El pasado miércoles logró conjurarse el éxodo forzado de 872 personas que tomaron la decisión de abandonar seis veredas ante las intimidaciones generadas tanto por disidencias de las Farc como por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Sin embargo, la guerra por el control del territorio persiste en ese rincón del norte de Antioquia, por lo que podrían presentarse nuevos desplazamientos.
Sentada en el techo del bus escalera que la llevaba de regreso a su finca, la misma que abandonó a la fuerza el pasado domingo por cuenta de las amenazas proferidas por grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio, Marta*, campesina de mediana estatura, voz recia y ceño fruncido, les confesaba a sus compañeros de viaje que “la verdad, nosotros desde noviembre teníamos las cositas empacadas. Ya presentíamos que esto iba pasar. Pero llegó diciembre, llegó enero y no pasó nada, entonces nos relajamos y desempacamos. Hasta que llegó el día que ¡tenga, otro desplazamiento!”.
Así como Marta, otras 325 personas, entre hombres, mujeres y niños, regresaban el pasado miércoles a la vereda El Cedral, luego de pasar tres noches albergadas en la cabecera municipal de Ituango. Ese mismo día, y en las mismas circunstancias, regresaron a sus viviendas unos 547 labriegos de las veredas La Miranda, Las Arañas, Los Sauces, San Isidro y Quebrada del Medio, que también arribaron a la cabecera de este municipio el domingo pasado huyendo de las intimidaciones de los grupos armados ilegales.
Se trató de un retorno motivado más por decisión de los mismos campesinos que por acuerdo alguno logrado con las autoridades civiles, militares y de Policía del municipio y el departamento. “Es que cada día en Ituango cuesta plata y, ¿nosotros de dónde por Dios? Nos tocó dejar gallinas, pollos, marranos, perros, que, ojalá, todavía estén vivos. A un vecino se le murieron 12 marranitos en este ‘desplace’ (sic). Yo por lo menos estoy sufriendo porque me tocó dejar suelta a mi marrana. ¡Ojalá no se haya perdido! Fuera de eso, rozamos y tumbamos monte porque esta temporada es para sembrar maíz y frijol y hay que hacerlo ya prácticamente”, cuenta Martín*, hijo de Marta, también habitante de la vereda El Cedral.
Por cuenta de estas angustias, los labriegos emprendieron el viaje de regreso sin más garantías que las consignadas en una hoja de cuaderno que no tiene rúbrica alguna, donde puede leerse que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango se comprometían con el transporte de regreso de las familias desplazadas; con entregar un mercado a cada una de ellas; con adelantar planes de mejoramiento de la escuela de la vereda San Isidro; mientras que el Ejército Nacional, por su parte, se comprometía con el monitoreo y vigilancia permanentemente de la zona y con prestar mano de obra para el mejoramiento de vías terciarias y caminos veredales. (Ver compromisos)
Si bien el transporte y los mercados aparecieron gracias al aporte económico hecho por Empresas Públicas de Medellín (EPM), no es claro que existan plenas garantías de seguridad para los retornados. “Yo por lo menos no voy a desempacar las cosas porque esto está muy horrible. Seguro y nos toca desplazarnos en uno o dos meses. El Ejército no le puede poner soldados a cada campesino, entonces a uno le toca aguantar, callar, seguir viviendo porque, qué más”, asevera Fabio*, esposo de Marta y padre de Martín, quien, al igual que sus paisanos de El Cedral, dice estar cansado de ser víctima de este flagelo.
“Con este ya son siete los ‘desplaces’ (sic) que nos han tocado”, recuerda el campesino. “En este nos fue hasta bien. Nos dieron las tres comiditas y comida buena. Y no fueron sino tres días. Hubo uno, en 2009, que nos tocó quedarnos en el pueblo como 20 días. El último fue en 2011 o 2012, no recuerdo bien. Pero esa vez también salimos como una semana”.
Confinados en el paraíso
Aunque el censo oficial de familias desplazadas ascendió a 335 (unas 875 personas), este no fue el número total de mercados entregados como ayuda humanitaria por parte las autoridades civiles de Ituango, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los campesinos. Hubo necesidad de incluir 25 más para igual número de familias de la vereda Santa Ana.
