Tribunal Superior de Medellín considera que integrantes del Bloque Metro deben ser procesados en los bloques con los cuales se desmovilizaron. Decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
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| El Bloque Metro fue una estructura urbana y rural que operó en Antioquia. |
¿Pueden víctimas y postulados del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz? Esa es la pregunta de fondo que deberá resolver en los próximos días la Corte Suprema de Justicia al dirimir un debate sobre si se le reconoce o no existencia jurídica a esa estructura armada.
A la expectativa están no sólo los 21 ex paramilitares que han sido postulados por el Bloque Metro, pero que se desmovilizaron con otras estructuras de las Auc, y que buscan una pena alternativa de máximo ocho años de cárcel, sino por lo menos 22.000 víctimas, que verían afectados sus derechos a la verdad, justicia y reparación, que contemplan las normas.
La discusión comenzó el 13 de diciembre de 2011, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decidió no reconocer la existencia del Bloque Metro para fines de la aplicación de la Ley de Justicia, pues a su juicio no cumple con algunos de los requisitos de elegibilidad consagrados en el artículo 10 de esa norma, particularmente los que se refieren a haber celebrado un acuerdo de desmovilización con el Gobierno Nacional, entregado bienes para la reparación de las víctimas y puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los menores de edad reclutados, entre otros.
Según el Alto Tribunal, el Bloque Metro no existió para el momento de los acuerdos con el Gobierno Nacional y no se podrá postular a ninguno de sus comandantes porque todos fueron asesinados antes de cualquier negociación: “resulta un imposible jurídico, formal y material cumplir en este caso los principios fundantes de la justicia transicional; esto es, garantizar el beneficio de la pena alternativa a quienes hayan entregado bienes para reparar a las víctimas y confesado todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado”.
Este grupo que fue comandado por el ex capitán del Ejército, Carlos Mauricio Fernández García, alias ‘Rodrigo Doblecero’ y operó en algunos municipios del Valle del Aburrá, Oriente, Norte, Suroeste y Nordeste de Antioquia, no hizo parte de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y sus diferencias con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna’ derivaron en una cruenta guerra entre los años 2001 y 2004 que terminó en su exterminio.
Esta confrontación llevó a que algunos de los sobrevivientes del Bloque Metro se incorporaran a diversas estructuras de las Auc, entre ellas al Cacique Nutibara, Héroes de Granada, Central Bolívar, Mineros, Calima y el Centauros, entro otros.
Por ello, y siguiendo los argumentos del Alto Tribunal, los 21 postulados del Bloque Metro, que hasta el momento han confesado 574 hechos delictivos ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, deberán continuar rindiendo sus versiones libres y su proceso de juzgamiento en los bloques con los que se desmovilizaron mientras la Corte Suprema de Justicia toma una decisión de fondo al respecto.
Un caso concreto
Un caso que podría ilustrar lo que está pasando con el Bloque Metro es el de Javier Alonso Quintero Agudelo, alias ‘Manguero’, quien fue miembro de ese grupo desde el 15 de enero de 2001 hasta el 2 de agosto de 2003, fecha en la que fue capturado por tropas del Batallón de Infantería N. 3 del Ejército Nacional en Caracolí, cuando extorsionaba a los comerciantes de esa localidad.
Sin embargo, fue reconocido posteriormente como integrante del Bloque Héroes de Granada por parte de su comandante, el desaparecido Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, cuando Quintero se encontraba preso, situación que fue informada al Alto Comisionado de Paz y remitido al entonces Fiscal General de la Nación.
No obstante, mediante en un memo fechado el 5 de octubre de 2007, la Fiscalía General de la Nación decidió reasignar el caso de Quintero Agudelo a la Fiscalía 45 de Justicia y Paz que documenta al Bloque Metro, “ya que se pudo demostrar, luego de practicar entrevista con el mismo postulado, que no participó en hechos atribuibles al Héroes de Granada. Así las cosas, a pesar de que el señor Quintero Agudelo se haya desmovilizado con este bloque, por los datos de georreferenciación, correspondería su investigación al Metro”, dice el oficio conocido por VerdadAbierta.com.
Para el Alto Tribunal, la decisión fue desacertada toda vez que “este bloque ni siquiera ejecutó actos de desmovilización, no hizo dejación de armas, ni entrega de bienes, ni siquiera entregó menores de edad, porque para entonces no existía, circunstancia que sin ambages lleva a concluir que bajo tales parámetros, y pese a la confesión del postulado respecto a la participación de crímenes en todo orden ocurridos durante su permanencia en el Bloque Metro, esto no sería suficiente para hacerlo acreedor a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz”.
Con la decisión de regresar a Quintero Agudelo al Bloque Héroes de Granada lo que se pretende la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín es proteger a las víctimas y “salvaguardar los principios de verdad, justicia y reparación”.
Opinión contraria
La decisión de este Tribunal fue apelada el 24 de enero de 2012 por las Fiscalías 20 y 45 de Justicia y Paz, que tienen bajo su responsabilidad los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, así como por la Procuraduría General de la Nación y los representantes de las víctimas del Bloque Metro.
