En menos de dos años se transformó el paisaje en este municipio del norte de Antioquia. Donde antes crecían cientos de palos de hoja de coca hoy sólo hay rastrojo. Para el gobierno nacional, que no haya coca es muestra del éxito de la sustitución voluntaria; para los campesinos, que crezca la maleza y se expanda es prueba fehaciente de los retrasos de esta iniciativa.
En las próximas semanas, el gobierno nacional certificará que los campesinos del municipio de Briceño arrancaron voluntariamente de sus predios hasta la última mata de hoja de coca, cortando así una dependencia económica, y social, que giró en torno a este cultivo lícito por casi dos décadas.
El anuncio se hará en un evento público y, muy seguramente, los funcionarios del alto gobierno destacarán el éxito del “Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos”, iniciativa que se puso en marcha en julio de 2016 como parte de las medidas de construcción de confianza entre el Ejecutivo y la entonces guerrilla de las Farc para darle celeridad y solidez a las negociaciones que se adelantaban en La Habana, Cuba, desde finales de 2012.
Este no será un evento protocolario más de un gobierno que está en su ocaso. El experimento que se echó a rodar en las montañas del norte de Antioquia fue la semilla inicial de lo que hoy es el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis), que se plasmó en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
El propósito del Pnis es intervenir el problema de los cultivos ilícitos bajo un enfoque más participativo e integral. Por ello, contarle al país y a la comunidad internacional que lo hecho en Briceño fue exitoso es, de alguna manera, enviar un mensaje de confianza al resto de municipios donde hoy se llevan a cabo ingentes esfuerzos de sustitución voluntaria.
Sin embargo, las sonrisas de satisfacción que se dibuja en los rostros de los funcionarios del gobierno nacional por cuenta de este proceso contrastan con los ceños fruncidos y la mueca de escepticismo que se apodera de los briceñitas cuando hablan de la sustitución voluntaria. “Los campesinos cumplimos, pero el gobierno no”, es la queja que se repite como letanía en cada vereda de este pueblo montañoso.
Al lamento generalizado de los labriegos se suma una creciente incertidumbre colectiva sobre su futuro económico y social, entre otras razones porque allí donde había hoja de coca ahora crece la maleza, evidencia de la lentitud del proceso por parte del gobierno nacional.
“Aquí vivimos de la coca, por lo menos, unos 20 años. Con la platica que dejaba ese cultivo comíamos, nos vestíamos, le hicimos mejoras a las fincas. Siempre había trabajo, ya sea raspando, cocinando en los entables, como arriero. La coca daba mucho trabajo. Pero mire ahora: el gobierno no trajo los proyectos productivos, la plata que nos pagaba el gobierno ya se acabó y aquí trabajo ya no hay. Estamos ‘manicruzados’ sin saber qué camino coger”, comenta un labriego de la vereda El Roblal, quien participó en el proceso de sustitución voluntaria.
¿Qué tan exitosa fue la sustitución voluntaria en Briceño? ¿Hubo una transformación efectiva de la economía ilegal generada por la hoja de coca hacia una economía campesina que vaya más allá de la subsistencia? VerdadAbierta.com visitó este municipio para conocer, de primera mano, los avances de este proceso. Esto fue lo que encontró.
Proceso exitoso
“Briceño es, quizás, la experiencia de sustitución de cultivos ilícitos más exitosa del país”, dice Luis Fernando Pineda, coordinador del Pnis en Antioquia. Para certificarlo, destaca que en este pueblo se han levantado hasta ahora unas 547.5 hectáreas de hoja de coca, “y faltan como unas 20 hectáreas que esas sí serán erradicadas forzosamente por el Ejército, porque esas eran de familias que no estaban dentro del programa. De hecho, ya las están erradicando. Dentro de poco tendremos un municipio libre de coca”.