La razón: según pudo confirmar la Defensoría del Pueblo, la disidencia del Frente 18 de la extinta guerrilla de las Farc les dio la orden a los campesinos de esa vereda de desplazarse el pasado 23 de febrero, pero en el camino, los labriegos se encontraron con miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’, quienes los amenazaron con atentar contra sus vidas si continuaban su marcha hacia la cabecera municipal. (Leer más en: Disidencias de las Farc y ‘gaitanistas’: la nueva guerra que se cocina en Ituango)
“Los unos les dijeron que se fueran, pero los otros les dijeron que se devolvieran, que si salían les hacían algo, que no se podían mover de sus fincas. Entonces los campesinos quedaron confinados, sin poder salir a trabajar”, relata un líder campesino de Ituango, quien pidió reserva de su identidad. “Ya el jueves, cansados de la situación, los campesinos salieron a trabajar por su propia cuenta y riesgo. La verdad la cosa está jodida. Por eso se les envió ayuda humanitaria”.
La vereda Santa Ana, al igual que El Cedral, Los Sauces, Quebrada del Medio, San Isidro y La Miranda, conforman el llamado “Cañón del Bajo Inglés”, un corredor geográfico que conecta Ituango con el municipio de Peque, del Occidente antiqueño y que es fuertemente disputado por la disidencia del Frente 18, denominada ‘Cacique Coyará’, y las Agc.
Según reseñó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 004 del pasado 24 de enero, desde 2016, cuando comenzó la concentración de los antiguos guerrilleros de las Farc en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Santa Lucía, conocidos hoy como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los ‘gaitanistas’ han venido experimentando un proceso de crecimiento tal que hoy cuentan con un corredor natural que les permite conectar el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antiqueño, con la localidad de Peque.
Dicho corredor está integrado por unas 26 veredas por las cuales las Agc mueven tropas, pertrechos y drogas, afectando la seguridad de las comunidades campesinas que allí habitan. “En esta amplia zona”, reseña el SAT en su Alerta Temprana, “las AGC han recrudecido la comisión de conductas tales como homicidios selectivos; extorsiones a pobladores y comerciantes; incursiones armadas a diferentes poblados; señalamiento a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’; restricciones a la movilidad; irrupción en viviendas cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios”. (Leer más en: Se esfuma la esperanza de paz en Ituango)
En su intención de impedir la movilidad de las Agc por ese corredor, señala el SAT de la Defensoría, la disidencia del Frente 18 ha incursionado en veredas como El Cedral, San Isidro, Quebrada del Medio, Quindío, imponiendo toda clase de restricciones a la movilidad, incrementando los cobros extorsivos a campesinos, ganaderos y hacendados. A ello se suma la amenaza reciente de realizar labores de empadronamiento para “evitar que los ‘gaitanistas’ y otros grupos armados ingresen a la zona, ya que han hecho muchos daños”, según se lee en panfleto difundido entre los ituanguinos la primera quincena de febrero, suscrito por el “Comando Conjunto del Frente 18 y 36”.
Allí se lee que “todo campesino y propietario tiene que tener un carnet en el que conste que son de la zona” y que “a partir del momento toda persona que vaya a salir de la zona tiene que tener un carnet y todo el que vaya a ingresar que no tenga dicho carnet nos veremos en la obligación de desplazarlo o ejecutarlo”. En el apócrifo también se advierte a propietarios de hacienda y mayordomos que los 21 de cada mes llevarán a cabo reuniones en los que esperan su presencia, “para entablar un diálogo civilizado para ponerles unos puntos en conocimiento que somos enemigos de los sapos, violadores, profesores morbosos (…) y todo aquel que le guste estar en dilemas con la comunidad”.
¿Habrá garantías?
Fuentes militares consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que, durante el mes de febrero, integrantes del Batallón de Artillería No.4, responsable de la seguridad del norte de Antioquia, obtuvo importantes resultados en su lucha contra las estructuras armadas ilegales que vienen sembrando el terror en municipios como Ituango.
