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El fallo en primera instancia, dictado el 23 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia,  halló culpable a varios exdirectivos de Chiquita Brands de haber financiado y auspiciado al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La sentencia se dio después de que en 2007 la empresa aceptara en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales por 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que allá se le impusiera una multa de 25 millones de dólares.

La sentencia advierte que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, resalta que los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el riesgo de nuevos crímenes.

Por esa razón, el tribunal consideró que la sanción debía tener un efecto ejemplarizante.  “La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.

La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo lo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

La sentencia condenó los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004.

La decisión judicial también cobija a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de Hoz, exrepresentante legal de la empresa entre 1994 y 1998, y Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad. A ellos se suman los excontralores de la bananera: John Paul Olivo, ciudadano estadounidense que ejerció el cargo entre 1996 y 2001, y el hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quien lo sucedió entre 2002 y 2004. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Así Chiquita Brands financió el paramilitarismo

Los hechos por los que se juzgaron a los exdirectivos sucedieron entre 1996 y 2004. El proceso se inició luego de que en 2005 un veterinario reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que varios sectores de la industria bananera en Urabá estaban entregando a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta denuncia hizo que comenzara el proceso judicial que avanzó con lentitud durante casi dos décadas.

Con el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron el esquema mediante el cual se canalizaban los recursos hacia el grupo paramilitar. Los empresarios realizaban los pagos a las asociaciones Convivir en Urabá, organizaciones que, según el expediente, estaban fundadas, dirigidas e integradas por miembros de las AUC. Los recursos, en consecuencia, terminaban en manos del Bloque Bananero bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún. De acuerdo a lo que se ha revelado en sentencias anteriores, el esquema tuvo participación directa de ejecutivos del sector.

El fallo judicial señala que en el caso de Chiquita Brands y Banadex, los pagos se realizaron a pesar del contexto de violencia y de las dudas sobre su legalidad. “A pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana”, se lee en la sentencia.

Sobre este punto, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa ya había admitido su responsabilidad en instancias internacionales: “La propia compañía había celebrado un acuerdo de culpabilidad donde admitía que esos pagos se habían realizado. Es decir, la existencia de los pagos casi que son incuestionables”.

Escobar explicó que la defensa intentó argumentar que los pagos no se hicieron de forma voluntaria o que se trataba de contribuciones a cooperativas de seguridad legalmente autorizadas. Sin embargo, insistió en que “se desconocía el carácter instrumental de estos grupos en relación con los paramilitares”. Y añadió que Chiquita ya había reconocido públicamente que financió a las AUC a través de ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una decisión para la verdad

Pese al acervo probatorio y a la condena en primera instancia, el futuro judicial del caso es incierto.

El abogado del Cajar advierte que si  la sentencia es apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia y va a casación, el caso podría prescribir antes de que se agoten todos los recursos.  El abogado explica que el proceso se adelantó bajo un régimen procesal que no contempla la suspensión del término de prescripción por la interposición del recurso de casación.

“El panorama frente a la prescripción es gris, porque hay algunos casos que podrían prescribir a finales de este año”, dice. Y añade que, incluso en un escenario optimista, en el que el tribunal alcance a emitir una decisión de fondo sobre un expediente extenso y complejo que involucra a múltiples actores, la prescripción “es prácticamente una realidad”.

Escobar afirmó que la sentencia es sobre todo un aporte a la verdad sobre el conflicto armado en el país y la vinculación de terceros en este. Esto especialmente porque  las víctimas del caso renunciaron a cualquier pretensión económica en el proceso penal. “Las víctimas en sus demandas en la parte civil, mecanismo a través del cual se participa en este proceso penal, renunciaron por lo menos a la indemnización de perjuicios, porque acuden al proceso sólo en la búsqueda de la verdad y de la justicia”, afirmó.