La apelación fue formulada durante la realización de la audiencia de control de legalidad de cargos contra seis postulados del Héroes de Granada que, precisamente, hicieron parte del Bloque Metro, pero se desmovilizaron con el Bloque Héroes de Granada.
Al respecto, Adriana Restrepo Restrepo, Fiscal 20 de Justicia y Paz y quien tiene a cargo el Bloque Héroes de Granada, confirmó que el 17 de agosto de 2006 la Fiscalía estableció las directrices para la asignación de investigaciones correspondientes a Justicia y Paz, que contempla reconstruir la génesis, estructura, área de influencia, integrantes, fuentes de financiación, bienes, hechos y víctimas por cada bloque de las Auc.
Según la fiscal Restrepo, la determinación de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín es debatible ya que “ni es manifiesta ni ostensible, ni se aprecia a primera vista, que la resolución que establece el reparto interno de la Unidad de Justicia y Paz contradiga en alguna manera la ley de Justicia y Paz, y la Sala (del Tribunal) no puede abstenerse de reconocer su contenido y respetar los factores de reparto establecidos por el Fiscal General de la Nación”.
Por su parte, Albeiro Chavarro Ávila, fiscal 45 de Justicia y Paz y quien documenta los hechos del Bloque Metro, añadió que si bien este grupo no se desmovilizó, no significa que sus postulados no cumplan con los requisitos de elegibilidad.
“Repartirse los postulados del Bloque Metro en los bloques que los combatieron, soslaya los principios de verdad, justicia y reparación de una estructura que dejó cerca de 22.000 víctimas en Antioquia y que después del Bloque Norte, es el grupo que más víctimas registra en el país. Además, pondría a las víctimas en una trashumancia por todo el país”, expresó el funcionario.
A juicio de Chavarro, “no es necesario como requisito de elegibilidad que los postulados entreguen bienes sino que también hagan delación de ellos”, y expuso el caso de John Fredy González, alias ‘El Rosco’, del Bloque Metro, y señaló que esta estructura tenía 30 bienes, sin embargo su identificación no fue posible porque murió en la cárcel La Modelo de Barranquilla en junio del 2011, por causas aún no establecidas.
Chavarro Ávila también hizo referencia a varios comandantes paramilitares que aún viven, como Jorge Iván Arboleda Garcés, alias ‘Arboleda’, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, “quienes de seguro ayudarán a reconstruir la verdad de lo que pasó con este bloque. Al dispersarlos por todo el país, se perdería esa verdad y esta fue una de las estructuras madres del paramilitarismo, de las cuales se derivaron otras estructuras”.
Los argumentos de los fiscales fueron respaldados por la representante del Ministerio Público, quien aseguró que con la decisión se vulneró el debido proceso: “Si este criterio hace carrera también tiene que desaparecer el bloque que documenta la llamada ‘Casa Castaño’, que no se desmovilizó. En la actualidad se le está aplicando la Ley de Justicia y Paz a miembros de la guerrilla y los frentes no se han desmovilizado y ellos están colaborando con lo que la ley les pide”.
Una ley con limitaciones
Para María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), esta situación, que también se registra con otros grupos paramilitares en varias ciudades del país, está dejando al descubierto la limitación que representante para magistrados y fiscales las investigaciones por bloques dado que no permite una reconstrucción global de la verdad y un acceso pleno de las víctimas a su derecho a la reparación.
“Lo que nosotros hemos observado es que muchos combatientes se desmovilizaron con bloques a los que no pertenecían. Y eso puede tener múltiples interpretaciones, como mostrar estructuras más grandes de lo que realmente eran”, explicó Moreno.
Esta especialista recordó que los principales cabecillas del paramilitarismo solían prestarse combatientes, principalmente aquellos con relación directa con la familia Castaño, “por lo que se pueden ver postulados que delinquieron en Urabá pero que se desmovilizaron en el Catatumbo, lo que plantea un embrollo jurídico para todos los operadores de la Ley de Justicia y Paz”.
Moreno propuso que los tribunales “no deberían enredarse en si Pedro Pérez perteneció a X o Y bloque sino más bien esclarecer cuál fue su actuación en determinado año en determinada región”, y recalcó que la apuesta debería ser por investigaciones más estratégicas y a una reconstrucción de la verdad desde un enfoque regional que por presencia de bloques.
“Un ejemplo es el Urabá, donde no basta con las versiones de los postulados del Elmer Cárdenas para conocer la verdad de lo que pasó en esa región. También debería tenerse en cuenta lo que dice el Bananero, incluso los bloques que operaron en Córdoba, que también lo hicieron en parte del Norte de Urabá. Eso da un panorama más completo que si se estudia bloque por bloque”, agregó.
En resumen, es claro que la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia será trascendental para el futuro de la Ley de Justicia y Paz, pues no solo está en juego la suerte de las víctimas y los postulados del Bloque Metro, sino de la de otros grupos de las Auc y, en últimas, la eficacia de unas normas que van para su sexto año de aplicación y aún muestran vacíos que deben resolverse de manera urgente.
