La creciente polarización que se vive en algunas regiones parece ser la principal causa de los hechos violentos en estas elecciones.
En 107 municipios se presentaron agresiones contra personas relacionadas con las elecciones regionales. Foto: archivo Semana.
Si bien los hechos de violencia relacionados directamente con el actual proceso electoral muestran un leve incremento en comparación con los registrados en las pasadas elecciones regionales de 2011, todo indica que hoy no son las guerrillas, ni las bandas criminales ni la delincuencia común los mayores responsables de estos actos.
Por lo menos esa es la conclusión inicial de la Misión de Observación Electoral (MOE) luego de analizar el más recientes consolidado de hechos violentos dirigidos contra precandidatos, candidatos, funcionarios, dirigentes políticos y miembros de campañas políticas que se han presentado entre el 1 de enero y el 22 de octubre del presente año. Según la MOE, en dicho periodo se registraron 174 acciones violentas; 16 más que las ocurridas en el mismo periodo de 2011.
Los riesgos en el Magdalena Medio para este domingo
Dichas acciones han afectado a 107 municipios de 27 departamentos del país. De acuerdo con los analistas de la MOE, la violencia política ni responde a un patrón específico, ni le apunta a la eliminación sistemática de un grupo político particular ni puede atribuirse a la acción de los grupos armados al margen de la ley, pues tan solo 33 de estos 107 municipios registran presencia de algún actor del conflicto armado o del crimen organizado. Al parecer, la fuerte polarización política que se vive en determinadas regiones, sumado a los caldeados ánimos de políticos locales, serían los principales generadores de violencia.
Para ratificar su afirmación, los observadores electorales señalan que la violencia política registrada hasta ahora, que mayoritariamente se agrupa en amenazas y atentados, seguidos por siete asesinatos y la desaparición forzada de un candidato; ha afectado a 15 organizaciones políticas de todos los espectros ideológicos. Así, el partido Liberal aparece como el más afectado, con 23 hechos dirigidos contra sus militantes, seguido en su orden por el Centro Democrático (21 hechos); Partido de la U (17); Unión Patriótica (16); Cambio Radical (15); y Partido Conservador (13).
Valle del Cauca aparece como el departamento más afectado. De acuerdo con la MOE, allí se han registrado nueve hechos de violencia política. De acuerdo con los mapas de riesgo elaborados por esta organización, 20 municipios vallecaucanos se encuentran en riesgo por violencia, de los cuales uno: Buenaventura, se encuentra en riesgo extremo, mientras que Cartago, Bolívar, Pradera, Trujillo, Yumbo y Zarzal se encuentran en riesgo alto. Uno de los hechos más graves registrados hasta ahora en este departamento ha sido el asesinato de Ignacio Londoño, candidato a la alcaldía de Cartago.
Pero pese a que las evidencias señalan poca injerencia tanto de guerrillas como bandas criminales en el actual proceso electoral, la MOE llamó la atención sobre aquellos municipios ubicados en zonas estratégicas para la guerra, las actividades económicas ilegales o que son consideradas bastiones de los grupos armados al margen de la ley. VerdadAbierta.com indagó en varias de estas regiones para conocer cómo se ha desarrollado el proceso electoral y esto fue lo que encontró.
La calma chicha que reina en el Cauca
Indígena misak o guambiana ejerciendo el derecho al voto en Cauca. Foto: archivo Semana.
Si en alguna región del país se han sentido los efectos del cese unilateral al fuego decretado por la guerrilla de las Farc ha sido el Cauca, principalmente en el norte del departamento, bastión histórico del Frente Sexto de esta organización rebelde. Allí, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo pasaron de registrar un promedio de tres hechos semanales relacionados con el conflicto armado en 2012, a tan solo dos hechos en estos tres últimos meses de cese al fuego.
Con todo y ello, municipios como Jambaló, Corinto, Morales, Caloto, Miranda, Suárez están lejos aún de ser un verdadero laboratorio de paz. Prueba de ello es la tensa calma que ha rodeado la actividad proselitista en estas localidades. 39 de los 40 municipios del Cauca se encuentran en riesgo por factores de violencia. Aunque la Defensoría del Pueblo regional Cauca ha destacado una disminución notable en los hechos de violencia política registrados este año con relación a las elecciones regionales de 2011, varios sucesos ocurridos entre los meses de septiembre y octubre tienen en alerta a las autoridades.