Entre ellos, destacan las fuentes militares, figura la muerte en combate de alias ‘Patojo’, integrante de la disidencia del Frente 18, en hechos ocurridos en la verada Camelia Baja del corregimiento Santa Rita, de Ituango, el pasado 8 de febrero. A este hecho se suma también las muertes de alias ‘El Indio’ y alias ‘Jader’, miembros de las Agc, quienes perdieron la vida en enfrentamientos con unidades militares sostenidos la última semana de febrero en el sector La Ceiba de este municipio.
Con todo y ello, entre los ituanguinos persiste el temor y la incertidumbre, pues no advierten mejoría en la seguridad del municipio. Según registros de Policía, en lo que va corrido de 2020 han sido asesinadas siete personas en Ituango, de las cuales, cuatro han perdido la vida en hechos cometidos en el casco urbano. El hecho más reciente se presentó el pasado 27 de febrero cuando, a eso de las 9 y 30 de la noche de ese día, hombres armados asesinaron a dos hombres en el barrio conocido como Los Baños.
“Aquí, en el casco urbano, tenemos un problema serio con las plazas de vicio y se dice que las muertes que ha habido aquí en el pueblo son por eso, por ajuste de cuentas entre los que venden vicio”, señala el líder consultado que pidió reserva de su identidad. “Ya para las veredas, los problemas son con las disidencias, el ‘Clan del Golfo’ y hasta los ‘Caparrapos’ que, según dicen por ahí, están aliados con la disidencia para enfrentar al ‘Clan del Golfo’”.
Dicha confrontación, según el líder, está generando un éxodo gota-gota, silencioso y sin registros, “pues las familias, cuando menos piensan se van sin despedirse, sin denunciar, ni siquiera están denunciando en los pueblos donde están llegando. Yo personalmente conozco casos de familias de Ituango que hoy están en el Oriente antioqueño, el Nordeste, en municipios del área metropolitana como Copacabana, Bello o Barbosa”, agrega el líder.
Donde puede advertirse dicho éxodo es en los espacios de participación comunitaria como las Juntas de Acción Comunal o las asociaciones campesinas. “Hay Juntas de Acción Comunal de veredas del Cañón del Riosucio o el Cañón del San Jorge bastante débiles, porque sus miembros se fueron y nadie quiere reemplazarlos. Y entre más débiles las comunidades, más fácil para los armados actuar, amenazar, amedrentar”, detalla una de las fuentes consultadas.
¿Y los reincorporados?
Capítulo aparte viven los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc asentados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía. Luego de la muerte de César Darío Herrera, reincorporado ‘fariano’ asesinado el pasado 29 de enero en la vía que de la cabecera municipal conduce a ese Espacio, por lo menos unos 60 desmovilizados tomaron la decisión de salir del lugar con sus familias. Sin embargo, según Gustavo López, quien fuera conocido en su vida guerrillera como ‘Agustín Rivera’, este grupo se encuentra en Ituango.
“Todavía no hemos salido del Espacio, a la espera de confirmar con el gobierno nacional para dónde nos vamos a ir. Hay un par de opciones, pero, por ahora, nada concreto. La cosa es que necesitamos tierra para poder desarrollar los proyectos que tenemos”. De acuerdo con López, “nosotros mismos hemos gestionado proyectos para nosotros y para irradiar a la comunidad, pero que nos dicen los cooperantes: no hay garantías. Ahora, imagínese para el campesino”.
Aunque unos 30 excombatientes permanecerán en el ETCR, López siente que ellos, ni los habitantes de las veredas circundantes, cuentan en estos momentos con garantías de seguridad. (Leer más en: Desmovilizados de las Farc en Ituango, bajo todos los fuegos)
“Todo lo que está pasando en Ituango, y no sólo con nosotros, con todo el pueblo, obedece a que el gobierno nacional no viene cumpliendo con los acuerdos. Mire, los campesinos nos dicen: ‘Ustedes se van, y con justa razón porque los están matando y no tienen tierra o algo que defender aquí. Pero, díganos nosotros que tenemos una parcelita, muchos pagándola todavía. Si a ustedes se los llevan ahí sí quedamos nosotros en manos de Dios, porque quién más’, es lo que dicen, y hasta con razón”, concluye.
