A poco más de una hora de Caucasia se encuentra esta vereda, que reúne las complejidades de restituir en el Bajo Cauca antioqueño. Fuerte presencia de grupos armados ilegales y oposición de ganadero impiden que se materialicen decisiones judiciales de devolución de predios a favor de campesinos víctimas del despojo.
El 9 de diciembre de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería profirió una sentencia en la que ordenó la devolución a sus legítimos dueños de la finca Las Estrellas, usurpada violentamente por paramilitares a comienzos de la década de 2000 en la vereda Bella Palmira, del corregimiento Cacerí. Se trató del primer predio restituido por la justicia en este lugar donde, según análisis de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se cometió un despojo cruento y silencioso.
Lo documentado hasta ahora por esa entidad estatal deja en evidencia que en ese caserío, a 70 minutos del área urbana de Caucasia, narcotraficantes cercanos a los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, así como del exjefe paramilitar Rafael Antonio Londoño Jaramillo, conocido como ‘Rafa Putumayo’ y quien comandó varios estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca y Chocó, forzaron a decenas de parceleros a malvender sus tierras y asesinaron y desaparecieron forzosamente a quienes se negaron a hacerlo.
Para ocultar el despojo, ‘Rafa Putumayo’ utilizó una red de testaferros, varios de los cuales fueron asesinados tras vendettas protagonizadas por exmiembros de las Auc que conformaron organizaciones criminales tras finalizar, en agosto de 2006, el proceso de desmovilización colectiva acordado en junio de 2003 con el gobierno nacional del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
De ahí que la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Civil de Montería haya sido celebrada en su momento, pues además de ahondar en la historia de terror y muerte que vivió Bella Palmira desde finales del siglo pasado, se esperaba que transmitiera un mensaje de confianza institucional para aquellas víctimas que aún sienten temor de revelar sus historias. Pero el efecto no ha sido el esperado.
Por tratarse de un territorio estratégico para las actividades ilegales, colindante con la vía que de Caucasia conduce a Zaragoza, hacia el oriente; hacia el occidente con la troncal que lleva a los pueblos costeros del departamento de Córdoba; y hacia el nororiente con las vías fluviales que llevan a la Mojana sucreña y de ahí a la costa Atlántica, Bella Palmira no ha estado ajena a los problemas de orden público que vive la región: por sus trochas han transitado grupos armados ilegales, cargamentos de cocaína, precursores para su procesamiento y armas. Muy cerca de allí, en la vereda vecina de El Brasil se asientan estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) que actualmente sostienen una guerra a muerte con la banda conocida como ‘Caparrapos’. (Lea más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)
Esa violencia que parece haberse enquistado en la región, no ha permitido que la decisión judicial, que ajustará 16 meses en próximos días, se transforme en un retorno efectivo de la familia beneficiaria, pues temen regresar a una zona donde la guerra sigue viva. Pero dicho retorno también lo frena una situación particular: la presencia de Jairo Cuartas Torres, un ganadero que dice llevar más de una década explotando predios en Bella Palmira. Llegó a la región en los mismos años en que aparecieron los paramilitares de ‘Rafa Putumayo’ a sembrar terror. Quizás por ello, la mención de su nombre entre quienes fueron víctimas de despojos y desplazamientos forzados genere tanto temor y prefieran no enfrentarlo.
El nombre de Jairo Cuartas Torres también figura en un proceso de verbal de mayor cuantía que interpuso el Fondo de Reparación para las Víctimas en el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia el 16 de mayo de 2016. Según esta dependencia, adscrita a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, cuya misión es administrar los bienes entregados por los paramilitares postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, el ganadero estuvo ocupando, de manera ilegal y sin autorización alguna, varios de los predios ofrecidos por desmovilizados del Bloque Sur Putumayo para la reparación a sus víctimas.
