Experiencias distintas han tenido habitantes de los municipios de Miranda y Buenos Aires, en el departamento de Cauca, respecto de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Muchas familias apostaron por esta oportunidad pese a las dificultades del proceso, pero hay retrasos en el cumplimiento de compromisos, falta de recursos y desconfianza en el Estado.
No hace frío en la montaña. Tampoco llueve. Por eso, un grupo de niños y niñas, ellas con uniforme escolar, juegan alegremente al fútbol en la cancha sintética de Las Dantas, una vereda a quince kilómetros de la cabecera municipal de Miranda, en el norte del departamento de Cauca.
Para llegar hasta aquí fue necesario recorrer desde el pueblo una vía en muy mal estado que sólo tiene una placa huella de aproximadamente doscientos metros de longitud y dos pequeñas intervenciones con balastro que en nada alivia el bamboleo inclemente de los pocos vehículos que transitan por el lugar. En la orilla puede aparecer de repente un ganso graznándole a las llantas de un carro o una moto, un perro distraído que parece ir sin rumbo o un soldado con el fusil en la mano, atenta la mirada para indagar a quienes pasan.
El verde del césped artificial en el que juegan los infantes es tan intenso como el del paisaje mañanero, pero desde la cancha, inaugurada en enero pasado, ya no se ven otros verdes que hasta hace poco dominaban el paisaje: el de las hojas de coca y las matas de marihuana.
Las Dantas hace parte del resguardo indígena La Cilia – La Calera y es una de las 24 veredas que están vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.
Una vez iniciado el PNIS, y hasta abril de este año, se han vinculado 99 mil familias en todo el país. En ese periodo, según el sexto informe de seguimiento a la sustitución de cultivos ilícitos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de abril de este año, “se han erradicado de forma voluntaria y asistida 34.767 hectáreas de cultivos de coca, de las casi 52.000 hectáreas que tienen las familias”.
Ese centro de investigación estima que el PNIS requiere, para este año, “una inversión de $1.6 billones para cumplir los compromisos que hoy hacen parte del Programa (sin contar las que aún están en acuerdos colectivos). Actualmente, cuenta con aproximadamente $1 billón”.
En la subregión Alto Patía y Norte del Cauca la experiencia ha sido dispar, dependiendo del municipio en el cual se haya realizado la sustitución voluntaria. No es lo mismo hablar de lo vivido por los habitantes de zonas rurales de Miranda que los de Buenos Aires. En ello influye el estado de las vías, las distancias respecto de la cabecera municipal o las capitales de departamento y el cumplimiento o no de los compromisos acordados entre los campesinos y el gobierno nacional.
Esos factores, y el desarrollo del proceso de sustitución en un contexto socioeconómico con poca inversión social y un evidente abandono, hacen que al PNIS se le haya respondido de diversas maneras.
Tan cerca, tan lejos
Con la participación activa de las juntas de Acción Comunal de Miranda, en la implementación del PNIS se crearon tres núcleos principales de trabajo: uno en Monterredondo (diez veredas); otro en el resguardo La Cilia-La Calera (diez veredas); y otro en Las Palmas (cuatro veredas). El proceso se realizó entre marzo y agosto de 2016 y logró la vinculación de 716 familias, entre productores, no cultivadores y recolectores, según datos de la oficina local de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
En su cuarto informe de seguimiento a la sustitución de cultivos ilícitos, difundido en enero de 2018, la FIP reseña que en Miranda se tenían censadas, bajo el PNIS, 121 hectáreas, teniendo como base datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encargada de certificar que la sustitución se esté haciendo conforme a lo determinado en el proyecto.
Según la oficina de la ART en Miranda, el proyecto cumplió con los desembolsos a las familias vinculadas, con la excepción de 78 de ellas, a las cuales sólo se les hizo el primer pago y luego fueron excluidos del Programa en razón de que apenas zoquearon, hicieron sustitución parcial o volvieron a la resiembra. El total pagado hasta el momento, según la misma fuente, es de 4.136 millones de pesos.
Amador León Yule, gestor local de la ART, anuncia que el próximo 1 de junio se realizará el primer desembolso de dos millones de pesos a cada una de las 250 familias que se han vinculado al proyecto en una nueva fase, que incluye a 58 recolectores. Dice, además, que la desconfianza que la comunidad suele tener frente al Estado sólo empieza a desaparecer cuando se hace el primer pago: “Por eso, a través de la ART se han generado espacios para fortalecer las confianzas entre la institucionalidad y la comunidad: para este proceso los diálogos han sido permanentes”.
