El organismo internacional denuncia además
en su informe anual que en ocasiones esos grupos se alían en negocios
de narcotráfico con Farc y Eln. Y habla de “casos de colusión, de
tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos
grupos”. El Gobierno responde.
 |
| En muchas zonas del país, ONU observa “con gran preocupación la expansión y creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”. Foto Semana |
Un preocupante panorama de violencia en Colombia presenta la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia en su informe anual de 2009.
En
ese documento, el organismo internacional reconoce algunos esfuerzos
del Gobierno por mejorar la situación, pero muestra también su
preocupación por las violaciones sexuales que se cometen en el país, la
tortura, las desapariciones, las ejecuciones de civiles que son
presentados como bajas en combates militares y la permanencia de la
violencia de las Farc, el Eln y paramilitares en algunos lugares.
También registra la dificultad que muchas personas tienen para acceder
a la justicia, incluso dentro del proceso de justicia y paz, a la vez
que vuelve de denunciar el reclutamiento de niños a los grupos armados.
Por su parte, el Gobierno, en un documento de 14 páginas,
dice que “las instituciones colombianas toman nota de los retos
señalados por el Informe y de las falencias por superar”. También
agradece que el informe “hace una justa valoración de los esfuerzos de
las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la
plena vigencia de los Derechos Humanos en Colombia”.
Entre las
tantas observaciones hechas por la ONU, hay una descripción muy precisa
de un fenómeno de la violencia que el Gobierno suele discutir cuando se
menciona, como es la reaparición de “grupos armados ilegales surgidos
del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares”.
A
este respecto, el informe dice que “en muchas zonas del país, la
oficina en Colombia observa con gran preocupación la expansión y
creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los
grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de
organizaciones paramilitares”.
Entre los hechos que
inquietaron en 2009 a este organismo internacional se cuentan masacres,
asesinatos, amenazas, desplazamientos y violencia sexual contra
personas que no tienen ninguna participación en la guerra que vive el
país. “Los ataques han estado dirigidos contra quienes se oponen a las
exigencias de estos grupos, poseen propiedades de su interés, son
percibidos como colaboradores o miembros de otros grupos, o están en
una zona de disputa con grupos rivales. Entre las víctimas también hay
numerosos desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a
integrarse a estos grupos”, dice la ONU.
Sobre el modo de
actuar, dice en el documento que algunos de estos grupos “operan de un
modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan
en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo
de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades
lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad
privada”.
Esos grupos, según Naciones Unidas, están dirigidos
por personas que “fueron anteriormente mandos medios de esas
organizaciones o militares”.
“En ocasiones estos grupos
celebran acuerdos entre sí o con frentes de las FARC-EP o el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) para facilitar negocios ilícitos,
especialmente narcotráfico”, asegura el organismo internacional, que
también observó el año pasado “casos de colusión, de tolerancia y de
aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos,
motivados principalmente por corrupción”.
Según el informe,
estos grupos tienen capacidad de ejercer “violencia organizada”,
“amplio poder económico”, “capacidad para corromper autoridades e
instituciones del Estado”, “vínculos con autoridades y poderes fácticos
locales”.
La ONU reconoce que desde el gobierno se han hecho
esfuerzos para contrarrestar a estos grupos, pero dijo que “el reto que
plantean va más allá de la delincuencia común. El hecho de que estos
grupos operen en lugares donde actuaron los antiguos grupos
paramilitares, aprovechando sus estructuras económicas y políticas,
reitera la necesidad de redoblar los mecanismos de prevención para la
población en riesgo (especialmente para los jóvenes en áreas urbanas y
rurales) y de proteger y atender a los afectados”.
El
organismo también se refirió a los actos de violencia que cometen las
Farc y el Eln y su constante irrespeto por la vida de la gente que no
participa en ningún grupo armado.
En las consideraciones que
el Gobierno hizo sobre el informe de la ONU, reconoció la existencia y
el desafío que representan esos grupos que han surgido después de la
desmovilización de los paramilitares.
Sin embargo, consideró
inadecuado “que toda la criminalidad colombiana sea catalogada como
neoparamilitarismo, la reedición de los paramilitares o la continuidad
de éstos; tal como se expresó”
El argumento que da es que “no
hay homogeneidad en la conformación, propósitos, métodos y actividades
de estos grupos; es dable encontrar estructuras militares o cuasi
militares, mafiosas, sicariales y diversidad de propósitos: extorsión,
territorio, comercio minorista de drogas ilícitas, narcotráfico, redes
de prostitución, entre otros. Se trata de no calificar de paramilitares
a toda banda delincuencial organizada en Colombia; ello no niega las
exigencias para castigar a quienes incumplen los compromisos del
proceso de desmovilización, ni la intensidad con la que hay que
combatir la delincuencia”.
En su respuesta, el Gobierno
también se refirió al resto de violaciones a los derechos humanos que
registró la ONU en su informe anual.
Publicado en Semana.com