Aunque los predios en Bella Palmira fueron entregados en septiembre de 2017, el proceso judicial contra el ganadero continúa, pues la entidad estatal pretende recuperar por esta vía el pago de los arriendos por los años de ocupación irregular. Según estableció VerdadAbierta.com, la situación de orden público no les ha permitido a los funcionarios del Fondo de Reparación para las Víctimas verificar si la ocupación de las tierras continúa. ¿Qué pasa en Bella Palmira? ¿Por qué no se ha hecho efectiva la restitución allí? ¿Cómo llegó Jairo Cuartas a ocupar los predios? ¿Cuál es la historia detrás de estos casos? Esto fue lo que encontró VerdadAbierta.com
Cuando llegó el narcotráfico
A Danilo Álvarez Pineda lo conocieron en el Bajo Cauca con el alias de ‘El Guajiro’. Llegó a Bella Palmira promediando la década de los noventa comprando tierras que necesitaba para montar un negocio, tal como le dijo a los parceleros. El “negocio” no fue otro que laboratorios para el procesamiento de cocaína. En ellos terminaron trabajando decenas de jóvenes de la vereda seducidos por los “cantos de sirena” de la “bonanza cocalera”.
Como muchos narcos de la región, ‘El Guajiro’ tejió fuertes lazos con el paramilitarismo, al punto que terminó trabajando para los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil. El vínculo con ellos permitió que el negocio creciera, por lo que necesitó más tierras, razón por la cual continuó comprando predios a los parceleros. Las transacciones se hicieron en la más completa informalidad: el comprador pagaba de contado y los vendedores podían quedarse a vivir en sus tierras, pues le servían de fachada y retaguardia a ‘El Guajiro’.
Con el auge de la coca comenzaron a llegar personas extrañas a la región: gente armada que arribaba en camionetas; piquetes de hombres vestidos de camuflado patrullando la zona; y nuevos narcos convertidos en jefes paramilitares, entre ellos Carlo Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien venía del sur del país finalizando el siglo pasado. De su mano llegó un oscuro personaje, Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias ‘Rafa Putumayo’. Allí comenzó la más cruel pesadilla para los habitantes de Bella Palmira.
Como si se tratase de una concesión, Vicente Castaño Gil le entregó parte del Bajo Cauca antioqueño a ‘Macaco’ para que ejerciera allí poder y dominio en nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Dentro del territorio entregado se encontraba Bella Palmira, una vereda que fue cobrando suma importancia entre las huestes paramilitares pues allí se generaban importantes recursos económicos por cuenta de la producción de cocaína, la cual era fácilmente transportada por las múltiples trochas que atraviesan la zona.
‘Macaco’ puso a ‘Rafa Putumayo’ a coordinar la producción de cocaína en Bella Palmira. Tras el asesinato de ‘El Guajiro’ a manos de la guerrilla en 2001, el jefe paramilitar quedó como ‘amo y señor’ de la región. Con el poder del fusil comenzó a presionar a más labriegos para que vendieran sus tierras. Según relataron víctimas de despojo de esta vereda ante la URT, los paramilitares instalaron un campamento muy cerca de allí, en el que hacían reuniones constantes y a donde los campesinos eran obligados a ir para advertirles que debían vender, por las buenas o por las malas.
Los primeros predios de los que se apoderó ‘Rafa Putumayo’ fueron los que compró ‘El Guajiro’. A los labriegos los expulsó de la vereda no sin antes obligarlos a firmar escrituras. Luego fue usurpando fincas colindantes y toda aquella que le apeteciera. Para lograr sus propósitos, ejerció toda clase de violencias, tal como quedó consignado en la sentencia 013 del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, mediante el cual se restituyó el predio ‘Las Estrellas’, de 51 hectáreas.
De acuerdo con el recuento de hechos, los paramilitares les insistieron una y otra vez a sus propietarios, unos colonos que llegaron a la región en la década del cincuenta y quienes fueron beneficiados con adjudicación tierras del desaparecido Incora en diciembre de 1965, para que vendieran pues, les decían, “la finca le gustó al ‘Patrón”. Ante la negativa de los campesinos, la gente de ‘Rafa Putumayo’ comenzó a tomar represalias. Primero, desaparecieron forzosamente a uno de los integrantes de la familia, lo que provocó su desplazamiento hasta el casco urbano de Caucasia.
