En una audiencia de legalización de cargos ante la Fiscalía, desmovilizados de las Auc, que fueron capturados por conformar bandas en la comuna 8, aseguran que le propusieron al alcalde de Medellín apaciguar la ciudad.
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| Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
Desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y del Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) capturados el pasado 5 de febrero pasado constituyeron desde hace varios años en la comuna 8 de Medellín una compleja estructura organizativa con componentes legales e ilegales de tal calado que a mediados de noviembre del año pasado le expresaron al alcalde Alonso Salazar Jaramillo su disposición a colaborarle en frenar la ola de violencia en la ciudad.
Así quedó establecido el pasado 8 de febrero durante la audiencia de legalización de captura ante una juez de control de garantías de 17 integrantes de esa organización, detenidos en diversos barrios de ese sector de la ciudad y sindicados del delito de concierto para delinquir agravado.
Entre los detenidos se encuentran su jefe, Julio Cesar Perdomo González, conocido con los alias de ‘El viejo’ y ‘El cucho’, el vocero político, Edwin Tapias Buriticá; además, los integrantes de la acción comunal del barrio La Libertad, Dagoberto Gómez Sánchez, presidente, y Robinson Valencia Martínez, conciliador, quien fue señalado además como reclutador para la banda “Los Paisas” que opera en el departamento de Córdoba.
Lo que no quedó claro es a que se referían los desmovilizados con su propuesta y si el alcalde la aceptó o no. Lo cierto es que las autoridades desmantelaron la banda criminal con la que delinquían y que estaba amparada bajo varias organizaciones legalmente constituidas que contaban entre sus miembros a desmovilizados de bloques paramilitares.
La Fiscalía logró estableces, a través de las pesquisas que condujeron a esta detención masiva, que la red de desmovilizados de las Auc tenía componentes militares, logísticos, administrativos, de seguridad y políticos que les permitió funcionar sininconvenientes durante por los menos cuatro años recibiendo recursos de la Alcaldía de Medellín y de diversas entidades descentralizadas a través de la Corporación La Sierra con Futuro, la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega y varias juntas de acción comunal, y apoyo por parte de algunos miembros de la Policía Nacional.
Esta banda comenzó a ser investigada a partir de la denuncia de un ciudadano presentada ante las autoridades el 5 de noviembre de 2008. Lo dicho allí se complementó con indagaciones de la policía judicial, que incluyeron interceptación de llamadas telefónicas, y los testimonios de 15 testigos.
Durante la audiencia de legalización, funcionarios de la Fiscalía aseguraron que esta banda se dedicaba al tráfico de drogas, cobro de extorsiones a transportadores, comerciantes y habitantes, hurto y sicariato; asimismo, determinaron que eran responsables de varios asesinatos, así como de desplazamientos forzados, desaparición forzada y utilización de menores de edad en actividades delictivas.
Los fiscales expusieron evidencias que relacionan a Perdomo González como jefe de la estructura. Este paramilitar aparece como desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega e integrante de la organización no gubernamental Corporación Democracia, creada en diciembre de 2003 como parte de los acuerdos del Gobierno nacional con las Auc.
Perdomo González tenía bajo su mando decenas de desmovilizados de las Auc, así como de jóvenes de bandas armadas ilegales que se acogieron a la estructura liderada por este reinsertado, cuya apariencia de legalidad le permitió fungir como líder popular de una comuna habitada por cerca de 126.000 personas.
Lo que corroboró la Fiscalía es que entorno a Perdomo González se constituyeron varias bandas que le permitió tener una fuerte presencia territorial, gran poder criminal y, a su vez, protagonismo comunitario.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, algunos integrantes de estas organizaciones estaban presuntamente dedicados a la consecución de armas, automóviles y motocicletas para realizar sus crimenes; reclutaban e instruían a los nuevos integrantes en combate urbano; mientras que los encargados de la seguridad vigilaban los sectores que tenían bajo su dominio, evidenciándose turnos diurnos y nocturnos, así como patrullajes constantes y requisas; incluso tenían un grupo encargado de pagar la nómina de los “trabajadores” que era manejado por Alba Mery Muñeton Zamarra, esposa de Julio Cesar Perdomo González; y el político, a los contactos con autoridades locales y nacionales.
