La lucha por el control territorial para explotar rentas del microtráfico y de la minería ilegal ha producido un preocupante aumento de asesinatos en algunos municipios de esta región. El choque de la AGC con estructuras del crimen organizado local es una de las principales causas de ese incremento.
Compuesto por 23 municipios en los que habitan 377.834 personas, el Suroeste antioqueño ha sido un escenario histórico de múltiples violencias: desde un conflicto armado hasta violencia urbana. Sin embargo, la dinámica de la última década cambió este año con el arribo del Bloque Edwin Román Vásquez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), proveniente de Occidente antioqueño.
Así lo advierte el Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño 2025, realizado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Vamos Mujer, la Corporación Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Esta investigación señala que con la incursión de esa estructura de las AGC, también conocido como el Clan del Golfo, en la región no sólo se disputan las plazas de venta de estupefacientes con bandas locales sino que ahora también está en juego el control de la explotación de oro, con “una de sus unidades más especializadas en minería”.
Los investigadores señalan que el Bloque Edwin Román Vásquez “es muy reconocido por las sanguinarias operaciones a sangre y fuego para establecer control sobre minas tan importantes como la Buriticá (en el occidente), explotada por la empresa minera china Zijin-Continental Gold, en donde los medios de comunicación registraron los combates con explosivos y fusil que se han presentado en los socavones de estas minas”.
Para hacerse con el control de rentas ilícitas provenientes de la minería, las AGC han desplegado una fuerte avanzada hacia las zonas de Cartama y San Juan, donde existen yacimientos auríferos aluviales, pero también hacia los polígonos en donde se proyecta la minería de veta, de oro y de cobre a gran escala.
“Todo el que interfiera en este interés extractivista pone en riesgo su vida, seguridad, libertad e integridad con este grupo. El proceso de exterminio en el momento se ha centrado en los integrantes de bandas locales que tengan relación con La Terraza–San Pablo, o simplemente a todos los que no trabajen con ellos, porque su propósito es establecer la hegemonía de la ilegalidad en las cuatro zonas del Suroeste”, advierte el documento.
Impacto del interés minero de las AGC
Los efectos de las nuevas dinámicas del conflicto armado en esta región son más que evidentes. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 253 homicidios, una cifra que supera al total de asesinatos del año pasado: 245. Este aumento se concentra principalmente en la provincia de San Juan, en los municipios de Andes (con 50 casos que representan un aumento del 150 por ciento respecto a 2024) y Betulia (con 29 casos que representan un aumento del 163.6 por ciento).
“Este patrón de violencia es resultado de la ofensiva del Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC para someter o aniquilar estructuras como La Terraza–San Pablo, buscando establecer la ‘hegemonía de la ilegalidad’ en las cuatro zonas del Suroeste”, señala el informe de las cinco organizaciones de derechos humanos.
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La situación más crítica la afrontan los municipios de Andes y Jardín, que en los primeros ocho meses de este año triplicaron la cantidad de asesinatos ocurridos en 2024. Lo anterior se debe a la guerra frontal entre el Bloque Edwin Román y la Oficina del Valle de Aburrá, que agrupa a bandas locales como la Oficina de Andes.
“El principal objetivo militar del Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC (Clan del Golfo) es someter a todas las estructuras armadas ilegales que no le sean afines y, en la actualidad, su principal reto es dicha estructura del municipio de Andes. Por ello, el 10 de marzo del presente año, decenas de hombres con camuflado y fusiles hicieron una parada militar en horas de la noche en el parque principal de Andes. Ese fue un acto simbólico y material de que estaban allí y venían por todo el territorio, pues luego de su presentación, cada contingente tomó el camino del territorio asignado”, plantea la investigación.
Por otro lado, ese nuevo actor armado en la región también ha reconstruido pactos con armados locales. En la región de Penderisco y Sinifaná entabló una alianza con la banda local La Miel para controlar el microtráfico en los municipios de Angelópolis, Amagá y Titiribí. En el pasado las AGC habían tenido una alianza con esa banda, la cual fue reconstruida por el Bloque Edwin Román Vásquez; durante el tiempo que estuvo rota, se produjeron masacres y otros hechos de violencia.
Así lo señala el informe: “Han hecho un nuevo pacto en el cual La Miel controla el microtráfico en estos tres municipios y otros vecinos al Valle de Aburrá y a la provincia de Cartama. En estas localidades se ha reducido el homicidio, pero más significativamente en Titiribí, esto se debe a que esta alianza permitió sacar a La Terraza – San Pablo, que tenía este municipio como centro de operaciones, principalmente la vereda La Corcovada”.
La consolidación de las AGC, producto de su expansión desde el Oriente antioqueño y Chocó, ha generado la reducción de homicidios. En 2024 los municipios de Ciudad Bolívar y Salgar fueron el principal escenario de confrontación y violencia entre ese grupo de origen paramilitar y la Oficina del Valle de Aburrá, por medio de La Terraza y San Pablo. En los ocho primeros meses de este año los asesinatos se han reducido una tercera parte.
El informe documenta otros tipos de violencia como desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de menores de edad. Descárguelo en el siguiente enlace.