Fernando Realpe, habitante de la vereda Las Dantas, reconoce que la sustitución voluntaria fue una buena oportunidad para cambiar de vida: “Cuando teníamos cultivos ilegales vivíamos en incertidumbre, en zozobra, pero desde que llegamos al PNIS, por mi parte, digo que estoy más tranquilo y he tenido oportunidades de salir adelante”.
Los seis pagos de dos millones de pesos que contempla el proyecto ya le fueron hechos, cuenta este poblador, aunque no se hizo estrictamente bimensual. Tal cifra fue destinada, conforme a lo acordado, para el sostenimiento alimentario de las familias. También se ha realizado asistencia técnica por parte de la Corporación Esfera Azul, organización del mismo municipio.
“La particularidad de esta vereda es que con esa plata nosotros empezamos a sembrar café, nosotros ya teníamos la idea de que esto iba a ocurrir. Yo también siembro fríjol, mora, arveja”, detalla Realpe.
Ifalia Chate Cunda, otra habitante de Las Dantas, dice que “la plata ha servido, pero es poca”. Ella dejó atrás la siembra de marihuana y la sustituyó por café y espera la primera cosecha para el año que viene. “Todos estamos muy contentos porque, digamos, para la juventud es un ejemplo. Uno sabe que lo que hacía estaba mal, pero había recursos más rápidos, había que hacerlo”.
Un poco más abajo de la escuela y de la carretera, se ve la finca de José Daniel Peña, quien, pensando en su esposa y en el futuro de sus hijos, vio en el PNIS una oportunidad para el cambio, pues vivía estresado y con miedo. Al frente de su casa, hasta donde hay que llegar por un camino empinado y muy resbaladizo, se levanta un paisaje esplendoroso de montaña que, más allá de la hondonada del río Desbaratado, pertenece al municipio de Florida, en el departamento de Valle del Cauca.
Junto a unos árboles que ya empiezan a levantarse imponentes del suelo y donde ya se ven algunas pepas rojas, José Daniel muestra orgulloso que ahora tiene café en las siete hectáreas que antes estaban sembradas con hoja de coca y marihuana.
“Los poquitos que quedaron siguen sembrando, eso es a conciencia de ellos. A uno le dicen que el café no da, ellos tratan de que uno vuelva, uno ya está muy grande para dejarse convencer. Le dicen que con tanta tierra vuelva a sembrar, pero yo no, prefiero sembrar café, sembrar comida”, confiesa este poblador.
Uno de los líderes que ha encabezado el proceso de sustitución de cultivos en la zona es Diego Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Dantas y coordinador de la guardia indígena del resguardo: “Le dije a la comunidad que saliéramos de esos cultivos, que nos pusiéramos a hacer otras cosas que no tuvieran nada que ver con ilícitos para no tener problemas con los diferentes actores que se encontraban en la zona disputándose la producción de nosotros, que era muy mínima”.
Con locuacidad, este líder afirma que está muy contento porque en la vereda no se encuentra coca ni marihuana como antes y que, en su reemplazo, se produce café: “Ha sido difícil porque sacar una arroba de coca era más fácil que sacar una o diez arrobas de café, la carretera a veces no se da, hay tiempos que tenemos muchas dificultades, pero ahí vamos avanzando. Aquí estamos bendecidos con los cultivos que tenemos y queremos que el gobierno cumpla lo prometido”.
A pesar de los avances del PNIS en la vereda, la preocupación actual de las familias vinculadas tiene que ver con la seguridad alimentaria, con los proyectos productivos de mediano y largo plazo, que están atrasados en el cronograma, y con la comercialización de los productos, cuyo precio no es lo que esperaban, como sucede con el café.
Al respecto, Carolina Tovar Varona, representante legal de la Corporación Esfera Azul, precisa que “el programa tiene pensado el tema de la comercialización y la articulación, ya sea en mercado local o regional. Para eso se ha contratado un equipo preparado con el tema de mercado y también contamos con socios empresariales que son los encargados de apoyar los procesos organizativos que fortalezcan el impacto en la zona”.
Para César Augusto Oviedo Villegas, enlace de paz adscrito a la Alcaldía de Miranda, en este municipio se hace “el primer laboratorio de trabajo comunitario en cuanto a lo del PNIS y nos ha arrojado unos procesos organizativos con las comunidades de sensibilización, de apuesta de los mismos presidentes de Juntas de Acción Comunal”.