Eso no evitó las intimidaciones. El 23 de agosto de 2002, la persona que figuraba como propietaria fue abordada en Caucasia por unos sujetos que se movilizaban en un vehículo, quienes la obligaron a subir contra su voluntad para ser llevada a la Notaría Única de este municipio, donde tuvo que firmar la compraventa 815 en donde consta que vendió su tierra a Julián Sandoval Arredondo.
Red de testaferros
Mediante amenazas, presiones y coacciones, ‘Rafa Putumayo’ logró hacerse con 18 predios que suman poco más de 2.000 hectáreas, los cuales englobó en una hacienda llamada La Vikina. Sin embargo, para ocultar estas posesiones terminó escriturándolas a terceras personas, quienes, a su vez, las traspasaron a otras más o entre ellos mismos. Entre quienes figuran como dueños sobresalen los nombres de Julián Sandoval Arredondo, Sandra Patricia Arredondo, Dani Roberto Ramírez Torres y Jaime Alberto López Quintero.
Así, mediante escritura pública 1050 del 24 de octubre de 2002 de la Notaría Única de Caucasia, Julián Sandoval vende el predio Las Estrellas, junto con otros siete más, todos de Bella Palmira, a Juan Carlos Marín Álvarez y éste, a su vez, transfiere estos predios a Dani Roberto Ramírez Torres mediante escritura 1298 del 6 de noviembre de 2003.
Otro negocio que llama la atención es la compraventa 877 del 5 de agosto de 2003, donde Jaime Alberto López Quintero adquiere cinco predios en Bella Palmira: El Nido, Los Alpes, La Esperanza, El Comején y El Deseo.
Varios de estos nombres fueron mencionados por postulados del Bloque Sur Putumayo ante fiscales de Justicia y Paz como colaboradores de la causa paramilitar en el sur del país. Danny Roberto Torres, por ejemplo, quien figura como uno de los últimos propietarios de La Vikina, fue colaborador de esta estructura paramilitar, tal como lo estableció la Fiscalía 39 de la Subunidad Élite de Persecución de Bienes. Lo sospechoso de estas transacciones es que, aunque fue asesinado en Puerto Asís, Putumayo, en 2010, aparece vendiendo la finca El Brillante, una de las que integra la hacienda La Vikina, mediante escritura pública 892 del 11 de septiembre de 2011.
Caso similar ocurre con Julián Sandoval Arredondo, conocido en la región con el alias de ‘Lucas’ y quien fue señalado por los desmovilizados Carlos Mario Ospina, alias ‘Tomate’; Hiller de Jesús Paniagua, alias ‘Fiera’; y Jorge Orlando Agudelo, alias ‘El Ruso’, postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como el hombre encargado del manejo de las finanzas del Bloque Sur Putumayo y un hombre cercano a ‘Rafa Putumayo’.
Por su parte, la Fiscalía realizó extinción de dominio sobre cinco predios, cada uno de una extensión promedio de 65 hectáreas y todos ubicados en Bella Palmira, que estaban a nombre de Jaime Alberto López, tras considerar que se trataba de un caso de testaferrato.
Reparación a medias
El despojo cometido en Bella Palmira permanecería ocultó si los postulados alias ‘Tomate, ‘La Fiera’ y ‘El Ruso’ no hubiesen ofrecido varios de estos bienes para la reparación de sus víctimas en diligencia de versión libre realizada el 25 de septiembre de 2012. Lo que llamó la atención de los fiscales de Justicia y Paz es que se trataban de predios ubicados a miles de kilómetros de distancia de la zona de influencia del Bloque Sur Putumayo de las Auc.
