Desde hace varios meses se les ve en algunas veredas y se muestran sin mayores problemas ante los campesinos. Normalmente van de civil, pero armados. Masacre pretende imponer el terror para silenciar a las comunidades.
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| Aspecto del paque central de Santa Rosa de Osos, municipio ubicado a dos horas de Medellín. Foto: VerdadAbierta.com |
“Vea amigo, es que ellos ya se descararon, a la finca llegan vestidos de civil y mostrando fusiles, pistolas y granadas, por allá andan así, tranquilos”, cuenta Abel, un jornalero de una de las fincas dedicadas a la siembra de tomate de árbol, ubicada en el corregimiento San Isidro, de Santa Rosa de Osos, donde hace tres días fueron asesinados diez campesinos.
Rogelio, uno de sus compañeros, lo apoya: “esa gente baja de civil a comprar sus cosas en las tiendas de las veredas. Hace varios meses comenzaron a dejarse ver, con muchas granadas, subametralladoras, pistolas, van normal, descarados los hijueputas”.
De acuerdo con ambos labriegos, quienes trabajan en cultivos de tomate de árbol, estos hombres armados se mueven en pequeños grupos. “Venían de a tres o cuatro a la finca, pero sabemos que en los ‘filos’ había más, escondidos, prestando seguridad”, precisa Abel.
Su manera de operar es muy distinta a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a la de las guerrillas de las Farc y Eln, sobre todo en dos aspectos: no utilizan uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y no construyen campamentos en las áreas rurales. Y si bien patrullan las veredas, ante cualquier riesgo de captura por parte de las autoridades, se camuflan muy bien entre las comunidades, que, atemorizadas, no se atreven de denunciarlos.
El general José David Guzmán, comandante de la Regional Seis de la Policía Nacional, dice que este tipo de comportamientos dificulta su persecución y captura, entre otras razones porque se puede afectar a la población civil: “si nosotros no los tenemos ubicados que pertenecen a una organización criminal no podemos hacer nada; tenemos que tener mucho cuidado para no atropellar a la comunidad y endilgarle cargos a gente que no está metida en estas actividades”.
Pero, ¿qué grupos patrullan esa región del norte de Antioquia? Algunas personas tienen muy claro que en los últimos meses, en algunas veredas del corregimiento San Isidro, comenzaron a trasegar miembros de ‘Los Rastrojos’, quienes extorsionan a productores de tomate de árbol, leche y a pequeños comerciantes, particularmente vendedores de abarrotes.
Alfredo, un taxista del pueblo, cuenta que hace varios meses le asesinaron un amigo porque no pagó la extorsión: “Él consiguió una plata y se fue para San Isidro, a una vereda que se llama La Cejita, a montar una tienda. Cuando apenas estaba empezando, le pidieron la ‘vacuna’ y como no quiso dar, porque no tenía cómo, lo mataron”.
Ese hecho le permite afirmar al transportador,con un dejo de rabia, que la masacre de los diez campesinos en la vereda Aguaditas estuvo precedida por otros homicidios y desapariciones. “Eso estaba anunciado”, afirma. “El alcalde y la Fiscalía sabían que esa gente estaba caminando como Pedro por su casa en esas veredas, andando con fusiles. Esa masacre fue un descuido de la Fuerza Pública”.
Cuando se pregunta qué pueden tener las veredas por donde se presume que hacen presencia ‘Los Rastrojos’, saltan dos explicaciones: de un lado, están las grandes tomateras del empresario Antonio Lopera y también fincas productoras de leche y papa; y de otro, es una zona abandonada por la Fuerza Pública y bastante selvática en algunos de sus sectores, y se conecta con otras regiones de Antioquia por trochas.
Pero si bien ‘Los Rastrojos’ son los más señalados por pobladores urbanos y rurales, una revisión de las capturas anunciadas por la Policía y el Ejército en los últimos meses revelan la presencia de ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’, incluso, operando en las mismas veredas.
En relación con ‘Los Paisas’, los informes oficiales dan cuenta de la captura, en los últimos dos meses, de seis presuntos miembros y de una baja en combate. La primera de las detenciones se dio el 14 de septiembre en la vereda El Roble; la muerte de uno de sus integrantes se produjo el 1 de octubre en la vereda La Mina, de éste, que fue identificado como Johnny Ancizar Muñoz, alias ‘Juancho’ dijo el Ejército que “era “el encargado de realizar los asesinatos, las extorsiones a comerciantes y ganaderos de esta región lechera del norte antioqueño”.