Las bandas de desmovilizados tenían una persona encargada de la parte política, según la investigación de la Fiscalia, se trata de Edwin Onasis Tapias Buriticá, un ex combatiente del Bloque Cacique Nutibara, ex presidente de la acción comunal del barrio La Sierra, y a la vez representante legal de la Corporación La Sierra con Futuro.
Como presidente de la junta de acción comunal, entre los años 2004 y 2005, Tapias logró asignaciones del programa de presupuesto participativo por cerca de 85 millones de pesos y más de 30 millones de pesos por contratos y convenios con entidades descentralizadas de carácter municipal. Durante su gestión en esa época se dieron a conocer amenazas e intimidaciones a otros líderes comunales y se le atribuye el asesinato el 21 de agosto de 2005 de Augusto Henao, quien presidía la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.
En julio de 2005 creó la Corporación y se constituyó como una filial de la Corporación Democracia. De acuerdo con datos del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional, en el año 2008 estuvo integrada por 30 desmovilizados de los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara de las Auc, pero esa cifra cayó a 15 un año después. A través de esta corporación también recibió contratos con la administración municipal y entes descentralizados.
Este ex paramilitar se movía con facilidad en entornos legales y según interceptaciones telefónicas se llegó a establecer que tuvo una cita con el Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, en la que se discutió el apoyo que le darían los desmovilizados de la comuna 8 con declaraciones a su favor en el proceso que cursa en la Fiscalía contra el mandatario local por el supuesto financiamiento del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’ a su campaña electoral en el año 2007.
Una de las interceptaciones telefónicas le fue presentada a la juez de control de garantías y en ella se escucha a Tapias Buriticá haciéndole un resumen a Perdomo González de la cita con el Alcalde. En ella, los dos sujetos supuestamente trataban de acordar la manera “cómo se le iba a salvar el pellejo” al mandatario local, pero queda en evidencia que hubo condicionamientos, entre ellos que los ex paramilitares debían ser escuchados y que les aclararan qué había contra ellos.
“Necesitamos que nuestra verdad salga a flote, también necesitamos que nos quiten ese estigma que nos tienen a algunos líderes sociales, como lo es el director de la Corporación Miraflores, como lo es usted, y que no soy solo el que tiene la verdad, yo fui uno de los tantos lideres que cumplió las directrices que dieron en ese momento la corporación, que usted también tiene su verdad sobre ese tema, que el señor Efraín Maldonado también, que si es que nos tienen algo que nos digan qué es, pero que no nos pongan a correr y a sacarnos de la sociedad de una manera injusta”.
Por último, Tapias Buriticá informó en esa llamada que condicionó la supuesta ayuda solicitada por el Alcalde de Medellín a un diálogo previo con Efraín Maldonado, representante legal de la Corporación Miraflores, y con Julio Cesar Perdomo González. Además, sostuvo en ella que le dijo a Salazar Jaramillo que estaban dispuestos a “colaborarle en el apaciguamiento de Medellín”.
Las revelaciones de la Fiscalía en este proceso también hicieron referencia a testigos que involucraron a varios miembros de la Policía Nacional destacados en la estación Villatina, sobre todo en el movimiento de sustancias alucinógenas en las patrullas policiales. Esos señalamientos fueron confirmados a través de las interceptaciones telefónicas en las cuales se escucha que el “mayor come de la casa”, siendo interpretado por los investigadores judiciales como una alusión a agentes de la Policía de ese sector de la ciudad.
Las pruebas fueron tan contundentes que tanto Perdomo González como Tapias Buriticá y siete integrantes más de la organización capturados llegaron a un preacuerdo con el ente acusador y con fundamento en él admitieron el cargo de concierto para delinquir agravado y otros delitos conexos, logrando que su sentencia no supere los seis años en promedio para cada uno. Los otros diez no admitieron esa imputación y continuarán en el proceso hasta llegar a la etapa de juicio.
