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El fallo en primera instancia, dictado el 23 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Penal de Antioquia,  halló culpable a varios exdirectivos de Chiquita Brands de haber financiado y auspiciado al Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La sentencia se dio después de que en 2007 la empresa aceptara en Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales por 1,7 millones de dólares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que allá se le impusiera una multa de 25 millones de dólares.

La sentencia advierte que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, resalta que los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el riesgo de nuevos crímenes.

Por esa razón, el tribunal consideró que la sanción debía tener un efecto ejemplarizante.  “La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.

La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo lo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

La sentencia condenó los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004.

La decisión judicial también cobija a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de Hoz, exrepresentante legal de la empresa entre 1994 y 1998, y Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad. A ellos se suman los excontralores de la bananera: John Paul Olivo, ciudadano estadounidense que ejerció el cargo entre 1996 y 2001, y el hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún, quien lo sucedió entre 2002 y 2004. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Así Chiquita Brands financió el paramilitarismo

Los hechos por los que se juzgaron a los exdirectivos sucedieron entre 1996 y 2004. El proceso se inició luego de que en 2005 un veterinario reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que varios sectores de la industria bananera en Urabá estaban entregando a las AUC tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta denuncia hizo que comenzara el proceso judicial que avanzó con lentitud durante casi dos décadas.

Con el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron el esquema mediante el cual se canalizaban los recursos hacia el grupo paramilitar. Los empresarios realizaban los pagos a las asociaciones Convivir en Urabá, organizaciones que, según el expediente, estaban fundadas, dirigidas e integradas por miembros de las AUC. Los recursos, en consecuencia, terminaban en manos del Bloque Bananero bajo el mando de Raúl Emilio Hasbún. De acuerdo a lo que se ha revelado en sentencias anteriores, el esquema tuvo participación directa de ejecutivos del sector.

El fallo judicial señala que en el caso de Chiquita Brands y Banadex, los pagos se realizaron a pesar del contexto de violencia y de las dudas sobre su legalidad. “A pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana”, se lee en la sentencia.

Sobre este punto, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), le dijo a VerdadAbierta.com que la empresa ya había admitido su responsabilidad en instancias internacionales: “La propia compañía había celebrado un acuerdo de culpabilidad donde admitía que esos pagos se habían realizado. Es decir, la existencia de los pagos casi que son incuestionables”.

Escobar explicó que la defensa intentó argumentar que los pagos no se hicieron de forma voluntaria o que se trataba de contribuciones a cooperativas de seguridad legalmente autorizadas. Sin embargo, insistió en que “se desconocía el carácter instrumental de estos grupos en relación con los paramilitares”. Y añadió que Chiquita ya había reconocido públicamente que financió a las AUC a través de ese acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una decisión para la verdad

Pese al acervo probatorio y a la condena en primera instancia, el futuro judicial del caso es incierto.

El abogado del Cajar advierte que si  la sentencia es apelada ante el Tribunal Superior de Antioquia y va a casación, el caso podría prescribir antes de que se agoten todos los recursos.  El abogado explica que el proceso se adelantó bajo un régimen procesal que no contempla la suspensión del término de prescripción por la interposición del recurso de casación.

“El panorama frente a la prescripción es gris, porque hay algunos casos que podrían prescribir a finales de este año”, dice. Y añade que, incluso en un escenario optimista, en el que el tribunal alcance a emitir una decisión de fondo sobre un expediente extenso y complejo que involucra a múltiples actores, la prescripción “es prácticamente una realidad”.

Escobar afirmó que la sentencia es sobre todo un aporte a la verdad sobre el conflicto armado en el país y la vinculación de terceros en este. Esto especialmente porque  las víctimas del caso renunciaron a cualquier pretensión económica en el proceso penal. “Las víctimas en sus demandas en la parte civil, mecanismo a través del cual se participa en este proceso penal, renunciaron por lo menos a la indemnización de perjuicios, porque acuden al proceso sólo en la búsqueda de la verdad y de la justicia”, afirmó.

Otros procesos, otras condenas

En junio de 2024, un jurado federal en el Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable por la financiación de las AUC, tras determinar que esa relación contribuyó directamente a la comisión de asesinatos en el marco del conflicto armado. La decisión se dio en el marco de un juicio civil impulsado por un grupo de víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por los paramilitares en el Urabá antioqueño. La compañía fue obligada a pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a los demandantes, marcando un precedente en la búsqueda de justicia transnacional. (Leer más en: Responsabilidad de Chiquita Brands en asesinatos por financiar paramilitares acelerará reparación de miles de víctimas)

El fallo se considera histórico: fue la primera vez que una multinacional estadounidense es hallada responsable en un tribunal de su país por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el extranjero. El caso avanzó gracias a una demanda interpuesta bajo el Alien Tort Claims Act, una ley federal que permite a ciudadanos extranjeros presentar acciones civiles en Estados Unidos por crímenes que contravienen el derecho internacional.

