Pese a las órdenes de la Corte Constitucional y a las advertencias de la Agencia Nacional de Tierras y de varias organizaciones no gubernamentales, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches ordenó sacar de unos predios en disputa a una comunidad campesina reclamante de tierras. En el procedimiento les destruyeron ranchos y cultivos. Ahora los parceleros no tienen cómo subsistir ni pagar los créditos que tienen con el Banco Agrario.
El pasado miércoles 13 de diciembre un piquete del Esmad desalojó a campesinos de El Guayabo, en Puerto Wilches. La comunidad denunció cómo en la diligencia fueron tumbados sus ranchos y cultivos. Foto suministrada Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.A las dos de la tarde de ayer, 50 campesinos de la comunidad de El Guayabo se plantaron frente a la Alcaldía de Puerto Wilches para exigir una solución al desalojo al que fueron sometidos el pasado 13 de diciembre en cumplimiento de una orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches, que ejecutó un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y trabajadores del supuesto dueño de los predios.
Ese día, no hubo sentencia de la Corte Constitucional ni llamado de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que las autoridades locales atendieran. “Pareciera que el Alcalde, el Inspector de Policía y el Personero de Puerto Wilches estuvieran en contra de nosotros”, apuntó un parcelero, refiriéndose a los hechos ocurridos ese miércoles.
En un pliego de exigencias de nueve puntos, los campesinos de la Asociación Agropecuaria y Pesquera del Guayabo (Agropegu) solicitaron “al Estado colombiano, representado en las autoridades locales, regionales y nacionales”, la suspensión de los desalojos y garantías para su retorno, así como la conformación de una mesa permanente de diálogo y seguimiento a la reclamación de los predios de la antigua hacienda Las Marías, unas tierras que cultivan hace 30 años y en las que han tenido que sortear todo tipo de violencia, y múltiples procesos judiciales y administrativos. (Lea: En El Guayabo, 120 familias le temen a desalojos y a amenazas)
La comunidad de El Guayabo no ha podido acceder a los títulos de propiedad por la demora en los procesos agrarios que estaban en cabeza del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), así como por la oposición de Rodrigo López Henao, quien alega ser heredero de esas tierras.
Por esa razón, los campesinos exigieron en su pliego un avance real en las investigaciones penales contra López Henao, “teniendo en cuenta las denuncias presentadas por la comunidad, así como el estado del proceso de falsa víctima y exclusión del Registro Único de Víctimas, por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”. (Ver pliego)
Los campesinos también solicitaron la verificación de la legalidad del procedimiento del desalojo y que los organismos de control inicien procesos de investigación disciplinaria contra los funcionarios que participaron en esa diligencia. “No entendemos cómo es que la Policía permitió que en el desalojo participaran trabajadores de López Henao. Entraron cuatro trabajadores y con machetes nos acabaron los cultivos de maíz, yuca, plátano y cacao, que con tanto esfuerzo habíamos sembrado. Uno de ellos iba en un tractor haciendo lo mismo. Nos destruyeron también los ranchos”, narró otro labriego con la voz entrecortada.
En un video grabado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), se ve la angustia de las mujeres que le reclaman a los uniformados del Esmad: “¿Esto es seguridad? Esto es una arbitrariedad”, gritan. Mientras la Policía ingresa a los predios y ellas lloran en medio de la impotencia, sus casas de madera y matas de plátano son derribadas (ver video aquí).
“Dígame de qué vamos a vivir”, se preguntó uno de los campesinos desalojados. “De esos cultivos depende nuestra alimentación. Además, tenemos compromisos con el Banco Agrario y con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) porque tenemos créditos y ganado”.
A las denuncias de la comunidad sobre las actuaciones de las autoridades, se sumó la de Blanca Isabel Herrera, comunicadora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que realizó el video. Cuando hacía el registro audiovisual, el capitán a cargo del desalojo le solicitó identificarse. Una vez entregó su cédula y credenciales profesionales, el uniformado se los pasó a Rodrigo López Henao, diciéndole: “Tome, Rodrigo, para que apunte a esta señora también”. Ante ello, la periodista expresó su inconformidad, pero el capitán la amenazó con “que me iban a demandar por entorpecer el proceso de desalojo”.
