Para ser escuchados, tuvieron que salir del territorio hacia Bogotá a una gira de incidencia y contarle a Colombia la situación que padecen con la erradicación forzada, los atropellos de la Fuerza Pública y la delimitación de parques naturales; además de buscar el diálogo con instituciones estatales para resolver problemas que no son nuevos.
Diez voceros del Espacio Humanitario Campesino del Guayabero, instalado el pasado 27 de octubre como iniciativa para visibilizar la situación de violaciones a los derechos humanos, realizaron varias actividades en la capital colombiana desde el 23 hasta el 28 de noviembre pasado. Se encontraron con representantes de entidades del Estado, senadores, organizaciones no gubernamentales y periodistas para buscar ayuda a la crisis social que padecen desde hace varias décadas.
La falta de inversión estatal en la región llevó a los labriegos a pensar en alternativas para la subsistencia en la siembra de hoja de coca para uso ilícito, ampliar la frontera agrícola para ganadería y extraer madera. Tales acciones desencadenaron una fuerte persecución y generaron atropellos por parte de la Fuerza Pública.
Las comunidades asentadas en la frontera entre los departamentos de Guaviare y Meta, demarcada por el río Guayabero, históricamente han estado en peligro de perder la vida, el sustento y la integridad de las familias tras ser señalados por el Ejército Nacional de pertenecer a la guerrilla de las extintas Farc o de ser sus auxiliadores, todo porque, en el pasado, este grupo alzado en armas estuvo asentado en la región.
Pero la situación que más les preocupa ahora a los campesinos es que sean desplazados del Guayabero por estar dentro de áreas protegidas por Parques Nacionales Naturales: del lado de Meta está la Serranía de La Macarena; y del Guaviare, la Serranía de Chiribiquete, y en la denominada zona de amortiguación están los campesinos.
“Nosotros nos fundamos en esas tierras. Hay personas que llevan 40, 50, 60 años ahí. Nuestros padres, nuestros abuelos, ahí criaron a sus hijos. Ahora el Estado quiere reclamar eso, ¿para qué? El mismo Estado nos mandó para allá antes de ser parques, nosotros voluntariamente nos fuimos. Lo único que podemos hacer es trabajar, y ese es el único mal que hacemos”, cuenta Claudio Alvarado Moreno, habitante de la vereda La Cascada, del municipio de Puerto Concordia, en Meta.
Para precisar lo sucedió en el pasado en la zona del Guayabero, Jhon Edison Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare, agrega: “Esta es una región colonizada por gentes de diferentes partes del país que llegaron por la violencia. Tiene época cauchera; época maderera, apogeo de explotación de la madera más fina; otra época de la caza de pieles; luego aparece la coca como fuente de subsistencia. Entre una cosa y otra se generaron crisis. Las fuentes económicas iban desapareciendo”.
Y fue así como estos campesinos no tuvieron otra opción que dedicarse a la siembra de hoja de coca para uso ilícito desde la década de los años setenta, que se vio favorecida por el ofrecimiento de semillas, insumos y comercialización, pues todo se los llevaban a sus fincas y allí mismo recogían la pasta base de coca y les pagaban en efectivo.
Pero esas ganancias también se convirtieron, en poco tiempo, en un problema. Al respecto, Arcángel Cadena, miembro de la junta de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derechos Internacional Humanitario del Oriente Colombiano (DHOC), recuerda que las confrontaciones con el Estado empezaron en 1980 con la aspersión aérea.
“No hemos tenido otra alternativa diferente a la represión estatal”, afirma. “En 1987 los campesinos de Guayabero, voluntariamente, erradicaron la coca. Creyeron que iban a llegar los proyectos, pero ese mismo año hubo una crisis grande, la gente estaba aguantando hambre. Y siempre los gobiernos de turno señalan a los campesinos como los únicos responsables de la coca”.
Sobre la crisis actual, Cadena asevera que es a una etapa más: “A los campesinos les daba temor la presencia de la Fuerza Pública. Después de 2012, le perdió miedo al Ejército y a la Policía, y no se han dejado erradicar”.
