la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, anunciando con bombos y platillos que sería su cuota para la pacificación de la región. El país estaba embarcado en un proceso de paz, iniciado bajo el gobierno de Virgilio Barcos, con las guerrillas del Epl, el Prt y el M-19, y que precipitó la primera desmovilización no oficial de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU.

Cuando Fidel, el mayor de los Castaño, conocido en esa época con el terrible alias de ‘Rambo’, creó esta fundación, ordenó a varios de sus empleados que fueran, megáfono en mano, a buscar campesinos que necesitaran tierras para cultivar, en los barrios monterianos de Rancho Grande y Cantaclaro. De inmediato, miles de personas sin tierra se presentaron a llenar las solicitudes en las oficinas de Funpazcor que dirigía Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de Fidel y hoy prófuga de la justicia.

Las condiciones, recuerda Mario Cuitiva, hoy líder de la Asociación de Víctimas de Santa Paula, eran dos: que las personas fueran pobres y sin antecedentes judiciales. Los Castaño  también le dieron tierras a trabajadores de sus fincas y a desmovilizados del EPL en la región.

Funpazcor no solo recibió miles de hectáreas de los Castaño y de sus familiares, sino también de personas de Córdoba que aparecieron donando sus predios voluntariamente a la causa, para que luego fueran repartidos a más de mil familias.

VerdadAbierta.com encontró que los hermanos Manuel, Carlos, Fidel y Adelfa Castaño y la esposa de Vicente, María Margarita Mesa Bustamante, donaron directamente a Funpazcor la finca conocida como Las Tangas, de 429 hectáreas. La señora Mesa también donó el predio Campo Alegre de 405 hectáreas, mientras que Carlos Castaño donó la finca Estambul de 406 hectáreas y Manuel Castaño hizo lo propio con el predio Tislo, de 426 hectáreas.

En la lista de predios donados están también la hacienda Los Campanos de 670 hectáreas (compuesta de los predios Los Campanos y La Roma,)  de propiedad de Manuel Salvador Ospina Cifuentes (quien participó en la masacre de Pueblo Bello y se encuentra prófugo de la justicia) y Carlos Alfonso Goez. Ésta había sido, años atrás, propiedad de los hermanos Vicente y Fidel que a su vez le habían comprado a Raúl Mora Abad, conocido porque estuvo involucrado en la compra masiva de predios en los Montes de María con la Agropecuaria Montes de María. Así mismo figura como donada a Funpazcor la finca Doble Cero de 699 hectáreas de propiedad de Rodrigo Restrepo Restrepo, quien a su vez, según lo registra la tradición oficial de propiedad, se la había comprado a los dos hermanos.

Otras personas que entregaron tierras a Funpazcor fueron Jesús Alirio Escobar Mejía que donó la finca La Pampa de 259 hectáreas, Ramiro Enrique Álvarez Porras (este hombre también participó en la masacre de Pueblo Bello, fue capturado y condenado a 15 años de cárcel) que hizo lo propio con la finca Nueva Esperanza de 20 hectáreas, de igual forma, Julio Ernesto Murillo Guzmán dio suyo predio Palma Sola de 411 hectáreas, Olga Nelly Escobar González,  su predio Jaraguay de 411 hectáreas, y  Gloria Stella Amaya Ríos que donó Santa Mónica de 400 hectáreas.

Es por eso que cuando se analiza de dónde vienen las tierras que hoy el Estado está restituyendo a los campesinos víctimas de los Castaño, los investigadores judiciales están sacando a luz un capítulo enterrado en  esta historia de despojo.

La clave está en la tradición de estas fincas donde queda claro que antes de 1991 varias de ellas fueron usurpadas por los mismos hermanos Castaño a agricultores, empresarios y ganaderos. Lo que no despojaron a la fuerza, lo compraron, muchas veces por debajo del valor real, con dineros  del narcotráfico. No hay que olvidar que Fidel Castaño fue un gran narcotraficante que llevó la coca a su pueblo de Amalfi y durante un tiempo fue socio de cartel de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha.

