Diecisiete familias esperan la restitución de sus predios en el municipio de Agustín Codazzi, departamento de Cesar, de donde fueron desplazados por grupos armados ilegales. Desesperados por la presión y la zozobra, vendieron a particulares, quienes luego transaron las fincas con la multinacional Drummond.
La joven no puede contener el llanto cuando recuerda cómo el conflicto les arrebató todo, hasta su sueño de ser médica. Su padre murió el 4 de julio de 2017 y no alcanzó a ver si a su familia le restituyeron el predio que tenía en la vereda Platanal, de donde los expulsaron de manera violenta grupos paramilitares a comienzos de la década del dos mil.
La tristeza cobija a otra de las pobladoras del lugar, también reclamante: “Para esa época nos robaron 200 reses, se llevaron los chivos y las gallinas. Por todo esto mi mamá se nos ha enfermado. Esto ha sido muy difícil”.
En total, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), responsable de atender estas solicitudes desde el 1 de enero de 2012, tramita 17 reclamaciones de familias campesinas de Platanal que consideran que fueron despojadas de manera forzada en medio del conflicto armado.
De ese grupo, 16 familias fueron beneficiarias de procesos de reforma agraria a comienzos de la década del ochenta, cuando el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) le entregó a cada una de ellas 22,5 hectáreas tras parcelar un predio baldío de 715 hectáreas, recuperado en 1967 y conocido como Platanal Las Playas. La familia restante era propietaria de vieja data de la hacienda Villa Margarita.
El desplazamiento forzado de estas familias y el presunto despojo del que dicen ser víctimas lo generó en mayor medida la acción criminal del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que llegó a la región a finales de la década del noventa con el objetivo de combatir a los grupos insurgentes de las Farc y el Eln que operaban en la región desde hacía más de 20 años, pero acabó afectando a la población civil.
Con tierra, pero bajo presión
Luego de recibir los predios, las familias de Platanal constituyeron el 23 de abril de 1983 la Junta de Acción Comunal de la vereda y se aprestaban a fortalecerse, pero ese objetivo se vio afectado por varios intentos de desalojos por cuenta de las denuncias instauradas por el ganadero Jorge Avendaño, quien alegaba ser el dueño, pero, finalmente, no pudo acreditar los títulos de propiedad de esas tierras.
Los problemas más graves vendrían después, cuando arribaron a la región las guerrillas. La Unidad de Contexto de la URT documentó que la violencia durante buena parte de la década del ochenta fue perpetrada por el Frente 41 de las Farc y el Frente José Manuel Martínez Quiroz del Eln, que encontraron en la zona rural del municipio de Agustín Codazzi un corredor estratégico hacia la Serranía del Perijá, que conduce al departamento de La Guajira y al vecino país de Venezuela.
El orden público se alteró de manera dramática a mediados de la década del noventa cuando irrumpieron grupos paramilitares, que ingresaron a Cesar en 1996 por los corregimientos de Llerasca y Casacará, tras el llamado que hicieron varios ganaderos y políticos a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, los voceros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que luego se convirtieron en las Auc, para que llevaran a esa región su proyecto contrainsurgente para contrarrestar las acciones de las Farc y el Eln.
Los campesinos de Platanal comenzaron a sentir los embates de la guerra el 21 de septiembre de 1997 cuando un comando paramilitar asesinó en la vereda El Carrizal, del vecino corregimiento de Llerasca, a seis personas.
Luego llegaría a su corregimiento, Casacará, asesinando el 21 de agosto de 1999 a otras seis personas. Los parceleros recuerdan que los momentos más críticos fueron los primeros dos años de la década del dos mil, periodo en que fueron acribillados 12 miembros de la comunidad y perpetrada una segunda masacre, que dejó cinco personas muertas.
La comunidad cuenta que durante esos años fueron asesinados los parceleros Darío Valencia Silvera, Polo Fuego Verde, José del Carmen Córdoba, Pedro Macea Serna, Gladys Villanueva, Elkin Rodríguez Orozco; Silvio Macea, Manuel José Figueroa, Carlos Urea, Alfonso Rubiano, Arnulfo Mora Peñuela y Fabio Amaya Rodríguez.
Desesperados por la arremetida paramilitar y la poca respuesta de las autoridades militares y de policía, varios de los campesinos beneficiarios del Incora huyeron de Platanal y se asentaron en el caserío de Casacará. Uno de ellos, Augusto Orozco, le remitió una carta al entonces director de la entidad informando su situación y solicitando reubicación. La misiva está fechada el14 de noviembre de 2002.
“Muy comedidamente me dirijo a usted para ponerle en conocimiento que por fuerza mayor he tenido que abandonar la parcela que me adjudicó este Instituto”, se lee en la carta. En ella justifica su desplazamiento explicando que “un grupo armado que permanece en la región me persigue por ser miembro activo de la Junta de Acción Comunal de la vereda”.
