Pese a la condena de 20 años de cárcel contra varios paramilitares, las víctimas piden a la justicia aclarar la participación de miembros del Ejército en esta masacre cometida en febrero de 2005.
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| Las familias de las víctimas esperan que se haga una real justicia sobre las masacre. |
Si bien la condena contra siete paramilitares el Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) es un precedente en medio del litigio jurídico iniciado tras la masacre de ocho personas, tres de ellas, menores de edad, pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cometida el 21 y 22 de febrero de 2005, aún quedan cabos sueltos en cuanto a la responsabilidad que tendrían algunos jefes de esta estructura armada ilegal y varios altos oficiales del Ejército Nacional.
Así lo consideró el abogado Jorge Molano, quien representa a las víctimas en este proceso. Desde su perspectiva, la condena proferida no supuso un esfuerzo muy grande por parte de la justicia puesto que los paramilitares se acogieron a sentencia anticipada. “Queda faltando la actuación contra los miembros de la Fuerza Pública que planearon la Operación Fénix, en medio de la cual se da la masacre”, afirma jurista. En esa ocasión, se utilizaron guías que pertenecían a las Auc.
Se trata, según él, de los generales Mario Montoya, quien para la época de la masacre, febrero de 2005, se desempeñaba como comandante de la Primera División del Ejército y viajó a la Brigada XVII, con sede en Carepa, a organizar las operaciones militares que atacarían supuestamente posiciones del Frente 5 de las Farc y terminó con la masacre de los campesinos de la comunidad de Paz de San José de Apartadó; asimismo, de Héctor Jaime Fandiño, comandante de la Brigada XVII para ese año, quien fue llamado a versión libre el diciembre del 2010.
“Además, hasta el día de hoy no se ha hecho la indagatoria de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien era el jefe del Bloque Héroes de Tolová, con el fin de determinar cómo se planeó y con quién planeó la masacre”, agrega Molano.
La condena de los siete paramilitares se suma a la proferida en marzo de 2010 contra el capitán del Ejército Guillermo Gordillo, quien confesó su participación en la acción armada. Este oficial sostuvo que tropas bajo su mando patrullaban con los paramilitares. Por ello, la justicia entendió que se articularon para cometer actos de terror y barbarie, y lo condenó a 20 años de cárcel.
No obstante, en agosto de ese mismo año, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia exoneró en primera instancia a diez militares de la Brigada XVII, quienes habían sido acusados por la Fiscalía de participar en la masacre. La decisión benefició al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán; los tenientes Edgar García Estupiñán y Alejandro Jaramillo Giraldo; el mayor José Fernando Castaño López; el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega; los sargentos viceprimeros, Ángel María Padilla Petro y Darío José Brango Agámez, y a los sargentos segundos Zabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, y Henry Cudamayán Ortiz.
Al respecto, Molano se queja de la lentitud de la justicia en Antioquia para resolver la apelación interpuesta por la Fiscalía, la Procuraduría y el representante de las víctimas. “Llevamos 16 meses sin que el tribunal resuelva y se pronuncie sobre esa decisión. Esperamos que no sea una omisión deliberada tendiente a no procesarlos y establecer su responsabilidad”.
Decisión contra ‘paras’
Luego de conocer que los siete paramilitares acusados de participar en la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se acogieron a sentencia anticipada para lograr una disminución de la mitad de la pena, el Juzgado Adjunto al Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia los condenó a 20 años de cárcel.
La medida se dictó contra los exmiembros del Bloque Héroes de Tolová Aldo Antonio Agamez Cruz, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús González Galaraga y Herney Eduardo Portillo, quienes reconocieron su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Con esta condena ya son 16 las personas que han sido judicializadas por la masacre cometida el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos medio alto, corregimiento de San José de Apartadó y La Resbalosa, municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.