A finales de los ochenta, Fidel Castaño, asociado a los paramilitares del Magdalena Medio, se propuso expulsar a las guerrillas del Epl y de las Farc del Urabá antioqueño y cordobés con el método. Desde 1989, las autoridades lo identificaron como el líder de los grupos conocidos como ‘Los Magníficos’ ‘Tangueros’ o ‘Mochacabezas’, responsables de varias masacres atroces, entre ellas  la de Honduras, Pueblo Bello, La Mejor Esquina y El Tomate. Entonces ya había consolidado un inmenso capital representado en miles de hectáreas de tierras y de cabezas de ganado. Por eso, cuando anunció públicamente que regalaría sus mejores fincas cambió de un plumazo su imagen de sanguinario paramilitar a la de generoso ganadero que daba lo suyo por la paz.

Sin embargo, la realidad podría ser otra cuando se revisa con cuidado los expedientes de las 14 haciendas que componían el complejo de Funpazcor. En ese momento nadie se preguntó de dónde venían esas tierras, ni quiénes eran los benefactores de esta fundación que estaba supuestamente llevando la paz a Córdoba.

Tres muertes, ¿tres despojos?
Para entender esta parte de la historia es necesario aclarar que a comienzos de los ochenta, Fidel Castaño era un desconocido para la justicia colombiana.

En un principio llegó con su chequera comprando tierras en Valencia, sur de Córdoba. Así se evidencia en diciembre de 1983, cuando compró por solo 25 millones de pesos (unos 112 millones de pesos de hoy), 429 hectáreas a la Sociedad Las Tangas Limitada que pertenecía a Manuel Rafael Ballestas y su familia.

Dos años después, junto a su hermano Vicente, hizo otra transacción. El 31 de mayo de 1985 compró a Alfonso Ospina Ospina, nieto del ex presidente Pedro Nel Ospina y quien tenía en Córdoba con sus hermanos una sociedad llamada Ganados y Maderas, 699 hectáreas de la finca Marta Magdalena, ubicada también en Valencia, por tan solo 7 millones de pesos (unos 30 millones de pesos de hoy).

A pesar de que compró a tan bajos precios, Castaño asesinó a Ballestas el 13 de diciembre de 1987, cuatro años después de haberle comprado su finca. Los sobrevivientes de este comerciante aseguran que Fidel  nunca les pagó la finca y que terminó matando a su familiar para no cumplir con lo pactado. Por eso, sus familiares se declararon víctimas ante la Unidad de Justicia y Paz.

Igual suerte corrió Ospina Ospina, quien fue secuestrado por el paramilitar el 15 de noviembre de 1988 y apareció muerto el 16 de febrero de 1989. VerdadAbierta.com habló con familiares cercanos a Ospina pero estos no saben si su asesinato tuvo que ver con la transacción que él hizo con los Castaño. Sin embargo, aseguran que le habían pedido dinero para conformar grupos paramilitares y que Alfonso se negó.

Según un certificado del 22 de abril de 1993 de la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín, en ese despacho se encontraba el expediente 1227 abierto contra Fidel Castaño por los delitos de homicidio, secuestro, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, en el que figura como víctima Alfonso Ospina Ospina.

Resulta trágico que aunque los asesinatos de Ballestas y Ospina ocurrieron tiempo después de que vendieran sus propiedades, en un trato que todas luces fue apuntalado por su fusil,  los familiares sobrevivientes de estas víctimas no pueden reclamar hoy la devolución de sus fincas, porque esos crímenes ocurrieron antes de 1991, fecha de corte de la Ley de Víctimas que contempla un procedimiento especial y expedito para devolverles la tierra a las víctimas de despojo violento.

Lo mismo le podría ocurrir a los sobrevivientes de Margarita Escobar Fernández, una empresaria paisa que llegó a Córdoba a comienzos de los ochenta. En 1987, ella y su familia compraron la hacienda Santa Paula que tenía una extensión de 1.023 hectáreas. Un familiar que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, cuenta que al poco tiempo de tenerla, Fidel Castaño empezó a presionarla para que le dieran dinero para sostener a los paramilitares que ya eran temidos en Córdoba.