En esa carta detalla que, incluso, estando en su residencia de Casacará, “el 28 de septiembre del presente año a media noche entró un grupo armado al corregimiento y me tumbó la puerta de la casa y asesinó al sobrino Elkin Rodríguez Orozco. Yo tuve la suerte de escamparme”.
Finalmente este campesino le pide al Incora que “como no tengo ningún recurso, ni trabajo y con una familia inmensa de seis hijos que dependen de mí, es por eso que confío en que este instituto me ayude a fin de poder sacar adelante a mi familia en el programa de reubicación de producción agrícola familiar”. La misiva no tuvo ninguna respuesta. (Ver carta original)
Los labriegos que trataron de resistir en Platanal terminaron desplazados en 2003 por las constantes amenazas y extorsiones de los paramilitares, y se refugiaron en pueblos cercanos, como Becerril, y varios más se fueron a vivir a Valledupar, en medio de grandes afugias económicas.
Llegan compradores
No pasó mucho tiempo cuando los parceleros desplazados fueron abordados por comisionistas para que vendieran sus predios. “Nos dieron 3 millones de pesos por 22 hectáreas y media. Nos hacían firmar unas cartas venta”, dice uno de los reclamantes. Varios de los campesinos recuerdan los nombres de esos comisionistas: Ramiro Quintero Zuleta, Jaime Zuleta Gutiérrez, Eduvilia Orozco Fernández y Edilma Cecilia Pino Pacheco.
La compra masiva a bajos precios incluyó no sólo a parceleros, sino también a dueños de grandes haciendas vecinas, también víctimas de la violencia, entre ellos la familia Aragón, que abandonó la hacienda Villa Margarita, de 412 hectáreas, debido a amenazas de la guerrilla del Eln.
Poco a poco los predios fueron cambiando de dueños en unas transacciones que los labriegos consideran irregulares y por ello son objeto de reclamación ante la URT. Lo que más las llama la atención es que sus tierras acabaron siendo propiedad de la carbonera Drummond.
Los campesinos de Platanal, en su condición de desplazamiento, se alertaron en 2009 cuando se dieron cuenta que sus antiguos predios serían comprados por la multinacional en su proyecto de ampliar la mina El Descanso.
Augusto Orozco, uno de los labriegos afectados y quien se reafirma como propietario de la finca No hay como Dios, decidió escribirle a uno de los ejecutivos de la empresa, Juan Camilo Del Villar, advirtiéndole que esas tierras serían reclamadas ante la justicia. La misiva tiene fecha del 3 de agosto de 2009.
“Estoy informado de la compra de tierras que ha iniciado el Departamento de Tierras de la Empresa Drummond a los actuales propietarios de los lotes que conforman la región de El Descanso”, le dice Orozco a Del Villar en su carta y aclara que “el actual supuesto propietario de mi finca la adquirió porque me vi obligado a vendérsela por cualquier precio, por presión de los grupos paramilitares que operaban en esta zona”.
En su mensaje, el labriego le anuncia al ejecutivo de la Drummond que “he iniciado las acciones correspondientes para la devolución de la finca No hay como Dios. Por lo tanto deben ustedes de abstenerse de cualquier negociación […] hasta tanto no se aclare la situación”. (Ver carta original)
Pese a ese llamado, la multinacional del carbón adquirió las parcelas y respalda su decisión en la Resolución 1343 de 2008 del Ministerio de Ambiente que le “impuso a Drummond Ltda. la obligación de iniciar el proceso de reasentamiento, reubicación y/o negociación directa con la Parcelación y el caserío de Platanal y con la totalidad de los predios que se encuentren dentro del área de influencia puntual del Proyecto El Descanso”.
En ese sentido, la empresa detalla que “el proceso de negociación con la parcelación de Platanal, compuesta por 38 parcelas que fueron adjudicadas por el Incora en la década de los años 80, se llevó a cabo a través de una mesa de concertación compuesta por 10 representantes de los parceleros designados por la comunidad y Drummond Ltda”. (Consultar más detalles en su página web)
Aunque la Drummond insiste en que la compra fue concertada con representantes de Platanal, las familias afectadas insisten en que la multinacional lo hizo con los propietarios y poseedores que encontró dentro de las fincas, dejando por fuera a las presuntas víctimas de despojo.
El subsuelo, un botín
Esa compra de tierras y el recrudecimiento de la violencia en el Platanal coinciden, según el politólogo Juan David Velasco, con la concesión minera en la región. Así lo establece en su artículo Negociando la tierra: empresas extranjeras, minería a gran escala y derechos humanos, publicado en la revista Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad del Rosario en la edición del primer semestre de 2014. (Acceda al artículo aquí)
Velasco señala en su texto que la familia Campo Soto era propietaria de tierras en la vereda El Descanso y herederos como Rodolfo Campo Soto, quien fue alcalde de Valledupar entre 1992 y 1994, aprovecharon sus cargos públicos para acceder a información privilegiada sobre los yacimientos de carbón en aquella zona.
