Un informe elaborado por el nuevo partido surgido tras el Acuerdo de Paz plantea que los desmovilizados en este departamento se enfrentan a tres críticas situaciones: falta de garantías sociales, económicas y de seguridad; ofrecimientos de grupos armados ilegales; y señalamientos y estigmatizaciones por parte de las autoridades civiles.
Además de que no existen condiciones materiales ni sociales para la reincorporación de los excombatientes de la extinta guerrilla, en Antioquia persiste la desidia, la estigmatización y el señalamiento por parte de autoridades civiles regionales y locales antioqueñas hacia la población desmovilizada.
Así lo asevera la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el partido creado luego del Acuerdo de Paz y que agrupa a los excombatientes de la extinta guerrilla, dispuestos a participar en política.
Tras evaluar la situación de los reincorporados en este departamento luego dos años de firmado el Acuerdo de Paz y poco más de 18 meses desde que hicieron dejación de todas sus armas, el nuevo movimiento político dice que los gobiernos de Antioquia y Medellín se han convertido en un obstáculo no sólo para la reincorporación de sus miembros sino también para el logro de una reconciliación regional y nacional.
“Las constantes amenazas y pedidos de intervención y extinción de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR) que ha hecho de manera malintencionada el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no sólo atenta contra la consolidación de la paz, sino que además sigue alimentando la estigmatización e impide una verdadera reconciliación”, se lee en un informe sobre la situación de seguridad de los desmovilizados en este departamento dado a conocer recientemente en Medellín.
Pérez ha sido bastante crítico sobre varios aspectos que rodean a la Farc, destacándose su propuesta de derruir las instalaciones de los cinco ETCR que se construyeron en Antioquia, en los que la base del nuevo partido se prepara para la reincorporación y en cuya etapa inicial se constituyeron 28 de ellas en todo el país.
El Gobernador de Antioquia planteó a mediados de este año que demolerían las obras en los municipios de Ituango, Vigía del Fuerte, Remedios, Dabeiba y Anorí, donde se concentraron en su momento cerca de 1.400 guerrilleros de las Farc en proceso reincorporación a la vida legal. Esos lugares, dijo, “se han convertido en una especie de invasión en la que están llegando todo tipo de personas, amigos y familiares, y se está perdiendo el origen y la esencia de lo que era la zona de desmovilización o normalización”.
En su informe, la Farc también cuestiona al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En su informe, llama la atención sobre la actitud del mandatario local. “Se ha negado a reunirse con los delegados del partido”, situación que, según la Farc, “no ofrece garantías de reincorporación social y económica ni mucho menos de seguridad para la población desmovilizada que ha llegado a Medellín”.
Desde mucho antes de ser elegido Alcalde de Medellín, Gutiérrez hizo públicas, a través de cuenta en la red social Twitter, sus posturas adversas a la negociación que, en su momento, adelantaban en La Habana, Cuba, el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
Ya como Alcalde de Medellín, cargo que asumió el 1 de enero de 2016, se expresó en contra de los exguerrilleros de las Farc en proceso de reincorporación que estaban visitando la capital antioqueña. En particular, hizo referencia a la llegada a la ciudad de 67 hombres y mujeres a una capacitación que les daría Naciones Unidas en marzo de ese año.
“¿Quién dijo que las FARC no son un riesgo? Ellos no han dejado las armas y ahí estamos en un limbo jurídico porque ellos siguen haciendo parte de una organización criminal. Ahora bien, sólo hablan del tema de riesgo para los líderes de las FARC, pero el riesgo para las comunidades también genera incertidumbre”, le dijo a Semana.com.
En junio de 2017 también expresó su postura crítica, esa vez rechazando la invitación al Foro Región y Paz, convocado por La Iniciativa Unión por la Paz, de la que formaban parte personas de la política, el empresariado, y de sectores sociales y artísticos, alegando que “las Farc no le han cumplido al país ni con la entrega de armas ni con la entrega de su dinero”.
En proceso
Las cifras del partido Farc señalan que, a la fecha, por lo menos unos 200 excombatientes han llegado a la capital de Antioquia en busca de mejores oportunidades de reincorporación, dadas las precarias condiciones en las que viven tanto en los ETCR como en los llamados Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR). Y es que, según reseñan en el informe, la situación de incumplimiento en la implementación de los Acuerdos por parte del Estado es lo que ha generado el éxodo continuo de exguerrilleros de esos sitios de concentración.
“Al no haber tierra para proyectos productivos, al no haber proyectos productivos, al no garantizarse la seguridad física y jurídica, al no realizarse programas serios y concertados con Farc de acompañamiento a la población desde diversos aspectos, psicológico, educativo y profesional, lleva a muchos y muchas camaradas a abandonar los espacios territoriales en busca de otros ingresos y mejores oportunidades para sobrevivir y mantener a sus núcleos familiares”, detalla la Farc en su informe y revela que “aprovechándose de dichos incumplimientos, grupos armados al margen de la ley están seduciendo a los exguerrilleros para que entren a sus filas”. (Leer más en: “Demoras en proceso de reintegración de las Farc las aprovecharon grupos armados ilegales”)
Datos del partido político Farc precisan que a la fecha unos 11.133 excombatientes se encuentran en proceso de reincorporación en el país. De ellos, unos 3.587 aún permanecen en los 24 ETCR, diseñados por el gobierno nacional precisamente para que los antiguos guerrilleros se concentraran, dejarán sus armas e iniciaran su transición hacia la vida económica, política y social como ciudadanos. Por su parte, unos 7.276 desmovilizados se encuentran distribuidos en 450 municipios del país, incluidos ciudades capitales como Bogotá, donde residen unos 600 exmiembros de Farc; Medellín, que alberga más de 200 y Cali, donde se cuentan 160 excombatientes.