Como los Escobar se negaron a pagar la extorsión, Fidel le ordenó a su hermano Carlos que asesinara a Gustavo, hermano de Margarita. En el libro ‘Mi Confesión’, escrito por Mauricio Aranguren con Carlos Castaño como fuente, éste asegura que el asesinato de Gustavo Escobar, realizado por el mismo el 8 de noviembre de 1988 en el aeropuerto ElDorado de Bogotá, se dio porque supuestamente era un narcotraficante aliado de Pablo Escobar.

No obstante, en una indagatoria de julio de 1992 ante la Fiscalía, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, hombre de confianza de Escobar, contó que Carlos Castaño le dijo que la orden de matar a Gustavo se dio por ser colaborador de la guerrilla y no por mafioso.

Ninguno de los dos mencionó la extorsión ni, como asegura la familia Escobar Fernández, la verdad de la causa del asesinato de Margarita, y era que los Castaño estaban tras sus tierras. La siguiente víctima de la familia fue Humberto Escobar, asesinado en Medellín ese mismo 1988 y luego la misma Margarita, quien fue abaleada el 12 de diciembre de 1988 en esa misma ciudad.

Con la persecución a la familia Escobar, Castaño consiguió lo que se proponía. En marzo de 1989, Margarita Escobar, a pesar de haber muerto tres meses atrás, aparece firmando en la notaría Tercera de Medellín la escritura de venta de su finca a León Yesid Henao Gil,  pariente de los Castaño.

Sin embargo, la persecución no cesó. En 1989 estos jefes paramilitares asesinaron a Gerardo Ocampo Escobar y a Jorge Escobar Valencia. La misma suerte corrió la niña Zully Ocampo Escobar en 1994, que tras ser secuestrada en El Poblado cuando salía del colegio, apareció asesinada días después.

Durante mucho tiempo los Escobar optaron por esconderse y en algunos casos exiliarse para evitar seguir siendo blanco de los hermanos Castaño. Solo después de 20 años decidieron declararse víctimas ante Justicia y Paz. Hace pocos días no salían de su asombro, cuando vieron por televisión cómo el presidente Santos restituía a campesinos despojados por los Castaño, la hacienda que había sido suya y por la que habían sido asesinados seis de sus familiares.

Donaciones condicionadas
Según varios desmovilizados que han rendido versiones ante Justicia y Paz, la mayoría de los predios que recibió la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, eran de propiedad de los hermanos Castaño Gil.

En realidad donaron predios que estos hermanos les habían quitado o comprado a la fuerza o fraudulentamente a Alfonso Ospina, Margarita Escobar y Manuel Rafael Ballestas. El valor simbólico que le dieron al momento de la donación a Funpazcor fue de 100 mil pesos cada uno.

Aunque estas donaciones y la pretendida reforma agraria de los Castaño se hicieron a la par de una supuesta desmovilización de sus ejércitos privados, coinciden con una época en la que las autoridades empezaron a endurecer la persecución a los bienes de la mafia. Con la figura jurídica extinción de dominio se buscaba recuperar para el Estado las fortunas y tierras adquiridas con dineros mal habidos por negocios ilegales, principalmente el narcotráfico. Así, la donación a 1.001 familias tendría la doble intención de esconder la propiedad de sus fincas y evitar que les iniciaran procesos de extinción de dominio.

Los investigadores de la Fiscalía están analizando en detalle si las condiciones restringidas bajo las cuales los Castaño donaron las tierras a los campesinos, son evidencia de que en realidad no las querían donar si no solamente esconderlas, usando a los campesinos como testaferros.

En primer lugar,  justo al donarlos, según lo verificó VerdadAbierta.com, todos los predios habían sido declarados como “área nueva”, una figura legal que resulta del fraccionamiento de los predios originales. Esto les permitió, más adelante, cuando quisieron recuperar sus tierras, englobar predios para armar fincas nuevas, con nombres diferentes a los originales, borrándoles así la  tradición a las fincas originales.  