En 1996, con el Decreto 2056, el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) definió el sistema de contratación para cinco áreas carboníferas de gran minería, autorizando a la Empresa Colombiana de Carbón Ltda. (Ecocarbón) para que mediante concurso público seleccionara a los contratistas encargados para intervenir estas áreas.
Drummond ganó el concurso para la mina El Descanso y el 10 de diciembre de 1997 firmó el contrato 144-97 con Ecocarbón para la exploración y explotación durante 30 años de un área que cubre 274 mil hectáreas entre los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná.
“Con esta información y con la quiebra de los pequeños y medianos productores algodoneros, los miembros de la familia Campo Soto (en especial, Rodolfo Campo Soto) comenzaron a comprarles los predios a sus vecinos a precios más bajos para posteriormente venderlos a Drummond a precios mayores al avalúo comercial”, detalla Velasco y precisa que esta familia adquirió cerca de 2.700 hectáreas.
La multinacional compró las tierras, tanto de los parceleros como de estas familias, entre 2010 y 2013, pese a que los campesinos pidieron que se abstuviera de hacerlo, pues éstas pertenecerían a víctimas que habrían vendido de manera irregular en medio del conflicto y bajo presión.
En su análisis, Velasco advierte que la firma carbonífera no aplicó la debida diligencia en la adquisición de esas tierras, “dado que la compañía negoció predios sin triangular la información sobre la tradición de los inmuebles, se valió de una herramienta jurídica como el desalojo —por tratarse la minería de una actividad de utilidad pública— y aprovechó los conflictos intercomunitarios para acceder a tierras a un menor precio”.
El politólogo reitera que “las prácticas de adquisición de tierras de Drummond, sin respeto a los derechos humanos, se explican por la estructura informal de propiedad agraria en la vereda El Descanso, pues las invasiones de colonos y la adquisición masiva de predios por parte de políticos oportunistas y criminales dificultaron las negociaciones legítimas y transparentes”.
Un detallado estudio divulgado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la relación de guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de Cesar, titulado La maldita tierra, concluye que el caso de Platanal “es un ejemplo visible de los conflictos que se desataron en la región por el control de las tierras ricas en carbón. Esta vereda, del municipio de Codazzi, pasó de ser un baldío explotado por un terrateniente a una parcelación del Incora. Luego fue epicentro de la violencia y terminó siendo una explotación de carbón a gran escala”. (Acceda al libro aquí)
No avanza
Desde que la URT emitió la Resolución 002 del 19 de julio de 2013, mediante la cual microfocalizó Casacará, es decir confirmó que existían las condiciones de seguridad para documentar en terreno las reclamaciones de los campesinos, el proceso se ha venido dilatando y las decisiones no se dan con la celeridad que que pretenden los labriegos.
Un primer obstáculo fue el artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), que indicaba en uno de sus incisos que si un predio en restitución se superponía a un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pine), la tierra no podía devolvérsele materialmente a la víctima y ésta debía ser compensada. Y precisamente las áreas donde explora y explota Drummond minas de carbón habían sido declaradas Pine según la Resolución VSC 592 del 19 de junio de 2013 emitida por la Agencia Nacional de Minería.
Sin embargo, el 8 de abril de 2016 la Corte Constitucional declaró inexequible esa restricción contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, tras atender una demanda de varios ciudadanos. Este alto tribunal concluyó que “la medida prevista en el artículo 50 de la actual ley del plan afecta gravemente los derechos fundamentales a la reparación y la restitución de un grupo de sujetos de especial protección constitucional, a saber, las víctimas del conflicto armado”. Esa decisión le dio vía libre a las reclamaciones del Platanal. (Leer más en: El reto que plantea el caso Drummond para la restitución).
No obstante, la restitución sigue pendiente para las familias de esta vereda. “Vemos que el proceso es un jala y jala entre la Unidad (URT) y la justicia especial, y por eso no se ha materializado la restitución. Es que se están enfrentando con un ‘gigante’. Esto no se resuelve aquí sino en Bogotá”, comenta uno de los campesinos que, como los demás, prefiere la reserva de su nombre por seguridad.
Para la comunidad, el ‘gigante’ es la firma multinacional Drummond y saben que sus tierras son valiosas por el mineral del subsuelo: el carbón. Cuando ellos llegaron a Platanal a comienzos de los años ochenta no sabían de tal riqueza, pues su interés siempre ha sido el de cultivar la tierra y desarrollar la pequeña ganadería.
Después de un prolongado desplazamiento forzado, los parceleros están convencidos de resistir. Con esfuerzo, trabajan en sacar adelante la Asociación de Víctimas de la Vereda El Platanal, reconociendo que unidos pueden desarrollar proyectos productivos, entre ellos uno de ganadería de doble propósito y de cría cerdos.
“El proceso está empantanado”, reconoce una de las víctimas y, de paso se pregunta, con un dejo de preocupación: “¿Cuál será el rumbo de la restitución del nuevo gobierno?”. Por ahora no hay una respuesta clara, pero los labriegos de Platanal no pierden la fe y aseguran que desde la asociación que tratan de consolidar continuarán defendiendo sus derechos.
