Varias generaciones de campesinos y mineros son testigos de décadas de violencia que los obligó a desplazarse varias veces. Hoy confían que el conflicto termine y puedan volver a explotar esas fértiles tierras, que también son ricas en oro.
Los atacences han documentado que al menos 2 mil personas fueron asesinadas por grupos armados en la región. Foto VerdadAbierta.com
Hace poco menos de dos años, cuando la Unidad de Restitución de Tierras decidió que priorizaría el retorno de las comunidades campesinas de Ataco, en el sur de Tolima, varios dirigentes de las juntas de acción comunal se reunieron en el salón comunal de la Alcaldía de este municipio que linda con el Huila. Ese día discutieron cuál sería el mejor homenaje a los cientos de personas que fueron víctimas del conflicto armado en esta región.
Decidieron que harían un censo y la administración municipal se comprometió a cederles un espacio en el que honrarían su memoria. Sembrarían árboles y les pondrían una placa con su nombre. Fue así como lograron documentar 2 mil víctimas. “Creemos que hay más”, dice Nicolás Martínez*, joven dirigente de una junta de acción comunal de una de las tantas veredas que retornó a Ataco en 2007, tras casi siete años desplazado en una ciudad del Caribe colombiano.
Nicolás salió corriendo con sus padres y cinco hermanos en 2001, cuando el Frente 21 de las Farc comenzó a exigirle a la gente de las partesbajas de Ataco que vendieran sus tierras. “Cuando empezaron (con las amenazas) en las partes cercanas del casco urbano, ya todo el mundo tenía miedo. En las partes altas empacaron y se fueron con la mera ropa, lo que cabía en un bolso, atrás quedó todo”.
Pedro, otro líder de la comunidad, recuerda que a la gente no le quedó otra alternativa que malvender o abandonar sus tierras para no perder la vida. Sin embargo, otros se resistieron. “Por eso le hicimos ese homenaje a la gente que prefirió ofrendar la vida que irse”, agregó.
La arremetida de la guerrilla en 2001 fue una de las más duras que vivió la región. En solo ese año se desplazaron de la zona rural de Ataco 2.200 personas, según un informe de Acción Social de la época. Los atacunos cuentan que de las 105 veredas que conforman el municipio, las que más sufrieron fueron Santiago Pérez, Canoa la Vaga, Potrerito, San Roque, La Mina, Perico Aguada, Pajuil, Las Blancas, El Cóndor, Monteloro, Berlín y Campo Hermoso. Muchas de ellas tan lejanas que a cualquiera le tomaría entre 3 y 4 horas para llegar a pie.
Gran parte de los caídos, como lo recuerdan Pedro y Nicolás, fueron líderes, presidentes de juntas, secretarios y fiscales que le hicieron frente a la violencia sin sentido que resistieron por la comunidad. “Hubo presidentes valientes que ofrendaron sus vidas, esa vida está reflejada en este árbol”, dice Nicolás señalando la hilera de guaduas en el parque de la Memoria de Ataco. “Esos árboles nos dan vida, nos dan aire, nos sirven para el medio ambiente, entonces nunca vamos a dejar olvidar eso en la memoria de los jóvenes”, agrega.
Ataco parece respirar otro aire. Están regresando cientos de familias, ilusionadas por los recientes fallos de restitución de tierras, ya que en Tolima se han dado el mayor número de sentencias de restitución en el país – 52 fallos-. El último retorno ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando 34 familias recuperaron 323 hectáreas en las veredas Balsillas, Canoas, Santa Rita y Potreritos y recibieron los títulos de propiedad que los acreditan como dueños absolutos de sus tierras.
Las guerras de Ataco
El sur del Tolima, en límites con Huila y Cauca, es una zona que ha estado marcada por el conflicto armado. De allí salió Pedro Antonio Marín, más conocido como ‘Manuel Marulanda Vélez’, con su guerrilla liberal hacía Riochiquito, y después volvería con las Farc ya orientadas por el Partido Comunista, intentando retomar el control de la antigua república independiente de Marquetalia.
También en esta zona, a mediados de los ochenta, Vicente Caleño, reconocido con el alias de ‘Canario’, organizó uno de los primeros grupos de autodefensas de la región, que se conocería como el Rojo Atá, que se armó para hacerle frente a los ladrones de fincas y le hizo resistencia a la guerrilla, en especial en Puerto Saldaña y Planadas.
Una persona que conoció al ‘Canario’ dice que, gracias a él, muchos ladrones se fueron de la zona, sin embargo no pudo contener la entrada del Frente 21, entonces comandado por alias ‘Rapidol’. La región también fue testigo cómo, tras los acuerdos de La Uribe en 1984, ‘Boris’, un jefe de las Farc, fue quien se encargó de organizar las bases de la Unión Patriótica en el sur del Tolima. “Nos obligaban a tener carnés de la UP”, comenta un dirigente de la región.
Viejos colonos como don Santiago recuerdan que, a pesar de resistencias como las de ‘Canario’, la guerrilla de las Farc terminó convirtiéndose en el Estado: prohibían las peleas a machete, la delincuencia y establecían cuál debía ser la hora de cierre de las fiestas. Pero así como imponían su ley, extorsionaban a los ricos y obligaban a los campesinos a asistir a reuniones en las que adoctrinaban a la población para que siguiera sus reglas. La poca policía que había vivía arrinconada en los cuarteles. “La gente se mantenía encerrada, no salía, estaba intimidada. Los niños iban del colegio a la casa y de allí regresaban”, relata un viejo líder de la comunidad que hoy es concejal.