El primero de ellos fuela amenaza de muerte que recibió en septiembre Carlos Eliecer Tobar, candidato a la alcaldía de Morales por el Partido de la U. A esto se suma el asesinato, el pasado 13 de octubre, de Benicio Belalcázar, jefe de campaña del aspirante a la alcaldía de Suárez por la ASI. También se registraron varios atentados con artefactos explosivos contra las sedes de campaña y residencias de los candidatos a la alcaldía de Caloto.
Además, en las últimas semanas han venido circulando panfletos firmados por presuntas “Águilas Negras” y “Urabeños” en los municipios de Corinto, Caloto y Miranda, donde se lanzan amenazas e intimidaciones contra líderes indígenas, miembros de juntas de acciones comunales y miembros de diferentes campañas políticas. “Hay una estrategia de desprestigio, intimidación y estigmatización dirigida contra los líderes indígenas que están aspirando a cargos de elección popular. Esto es muy preocupante, la población está atemorizada y eso, obvio, va afectar las elecciones del próximo domingo”, advirtió Edwin Mauricio Capaz, integrante del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Pero sin duda lo que tiene alarmada tanto a la comunidad como a las autoridades locales es la aparición de sendos graffittis alusivos a la guerrilla del Eln, en varios puntos de la vía que comunica a los municipios de Corinto-Caloto-Santander de Quilichao. “Hace como tres meses aparecieron esos graffittis. Es preocupante porque esa zona no ha sido de injerencia del Eln. Y no sabemos si su presencia es fuerte o no, si están reclutando gente, si ellos respetarán las elecciones o qué va pasar por acá”, expresó un habitante de la región consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.
El siempre convulsionado Bajo Cauca antioqueño
Esta región de Antioquia tiene riesgos extremos por factores de violnecia y fraude electoral. Además de las Farc y el Eln, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ están presentes. Foto: archivo Semana.
La presencia histórica del Frente 18 de las Farc, sumado al reposicionamiento que ha logrado en la región la guerrilla del Eln más la hegemonía de las actividades criminales que tienen hoy día las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también llamados ‘Clan Úsuga’ o ‘Úrabeños’, llevaron a los observadores electorales a poner toda su atención en el Bajo Cauca antioqueño.
Y no es para menos. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, el pasado 21 de septiembre fue asesinado en zona rural del corregimiento Puerto Claver, El Bagre, Ángel Mesa, candidato a la alcaldía de este municipio. En este corregimiento tienen fuerte presencia la banda criminal de los ‘Urabeños’ y el Frente 36 de las Farc.
De otro lado, de acuerdo con los análisis de la MOE, Tarazá, localidad que conforma la región del Bajo Cauca, figura como uno de los seis municipios de Antioquia en riesgo extremo por factores de violencia y fraude electoral. Con todo y ello, aspirantes a cargos de elección popular en esta localidad consultados por VerdadAbierta.com destacaron la tranquilidad con que se ha desarrollado la campaña. “Por lo que puede conocer, todos los candidatos pudieronviajar a todas las veredas, hacer sus campañas con tranquilidad. La verdad, el orden público no se ha visto alterado en esta campaña”, declaró Nora Hernández, quien aspira repetir curul en el Concejo de Tarazá.
Su caso es particular. En 2013 recibió varias amenazas de muerte en su contra, lo que la obligó a abandonar el municipio. Pese a ello, la Unidad Nacional de Protección no le brindó esquema de protección por lo cual, al regresar a Tarazá, no le quedó más remedio que vivir al lado de la Estación de Policía. “Por eso yo no pude hacer campaña en las veredas, porque el riesgo continúa. Las autoridades no han esclarecido ni el origen ni los responsables de mis amenazas. De los que aspiran al Concejo soy la única candidata amenazada”, agregó.
Pero hay más casos de amenazas. El aspirante a la alcaldía local por el partido Opción Ciudadana, José Ignacio Fernández, también fue víctima de intimidaciones a mitad de año, lo que alteró el ambiente proselitista.