El funcionario destaca que el trabajo en esta área “ha sido una experiencia de aprendizaje porque como somos piloto, muchas situaciones de las que acá arrancamos con error-respuesta o respuesta-error, ayudan para otros municipios de Cauca que van a implementar el programa PNIS”.
Costos y ganancias: pulso desigual
Reunidos en la cancha de fútbol de la montañosa vereda Monterredondo, un grupo de personas comparte con Co.marca digital la experiencia sobre el PNIS. Los pobladores coinciden en que los cultivos ilícitos son más rentables, además de que los compradores llegan hasta la puerta de la casa para llevarse el producto, sin olvidar que la cosecha de hoja de coca se da cada tres meses. No obstante, las voces intentan tornarse esperanzadas. Julián Ulcué señala que, en parte, ha valido la pena: “Cuando teníamos los cultivos de coca había mucha violencia porque detrás de los cultivos vienen actores armados. Ahorita ha cambiado un poco”.
Por su parte, Flober Dizú recuerda que con cultivos ilícitos había más abundancia, era más rentable, pero querían dar un cambio y por eso se metieron en el programa: “Tenemos fe y confiamos en el gobierno, esperamos que el gobierno nos ayude en todo esto”.
De otro lado, Bernabé Cunda dice que hasta ahora el gobierno nacional cumplió con los pagos, pero está demorado con los proyectos productivos: “Esa es la preocupación con nosotros: si el gobierno nos cumple o no nos cumple, porque la mayoría de la gente que se metió en ese programa, erradicó”.
“Para que haya una paz verdadera depende del gobierno, si el gobierno cumple con todo, de pronto puede haber paz”, afirma, a su vez, Holmes Rivera. “Uno porque ya está grande dice que no vuelve a sembrar esas matas, pero los hijos de uno, que de pronto no tengan la oportunidad de un empleo, uno no sabe, no hay salidas de nada. Igual uno les inculca para que no vayan a caer en eso, pero uno no sabe de aquí a mañana que no haya empleo”. Mientras habla, busca con la mirada a sus interlocutores como pidiendo respaldo a sus palabras.
Fredy Prado comparte esas inquietudes y recuerda un inconveniente que creó malestar e hizo que varias familias se quedaran por fuera del proyecto: zoquear o cortar las plantas en vez de arrancarlas: “No les dieron una segunda oportunidad, o no les han dado, porque ya después vinieron y arrancaron de raíz, pero no han venido a ver si sí o si no, entonces esa gente está a pérdida porque no está cosechando nada y el gobierno no les ha traído nada”.
En el aire ahora cálido de esta zona azotada históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos, queda la sensación de que aquí hay más incertidumbres que certezas. A cambio de la reserva del nombre, un poblador comenta algunas cosas que no se dicen en voz alta: que sigue con el café, pero no sabe hasta dónde aguante, que trabaja a pérdida, que producir una arroba cuesta 80 mil pesos y por estos días pagan por ella 62 mil pesos, que así las cuentas no dan, que hubiera paz si en el proyecto le compraran el producto, que la situación no ha cambiado nada, que todavía se oyen bombas y balaceras.
No piensa lo mismo Gersaín Mestizo Latín, presidente de la Junta de Acción Comunal de Caparrozal, quien en su finca tiene 850 matas de café y en época de producción llegó a recoger 55 arrobas. Además, ha sembrado yuca, maíz, fríjol, plátano e incluso, en un arranque de optimismo, lulo, pese a que el clima no es el más adecuado para ello.
“Yo no puedo ponerme a esperar”, enfatiza, en tono crítico. “La gente arrancó la coca, está recibiendo los recursos que era para asistencia alimentaria, para que coman mientras vayan adecuando el terreno. Como nos hemos pasado como dos años, la gente ha dejado ahí el terreno quieto, esperando qué le dicen o que llegue la asistencia técnica”.
Duro peso de la realidad
En estas fechas del año, los habitantes de Buenos Aires, en el noroccidente del departamento de Cauca, se ponen las botas de caucho para andar en los largos tramos de siembra o de cosecha. Muchas personas están en el puesto de salud, las motos pasan de un lado a otro transportando a aquellos que bajan de sus parcelas a hacer alguna diligencia.