Otros procesos, otras condenas

En junio de 2024, un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable por la financiación de las AUC, tras determinar que esa relación contribuyó directamente a la comisión de asesinatos en el marco del conflicto armado. La decisión se dio en el marco de un juicio civil impulsado por un grupo de víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por los paramilitares en el Urabá antioqueño. La compañía fue obligada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los demandantes, marcando un precedente en la búsqueda de justicia transnacional. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)

El fallo se considera histórico: fue la primera vez que una multinacional estadounidense es hallada responsable en un tribunal de su país por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el extranjero. El caso avanzó gracias a una demanda interpuesta bajo el Alien Tort Claims Act, una ley federal que permite a ciudadanos extranjeros presentar acciones civiles en Estados Unidos por crímenes que contravienen el derecho internacional.

Las demandas, presentadas desde 2007, se apoyaron en el reconocimiento de culpabilidad de Chiquita Brands ante el Departamento de Justicia de ese país, cuando la empresa admitió haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un monto cercano a los 1,7 millones de dólares. Si bien Chiquita ha sostenido que dichos pagos se hicieron bajo coacción, con el fin de proteger a sus empleados y operaciones, los abogados y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas argumentaron —y lograron probar— que la compañía tenía conocimiento del carácter criminal de ese grupo armado y, aun así, decidió mantener el flujo de recursos.

Este primer veredicto abre la puerta para que otras 5.000 víctimas, cuyos casos siguen pendientes, puedan lograr justicia y reparación.

Un avance en la vinculación de terceros

Escobar, del Cajar, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia intentó incluir la responsabilidad de actores civiles: “Yo creo que el marco jurídico transicional reciente hizo un intento porque el fenómeno de la vinculación de actores civiles estuviera en el diseño de rendición de cuentas”. No obstante, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional “excluyó la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar a este tipo de actores, dejándola simplemente como una competencia voluntaria”.

Ese carácter voluntario ha tenido consecuencias prácticas, como en el caso de los empresarios de Chiquita Brands, quienes decidieron no comparecer ante la JEP. Según Escobar, su decisión respondió a una estrategia jurídica frente al avance del proceso en la justicia ordinaria: “Básicamente porque el caso estaba a punto de prescribir, o en riesgo inminente de prescripción —aseguró el abogado— y apostaron por eso”.

En cuanto a los esfuerzos anteriores del Estado para investigar estas relaciones, Escobar dijo que el proceso de Justicia y Paz permitió la recolección de información relevante. A través de declaraciones de exparamilitares que se acogieron a ese sistema de justicia transicional,  se han documentado aportes financieros, vínculos y formas de colaboración entre estructuras empresariales y grupos armados ilegales. Sin embargo, advirtió que “de eso no hay avances ante la justicia muy consolidados, salvo algunos casos aislados”.

Uno de los aspectos más críticos es el volumen de material represado en la Fiscalía que ha sido remitido desde Justicia y Paz. “Desde hace un tiempo se habla de más de 19.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra este tipo de actores”, asegura Escobar.

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en una columna publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó que la reciente sentencia contra exdirectivos de Chiquita Brands evidencia los vínculos más amplios entre empresarios y grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano.

El experto aseguró que que este tipo de decisiones judiciales plantea la necesidad de considerar “en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales”.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands, según Valencia, resalta la necesidad de investigar también el papel de entidades oficiales en el caso Chiquita Brands. “Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia, que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Según el análisis, estas instituciones otorgaron personería jurídica y licencias de funcionamiento a una organización Convivir que terminó sirviendo de canal para la financiación de grupos armados.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands marca un precedente en la búsqueda de responsabilidad penal de terceros por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Aunque el fallo aún puede ser apelado, y persiste el riesgo de prescripción, el caso evidencia los desafíos estructurales para juzgar la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. También pone en el centro las limitaciones del sistema judicial frente a la rendición de cuentas de empresarios y funcionarios que, según diversas fuentes judiciales y académicas, contribuyeron al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en Colombia.

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Francisco Gutiérrez Sanín, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional y director académico del Observatorio de Tierras, aborda en su más reciente libro Tierra, guerra, política: vuelta a las raíces la estrecha relación entre la desigualdad agraria y el conflicto armado en Colombia. 

