Luego de un convulso primer semestre, donde se dispararon los homicidios por cuenta de la confrontación armada entre bandas delincuenciales de este municipio, hoy sus habitantes viven una “tensa calma” producto, al parecer, de una tregua gestionada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). La presencia de este grupo en esta localidad se suma a la de la guerrilla del Eln, lo que complejiza un escenario de confrontación que va más allá de los límites bellanitas.
“Sabemos que hay una tregua criminal y real en Bello. La confrontación armada paró el pasado 15 de agosto y las bandas delincuenciales anunciaron ‘el cese al fuego’ un 27 de agosto a través de la red social Whatsapp. ¿Quiénes mediaron en esa tregua? Por un lado, el ‘ala mayoritaria’ de la Oficina y, de otro, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Hay serios indicios de que las Agc prestaron un territorio por fuera del norte del Valle de Aburrá para que se desarrollaran esas conversaciones”.
La aseveración es de Fernando Quijano, analista y director de la organización no gubernamental Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), desde donde se vienen monitoreando la situación del actual del municipio de Bello, al norte de Medellín. Desde febrero del presente año, dicha localidad ha sido escenario de una cruenta confrontación armada protagonizada por estructuras criminales de vieja data conocidas como ‘Los Pachelly’; ‘Los Mesa’; y Niquía Camacol.
La vendetta entre estas estructuras criminales ha disparado los homicidios en Bello este año en más de un 150 por ciento con relación a los últimos cinco años. Así, mientras entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 la Policía Nacional contabilizó 38 homicidios, en el mismo periodo de 2019 se registraron 99 asesinatos. Buena parte de estas muertes violentas se concentraron en los barrios Ciudad Niquía (21); Niquía Bifamiliar (5); Altos de Niquía (4) y Ciudadela del Norte (3).
Según reportes de la Policía Nacional, muchos de estos homicidios han sido cometidos con armas largas y en otras ocasiones han estado acompañados de actos de sevicia, como cercenar las cabezas de las víctimas y descuartizar sus cuerpos, acciones tendientes no solo a mostrar el poder de fuego de los bandos en disputa sino también a instalar el terror entre la población.
A los homicidios se suman las denuncias por desaparición forzada. Según los reportes de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 19 de agosto del año en curso fueron reportadas 33 personas como desaparecidas en Bello, de las cuales, 21 aparecieron vivas, cuatro más fueron halladas muertas mientras que sobre los ocho restantes no se tiene noticia alguna.
“Nosotros tenemos conocimientos de unos 26-27 casos de desaparición forzada ocurridos desde 2015 hasta la fecha, pero lo claro es que existe un enorme subregistro en este tema. Incluso, conocemos el caso de una desaparición forzada ocurrida a finales de 2017, cerca al Hospital Mental de Bello, donde se señala a miembros de la Policía Nacional como los responsables”, añade Quijano.
La confrontación armada aumentó el desplazamiento forzado individual, también llamado “gota a gota”, principalmente durante el primer semestre de este año. El Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas indica que, durante los primeros seis meses de 2019, unas 327 personas denunciaron haber sido expulsados a la fuerza de sus barrios, unas 18 más que las registradas en el mismo periodo de 2018.
Lo que preocupa a organismos humanitarios, como la Defensoría del Pueblo, y analistas como Fernando Quijano es que, si bien los homicidios y las balaceras han registrado una sensible disminución en las últimas semanas, bien como resultado de la tregua o bien como resultado de la acción de la Fuerza Pública, ello no significa que la situación de conflictividad haya desaparecido.
“¿Qué fue lo que se pactó? Que no se realizarían más ataques sicariales en los barrios y que no se iba involucrar a la población civil. Pero entre las bandas existen muchas heridas que no han sanado y eso significa que en cualquier momento se puede disparar nuevamente la confrontación”, añade el director de Corpades.
Un problema más allá del barrio
Tal como lo consigna el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 036-19, fechada el pasado 2 de septiembre, si bien lo que ocurre en Bello tiene su origen en la traición que protagonizaron algunos integrantes de la banda Pachelly, quienes se insubordinaron ante sus jefes criminales, lo que desató una sangrienta vendetta que involucró a las bandas de ‘El Mesa’ y ‘Niquía Camacol’ y que se ha concentrado en los barrios de las comunas 4, 6, 7 y 8 de esta localidad, la situación podría extenderse a otras regiones de Antioquia e, incluso, a otras rincones del territorio nacional, todo por cuenta de los intereses criminales y estratégicos que grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la guerrilla del Eln mantienen en este municipio.