Y por esa resistencia y la insistencia del gobierno nacional de erradicar sin ofrecer alternativas de subsistencia, a pesar de las restricciones impuestas desde marzo pasado para contener la expansión del virus COVID-19, este año ha sido de enfrentamientos constantes entre campesinos y miembros de la Fuerza Pública. (Leer más en: (Leer más en: El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla)
Las comunidades, denuncian los labriegos, ha llevado la peor parte: se han registrado desplazamientos, judicializaciones, heridos y hasta muertes en Meta, Caquetá y Guaviare, departamentos en donde la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército intensificó la erradicación forzada de los cultivos ilícito y la presión para expulsar a campesinos de las zonas protegidas por Parques Nacionales Naturales.
Buscan protección
Ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional, las comunidades del Guayabero empezaron a movilizarse para frenar las acciones en su contra y buscar soluciones concertadas con el fin de evitar violaciones a los derechos humanos. Sus líderes aseveran que lo que menos quieren es alterar los ecosistemas que los rodean. (Leer más en: En la Amazonía, el campesino no odia la selva)
“La visión del Estado colombiano sobre la conservación de estas áreas se ha limitado a la necesidad de deshabitar estos territorios de la población campesina para garantizar la supervivencia de las especies naturales y animales”, afirma Juan David Espinel, secretario técnico de la Corporación Claretiana, quien denuncia las afectaciones ocasionadas por la ejecución de la Operación Artemisa, lanzada por el gobierno nacional el 28 de abril de 2019 con el fin recuperar zonas protegidas en el suroriente colombiano y detener la deforestación.
Según Espinel, esta estrategia militar se ha traducido “en capturas, prohibición de volver al territorio, robo de ganado, violencia física y violencia sicológica”. (Leer más en: Campesinos de Vista Hermosa, bajo la estigmatización de la Fuerza Pública)
Ante la preocupación por los operativos y la zozobra constante de los campesinos, voceros de diferentes asociaciones del Guayabero convocaron a otras organizaciones, nacionales e internacionales, para que verificaran los hechos que estaban sucediendo en la región.
En respuesta a esa convocatoria, y en medio de la pandemia, se realizó entre el 18 y el 27 de julio del 2020 la Misión Humanitaria por la Vida y la Paz en los Llanos Orientales y la Orinoquía. Su objetivo se centró en “escuchar las voces, sentimientos y testimonios de las comunidades locales, para visibilizarlos ante la opinión pública nacional e internacional, haciendo especial énfasis en la región del Guayabero donde se presentaron los mas recientes hechos relacionados con violación de Derechos Humanos”.
Ejército, contra la Misión
Durante diez días, voceros de trece organizaciones sociales que hacen presencia en la región del Guayabero, con el respaldo de once organizaciones más, recorrieron varias veredas de los municipios de Vista Hermosa, La Macarena y Mesetas, en Meta, así como algunas más de San José del Guaviare, y tres espacios donde excombatientes de las extintas Farc continúan su proceso de reincorporación a la vida legal.
La Misión constató a través de entrevistas con los labriegos la grave crisis que están viviendo debido a los enfrentamientos con el Ejército para no dejar erradicar la hoja de coca sin un diálogo previo y sin el cumplimiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado con las extintas Farc en el Acuerdo de Paz como estrategia para hacerle frente al problema de las drogas en el país.
En el comunicado final, la Misión evidenció la crítica situación observada: “Vimos en las casas de los/as campesinos cultivos de pan coger como yuca, plátano, maíz, caña y frutales destrozados y arrancados; casas quemadas y desoladas; depósitos de agua destruidos, mangueras macheteadas, mercados regados por el suelo, utensilios de cocina y colchones rotos. Vimos restos de artefactos utilizados por el ESMAD y vainillas de armas largas utilizadas por el Ejército Nacional en el mismo lugar”.