A lo largo de sus páginas, reconstruye ese vínculo histórico y plantea las lecciones que deja para comprender los desafíos que hoy enfrenta el país.

Durante mucho tiempo se asumió que la causa principal del conflicto armado en Colombia radicaba en la exclusión política de terceras fuerzas y la imposibilidad de canalizar, por vías institucionales, las demandas de sus bases sociales. Más adelante, el debate se desplazó hacia la desigualdad en la estructura agraria como eje explicativo. Sin embargo —como lo ha señalado Gutiérrez Sanín— la relación entre estos factores no había sido explorada con la profundidad que amerita.

Este medio habló con él sobre los orígenes agrarios del conflicto, el papel de las élites en la guerra y el auge y posterior declive de las reformas agrarias de mediados del siglo pasado, un proceso que, según advierte, llevó al país a un punto de no retorno. La entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad. 

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es la relación entre desigualdad agraria y el conflicto armado en Colombia?

Francisco Gutiérrez Sanín (FGS): Esa es una pregunta que se ha planteado muchas veces y se ha tomado que la respuesta está ya ahí, dada. Y en realidad, es complicada. Lo que trato en el libro es, precisamente, de explorar eso y de mostrar cómo algunas formas de desigualdad fundamentales —como la concentración de la tierra, que ya al inicio del Frente Nacional era absolutamente obscena; la solución colonizadora por la que apostaron sectores de las élites políticas y el grueso de los gremios de la producción, con el argumento de que la colonización era la forma de dar acceso a la tierra sin redistribuir— generaron lo que se podría llamar territorios de exclusión, en los que las guerrillas tuvieron un contexto favorable para desarrollarse. Y también, de manera fundamental, la derrota de la reforma agraria llevó a un nuevo cierre de la representación campesina y activó muchos elementos de la violencia que ya estaban ahí presentes, debido al legado nefasto de la Violencia —con V mayúscula— y a muchas formas de violencia terrateniente que ya se estaban implementando en el país.

VA: Usted también menciona en el libro que hay cuatro formas de exclusión que dieron lugar a la confrontación, ¿podría ampliar un poco más en esas cuatro formas?

FGS: La primera es la concentración obscena de la tierra. Hubo investigadores acuciosos que midieron (la inequidad de la distribución de tierras) durante el Frente Nacional. Con todas las imperfecciones que puedan haber tenido esos instrumentos en esa época, el contexto y la evidencia cualitativa sugieren que la concentración de la tierra ya en esa época era absoluta.

En segundo lugar, esa supuesta solución colonizadora por la que optaron los enemigos de la reforma agraria —muy interconectadas entre sí, tanto en los gremios de la producción como en los dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador— le propuso un negocio a los campesinos que, al final, no fue tan bueno: que era acceso a tierra, pero a cambio de una precariedad permanente en dotaciones de bienes públicos, acceso a los bienes del Estado, etcétera. Eso fue muy problemático y, en algunas regiones, creó insatisfacciones muy profundas.

La tercera: vacíos serios de la representación del campesinado para procesar sus demandas. La reforma agraria, sobre todo la de 1968, subsanó esos vacíos creando una poderosa asociación, que fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se tomó muy en serio su papel, maravillosamente en serio. Pero entonces se asustaron y les tiraron la puerta a las narices en el Pacto de Chicoral. 

Y, por último, una que casi no se nombra, pero que es fundamental —y esa conclusión, digamos, ha sido corroborada fuertemente por la Comisión de la Verdad— es esta figura del “campesino matable”, es decir, que se puede gobernar teniendo como efecto colateral disparar sobre el campesinado. Y eso ha sido absolutamente terrible a lo largo de los años y, naturalmente, tiene consecuencias.

VA: Varios académicos, incluyéndolo a usted, han sostenido que en lugar de impulsar una reforma agraria efectiva, las elites terratenientes promovieron la colonización de las fronteras agrícolas. ¿Qué consecuencias tuvo esa estrategia para el orden territorial y el conflicto en Colombia? 