Duranteel 21 y el 22 de febrero de 2005, un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘ Don Berna’ , protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinó a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Todos fueron desmembrados y enterrados en una fosa común
Según el relato que hizo Darío, hermano de Luis Eduardo, quien se encontraba con él cuando aparecieron los hombres armados, sólo alcanzó a oír los gritos de dolor y espanto. Ningún disparo. Los mataron a garrote y con machete. Fueron degollados. La crueldad de estos homicidios no paró con la muerte de Guerra y su familia. Al medio día, en la vereda La Resbalosa, la masacre de otra familia fue aún más atroz.
Los paramilitares llegaron a la casa de Alfonso Bolívar, otro destacado líder de la Comunidad de Paz, cuando la familia estaba almorzando. Luego de intercambiar disparos con un presunto guerrillero llamado Alejandro Pérez, los paramilitares detonaron varias cargas explosivas contra la casa.
Jorge Luis Salgado, alias ‘Kiko’, exparamilitar del Bloque Héroes de Tolová, narró lo sucedido: “Vi que había una mujer muerta en el piso, le reportaron a los comandantes de unos niños que estaban adentro de la casa, creo que estaban debajo de la cama. Los sacaron de allí al patio. Se llegó a la conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y se volverían guerrilleros. Por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio”.
Al respecto, el Juzgado conceptuó en su fallo de sentencia que “la conducta homicida tuvo particulares condiciones de violencia, causó grave impacto a nivel nacional e internacional pues ejecutaron los hechos de manera despiadada y las víctimas son menores de edad, que suplicaban por sus vidas, pero no fueron escuchados por sus victimarios, los cuales actuaron de manera cruel y despiadada”.
Por aclarar
Uno de los aspectos que aún no han sido investigados a profundidad por las autoridades es el intento que se hizo desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ejército para desligar la responsabilidad de los paramilitares y el Ejército en la comisión de esa masacre y atribuírsela a la guerrilla de las Farc.
Para lograr tal propósito, se difundió la primera semana de marzo de ese año, a través de la prensa nacional y regional, el testimonio de un supuesto exguerrillero protegido por el Gobierno Nacional, quien señaló a las Farc como responsable de la masacre. Según su versión, mataron a los líderes campesinos y sus familias porque tenían información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo en esa ocasión.
Tres semanas más tarde, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, respaldó el testimonio del supuesto exguerrillero y al finalizar un consejo de seguridad el domingo 20 de marzo de 2005 en el municipio de Apartadó, leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José deApartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.
El entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, le salió al paso a los señalamientos que desde Europa hacían diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que recogieron la denuncia de la Comunidad de Paz en relación con la participación de tropas del Ejércitoen la acción armada, y explicó en una carta, fechada el 18 de marzo, que “en ocasiones estas agrupaciones (las Farc) han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción”.
El Ejército Nacional por su parte, a través de comunicado, calificó de “coincidencias sospechosas” algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra “había expresado su intención de retirarse de la comunidad”. Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como “cabecilla de milicias de la región La Cristalina”, dijo que también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin; y de Alfonso Bolívar Tuberquia afirmó que “estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc”.
Pese a la aparente solidez de la versión estatal, el 22 de mayo de 2008 se conoció una declaración del exparamilitar Ever Velosa García, alias ‘HH’. Ante funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, aseveró que en el 2005 se le acercó en Turbo, Antioquia, el coronel Néstor Iván Duque López, para la época comandante del Batallón Bejarano Muñoz, y le solicitó dos millones de pesos para el pago de unos testigos que iban a hablar sobre la masacre de San José de Apartadó.
“Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”, precisó alias ‘HH’ ante los investigadores.
Si bien Molano admite que aún faltan asuntos por aclarar en ese triste episodio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, considera que la sentencia proferida contra los siete exparamilitares es “una gota de agua en el mar de impunidad”, pues, a su juicio, la impunidad ha sido la constante en los más de 300 crímenes que se han perpetrado contra esa población.
“A quienes se les está resolviendo la situación es a mandos bajos de la estructura paramilitar, ellos fueron los que participaron en la ejecución, pero no son los que organizaron y planearon los crímenes. El país necesita saber quiénes fueron y persistiremos en exigir mayor justicia”, advierte Molano.