Segundo, entregaron los títulos de las tierras con la condición de que los campesinos no podían ni vender, ni hipotecar, ni hacer ninguna transacción  sin el visto bueno de Funpazcor. Esto reforzaría la idea de que los Castaño no querían perder el control de esas tierras.

Además, como se ha conocido en las demandas de restitución de los campesinos de Santa Paula, se vieron casos en los que los obligaban a arrendar las tierras o les decían cuáles eran los cultivos que tenían que sembrar. Incluso, a algunos no les permitieron vivir en las parcelas.

Los casos abundan. Por ejemplo, a José* le adjudicaron una parcela en Santa Paula en 1991 y aunque empezó a sembrar yuca, maíz y otros cultivos de pancoger, Funpazcor usaba sus tierras para sembrar con el pretexto de que eran de la comunidad y nunca le pagó por lo producido.

José* dijo en su demanda al juez de restitución que “los señores que representaban a la Fundación eran quienes disponían sobre la clase de cultivos que debían realizarse en los predios y que facilitaban maquinaria e insumos agrícolas que se descontaban al recoger la cosecha”.

A Ramiro* le entregaron su tierra el 30 de diciembre de 1991 pero recibía un cheque por 370 mil pesos por concepto de arrendamiento. Luego se la dieron para que la administrara pero nunca vivió en la parcela a pesar de que dice haber tenido los materiales para construir una casa. Funpazcor hizo a su nombre un crédito con la Caja Agraria por 30 millones de pesos del que nunca se enteró, y al final, solo le entregaron 3 millones cuando lo obligaron a vender su tierra.

Alfredo* también salió beneficiado con una escritura que firmó el 12 de diciembre de 1991 en la notaría Segunda de Montería. A pesar de que construyó una casa, sembró yuca y ají, arrendaba los terrenos y trabajaba en otra parte.

A Pedro*, otro labriego, también le entregaron su parcela en diciembre de 1991, y aunque empezó a cultivar maíz, un día Funpazcor le prohibió sembrar porque su predio tenía que dedicarse a la ganadería. Cuando lo obligaron a vender tuvo que pagar una deuda por una vivienda que se construyó en el lugar y otra por concepto de arriendo.

Óscar* también recibió su tierra en donde construyó su casa y desarrollo un cultivo de maíz. Sin embargo, Funpazcor le hizo saber que necesitaban asociar su terreno con otras 10 parcelas con el fin de sembrar papaya de exportación, después algodón, y por último, sorgo. Al final terminó recibiendo cada dos meses 40 mil pesos hasta que le pidieron las tierras.

A Rodrigo* le dieron una parcela donde cultivó fríjol, yuca, maíz, ñame y ahuyama. También tenía una casa en la que vivía con su familia.  Sin embargo, en 1993, la Fundación asumió el manejo de la tierra y le dejó solo una hectárea para cultivos de pancoger. El resto lo tuvo que arrendar para ganado a pasto.

Estos casos no significan que los campesinos no hayan sido víctimas de despojo de los Castaño Gil, pues al fin y al cabo, Funpazcor les había donado las tierras y les puso los títulos a su nombre, pero si evidencia que nunca se dieron por enterados de que los paramilitares pudieron haberlos usado para ocultar sus fortunas mal habidas.

Las reventas
El estado de cosas de estas donaciones tuvo un giro inesperado tras la muerte de Fidel Castaño, que presuntamente ocurrió en enero de 1994, pero pudo haber sucedido unos meses después. Funpazcor hizo varias transacciones para mantener el dominio sobre los campesinos y las propiedades, pero esa cierta calma solo pudo mantenerse dos años más.