Según explica el SAT en dicho documento, “el punto de inflexión en esta dinámica fue un homicidio múltiple perpetrado a las 9:00 de la noche del 11 de febrero del presente año, en el barrio Niquía. Desde dos motos y una camioneta, descendieron los sicarios que acabaron con la vida de tres personas. Según la información entregada en su momento por la fuerza pública, se trataba de un supuesto lugarteniente de la banda Pachelly, asesinado junto con dos de sus cercanos colaboradores. Esta acción violenta desató una serie de homicidios que progresivamente instauraron un ambiente de zozobra generalizado entre la población de varios barrios de las comunas advertidas”.
Desde entonces, señala el SAT, “comenzó a configurarse una cruenta y extendida contienda, en paralelo al fortalecimiento de células criminales que ya no estaban dispuestas a dejarse manipular de sus antiguos jefes. Al interior de Pachelly se escindió un sector minoritario que logró obtener el apoyo de otras estructuras que tienen un carácter actualmente autónomo, como lo son El Mesa y Niquía – Camacol. Por esa razón, se ha desatado una disputa que, desde entonces, ha provocado la mayoría de los homicidios cometidos durante el presente año en este municipio y elevado el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de la población”.
Lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo es que esta confrontación podría alterar el delicado equilibrio del volátil mercado del narcotráfico, logrado a base de acuerdos y pactos celebrados entre diversas estructuras criminales, entre ellas, varias de Bello como ‘Los Pachelly’ y ‘Los Chatas’. Se trata de un proceso de concertación que data desde 2011 y que tiene su origen en el fin de la guerra protagonizada por los entonces dos principales cabecillas de la llamada Oficina de Envigado, Ericson Vargas, alias ‘Sebastián’; y Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’.
Curiosamente, en Bello, donde se encontraban asentadas varias de las más poderosas bandas articuladas a la Oficina de Envigado, la confrontación entre estos dos cabecillas no tuvo mayor impacto pues la gran mayoría de organizaciones criminales se alinderaron rápidamente a un bando: al de Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’. Ante de su captura y posterior extradición a los Estados Unidos, ‘Valenciano’ logró establecer acuerdos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en aquel entonces en franco proceso de crecimiento y expansión, para que estos ingresaran al Valle de Aburrá.
“Por esta razón, no hubo un alto número de víctimas en ese conflicto en Bello y por lo mismo todas las estructuras en esta jurisdicción, de forma directa o indirecta, quedaron a partir del año 2012 al servicio de las Agc, que a su vez servía al Cartel de Sinaloa, quien era el único comprador de la droga que se producía para exportación en Antioquia”, conceptúa el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana, añadiendo además que esta alianza no sólo fortaleció las estructuras criminales de Bello, convirtiéndolas en la más temidas y poderosas al interior de la llamada ‘Oficina’, sino que también les permitió expandirse a otros municipios de Antioquia.
De acuerdo con el monitoreo del SAT, la banda ‘Pachelly’, por ejemplo, controla negocios de microtráfico en pueblos como San Andrés de Cuerquia, Toledo, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Barbosa, Girardota, La Ceja; mientras que en otros como Yolombó, Yalí, Segovia y Remedios participa de la explotación ilegal de varias minas de oro.
Igual situación ocurre con la banda ‘Los Mesa’, cuya presencia se registra en Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, Anori, Amalfi y El Retiro. Mientras que ‘Los Chatas’ han extendido sus operaciones ilegales a municipios como Santa Rosa de Osos, Don Matías, San Pedro de los Milagros, Rionegro, La Ceja, Barbosa, Copacabana y Girardota.
Sin embargo, según lo plantea el SAT de la Defensoría, tales acuerdos estarían resquebrajándose por cuenta de diversos factores, entre ellos, la dejación de armas de las Farc, el surgimiento de disidencias armadas tanto de la extinta guerrilla como de las Agc y, ahora, de la poderosa banda Pachelly. Así, según esta Agencia del Ministerio Público, “el sector minoritario disidente de ‘Pachelly’, ‘El Mesa’ y ‘Niquía Camacol’, al parecer sostendría una alianza con el Eln y el autodenominado Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como “Caparrapos”.