El Ente Investigador se dio a la tarea de comprender por qué esta estructura paramilitar que operó en el sur del país tenía predios en el Bajo Cauca antioqueño y qué maniobras estaban realizando los testaferros para ocultarlos mientras que, de otro lado, la URT se dio a la tarea de buscar a las víctimas de este violento despojo.
La pesquisa ha dado pocos frutos. De los 18 predios englobados en la Hacienda La Vikina, sólo uno ha sido restituido judicialmente, Las Estrellas; otros tres, Bella Palmira, Bella Palmira II y El Brillante han sido solicitados en restitución; y diez más se encuentran bajo la tutela del Fondo de Reparación para las Víctimas: El Comején, La Esperanza, El Nido, El Deseo, Los Alpes, La Vikina, Bella Palmira, La Verán, La Platina y Lote de Terreno de 47 hectáreas.
Pero la restitución de tierras en Bella Palmira ha chocado con dos situaciones particulares. La primera es la delicada situación de orden público en la región, sobre todo en esta vereda, considerada estratégica para el procesamiento y tráfico de alcaloides, razón por la cual la presencia de miembros de los ‘gaitanistas’, bien sea armados o vigilando el ingreso de personas extrañas, es permanente.
La segunda situación lleva por nombre Jairo Cuartas Torres. Según estableció VerdadAbierta.com con víctimas de despojo de esta vereda que solicitaron no revelar sus identidades, Cuartas Torres llegó a la región como un próspero ganadero en los mismos años en que ‘Rafa Putumayo’ consolidaba su poder en la región. “Fue un hombre cercano a esa gente, se mantenía con ellos”, dicen al unísono. En Bella Palmira compró un predio que destinó a la ganadería.
Pero, tras el asesinato de ‘Rafa Putumayo’, ocurrido en Medellín el 7 de diciembre 2004, y las disputas entre sus testaferros y lugartenientes, este ganadero terminó ocupando todos los predios despojados por el exjefe paramilitar y que luego pasaron a custodia del Fondo de Reparación de Víctimas, incluida la finca Las Estrellas.
Mientras a los funcionarios del Fondo les manifestó en audiencia de conciliación realizada el 12 de abril de 2016 en Caucasia que no entregaba los predios debido a las inversiones y mejoras que realizó en dichas tierras por pedido de Jaime López, quien, según dijo en aquella ocasión, le entregó las fincas para que las cuidara mientras buscaba fortuna en Chocó, a los beneficiarios de la restitución les ha dejado claro que no se metan con él, pues tiene amigos muy poderosos y peligrosos.
Ante la negativa de entrega de las fincas por parte del ganadero, el Fondo de Reparación para la Víctimas entabló en mayo de 2016 una demanda ante el Juez Civil Laboral del Circuito de Caucasia buscando que Cuartas Torres devolviera los predios y, además, cancelara los arriendos y los beneficios personales recibidos durante los años en que ocupó ilegalmente los inmuebles, suma que según cálculos de la entidad superan los 120 millones de pesos.
Para los legítimos propietarios de Las Estrellas, hacer efectiva la sentencia de restitución que los beneficia también ha sido un calvario pues el ganadero se niega a sacar el ganado de su propiedad de este predio.
VerdadAbierta.com pudo establecer que, en septiembre de 2017, Cuartas Torres le entregó al Fondo de Reparación de Víctimas los predios en discusión y, además, solicitó la terminación del proceso en su contra, petición que fue negada por el juez. Sin embargo, la difícil situación de orden público de la región les ha impedido a los funcionarios del Fondo realizar las respectivas verificaciones, por lo que no es claro si, a la fecha, Cuartas Torres continúa explotando los predios.
Por su parte, las víctimas de la finca Las Estrellas aún no saben si explotarán el predio, vivirán en él o solicitarán tierras en otra región del país. Temen que al hacer valer sus derechos, Cuartas Torres tome represalias contra ellos y demuestre, de manera violenta, que tiene amigos peligrosos y poderosos, como pregona a los cuatro vientos, sin que las autoridades actúen de manera eficaz.