Y complementa el reporte de la visita: “Vimos rostros de incertidumbre y rabia por la actuación del Estado que se ensaña en contra de los pequeños productores de coca (erradicados forzadamente), los pequeños poseedores de tierra y pequeñas parcelas para la subsistencia familiar. Mientras permite la tala de miles de hectáreas y ganadería extensiva, que ha llevado a transformar los ecosistemas generando la perdida de la funcionalidad y conectividad de los bosques”.
Los hechos revelados por la Misión indican que se estaría gestando una tragedia humana y ambiental con consecuencias irreparables, advertencia que fue controvertida por altos oficiales del Ejército en los estrados judiciales, sin resultado favorable.
“Al finalizar esta Misión, se llevó a cabo una rueda de prensa y se publicó un comunicado final que recoge lo visto, escuchado y sentido durante la visita”, cuenta Espinel y agrega que lo divulgado por las organizaciones fue considerado por el Brigadier Raúl Hernando Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, “como una violación a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de él y sus hombres. Por tanto, interpuso una acción de tutela, que perdió”.
Para contrastar esa versión, VerdadAbierta.com se comunicó con un oficial asesor del general Flórez, quien solicitó las preguntas por anticipado, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió respuesta.
Evidencias contra el Ejército
Las comunidades tienen pruebas sobre el exceso de fuerza de las tropas que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, recogidas por el medio comunitario Voces del Guayabero, cuyos integrantes también sufrieron lesiones cuando estaban registrando los hechos. Uno de los casos es el del reportero Fernando Montes quien fue herido en su mano por una bala de fusil y su cámara destrozada.
“El 4 de junio, que fue cuando me pegaron el tiro en la mano, el tiro me impactó la cámara, me la destruyeron, yo puse denuncia y demanda y el señor Raúl Hernando Flórez se pronuncia en pagarme la cámara, pero esta es la hora que no se ha visto nada de eso”, afirma Montes.
Además, el comunicador asegura que el Brigadier admitió el daño: “También reconoció que las Fuerzas Militares hurtaron seis reses de la vereda Caño San José. Lo reconoció ante la organización CPDH. Le iban a hacer firmar un documento al dueño de las vacas, que se las iban a pagar pero que tenía que firmar un documento, el señor dijo que hasta no ver la plata él no iba a firmar nada y hasta ahora no le han pagado el ganadito”.
Los campesinos entrevistados para esta nota aseguran que han sido víctimas de atropellos por parte del Ejército. En redes sociales y mediante comunicados han circulado pruebas de que las tropas estatales han disparado contra las comunidades y han destruido viviendas y cultivos.
Claudio Alvarado ha sido testigo de esos ataques: “Yo estuve en la Tigra, en un plantón y allá plomo corrido, cerquita de las casas. El 15 de octubre bombardearon y nosotros estábamos como a 20 metros de las casitas. Nosotros al pie del fuego. Somos campesinos, no somos delincuentes como nos tratan. Trabajamos la hoja de coca para poder sobrevivir, esa es la economía de nosotros, pero la mayoría de gente ha dejado esos cultivos para acogerse al PNIS”.
Un hecho que dejó consternados a los labriegos fue el asesinato del líder Yoanny Yeffer Vanegas Cardona, ocurrido el 27 de junio en la vía que conduce de Puerto Cachicamo a San José del Guaviare.
Vanegas Cardona era oriundo de la vereda Puerto Cachicamo y lideró la movilización campesina para evitar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en la zona del Guayabero. Adicionalmente, participó como acompañante de los voceros a una reunión el 11 de junio en el sitio conocido como Tres Esquinas – La Báscula, de la Macarena, donde se reunieron con voceros del gobierno nacional y altos mandos militares.
Del encuentro hizo referencia la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) en un comunicado: “Yoanny Yeffer Vanegas Cardona participó en la manifestación pacífica durante los 26 días desde el 20 de mayo hasta el 16 de junio del año 2020 con destacado liderazgo y compromiso por lo cual fue uno de los blancos que el Ejército ubicaba con frecuencia mientras disparaba, indiscriminadamente, contra la población civil desarmada”.