La noticia de la muerte de Fidel tuvo incidencia inmediata en el proyecto de Funpazcor. En 1996, fecha que coincide con elcomienzo del rearme paramilitar  y con la ratificación de Colombia de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, que condujo a que se reglamentara la extinción de dominio, abogados y funcionarios de Funpazcor, acompañados por paramilitares armados, empezaron a visitar las parcelas con la orden de que “los patrones” o los de “arriba” (refiriéndose a los hermanos Castaño), necesitaban las fincas de vuelta y tasaron el precio en un millón de pesos por hectárea.

Uno de los hombres de los Castaño fue Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, que llegó a la región amenazando a los campesinos que se resistieron. “O vende usted o vende la viuda”, era la sentencia del paramilitar hoy preso en la cárcel de Itaguí.  

Fue así como empezó una nueva operación de reventa de las fincas y toda una colección de irregularidades como pudo comprobar VerdadAbierta.com con base en los testimonios de los campesinos que reposan en los expedientes judiciales y en las escrituras que se realizaron para legalizar el despojo.

Esta operación coincide con la reforma de la extinción de dominio para independizarla del proceso penal y darle mayor celeridad en 2002 (Ley 793) y con la autorización de que los magistrados de Justicia y Paz extinguieran el dominio de bienes de los postulados y de los grupos armados en 2005 (Ley 975).

A pesar de que los campesinos aseguran en sus denuncias de restitución que fueron obligados a ir a Funpazcor a firmar cualquier documento, pero nunca escrituras de venta de los predios que les habían donado, en la notaría única de San Andrés de Sotavento aparecen escrituradas casi todas las ventas.

Allí también se legalizaron las ventas a personas cercanas a los Castaño como Liliam Bustamante de Mesa, suegra de Vicente Castaño; Yolanda Pupo de Fragoso, madre del gerente de Funpazcor; Kenia Gómez,  esposa de Carlos Castaño; y Rogelio Zapata Vanegas, quien ha sido investigado por la justicia porque su nombre apareció en la contabilidad encontrada a los paramilitares en el allanamiento hecho al parqueadero Padilla en Medellín en 1988.

Funpazcor también pasó a varias sociedades las propiedades de los campesinos, entre ellas a Seguridad al Día, de Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, quien en una audiencia ante Justicia y Paz reveló que esa empresa era suya aunque aparecía a nombre de un testaferro y entregó varias parcelas de las fincas Estambul, Campo Alegre, Los Campanos y Las Tangas. Hoy, estos predios hacen parte del Fondo de reparación a las víctimas.

También aparece como propietaria de 97 parcelas que suman casi 600 hectáreas de la finca Santa Paula, Gabriela Henao Montoya esposa de Diego Sierra, vinculado con la investigación del parqueadero Padilla, y a quien un juez de restitución de tierras ordenó que se investigara como presunta testaferro por el despojo a los campesinos que acaban de ser restituidos.

Otro propietario actual de varios predios es Manuel Salvador Ospina Cifuentes más conocido con el alias de ‘Móvil 5’, quien se desmovilizó con el Bloque Mineros y hoy es prófugo de la justicia y miembro activo de los ‘Urabeños’, a pesar de estar postulado a Justicia y Paz.

Dentro de la operación de reventa, Funpazcor le donó el predio Nueva Esperanza a Guillermo Alberto Mass Sánchez a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar por el asesinato de Yolanda Izquierdo, crimen por el que fue condenada Sor Teresa Gómez. Según cuentan los campesinos Mass era el secretario de Marcelo Santos abogado de Funpazcor.

Según las escrituras, además, los campesinos que recibieron en donación tierras en el predio Jaraguay terminaron, sin saberlo como lo confirmaron varios de ellos a VerdadAbierta.com, siendo accionistas de la sociedad La Milagrosa S.A.C que supuestamente les compró sus predios y los revendió a Gloria Amalia Grisales Álvarez, Raúl José Muentes Ballesteros, Diego Ferney Ortíz Grajales y Jenny María Padilla Ramos. Estos a su vez le vendieron a Gerardo Escobar Correa quien hoy aún posee estas tierras.

Escobar Correa también es el dueño de 300 hectáreas del predio Santa Rosa, luego de haber estado por diez años en manos de Inversiones FMP, Iván Olaya Sánchez, San José S.A, Sogacor en liquidación, todo esto entre 1994 y 2004.