Las demandas, presentadas desde 2007, se apoyaron en el reconocimiento de culpabilidad de Chiquita Brands ante el Departamento de Justicia de ese país, cuando la empresa admitió haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un monto cercano a los 1,7 millones de dólares. Si bien Chiquita ha sostenido que dichos pagos se hicieron bajo coacción, con el fin de proteger a sus empleados y operaciones, los abogados y organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas argumentaron —y lograron probar— que la compañía tenía conocimiento del carácter criminal de ese grupo armado y, aun así, decidió mantener el flujo de recursos.

Este primer veredicto abre la puerta para que otras 5.000 víctimas, cuyos casos siguen pendientes, puedan lograr justicia y reparación.

Un avance en la vinculación de terceros

Escobar, del Cajar, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia intentó incluir la responsabilidad de actores civiles: “Yo creo que el marco jurídico transicional reciente hizo un intento porque el fenómeno de la vinculación de actores civiles estuviera en el diseño de rendición de cuentas”. No obstante, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional “excluyó la competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz para investigar a este tipo de actores, dejándola simplemente como una competencia voluntaria”.

Ese carácter voluntario ha tenido consecuencias prácticas, como en el caso de los empresarios de Chiquita Brands, quienes decidieron no comparecer ante la JEP. Según Escobar, su decisión respondió a una estrategia jurídica frente al avance del proceso en la justicia ordinaria: “Básicamente porque el caso estaba a punto de prescribir, o en riesgo inminente de prescripción —aseguró el abogado— y apostaron por eso”.

En cuanto a los esfuerzos anteriores del Estado para investigar estas relaciones, Escobar dijo que el proceso de Justicia y Paz permitió la recolección de información relevante. A través de declaraciones de exparamilitares que se acogieron a ese sistema de justicia transicional,  se han documentado aportes financieros, vínculos y formas de colaboración entre estructuras empresariales y grupos armados ilegales. Sin embargo, advirtió que “de eso no hay avances ante la justicia muy consolidados, salvo algunos casos aislados”.

Uno de los aspectos más críticos es el volumen de material represado en la Fiscalía que ha sido remitido desde Justicia y Paz. “Desde hace un tiempo se habla de más de 19.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra este tipo de actores”, asegura Escobar.

Germán Valencia Agudelo, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en una columna publicada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), destacó que la reciente sentencia contra exdirectivos de Chiquita Brands evidencia los vínculos más amplios entre empresarios y grupos armados ilegales durante el conflicto colombiano.

El experto aseguró que que este tipo de decisiones judiciales plantea la necesidad de considerar “en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra. Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales”.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands, según Valencia, resalta la necesidad de investigar también el papel de entidades oficiales en el caso Chiquita Brands. “Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia, que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Según el análisis, estas instituciones otorgaron personería jurídica y licencias de funcionamiento a una organización Convivir que terminó sirviendo de canal para la financiación de grupos armados.

La sentencia contra los exdirectivos de Chiquita Brands marca un precedente en la búsqueda de responsabilidad penal de terceros por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Aunque el fallo aún puede ser apelado, y persiste el riesgo de prescripción, el caso evidencia los desafíos estructurales para juzgar la participación de actores económicos en violaciones de derechos humanos. También pone en el centro las limitaciones del sistema judicial frente a la rendición de cuentas de empresarios y funcionarios que, según diversas fuentes judiciales y académicas, contribuyeron al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en Colombia.

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En el primer logro concreto de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, los miembros del Frente Comuneros del Sur, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometieron el 5 de abril a dejar las armas en los próximos tres meses. Pero las dudas sobre el futuro jurídico del comandante de ese grupo pone en entredicho el avance.

Con la presencia del presidente Petro en un acto celebrado en Pasto, se realizó la destrucción de más de 500 explosivos y se firmaron dos acuerdos: uno para la sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas y la reincorporación de sus 100 integrantes. Además, se espera que durante los próximos tres meses se realicen más actos de este tipo.

Sin embargo, el 15 de abril de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de los Comuneros del Sur. Las autoridades judiciales de Texas, quienes requirieron a Yepes, afirmaron que era responsable de organizar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México. Queda en manos de Petro si hace efectiva la extradición, lo que podría entorpecer ese logro.