FGS: Fue terrible, y de verdad que en el libro documento en detalle cómo esa fue la gran alternativa de sectores políticos, que después no han sido llamados a responder por esa posición suya, y también por los gremios de la producción, sobre todo los agrarios, aunque no todos. No he encontrado, por ejemplo, documentación que diga que la posición de la Federación de Cafeteros fuera esa, pero muchos de ellos sí.

Y esa presión permanente por decir: ‘Mire, en Colombia hay gran abundancia de tierras, y entonces, en lugar de redistribuir, lo que tenemos que hacer es mandar a la gente, ya sea a las grandes ciudades o a la frontera agraria. Lo que hizo fue ampliar la esfera de la producción agraria sin ampliar el alcance territorial del Estado.

Y cuando la amplió, la amplió de manera represiva e, incluso hoy, de manera bastante parcial. Entonces, creó una situación de precariedad. Estos son territorios de exclusión.

La posición en esos territorios de exclusión: si protestan, si friegan, se pueden cocinar en su propia salsa, porque no son tan estratégicos. Y entonces esa posición generó toda una serie de nichos que eran simplemente favorables al desarrollo de las insurgencias y sobre todo después de la derrota de la reforma agraria, esas experiencias armadas fueron proliferando. 

VA: ¿Qué postura adoptaron las élites frente a los intentos de reforma agraria en las décadas de 1960 y 1970? Y en su opinión, ¿qué enseñanzas deja ese periodo para entender los desafíos que enfrenta hoy la reforma agraria en curso?   

FGS: Al principio, realmente hubo una gran fractura entre las élites, porque había sectores que, por lo menos, la veían con cierta posición benévola, porque era la forma de enfrentar la agitación agraria y la destrucción masiva del tejido social después de la violencia. Por eso es que se logró alinear a toda una serie de sectores políticos y sociales para impulsar alguna suerte de ajuste agrario.

La reforma de 1961 fue modesta, pero, incluso ahí, generó instrumentos muy importantes que siguen vigentes hasta hoy. Por ejemplo, la idea de un instituto o una agencia agraria central, que hoy es la Agencia Nacional de Tierras (ANT); en esa época, era el Incora. La idea de que se necesitaba poner un piso y un techo a la propiedad agraria. El piso sigue vigente hoy; el techo que puso el Frente Nacional fue absurdamente alto, y eso diluyó mucho las posibilidades de realizar una reforma agraria con un impacto muy grande.

A medida que la reforma fue involucrando la movilización del campesinado, y sobre todo después de la Ley Primera en 1968, un sector de las élites terratenientes dentro de los dos partidos —eso no fue una cosa solo conservadora— empezó a predicar la resistencia armada a la reforma agraria. Y yo documento que ocurrió desde el principio, incluso antes de la existencia de las guerrillas. Es decir, la resistencia armada a los campesinos y al Estado. 

Si uno quiere ver la relación entre el origen del conflicto armado y la desigualdad agraria, tiene que ver no solo las rutas de salida por abajo, sino también las rutas de salida por arriba.

Y, digamos, la lección para hoy es que tenemos que superar esos chantajes de esas élites, que, además, son muy atrasadas y que han generado unos efectos muy difíciles en el campo colombiano. Porque hoy también se han presentado esos conatos de resistencia armada si los campesinos se organizan o si la reforma agraria se llega a salir de madre. Y que hay que pensar la posibilidad de reformar, y eso no implica destruir el aparato productivo.

La reforma del Frente Nacional tuvo muchas cosas malas y, a la postre, fracasó, pero también tuvo cosas buenas. Una de ellas fue la preservación del aparato productivo dentro de este esfuerzo reformista, pero, si no se hace la reforma, seguramente sigamos en problemas, porque deja todos los materiales explosivos en el campo colombiano presentes. 

VA: En su más reciente libro, destaca la importancia de factores estructurales como las condiciones sociales e institucionales y la agencia, o capacidad de acción, de los actores. ¿Cómo interactuaron estos elementos en los desenlaces que tuvo el conflicto armado en Colombia?    