Al final, lo que va quedando claro, es que los Castaño donaron tierras a las que se habían hecho con violencia y con dineros ilegales; no las donaron para hacer la paz, si no para esconder sus fincas mal habidas; y encima, a los benefactores de su “generosas” donaciones también les quitaron fincas para dejárselas a sus amigos y parientes de herencia.   

Según la Unidad de Restitución en Córdoba los campesinos que fueron despojados han presentado demandas de restitución así: en Las Tangas con 117 solicitudes, Jaraguay con 148 solicitudes, Santa Mónica 13 solicitudes, Campanos y/o Roma con 45 solicitudes y en Santa Paula hay 179 solicitudes (algunas ya resueltas).  Mientras que en Cafetal, Divisa y Nueva Esperanza no se encuentran solicitudes.

Ahora que el Estado quiere hacer justicia debería, más allá de la fecha límite que impuso la Ley de Víctimas, resarcir a los últimos despojados, esos campesinos que fueron engañados. Y también reparar a los dueños originales a quienes les costó la vida de sus seres queridos y años de sufrimiento su resistencia a la extorsión y el despojo paramilitar.

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La Ley de Víctimas está en reglamentación y comenzará a implementarse en 2012. Foto archivo Semana

La población más pobre del país está en el campo y sin embargo es allí donde se produce el 40 por ciento de los alimentos básicos que consumen los colombianos. Los campesinos además han sido las principales víctimas del conflicto armado. Según datos oficiales, durante los últimos 10 años alrededor de 5 millones de hectáreas han sido usurpadas o abandonas como resultado del desplazamiento de 4 millones de personas en todo el territorio.

Estas fueron algunas de las preocupaciones que se debatieron en el foro ‘Futuros y perspectivas de la economía campesina’, una actividad convocada por la ong británica Oxfam, los portales de internet Verdadabierta.com y Semana.com, y la Mesa de Mujeres Rurales Colombianas.

Durante el debate participaron el Ministro de Agricultura, congresistas, políticos y académicos que hablaron sobre los retos de la Ley de Víctimas, los desafíos que tiene el campo con la aprobación del TLC con Estados Unidos y la propuesta de Ley de Desarrollo Rural.

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Por César Molinares Dueñas editor de VerdadAbierta.com
El Sur de Bolívar no debería ser de nadie. Según lo dicta una ley sancionada en 1959 y que aún está vigente, éste debería ser una gran reserva forestal desde la Serranía de San Lucas, hasta el Magadalena Medio, ríos y bosques protegidos. Bajo esa lógica no se podría talar un árbol, titular una finca, ni levantar pueblos que, como Santa Rosa del Sur, estén por encima de los 200 metros sobre el nivel del mar.

Por eso casi nadie puede decir que posee un título legal. Aun así, está lleno de propietarios de pequeñas parcelas y de grandes haciendas ganaderas y de palma de aceite, el cultivo que más ha crecido últimamente. También hay empresas trasnacionales y asociaciones de campesinos dueñas de títulos mineros para explotar sobre todo oro, pero también níquel, uranio, carbón, plata, cobre, platino, zinc y molibdeno. Además, como en tantos lugares de Colombia, se siembran los cultivos de coca y marihuana, base del negocio que más afila la codicia, el narcotráfico.

Así mismo, como es característico en las zonas del país donde hay riqueza legal e ilegal, hay guerrilla. Aún está allí el ELN, con los bloques Simón Bolívar y Luis José Solano Sepúlveda, que vino desde los setentas a evangelizar campesinos marginados con sus doctrinas de revolución salvadora. En esas tierras vivió y murió su jefe, el Cura Pérez y se cree que en algún rincón de su rica geografía se refugia aún hoy su sucesor, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’ y su Comando Central.

También se mueven los frentes 37 y el 24 de las Farc.