La política de paz del Gobierno ha dejado muchas dudas. En especial porque el proceso con el ELN está suspendido y la violencia en regiones como el Catatumbo y el sur de Bolívar ha dejado miles de víctimas. No es un hecho aislado, en Cauca y Arauca, la situación de orden público también es compleja.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en un informe publicado el 7 de abril y que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, se detalla que los avances hasta ese momento en los nuevos procesos de diálogo con los grupos armados organizados en Colombia no eran “tangibles”, ni tampoco “sostenibles”.

Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) recoge que el país tiene por lo menos 14 focos de violencia en donde los grupos armados se disputan el territorio. “Aunque los diálogos de paz con los grupos armados han ayudado a reducir la violencia en algunas regiones, se ha intensificado en otras, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estrategias integrales de protección”, dice el informe Menos muertos, más afectados: evolución de la violencia contra civiles en Colombia.

En esos intentos de concretar más avances, el pasado 17 de abril el presidente Petro suspendió las operaciones militares ofensivas y es especiales de la Policía Nacional los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc. Dicha decisión fue cuestionada porque fue un gesto unilateral del gobierno nacional y porque justo ese mismo día, otros grupos disidentes de las extintas Farc cometieron atentados con explosivos en Huila y Cauca.

Por otro lado, este 21 de abril, el ELN le comunicó al gobierno nacional su voluntad de persistir en los esfuerzos por buscar la paz. “Les proponemos mantener y fortalecer el ejercicio de participación democrática como sociedad, a seguir dinamizando iniciativas que nutran  la propuesta de Acuerdo Nacional por las transformaciones, que nos permita salir del camino de la guerra perpetua”, asegura la guerrilla.

Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto de 2026, por lo que se va quedando sin tiempo para mostrar más resultados en una de sus apuestas: lograr la paz en el país.

¿Qué ha pasado con las disidencias de las Farc?

El centro de estudios InSight Crime detalla que las disidencias de las Farc se fragmentaron ante la política de la Paz Total, por lo que el gobierno nacional sólo ha podido mantener diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción que surgió del Estado Mayor Central (EMC), y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la cual se separó de la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia.

Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el EMBF, explica que actualmente se está avanzando en el punto de transformación territorial, enfocado en la adjudicación de tierras, la formalización de reservas campesinas y en los proyectos productivos.

“Hemos logrado entrar a los territorios por medio de un diálogo muy directo con los líderes y con las organizaciones sociales. Hemos hablado con más de 20.000 líderes en todo este proceso de propuestas territoriales”, dice. González Posso asegura que el cese al fuego ha servido para disminuir violencia contra la población y ha ofrecido un ambiente favorable a la participación de las bases sociales y a la construcción de iniciativas de bienestar y desarrollo.

VerdadAbierta.com conoció que en la mesa con el Estado Mayor de los Bloques se están priorizando las zonas de Yarí, Caquetá; el Sur de Meta y San José de Guaviare; el corredor entre el Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas; y Tibú – Catatumbo. En estas zonas se están planeando 19 proyectos e inversión social.

Con respecto al Catatumbo, en donde estalló una guerra entre el ELN y el EMBF, González Posso aseguró que actualmente “las cosas se están regularizando porque todavía el tema del desplazamiento, las confrontaciones es importante. Está muy desarticulado todo, pero estamos tratando de ver cómo retomamos”.

Por otro lado, en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (conformada por Comandos de la Frontera en Putumayo y por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño), se lograron avances en el cuarto ciclo de la negociación que terminó el 10 de abril en La Hormiga, Putumayo. El principal de ellos es un acuerdo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de 30.000 hectáreas de hoja de coca (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño).

“Esos proyectos pilotos deben estar liderados por el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito”, dice Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con este grupo. “Ya se han avanzado algunas reuniones preliminares con representantes de las comunidades”.

En febrero de 2025, la mesa pasó por un momento de incertidumbre luego de que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los máximos jefes de la organización, fuera capturado en un evento de la negociación. Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), el tema del sometimiento a la justicia es un factor clave en las negociaciones.

“El tema jurídico es como un elefante en la sala. Y es difícil ver en este momento cómo se va a resolver. En parte porque se negocia con las personas que más necesitan del marco jurídico. Súmale a eso la posible extradición de ‘Araña’ que, dependiendo lo que pasa ahí, puede ser un golpe para los intentos de paz porque si el gobierno no es capaz de proteger jurídicamente a la gente que se sienta en la mesa, nadie va a querer sentarse en la mesa. Así es sencillo”, asegura el investigador.

Según Novoa, los próximos pasos en la mesa de diálogo estarán guiados por las tres subcomisiones que están trabajando en acuerdos parciales alrededor del  tema de justicia, seguridad en los territorios y transformaciones territoriales. “Esas subcomisiones tienen que seguir trabajando porque deben presentar unos resultados concretos que serían un acuerdo programático definitivo para la ronda que vamos a hacer en el mes de mayo”, afirma.

