Días después de que la Procuraduría General de la Nación denunciara la existencia de centros de tortura, el Ente investigador adelantó varios allanamientos, incurriendo, en uno de ellos, en graves equivocaciones. Ya hay por lo menos una queja ante las autoridades disciplinarias.
El escenario no podría ser más dramático: a la media noche del pasado 11 de mayo, cuando la ciudad portuaria nariñense carecía de fluido eléctrico, como consecuencia de ataques dinamiteros a las torres de conducción, un equipo de funcionarios de policía judicial allanó un conjunto residencial en el barrio La Florida porque, según la información que tenían, allí se estarían ejecutando actividades delictivas asociadas a las llamadas ‘casas de pique’.
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A ese conjunto residencial llegaron hombres fuertemente armados del Gaula, Sijin y Dijin, así como de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional y de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación. La orden de allanamiento y registro, emitida por la Fiscalía Seccional Especializada N° 10, les permitía inspeccionar el lugar con el fin de buscar evidencias físicas y materiales a través de las cuales constataran que posiblemente se estaba incurriendo en la comisión de los delitos de homicidio, desaparición forzada y tortura.
Este tipo de acciones policiales se iniciaron una vez el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, denunció el pasado 2 de mayo, tras una reunión con integrantes de la Mesa Regional para la Protección Efectiva de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales de Tumaco, que a partir de información recabada por un equipo de investigadores del Ministerio Público se han identificado “zonas donde es posible que haya casas de pique. Allí torturan y descuartizan personas. Someten niños a trabajos macabros de recuperación y trasteo de cadáveres. Es un fenómeno macabro para disciplinar a la gente”.
De inmediato se dispararon las alarmas y las autoridades policiales y militares iniciaron la búsqueda de estos sitios de terror, apelando a la poca información que se tiene, pues sobre las comunidades pesa una fuerte mordaza impuesta por los grupos armados ilegales que operan en los barrios donde se presume que hay ‘casas de pique’.
Tras un balance realizado el pasado miércoles luego de una visita a Tumaco, el director seccional de Fiscalía de Nariño, Andrés Escobar López, confirmó que hasta ese momento se habían realizado cinco allanamientos en diferentes zonas del puerto, sin resultados concretos.
“Hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de evidencia que nos permita demostrar que existen ‘casas de pique’. Estamos en la búsqueda, corroborando información”, declaró a medios de prensa en Pasto. “A esos allanamientos hemos llevado personal de criminalística, personal que es experta en hacer este tipo de labores, en identificar rastros de sangre, así que hemos desplegado todo nuestro esfuerzo para identificar estas casas”.
Se quejan
“Lo que no entendemos cómo es que se están ejecutando esos allanamientos ni con qué información”, dijo una fuente consultada al respecto y que, por razones de seguridad, solicitó la reserva de la identidad, al referirse al caso del barrio La Florida, donde la acción judicial ocasionó momentos de zozobra y que llevó a que los afectados instauraran una queja contra la Fiscalía General de la Nación que fue radicada el pasado jueves, ocho días después del operativo.
En la queja, conocida por VerdadAbierta.com y puesta ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Tumaco, se considera que “de acuerdo a las evidencias recolectadas para adelantar tal diligencia judicial y las circunstancias de tiempo modo y lugar, se cometió una arbitrariedad, se puso en riesgo nuestra integridad personal, así como en tela de juicio el buen nombre de todos y cada uno de los que aquí residimos”.
Según los afectados, la acción policial comenzó a eso de las 12 de la noche: “En su primer momento de ingreso a estas residencias/apartamentos y con manto de duda y sospecha, que entendemos puede tenerse en estos casos, pero que no autoriza en ningún caso a tratar como criminales a ninguna persona, si no se tiene certeza de ello, dichos funcionarios traspasan por la fuerza la reja principal del edificio”.
Varios de quienes viven en esta unidad residencial, compuesta por ocho apartamentos, han trabajado por las comunidades más vulnerables de Tumaco, razón de más para estar preocupados, pues en sus declaraciones, el procurador Carrillo aseveró que la información que sustentó su denuncia sobre la existencia de posibles ‘casas de pique’ fue aportada a sus investigadores por líderes sociales.
Ese temor fue expuesto a este portal por un líder social al día siguiente de la denuncia hecha por Carrillo: “Ahora nos van a acosar para que digamos cómo supimos lo de las ‘casas de pique’, quién lo dijo, por qué lo dijo. Ahora tendremos una presión adicional, la de las autoridades”. Al parecer la acción de la Fiscalía lo estaría confirmando. (Leer más en: La barbarie se ensaña contra Tumaco)
La queja también cuestionó el argumento que expusieron los funcionarios judiciales al momento del allanamiento y registro, pues estos alegaron que estaban actuando “por orden” de la Procuraduría General de la Nación: “En ningún momento se dijo que dichas actuaciones judiciales que les fueron ordenadas principalmente a la Fiscalía, tenían que hacerse de la manera que se han estado haciendo, sin mayores evidencia y poniendo en riesgo a toda la población y personas de bien que no tienen nada que ver con los crímenes que aquí se indician”.