FGS: No basta con hacer un análisis estructural, porque esa metáfora de los actores, aunque seguramente sea necesaria, tiene su venenito, en el sentido en que la metáfora implica que hay una especie de libreto que siguen estos actores. Y yo muestro que, en casi todos los casos que analizo, los actores llegan a una posición, pero parten de otra. Y esto pasa con las guerrillas, el Ejército, etcétera. Muchos actores que estuvieron protagonizando el conflicto llegan a una posición, pero solamente después de una sucesión de hechos, de debates internos, etcétera.

Entonces, combinar la estructura de la agencia implica entender que hay una economía política en los conflictos que genera la probabilidad de que se produzca una explosión social, que se produzcan hechos de violencia, pero que es una probabilidad, y que esa probabilidad se activa o no de acuerdo con el tipo de agencia, con las tradiciones, con las destrezas, con las orientaciones de los líderes, con las formas de construir hegemonía de esos liderazgos, de los distintos sectores sociales. 

Por consiguiente, para entender los desenlaces, necesitamos las dos dimensiones.

VA: Usted ha señalado que los actores armados no operan en un vacío social, sino que lo hacen apelando a representaciones sociales y políticas. En ese marco, ¿de qué manera el conflicto armado colombiano ha estado mediado por formas de intermediación política?                                                                                

FGS: La intermediación política pesa. Primero, obviamente, la posibilidad de iniciar estos procesos de reforma agraria y de medio sacarlos adelante, con muchos problemas, pero también en su fracaso y en su hundimiento, finalmente, en el Pacto de Chicoral en 1972.

Cuando uno observa las guerrillas —quizás la excepción sea el ELN, pero, incluso ahí tendría mis dudas—, estaban súper articuladas con toda una serie de operadores políticos, querían hacer política en grande y, en ese sentido, estaban como muy en sintonía con una tendencia grande en el país. Querían escapar del mundo bipartidista, que ya les parecía insuficiente, etcétera. 

Pero, a la vez, tenían muchos elementos para dialogar con él. Las FARC tenían su articulación con el MRL de López Michelsen, pero también con otros sectores del Partido Liberal. El EPL, con todo y su fundamentalismo maoísta, en los territorios interactuaba con herederos de las guerrillas liberales.

El M-19, ni hablar. Ellos sí estaban en el plan de construir su gran sancocho nacional con todos los actores políticos, menos los que ellos llamaban la anti-nación, que eran como los que se oponían al sancocho, no querían comerse el sancocho.

Y también claramente muestro que los paramilitares estaban articulados a toda una serie de actores políticos, a la hacienda ganadera y a agentes del Estado.

Entonces, cuando uno ve estos grupos, no salieron de la nada; esos grupos estaban íntimamente vinculados a sectores políticos.

VA: ¿Cuál es la relación entre las élites políticas y económicas y la violencia? 

FGS: En el análisis habitual de la relación entre origen del conflicto armado y economía política, se asume que, debido a la enorme desigualdad que había en el país, había sectores populares que tenían los incentivos para iniciar emprendimientos armados, y que estos emprendimientos fueron contestados de manera violenta a través de instrumentos o de ideologías como la teoría de la seguridad nacional.

Esa narrativa habitual omite muchas cosas. Ahí trato de mostrar cuántas cosas omite, y una de ellas es que desde el principio sectores muy fuertes de las élites económicas —también de las élites políticas, pero, sobre todo, de las élites económicas— tenían una pata fuera de la legalidad y estaban permanentemente demandando el acceso privado de los grandes medios de violencia para responder a desafíos que consideraban existenciales y que no podían atender, por muchas razones, a través de las armas legales del Estado. Una de las razones es que, incluso económicamente, esos sectores vivían en la semilegalidad, como muestro en varios capítulos.

Entonces, necesitaban el apoyo represivo del Estado, pero a la vez, no podían atraerlo de manera plena; tenían ahí una ambivalencia. Y, por eso la demanda permanente de esos sectores, que llamamos élites vulnerables por varias razones.

