El acuerdo para poner fin al prolongado conflicto armado con las Farc y la consolidación de la reforma rural integral trajeron consigo el objetivo de transformar el campo y los territorios más afectados por la guerra entre esa extinta guerrilla y el gobierno nacional, aplicando diversas estrategias, entre ellas, la creación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), establecidas en 16 subregiones del país, incluido el Catatumbo.
La expectativa que crearon los PDET en esta zona del nororiente del país sigue vigente para los 8.136 actores que participaron en el proceso de consolidación de los pactos entre las comunidades y el gobierno nacional, logrados el año anterior, y que deberán traducirse en obras durante la próxima década.
Para el año 2028, el Catatumbo deberá ser “un territorio biodiverso, agroecológico, ecoturístico e innovador, a partir de la formalización de la propiedad de la tierra, cadenas productivas competitivas, esquemas asociativos autónomos, soberanía alimentaria y una educación pertinente, inclusiva y de calidad para todos”, indica la visión construida localmente en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), firmado el 28 de septiembre de 2018.
Además, se proyecta como un territorio sin discriminación ni estigmatización, en el que los procesos organizativos sean la base de la participación, dando prevalencia a enfoques territorial, diferencial, de género, de derechos humanos, con miras al empoderamiento, arraigo y permanencia en el territorio de todas las generaciones.
Este ideal de sociedad, estructurado por las mismas comunidades, ha generado una enorme esperanza entre los pobladores del Catatumbo, pero también dudas entre quienes, a la fecha, sólo tienen la palabra del gobierno nacional como herramienta de confianza para que por fin llegue el esperado desarrollo territorial en una zona que sobrevive simultáneamente a la guerra y la pobreza.
Los municipios que hacen parte de PDET Catatumbo son Tibú, El Carmen, San Calixto, Sardinata, Convención, El Tarra, Teorama y Hacarí, destacados por su condición rural, presencia de actores armados y una altísima concentración de pobreza, reflejada en un 64.3% del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Por ejemplo, 79 de cada 100 ciudadanos que residen en Hacarí viven en situación de pobreza, tal como ocurre en El Tarra y San Calixto, donde 73 de cada 100 personas viven en esta misma condición, según datos de 2017 del Equipo Local de Coordinación de Norte de Santander, para la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (Umaic).
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en Norte de Santander (2016) señalaba que la proporción de personas en situación de NBI en zonas rurales por municipio era:
El Tarra: 87.1%
Sardinata: 70.7%
Tibú: 67.2%
Convención: 62.4%
Teorama: 60.10%
El Carmen: 66%
San Calixto: 73.89%
Hacarí: 79%
Dichas cifras, resultaban superiores al registro del resto de los demás municipios de Norte de Santander, de 54.46% de NBI.
Tales datos confirman, según el alcalde de Hacarí, Milcíades Pinzón, que los PDET “son la única manera de poder solucionar tantos problemas sociales y económicos que vive la región del Catatumbo”. Pero aunque ya está lista la información relacionada con los proyectos, una palabra se torna recurrente en su discurso: espera.
“A nivel nacional, todavía no se conoce cuáles proyectos serán priorizados”, precisa el mandatario local, condición que se busca aclarar pronto, dado que hay iniciativas en todos los ámbitos: agua potable, saneamiento básico, vivienda, educación, salud, vías terciarias, “pero no han dado información hasta el momento de por dónde vamos a empezar”.
“Seguimos esperando”, repite Pinzón, y subraya que la principal dificultad “es la demora y la tramitología”. Además, agrega que “nos están pidiendo, por ejemplo, en materia de educación la legalización de los predios y hemos acudido a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero hasta ahora no hay nada”.
Sentencia el alcalde de Hacarí que el problema de orden público en el Catatumbo no tiene otro origen que la falta de presencia del Estado y teme que se convierta en más retrasos y obstáculos: “En la mayoría de los municipios del Catatumbo los campesinos son poseedores o tenedores de tierra y no se les han legalizado los predios. Eso fue negligencia del Incora, de Incoder, y ahora de la ANT”.
Por eso afirma que una de las necesidades apremiantes en 2019 es que esa agencia estatal incremente su presencia en el territorio, “porque para eso se creó la entidad, que hasta la presente es un elefante blanco, ya que por aquí no se ve un funcionario hablando con los campesinos”.
En medio de esa sensación de espera sin respuesta, agrega el mandatario: “Uno ha pedido tanto y hemos hablado con tanta gente de los ministerios, de la administración pasada, con todas las agencias, y hasta la presente no se ve nada, entonces uno como que pierde las esperanzas”.
Una conclusión similar plantea el alcalde de Convención, Hermes Alfonso García Quintero, quien hace parte de los mandatarios incrédulos por la continua formulación de anuncios que, al final, no se concretan.
Para García, el afán de los convencionistas es que los proyectos incluidos en los PDET se inicien este año, “pues ese proceso participativo de construcción ha generado grandes expectativas en todas las comunidades”, pero se muestra preocupado porque las iniciativas no han tenido avances.