Entre las denuncias hechas por las comunidades contra el Ejército está la de registrar fotográficamente a los campesinos mientras realizan los operativos de erradicación. Uno de los fotografiados había sido Yoanny Vanegas. Ese mismo día del asesinato, su hermano Yilmer Enrique fue detenido por el Ejército, que luego explicó mediante un comunicado que se trató de un procedimiento de rutina.
También hay denuncias de la estigmatización contra los campesinos por parte de la Fuerza Pública al señalarlos de guerrilleros. Al respecto, Anzorc advirtió que los generales Eduardo Zapateiro y Raúl Hernando Flórez “han declarado abiertamente que la manifestación pacífica de los campesinos es una asonada organizada por los grupos guerrilleros que existen en esta región, de igual modo las declaraciones del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que expresaba en NTN Noticias, que en la reunión del 11 de junio del 2020 en Tres Esquinas, habían estado los representantes de los grupos guerrilleros”.
Para hacerle frente a ese panorama, el pasado 27 de octubre se instaló el Espacio Humanitario del Guayabero en la vereda Nueva Colombia, en Vista Hermosa, Meta, liderado por diferentes organizaciones, entre ellas la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), con el acompañamiento de la organización internacional Swefor.
Crisis agudizada
Pese a la pandemia y ante la gravedad de la situación, durante este año los campesinos de la región del Guayabero se han movilizado, realizando plantones para evitar la erradicación forzada y exigirle al gobierno nacional el cumplimiento del Acuerdo de Paz, sobre todo lo pactado sobre sustitución de cultivo de uso ilícito, además, que sus tierras sean tituladas y que no los expulsen de las zonas protegidas por Parques Nacionales Naturales.
A pesar de las denuncias y las acciones, a finales de octubre y durante todo el mes de noviembre continuaron los operativos y se agudizaron los enfrentamientos entre campesinos y Ejército.
Además, es frecuente que las tropas estatales detengan a personas en caminos reales, ingresen a las viviendas sin orden de allanamiento, les disparan, los amenazan, insultan, maltratan física y sicológicamente; incluso a la misma Misión Humanitaria: “Que vengan esos hijueputas de la Misión Humanitaria que aquí los recibimos a plomo”, denunciaron algunos campesinos sobre la respuesta de los soldados al mencionar que pronto llegaban delegados del Espacio Humanitario para dialogar.
Las veredas La Reforma y la Tigra, del municipio de Puerto Rico, en Meta, son las más afectadas con estos últimos hechos. También denunciaron que, en medio de estas dos veredas, el pasado 9 de noviembre encontraron grabados, en las cortezas de los árboles, las siglas ‘AUC’, acompañadas con dibujos de calaveras.
El 10 de noviembre, el reportero de Voces de Guayabero, Fernando Montes, fue víctima, nuevamente de los ataques del Ejército: “El Ejército llegó a mi residencia con el cuento de que era un allanamiento, les pedí la orden y dijeron que no, que no fuera hijueputa, que no fuera sapo, que no me metiera en lo que no me importaba. Me sacaron de la cocina, yo estaba haciendo un almuercito, me sacaron y me encañonaron”.
Cuando Montes les exigió respeto y les dijo que “constitucionalmente son veedores de derechos humanos y deben respetar la integrad física de las personas, ahí fue donde me metieron tres patadas, una me la metió abajo de la rodilla y me repeló con la bota, yo seguí insistiendo en la orden de allanamiento y decían que ahí la tenían, pero nunca me la dieron. Nunca especificaron qué era lo que estaban buscando. Llegaron con pasamontañas, en el momento en que yo fui a grabar tampoco me dejaron”.
Gira de incidencia
A la región del Guayabero son pocos los periodistas que van, así como representantes de las entidades civiles estatales; tampoco tienen buena cobertura de redes para comunicación, por lo que se les complica hacer denuncias inmediatas.