Vulnerables en el sentido de que la violencia hacía parte de la economía política en su relacionamiento con otros sectores agrarios. Esa economía política hacía que ellos estuvieran permanentemente involucrados en la demanda por el acceso privado a los grandes medios de violencia. 

Y muestro cómo esa demanda converge, finalmente, con la evolución de las posiciones dentro de agencias estatales críticas, sobre todo la agencia de la seguridad. Pero esa convergencia no está dada, sino que es un resultado histórico que hubiera podido no darse y, de hecho, en otros países no se da de manera tan clara. 

En Colombia se produce en medio de la democracia liberal, que, contrariamente a la experiencia latinoamericana —que es más de concentración salvaje de los medios de represión en unas pocas manos, en estas dictaduras, sobre todo las más violentas—, en Colombia lo que se da es una solución muy brutal en costos de vidas humanas y que se relaciona con dar ese acceso de los grandes medios de violencia a los sectores que lo estaban demandando. 

VA: Actualmente, ¿qué rol atribuye usted a las élites locales y a las élites nacionales en los desenlaces violentos del conflicto armado colombiano? 

FGS: Lo interesante es que, cuando uno ve esta secuencia histórica, se da cuenta que no hay un ‘locus del mal’, sino que es un problema de interacción entre ciertos sectores a nivel nacional, ciertos sectores a nivel regional y otros a nivel local, y, naturalmente, su encuadramiento con formas de gobernanza posibles, estructuradas a nivel global.

Entonces, lo bueno de, por ejemplo, temas como ver la colonización como la gran solución a la reforma agraria, que finalmente se impuso, le permiten a uno ver cómo evoluciona esa lucha de clases —que, en este caso, claramente es una lucha de clases— a distintos niveles territoriales y cómo se van articulando los intereses de distintos actores, desde lo local hasta lo global.

En la medida en que se van articulando, van descubriendo cosas; no es que supieran de una vez qué es lo que iban a hacer, etcétera, sino que van descubriendo qué es lo deseable, qué es lo posible para ellos, y eso va generando señales públicas que van adoptando otros actores. 

Y muestro que eso funciona también para otros casos. Creo que, en el caso de las FARC, es super interesante porque estaba en esta órbita soviética, pero también se ve para el M-19. Es decir, esa relación entre múltiples niveles territoriales, que lo lleva a uno de lo local hasta lo global.

Muestro también que, primero, no hay un solo ‘locus del mal’. En cada nivel territorial hay actores que están apostando a la paz, otros a la violencia, unos otros a la violencia extrema, y que es la articulación entre esos niveles, dentro de una lucha por recursos escasos y por accesos, etcétera, lo que produce los desenlaces.

VA: Usted ha documentado cómo la percepción de vulnerabilidad por parte de las élites agrarias ha motivado la demanda de seguridad privada. ¿Cómo han incidido estas prácticas en el panorama actual de violencia?                                                                                

FGS: A lo largo de estos 10 años, ha habido intentos de revivir las Convivir. Una vez, (Álvaro) Uribe planteó que había hablado con los ganaderos del Cesar y que había necesidad, digamos, de armar a la gente de bien. Después estudiaron estas brigadas, incluso (José Félix) Lafaurie. Eso ha estado permanentemente en el tapete y no desaparece.

Obviamente, está la demanda de armar a las gentes de bien. Ya se ha convertido, en la actualidad, en la centralidad de algunas campañas presidenciales. Esas demandas son muy malsanas y no creo que el país pueda salir adelante si tienen éxito. Uno esperaría que tuvieran una pausa. 

VA: Una de las principales críticas al Estado es que no sabe en dónde están y cuántos son los baldíos de la Nación, con los cuales se podría impulsar de manera más eficiente la reforma agraria. ¿Cómo podría solucionarse esa situación?    

