En su informe anual sobre la situación humanitaria en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que aunque la firma de un acuerdo de paz con las Farc es altamente positiva para el país, persisten afectaciones a la población civil producto de la violencia armada y la contaminación por restos de guerra.
Nuevo informe del CICR advierte que persiste la crisis humanitaria por el accionar de grupos armados. Foto: archivo particular.Si bien 2016 fue el año en que se firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc lo que, a su vez, se vio reflejado en un histórico descenso de las hostilidades y en las afectaciones a la población civil por cuenta del conflicto armado, ello no significa que Colombia haya superado sucrisis humanitaria. Por el contrario, persisten serias afectaciones en diversas regiones del país producto de nuevos y complejos factores de violencia.
Así lo reveló el CICR en su más reciente informe en el que consigna que el año pasado se registraron 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que afectaron a 18.600 personas en todo el país. El dato que preocupa es que el 40 por ciento de las personas afectadas fueron mujeres y menores de edad. (Ver informe)
Cabe aclarar que según los principios del DIH se entiende por infracción toda acción que vulnere o atente contra la protección de la población civil por parte de actores armados. En ese orden de ideas, en Colombia, según el CICR, se registraron acciones tales como las amenazas e intimidaciones; la persistencia del desplazamiento forzado; el confinamiento de comunidades; actos de violencia y agresión sexual; afectaciones por contaminación de explosivos de guerra; y reportes de desaparición forzada.
Así, por ejemplo, el CICR atendió un total de 755 personas que denunciaron amenazas contra sus vidas y ayudó a la reubicación de 75 familias que debieron huir de sus lugares de residencia luego de haber perdido un familiar en hechos violentos atribuibles a diversos actores armados.
De igual manera, en 2016 se registraron 232 agresiones contra misiones médicas en todo el país. Antioquia, con 62 casos, fue el departamento donde mayores ataques se registraron, seguido de Norte de Santander, con 27; Huila, con 24; Arauca con 22 y Cauca con 20.
Tal como lo expresó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, en comunicado público, aunque la firma del acuerdo de paz que permitió poner fin a más de cinco décadas de guerra con la guerrilla de las Farc es un hecho altamente positivo, aún es prematuro para el país hablar de postonflicto.
“Debemos reconocer que la población civil sigue sufriendo las consecuencias: el drama de los familiares de los desaparecidos, el temor a los artefactos explosivos improvisados y a las municiones sin explotar, la violencia armada en entornos urbanos, el confinamiento al que están sometidas poblaciones enteras en zonas controladas por grupos armados, las amenazas, o los desplazamientos intraurbanos son solo indicios de que aún queda un largo camino por recorrer en Colombia”, señaló el jefe de la delegación del CICR en un comunicado.
Violencia armada: flagelo que golpea fuerte
El departamento de Chocó es epicentro de la más delicada crisis humanitaria hoy en el país. Foto: archivo particular.De acuerdo con el CICR, buena parte de las infracciones registradas en 2016 podría explicarse por el proceso de reconfiguración que vienen experimentando los actores armados en muchas regiones del país, además de la continuidad de la lucha armada que libra el Estado contra la guerrilla del Eln y las denominadas ‘bandas criminales’, entre la que se destacan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Pero sin duda las mayores preocupaciones de este organismo humanitario recaen sobre los graves efectos que está generando entre la población civil la llamada violencia armada, entendida como aquella generada por actores violentos tales como pandillas, combos o bandas criminales, que si bien no está vinculada directamente al conflicto armado va más allá de la simple delincuencia común.
“En el terreno, el CICR ha sido testigo del irrespeto de los principios básicos de humanidad. Persiste y preocupa la vinculación de menores de edad a grupos armados, la violencia sexual, los desplazamientos intraurbanos, el confinamiento de los civiles debido a fronteras invisibles y las desapariciones”, consigna el Informe y agrega que este tipo de violencia ha dejado un saldo trágico de 320 mil víctimas en los últimos cuatro años, bien por desplazamiento forzado (el 97 por ciento de los casos) o bien por amenazas (12 por ciento).
En 2016, el CICR registró infracciones humanitarias por violencia armada en Medellín, Buenaventura (Valle del Cauca), El Bagre (Antioquia); San Calixto (Norte de Santander); Arauca; Alto Baudó y Riosucio (Chocó); Barbacoas (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo). El común denominador en estos casos es la presencia de las llamadas ‘bandas criminales’ y sus intenciones de controlar rentables economías ilegales.