Y desde 1997 y por una década, estuvieron los paramilitares. Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, apoyado las autodefensas de los hermanos Castaño, incursionó en el Sur de Bolívar y en gran parte del Magdalena Medio, empujando a la guerrilla hacia lo alto de los montes y consolidando lo que se conocería a partir del año 2000 como el Bloque Central Bolívar (BCB).

Vinieron atraídos por el lucrativo negocio del narcotráfico, a disputar su parte en la minería, y a codiciar la tierra. ¡Y qué mejor manera de controlar el territorio y librar su arbitraria batalla contra la guerrilla que expulsar a los campesinos y quedarse con sus mejores fincas! El 31 de enero de 2006, ‘Julián Bolívar’ se desmovilizó junto con 2.500 hombres que hacían parte del BCB de las autodefensas. En el corto lapso que duró, la tiranía paramilitar dejó más de 20 mil víctimas, según ha registrado oficialmente la Dirección de Justicia y Paz de la Fiscalía.

El BCB siempre estuvo involucrado con el negocio del narcotráfico. En el 2005, un censo de cultivos de coca estableció claras coincidencias entre las zonas donde éste tenía bandas armadas (Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Caldas) y las áreas de cultivo de la coca.

Entre 2007 y 2008, luego de que el BCB dejara las armas por acuerdo con el gobierno, disminuyó el desplazamiento forzado, pero en lo corrido de 2009 ha vuelto a crecer.

Las cifras son escandalosas. Según Acción Social entre 1997 hasta lo que va de este año, de los municipios de San Pablo, Simití, Regidor y Santa Rosa, han sido desplazadas 36 mil personas, esto es el equivalente a toda la población del último, que es el municipio más grande.

Hacia fines de 2009, San Pablo, Simití y Santa Rosa habían sido declarados en riesgo de desplazamiento, una medida que busca que las autoridades protejan a la población y civil, y con la que se congelan las transacciones sobre tierras para evitar el despojo forzado.

Estas tierras son atractivas porque, según dice la Corporación Compromiso, no sólo son abundantes los recursos naturales y minerales, sino que desde hace unos dos años, se han desarrollado megaproyectos agroindustriales como la siembra de palma africana y la minería de gran escala. Con la valorización de la tierra, le han aparecido varios supuestos propietarios que alegan es suya, pero se han encontrado con que hay nuevos colonos y esto ha generado nuevos conflictos por la posesión de los territorios.

Además, como la zona ha conservado esa condición ideal para actividades clandestinas, de estar aislada por la difícil geografía y los malos caminos, y a la vez, ser un corredor eficaz del Caribe al interior y hacia Venezuela, se han formado nuevas bandas que se dedican a los tráficos ilícitos de narcóticos y de armas. Y, no que olvidarse, esas montañas selváticas le sirven a los grupos armados de retaguardia ante la ofensiva de la Fuerza Pública.

Ahora han aparecido nuevas bandas, las Autodefensas Bolivaristas (una alianza entre guerrilleros y narcotraficantes que se dedican al narcotráfico), y en las zonas bajas del río Magdalena, otras como “Los Rastrojos”, “Los Paisas” y las “Águilas Negras”.

Por eso las violaciones de derechos humanos no cesan en el Sur de Bolívar. Dice un informe de la Defensoría del Pueblo que durante el segundo semestre de 2009 la situación en Cantagallo, San Pablo y Simití se ha agravado de nuevo, con homicidios, asesinatos selectivos y robos. Además, el informe asegura que líderes de los desplazados y de los campesinos que protestan porque la erradicación de cultivo ilícitos no les da alternativas para ganarse la vida, están siendo amenazados y estigmatizados.

En un recorrido por San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur en el Sur de Bolívar, VerdadAbierta.com quiso averiguar las razones por las cuales el desplazamiento forzado de campesinos se ha vuelto a poner crítico. Pudo constatar que la ofensiva de la Fuerza Pública, la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha por el control de la tierra que ha vuelto tomar bríos, son todas causas que obligan a muchos campesinos a dejar sus tierras para salvar la vida o para buscar otras fuentes de ingreso.

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