En su informe, el partido Farc explica que el éxodo de la población ‘fariana’ de los ETCR ha tenido dos modalidades: “a) el espacio geográfico disperso, que básicamente consiste en que algunos exmiembros de Farc han optado por buscar mejores condiciones para su reincorporación en otras localidades, instalándose en cualquier punto de la geografía nacional pero mantienen contacto con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); y b) los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR) de los cuales ya se contabilizan 27 en todo el país y consisten en sitios donde los excombatientes se reagrupan colectivamente en otro territorio tras considerar que existen mayores garantías económicas, sociales y de seguridad”.
Las cuentas de Farc indican que, en Antioquia, unos 1.225 excombatientes continúan su proceso de reincorporación. De ellos, unos 574 se encuentran en un “espacio geográfico disperso” mientras que unas 445 personas lo vienen haciendo desde los cuatro ETCR que el gobierno nacional creó en Antioquia, siendo el departamento con mayor número de este tipo de espacios en el país. Pese a todas las dificultades logísticas, de comunicación y de seguridad que los excombatientes, unos 78 exguerrilleros permanecen en Carrizal (Segovia); unos 68 en La Plancha (Anorí); 114 en Santa Lucía (Ituango); y 185 en Llano Grande (Dabeiba).
Por su parte, unos 206 excombatientes de la extinta guerrilla se encuentran concentrados en los llamados NPR, que para el caso antioqueño son: San Francisco, en el municipio de Yondó, donde se encuentran 23 personas; Godó, en Dabeiba, donde permanecen 22 personas; San José de León (Mutatá), que alberga 45 desmovilizados y Murrí-La Blanquita (Frontino) donde se concentran 48 personas.
Estos espacios nacieron de manera espontánea y por decisión de los mismos miembros de Farc quienes, al no encontrar opciones reales de reincorporación en los ETCR, decidieron concentrarse en territorios más favorables y con mayores oportunidades. En Antioquia, los casos más representativos son los de San José de León, en Mutatá, que concentra a los excombatientes del frente 58 de las Farc, quienes decidieron abandonar el ETCR de Gallo, en Tierralta, Córdoba, debido a los problemas de seguridad en la región; y Murrí-La Blanquita, sitio elegido por los desmovilizados del frente 34 que se concentraron en el ETCR de Vidrí, Vigía del Fuerte, para continuar con su proceso. Ante la salida de los miembros de Farc de estos espacios, el gobierno nacional decidió suprimirlos. (Leer más en: Gobierno suprime los primeros espacios para la reincorporación de las Farc)
Al respecto, el informe del partido político Farc también advierte sobre las precarias condiciones de los NPR, debido a “la falta de la presencia permanente de la fuerza pública en esos lugares, donde además las comunidades están totalmente abandonados en materia de seguridad y protección y la merced de los grupos armados ilegales que están debidamente identificados y se conoce sus puntos de asiento y sus recorridos”, señalando además que “el aislamiento es protuberante, inaceptable e inadmisible en un territorio de paz, paradójicamente en esos mismos lugares tenían mejores condiciones de comunicación en tiempos de la guerra”.
Reincorporación, en ciernes
El informe consigna que este año fueron asesinados en Antioquia 14 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, siendo el Norte antioqueño la región más peligrosa para esta población: siete asesinatos en total se registraron allí. Le siguen Urabá (dos casos); Bajo Cauca (dos casos); Occidente (dos); y Nordeste (un caso).
El informe culmina señalando que “al día de hoy, no se ha entregado ni una hectárea de tierra para ningún espacio en cumplimiento del Acuerdo Paz, lo cual ha dificultado gravemente la ejecución de cualquier proyecto productivo serio para garantizar una adecuada reincorporación colectiva. Ni el 50 por ciento de los exguerrilleros se encuentran en un proyecto productivo, el 60 por ciento de los proyectos productivos que hoy están en funcionamiento han sido autogestión de los exguerrilleros”. (Leer más en: Tan sólo 87 exguerrilleros de Farc cuentan con proyectos productivos apoyados por el Estado)
Si bien el movimiento político Farc señala que aún no arranca la ruta colectiva de reincorporación, vale la pena mencionar que, en julio de 2018, el Consejo Nacional de Política Económica (Conpes) definió la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de Farc, que tendrá una vigencia de ocho años y un costo estimado de 265 mil millones de pesos, dineros con los que ya cuenta el Estado para iniciar con la aplicación de la política pública.
Esta, a su vez, tendrá cuatro objetivos fundamentales, siendo el relacionado con las comunidades en donde se realizan procesos de transición de excombatientes a la sociedad civil, enfocado a “la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación”, uno de los más prioritarios e importantes. (Leer más en: Con iniciativas comunitarias buscan construir paz en El Estrecho)