A pesar de que la guerrilla mantuvo su dominio sobre la región, estos tolimenses siguieron con su vida, en medio de las muertes, reclutamientos y desapariciones. “Ese río (Atá) tiene más de una víctima que se la comió, que se perdió, que se olvidó”, dice otro nativo que pidió el anonimato y que asegura que la guerrilla aprovechaba el desplazamiento de los colonos para despojar fincas, o en caso de que un predio quedara abandonado, permitían que se instalara otra persona.
La presión de las Farc siguió en aumento en la década de los noventa, en especial sobre los mineros que se agruparon en la Cooperativa Agroindustrial de Ataco que, con permiso del gobierno, abrió una mina de oro en Santa Rosa, en los límites de Chaparral.
“La guerrilla hacía reuniones en las minas y nos decían que no debíamos trabajar en esos cortes. De allí empezaron a ajustar a la comunidad y a los mismos dueños con vacunas; si no les pagaban, les quemaban las máquinas”, cuenta un minero que perteneció a la cooperativa.
Pero a pesar de insistir en este discurso, la guerrilla no tenía escrúpulos para exigirles a estos mineros una cuota en dinero para dejarlos operar. “Cuando la cooperativa no podía pagar asesinaban a los mineros, como le ocurrió a Luis Enrique Silva, un celador, que era duro y estricto. Él se les enfrentó y les dijo que no iba a pagar. Lo descuartizaron en presencia de la comunidad en 1997”, rememora esta persona que tuvo que desplazarse a la zona urbana de Ataco, cuando decidieron cerrar el corte por crímenes como este y acabar con la cooperativa.
De la violencia guerrillera, Ataco pasó a padecer a los paramilitares de Carlos Castaño, quienes se unieron a los hombres de ‘Canario’ en 1998 con la intención de romper el predominio de los frentes 21, la columna móvil Daniel Aldana, la Joselo Losada y los Héroes de Marquetalia, que estaban en la región. “Llegaba gente con la cara tapada de noche, uno no supo quién fue, aquí llegó la ley del silencio, todo el mundo era fantasma, después de 3 a 4 de la tarde no había nadie. Todo el mundo lo miraba por la ventana y si no era conocido nadie le respondía”, dice un joven que vivió la incursión de los paramilitares.
El grupo de autodefensas ‘Rojo Atá’, comandado por ‘Canario’, había conformado unas Cooperativas Rurales de Seguridad (o Convivir), que con el entrenamiento y armamento de las Autodefensas Unidas de Colombia, pronto se consolidaron como un grupo paramilitar ofensivo.
El conflicto se recrudeció. En 1998 las Farc se tomaron la hacienda El Davis, el lugar que les había servido de fortín durante sus orígenes. En 2000, las Farc arremetieron y sacaron de la región a los hombres de ‘Canario’. Según reportes de prensa, cerca de mil guerrilleros atacaron el caserío de Puerto Saldaña y toda su población salió corriendo. (ver: Las dos caras del despojo)
Durante una semana, en el mes de mayo, seis frentes de las Farc asolaron el pequeño poblado, quemaron todas las casas y asesinaron a 23 personas. Otros pueblos, como Rioblanco, también se desocuparon al paso violento de las Farc. El Sistema de Información Desplazada, Sipod, registró que en ese municipio tolimense hubo 3.601 personas desplazadas a la fuerza enel año 2000.
Los campesinos no saben a ciencia cierta por qué esta región se volvió un centro de disputa. Algunos creen que era un sitio de paso por los departamentos de Huila y Cauca, otros que era un lugar de reposo de la guerrilla, y otros más, la base donde los grupos armados podían abastecerse.
No obstante, este no sería el último episodio de violencia que los atacences tendrían que padecer. En 2000, la guerrilla fortalecida militarmente intensificaría sus ataques a la población civil para simplemente despejar la zona rural.La respuesta del Estado fue militar.
Uno de los campesinos que vivía en Balsillas, un corregimiento ubicado en la zona alta de Ataco y que acaba de ser restituido por el gobierno, recuerda que eran tal los enfrentamientos y bombardeos que no quedó una sola persona en la vereda. “Todos salimos por miedo a perder la vida”, dice el campesino que tiene más de 70 años.
Fue en ese momento en que la mayoría de las 105 veredas quedaron desoladas, como ocurrió con Balsillas y Las Tres Canoas, que están en la lista de tierras restituidas recientemente por un juez de tierras de Ibagué.
Precisamente, muchos de los que salieron eran ancianos que no sabían más que trabajar la tierra. Los jóvenes se hicieron de una manera más fácil a la vida de ciudades como Ibagué o Neiva, a donde salieron a refugiarse. Por eso las caras más alegres que se vieron en la ceremonia de restitución del 20 de septiembre fueron las de viejos como Felipe, que con palabras atropelladas recordó el momento en el que decidieron volver.
Desde hace unos meses, Ataco parece ser otro pueblo. Los dirigentes de las juntas de acción comunal, con el apoyo de la Alcaldía, la iglesia católica y la institucionalidad, se reúnen periódicamente para planear cómo convertir a esta población en un polo productivo de la región, en donde en las partes altas se puede cultivar café y en las bajas ya empiezan a surgir de nuevo plantaciones de arroz. Aunque desconfían de la voluntad de paz de la guerrilla, los que se desplazaron empezaron a retornar a sus parcelas y esperan que el gobierno les titule los predios que han ocupado por décadas.
Los nuevos dirigentes tienen la convicción de que contando lo que vivieron evitarán que la historia se repita y que los niños que se fueron desplazados y que hoy volvieron convertidos en hombres, tienen que aprender de esta historia para honrar a los que murieron. “Muchos sembraron un árbol por la paz en nuestro municipio, eso le recuerda a mucha gente que la historia tiene que cambiar”, dice un líder que añora un mejor destino para su pueblo, distinto al que han tenido que padecer los últimos 50 años.