En plata blanca, lo anterior significa que cada una de las 2.300 familias que se vincularon a la iniciativa de sustitución voluntaria, de las cuales 1.800 eran cultivadoras, cumplieron con su parte: arrancaron sus matas. No se trata de un asunto menor. Sin la hoja de coca creciendo copiosamente entre matorrales, cafetales y plataneras, como sucedía hasta hace poco, otras actividades relacionadas como las jornadas de raspa, en la que solían participar cientos de jóvenes, la elaboración de pasta base y su comercialización, que por lo general es regulada por algún actor armado, hoy son cosa del pasado.
Ello fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre campesinos, gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, que cumplió con su papel de acompañamiento en todo este proceso. Así, para mitigar el impacto que supuso acabar con el cultivo ilícito que dinamizaba toda la economía del pueblo, el gobierno nacional se comprometió a entregarle a cada familia participante una asignación anual de 12 millones de pesos mediante pagos bimensuales.
“Hay que recordar que el Esfuerzo Conjunto era una prueba piloto para 11 veredas y que tiempo después se vincularon las otras 24 veredas. Así, en ese primer paquete tenemos a 800 familias cultivadoras vinculadas, a las cuales ya se les entregó el último pago en abril. Para las otras mil familias de las veredas restantes, vamos por el cuarto pago”, explica Pineda. Es decir, hasta este momento se han entregado a los campesinos briceñitas unos 9.600 millones de pesos.
Una vez culminados los pagos comenzaba la fase de implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por valor de un millón 800 mil pesos (en este caso se trata de huertas caseras) y luego, la asignación de proyectos denominados “de ciclo corto e ingreso rápido” por un valor de nueve millones de pesos; es decir, alternativas de producción agrícola que generen una dinámica económica rural que destierre, de una vez por todas, la dependencia a la hoja de coca.
Todo lo anterior debía ocurrir simultáneamente con la ejecución de un conjunto de obras de infraestructura, muchas de las cuales representan demandas históricas al Estado. “Y en eso cumplimos”, destaca el coordinador del Pnis en Antioquia tras mencionar las intervenciones que se lograron realizar en estos dos últimos años: “el puente sobre la quebrada El Pescado, que mejoró la movilidad entre Briceño y (corregimiento) Pueblo Nuevo; la escuela en (vereda) Orejón; el acueducto de Pueblo Nuevo, que no había; así como la biblioteca que se construyó allí, en Pueblo Nuevo, que fue una petición de la comunidad y se cumplió”.
“Con los recolectores, que era un tema complejo porque había que contratarlos y buscar la forma de vincularlos y de pagarles, también se avanzó” continúa el funcionario. “En total, hay vinculados al programa unos 500 recolectores, de los cuales 350 son de las veredas que hicieron parte del Esfuerzo Conjunto. Y en este momento ya tenemos 150 recolectores contratados y otros 100 en proceso de contratación”.
Escepticismo creciente
Pero el optimismo que irradian las cifras oficiales contrasta con el escepticismo que crece entre las comunidades campesinas. Arrancar las matas de hoja de coca también significó acabar con la principal fuente de empleo del municipio y, finalizados los pagos, la esperanza de ingreso para los labriegos se afincan en los proyectos “de ciclo corto e ingreso rápido”, cuya implementación aún es incierta debido a factores fundamentales como el acceso a tierra, las posibilidades de comercialización y la continuidad del programa tras el cambio de gobierno el próximo 7 de agosto.
“Los pagos sí nos los dieron, pero en el acuerdo estaba que conformen fueran llegando los pagos iban llegando los proyectos productivos para implementarlos, que al segundo o cuarto pago ya debería estar la huerta, para no quedarnos como estamos ahora: con los brazos cruzados y preocupados porque la plata ya se acabó”, asegura Ocaris Areiza, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Pueblo Nuevo.
Según el cronograma propuesto, Ocaris ya debería tener en su finca una huerta casera, pensada como una iniciativa de seguridad alimentaria para lo cual el gobierno nacional entrega a cada familia insumos, semillas y animales como cerdos o gallinas hasta por valor de un millón 800 mil pesos, además de asistencia técnica.