Los errores
En esta diligencia de allanamiento y registro, según la queja, se cometieron varios errores, entre ellos que se adelantó sin contar con la “presencia de funcionario competente del Ministerio Público”. Ante el reclamo de los inquilinos por esa falencia, los funcionarios judiciales se limitaron a decir que “la Personería Municipal había sido notificada de tal actuación, pero que por razones de seguridad no podía hacer presencia”.
Otro de los errores de la comisión judicial fue guiarse por coordenadas y no por direcciones físicas. En el acta de allanamiento y registro, también conocida por VerdadAbierta.com, se lee que el objetivo del operativo era “un inmueble ubicado en el barrio Brisas del Aeropuerto”, pero la unidad residencial incluida en una fotografía que reposa en el acta está ubicada en el barrio La Florida, distante un par de kilómetros del reseñado y aún más, de la zona marítima.
“Es principalmente allí donde se acentúan los elementos de esta queja, pues como evidencias sustentadas que soportaban la orden de allanamiento y registro, sólo nos fueron presentadas unas coordenadas y una fotografía que tomaron los investigadores de la parte externa del edificio, teniendo en cuenta además que las coordenadas que argumentaban y que reposan en esta orden judicial no coinciden con la dirección verdadera del inmueble”, se expone en la queja.
Pese a las notables equivocaciones y a las advertencias de los inquilinos de que allí no encontrarían las pruebas que buscaban, el operativo se realizó sin ninguna valoración de los errores en los que estaban incurriendo los funcionarios judiciales. Durante cuatro horas y en medio de la oscuridad, fueron revisados, uno por uno, los ocho apartamentos, sin que, efectivamente, hallaran las pruebas buscadas.
En la queja, los afectados expusieron tres pretensiones concretas: la primera de ellas que “se allegue al Ministerio Público y al grupo de residentes del inmueble en cuestión, por medio de la Fiscalía 10 especializada, el informe técnico de la diligencia de allanamiento y registros adelantada, detallando en esté los elementos probatorios que lo motivaron y que connotan que esta fue fallida”.
La segunda, que “se limpie el buen nombre de todos y cada uno de los residentes del edificio firmantes de esta queja y se nos sea informado si por ello hay implicaciones tales como antecedentes penales o reseñas judiciales”.
Y la tercera pretensión apunta a que la Fiscalía encargada del operativo “haga reconocimiento verbal o escrito, de los errores cometidos con la emisión de una orden judicial de este tipo, sin evidencias sustanciales que apuntaran a que probablemente en esa vivienda si se cometieron los delitos descritos en ella”.
Otros cuestionamientos
“Algo pasa en la Fiscalía, que la ha emprendido contra los líderes tumaqueños”, afirmó un conocedor de la región. Sus temores no son infundados. La captura el pasado 20 de abril de Sara Quiñones y su madre Tulia Marys Valencia, dos destacadas lideresas del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, el pasado 20 de abril, así como de un puñado de exfuncionarios del municipio de Samaniego, a quienes se les sindicó de pertenecer a las estructuras de milicias de la guerrilla de Eln, tiene intimidados a los defensores de derechos humanos de Nariño
“Todo eso ha sido un grave error”, señala la fuente consultada, quien, argumentando razones de seguridad, solicitó no ser identificado. “Ahora parece que ser líder social es un crimen y nos persiguen a cómo dé lugar, quedando entre dos poderes, los legales y los ilegales”.
Si bien, buena parte de los 33 capturados quedaron en libertad, aún siguen detenidas y a la espera de juicio la líderesa Sara y su mamá en un penal de Jamundí en el Valle del Cauca, situación que ha sido cuestionada por diversas organizaciones sociales, pues aseveran que el fiscal que solicitó la medida carcelaria recurrió ante el juez a expresiones discriminatorias y con una fuerte carga de estigmatización contra los procesos de los consejos comunitarios tumaqueños. (Leer más en: Fiscal apeló a tratos discriminatorios para acusar a dos lideresas sociales de Tumaco)
A esos cuestionamientos también se sumó lo ocurrido en Suba, noroccidente de Bogotá, donde la Fiscalía denunció que en un centro cultural de esta localidad habían encontrado “nuevas evidencias sobre el reclutamiento ilícito de niños y adolescentes por parte del Eln”.
VerdadAbierta.com se dio a la tarea de desentrañar la realidad de esa acusación y estableció que el centro allanado pertenece a la Asociación Social Comunidad y Vida (Ascovi), una entidad sin ánimo de lucro que hace parte de la red continental de Comunidades Eclesiales de Base, con más de 20 años de trabajo social y que concentra sus labores en promover la educación y la defensa de los derechos humanos, así como la organización autónoma para garantizar la satisfacción de las necesidades de las comunidades, situación que va en contravía de lo afirmado por el Ente acusador. (Leer más en: Cuestionan a la Fiscalía por acusaciones sobre reclutamiento de menores del Eln)