El difícil camino con las AGC

En febrero de 2025, el gobierno nacional anunció el inicio de la fase privada de la mesa de diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el  Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. Sin embargo, el poderoso grupo armado  cuestionó la voluntad y la coherencia del gobierno nacional y del Ejército, y aseguraron que no existen las condiciones mínimas para  una mesa de diálogo formal.

Según la FIP, las AGC son el grupo armado más grande de Colombia con seis bloques, 36 frentes y 7.551 integrantes que operan en 15 departamentos y 278 municipios.

Y se sigue expandiendo. “Ha ajustado su estrategia, intensificado el reclutamiento, fortalecido su control social e incorporado exmiembros de las (Farc), el ELN y militares retirados como instructores, comandantes e integrantes de fuerzas de choque, aprovechando su experiencia criminal. Además, ha reforzado su red de corrupción dentro de la Fuerza Pública para evitar operativos, comprar información y detectar informantes”, según la publicación La negociación con el Clan del Golfo entre el garrote y zanahoria del centro de pensamiento.

En marzo de 2024, el gobierno nacional retomó los bomabrdeos contra las AGC luego de que este grupo emboscó al Ejército en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, que dejó cuatro militares muertos.

Según Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, “la dificultad más importante de la política de Paz Total, ha sido encontrar un modelo de desescalamiento del conflicto que es cada vez más fragmentado, más enfocado en lo económico. Además, de encontrar un modelo que tenga también al mismo tiempo presión militar para asegurar que los grupos lleguen a la mesa de buena fé”.

La paz urbana: Quibdó, Buenaventura y Medellín

En Buenaventura, los diálogos del gobierno entre los Shottas y los Espartanos no están suspendidos, pero tampoco pasan por su mejor momento. Después de la ruptura de la tregua en febrero de 2025, la violencia aumentó y en lo que va del año se han registrado más de 50 asesinatos atribuibles a la disputa por control entre los dos grupos. Para hacerle frente a esto, hace dos meses los Shottas le propusieron al gobierno nacional un cese al fuego unilateral.

Para Dickinson, la violencia es lo que más afecta las negociaciones. “Por un lado socava la legitimidad de los procesos frente a la población civil que está más afectada por el conflicto. Y por otro lado, los enfrentamientos entre grupos armados han distraído un poco el foco de la mesa”.

Reconociendo que ha habido algunos resultados positivos del proceso, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al gobierno nacional a un Consejo de Seguridad Regional ampliado en Buenaventura para dialogar sobre la continuidad del plan piloto de paz en esa ciudad y con el despliegue de la fuerza pública en todos los barrios y comunas.

Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron los diálogos con el gobierno en abril de 2025, tras un operativo militar en su contra.

Mientras que en Medellín, las estructuras criminales del Valle de Aburrá se comprometieron a extender por tres meses más el compromiso de dejar de extorsionar en 45 barrios. Este gesto de voluntad de paz arrancó el 19 de diciembre y el pasado 21 de marzo anunciaron la ampliación hasta el 21 de junio. (Leer más en: ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de Paz Total urbana en Medellín)

Para Johnson, uno de los principales retos y conflictos de la política de Paz Total actualmente es el poco tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro y la necesidad de que los procesos actuales tengan la firmeza para que el próximo gobierno los continúe.

“En el mejor de los casos es buscar la continuidad de los procesos en el siguiente gobierno porque probablemente no vas a lograr un acuerdo final con todos”, dice. “En todos estos meses algo clave es tener un plan para decirle al gobierno entrante, asumiendo que es de oposición, que hay un plan rescatable y hay un camino. Porque si llegas con algo sin definir, es mucho más fácil que lo boten a la basura”.

El investigador añade que es importante buscar y asegurar socios locales con peso político que puedan defender las metas y lo logrado en las diferentes mesas de negociaciones en su conjunto. “Yo no creo que suficiente gente de Bogotá vaya a defender la Paz Total frente a un próximo gobierno, pero los gobernadores, alcaldes, sociedad civil, local y regional, sí pueden ser socios importantes para que las mesas sigan”, concluye Johnson.

A pesar de que la Paz Total dio sus primeros frutos con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, el panorama no parece alentador con las bandas criminales, ni con las AGC. Con las disidencias, podría llegarse a algunos acuerdos, pero el gobierno se jugará sus últimas cartas en los próximos meses, con unas agitadas elecciones en el camino.

* Foto de portada: David Sañudo Pazos – Gobierno de Colombia

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