El 30 de octubre fue capturado otro integrante de ‘Los Paisas’ en la vereda Guanaca, justamente de donde salieron decenas de jornaleros de las fincas tomateras hace tres días acosados por el miedo, de este detenido se dijo que “estaba dedicado a extorsionar a la población civil, los ganaderos y en especial al gremio lechero”; al día siguiente fueron capturados otros cuatro en la vereda Santa Bárbara, entre ellos un hombre identificado como ‘Fredy 18’, catalogado por el Ejército como “máximo cabecilla en este sector del norte del departamento”.
En cuanto a ‘Los Rastrojos’, las autoridades han reportado la detención de cinco supuestos integrantes en los últimos dos meses. La primera se presentó el 29 de octubre en la vereda Santa Barbará, en esa ocasión se retuvieron tres personas, entre ellas a Arley de Jesús Sepúlveda, alias ‘Dieciocho’, de quien se afirma es el jefe de la facción que opera en la región y sobre el que recae la sospecha de haber ordenado la masacre de Aguaditas desde la cárcel. Otras dos personas fueron capturadas el 3 de noviembre en la vereda Caruquia.
A ‘Los Urabeños’ también les han detenido tres presuntos integrantes y destruido dos laboratorios para el procesamiento de cocaína. La primera de las acciones se realizó el 23 de marzo de este año en la vereda Montañitas. Ese día, las autoridades desmantelaron un rústico complejo para la producción del alcaloide adecuado para hospedar a por lo menos 40 personas y producir por lo menos 2 toneladas de la droga mensualmente. El segundo procedimiento se efectuó el 5 de mayo en la vereda Caruquia, en desarrollo de la Operación República 123. En esa ocasión se destruyó un entable cocalero y se capturaron dos hombres y una mujer.
Las capturas y desmantelamientos revelan tres coincidencias interesantes: la primera es que en la vereda Santa Bárbara habría presencia de ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’; la segunda tiene que ver con la vereda Caruquia, donde se apresaron supuestos miembros de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, y además, se destruyó un complejo cocalero; y la tercera, que la vereda Montañitas, donde se desmanteló uno de los laboratorios rústicos para procesar la hoja de coca, está muy cerca de Aguaditas, donde fueron asesinados los diez campesinos.
El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, califica el fenómeno de las llamadas bandas criminales como “monumental” y considera que el departamento está frente a un problema “más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado”.
El mandatario seccional describe estos grupos como “una red que tienen el mundo del narcotráfico y forman unas cadenas que llegan a todas partes y quieren controlarlo todo, que hacen de la extorsión otra de las formas de criminalidad para someter a la gente”.
Fajardo Valderrama explica que la región donde se cometió la masacre hace parte de un corredor estratégico que comienza en el Nordeste, donde hay también fuertes alteraciones del orden público, sigue por la parte alta del departamento hasta llegar al Nudo del Paramillo, donde se siembra hoja de coca y se produce la base, que luego es procesada en las zonas bajas, entre ellas en áreas selváticas de Santa Rosa de Osos.
Al interpretar la intención de los criminales al asesinar diez jornaleros, el Gobernador aseveró que se trata de una “forma de someter a la gente a través del miedo”.
Para contrarrestar los fenómenos criminales y cortar el acceso a esos corredores estratégicos de movilidad, el Gobierno nacional ha tomado varias medidas, entre ellas la activación de una unidad especial compuesta por Policía Judicial y de inteligencia; el envío de 200 soldados a la región para proteger a los campesinos y perseguir a los responsables de la masacre; la designación de un fiscal anti bacrim para conducir el proceso de investigación; y el diseño de un plan de acompañamiento especial a fincas tomateras, las más afectadas.
Con estas medidas se espera atacar a los grupos armados ilegales que patrullan desde hace varios meses la región del Norte de Antioquia tratando de consolidar ejes estratégicos hacia otras zonas del departamento, entre ellas el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Nordeste, que favorezcan los intereses funcionales a sus actividades económicas ilícitas. El propósito de las autoridades es loable, lo que esperan las comunidades campesinas es que sea efectivo y duradero.