Por ello, en el Espacio Humanitario decidieron que saldrían diez delegados hacia Bogotá para visibilizar los tres temas que más los están agobiando en la actualidad: crisis de derechos humanos, uso y tenencia de tierra, y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Tanto desde la Misión Humanitaria como del Espacio Humanitario estuvieron citando a alcaldes, gobernadores, Ejército, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio del Interior, pero nadie atendió su llamado.
“Hemos puesto cualquier cantidad de denuncias, demandas; habíamos citado, en el momento de la manifestación pacífica que se iba llevando, a la Defensoría, la ONU, la Procuraduría para que hiciera presencia en el territorio para evitar la violación de los derechos humanos, pero nunca fuimos escuchados. Eso fue lo que nos trajo a la capital a hacer una gira de incidencia y realizar unas peticiones; ya hemos sido un poco escuchados, pero la violación de derechos humanos no para”, aclara Montes.
Estando en la capital de la República pudieron alzar la voz. “Se han abierto importantes espacios con las instituciones, pero la respuesta no ha sido significativa”, expresa Castañeda. “Nos reunimos con diez congresistas y lo que se busca es modificar esta normativa ambiental allí para que por lo menos se cumpla la figura de parques con campesinos. La principal exigencia es que nos titulen la tierra y que tengamos desarrollo, que tengamos derechos, a la vida a todo, que sembremos cultivos y que nos compren los cultivos”.
Y le complementa Alvarado: “Uno no tiene derecho a la tierra donde estamos y por eso es que vinimos a decirle al Estado que nosotros no nos vamos a ir del territorio, a ver si se da cuenta que nosotros somos seres humanos y también tenemos derecho a la vida. Los soldados también son hijos de campesinos, no sé por qué se van contra nosotros. Yo no entiendo. Ellos deben proteger al campesino y antes están es maltratándolo. No le encuentro razón a ese odio contra nosotros”.
Los congresistas que se reunieron con los voceros del Guayabero, entre ellos Aida Avella, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, se comprometieron a adelantar una audiencia pública para hablar de su situación y buscar soluciones. Y para el cierre de la gira, voceros del Guayabero le hablaron la Comisión de la Verdad en un evento que se transmitió el pasado 30 de noviembre a través de redes sociales.
Si bien no lograron acuerdos concretos en la capital de la República, los diez voceros del Espacio Humanitario regresaron al Guayabero satisfechos de haber logrado llamar la atención sobre su situación.
Coincidencias hemisféricas
El sentido de los reclamos de los labriegos del Guayabero coincidió con las explicaciones y recomendaciones consignadas en el informe presentado por la Comisión Hemisférica sobre Drogas del Congreso de Estados Unidos, en el que expuso un conjunto de recomendaciones al nuevo gobierno de ese país, liderado por el presidente electo Joe Biden. En el capítulo tres abordó el caso colombiano.
“Si bien el Plan Colombia fue un éxito de la contrainsurgencia, fue un fracaso de la lucha contra los estupefacientes”, se lee en el documento y reitera que el país sigue siendo el “mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de los decenios de esfuerzos apoyados por los Estados Unidos para erradicar los cultivos e interceptar las remesas”.
Sobre el programa de erradicación forzada, el informe indica que esa actividad “por sí sola no era sostenible” y afirma que “a largo plazo, la única forma de controlar el cultivo de coca es proporcionar a las comunidades seguridad y alternativas económicas viables”.
En ese sentido, una de las recomendaciones de la Comisión Hemisférica sobre Drogas del Congreso de Estados Unidos al presidente electo Biden es que ambos países “deberían formular una estrategia que integre la cooperación en materia de drogas, programas de interdicción, seguridad y desarrollo alternativo en un amplio y específico enfoque que aborda las necesidades específicas de las comunidades afectadas por las organizaciones delictivas”.
Lo dicho en el Congreso estadounidense lo saben en el Guayabero con bastante detalle, pero el problema es que el actual gobierno nacional no los escucha con la atención necesaria y a sus planteamientos les responde con militarización. Con la perspectiva del nuevo gobierno del presidente Biden, se espera un cambio que, efectivamente, mejore las condiciones de los campesinos y puedan insertarse en actividades económicas legales.