Sucede en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde los ‘gaitanistas’ pretenden copar un territorio donde la minería de oro se desarrolla desde tiempo ancestrales y que en el pasado fue dominado por el Frente 36 de las Farc, hoy en camino de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Este hecho que ha desatado una guerra sin cuartel entre esta organización armada y la guerrilla del Eln, que también viene fortaleciéndose en esta región. En ese fuego cruzado las más afectadas han sido las comunidades campesinas. (Ver más en: En El Bagre ya nadie contabiliza los muertos)
En San Calixto, localidad ubicada en la conflictiva región del Catatumbo, la disidencia del Epl (llamados ahora ‘Los Pelusos’), se encuentra enfrascada en una guerra frontal con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la guerrilla del Eln y disidencias de las Farc por el control del contrabando, tan rentable en esta zona del país como el narcotráfico. (Ver más en: El Catatumbo, teatro de guerra)
Tal como lo reseña el informe, el departamento de Chocó es epicentro de la más delicada crisis humanitaria hoy en el país. Todo por cuenta del proceso de expansión de los ‘gaitanistas’ hacia regiones como el Bajo Atrato, el Baudó y el San Juan. Allí viene confrontándose con la guerrilla del Eln y en dicho escenario, quienes están llevando la peor parte son las comunidades negras e indígenas, víctimas de desplazamientos forzados y confinamientos; asesinatos selectivos y reclutamiento forzado de menores de edad; restricciones a la movilidad y extorsiones, entre otros. (Ver más en: Grupos armados ilegales y ausencia de Estado incendian sur de Chocó)
Más allá de las MAP y MUSE
En los municipios de Briceceño, Antioquia, y Mesetas, Meta, ha finalizado el piloto de desminado humanitario entre miembros de las Farc y de la Fuerza Pública. Foto: archivo Semana.Tal como lo consignó el CICR en su informe, en 2016 se registraron 74 accidentes con artefactos explosivos tales como minas antipersona, bombas de fabricación artesanal, granadas de fragmentación. En ellos, 63 personas perdieron la vida mientras que las once restantes resultaron heridas.
Si bien se trata de uno de los flagelos asociados al conflicto armado y a la violencia armada más dolorosos y que mayores afectaciones genera, tanto en la víctima como en los familiares sobrevivientes, la de 2016 fue la cifra más baja desde 2000. En 2015 se registraron 222 accidentes mientras que en 2014 la cifra se ubicó en 292. En 2013 se presentaron en total 419 y la cifra más alta se dio en 2006, cuando se reportaron un total de 1.272 accidentes.
En ellos, el 39 por ciento de las víctimas eran civiles lo que significa que de cada diez víctimas tres son civiles y siete militares. Además, el 26 por ciento eran menores de edad mientras que el 19 por ciento perdió la vida y el restante 81 por ciento sobrevivió al accidente.
“Tras el Acuerdo de Paz, esta problemática es una de las más complejas para el país”, se lee en el informe, en el que, además, se afirma que “entre el Gobierno colombiano y las Farc se llegó a un acuerdo sobre desminado humanitario. A enero de 2017, se habían priorizado 207 municipios, 22 de los cuales están en operaciones de desminado. Sin embargo, dada la enorme extensión de terreno afectado por la presencia de estos artefactos, la gran dificultad radica en conocer con certeza dónde están ubicados”.
En este sentido, se espera que el reto del desminado beneficie a los departamentos de Antioquia, Chocó, Arauca, Nariño, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Córdoba y Putumayo, donde se registra mayor afectación por contaminación de restos de guerra, artefactos explosivos improvisados y minas antipersona. Lo que llama la atención del CICR es que, si bien estos hechos han estado circunscritos a las áreas rurales, ya se han atendido varios casos ocurrido en cascos urbanos.
Para el organismo humanitario, si bien el flagelo de contaminación por armas usualmente es asociado a las minas antipersonal, este es mucho más amplio: “implica también la presencia de restos explosivos de guerra, granadas, armas pequeñas, proyectiles o morteros lanzados o abandonados y que no llegaron a explotar. Los accidentes con estos artefactos suelen ocurrir dentro o fuera de una zona poblada y también son resultado de la violencia armada”, consigna el CICR en su informe.
Violencia sexual: invisible
A pesar de las denuncias, se estima que existe un subregistro sobre agresiones sexuales. Foto: Juan Diego Restrepo E.“Según cifras de la Unidad de Víctimas, entre los años 80 y diciembre de 2016 han sido registradas cerca de 17.100 mujeres y niñas que sufrieron de delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado. El hecho de que se tenga poca documentación de víctimas hombres o personas con otras identidades sexuales no implica que la violencia sexual contra ellos no exista, sino que la invisibilidad del fenómeno es aún mayor”, reseña el CICR en su informe.
En su análisis sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, el CICR señala que 19 mil personas han sido registradas como víctimas de este tipo de violencia, aunque se estima que el subregistro en esta materia es bastante elevado dado el miedo a represalias y estigmatizaciones queprima en las víctimas de este flagelo. Del total de víctimas un 89 por ciento corresponde a mujeres, un 7.6 por ciento a hombres y un 0.6 por ciento a población LGBTI.
Antioquia lidera el listado de los departamentos donde más se registran agresiones sexuales, con un total de 17.7 por ciento; seguido de Magdalena con 11.8 por ciento; Nariño con un 6.8 por ciento; Bolívar (6.2 por ciento); Putumayo (5.2 por ciento); Cauca (5 por ciento).
“Entre las víctimas de violencia sexual que se acercaron al CICR, se registró una mayor afectación de las mujeres afrocolombianas y campesinas (40 y 35 por ciento respectivamente)”, consignó el organismo humanitario en su informe, señalando además que ello obedecería a la “ubicación geográfica en áreas rurales con escasa presencia estatal; el segundo se refiere al hecho de que en estos mismos territorios se localizan fuentes de riqueza para la financiación de la violencia armada. El interés por manejar estas zonas implica que los actores armados ejercen un férreo control sobre la población. Muchas veces la víctima sigue expuesta a represalias por parte del perpetrador, lo que conlleva a su silencio”. (Ver más en: Los abusos sexuales de los ‘paras’ contra las mujeres en el sur de Chocó)
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