Como es de público conocimiento, los llamados ‘Caparrapos’ junto con la guerrilla del Eln y estructuras disidentes de la extinta guerrilla de las Farc sostienen una cruenta confrontación armada en el Norte y Bajo Cauca antioqueño por el control de los eslabones de la cadena del narcotráfico donde, de acuerdo con el SAT, “aparentemente, las Agc mantienen el apoyo del Cartel de Sinaloa, pero sus adversarios estarían recibiendo el apoyo económico y el suministro de armas procedentes del norte del continente gracias a otro cartel mexicano, que podría ser Jalisco Nueva Generación”.
A lo anterior se suma la creciente presencia de la guerrilla del Eln en Bello, que, según el SAT, también ha buscado establecer alianzas con bandas delincuenciales de esta localidad. “La Defensoría del Pueblo, durante el presente año, ha recibido al menos dos declaraciones de desplazamiento forzado, en donde se aducen intentos de reclutamiento forzado de adolescentes por parte de supuestos integrantes del Eln en barrios de las comunas 6 y 7 de Bello. Conforme versiones comunitarias, existen patrullajes conjuntos del Eln con estructuras ilegales locales de Bello, en la parte alta del asentamiento Nuevo Jerusalén, por el sector del Reversadero, cercano al corregimiento de San Félix, y que ha sido tradicionalmente objeto de control territorial de Pachelly”, según se lee en la Alerta Temprana 036-19.
Así, continúa el SAT, “la hipótesis de riesgo de la presente Alerta considera que, de escalonarse este conflicto en Bello, puede extenderse a una cadena más amplía de territorios, aspecto que se traduciría en la configuración de un escenario amplio y generalizado de violencia armada y de vulneraciones masivas a los derechos humanos y que incrementaría la crisis humanitaria existente”.
“Calma chicha”
El 12 de febrero de este año, la Fiscalía General de la Nación informó la incautación de una ametralladora M60, tres fusiles, tres granadas de mortero y siete pistolas calibre 9 milímetros en el barrio Pérez, ubicado en la Comuna 4 de Bello. Según informó en su momento el Ente Investigador, las armas fueron adquiridas por la banda ‘Pachelly’ e iban a ser vendidas al frente Resistencia Cimarrón del Eln.
De otro lado, Fernando Quijano, de Corpades, señala que en los últimos meses han sido capturados miembros de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc en Bello mientras que integrantes de estructuras criminales de este municipio han perdido la vida en enfrentamientos armados sostenidos en el Norte y Bajo Cauca antioqueños, lo que prueba que existe una alianza de cooperación entre grupos armados organizados (GAO), guerrilla del Eln y estructuras delincuenciales del norte del Valle de Aburrá.
“Las Agc están en Bello y están apoyando la guerra. Eso está claro”, manifiesta el analista que a la par advierte que “el Eln tiene también una presencia en Bello, me aventuro a decir que una presencia tipo comando, tal como viene operando el Frente de Guerra Urbano de esta guerrilla”.
Con todos los elementos anteriormente descritos puestos sobre la mesa, el director de Corpades no le augura una disminución contundente ni a los homicidios ni a las confrontaciones que hoy se registran en esta localidad: “Hoy hay una tregua, que me aventuro a decir es por motivos electorales, pero que fácilmente se puede romper en 15, 20 días o un mes o a final de año”.
Por su parte, León Fredy Muñoz, representante a la Cámara y reconocido líder bellanita, también advierte que lo que hoy se respira en Bello es más una “calma chicha” que una acción de desarticulación y contención por parte de la fuerza pública.
“Bello es una bomba de tiempo, con cualquier cosa puede estallar. Estas bandas tienen un control real y total del territorio”, señala el representante a la Cámara, quien añade que “la realidad es que, si bien la fuerza pública sí hizo presencia, la disminución de los homicidios y de las balaceras no obedece a que hubo una contención a la confrontación armada. Lo que se dice es que hubo un acuerdo entre ellos para no seguir llamando la atención. Obviamente se sintió la presencia de la fuerza pública, pero no ha sido determinante, porque el conflicto sigue, con asesinatos selectivos”.
El congresista, quien busca su reelección, plantea que el escenario para hacer campaña política en este municipio del norte del Valle de Aburrá no son las mejores actualmente. “Hay comentarios de que los grupos no dejan entrar a unos candidatos, que quieren cobrarles vacuna a ciertos candidatos pues porque tienen preferencias por otros candidatos. A nosotros los alternativos se nos ha dificultado mucho, pero seguimos en campaña, nos metemos a donde sea. Hay temores para ir a ciertas zonas, pero seguimos en campaña”, asevera.
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