“Pero eso está muy frío. Las muchachas de la asistencia técnica ya vinieron, por ahí están dando vueltas, pero ¿para qué la asistencia técnica si nada que llegan las semillas?”, se pregunta Ocaris. “Es un proyecto bueno, quién dice que no. Yo soy uno que semanalmente tengo que viajar a Briceño a comprar verduras, que me cuestan como 45 mil pesos, más los pasajes. Plata que me ahorraría si sembrara las cosas aquí, pero eso nada que arranca y no tiene cara de arrancar ligero. Y la gente se va cansando de tanto esperar”.
La demora en el inicio de las huertas caseras y la implementación de los proyectos productivos es tan sólo una de las preocupaciones de los campesinos. “Nosotros podemos producir productos los que usted quiera, pero ¿por dónde los vamos a sacar? ¿Con las carreteras que tenemos? Les han hecho mantenimiento, pero siguen siendo carreteras muy malas y el transporte muy caro, que no justifica sacar nada”, dice Ocaris, quien añade una reflexión más: “Nosotros ya tuvimos esa experiencia, de llevar frijol, plátano, aguacate, hasta café, a Briceño e incluso Yarumal, ¿lo compraban a buen precio? No, muchas veces nos tocó regalar los productos”.
“Nos han dicho que las huertas saldrían al final de mayo. Y el de ciclo corto saldría para el segundo semestre. Es decir, al ritmo del gobierno nos vamos a demorar casi dos años para ejecutar un proyecto de nueve millones de pesos que ya debería estar andando. ¿Y mientras tanto de qué vamos a vivir?”, cuestiona Adiel Muñoz, campesino de la vereda La Calera, quien añade una inquietud más que ronda entre los labriegos briceñitas que participaron en el esfuerzo conjunto de sustitución: el acceso a la tenencia de la tierra.
“Yo soy una de las 136 personas beneficiadas con el subsidio entregado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para compra de predios. Es un subsidio por 80 millones de pesos, de los cuales se destinan 20 millones para proyectos productivos. ¿Qué pasa? Hay que postular predios para que la ANT haga el negocio. Y no hay mucha tierra para comprar. Yo no he podido postular tierra en Briceño porque no he encontrado. Y lo peor: aquí la tierra se encareció casi al 100 por ciento. Lo que me parece triste es que esos subsidios se entregaron en 2016 y a la fecha ninguno de los beneficiados tenemos tierra”, afirma Adiel.
Según las directrices de la ANT, se puede buscar tierra en cualquier parte del territorio nacional, pero para labriegos como Adiel eso significa desarraigo. Y la preocupación es creciente, pues para el desarrollo de la huerta y del proyecto de ciclo corto es fundamental contar con tierra.
“Mucho campesino tenía su ‘tajo’ de coca en tierra arrendada. Le decían al dueño de la tierra: ‘deme un lotecito y partimos la cosecha’. Con la coca, pues eso es rentable, pero en otro cultivo, trabajar a ‘partir’ no da. Y está pasando que los que tienen tierra para arrendar dicen que si es para sembrar café y cacao, pues que prefieren no arrendar porque no les sale rentable. Es decir, tenemos un poco de gente en el aire sin que haya claridad de qué va pasar con ellos”, añade el labriego.
“Habrá continuidad”
Desde que inició este Esfuerzo Conjunto de Sustitución en Briceño, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (Occdi) de Indepaz se han interesado en su desarrollo y le han hecho un continuo seguimiento.
Precisamente, el Occdi acaba de publicar un informe titulado Entradas y salidas, estado del arte de la sustitución de cultivos y uno de sus capítulos está dedicado a Briceño, en el que destacan la activa participación de los campesinos durante la fase de construcción colectiva del esquema que permitió el levantamiento de prácticamente la totalidad de los sembradíos de hoja de coca en el municipio, así como el avance en la construcción de infraestructura que eran peticiones históricas de la comunidad. Sin embargo, también advierte las dificultades para acceder a tierra, pues esta “subió de precio rápidamente ante la llegada de dinero para compra (…) pasado más de un año aun algunos beneficiarios del subsidio no tienen tierra adquirida”.