FGS: Ha habido bloqueos sociales y políticos a los intentos de medición. También al catastro multipropósito. Tener una medición seria es absolutamente fundamental y es una de las tareas básicas del Estado. Fíjese que esta lucha contra la medición, que ha sido mucho más por arriba que por abajo, debilita el alcance territorial del Estado y es fundamental superarla. Es fundamental tener buenos instrumentos para saber qué tiene el país y en dónde. Pero, naturalmente, establecer dónde están los baldíos pisa muchos callos. Pero toca hacerlo. Y el análisis de esas luchas alrededor de la medición es una cosa extremadamente fructífera y que, seguramente, en algún momento emprenderemos.

VA: Usted ha analizado la transición del país desde el periodo conocido como La Violencia (1948–1958) hacia un segundo ciclo, marcado por la guerra insurgente y contrainsurgente entre 1975 y 2016. Señalaba entonces que esa transición se dio por la continuidad de ciertos especialistas en violencia de un periodo a otro. ¿Cómo observa hoy este fenómeno?    

FGS: Lo que trato de argumentar es que, efectivamente, sigue vigente; que hay que ponerlo en un contexto más general, pero que es un resultado súper importante. Y efectivamente los acuerdos de paz en Colombia han tenido problemas muy serios para lidiar con los especialistas en violencia.

Lo que uno podría llamar los cuadros de seguridad de segundo nivel están muy expuestos y a veces uno siente que lo que quieren hacer los analistas de opinión y los tomadores de decisiones en Colombia es empujarlos al monte. 

Y resulta que hay gente que tiene los contactos, tiene las capacidades, sabe hacer las cosas, tiene todo un acumulado de experiencias en la guerra, y esa gente se puede reactivar y reciclar con mucha facilidad. Entonces, creo que ahí hemos estado jugando con fuego de una manera muy malsana.

VA: ¿Considera que estamos cada vez más cerca de un tercer ciclo de violencia?

FGS: Por desgracia, sí. Pero quiero equivocarme. Y lo voy a apostar todo a que me equivoque, y, si me equivoco, voy a celebrar. Pero lo que es claro es que estos grupos todavía están en un periodo telúrico; se están dividiendo mucho, sobre todo las disidencias de las FARC. Debido a eso, hay disidencias de las disidencias, o sea, disidencias al cubo. Entonces, no está tan claro que puedan sobrevivir.

Pero los que sí están muy consolidados son distintas variedades de autodefensas. No son las grandotas, las que llaman el Clan del Golfo, o que, autodenominado en este momento, Ejército Gaitanista de Colombia, y hay otras autodefensas locales que ahí están como medio estables, y, por otra parte, pues, el ELN. 

Y esos grupos no dan como mucha señal de desaparecer en este momento. Según las autoridades, hay como 15.000 personas en armas, y eso es grandotote. Entonces, yo tengo mis temores, porque estamos en una situación muy precaria. 

Ni el país, ni el gobierno, ni los tomadores de decisiones han entendido, la urgencia y la importancia de obtener resultados rápidos y concretos.

Foto de portada: Jairo Padilla.

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La ANT presentó este miércoles 18 de junio su más reciente informe sobre los avances en la implementación de la reforma agraria contemplada en el Acuerdo de Paz, donde se destacan progresos significativos en el acceso y la formalización de la tierra. La presentación contó con la participación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, representantes de embajadas de varios países y líderes sociales que han logrado recuperar su derecho a la tierra.

El director de la entidad, Felipe Harman, afirmó: “Hemos avanzado en la entrega de aproximadamente 600.000 hectáreas. La meta es llegar al millón de hectáreas este año, apoyados en el decreto que permite transferir de forma expedita toda la tierra administrada por la SAE y que ya está en trámite en el Ministerio de Hacienda”.

Sin embargo, aunque la ONU reconoció estos avances, también advirtió sobre la necesidad de acelerar el proceso de entrega de tierras. Uno de los principales obstáculos, según explicó Harman, es la ausencia de un diseño institucional que permita ejecutar eficazmente esta política. “Este país no está diseñado para hacer la reforma agraria. Nos tocó reconstruir los procedimientos, los decretos, las vías administrativas de asignación, etc.”, puntualizó.