Tal es el caso de las Pequeña Infraestructuras Comunitarias (PIC). “En nuestro municipio sólo se avanzó en la priorización de obras en tres núcleos, sin que se haya avanzado más allá del planteamiento de la iniciativa”, comenta.
Entre las obras priorizadas están algunos mejoramientos viales, salones comunales y parques, entre otros, pero “hasta el momento, sólo se han generado expectativas”, sin sumar los proyectos que hasta finales de 2018 no tenían financiación (ver mapas).
Según el mandatario local, la inversión que se puede mencionar por parte del gobierno nacional “es básicamente la oficialización de la planta de docentes, en una parte del sector rural del Catatumbo”.
En cuanto a inversiones pendientes, agrega, “se tenía una expectativa de que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (Ocad Paz) permitiese la llegada de algunos recursos importantes para nuestro municipio; sin embargo, se ha generado desilusión en nuestras comunidades pues han sido múltiples los obstáculos que se han presentado en el tránsito de los diferentes proyectos postulados”.
“En resumen -plantea García- las inversiones que se han hecho en aras de construir esa paz territorial son las que hemos logrado con los escasos recursos de la administración, unido al compromiso de las comunidades en el marco de la estrategia de obras comunidad-gobierno, y el apoyo en algunos proyectos por parte de Colombia Transforma”.
Cumplir lo pactado
José Luis Franco, personero de San Calixto y veedor de los PDET, asegura que estos son los planes de desarrollo de los campesinos e incluyen todas sus necesidades, y por ello es necesario que se sumen al Plan Nacional de Desarrollo y salgan adelante.
“Uno sabe que no se podrá cumplir el cien por ciento, pero esperamos que sí se aproveche esta oportunidad,”, dice el funcionario, dada la necesidad de que el Catatumbo salga del abandono, pero advierte que “va a llegar el momento en que la gente no va a creer”.
San Calixto se destaca por ser uno de los municipios con mayor incidencia de actividades agrícolas legales, con la siembra de café y cebolla, estimadas en un 60 por ciento por encima de los cultivos de uso ilícito. De allí el interés de los campesinos de la zona sobre la implementación de los PDET. Al respecto, Franco enfatiza: “Si el gobierno le apuesta a cumplir con los PDET, sería un paso gigante hacia la verdadera paz”.
Sin embargo, sumado al cumplimiento del gobierno nacional, resalta que en los territorios también se deben garantizar las condiciones para que los recursos sean bien ejecutados y la transformación de la región sea real.
“Si no hay alcaldes que ejecuten bien, no se hace nada”, asegura el Personero, en especial con la llegada de la temporada electoral y un nuevo cuatrienio durante el cual las obras deberían acelerarse.
“Creemos que para 2019 sí vienen cosas buenas”, dice el funcionario, en parte porque hay un nuevo gobierno, y también “porque la gente quiere un cambio con oportunidades”. Y espera que “el gobierno nacional y las demás entidades sean responsables en la tarea encomendada y se genere confianza entre el gobierno y el campesino”. Dicha confianza, afirma, dependerá también de un control efectivo de los recursos, “porque a veces se quedan en el camino”.
En últimas, puntualiza Franco sobre el éxito de estos proyectos: “Creo que los entes de control tenemos que estar muy atentos, hacer las denuncias constantemente, porque sabemos que vienen recursos y empieza a llegar gente de todas partes”, como fundaciones y corporaciones provenientes de otras regiones que, si bien tienen libertad para hacerlo, suelen desconocer la realidad social de la región y podrían incurrir en hechos de corrupción o incumplimientos.
En este sentido, recordó que en los municipios ya existen organizaciones como la Agencia de Desarrollo Local (ADEL) del Catatumbo, con enfoque de frontera, la cual podría consolidar estrategias para que los recursos no se desvíen, dado su carácter público-privado y el apoyo de cooperación internacional, que darían garantías de ejecución para evitar desconfianzas.
Sumado a lo anterior, se resaltan otras dificultades para la implementación de los PDET, entre ellas la situación de orden público que afecta la posibilidad de ingreso de funcionarios y cooperantes a varias zonas del Catatumbo.
Otras fuentes consultadas en la región temen también que parte de los recursos terminen en manos de organizaciones vinculadas con los grupos insurgentes o en las arcas de las guerrillas del Eln y el Epl, o en disidencias de las extintas Farc, razón por la que, incluso, se sugirió que las obras de infraestructura fuesen ejecutadas por el Ejército.
Uno de los casos que avanzó se realizó en La Gabarra (Tibú) donde, hasta el año anterior, se construyeron 18 kilómetros de vía entre el casco urbano de Tibú y el corregimiento, invirtiendo en ello 76 mil millones de pesos, en una estrategia de recuperación de confianza en la institucionalidad y control territorial.
“Esto no da más”, subraya el personero de San Calixto, pues “si no surge un cambio ahorita, no se va a tener un desarrollo total porque la gente está aburrida de los malos precios, de los maltratos de los engaños, de los señalamientos”. Esta zona reclama una y otra vez sus derechos y espera que sí se ejecuten los planes. Sin duda, las voluntades podrían cambiar drásticamente, a menos que el gobierno nacional lo evite con inversión social.