En el trayecto al corregimiento de Timba se observan árboles frutales mezclados con centenares de matas de coca de todos los tamaños, sembradas en tierra de familias distintas. La mirada de algún lugareño puede quedar prendada de aquellas montañas de un verde claro y seductor, estigmatizado, sin percatarse de que las botas se salpican de tierra por los hundimientos y el mal estado de los caminos en los que trasiegan a diario o de la carretera que conduce hacia la región del Naya, por donde transita sin control el multicolor de las chivas cargadas de productos que nadie nombra.
Héctor Carabalí, líder social del municipio de Buenos Aires y miembro de la Coordinadora Nacional de Cultivos de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) afirma que este municipio fue uno de los pioneros en el tema del PNIS y la gente estaba muy entusiasmada con la propuesta.
“Como Coccam organizamos a toda la comunidad y llegamos al acuerdo de no sembrar una mata más de coca. En ese proceso llegó una amenaza para los líderes que estábamos al frente del proyecto y los funcionarios del ART, lo cual impidió la verificación de las tierras”, recuerda Carabalí.
Aquel no fue un asunto casual, pues esta zona siempre ha sido tierra abonada para la intimidación. El último atentado contra líderes sociales ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando un grupo de hombres armados atacó a un grupo de dirigentes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), entre ellos estaba Francia Márquez, quienes se encontraban reunidos en la vereda Lomitas, a pocos minutos de la cabecera municipal de Santander de Quilichao, en la vía que conduce a Timba.
Recuerda Carabalí que ante la delicada situación que se presentó cuando el proceso PNIS estaba en sus inicios, fue necesario posponer la visita de verificación y luego, cuando las cosas parecían concretarse, se presentó un paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
“Después de eso empezaron a desarrollar el programa en otros municipios y el nuestro fue olvidado, los funcionarios encargados no llegaron nunca a la verificación de las zonas, respondiendo que ya se habían asignado recursos y que plata para Buenos Aires ya no había”, se lamenta este líder. “El PNIS es un programa que presenta muchas fallas, donde el gobierno nacional culpa a los cultivadores ilícitos y, en realidad, la culpa es del gobierno que no ha brindado las garantías y los recursos suficientes”.
En la vereda El Guayabal, del municipio de Buenos Aires, vive Jimena Carabalí, quien participa en la construcción de proyectos comunitarios y destaca, sin rodeos, la falta voluntad del gobierno nacional: “Muchas personas no nos acogimos al PNIS porque no nos dieron las garantías, lo que ha hecho que las personas siembren mucho más que antes”.
Si hubiera garantías y les propusieran un proyecto productivo, confiesa esta mujer, pensaría en un lago de pesca deportiva, pero que “antes de erradicar los cultivos ya tuviera cómo empezar a ejecutar algo nuevo, sin que ellos o nosotros perdamos como comunidad”.
Al igual que los campesinos de Miranda, la preocupación en Buenos Aires en términos de procesos productivos, cualquiera que ellos sean, se centra en el mal estado de las vías, en la dificultad para la comercialización y en la desconfianza frente al Estado.
El sexto informe de la FIP ratifica esas inquietudes al advertir que “la incertidumbre y la inconformidad de las poblaciones con el Programa (PNIS) han estado acompañadas con alertas sobre la posibilidad de que las familias vuelvan a sembrar coca. Existen poblaciones más vulnerables a esta dinámica pues están expuestas a la presión de grupos armados ilegales. Además, hay veredas en las que ya terminó el ciclo de pagos y no existen aún alternativas económicas legales”.
Según el informe de 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) referente al monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, el departamento de Cauca tuvo un descenso en los cultivos de coca entre 2008 y 2013, pasando de 5.422 a 3.326 hectáreas. No obstante, a partir de ese año, las cifras aumentaron hasta alcanzar las 15.960 hectáreas en 2017, siendo Argelia, El Tambo, Morales, Suárez y las inmediaciones del río Naya las zonas de expansión más evidentes.
Las experiencias de los municipios de Miranda y Buenos Aires reiteran lo que destaca la FIP cuando señala en su informe de abril de 2019, que, pese a los logros del PNIS, han sido evidentes también “las brechas entre la hoja de ruta planteada, los compromisos que el Estado adquirió con las familias y su desempeño real”.
Si esas brechas no se cierran, el PNIS seguirá siendo una moneda lanzada al aire que gira lentamente antes de caer a tierra, ante la mirada expectante de la gente, que se debate entre cara o sello, la esperanza o la desesperanza.