Nudos críticos de la reforma agraria

Uno de los principales retos, según reconoció la propia Agencia Nacional de Tierras, es recuperar la gran cantidad de tierras que hoy permanecen sin titularidad clara en distintas regiones del país. Se trata de baldíos, bienes fiscales en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y predios del Fondo de Reparación a Víctimas.

“Lo que he encontrado en el Magdalena Medio es aterrador, abismal y vergonzoso para este país. Hay fincas que son propiedad del Estado desde hace 20 años y nunca han pagado un sólo peso de arriendo; han sido usufructuadas de manera gratuita. Existen haciendas de 600 y hasta 2.000 hectáreas sin ningún registro ni reporte. Eso es lo que está ocurriendo con la tierra en Colombia: hay una estructura ilegal claramente consolidada sobre la base del despojo de tierras al Estado”, enfatizó Harman en diálogo con VerdadAbierta.com.

Su denuncia se enmarca en una problemática más amplia: más de 100.000 hectáreas estarían siendo ocupadas ilegalmente, no por campesinos que buscan un sustento ni por pequeños minifundistas, sino por diversos actores —incluidos grupos criminales y políticos— que acaparan y usufructúan tierras de propiedad de la Nación. De hecho, ya hay al menos nueve congresistas involucrados judicialmente en este tipo de procesos.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta situación se encuentra en los bienes entregados durante el proceso de paz con los grupos paramilitares, muchos de los cuales presentan graves irregularidades. Algunos de ellos fueron registrados como fincas de 100 hectáreas —como ocurrió con las entregadas por alias ‘Macaco’— y resultaron tener extensiones reales de 800, 900 o incluso 1.000 hectáreas. Además, muchas de estas propiedades no cuentan con contratos de arrendamiento y han sido usufructuadas gratuitamente durante años.

Al llegar a estos predios, las autoridades han encontrado hasta 2.000 o 2.500 cabezas de ganado por finca, lo que evidencia una explotación comercial a gran escala sin ningún tipo de control o pago al Estado. “Esa es la realidad de lo que ha ocurrido con la tierra en Colombia”, subrayó Harman.

Balance de la implementación de la reforma

De acuerdo con datos de la ANT, con corte al 13 de junio de 2025, el gobierno nacional ha gestionado 599.000 hectáreas en beneficio de familias campesinas, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado. De ese total, 15.692 hectáreas han sido destinadas a procesos de reincorporación de firmantes de paz.

La Agencia Nacional de Tierras informó que se han constituido 14 Zonas de Reserva Campesina y titulado 1.588.221 hectáreas. Este avance fue destacado por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como un paso significativo en la implementación de la reforma rural integral.

Además, la entidad destacó el deslinde de 20.000 hectáreas de ciénagas y playones; la titulación de 937.570 hectáreas para comunidades indígenas; la constitución de 101 resguardos indígenas y la ampliación de otros 71. Igualmente, se han otorgado 50.510 hectáreas a comunidades negras, beneficiando a 67 consejos comunitarios.

Líderes sociales de distintas regiones también participaron en el encuentro, entre ellos Adelfo Rodríguez, de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (ASOCADAR) en el municipio de La Gloria, Cesar, quien por años ha luchado por el acceso de su comunidad a las tierras de la Hacienda La Bellacruz.

Rodríguez se mostró satisfecho con el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras, especialmente luego de que, a comienzos de este año, la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio intentará revertir las resoluciones de la ANT y la SAE que otorgaban a la comunidad la administración de un predio ubicado junto a la Bellacruz.  (Leer más: Víctimas de la Bellacruz por poco quedan en limbo ante orden de la Fiscalía).

“Legalmente las tierras volvieron a la posesión nuestra y afortunadamente cambió nuestra actitud porque pensábamos que íbamos a ser desplazadas nuevamente”, afirmó Rodríguez a este portal.

Felipe Harman concluyó haciendo un llamado a la necesidad de avanzar en la implementación de la jurisdicción agraria, señalando que esta debe ser una prioridad en la agenda nacional.

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