No es la primera vez que Tarazá aparece en la “lista roja” de los municipios antioqueños con riesgos electorales. La dinámica en pasadas elecciones ha mostrado una coincidencia de alto número de votos nulos tanto para Alcaldía, Concejo y Asamblea, así como una baja participación política.
Una década atrás, esta localidad fue el bastión del Bloque Mineros de las Auc, comandado por el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien convirtió al municipio en la “despensa cocalera” de Antioquia. Hoy, las actividades económicas ligadas al narcotráfico son manejadas por los herederos de los paramilitares, principalmente los ‘Urabeños’. Y si bien no existen evidencias sobre la injerencia de esta organización criminal en las campañas políticas, organizaciones no gubernamentales sí han advertido su preocupación por la presencia en la contienda electoral de Gladis Rebeca Miguel Vides.
De acuerdo con La Fundación Paz y Reconciliación, Miguel Vides sería la heredera política de Miguel Ángel Gómez, exalcalde de Tarazá salpicado por el exjefe paramilitar alias ‘Cuco Vanoy’, quien declaró en varias oportunidades ante fiscales de Justicia y Paz cómo el burgomaestre se lucró con la presencia de los paramilitares en este municipio.
En 2011, el periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado en zona rural de Tarazá el 13 de agosto de 2014, le manifestó a VerdadAbierta.com sus preocupaciones en torno a la candidata, quien también aspiró a la alcaldía en las elecciones pasadas. (Ver más en: Así trabaja Luis Carlos Cervantes, el periodista más amenazado del país). “Si gana esta mujer mi cuerpo lo pone ella y la cabeza Miguel Ángel (Gómez)”, declaró en aquella ocasión el comunicador, haciendo alusión a sus denuncias contra la administración municipal y el apoyo brindado por Gómez a la campaña de Miguel Vides.
Las preguntas que todos se hacen en Arauca
En este departamento, las presiones de las guerrillas ha generado la dimisión de varios candidatos a alcaldías. Foto: archivo Semana.
El departamento de Arauca es un caso especial. De acuerdo con la MOE, allí se han registrado siete episodios de violencia política de los cuales seis constituyen amenazas. El común denominador de estas intimidaciones es que van dirigidos a candidatos del Centro Democrático. “Hasta el momento se han registrado amenazas contra seis candidatos a la Asamblea de Arauca por este partido político”, señaló un analista de la MOE consultado por VerdadAbierta.com
De acuerdo con los observadores electorales, cinco de los siete municipios que conforman este departamento se encuentran en riesgo extremo por factores de violencia mientras que los otros dos se encuentran en riesgo medio. Si bien no se han presentado acciones violentas tales como ataques, asesinatos, atentados, la presencia histórica de las guerrillas de las Farc y el Eln constituye por sí misma, a juicio de los observadores, un factor de riesgo a tener en cuenta.
Lo mismo apuntan conocedores de la región, quienes no dudan en señalar que hoy, estas dos organizaciones guerrilleras están interviniendo activamente –e ilegalmente- en el proceso electoral en Arauca. “Hay informaciones según las cuales tanto los ‘elenos’ como las Farc están llamando a los presidentes de juntas de acción comunal para decirles: ‘esta es la gente por la que hay que votar”, apuntó Luis*, un líder social de este departamento, quien añadió: “incluso, hay denuncias que tanto Farc como Eln están apoyando a un candidato a la Gobernación en un acuerdo político”.
Según Luis, las presiones de las guerrillas ha generado la dimisión de varios candidatos a alcaldías locales. Sucedió en Saravena, donde el candidato de Opción Ciudadana debió renunciar por cuenta de las presiones. En Fortul sucedió lo mismo con el candidato de Cambio Radical mientras que en Arauquita, el precandidato por el partido Liberal ni siquiera pudo inscribir su nombre para la contienda electoral. “le recomendaron que no lo hiciera. Porque esa es otra cosa que está pasando en Arauca: la violencia se refinó”, apuntó el líder social.
“Yo no son amenazas abiertas ni matan gente como hace ocho y cuatro años. Ahora a la gente simplemente le dicen que: ‘por su bien, que mire cómo lo estima el pueblo, que no se haga ese mal, pero que no participe en la campaña, que renuncie’. Y le dicen de tantas maneras que la gente termina renunciando a sus aspiraciones”, agregó Luis.