El informe consigna, además, la demora en la implementación de los proyectos productivos y la incertidumbre que ello está generando: “Desde la vereda El Roblal se habla de una preocupación que se extiende en casi todas las veredas de Briceño y tiene que ver con que muchas personas, a quienes se les terminan los pagos programados por el gobierno de un millón de pesos mensuales, por doce meses, les dejará de entrar ese dinero y aún no tienen sus proyectos productivos (…) el panorama es que hay mucha incertidumbre porque aún no hay economía rural y por el momento la gente está sobreviviendo con lo que dio el Gobierno”.
Percepción similar tiene Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP, quien señala que uno de los puntos débiles que presenta la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, no sóo en Briceño sino en todo el país, es la asistencia técnica y la implementación de proyectos productivos.
“Ese es el gran rezago del Pnis. Sólo el 11 por ciento de las familias vinculadas tiene asistencia técnica. Y eso es preocupante porque de ello dependen otras fases y componentes del programa”, menciona el investigador. “Estamos a 160 días de que termine el gobierno y no hay un proyecto productivo andando. Ese tema le quedará al gobierno siguiente con la incertidumbre que eso genera”.
“Habrá continuidad, independiente de quien sea el Presidente”, responde ante la inquietud Luis Fernando Pineda, coordinador del Pnis Antioquia. “Este gobierno se gastó un tiempo diseñando la arquitectura institucional para llevar a terreno todos estos programas. Profirió cientos de Decretos Ley para ello. Creo el fondo para garantizar su ejecución. La UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) está como operadora de varios de esos programas. Desmontar eso no es políticamente viable”.
Con respecto a las preocupaciones de los campesinos briceñitas, Pineda responde: “En el tema de las huertas, estamos realizando el inventario de lo que hay que adquirir para hacer una sola compra: cuántas toneladas de semillas, cuántas toneladas de insumos, cuántas gallinas, en fin, esperamos tener el consolidado para finales de mayo. Lo mismo para los proyectos de ciclo corto. Mire, el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros suscribieron un convenio por valor cercano a los 14 mil millones de pesos para acompañar a 500 familias de Briceño, 150 de las veredas del Esfuerzo Conjunto, para que produzcan café, y eso ya está en marcha”.
“Es cierto, Briceño es un municipio donde hay más gente que tierra –continúa el funcionario- y el subsidio otorgado aplica para todo el territorio nacional, los campesinos pueden postular tierra en cualquier municipio. Pero le puedo asegurar que la ANT viene trabajando fuertemente en el tema y se espera que para el próximo mes se puedan entregar 60 fincas y formalizar 350 predios. En ese sentido, el gobierno nacional acaba de expedir un decreto para agilizar aún más la adjudicación de baldíos”.
Asimismo, el coordinador del Pnis en Antioquia informó que la Gobernación de Antioquia acaba de crear un programa denominado Mesa de Desarrollo Socieconómico para Zonas de Sustitución, que será anunciado en próximas semanas: “tiene una intención muy clara: comprarle productos agrícolas a campesinos de municipios donde se está llevando a cabo sustitución de cultivos ilícitos. Es una apuesta donde ganan ambas partes, enfrentamos el problema de la comercialización mientras la institucionalidad garantiza la continuidad de programas como el PAE (Programa de Alimentación Escolar), de comedores comunitarios”.
Por último, Pineda admite que “es cierto que hemos tenido demoras, dificultades por cuenta de los procesos de contratación, pero este no es el esquema tradicional de sustitución, esto fue una construcción colectiva, una iniciativa pionera en el país, pero estamos avanzando”.
Pero mientras esa voz optimista se expresa, en Briceño las preocupaciones de los campesinos aumentan, como la maleza y el rastrojo que sustituyó la hoja de coca para uso ilícito.