Las denuncias de la comunicadora fueron replicadas por la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio (Corpemag), que solicitó a los organimos de control investigar el proceder de la autoridad, y de pasó les recordó a las autoridades la importancia del acceso a la información pública y el ejercicio periodístico. ( Lea comunicado de Corpemag)
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales Pensamiento y Acción Social, Protection International y Peace Watch emitieron una acción urgente, señalando la crisis humanitaria derivada del desalojo y exigiendo a las autoridades medidas que garanticen la vida e integridad de la comunidad campesina. (Lea aquí)
Cuestionados desalojos
Los campesinos de la Asociación Agropecuaria y Pesquera del Guayabo (Agropegu) habían logrado créditos de 12 y 15 millones de pesos con el Banco Agrario para cultivar plátano, maíz, cacao y yuca. Así quedaron los cultivos después del desalojo del miércoles 13 de diciembre. Foto suministrada Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.Aunque la comunidad de El Guayabo se había repuesto de varios desalojos en 2014, temían al reciente desde enero de 2017, cuando el Juzgado Promiscuo de Puerto Wilches falló a favor de López Henao una “contrademanda” sobre la pertenencia de las tierras.
Los abogados de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de Pensamiento y Acción Social (PAS), que acompañan a los campesinos, ya habían explicado a las autoridades que los procesos instaurados por López tenían inconsistencias y debía garantizarse los derechos de los campesinos, que además son víctimas del conflicto armado. (Lea: La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches)
Sobre estas inconsistencias, un abogado que representa a la comunidad explicó que López Henao estaría incurriendo en “deslealtad procesal”, pues la demanda de pertenencia cursaba desde el año 2009 en el Juzgado Primero Civil de Barrancabermeja, por lo que no debió poner la misma demanda en el Juzgado Promiscuo de Puerto Wilches. “Lo otro es que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) retomó el proceso de clarificación de la propiedad sobre estas tierras, y ya se lo había notificado al Juez Promiscuo, al Inspector y al Alcalde de Puerto Wilches, a quienes les envió tal concepto y un mapa”, precisó el jurista, quien solicitó la reserva de la identidad.
En ese sentido, el abogado dijo que el desalojo fue irregular, pues las autoridades locales debieron esperar a que la ANT terminara el proceso de clarificación, que determina si hay o no tierras de la Nación. “En este momento ni se sabe qué fue lo que le entregaron al particular. Por eso la Agencia interpuso dos acciones de tutela contra el Inspector y el Juez, indicando que antes de tomar la decisión debieron convocarlos. Esto era algo que la Procuraduría les había advertido, que antes de entregar el inmueble debían verificar la existencia de baldíos con anuencia de la Agencia”, agregó.
Por ello, los campesinos de El Guayabo reiteraron la necesidad de que la Procuraduría y la Defensoría Delegadas para los Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, así como la ANT, revisen todos los procesos agrarios y policivos que los afectan. También que la ANT agilice el proceso de clarificación, pues de este depende que identifiquen con coordenadas los baldíos y puedan titulárselos.
Como la ANT ya advirtió la posible existencia de baldíos en la antigua hacienda Las Marías, el abogado consultado señaló que las autoridades locales pueden estar incurriendo en un presunto prevaricato, “pues estarían entregando tierras públicas a un particular”.
El apoderado de la comunidad de El Guayabo estimó que el Alcalde de Puerto Wilches, además, habría incumplido las órdenes de la Corte Constitucional, que exige una atención especial a las víctimas del conflicto armado, establecer una caracterización, ruta y protocolo para su atención, y desarrollar un plan de reubicación. Así lo establece la sentencia T-239 de 2013, sobre la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada; y la sentencia T-163 de 2016, sobre el respeto de los derechos fundamentales y debido proceso de las personas desalojadas.
En la actualidad, los campesinos desalojados sobreviven en un caserío aledaño, donde han tenido que pedirle el favor a vecinos para poner a pastar el ganado. Mientras tanto, siguen corriendo los días de cobro del crédito ante el Banco Agrario, que les prestó a cada familia entre 12 y 15 millones de pesos para hacer productivas las tierras. “Somos una comunidad de paz. Nos duele cómo nos trató la autoridad. Es como si no tuvieran corazón. Y al señor Rodrigo López Henao lo pongo ante Dios, que tenga piedad de él por todo el daño que nos ha hecho estos años”, expresó, con dolor, uno de los campesinos afectados.
Para la comunidad de El Guayabo, la paz estable y duradera de la que hablan en Bogotá tras el acuerdo de paz firmado con las Farc aún no llega a territorios como el Magdalena Medio. “Es como si eso se hubiera quedado en un papel de La Habana. Lo que nos ha pasado es injusto; el pueblo parece ahora un velorio. Pedimos atención de las autoridades nacionales, porque no encontramos garantías ni en Puerto Wilches ni en Barrancabermeja”, clamó un parcelero, víctima de un desalojo cuestionado.