De acuerdo con este líder social, el departamento vive un clima de polarización política que tiene los ánimos de los electores crispados: “Lo que hay es una campaña de desprestigio que ya está generando que en algunos municipios y veredas se presente constreñimiento, que le digan a la gente: ‘pilas, por el que hay que votar es por este”.
La guerra en el Chocó
El aumento de los enfrentamientos entre el Eln y los Urabeños es uno de los principales factores de riesgo de este departamento del Pacífico. Foto: archivo Semana.
El recrudecimiento de la confrontación entre la banda criminal de los ‘Urabeños’ y la guerrilla del Eln figura como la principal amenaza al proceso electoral. Así lo registra la Defensoría del Pueblo en un reciente informe donde analiza los posibles riesgos en zonas donde el conflicto tiene más fuerza.
De acuerdo con la Entidad, en Chocó “se registran hechos que implican amenaza a la libertad, por cuanto los territorios en confrontación abierta entre actores armados, implican un riesgo parael ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil”. Allí también se advierte sobre las poblaciones más afectadas por estos hechos: “La agudización de la confrontación armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia parecen constituir el mayor riesgo, toda vez que la dinámica actual implica la limitación en las libertades de los habitantes de la cuenca del Truandó, Domingodó, Salaquí y Cacarica en el Bajo Atrato, así como en la cuenca del Baudó y del San Juan”.
Los registros de la Defensoría muestran un panorama preocupante. Según la Entidad, el pasado 3 de septiembre se presentó una incursión armada de un gran número de hombres pertenecientes a los ‘Urabeños’ a la cuenca media del río Truandó, donde la presencia de la guerrilla de las Farc ha sido histórica, lo cual ha generado fuertes afectaciones en la movilidad a las comunidades indígenas de los resguardos Jagual Chintadó, Marcial, Jagual y Pichindé; los resguardos de los ríos Truandó, Quiparadó, Domingodó y Opogadó; así como a las comunidades de los territorios colectivos de la Cuenca del Río Quiparadó, La Nueva, Clavellino, Taparal, Bocas de Taparal, Domingodó, La Madre, Chicao, Truandó Medio.
Debido a esta situación, el subcomité de Justicia Transicional del municipio de Riosucio, en reunión efectuada el pasado 13 de octubre, solicitó a las autoridades competentes gestionar el traslado de los puestos de votación que estaban dentro de la cuenca. “De esta forma, la incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los combates con el ELN y las Farc ha tenido fuertes repercusiones sobre el proceso electoral y afectaría alrededor de 3.000 votantes de las cuencas de Truandó y Salaquí”, consignó la Defensoría en su informe.
A esto se suman varios hechos de violencia registrados entre septiembre y octubre que tienen en máxima alerta a las comunidades. El más reciente de ellos ocurrió el pasado 7 de octubre, cuando presuntos miembros del Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del Eln hostigaron el casco urbano del municipio de Sipí. El hecho, que inició promediando las 10:00 de la noche y se extendió por espacio aproximado de dos horas, no dejó víctimas ni afectaciones a bienes de la población. En Tadó se registró la quema de cuatro vehículos particulares el pasado 8 de septiembre en la vía que comunica este municipio con el departamento de Risaralda. Según fuentes castrenses, el hecho se produjo en horas de la madrugada y se le atribuye al Frente Cacique Calarcá del Eln. Asimismo, las autoridades reportaron la quema de cinco vehículos en la vía Quibdó-Medellín, a la altura del municipio de Carmen de Atrato el pasado 2 de septiembre, en hechos atribuidos al Frente Manuel Hernández El Boche del Eln.
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A pesar de este panorama, los reportes de las autoridades electorales señalan que cada rincón del país contará con puesto de votación, situación impensable en determinadas regiones hace tan solo cuatro años. A ello se suma una sensible reducción de las amenazas por parte de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, lo observado hasta ahora deja entrever las complejidades que entraña el orden público en determinadas zonas. El ejercicio democrático sigue siendo amenazado. La pregunta que queda en el ambiente después de los análisis de los observadores electorales es si también habrá que considerar ciertas costumbres de hacer política como un factor generador de violencia.
*La identidad de la fuente se omite por su petición expresa
